Queja patronal: les faltan trabajadores

El reelegido presidente de la patronal ha dicho que la falta de trabajadores será   “el principal problema para las empresas en 2023”. No la inflación, la energía, la subida de tipos o la temida recesión…: la falta de trabajadores, sobre todo cualificados. Y se queja de que las empresas tienen que “gastar más para retener el talento”. Oculta Garamendi que España es el país europeo con menos empleos “vacantes”. Y olvida decir que las empresas apenas gastan en formación, que cada año queda sin gastar la mitad del dinero para formar trabajadores y parados y que apenas hay empresas que impartan formación dual en FP. Tampoco dice que un tercio de asalariados están “sobrecalificados”, trabajan en puestos donde les sobra formación porque no les ofrecen otros. Menos “culpar” a los trabajadores y más aumentar el gasto empresarial en formación, reformar las oficinas de empleo y los cursos de formación y colaborar con la FP y la Universidad para una enseñanza dirigida al empleo. Ganarían ellos y todos.

Enrique Ortega

La queja de Garamendi se produjo en la presentación de un informe, elaborado por la patronal CEOE y Randstad, sobre cómo ven las empresas españolas 2023. Y lo primero que sorprende, ante el pesimismo económico reinante, es cómo se ven esas empresas hoy: casi 8 de cada 10 empresas encuestadas se ven “recuperadas” respecto a 2019 (15% plenamente recuperadas y otro 64% en buena situación, quedando sólo un 21% sin recuperar todavía). De cara a 2023, un año muy difícil en toda Europa, el 48% de las empresas creen que la situación española empeorará. A pesar de ello, 2 de cada 3 empresas contratarán nuevos trabajadores el próximo año. Y para contratar, lo que más preocupa a la mayoría  (53% empresas) es “el déficit de talento”, la falta de trabajadores, sobre todo cualificados, y el esfuerzo que tendrán que hacer para evitar que los mejores trabajadores se vayan (rotación). Esto es lo que hace decir al presidente de la patronal que “en España no hay trabajadores y muchas pymes están en riesgo de desaparecer” por ello y por el gasto que exige retener trabajadores.

El empleo lleva creciendo 28 meses, desde junio de 2020 (+1.928.500 empleos), tras lo peor de la pandemia, pero la patronal lleva todo este tiempo quejándose de que “no encuentran trabajadores”: el sector de la construcción habla de un déficit de 700.000 trabajadores, los empresarios del campo indican que les faltan entre 50.000 y 100.000 temporeros,  la patronal del transporte señala un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros y los empresarios del turismo y la hostelería reiteran que no encuentran personal formado para cubrir unos 50.000 empleos. Y sobre todo, se quejan de que faltan “trabajadores cualificados”: hay 120.000 empleos digitales sin cubrir, según la Asociación Digital ES.

Sin embargo, este presunto déficit de empleos apenas se registra en las estadísticas: sólo había 145.053 empleos “vacantes” en junio de 2022 (el último dato del INE), pocos más que antes de la pandemia (101.009 empleos vacantes). Y de ellos, sólo se contabilizan 5.252 vacantes en la construcción (1.055 menos que a finales de 2021), 9.653 en la industria y 130.147 en los servicios (18.888 en la sanidad, donde las vacantes se han duplicado), 14.153 en el comercio, 9.257 en la hostelería y 3.382 en el transporte), según la EPA, que no recoge las vacantes en el campo. Las vacantes se dan más en las empresas pequeñas y medianas, especialmente en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Sorprenden las reiteradas quejas de la patronal sobre la falta de trabajadores cuando España es el país europeo con menos porcentaje de empleos vacantes, lo que parece lógico dado que tenemos el doble de paro que el resto del continente: tenemos un 0,9% de empleos por cubrir (145.053), igual que Rumanía y Bulgaria, muy lejos del porcentaje de empleos vacantes de la UE-27 (el 3%), de Holanda (5,1%), Bélgica (5%), Alemania (4,9%), Suecia (3,6%), Francia (2,4%) e Italia (2,3%), según los datos de Eurostat. Y EEUU tiene el 6,2% de empleos vacantes, por la enorme rotación y su bajísimo desempleo (3,7%).

