¿Nucleares? No, gracias

Las tres grandes eléctricas han pedido la prórroga por casi 3 años de Almaraz, la nuclear que debe cerrar en 2027 y 2028. Sería la 2ª prórroga, porque las eléctricas consiguieron en 2019 una prórroga de 7,4 a 10 años en sus 7 centrales nucleares, a cambio de  cerrarlas entre 2027 y 2035. Ahora cambian, apuntándose a la “ola nuclear” que recorre el mundo y aprovechando los temores por el gran apagón (aunque reconocen que las nucleares no lo evitan). El Gobierno tiene hasta marzo para decidir, entre presiones de las eléctricas y el PP, con la oposición de Sumar. Los datos demuestran que las nucleares (20% de la electricidad) pueden ser sustituidas por las renovables (2 de las muchas plantas solares de Extremadura generan lo que Almaraz I), cuya luz cuesta la mitad y es más segura y más limpia (los residuos nucleares son costosos, porque duran milenios). Lo razonable sería no prorrogar Almaraz, para no frenar las inversiones en renovables, que aportarán el 81% de la electricidad en 2030. Y decidir sobre el resto cuando toque.

                 Almaraz debía cerrar en 2020, se prorrogó a 2027 y ahora quieren mantenerla hasta 2030 

Para entender mejor el debate actual sobre Almaraz, conviene hacer primero un poco de historia. En la madrugada del 22 de marzo de 2019, las tres grandes eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y la portuguesa EDP alcanzaban un difícil pacto para cerrar las 7 centrales nucleares de su propiedad: Almaraz I (1 noviembre 2027), Almaraz II (1 octubre 2028), Ascó (1 octubre 2030), Cofrentes (1 noviembre 2030), Ascó II (1 septiembre 2032), Vandellós II (1 febrero 2035) y Trillo (1 mayo 2035). El acuerdo fue posible tras la negociación días antes con la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), a la que arrancaron dos cesiones antes de acordar el cierre. Una, ampliar la vida de esas centrales (que debían cerrarse a partir de 2020) entre 7,5 y 10 años más (ver calendario). Y la otra, conseguir que la tasa nuclear (para pagar la gestión de residuos) subiera como máximo un 20% y no el doble que habría subido con el cierre.

¿Por qué las eléctricas deciden cerrar voluntariamente sus 7 nucleares en 2019? Primero, por estas ventajas (importantes) que habían logrado. Segundo, porque la entrada creciente de las renovables en el mercado eléctrico (aportaron el 38,1% en 2018, frente al 20,4% las nucleares) estaba bajando el coste del mercado eléctrico y producir kilovatios nucleares era menos rentable. Y tercero, porque así “hacían hueco” a sus centrales térmicas de gas, una “burbuja energética” a punto de estallar: habían invertido más de 15.000 millones en decenas de centrales (67 hoy), dando un salto de potencia instalada de cero a 27.000 MWH en 7 años (de 2002 a 2009), pero aportando el 10% de la electricidad (estas “centrales de ciclo combinado” son “la reserva” del sistema, complementan el suministro cuando no hay sol, aire o agua suficiente).

Y así, las eléctricas estaban contentas con su cierre de las nucleares hasta 2022. La invasión de Ucrania y la subida disparada del precio del gas provocaron que muchos paises quisieran “recuperar” las olvidadas nucleares. La Cumbre del Clima de Dubai (diciembre 2023) hace un llamamiento para “acelerar la energía nuclear, junto a otras fuentes bajas en CO2”. Antes, en enero de 2022, la Comisión Europea propuso que la energía nuclear y el gas “tengan un papel clave en la transición energética”, con la oposición de varios paises. Y el 1 de abril de 2024, empresas, inversores, líderes mundiales y la plana mayor de la Comisión Europea se reúnen en Bruselas en “la primera Cumbre nuclear de la historia”.

En paralelo y después, paises y empresas empiezan a promover proyectos nucleares, desde EEUU (con Trump) a China, India, Rusia y paises en desarrollo, también en Europa, donde la energía nuclear se abandonó en los años 80, por la gran contestación popular  tras 3 grandes accidentes en las centrales de Three Island (1979, USA), Chernóbil (1986, Ucrania) y Fukushima (2011, Japón). De hecho, Alemania cerró en 2023 las tres últimas centrales nucleares, tras el cierre de 14 más a partir de 2011. Y lo mismo hizo Italia, que cerró en 1990 sus dos últimas centrales nucleares (tenía 4), tras un referéndum en 2019. Con todo ello, la energía nuclear tiene poco peso en el mundo (genera el 10% de la electricidad), en EEUU (18,2%), China (5%), India (3,1%) y Rusia (18,6%) y algo más en Europa (22%, por el 68% en Francia). Pero la tendencia es, tras la crisis energética por Ucrania, volver a invertir en nucleares, con propuestas de aperturas en Alemania e Italia (no concretadas) y en muchos paises de Europa y el mundo. Por eso, la Comisión Europea estimaba este verano que los proyectos nucleares en ejecución en el continente (para ampliar la vida útil de centrales o para abrir nuevas) requerirán 241.000 millones de inversión hasta 2050.

En medio de esta nueva “ola nuclear”, las eléctricas españolas llevan un año de “lobby”, relanzando en los medios y entre expertos “la recuperación de las nucleares” (que ellos acordaron cerrar). Y el 28 de abril se produce el histórico apagón en España: las eléctricas lo ven como la gran ocasión para reivindicar las centrales nucleares, como “garantía de abastecimiento” y un “seguro contra apagones”. Dos mentiras. Por un lado, Almaraz I produce 1.049 megavatios (MW), frente a los 7.300 megavatios que aportan ellas solas las plantas renovables inauguradas sólo en 2024 (son como 7 centrales de Almaraz). Y  por otro, las propias eléctricas han reconocido, por carta enviada al Ministerio de Transición Ecológica el 24 de octubre, que las centrales nucleares “no están preparadas para realizar un control dinámico de tensión”, una de las exigencias exigidas por Red Eléctrica (REE) para contribuir a la estabilidad del sistema y evitar apagones.

