Teletrabajo con más garantías

Este 13 de octubre entra en vigor la nueva normativa del teletrabajo, que han utilizado 3 millones de trabajadores durante el estado de alarma, cuatro veces más que en 2019, antes de la pandemia. España se adelanta así a nuevas leyes sobre el teletrabajo que preparan Alemania y Portugal, pero el Decreto, pactado con sindicatos y patronal, tiene dos “trucos”: no afecta a los que teletrabajan por el coronavirus (aunque la empresa les tendrá que dar medios y compensarles gastos) y las empresas que tenían planes para trabajar a distancia tendrán entre 1 y 3 años para modificarlos. Pero la nueva normativa es un buen principio, que debería promover el teletrabajo con o sin pandemia, porque es menor que en el resto de Europa. Y podría ayudarnos a mejorar la productividad, conciliar y reducir atascos y contaminación, aunque sólo un tercio de trabajadores puede teletrabajar. La clave está en formar a los trabajadores y ayudar a las pymes, poco digitalizadas. Trabajemos a golpe de clic.

 

El coronavirus ha dado un tremendo empujón al teletrabajo en España. Entre abril y junio, en pleno estado de alarma, 3.015.200 trabajadores (1 de cada 6 ocupados) optaron por el trabajo a distancia desde sus casas, según la EPA del 2º trimestre de 2020 (INE). Son un 16,2% de los trabajadores, menos de lo que estimaban algunos estudios, como el del IVIE y la Comunidad Valenciana, cuya encuesta reveló que un 34% los españoles teletrabajaron en abril. Pero el salto del teletrabajo es tremendo, porque en 2019 teletrabajaban la cuarta parte de españoles: un 4,8% de los ocupados trabajaban normalmente desde casa (o más de la mitad de los días), según el INE, quien suma otro 3,5% de ocupados que teletrabajaba “ocasionalmente”. Un porcentaje que se había casi duplicado desde 2007 (2,7% ocupados teletrabajaban normalmente) y que era mayor entre los hombres de edad madura y entre las parejas con hijos de Asturias, Baleares y Galicia, según los datos de Estadística.

A falta de datos europeos del teletrabajo durante la pandemia, lo normal es que España haya seguido por detrás de la media europea, como ya sucedía en 2019: nuestro 4,8% de ocupados teletrabajando era inferior al 5,4% de media en la UE-28, al 5,2% de teletrabajo en Alemania y al 7% de Francia, pero sobre todo estaba muy por debajo del trabajo a distancia en los paises nórdicos, desde el 14,1% de ocupados que teletrabajan en Finlandia y Holanda, el 9,9% en Austria y el 7,8% en Dinamarca, según los últimos datos de Eurostat (2019).

¿Por qué estábamos más retrasados en teletrabajo? Básicamente, por nuestro modelo productivo (tenemos una economía muy basada en los servicios (turismo, hostelería y comercio) y porque tenemos un exceso de pymes, poco proclives a la digitalización y el teletrabajo, además de una menor formación digital de los trabajadores: 12 millones de españoles (un 33,5%) no son capaces de manejarse en entornos digitales y otros 7,6 millones (un 21% más) solo acredita  habilidades digitales básicas, según este estudio de UGT.

Ahora, el coronavirus y el confinamiento han servido para relanzar el teletrabajo y los expertos creen que mucho de lo avanzado se va a mantener tras la pandemia. Para impulsarlo, el Gobierno ha negociado desde junio con sindicatos y patronal, para aprobar un Decreto-Ley sobre el teletrabajo, que hasta ahora estaba regulado por un sólo artículo, el 13 (sólo unas líneas), del Estatuto de los Trabajadores, que es de 1980 (aunque se ha retocado por reformas laborales en 1.995, 2000, 2012 y 2015). En Europa, unos paises tienen una regulación legal específica (Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y Paises Bajos) y otros lo dejan para que se regule en los convenios de sector o de empresa (Alemania, Suecia o Finlandia), aunque Portugal y Alemania preparan este otoño una Ley específica para el teletrabajo. Todos se rigen por el Acuerdo Marco Europeo del Teletrabajo de 2002 (actualizado en 2005), que establece los principios básicos: que sea voluntario, con acuerdo escrito, cargando con costes del teletrabajador, asegurando sus derechos y protegiendo sus datos y su derecho a desconexión.

El Real Decreto-Ley sobre el trabajo a distancia, aprobado el 22 de septiembre y que entra en vigor el 13 de octubre (para que las empresas se adapten), considera teletrabajo cuando se trabaja a distancia al menos un 30% de la jornada (1,5 días a la semana) durante 3 meses. Debe ser voluntario y reversible: el trabajador o la empresa pueden dejarlo con un preaviso, según concrete el convenio. Y la empresa tiene obligación de dotar al trabajador de los equipos necesarios y pagarle los gastos, según lo que se estipule en un acuerdo escrito o en el convenio de la empresa. Y ahí también ha de fijarse el horario, los medios de control que puede utilizar la empresa, el lugar elegido para teletrabajar, las instrucciones para hacerlo y la duración del acuerdo. 