¿Por qué  hay empleos sin cubrir? “La falta de trabajadores tiene mucho que ver tanto con la aptitud como con la actitud”, señaló hace unos días Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, “culpando” así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Pero sindicatos y expertos creen que hay otras causas. La  primera y fundamental, los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales en algunos empleos, que disuaden a los trabajadores. No es casualidad que los sectores donde dicen que faltan trabajadores sean los que cobran sueldos inferiores a la media (25.165 euros brutos anuales): hostelería (14.136 euros), construcción (23.104 euros) y transporte (25.033 euros), según la última estadística de salarios del INE (2021). Y que estos trabajos tengan además horarios más largos y se hagan muchas horas extras sin cobrarlas (11% trabajadores en hostelería, 9% en construcción y transporte, según un informe de CCOO), sin olvidar las penosas condiciones de trabajo de los temporeros del campo. Y también influye el elevadísimo coste de los alquileres, que hace que sea muy difícil encontrar trabajadores en  Baleares, Barcelona, Madrid y Comunidad Valenciana. También influye, en la construcción, la práctica de la subcontratación en cascada, que deja a las empresas en manos de subcontratas que no cuidan su oferta laboral.

Lo que sí resulta un problema evidente es la falta de algunos empleos cualificados: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente, empleos donde 6 de cada 10 empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, según Manpower. Y aquí se plantea el 2º gran problema señalado por la patronal para 2023: las empresas tendrán que gastar más para retener el talento, para evitar que los trabajadores se vayan. Ya se lo dijo Biden hace meses a sus empresarios: “Páguenles más” (“Pay more them”). Es lo mismo que les ha dicho en España la ministra Yolanda Díaz y los sindicatos.

Sobre todo porque España tiene unos bajos salarios, que dificultan “atraer y retener talento”: el coste laboral es de 22,9 euros por hora, un -21,3% inferior a la media de la UE-27 (29,1 euros), un  -30,2% inferior a la zona euro, y un -38% inferior al coste laboral en Alemania (37,2 euros) y Francia (37,9 euros), quedando también por debajo de Italia (29,3 euros por hora), según los datos de Eurostat (2021). Y esa son medias, porque 4 de cada 10 trabajadores ganan menos de 1.000 euros al mes, según la Agencia Tributaria.

Pero la solución para encontrar trabajadores cualificados no es sólo pagarlos más: es que hay pocos. España tiene un problema estructural e histórico de baja formación de los adultos: un 36,1 % de los españoles (25 a 64 años) tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (16,4% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo 14,7% adultos poco formados), según el Informe de la Educación OCDE 2022. Y si nos fijamos sólo en los jóvenes (25 a 34 años), persiste este problema de baja formación: tenemos un 27,7% de jóvenes con la ESO o menos, frente al 11,8% en Europa. Ambos datos indican que tenemos un problema de baja formación laboral, fruto de muchos años de abandono escolar. Y además, en España hay pocos jóvenes matriculados en Formación Profesional (12% frente al 25% en la UE-27 y el 40% en Alemania), estudios que son los más demandados por las empresas.

Y junto a este déficit de formación, vinculado a fallos en el sistema educativo, España tiene el problema contrario: un mayor porcentaje de universitarios que el resto de Europa (40,7% de los adultos frente al 38,3% en la UE y el 31,3% en Alemania. Y como la economía española está más centrada en los servicios (turismo, hostelería y comercio) y menos en la industria y las actividades innovadoras, la mayoría de nuestros universitarios (sobre todo los jóvenes) no trabajan en empleos cualificados, sino en  “lo que encuentran”. Y así, tenemos un país donde faltan trabajadores cualificados y a la vez, el 29,2 % de todos los asalariados del sector privado (ojo: 3.925.951 trabajadores)  están “subempleados”, están “sobrecalificados” para el trabajo que hacen (universitarios en un bar, un comercio o un supermercado). Y somos el tercer país europeo con este problema, que afecta al 38,8% de los jóvenes universitarios, frente al 24,1% de media en la UE y el 18,7% en Alemania.