Aprovechando la “ola nuclear” y el apagón, las tres eléctricas propietarias de Almaraz (52,7% Iberdrola, 26% Endesa y 11,3% Naturgy) solicitaron el 30 de octubre, la ampliación de la vida útil de los dos grupos de Almaraz: 2 años y 8 meses más para Almaraz I (que cierre en junio de 2030) y 1 año y 8 meses más para Almaraz II (posponer su cierre a mayo de 2030). Y piden además que el Gobierno les quite la tasa de generación eléctrica (7%) y rebaje la tasa nuclear de las centrales (otra vez, como en 2019), una tasa por la que sólo pagaron 290 millones en 2024. Curiosamente, los dos impuestos los implantó Rajoy en 2024, concretamente su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hoy vicesecretario de Economía del PP, el partido que pide la prórroga de Almaraz con las eléctricas y bajarles ahora impuestos.

Los “argumentos” de las eléctricas para prorrogar Almaraz (y luego, supongo, el resto de nucleares), son básicamente que la electricidad que generan nos hace falta para evitar otro apagón y conseguir “un colchón de tiempo” hasta que se consoliden las renovables, además de que evitarán apagones (recordemos: ellas mismas han reconocido que no). La realidad de las cifras contradice sus razones. Por un lado, las 6 centrales nucleares producen 7.300 MW, el 19,4% de la electricidad generada este año (enero-septiembre), según REE, mientras las renovables generan ya el 56,7% de la electricidad. Y sólo en 2024, las renovables que se sumaron al sistema eléctrico aportaron 7.300 MW, según REE, lo que las 6 nucleares. Y todas las centrales fotovoltaicas aportan 32.350 MW de potencia (más de 4 veces lo que todas las nucleares), cuatro veces más que en 2019 (8.913 MW).

Otro argumento es que Almaraz es clave para Extremadura. Sí aporta muchos empleos (4.000), pero precisamente Extremadura es la región española con más cuota de energía solar instalada (el 59,8% de la potencia) y líder en renovables  (suponen el 84,6% del parque eléctrico). Y sólo en 2024, Extremadura puso en servicio 1.422 MW de potencia solar, más que Almaraz I (1049 MW). Los extremeños deben saber que tienen 24 centrales fotovoltaicas operativas (2.842 MW) y otras 14 en proyecto (aportarán 3.800 MW más). Y que la central fotovoltaica Francisco Pizarro (Cáceres) produce 590 MW (más de la mitad que Almaraz I) y “suministra energía limpia a 334.000 hogares”, según nota de Iberdrola, su dueña…

Frente a estas dudosas “ventajas", hay múltiples “desventajas”. La primera y fundamental, que no es una energía 100% segura (recordemos los 3 accidentes graves en el mundo) y un potencial accidente podría ser desastroso. El 2º problema grave es que generan unos residuos (125 Tm cada año) que se mantienen radiactivos durante miles de años y que son costosos (lo pagamos con el recibo de la luz) y peligrosos de almacenar: los de alta actividad se almacenan de forma temporal en las centrales y los de baja y media actividad en el centro de El Cabril (Córdoba). El tercer problema, la dependencia de otros paises para el suministro de uranio enriquecido (Rusia, Francia, Paises Bajos y Reino Unido más China) y barras de combustible (EEUU, Rusia, Japón, Francia, China Y Reino Unido, sólo el 3,2% se fabrica en España), así como la tecnología de las centrales.

Estos problemas son estructurales, de fondo. Pero ahora, la energía nuclear tiene dos problemas más en España. Uno, que el kilovatio nuclear es más caro (el doble) que el kilovatio renovable, que además se abarata a medida que se desarrolla. Así que prorrogar las nucleares lo pagaríamos en el recibo de la luz. Pero el problema fundamental es que no hace falta prorrogar las nucleares, porque la demanda eléctrica está estancada y porque la electricidad renovable crece de forma imparable y lo seguirá haciendo. Veámoslos.

La demanda de energía eléctrica creció sólo un +0,9% en 2024, tras caer desde 2018 (salvo en 2021, tras el fin del confinamiento). Y en contrapartida , hay un exceso de potencia instalada, que cubre con creces la demanda (el apagón de abril no fue por falta de potencia, sino por descoordinación entre las centrales y REE) . De hecho, en 2024, la potencia instalada creció +4,6% en 2024, cuatro veces más que la demanda, empujada por el salto de potencia renovable: de 55.247MW (2019) a 85.144 MW renovables en 2024, un salto protagonizado por la energía solar fotovoltaica (32.250 MW), la solar térmica (2.302) y la energía eólica (32.104 MW), más la hidráulica (17.097 MW), energías frente a las que la nuclear (7.177 MW) es poco importante. Y la previsión es que sea menos en el futuro, porque el Plan del Clima prevé que el 81% de la electricidad sea renovable para 2030 (año en que tendremos 4 nucleares abiertas, la última, Trillo, hasta mayo de 2035).