Eso sí, el pacto alcanzado entre patronal y sindicatos con el Gobierno, traducido en el Decreto-Ley, deja dos vías de adaptación. Una, que la nueva normativa no se aplica a los que teletrabajen por la pandemia, aunque el decreto-Ley sí obliga a las empresas a proveer de equipos a los trabajadores que trabajen a distancia y el convenio “establecerá la forma de compensar los gastos”. La otra vía de flexibilidad es que se permite a las empresas que ya tenían un Plan de trabajo a distancia que pacten con sus trabajadores la adaptación a esta Ley, en el plazo de 1 año (y hasta 3 años).

La nueva normativa del teletrabajo, que deberá ahora traducirse en miles de acuerdos empresa a empresa, se va a aplicar también entre los trabajadores públicos, tras el acuerdo alcanzado entre la Administración pública, autonomías, Ayuntamientos y todos los sindicatos de funcionarios. Ahora hay que negociarlo y aplicarlo institución a institución, con el objetivo de que una buena parte de los 3 millones de empleados públicos puedan teletrabajar, garantizando a la vez la atención presencial a los ciudadanos. De momento, 2,5 millones de funcionarios podrán solicitar el teletrabajo a partir de este 1 de octubre.

La pandemia nos ha dejado claro las enormes ventajas del teletrabajo para quien pueda utilizarlo. A nivel global, el trabajo a distancia mejora la productividad de la economía, porque reduce pérdidas de tiempo y aumenta el rendimiento de los trabajadores, a la vez que reduce la rotación de empleados y los costes en instalaciones. En España, el teletrabajo podría aumentar la productividad entre un +6,2% anual (si lo utiliza la mayoría de los que pueden hacerlo) y un +1,4% anual (si se incorpora una minoría), según este estudio de CaixaBank. Y para valorar este impacto, recuerda que España tiene un serio problema de baja productividad, que sólo creció un +0,3% anual entre 2000 y 2018. Otra ventaja del teletrabajo es que favorece la conciliación laboral y puede ayudar a mejorar la natalidad, que tanta falta hace. Y una tercera, que reduce la movilidad, sobre todo en las grandes ciudades, donde un tercio de los desplazamientos son al trabajo. Eso supone menos costes y menos contaminación, a la vez que modifica la venta de viviendas: los que teletrabajan buscarán casa fuera de las ciudades, pisos más grandes (despacho) y con algo de jardín, según este otro estudio de CaixaBank.

Y además, la mayoría de los españoles están a favor del teletrabajo, más tras la experiencia durante el confinamiento, aunque muchos se hayan quejado de imprevisión y falta de medios. Así, una Encuesta de las Cámaras de Comercio, hecha en septiembre, revela que el 84% de los españoles querría trabajar desde casa durante más de la mitad de la semana. Y la mayoría, el 74% creen que su trabajo se lo permite. Pero, por desgracia, no es así. Sólo un 22,3% de ocupados (4,4 millones) pueden trabajar a distancia, según un estudio publicado en marzo por Randstad.  Y lo detalla por sectores, con los datos de la EPA y el INE: los que más pueden teletrabajar son los ocupados en los servicios públicos (el 36%), seguidos de los trabajadores de las eléctricas, agua y gas (podrían teletrabajar el 30,1%), los trabajadores de las finanzas (45%), los de inmobiliarias y servicios empresariales (41,5%), los trabajadores educativos y sanitarios (35,9%), los de la industria química (29,8%) y los del papel y artes gráficos (28%). El resto de actividades tienen un potencial de teletrabajo inferior a la media (22,3%), siendo muy bajo en la agricultura, ganadería y pesca (4,1%), construcción (13,3%), industria agroalimentaria (13,8%), comercio (13,9%) o en la industria (14,3%).

Además, el teletrabajo es muy desigual según los puestos de trabajo en cada sector, siendo mayor entre los directivos y gerentes (casi 100%), técnicos y profesionales (59,9%), contables y trabajadores de oficina (46,3%), pero muy bajo en el resto de empleos, sobre todo entre los poco cualificados, siendo nula la posibilidad de teletrabajo en los grupos CNO 5,6,8,9 y 0: trabajadores de la restauración, servicios personales y protección, vendedores, operadores de maquinaria, montadores y personal de las fuerzas armadas, según el informe de Randstad. Al final, estas diferencias se acaban viendo por autonomías, por su distinta estructura económica, sectorial y de ocupados. Así, el teletrabajo es más posible en las autonomías más ricas: Madrid (28% ocupados podrían teletrabajar, aunque sólo el 5,1% lo hacían en 2019), Cataluña (25,1%), País Vasco (24,5%), Navarra (23%) y Asturias (22,4%), las cinco por encima de la media de teletrabajo potencial en España (22,3%). Y tienen menos potencial para teletrabajar las más pobres: Extremadura (17,5% de los ocupados, aunque sólo el 5% teletrabajan)), Castilla la Mancha (18,2%), Andalucía (19%), Canarias (19,2%), Murcia (19,3%), la Rioja (19,8%), Castilla y León (19,9%), según Randstad.