Así que faltan trabajadores cualificados y sobran empleos poco especializados ocupados por personal cualificado. Un desajuste que sólo se puede corregir con la formación, desde la escuela y la Universidad a las empresas. Pero aquí chocamos con dos problemas. Uno, que la educación ha estado al margen de las necesidades de las empresas durante demasiados años. Y el otro, que las empresas españolas (que ahora se quejan) no se han preocupado por la formación de sus trabajadores. Primero, porque gastan en la formación de sus empleados la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte de esta formación la hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10% del total. Y segundo, porque las empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y ha seguido cayendo hasta los 60,51 euros en 2021, según la última encuesta de coste laboral del INE. Y esa caída es más llamativa si la vemos en porcentaje del coste de un trabajador: si en 2011, las empresas dedicaban a formación el 0,35% del coste laboral, ahora es el 0,18%.

El problema no es sólo que las empresas gasten poco en formación. Es que además, el sistema vigente para formar a los trabajadores y parados no funciona. Existe una cuota de formación que pagan cada año las empresas (0,6% de las nóminas) y los trabajadores (0,1%), para destinar estos recursos (2.200 millones de euros) a formar parados (la mitad del dinero, que gestionan las autonomías y sus oficinas de empleo) y trabajadores ocupados (una parte a través de las autonomías y la SEPE, y la mayor parte gestionado por la Fundae, una Fundación tripartita (patronal, sindicatos y Estado), que ofrece cursos gratuitos y financia cursos que hacen las empresas. El problema es que la mitad del dinero que gestiona la Fundae no se gasta en formación (sólo 513 millones de los 968 asignados en 2021), bien porque las empresas no solicitan cursos (son desconocidos y muchos son muy generalistas y poco atractivos), bien porque tienen que adelantar el 40% del importe y tardan en recuperarlo, o bien por no dar permisos retribuidos para hacerlos a sus empleados.

El problema es tal que sólo entre 2015 y 2020 se han quedado sin gastar 2.635 millones de las cuotas pagadas por empresas y trabajadores para formación, según datos del Ministerio de Trabajo. No pasa  sólo con los cursos de la Fundae, sino que tampoco la SEPE y las autonomías gastan lo que tienen para formar a los parados. Y las empresas muestran tan poco interés como que en 2021, sólo 322.767 empresas hicieron cursos subvencionados, el 10% de las existentes. Y se formaron 4.841.385 trabajadores, un tercio del total de asalariados del sector privado. 

Así que las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados y no se quejan del desastre de la formación con sus cuotas (el sistema lo reformó el PP, en 2015, pero sigue sin funcionar). Y tampoco funcionan los cursos para parados que hace el SEPE: solo 65.389 desempleados (el 2%) hicieron cursos en 2021, según el SEPE. Urge reformar el sistema y las oficinas de empleo (SEPE), para que trabajadores y parados hagan los cursos ligados a los empleos para los que no se encuentran trabajadores (construcción, transporte, hostelería y turismo) y para mejorar la cualificación de los trabajadores que han de reciclarse.