Evidentemente, el debate nuclear no se plantea hoy en términos de si es “necesaria” o no (en 2027 se va a inaugurar la central fotovoltaica Erasmo, en Ciudad Real, con más potencia, 1.200 MW, que Almaraz I ) y si tiene el mejor precio para nuestros bolsillos, sino “en términos ideológicos”: la energía nuclear se ha convertido en la bandera de la derecha negacionista del mundo y España: el PP presentó en el Congreso una proposición para suprimir la fecha de cierre de Almaraz, Ascó y Cofrentes, apoyada por Vox y UPN, que el jueves fue rechazada por el resto de partidos (y la abstención de Junts). Este voto en contra de ERC y Junts (a los que la patronal catalana “responsabiliza de un posible apagón en Cataluña en 2030”…) tiene explicación: Naturgy (Caixa y Fondos) y EDP, no tienen claro prorrogar otras nucleares, porque podría frenar las inversiones en renovables.

Ahora, la pelota para prorrogar o no Almaraz está en el tejado del Gobierno, que ha enviado la petición al CSN, como es preceptivo, y tiene que decidirlo antes de marzo de 2026, porque el cierre el 1 de noviembre de 2027 requiere múltiples operaciones previas. El presidente Sánchez dice que no está en contra de la prórroga solicitada, aunque pide que se cumplan antes 3 condiciones: que la prórroga sea segura, que no tenga un coste adicional para los consumidores y contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad del suministro. Y el presidente sabe, como la mayoría de expertos, que las dos últimas condiciones no se van a cumplir, mientras Sumar le presiona a no ceder y las eléctricas hacen “lobby” con patronales, expertos, medios de comunicación y políticos (incluso el ahora "pronuclear" Felipe González, quien aprobó en 1984 la “moratoria nuclear”, la suspensión de la construcción de 5 nucleares, un verdadero “rescate” a las eléctricas que hemos pagado en nuestro recibo, desde 1996 a 2015, y que nos ha costado 5.717 millones extras…).

Lo razonable sería no prorrogar Almaraz I y II , porque no las necesitamos para asegurar la demanda prevista a medio plazo y porque siguen adelante los proyectos renovables, una energía que nos suministra luz más barata (España tiene la tercera  electricidad más barata de Europa, tras Finlandia y Suecia y empatados con Portugal, Europa, según Eurostat: ver cuadro de precios 2025), más segura y más limpia (sin residuos radioactivos). Y una energía que depende del sol y el aire (que nos sobran) y del agua. Y respecto a las demás nucleares, lo razonable es no hacer nada ahora y esperar a decidir en 2030 si se prorrogan Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo, cuando ya tengamos la certeza del comportamiento de la demanda y del comportamiento de las renovables.

La primera consecuencia prorrogar Almaraz entre 2 y 3 años más es que ayudaríamos a las eléctricas propietarias a “hacer caja”, a seguir ingresando por sus kilovatios sin casi costes, porque las dos centrales (como la 5 restantes) están más que amortizadas (si cierran en 2027 y 2028 habrán tenido 46 y 44 años de vida), pagaríamos de más por unos kilovatios que no necesitamos a unas eléctricas que ganaron 11.249 millones en 2024…

Pero la consecuencia más grave es que la prórroga mandaría un mensaje a los inversores: podrían prorrogarse también las demás centrales nucleares (las eléctricas sólo esperan a pedirlo a un cambio de Gobierno, aunque Ascó y Vandellós ya lo han "sugerido" estos días) y eso quitaría atractivo a invertir en energías renovables, un sector que atrae hoy a Fondos e inversores de medio mundo. Y un sector que precisa cambios, para agilizar los proyectos (hay demasiados paralizados en varias autonomías) y una normativa clara, además de invertir más en almacenamiento y en seguridad de redes (participando más en el control de tensión del sistema), los dos grandes retos pendientes de las renovables en España. Mientras, el Gobierno ha anunciado esta semana un paquete de ayudas europeas de más de 800 millones para impulsar las renovables y la descarbonización de la industria.

En resumen, que las eléctricas vuelven  a pedir otra prórroga de las nucleares (la 2ª tras la de 2019), para seguir ordeñando la vaca de unas centrales que ya tienen más que amortizadas y que nos ofrecen una electricidad más cara, con residuos radiactivos y potencialmente peligrosa, que además no evita los apagones. Lo sensato sería seguir apostando por las renovables, que han mejorado la competitividad del país. Pero en este debate juegan la ideología y los intereses, oscuramente mezclados. Que no nos engañen.

 

Las 3 Españas, más lejos tras la COVID

Antes de la pandemia, en 2019, se repitió que 7 autonomías crecieran más y sean las más ricas (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y la Rioja), frente a otras 7 menos eficientes y más pobres (Melilla, Extremadura, Andalucía, Ceuta, Castilla la Mancha, Canarias y Murcia), con las 5 restantes en posición intermedia. Son las 3 Españas, que siguen ahí desde el año 2.000, incluso desde hace siglo y medio. Una desigualdad territorial que mantiene la renta de Extremadura en casi la mitad (56%) de la del País Vasco. Y ahora, con la pandemia, los expertos temen que esta brecha entre las 2 ó 3 Españas se agrande, como también la distancia de España con la renta europea (el 91%). Pero la pandemia también puede ser una oportunidad si se utilizan los Presupuestos y fondos europeos para corregir estos desequilibrios regionales, reformando además la financiación autonómica y las políticas regionales. Hay que reconstruir el país y conseguir vivir mejor todos, vivamos donde vivamos.

Enrique Ortega

España ha estado creciendo los últimos 6 años (2014-2019), pero el crecimiento ha sido muy desigual por autonomías. Así, hay dos regiones que tiran de la economía, según confirman los datos de 2019 recién publicados por el INE: Madrid (produjo por valor de 240.129 millones, el 19,29% de todo el PIB español) y Cataluña (236.813 millones producidos, el 19,02%), a la que la capital “adelantó” ya en 2017 y 2018. Y le siguen, de lejos, Andalucía (165.865 millones producidos en 2019, el 13,32% del PIB español) y la Comunidad Valenciana (116.615 millones, el 9,32% del PIB). Entre las 4 regiones aportan casi dos tercios del crecimiento total del país (60,95% del PIB). Les siguen, muy de lejos, el País Vasco (5,98% del PIB español), Galicia (5,17%), Castilla y León (4,80%), Castilla la Mancha (3,43%), Canarias (3,78%) y Aragón (3,05% del PIB español). Y las 7 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla, sólo aportan a la economía el 12,84% restante, casi la mitad entre todas que Madrid o Cataluña.