Otro estudio más reciente, de CaixaBank en junio, eleva el potencial del teletrabajo en España al 32,6% de los trabajadores (unos 6 millones), menos que en la mayoría de Europa, donde el potencial de teletrabajadores varía desde el 44,2% de los ocupados en Suecia, el 43,5% en reino Unido o el 41,5% en Paises Bajos al 37,7% en Francia, el 36,7% en Alemania, el 35% en Italia, el 33,2% en Portugal o el 32,3% en Grecia, con una media del 37,7% de teletrabajadores potenciales en la eurozona. Como se ve, España es el tercer país europeo con menos potencial para el teletrabajo, debido a las peculiaridades de nuestro modelo económico (que ya hemos sufrido con la pandemia): menos servicios con alto valor añadido que permiten el teletrabajo (información, comunicaciones, servicios financieros) y más servicios minoristas (comercio, hostelería y turismo), construcción o transporte.

Así que nos guste o no, sólo 1 de cada 3 ocupados puede teletrabajar, como mucho. Pueden trabajar a distancia la mayoría de los empleados en actividades financieras y de seguros (hasta un 80% podrían), en empresas de información y comunicaciones (el 78%), e inmobiliarias (hasta el 65%). Y también muchos en la administración pública, educación y sanidad (50%) y en actividades profesionales, científicas y técnicas (45%). Pero pueden teletrabajar muy pocos en la industria (un 25% máximo), el comercio, la hostelería y el transporte (23%), las actividades artísticas y recreativas (un 19%) y en la construcción (sólo un 14%), según este estudio de CaixaBank. Y también depende del puesto de trabajo.

Al margen de que España tenga menor potencial para el teletrabajo que el resto de Europa, por nuestro modelo económico, tenemos también 2 “cuellos de botella” para teletrabajar. Uno, la baja formación digital de los trabajadores: 10,7 millones de trabajadores no se han formado nunca en competencias digitales, según este estudio de UGT, que revela como las empresas españolas han abandonado la formación digital de sus trabajadores. Y más de la mitad de los adultos (el 55%) tiene competencias digitales a nivel básico y sólo un 32% las supera, con sólo un 2,9% de empleados cualificados en TIC (tecnologías de la información y comunicación), frente al 3,7% de media en Europa, según el DESI 2019. Y lo peor: sólo el 17,5% de las empresas españolas contratan expertos TIC.

Precisamente, el 2º cuello de botella para el teletrabajo es el retraso digital de las empresas españolas, sobre todo las pymes. De entrada, sólo la mitad (el 53,3%) de las empresas con menos de 10 empleados proporcionan a sus trabajadores dispositivos que permitan la conexión móvil a Internet para uso empresarial. Y de sus trabajadores, sólo un tercio (33,4%) tiene ese acceso móvil a Internet para trabajar, según el INE. Y más datos: sólo dos tercios de las pymes tienen página web, sólo un 18,17% venden por Internet, un 8% de todas las empresas acceden al Big Data, un 3% a impresoras 3F, un 11% usan robots  y sólo la mitad acceden a la nube. En general, nuestras pymes no invierten en herramientas digitales, lo que lleva a España a ser el 5ª país en Europa con más empresas de bajo nivel digital: un 56,8% del total, frente al 45,8% en la UE-28, el 38,4% en Reino Unido, el 41,4% en Alemania y el 50,3% en Francia, según el estudio “Digitalización de la empresa española”, de UGT.

En resumen, que el teletrabajo ha dado un salto con la pandemia y Gobierno, sindicatos y empresas quieren reforzarlo, pero no todo el mundo puede teletrabajar, sólo un tercio como mucho de los empleados y eso según dónde trabajen. Para relanzar el trabajo a distancia, que tiene más ventajas que inconvenientes, España debe volcarse en formar a los adultos y en ayudar a las empresas a digitalizarse, porque estamos muy retrasados. Y eso exige un Plan, dinero y ayudas, para aprobar esta asignatura pendiente, la digitalización de la economía, donde el teletrabajo es una herramienta clave. Avancemos a golpe de clic.