En paralelo, hay que volcar la enseñanza, de la escuela a la Universidad, y sobre todo la Formación Profesional, hacia los empleos del futuro, lo que exige dotar de medios, centros y profesores (este curso, ha habido una falta de más de 50.000 plazas en Centros públicos de FP, sobre todo en  Madrid y Cataluña). Y ahora que existe una Ley para promover la Formación Profesional (entró en vigor el 20 de abril de 2022), es fundamental que las empresas colaboren, porque se ha puesto en marcha la FP dual, que supone derivar a las empresas una parte de la formación de los alumnos (entre un 25 y un 35% a nivel general y del 35 al 50% en los cursos intensivos). Eso exige que las empresas organicen programas de formación y tutores, lo que les supone medios, costes y tiempo (que recuperarán si contratan luego a los alumnos formados). El problema que se está dando este curso, el primero con la nueva Ley de FP, es que los Centros no encuentran empresas colaboradoras. Un ejemplo: en Aragón hay apuntadas a la formación dual 252 empresas, de un censo de 88.000. Y luego se quejan de falta de trabajadores cualificados…

Además de mejorar la formación, para conseguir los trabajadores formados que hacen falta, hay que mejorar las relaciones laborales, no sólo los salarios y condiciones de trabajo, sino también “el trato” y la consideración al trabajador, que muchas veces se siente “poco integrado”.  Porque todavía hay demasiadas empresas con una gran rigidez y escasa flexibilidad laboral, donde los trabajadores no se sienten cómodos y eso facilita que se vayan a otra empresa, no siempre por dinero. De hecho, más de la mitad de los trabajadores (un 54%) se sienten “desmotivados” en su trabajo, según el último informe Hays 2022. El primer motivo de descontento es el sueldo (que lleva años perdiendo poder adquisitivo, un -4,6% este año, el doble que la media en la OCDE), pero también se señalan otros factores: tipo de contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral, tener un jefe "tóxico", no poder tener una carrera laboral en la empresa o sentirse discriminado laboralmente. Razones que están detrás de los cambios de trabajo y del “pasotismo” del que se queja Garamendi.

En definitiva, no tenemos tanto un problema de empleos vacantes como de empleos que muchos no quieren por su baja remuneración y su dureza. Y sí tenemos un problema grave de falta de trabajadores cualificados, que exige modificar el sistema educativo, potenciar la FP y, sobre todo, apostar por la formación y cualificación permanente de empleados y parados. Una tarea en la que las empresas necesitan gastar más en formar a sus trabajadores ante las nuevas exigencias tecnológicas. Menos "culpar” a los trabajadores y más arrimar el hombro para conseguir una mano de obra preparada y competitiva. Ganarían ellos y todos.

España falla en la formación de adultos

Casi el 40% de los adultos españoles está poco formado, más del doble que en Europa. España no se esfuerza por formarlos, ni cuando trabajan ni cuando están parados: sólo el 10,5% de los adultos se forma tras finalizar sus estudios, menos que en la mayoría de paises. La educación reglada de adultos ha caído a la mitad, los cursos de formación sólo los hacen el 3,5% de los parados y entre los trabajadores en activo, sólo 2.800.000 hacen algún curso. El problema no son los recortes, que han reducido cursos, sino que ni siquiera se gasta el dinero disponible (tenemos 2.000 millones de remanente), porque ni parados ni trabajadores se animan a formarse en cursos largos y poco atractivos. Y las empresas se quejan de hay mucha burocracia y tienen que adelantar el dinero. La formación de adultos no funciona y tanto sindicatos como patronal piden cambios. Urge mejorarla si queremos mano de obra preparada para la revolución tecnológica que está ahí. A formarse.

enrique ortega

España es un país con poca formación para trabajar. El último dato de la OCDE (2018) es muy revelador: un 39,9% de los adultos (25-64 años) tienen baja formación (la ESO o menos), frente al 18,7% de media en Europa (UE-23), el 10,9% en Finlandia, 13,3% en Alemania, 20,6% en Francia, 33,3% en Reino Unido o el 38,3% en Italia (sólo Portugal está peor, con el 50,2% de adultos poco formados). Y otro 22,9% de adultos españoles tiene una formación media (Bachillerato o FP), frente al 46,2% en Europa. Eso sí, tenemos más universitarios: un 37,3% de los adultos, frente al 35,6% en Europa (UE-23). 