Esta aportación al crecimiento español de las distintas regiones ha variado muy poco en este siglo, salvo en un caso, Madrid, que aporta ahora (19,29%) un 1,6% más al PIB español que en el año 2000 (17,7%). También crece, aunque poco, la aportación de Cataluña (+0,30%), Murcia (+0,19%) y Baleares (+0,11%), mientras las demás regiones pierden peso en la economía española, aportando menos porcentualmente al PIB, sobre todo Castilla y León (-0,70%), País Vasco (-0,32%), Asturias  (-0,30%) y Canarias (-0,22%), según el INE.

Pero hay que tener en cuenta la población de cada región y lo importante es lo que produce cada autonomía por habitante, el verdadero indicador de su pujanza económica. Y aquí es donde podemos hablar de las 3 Españas. Una España más productiva (y por tanto más rica), integrada por las 7 autonomías que tienen un PIB por habitante superior a la media española (26.426 euros en 2019, según el INE): Madrid (35.913 euros per cápita, +35,9% sobre la media), País Vasco (34.142 euros, +29,2%), Navarra (32.141 euros, +21,6%), Cataluña (31.141 euros, +17,75%), Aragón (28.727 euros, +8,70%), Baleares (28.213 euros, +6,76%) y La Rioja (28.200 euros, +6,71% sobre el PIB por habitante de España). Son las 7 regiones más ricas, donde viven el 42,76% de los españoles. Y lo más llamativo es que estas 7 regiones más ricas son las mismas que eran ricas antes de la crisis, en 2007 y en el año 2000, según las series del INE, aunque el País Vasco ha subido del 4º al 2º lugar.

En el otro extremo están las 7 regiones menos productivas y por tanto las más pobres, encabezadas en 2019 por Melilla (19.211 euros de PIB por habitante, -27,3% que la media española), Extremadura (19.454 euros, -26,39%), Andalucía (19.633 euros, -25,7%), Ceuta (20.903 euros, -20,9%), Castilla la Mancha (21.004 euros, -20,52%), Canarias (21.244 euros, -19,61%) y Murcia (21.642 euros, -18,1% sobre el PIB por habitante de España). Son las 7 regiones más pobres, menos productivas, donde viven el 35,52% de los españoles. Y en su mayoría, son las mismas regiones que eran las más pobres antes de la crisis, en 2007 y en el año 2000, aunque han salido de este grupo Galicia y Asturias (menos productivas en el 2000), incorporándose Canarias, Ceuta y Melilla (intermedias en el 2000).

Y queda una 3ª España, la intermedia, que produce menos que la media (recordemos: 26.426 euros en 2019) pero algo más que esas 7 regiones “pobres”. Son las 5 regiones restantes: Castilla y León (24.886 euros de PIB/habitante, -5,83% que la media española), Cantabria (24.383 euros, -7,74%), Galicia (23.873 euros, -9,67%), Asturias (23.299 euros, -11,84%) y la Comunidad Valenciana (23.206 euros, -12,19% sobre el PIB/habitante español). Una España intermedia donde viven el 21,72% restante de españoles. Y de nuevo, esta 3ª España es hoy muy similar a la de antes de la crisis, aunque en el año 2.000 estaban en este grupo Canarias, Ceuta y Melilla, que han caído a la España más pobre, mientras han mejorado Galicia y Asturias, que a principios de siglo eran “pobres” y ahora “intermedias”.

Un dato preocupante es que la brecha entre las regiones más productivas (más ricas) y las menos eficientes (más pobres) se mantiene elevada, a pesar de la anterior crisis (2008) y la posterior recuperación (2014). Así, en el año 2.000, Madrid producía más del doble que Extremadura por habitante (21.333 euros frente a 10.145, 2,10 veces más), en 2008 produjo 1,93 veces más, en 2013 (el peor año de la crisis), la brecha subió a 1,97 veces más (30.188 euros frente a 15.280) y en 2019, a pesar de los 6 años de recuperación, la brecha sigue alta, en 1,84 veces (35.142 euros que produce cada madrileño frente a 19.454 cada extremeño).

Y lo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras en estos 34 años siendo europeos.

El otro problema es que las regiones españolas no sólo se distancian entre ellas sino también hay una brecha con las regiones europeas. En 2019, según acaba de publicar el INE, sólo 3 regiones españolas eran más productivas, más ricas, que la media europea (31.160 euros de PIB por habitante UE-27): Madrid (35.913 euros), País Vasco (34.142 euros) y Navarra (32.141 euros). Se ha caído en 2019 Cataluña (31.119 euros), que siempre ha tenido un nivel de riqueza superior a la media europea (salvo en 2008 y 2009). Y además, el PIB por habitante español se ha ido retrasando del PIB por habitante europeo: si llegó a un máximo del 94,72% en 2007, cayó a suponer el 88,63% del PIB/habitante europeo en 2013 y ha seguido distanciándose con la recuperación, hasta suponer el 84,8% del PIB/habitante europeo en 2019 (producimos 26.426 euros, frente a 31.160 en la UE 27). Así que no sólo hay una brecha entre autonomías, también hay una brecha con Europa que ha crecido desde 2007. Incluso teniendo en cuenta el distinto poder de compra, el PIB por habitante español “corregido” era el 91% del europeo en 2018, según el último dato de Eurostat.