COVID19: el teletrabajo se dispara desigualmente

Uno de los pocos efectos positivos del confinamiento ha sido que algunos pueden seguir trabajando desde casa (y cobrando). Son pocos, pero el teletrabajo ha dado un salto de gigante con la pandemia: lo utilizan el 34% de los trabajadores hoy, 7 veces más que hace unos meses (el 4,8%). Pero el modelo económico español (demasiado peso del turismo y la construcción) y nuestra baja formación digital hacen que España tenga menos posibilidades de teletrabajo que la mayoría de Europa. Y las posibilidades de teletrabajar son muy desiguales, según sectores, edad y tipo de contrato, variando mucho por autonomías (pueden teletrabajar el 28% de los ocupados en Madrid y el 19% en Murcia, la Rioja o Castilla y León). Para cuando salgamos de esta pandemia, urge regular el teletrabajo y fomentarlo en las empresas y en la Administración, porque ayuda a conciliar, mejora la productividad y el medio ambiente. Hacen falta Planes, formación e inversiones, para no improvisar el teletrabajo como se hace durante el confinamiento. Apoyen el clic.

enrique ortega

Unos meses antes de impactarnos el coronavirus, en 2019, el teletrabajo era marginal en España: sólo un 4,8% de los empleados trabajaban habitualmente desde casa, un porcentaje que había subido desde el 2,7% que teletrabajaban en 2007. Incluso los que teletrabajaban “a veces” eran sólo un 9% de los ocupados, un tercio más que en 2007 (6%), según los datos del INE. Si comparamos con Europa, ese 4,8% nos colocaba a la cola del teletrabajo, en el puesto 15 de la UE-27, sólo por delante de los paises del este, Chipre, Grecia (1,9%), Italia (3,6%) y Reino Unido (4,7%), por debajo de la media europea de teletrabajo (5,4%), de Alemania (5,2%), Francia (7%) y sobre todo de los paises del norte (14,1% teletrabajan en Finlandia y Holanda, 9,9% en Austria y 7,8% en Dinamarca, según Eurostat (datos 2019). Por autonomías, en España teletrabajan más que la media Asturias (6,6%), Baleares (5,8%), Galicia (5,1%) Madrid (5,1%), Extremadura (5%), Comunidad Valenciana y Aragón (4,9%). Y están a la cola la Rioja (3,6%), Navarra (3,9%), Murcia y Canarias (4%), según el INE.


¿Por qué estábamos más retrasados en teletrabajo? No es por razones técnicas, ya que España es el país líder europeo en instalación de fibra óptica (tenemos una red mayor que las de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntas). La “culpa” es de nuestro modelo productivo: tenemos una economía muy asentada en los servicios (sobre todo el turismo y la hostelería) y en la construcción, sectores poco favorables al teletrabajo. Una economía, además, con un escaso peso de las grandes empresas y un excesivo porcentaje de pymes, menos proclives a la digitalización y el teletrabajo. Y para completar el panorama, la formación digital de los españoles es escasa y no ayuda al teletrabajo: 10,7 millones de trabajadores no se han formado nunca en competencias digitales. Y del total de la población, 12 millones (un 33,5%) no son capaces de manejarse en entornos digitales y otros 7,6 millones (21%) sólo acredita habilidades digitales básicas, según un reciente estudio de UGT.


Otro reciente estudio de Randstad señala que sólo un 22,6% de los trabajadores españoles (4,4 millones de ocupados) pueden  teletrabajar, aunque sólo un 4,8% lo hacían en 2019. Y los detalla por sectores, con los datos de la EPA y el INE: los que más pueden teletrabajar son los ocupados en los servicios públicos (el 36% puede trabajar a distancia), seguidos de los trabajadores de las eléctricas, agua y gas (podrían teletrabajar el 30,1%), los trabajadores de las finanzas (45%), los de inmobiliarias y servicios empresariales (41,5%), los trabajadores educativos y sanitarios (35,9%), los de la industria química (29,8%) y los del sector del papel y artes gráficos (28% podrían teletrabajar). El resto de actividades tienen un potencial de teletrabajo inferior a la media (22,3%), siendo muy bajo en la agricultura, ganadería y pesca (4,1%), en la construcción (13,3%), en la industria agroalimentaria (13,8%), en el comercio (13,9%) o en la industria manufacturera (14,3%).


Además, el teletrabajo es muy desigual según los puestos de trabajo en cada sector, siendo mayor entre los directivos y gerentes (casi 100%), técnicos y profesionales (59,9%), contables y trabajadores de oficina (46,3%), pero muy bajo en el resto de empleos, sobre todo entre los poco cualificados, siendo nula la posibilidad de teletrabajo en los grupos CNO 5,6,8,9 y 0: trabajadores de la restauración, servicios personales y protección, vendedores, operadores de maquinaria, montadores y personal de las fuerzas armadas, según el informe de Randstad. Al final, estas diferencias se acaban viendo por autonomías, por su distinta estructura económica y de empleo. Así, el teletrabajo es más posible en las autonomías más ricas: Madrid (28% ocupados podrían teletrabajar, aunque sólo el 5,1% lo hacían en 2019), Cataluña (25,1%), País Vasco (24,5%), Navarra (23%) y Asturias (22,4%), las 5 por encima de la media de teletrabajo potencial en España (22,3%). Y tienen menos posibilidades para teletrabajar las más pobres: Extremadura (17,5% de los ocupados, aunque sólo el 5% teletrabajan)), Castilla la Mancha (18,2%), Andalucía (19%), Canarias (19,2%), Murcia (19,3%), la Rioja (19,8%) y Castilla y León (19,9%), según Randstad.