No sólo tenemos menos adultos formados, según sus títulos. Es que, además, tienen menos “habilidades”, menos competencias prácticas, según el informe PIACC 2013, que nos sitúa “a la cola de Europa”. En comprensión lectora, tenemos a un 27,2% de los adultos en su nivel mínimo (Finlandia tiene sólo al 10%). En matemáticas, el 30,6% de adultos se sitúan en el nivel mínimo, el porcentaje más alto de toda Europa con Italia. Y lo mismo sucede en informática (el 42% de los adultos españoles son “casi analfabetos digitales”) y en idiomas: la mitad de los adultos españoles (49%) no conocen otro idioma extranjero, frente al 34% de media en Europa, el 10% en Escandinavia o el 15% en Holanda y Suiza.


En definitiva, hay demasiados españoles con poca formación académica y con pocas habilidades prácticas, lo que explica en buena medida que tengamos el doble de paro. Y que el 72% de las empresas españolas se quejen de que no encuentran el perfil de trabajador que necesitan. Pero el problema se va a agravar en el futuro, con la revolución tecnológica, donde sólo tendrán empleo los mejor formados: para 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para los trabajadores con formación media (sólo el 22,9% de los adultos españoles), el 35% para los que tienen alta formación (37,3% españoles adultos) y sólo quedará un 15% del empleo para los peor formados (casi el 40% de los españoles), según un estudio de CEDECOP. Y centrados en España, de los nuevos empleos disponibles dentro de diez años, entre 8,8 y 10 millones, sólo el 2,3% serán para los que tienen baja formación, un 39,5% para los que tienen estudios medios y más de la mitad (58,4%) para los que tengan educación superior, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie.


La urgencia de formarse es evidente, pero el problema es que España parte de una baja formación y se ha hecho poco por mejorarla. Otra vez más, los datos son impactantes: sólo el 10,5% de los adultos españoles se forman a lo largo de su vida laboral, por debajo del 11,1% de media en Europa y sobre todo por debajo del 14,6% que se forma en Reino Unido, del 19% que se forma en Francia y Holanda o del 30% que casi alcanzan en Finlandia o Suecia, aunque España queda por encima de la formación continua en Alemania (8%, aunque es un país con alta formación de partida), de Italia (8,1%) y Portugal (10,1%), según Eurostat. La Comisión Europea cree que la formación continua es uno de los grandes retos del continente y planteó un objetivo dentro de la Estrategia Europa 2020: que llegue al 15% el año próximo.


Ese 10,5% de adultos que se forman a lo largo de su vida lo hacen en España por 3 caminos: los estudios “reglados” que promueve el Ministerio de Educación (formación de adultos) y la formación “no reglada” (fuera del sistema educativo), que promueve el Ministerio de Trabajo y las fuerzas sociales (sindicatos y patronal), a través del SEPE y de la Fundación para la formación en el empleo (FUNDAE), para los parados y para los que trabajan.


El primer camino, la formación de adultos en centros educativos, ha caído a la mitad en los últimos años: alcanzó un máximo en 2011-2012 (474.621 alumnos) y fue cayendo después, sobre todo en 2014 (328.348 alumnos), para llegar a 230.026 alumnos matriculados en enseñanzas para adultos en el curso 2018-19, casi la mitad para sacar la Secundaria (105.746), otros 14.952 para obtener la ESO y 19.254 para acceder a la Universidad. Este desplome en la educación reglada para adultos se debe sobre todo a los recortes, que redujeron profesores y centros: hay 418 centros menos que en 2011 (-16%), 2.323 centros  educativos que imparten enseñanza para adultos (el 98,9% públicos). Pero también hay un desinterés hacia esta educación, poco flexible (horarios) y poco incentivada socialmente.