Evidentemente, si unas regiones (o paises) producen más por habitante, son más ricos. Y son más ricos por su distinta estructura económica (más o menos industria, más o menos servicios), su población, la formación de los trabajadores y el nivel educativo, la tecnología, la mayor o menor inversión pública y privada, las infraestructuras o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor capitalidad, que aporta un crecimiento “extra”, porque las instituciones públicas y ser la capital atraen empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por eso hay regiones más productivas y otras menos, aunque el factor que más ha jugado en este siglo es la desigual creación de empleo.

Pero después de ver las regiones más o menos productivas, entran en juego los “contrapesos”, factores que intervienen para que las regiones acaben teniendo más o menos renta. El principal mecanismo que podría “corregir” la brecha económica entre regiones son las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la dependencia), las subvenciones y prestaciones sociales, el gasto en sanidad y educación, las inversiones públicas, los impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” de la brecha entre regiones, hay que tener muy presentes las ayudas europeas, que han sido ingentes: los fondos estructurales europeos recibidos entre 1989 y 2020 han sido de 176.000 millones de euros, muchos para las regiones.

Todas estas medidas deberían haber servido para corregir la brecha económica entre las autonomías, sumando más ingresos a las autonomías más retrasadas, para compensar sus menores ingresos. Pero no ha sido así, como se ve en el dato de la renta por habitante, los ingresos de cada persona visto lo que produce y sumando lo que le aporta la acción pública, vía transferencias, ayudas, subvenciones,  impuestos y financiación. Y volvemos a tener 3 Españas, según los últimos datos disponibles (INE 2018), incluidos en este reciente trabajo de la Fundación Alternativas (FA) sobre la desigualdad territorial en España.

Tenemos 9 autonomías que tienen una renta por habitante superior a la media nacional (17.049 euros en 2018): País Vasco (22.082 euros), Navarra (20.117 euros), Cataluña (19.870 euros), Madrid (19.861 euros), Baleares (19.554 euros), Aragón (17.683 euros) y la Rioja (17.545 euros), exactamente las 7 autonomías que más producen (más PIB/habitante), a las que se suman dos “intermedias”, Asturias (17.484 euros de renta por habitante) y Castilla y León (17.298 euros de renta), porque son dos regiones muy envejecidas, con muchos pensionistas, lo que ha aumentado su renta final en los últimos años. Y las otras 8 autonomías (más Ceuta y Melilla, cuyos datos no se dan) tienen un nivel de renta por habitante inferior a la media nacional, sobre todo las regiones que ya eran económicamente las más pobres: Extremadura (12.382 euros de renta), Canarias (13.714 euros), Andalucía (14.048 euros), Murcia (14.075 euros) y Castilla la Mancha (14.537 euros). A ellas se suman, también con menos renta que la media española, 3 regiones “intermedias”: Comunidad Valenciana (15.149 euros renta/habitante), Cantabria (16.479) y Galicia (16.860 euros).

En definitiva, que las regiones que eran ricas, pobres o intermedias por su producción, por su estructura económica y de empleo, acaban siendo ricas, pobres o intermedias en la renta que finalmente reciben, a pesar de las transferencias públicas, las ayudas, inversiones, impuestos y financiación autonómica, lo que indica un fracaso en las políticas regionales. No se consigue apenas que mejoren y salten de puesto las más retrasadas, ni ahora ni en los últimos años. Y lo peor no es sólo que haya 2 Españas (o 3) en el nivel de renta, sino que han aumentado las diferencias, la brecha de renta entre regiones. Si en 1977, un balear tenía 1,81 veces la renta de un extremeño, mejoró algo en el año 2.000, cuando un aragonés ingresaba 1,53 veces lo que un andaluz, pero ha empeorado después: si en 2008, un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño, en 2018 tiene 1,78 veces más, según el informe de la Fundación Alternativas. Ha aumentado la desigualdad de renta entre territorios.

Esto confirma una España a dos o tres velocidades, no sólo entre regiones sino también con muchas desigualdades dentro de cada región. Y sobre todo en las más pobres. Así, el informe de la Fundación Alternativas desvela que las regiones con más desigualdad interna son Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Canarias, y que esa desigualdad ha aumentado entre 2008 y 2018. Y las regiones con menos desigualdad interna son dos de las más ricas, Navarra y Aragón, seguidas de Asturias, País Vasco, Cantabria y la Rioja. Y además, esa desigualdad interna se refleja en una gran diferencia de renta entre ciudades de una misma provincia, desigualdad municipal encabezada por Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz y Granada, Alicante, Valencia y A Coruña.

S ha llegado hasta aquí, le habrá quedado clara la tremenda desigualdad entre regiones, dentro de cada región e incluso entre ciudades de una misma provincia. Y lo más tremendo es que esas desigualdades territoriales están ahí desde hace décadas y hasta siglos. Ahora, con la pandemia y la recesión consiguiente (la mayor desde la Guerra Civil), los expertos creen que la desigualdad territorial aumentará, como ha pasado en otras crisis y más dada la precariedad en que están las cuentas públicas. Sin embargo, la pandemia también puede ser “una oportunidad” para reducir la brecha de producción y renta entre regiones, si se planifica la recuperación con criterios de política regional.

¿Qué se puede hacer? Lo primero, invertir y gastar pensando en corregir los desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos 2021 (muy expansivos) como los Fondos europeos, esos 79.796 millones que van a llegar en los próximos 4 años. El objetivo es regionalizar la mitad de este gasto, pero la otra mitad, la que gestione el Estado debería hacerse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar todas las inversiones públicas e infraestructuras (incluidas las digitales y la vivienda) para fomentar la inversión y la instalación de empresas en la España más atrasada, que no puede vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos (evitando “paraísos fiscales como Madrid) y facilitando vivir e invertir en las regiones más pobres. Y aprobar de una vez un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto del país, según el informe de la Fundación Alternativas), además de Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, en total 6 de las 9 regiones con más renta.