Otro estudio sobre el teletrabajo de tres profesores universitarios, adelantado en el blog Nada es Gratis, eleva hasta el 33% (índice 0,33) la posibilidad del teletrabajo en España (Randstad lo fija en el 22,3%), por debajo del 38% que fijan para Europa (índice 0,38). Según este estudio, España es el 5º país europeo con menos potencial para el teletrabajo, sólo por delante de Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría. Y muy alejado de los líderes, los paises nórdicos (índice superior al 0,50), Francia o Alemania. El estudio revela también que existen grandes desigualdades para poder teletrabajar en España. Primero, por género: los hombres pueden teletrabajan menos (29%) que las mujeres (37%). Segundo, por tipo de contrato: pueden teletrabajan más los que tienen un contrato a tiempo completo (34%) que a tiempo parcial (23%) y los que tienen un contrato fijo (37%) más que los contratados temporalmente (22%). Y poder teletrabajar tiene también mucho que ver con la formación: los que sólo tienen primaria apenas pueden teletrabajar (10%), algo más los que acabaron secundaria (24%) y mucho más los universitarios (53%). Y como ya se veía en el estudio de Randstad, los que tienen sueldos más altos pueden teletrabajar más.


Estas desigualdades en el potencial para el teletrabajo son muy importantes ahora, con el confinamiento, porque indican que unos españoles tienen más posibilidades que otros para teletrabajar y paliar así la emergencia económica de la pandemia, según el sector donde trabajen, la empresa, su tipo de contrato y el nivel de formación. Y, por supuesto, según  dónde trabajen. Este estudio revela también que los mejor preparados para teletrabajar son los ocupados en Madrid (índice 0,43: 43% ocupados podrían trabajar, por encima de la media UE), seguidos de Cataluña (36%), País Vasco y Canarias (ambas 33%). Y los que peor, los ocupados en Castilla y León (24%), Murcia y Aragón (29%), Navarra y Castilla la Mancha (27%), Cantabria, Extremadura y Baleares (25%).


Ese es “el potencial”, lo que podríamos teletrabajar, que un informe del Banco de España publicado este lunes restringe al 30% de los ocupados, 6.600.000 españoles. Pero, ¿cuánto estamos teletrabajando realmente en el confinamiento? No hay datos oficiales, pero el IVIE y la Comunidad Valenciana hicieron esta encuesta para toda España, a finales de marzo y principios de abril, que reveló que un 34% de los españoles teletrabajaban, un porcentaje incluso mayor al potencial de teletrabajo señalado por Randstad (22,3%), el Banco de España (30%) y el estudio universitario (33%). De ser cierto, revela el gran salto que ha dado el teletrabajo en España en dos meses, forzado por la necesidad de empresas y trabajadores. Un avance increíble, que se ha visto acompañado de mucha improvisación, falta de medios  y algunos excesos (demasiadas horas y falta de control), con una mayor carga para las mujeres, que han tenido que afrontar más que los hombres el teletrabajo, los hijos y las tareas del hogar.


En general, las empresas no tenían Planes de teletrabajo (salvo las muy grandes o en sectores como las finanzas, seguros y telecos). Y tampoco la Administración pública, que ha tenido que teletrabajar contra reloj, sobre todo los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, para afrontar el aluvión de peticiones de ERTEs y de ayudas a parados, autónomos y empresas (el SEPE ha trabajado digitalmente las 24 horas, subiendo por las noches la documentación para no bloquear los servidores). El Gobierno se ha visto obligado a aprobar 27 contratos de emergencia desde el 14 de marzo para facilitar el teletrabajo de los funcionarios y las videoconferencias, por un importe de 8,7 millones de euros, para comprar ordenadores, móviles, licencias y escritorios virtuales. Al final, según los datos oficiales, casi 2 de cada 3 funcionarios de los 22 Ministerios han estado teletrabajando, en total 109.000 funcionarios de Hacienda  (el 85% de sus funcionarios, casi 30.000, han trabajado desde casa), Seguridad Social (20.300 teletrabajando), Ciencia e Innovación (14.000 teletrabajando y el Ministerio con más videollamadas: 12.300), Defensa (8.420 teletrabajando y 7.859 presenciales), Trabajo (7.690), Transición Ecológica (5.835), Política Territorial (5.102), Transportes (4.000 teletrabajando) o Interior (2.500 teletrabajando y 23.727 trabajando en las calles, comisarías y prisiones), sin olvidar el esfuerzo adicional de teletrabajo hecho por las autonomías (numerosas inversiones en equipos y licencias).