El segundo camino, que se bifurca en dos, es la formación “no reglada”, los cursos que se imparten a parados y ocupados. Se financia con las cuotas de formación que cotizan cada mes empresas y trabajadores (el 0,7% : 2.101 millones en 2018), más una pequeña aportación el Presupuesto y de los Fondos europeos (312,55 millones en 2018). En total, fueron 2.414 millones de euros en 2018, que se reparten para formar a parados (1.148 millones) y trabajadores (1.148 millones), junto a la financiación de becas y otros gastos (118 millones). El problema ha sido que la formación fue una de las partidas que más sufrieron los recortes de Rajoy: la aportación del Estado a la formación no reglada pasó de 934 millones en 2011 a 134 millones en 2015.


Vayamos a la formación a los parados, que gestionan el SEPE (antiguo INEM) y las autonomías (responsables del 95% de esta formación). En 2018, sólo 117.538 parados finalizaron cursos de formación, en 1.622 centros públicos de empleo y 18.780 entidades privadas de formación, según el SEPE. Significa que sólo el 3,5% de los parados registrados hicieron cursos: fueron básicamente mujeres (52,91%), parados de edades medias (53,23% entre 25 y 45 años) y mayores (26,37%), pocos jóvenes (20,3% eran menores de 25 años), con formación media (36% con Bachillerato o FP) y alta (14 % universitarios) y sobre todo parados con baja formación (49%). Y dos tercios de los que hicieron cursos volvieron a trabajar.


Este bajo porcentaje de parados que hacen cursos (3,5%) es doblemente preocupante si sabemos que la mayoría de los parados españoles tienen baja formación: casi la mitad de los 3.214.100 parados que había en España en septiembre (EPA) tienen la ESO o menos (49,19%), una cuarta parte Bachillerato o FP (24,62%) y otra cuarta parte son universitarios (26,17% de los parados), según el INE. Y están aún peor formados los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajar (1.243.400 en septiembre): el 53,4 % tienen la ESO o menos, el 23,3% Bachiller o FP y el mismo porcentaje de universitarios.


Y vayamos al tercer camino para formarse, los cursos para trabajadores en activo, que se imparten a través de la Fundación para la Formación (FUNDAE, integrada por Trabajo, sindicatos y patronal) y del SEPE. Existen dos fórmulas: la formación bonificada (que imparten las empresas, ellas directamente o a través de empresas de formación, a cambio de recibir ayudas en forma de recorte de cotizaciones) y la formación subvencionada, cursos gratuitos que se convocan y que se ofrecen a través de entidades de formación acreditadas. Dos tercios del dinero van a la formación bonificada que programan las empresas y el tercio restante a los cursos que convoca la FUNDAE.


En total.  en 2018 hubo 360.052 empresas que utilizaron la formación bonificada, alguna más que en 2017 (+4.545) pero 118.000 menos que en 2013 (478.621 empresas hicieron formación), según la FUNDAE. Son sólo el 21,2% de las empresas que podrían hacerlo, una cifra muy baja y que se reparte de forma desigual: hacen poca formación las microempresas (el 16,6%) y las pymes (el 49,7%) y mucho más las medianas (81,2% la hacen) y las grandes (92%), probablemente las que tienen el personal mejor formado. Las que más hacen formación son las empresas de Madrid (se llevan 156 millones), Cataluña (110) y País Vasco (28,5 millones), sobre todo empresas de servicios, hostelería, comercio e industria.


En cuanto a los trabajadores, 2.800.000 ocupados hicieron cursos de formación en 2018, sólo el 21,3% de los trabajadores que podrían formarse. Y realizaron 1,6 cursos de media, con 14,8 horas de media por curso (en 2008 eran 27 horas de media), la mayoría presenciales (75,5%) aunque crecen los online (23,5% cursos). El perfil del trabajador que hace cursos bonificados o subvencionados es hombre (54,7%), de 36 a 45 años (23,19%) y de 46 a 55 años (17,80%), pocos jóvenes (17,5% menores 35 años), con un nivel de estudios alto (29% son universitarios) y medio (45% son trabajadores cualificados), muchos directivos y jefes (30%), la mayoría trabajan en grandes empresas (el 56%) y escogen cursos de comunicación y marketing (22,85%), administración y gestión (20,20%), informática y comunicaciones (12,19%), servicios socioculturales (10,90%), hostelería y turismo (5,92%), según la Memoria 2018 de FUNDAE.