La pandemia va a dañar más a las familias y trabajadores más vulnerables y también a las regiones más pobres y menos productivas. Pero puede ser una oportunidad no sólo para reconvertir la economía y modernizar el país sino también para reducir la brecha secular entre regiones. Hay que sentar las bases para que no haya españoles de primera y de segunda, para que no vivamos mejor o peor según la región donde residamos. Es otra gran asignatura pendiente de este país.

La brecha entre las 3 Españas

Quedan diez días para las elecciones autonómicas y nadie habla de un problema grave que arrastramos desde hace décadas: las tremendas desigualdades entre regiones, que configuran 2  Españas, o mejor 3 Españas: la rica (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, Baleares, Asturias, la Rioja y Aragón), la pobre (Extremadura, Murcia, Canarias, Castilla la Mancha, Andalucía, la Comunidad Valencia y Ceuta) y la intermedia (Galicia, Castilla y León, Cantabria y Melilla). Y lo más preocupante es que son las mismas regiones que en el año 2000 y casi idénticas a las de 1977, con más desigualdad incluso ahora que antes de la crisis. Y al ritmo actual, se tardarán 80 años en reducir a la mitad la brecha de riqueza entre regiones. Urge aprovechar estas elecciones para empezar a corregir las históricas desigualdades entre regiones, con empleo, formación, medidas fiscales, inversiones públicas, reindustrialización, tecnología, infraestructuras y una financiación más justa y equitativa. No puede haber 3 clases de españoles, según donde vivan. Es otra de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia. Piense en ello al votar el 28-M.

enrique ortega

La región española que más produce es Cataluña (231.277 millones de euros en 2018, un 19,1% del PIB español) y la que menos La Rioja (8.391 millones, el 0,7% del PIB), junto a Ceuta (1.700 millones) y Melilla (1.564 millones), que aportan el 0,1% del PIB. Pero hay que tener en cuenta la población y lo importante es lo que se produce por habitante (PIB/habitante): quien más produce por persona es más rico. Y en España, la región más eficiente, la que más produce por habitante es Madrid (34.916 euros en 2018, un 135,1% de la media española) y la que menos Extremadura (18.134 euros por habitante en 2018, un 70,3% de la media española: 25.854 euros/habitante), según los datos recién publicados por el INE. Y por eso, Madrid y Extremadura son la región más rica y más pobre de España.

Las 7 regiones más productivas en 2018 (y por tanto, las más ricas), que superaron la producción media española (25.854 euros PIB/por habitante) fueron Madrid (34.916 euros, un 135,1% de la media), País Vasco (34.079 euros, el 131,8% de la media), Navarra (31.809 euros, el 123%), Cataluña (30.769 euros, el 119%), Aragón (28.640 euros, el 110,8%), La Rioja (26.833 euros, el 103,8%) y Baleares (26.764 euros, el 103,5% de la media española), según la Contabilidad regional publicada por el INE a finales de abril. Lo llamativo es que estas 7 regiones más ricas son las mismas que antes de la crisis, que en 2007 y en 2000, según las series del INE, aunque el País Vasco ha subido del 4º al 2º lugar.

En el otro extremo, tenemos las 7 regiones menos productivas y por tanto las más pobres, que están por debajo del PIB/por habitante medio español (esos 25.854 euros en 2018): Extremadura (18.134 euros, un 70,3% de la media española), Melilla (18.482 euros, el 71,5%), Andalucía (19.132 euros, el 74%), Ceuta (20.032 euros, el 77,5%), Castilla la Mancha (20.645 euros, el 79,9%), Canarias (21.031 euros, el 81,3%) y Murcia (21.134 euros, el 81,7% del PIB por habitante medio español), según la Contabilidad regional del INE. Y la mayoría son las mismas regiones que eran pobres antes de la crisis, en 2007 y 2000, aunque han salido de este grupo de menos productivas y más pobres Galicia y Asturias (pobres en el año 2000), incorporándose Canarias, Ceuta y Melilla (intermedias en el 2000).

Y queda la 3ª España, la intermedia, que produce menos que la media pero algo más que esas 7 regiones pobres. En 2018 formaban este grupo la Comunidad Valenciana (22.659 euros de PIB/habitante, el 87,6% de la media española), Asturias (23.087 euros, el 89,3%), Galicia (23.294 euros, el 90,1%), Cantabria (23.817 euros, el 92,1%) y Castilla y León (24.397 euros, el 94,4% de la media española), según la Contabilidad Regional del INE. Un grupo muy similar a la España intermedia de antes de la crisis, aunque en el año 2.000 estaban Canarias, Ceuta y Melilla, que han caído al pelotón de la España más pobre, mientras han mejorado Galicia y Asturias, que antes de la crisis eran pobres y ahora “intermedias”.

En este siglo, los grupos de regiones pobres, ricas e intermedias apenas han variado, aunque hay regiones que han ganado peso (aportan más a la producción total del país) y otras lo han perdido, según los datos del INE. Hay 8 regiones que han mejorado su posición económica, que han  mejorado su porcentaje sobre el PIB español: Galicia (+12,5%: de producir el 77,6% del PIB en 2000 al 90,1% en 2018), País Vasco (+9,2%), Extremadura (+6,6%), Aragón (+6%), Asturias (+5,3%), Castilla y León (+3,7%), Castilla la Mancha (+1,8%) y Madrid (+1,2%: de producir el 133,9% del PIB español al 135,1% en 2018). Y otras 11 regiones empeoran su posición, aportan hoy menos al crecimiento español que en 2000: Baleares (-22,2%: producían el 125,7% de la media y han bajado al 103,5%), Melilla (-17,2%), Canarias (-16,4%), Ceuta (-12,6%), La Rioja ( -8%), Comunidad Valenciana (-7,7%), Navarra (-4,3%), Cataluña (-2,6%: producía el 121,6% del PIB/habitante español en 2000 y ahora producen el 119%), Murcia (-1,9%), Cantabria (-1,3%) y Andalucía (-0,2%).