A finales de abril, el Gobierno amplió dos meses más la recomendación del  teletrabajo, hasta el 21 de junio. Y en el caso de la Administración central, el Gobierno ha pactado con los sindicatos que “la vuelta al trabajo presencial será gradual”, priorizando el teletrabajo. Sólo está previsto que se abran las oficinas al público (Seguridad Social, Agencia Tributaria y SEPE) en la fase 2 de la desescalada, a partir del 25 de mayo (más tarde en Madrid y Barcelona), siempre con cita previa. Y posteriormente, en la “nueva normalidad”, está previsto “flexibilizar los horarios de los funcionarios”, para impedir aglomeraciones a la entrada y salida y facilitar la conciliación. Y manteniendo lo más posible el teletrabajo.


Al final, el coronavirus ha permitido que el teletrabajo avance en dos meses lo que no se preveía que hiciera en años. Pero hay que aprender de los errores con los que se ha implantado, derivados de la improvisación y la falta de Planes en las empresas y en la Administración. Urge aprobar una Ley sobre el teletrabajo, que asegure unas bases mínimas y garantice unos derechos laborales a los teletrabajadores. Y en paralelo, cada empresa y cada convenio deben aprobar Planes de teletrabajo, detallando tareas, procesos y flexibilidad organizativa, los equipos y las herramientas informáticas necesarias, la gestión de los recursos humanos y la ciberseguridad de los procesos. Esto obligará a todas las empresas y organismos a rediseñar los sistemas de trabajo, en colaboración con los trabajadores, que no pueden perder derechos. Y destinar horas y medios a la formación digital del personal, para corregir el retraso actual.


Ya nada será igual en el trabajo tras el coronavirus. Y el teletrabajo debe consolidar el salto dado, porque tiene varias ventajas: puede aumentar la productividad y eficacia de las empresas, ayuda a la conciliación familiar y beneficia al medio ambiente (al reducir los desplazamientos al trabajo). Además, los españoles quieren teletrabajar: a 7 de cada 10 trabajadores (el 68,6%) les gustaría teletrabajar, según el estudio realizado por Randstad. Y los que más lo piden  son los trabajadores con familia (el 78% de los que tienen entre 25 y 45 años), porque permite conciliar. Eso sí, los expertos defienden un teletrabajo que compatibilice el trabajo en casa con acudir presencialmente a la empresa algunos días, para mantener el contacto personal y facilitar el trabajo en equipo.


El teletrabajo es una exigencia sanitaria mientras no exista una vacuna eficaz contra el coronavirus pero es también una herramienta clave para la reconstrucción económica, porque puede aumentar la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Pero hace falta un Plan nacional de teletrabajo, que facilite las inversiones necesarias y sobre todo la formación, para que no se queden atrás los que tienen contratos más precarios y están tecnológicamente menos preparados, que son los que ahora sufren más la emergencia económica, porque no pueden teletrabajar o están en sectores con poco margen para el trabajo a distancia (turismo, hostelería, construcción). Hay que aprovechar lo aprendido estas semanas y los errores cometidos para avanzar mañana, cuando la tentación sea seguir igual y no invertir en equipos y formación para consolidar el teletrabajo. Y no sólo en las empresas, también en la Administración, en la educación, en la sanidad. Aprovechemos el gran salto digital que hemos dado y sigamos avanzando. A golpe de clic.

Horas extras = 153.000 empleos perdidos

La EPA de 2017 ha confirmado la tendencia de los últimos años: crecen las horas extras y a finales de 2017 se batió un nuevo récord: 6,1 millones a la semana, que evitan contratar a 153.000 personas. Y casi la mitad de estas horas no se pagan ni cotizan, agravando el agujero de las pensiones. El problema de fondo es que, con la reforma laboral de Rajoy, las empresas imponen las horas extras y además, no hay control, porque una sentencia del Supremo decidió, en 2017, que las empresas no tienen obligación de llevar un registro diario de jornada. En enero, la Audiencia Nacional ha planteado la cuestión al Tribunal de Justicia europeo, mientras en el Congreso se debate una proposición de Ley del PSOE (no apoyada por PP y Ciudadanos) para obligar a registrar las horas extras. Al margen de normas, es una locura que el 2º país con más paro de Europa sea líder en horas trabajadas y horas extras. Hay que recortarlas: "roban"  empleo a los parados y a los jóvenes.

enrique ortega

En España hay una costumbre de hacer largas jornadas de trabajo y muchas horas extras, como en parte de la Europa del sur. Para las empresas, es un sistema de recortar costes y ahorrarse dinero en sueldos y cotizaciones. Y para los trabajadores, es una forma de “redondear el sueldo” y llegar a fin de mes. Todos contentos. Y así, en los años de bonanza,  se llegó a un récord de horas extras, 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego vino la crisis y las empresas “metieron un tajo” a las horas extras, que bajaron a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones semanales en el verano de 2012.Pero ese año, en febrero, el Gobierno Rajoy aprobó una reforma laboral que daba todo el poder al empresario para fijar la jornada y las horas extras, que volvieron a subir, hasta los 6,7 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015. Y ahí se han mantenido, por encima de los 6 millones, hasta cerrar 2017 con 6,13 millones semanales, el mayor dato desde 2015.