Parece claro que la formación a los trabajadores no funciona cuando sólo la hacen 360.000 empresas (hay 3 millones registradas) y 2.800.000 trabajadores (hay 16.790.000 asalariados). En 2015, el Gobierno Rajoy impuso una reforma de la formación, para atajar la ineficacia y el fraude, quitando la semi exclusividad de los cursos a sindicatos y patronal. Pero las fuerzas sociales, que ya se quejaban entonces del sistema, hoy se quejan más. Primero, porque han caído el número de empresas que hacen formación. Segundo, porque la nueva normativa ha encarecido los cursos, expulsando a las microempresas de 5 a 10 trabajadores. Tercero, por la falta de transparencia en la adjudicación de los cursos, que se concentran en menos empresas, vinculadas a grandes consultoras: sólo 19 entidades se reparten el 30% de los fondos (con 3 millones cada una) mientras las 287 restantes se llevan una dotación media de sólo 67.000 euros. Cuarto, que hay un exceso de burocracia y las empresas tienen que adelantar el 40% de los cursos y tardan en recuperarlo. Y quinto, que los cursos son demasiado generalistas y poco ligados a lo que necesitan las empresas.


Pero la mayor crítica que hacen sindicatos y patronal al sistema de formación es que es ineficaz, porque no es capaz de gastar los recursos disponibles: Trabajo les ha reconocido que hay un remanente de 1.504 millones de euros no gastados entre 2015, 2016 y 2017. Y en 2018, sólo en la formación bonificada, no se utilizaron 125 millones, el 19,3% del Presupuesto disponible, según la Memoria de FUNDAE. Pero la patronal CEOE va más lejos: entre 1993 y 2016, de los 35.215 millones pagados para la formación por empresas y trabajadores (vía cuotas a la SS), sólo se gastaron 20.682 millones. El resto, 14.533 millones (el 41,3%) es un remanente que no fue a formación (no será porque no hace falta) y que los distintos Gobiernos han gastado en otras cosas o en reducir el déficit.


Ahora, sindicatos y patronal insisten en que la reforma del sistema de formación debe de ser una prioridad de cualquieracuerdo social y con el futuro Gobierno. Hace falta un Plan integral de formación, para trabajadores y parados, que consiga gastar lo presupuestado, en cursos que sean útiles para mejorar la cualificación y afrontar la revolución tecnológica. Y es clave mejorar la transparencia en la gestión y la eficacia, con auditorías. Además, algunos expertos apuestan por no hacer la formación sólo a través de las empresas sino crear la figura del “cheque formación”, para que no haya trabajadores excluidos. Y promover en los convenios la formación continua, con incentivos a los trabajadores que se formen. En paralelo, urge reformar los cursos para parados, aumentando su utilidad y vinculándolos al cobro de prestaciones. Y en la enseñanza reglada, incluir la educación de adultos como una prioridad de un necesario Pacto Educativo, con más profesores y centros implicados.


En definitiva, se trata de conseguir que los españoles adultos estén mejor formados y más preparados para los nuevos empleos que ya se necesitan hoy y para las habilidades que se van a exigir en el futuro. Un factor clave para lograr que trabaje más gente (debería haber 1,8 millones de personas más trabajando para equipararnos al empleo europeo) y que trabajen mejor, con más eficacia (España ocupa el puesto 23 en el ranking mundial de productividad). Eso exige aprobar un Plan de formación continua (no existe), recursos y apoyo, desde las empresas y los sindicatos al poder  político. Nos jugamos el futuro.