Un dato importante es que la brecha entre las regiones más productivas (más ricas) y las menos eficientes (más pobres) se mantiene, a pesar de que llevamos ya 5 años largos de recuperación económica. Así, si en el año 2000, Madrid producía más del doble que Extremadura por habitante (21.333 euros frente a 10.145, 2,10 veces más), en 2008 produjo 1,93 veces más (32.155 euros frente a 16.653), en 2013 (el peor año de la crisis), la brecha subió a 1,97 veces (30.188 euros frente a 15.280) y en 2018, a pesar de la recuperación sólo bajo a 1,92 veces (34.916 euros frente a 18.174 euros). La brecha se mantiene.

Y, lo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde  hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez-Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). La desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva aumentado desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras en estos 33 años siendo europeos. Y lo peor: al ritmo actual, se tardarán 80 años para reducir a la mitad la actual diferencia de riqueza entre las regiones españolas, según un documentado informe realizado por Fedea.

¿A qué se debe que unas regiones hayan ido mejor que otras? Básicamente, a su estructura productiva y la mayor o menor creación de empleo, al peso de la industria (más resistente a la crisis), al mayor o menor peso del turismo y la construcción (ayudan en la recuperación, pero caen más en la crisis), al peso de las exportaciones, al aumento o caída de la población (las regiones que más han crecido, como Madrid o País Vasco, han ganado población, española e inmigrante), al nivel educativo, a la tecnología, a la inversión pública y empresarial y, en los dos últimos años, a las pensiones: hay provincias muy envejecidas (norte y centro), donde las pensiones ha supuesto una inyección de ingresos que mejora el consumo y el crecimiento, como ha pasado en Asturias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Aragón Cantabria, la Rioja y Extremadura (autonomías con más de un 20% de población que supera los 65 años), frente a Murcia, Canarias o Baleares (15,3% de mayores), que no han tenido esta ayuda.

Un caso especial es Madrid, la región española más productiva, entre 2000 y 2018, y la que más creció en 2018 (+3,7% frente al 2,6% toda España), mientras se espera que este año 2019 supere a Cataluña (en 2018, el PIB madrileño fue 230.018 millones frente a 231.277 millones de Cataluña). El PP atribuye “el milagro de Madrid” a que gobiernan esta comunidad desde 1995, pero la causa es otra: “el factor capitalidad”. Ser capital de un país aporta un crecimiento “extra”, porque las instituciones públicas y la capitalidad atraen empresas, inversiones y talento. Es lo que ha pasado en toda Europa, donde las regiones de la capital son las más ricas en 25 de los 28 paises de la UE (todas las capitales, salvo Dublín, Lisboa y Zagreb). Y han ganado peso más que Madrid: una media del 3,5% en la UE-28 frente al 1,3% de Madrid, según Eurostat. Y en paises muy centralizados, el factor capital ha ayudado aún más: París ha crecido su enorme peso en el PIB francés (30,8%) un 2,5% más que el resto de Francia y Londres (23,4% del PIB británico) un 3% más, mientras Madrid (un 19% del PIB español) aumentaba su peso el 1,3% entre 2000 y 2018.

Hasta aquí, el análisis de la riqueza creada por cada región (PIB por habitante) y las grandes diferencias entre las 3 Españas. Pero, al final, hay contrapesos, factores que juegan para que los españoles de las distintas autonomías tengan más o menos renta: las transferencias públicas (pensiones, desempleo, dependencia), las subvenciones y prestaciones sociales, las inversiones públicas,  los impuestos y deducciones fiscales, que acaban determinando lo que cada español recibe finalmente, la renta por habitante. Esto es lo que determina el mapa de la riqueza o pobreza final. Y aquí se repite, con pocos cambios, el mapa de las 3 Españas, según los últimos datos publicados por el INE (de 2017).

Hay una España rica, con una renta por persona que supera los 12.000 euros anuales en 8 autonomías: País Vasco (14.397 euros), Navarra (13.583), Madrid (13.099), Cataluña (12.712), Baleares (12.665), Asturias (12.244), La Rioja (12.131) y Aragón (12.110 euros). En total, ahí viven 20.806.290 españoles, el 44,5% de la población total. Curiosamente, estas 8 autonomías son las mismas que tenían más renta en el año 2.000 y en 2014, tras lo peor de la crisis. Pero lo más llamativo es que son casi las mismas autonomías que eran las más ricas en 1977, al inicio de la democracia, aunque entonces cambiaba el orden: Baleares, Madrid, Cataluña, La Rioja, País Vasco y Navarra, según puede comprobarse en las estadísticas históricas 1850-2000 que recopiló en su día el Banco de Bilbao (una joya). A comienzos de siglo se incorporó al grupo Aragón y en 2008, tras la Ley del Cupo (2002), el País Vasco y Navarra encabezan el grupo de las más ricas.