Tomando todo el año 2017, la media de horas extras trabajadas ha sido de 5.810.600 horas semanales, lo que equivale, tomando la jornada media (37,9 horas a la semana) a 153.313 empleos que han sido sustituidos por estas horas. Y no es sólo que al hacer horas se evita que las empresas aumenten plantilla, es que además, casi la mitad de estas horas no se cobran: el 46,9% de las horas extras se hacen “gratis”, 2.724.850 horas semanales en 2017. Un dinero que se ahorran las empresas y que no se llevan a casa los trabajadores que las hacen. Si el coste para las empresas de una hora de trabajo está en 20 euros, según el INE, son 54 millones a la semana (2.592 millones al año, descontando las semanas de vacaciones) que se ahorran las empresas. Y si el coste salarial por hora son 13,50 euros, según el INE, son 36 millones de euros semanales (1.728 millones al año) que pierden los trabajadores por no cobrar las horas extras que hacen (“obligados” de alguna manera, evidentemente). Y también se perjudica la Seguridad Social, porque estas horas no cotizan.

¿Dónde se hacen las horas extras? Básicamente, en cuatro sectores que suman más de la mitad del total: en la industria (1.040.300 horas extras a la semana en el 4º trimestre de 2017, un tercio menos que en 2008), el comercio (1.012.100 horas, casi las mismas que antes de la crisis), la hostelería (662.700 horas, igual que en 2008) y la sanidad y servicios sociales (545.700 horas, también igual que antes de la crisis), seguidas de lejos por la construcción (409.800 horas, menos de la mitad que en 2008), los trabajos administrativos (357.700), la Administración pública (321.600) y la educación (321.000 horas extras semanales). Un dato llamativo es que son pocos los asalariados que hacen horas extras: sólo 736.800 trabajadores (el 4,62% del total) a finales de 2017, frente a 655.000 (el 4,5%) que hacían horas extras en 2011, según el INE. Dos de cada tres trabajadores que hacen horas extras son hombres y son básicamente trabajadores con buenos trabajos: hombres, asalariados del sector privado, de los servicios, con contrato indefinido y jornada completa, que trabajan de técnicos, profesionales o directivos, según el perfil elaborado por CCOO.

La normativa laboral vigente (Estatuto de los Trabajadores) limita a 80 horas anuales (1,6 a la semana) las horas extras y establece un periodo de 4 meses para que el trabajador recupere las horas extras no pagadas. Pero en muchos casos, y más desde la reforma laboral de 2012, las horas extras ni se cobran (en 2008 no se cobraban el 39% y en 2013 llegaron al 56,8%) ni se recuperan. Son “lentejas”, sobre todo en algunos sectores como el comercio, la hostelería, la sanidad o las finanzas. Los sindicatos llevan un par de años luchando contra el abuso  de las horas extras, especialmente en banca (el 88,3% no se pagaban a finales de 2017, según la EPA), donde cada año siguen los despidos mientras que los que se quedan “amplían” jornada. A raíz de esta pelea sindical en la banca, trasladada a los tribunales, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias (diciembre 2015 y febrero y marzo 2016) que obligaban a la banca a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla, para comprobar horarios y horas extras. Y a raíz de estas tres sentencias, la inspección de Trabajo aprobó, en marzo de 2016, una “instrucción interna” para exigir a todas las empresas ese registro diario de jornada. Y lanzaron una campaña en la que inspeccionaron (y multaron) a muchas empresas.

Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) recurrió estas tres sentencias de la Audiencia Nacional y finalmente, el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2 sentencias (23 marzo y 30 abril 2017) que establecen que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, sólo deben llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los trabajadores afectados. Al ser 2 sentencias, el Supremo “sienta jurisprudencia” y la inspección de Trabajo se ha visto obligada  a cambiar su instrucción de 2016, aprobando otra el 25 de mayo de 2017, donde ya no exige a las empresas el registro diario de jornada.

La “batalla legal” no ha acabado, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo conflicto por las horas extras en Deutsche Bank (promovido por CCOO y al que se sumó UGT), acaba de dictar un auto (19 enero 2018) en el que plantea al Tribunal de Justicia de la UE “tres cuestiones prejudiciales” para que verifique si la normativa española “garantiza las limitaciones en la jornada laboral de los trabajadores y su descanso semanal y diario”. Mientras el alto tribunal europeo se pronuncia (tardará un par de años), el PSOE ha enviado al Parlamento una proposición de Ley para reformar el Estatuto de losTrabajadores y obligar a las empresas a llevar un registro y control de las horas extras. El Pleno del Congreso aprobó el 17 de octubre de 2017 la toma en consideración del proyecto de Ley, con el apoyo de PSOE, Podemos, PNV y Grupo mixto, más la abstención de PP y Ciudadanos, que pretenden “rebajar” el control de la Ley durante el debate de las enmiendas, que empieza en febrero.

Mientras se reforma o no el Estatuto de los Trabajadores y se pronuncia el Tribunal europeo, los expertos señalan que sin un control obligatorio diario, es muy difícil controlar las horas extras y evitar abusos y fugas de cotización. Sobre todo porque la mitad de las empresas computan la jornada “a mano”, sin sistemas informáticos, y porque el nivel de fraude es muy elevado. Según los últimos datos disponibles, de 2014, la inspección de trabajo detectó irregularidades sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Y eso que hizo sólo 2.900 actuaciones (hay más de 3 millones de empresas).

El problema del exceso de horas extras es triple. Por un lado, las empresas que fuerzan a hacer horas a sus trabajadores evitan contratar a nuevos empleados, esos 153.000 empleos a los que equivalen las horas hechas en 2017. Por otro, al no pagarse casi la mitad de las horas, tampoco se cotiza por ellas, ni por el pago real de muchas que sí se pagan, lo que reduce los ingresos de la Seguridad Social (y aumenta el “agujero” de las pensiones). UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por cotizaciones no pagadas por horas extras realizadas. Y en tercer lugar, las horas extras fuerzan a la baja los salarios (todos), ya que el trabajador complementa sus bajos sueldos con lo que cobra por horas (cuando cobra). Y los que no las cobran, dejan de ingresar esos 1.728 millones al año que antes estimaba que tendrían que pagarle (serán más de 2.000 millones, porque las horas extras se pagan más caras que las horas “normales”).

 El exceso de horas extras agrava otro problema, los extensos horarios laborales de los españoles, que están entre los más amplios de Europa: la jornada laboral media está en 37,9 horas a la semana, según Eurostat (3º trimestre 2017), por encima de la jornada media en la UE 28 (37,2 horas) y en la zona euro (36,6 horas semanales: 62,4 horas menos de trabajo al año que en España). Y por encima de la jornada laboral que hacen en Italia (37,3 horas semanales), Francia (37,2),Reino Unido (36,6) y sobre todo Alemania (35,1 horas: los alemanes trabajan 134,4 horas menos al año que los españoles), siendo sólo superados por Grecia (42,2 horas semanales), Portugal (39,8), Polonia (40,6) y algunos países del Este.

Los españoles “trabajan más horas” (o están más horas en el trabajo, lo que se llama “presentismo”), pero no por eso son más productivos. Al contrario: somos el país nº 34 en el ranking mundial de competitividad 2017 elaborado por el Foro Económico Mundial y el 18º de Europa. Y eso porque la productividad no depende de que estemos muchas horas trabajando sino de otros factores: el modelo económico (tenemos muchos servicios y poca industria), la tecnología (producimos con poca tecnología y poco valor añadido), el tamaño de las empresas (tenemos muchas pymes y pocas grandes empresas, las más productivas), la escasa ayuda de la inversión pública (ha caído a niveles de hace 50 años) y, sobre todo, la baja formación de los españoles (en 2016, el 41,7% de los españoles adultos tenían una formación baja, sólo tenían la ESO o ni siquiera, frente al 22% de adultos de la OCDE y al 20% de adultos europeos o el 15% en Alemania, según la OCDE). Por eso, España ocupa el puesto 44 en el ranking mundial de capital humano (valora la formación y productividad de los trabajadores), elaborado también por el Foro Económico Mundial.

Así que trabajamos más horas, pero somos menos productivos. Y encima hacemos más horas extras, que quitan empleo a 153.000 parados cada año. Una “locura” para un país que tiene todavía 3.766.700 parados, el 16,55% de los españoles en edad de trabajar (1 de cada 6), más del doble que el paro UE (7,3%) y más del cuádruple que Alemania (3,6% de paro), según Eurostat. Así que habría que tomar medidas contra las horas extras, en dos direcciones. Una controlar y vigilar mejor las horas extras, exigiendo un seguimiento diario de las empresas y con campañas de la inspección de trabajo, para frenar los abusos. Eso exige una nueva Ley, mayores sanciones (hoy son bajas: van de 600 a 6.000 euros, “compensan” el fraude) y más medios para la inspección de Trabajo (tienen la misma plantilla que en 2009 y la mitad que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1 por cada 7.300 en la UE). Y por otro, penalizar las horas extras, subiendo las cotizaciones por ellas. E incentivando a las empresas que las reduzcan y creen empleos estables a cambio.

Las horas extras sistemáticas son una “corruptela” laboral con la que muchos trabajadores colaboran a la fuerza y otros de buena gana, pero es una fórmula que “roba trabajo” a los que no lo tienen. Digámoslo claramente. Ya es hora de recortarlas drásticamente, a cambio de que haya más empleo (y sueldos dignos que no las necesiten). El camino es trabajar menos horas, como se hace en Europa, pero con más eficacia y productividad. Eso nos permitiría vivir algo mejor, estar más con la familia, y no hacer horarios de “locos”. El debate está ahí, aprovechando la Ley que se negocia en el Congreso. Pacten otros horarios, porque una empresa puede competir y ganar dinero haciendo menos horas extras. Europa lo demuestra.