La España pobre son 6 autonomías más Ceuta, que tienen una renta por habitante inferior a los 10.000 euros, según las últimas estadísticas del INE (referidas a 2017): Extremadura (8.250 euros), Murcia (8.702), Canarias (8.863), Castilla la Mancha (9.045), Andalucía (9.116), Ceuta (9.676) y la Comunidad Valenciana (9.801 euros). En total, ahí viven 20.144.190 españoles, el 43,1% de la población.  Son las mismas autonomías pobres que en el año 2000, 2008 y 2014, salvo Galicia, que ha salido de este grupo y la Comunidad Valenciana, que no estaba al inicio del siglo y ha entrado entre las pobres. Pero, otra vez, lo preocupante es que estas autonomías pobres son casi las mismas que en 1977, al inicio de la democracia: entonces eran las más pobres Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Galicia y Canarias, por este orden, según las series históricas del BB.

En medio quedan las 3 autonomías y Melilla que conforman “la España intermedia”, que rondan la renta media española (11.074 euros en 2016), según los últimos datos del INE: Cantabria (11.293 euros), Castilla y León (11.239), Galicia (10.753 euros) y Melilla (10.161 euros). En conjunto, 5.772.500 habitantes, el 12,4% de la población española. Un grupo intermedio que ha cambiado algo más en los últimos 40 años, ya que antes incluía a Galicia, Asturias y Aragón, que han mejorado su estatus, y a la Comunidad Valenciana, que lo ha empeorado y pasa al grupo de las “pobres”.

Y lo peor no es sólo que siga habiendo 3 Españas, sino que han aumentado las diferencias de renta. Si en 1977, un balear tenía 1,81 veces la renta de un extremeño, mejoró algo en el año 2000, cuando un aragonés ingresaba 1,53 veces lo que un andaluz, pero ha empeorado después: si un vasco tenía una renta en 2008 que era 1,65 veces la de un extremeño, en 2017 es ya 1,74 veces mayor que antes de la crisis. Se agrava la desigualdad.

Un fracaso de España y los distintos gobiernos democráticos. Y más cuando, tras 33 años en Europa,  6 regiones españolas siguen todavía con una renta por debajo del 75% de la renta media europea: Extremadura (63% renta media UE-28), Melilla (67%), Andalucía (68%), Castilla la Mancha (72), Ceuta (73%) y Canarias (75%), según los últimos datos de Eurostat (para 2016). Y sólo 4 regiones españolas superan la renta media europea: Madrid (125% de la renta media UE-28), País Vasco (121%), Navarra (114%) y Cataluña (110%).

¿Qué se puede hacer? Lo primero, abrir el debate sobre la desigualdad interregional, sobre estas graves diferencias entre españoles según donde vivan, no sólo en renta, paro, sueldos sino en servicios públicos, desde sanidad a educación, dependencia o ayudas a la pobreza, la familia o la vivienda. No podemos dejar que la extrema derecha encabece este debate sobre la España de las autonomías. Denunciar las desigualdades no es poner en cuestión el modelo autonómico sino afrontar una grave situación, reforzada por cientos de datos. Y una desigualdad que se puede mejorar, en unas décadas, si se toman medidas.

La primera y fundamental es reforzar el papel reequilibrador del Estado, a través de múltiples instrumentos que deben ir a corregir las desigualdades entre regiones: políticas económicas, Planes de empleo, inversiones públicas, planes de reindustrialización, infraestructuras, ayudas públicas e impuestos. Porque los Gobiernos gastan mucho dinero en inversiones y ayudas públicas, pero gastan mal, no ayudan a reducir las desigualdades, según le acaba de decir a España un informe de la OCDE. Es clave reformar la política fiscal y que los impuestos ayuden al reequilibrio territorial.

Otro objetivo clave del Gobierno central debería ser asegurar la homogeneidad de los servicios públicos, porque no es de recibo que la atención sanitaria, la educación, la dependencia, las ayudas al desempleo o a la pobreza sean distintas según donde uno viva, porque hay autonomías que gastan más y otras menos, además de gestionar mejor o peor. Así, por ejemplo, si uno enferma, no es lo mismo hacerlo en el País Vasco (cuya sanidad recibe 90 puntos sobre 114 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública), Navarra (90 puntos) o Aragón (82 puntos) que en Canarias (49 puntos), Comunidad Valenciana (59), Cataluña o Andalucía (59 puntos). Y lo mismo si uno es un anciano dependiente, parado o  pobre. Urge garantizar unos servicios mínimos iguales y crear un Fondo de compensación para mejorar el Estado del Bienestar en las autonomías pobres.

Otra medida urgente es reformar el sistema de financiación autonómica, que se debería haber modificado en 2014. Hay que reequilibrar ingresos y aportaciones, para que no haya autonomías ganadoras (País Vasco, Navarra, Cantabria, la Rioja, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Aragón, Asturias y Canarias) y perdedoras (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña, Baleares y Castilla la Mancha). Y reforzar el Fondo de Compensación interterritorial, dando más peso a criterios como paro, renta, envejecimiento y dispersión de la población. Y además, hay que asegurar más recursos públicos a las autonomías, porque tienen muchas competencias y les faltan ingresos. Y hay que hacerlo a costa de reducir la parte del Estado, ya que es un país muy descentralizado: si hoy gasta el 50% de los ingresos totales (y el 35% las autonomías y 15% los Ayuntamientos), habría que pasar a un reparto 40/40/20 al menos. Esa debería ser la base fiscal del Estado federal que se defiende.

Estas elecciones autonómicas deberían ser una oportunidad para afrontar el grave problema de las 3 Españas, que arrastramos desde hace siglo y medio. Una desigualdad regional que no sólo es injusta para media España sino que torpedea la recuperación del conjunto del país, como advirtió en febrero la Comisión Europea, al no potenciar el crecimiento de la España más atrasada. Urge plantear el problema, sin demagogia ni partidismo, y promover un gran Pacto autonómico para conseguir una España más vertebrada. Es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia. Piense en ello al votar el 28-M.