Más subsidio para más parados

La primera medida económica de calado aprobada por el nuevo Gobierno Sánchez ha sido la reforma del desempleo, que hoy cobran sólo 2 de cada 3 parados registrados (1 millón de parados no cobran nada). El objetivo de esta reforma, exigida por Bruselas y que entrará en vigor el 1 de junio, es doble. Por un lado, que el subsidio de paro llegue a 425.000 desempleados más y que cobren algo más (entre 570  a 540 euros el primer año, frente a 480 hoy), porque la mitad de los parados son “pobres”. El otro objetivo es conseguir un mayor compromiso (y control) de los parados en la búsqueda de empleo, ayudándoles con asesoramiento personalizado. Es un avance, pero la clave es conseguir que las oficinas de empleo (hoy inútiles, salvo para papeleos) ayuden a los parados a encontrar trabajo, con tutorías y formación, sobre todo para los mayores de 50 años, que hoy no encuentran empleo y malviven con los subsidios. Políticas activas de empleo y no limosnas. 

 

                 Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el desempleo. En octubre (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.736.502 parados, el 62,9% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.759.404 parados inscritos en octubre). Eso significa que 1 millón de parados registrados como tales (exactamente 1.022.902) no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el paro o porque no tienen derecho por no haber cotizado suficiente. Y si lo comparamos con las personas que se consideran paradas, según la EPA, 2.855.200 a finales de septiembre (hay 95.796 parados que no se han registrado en el SEPE), resulta que hay 1.118.698 personas que dicen estar en paro y no cobran ningún subsidio. 

Volviendo a esos 1.736.502 parados registrados que sí cobran ayuda, hay dos tipos de subsidios. Menos de la mitad de los parados, 772.852 desempleados (el 44,5% de todos los beneficiarios) cobran un subsidio contributivo, cuyo importe tiene que ver con el tiempo que ha trabajado y cotizado (se exigen 360 días de cotización en los últimos 6 años) y con su sueldo (reciben el 70% de la base reguladora los primeros 6 meses y el 50% después). Y se cobra entre 4 meses (si ha cotizado menos de 539 días) y un máximo de 2 años (para los que han cotizado 720 días). En octubre, el importe medio que cobraban esos 772.852 parados con prestación contributiva era de 974,20 euros mensuales.

Y luego están la otra mitad larga de parados, 963.650 desempleados (el 55,5% del total que cobran algo) que reciben el subsidio asistencial, una ayuda para los que ya no tienen derecho a la prestación contributiva, porque se les ha acabado o no cotizaron lo suficiente (710.622 en octubre) o son eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura (158.552 parados más) o han agotado todas las prestaciones (renta mínima de inserción: 94.476 parados la recibían en octubre). El importe de este subsidio, que ya no tiene que ver con el tiempo cotizado, es igual para todos y se fija cada año, en un 80% del IPREM (un indicador público de referencia para ayudas y subvenciones): en 2023 es de 480 euros, lo que cobran de subsidio asistencial esos 963.500 parados. Y este subsidio asistencial (no el contributivo) es el que contempla la reforma aprobada la semana pasada.

¿Quién cobra este subsidio asistencial de 480 euros?  La mayoría son parados de más de 52 años (433.691 parados, el 44,65% del total), que cobran esta prestación mensual hasta que alcanzan su edad legal de jubilación (66 años y 4 meses o 65 años si ha cotizado suficiente). Otro grupo importante, según los datos del SEPE,  son los parados que han agotado su prestación contributiva (136.785 parados, el 14,8% de los subsidios asistenciales). Y les siguen los parados que han cotizado menos de lo exigido para tener una prestación contributiva (120.766 parados, el 10,07% del total). Luego están los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, que cobran la renta agraria (74.518) o el subsidio agrario (82.024 parados), que exige menos requisitos. Y quedan los 97.874 parados (10,07% de los subsidios asistenciales) que cobran la renta activa de inserción, una última oportunidad de cobrar algo para los que han perdido todos los subsidios.

Todos estos colectivos cobran esos 480 euros al mes durante 6 meses, aunque puede extenderse hasta 30 meses a los parados mayores de 45 años con cargas familiares (los mayores de 52 años, cobran el subsidio hasta que se jubilan). Según los datos del SEPE, el 55% de los parados que cobran estos subsidios asistenciales son mujeres, el 68% tienen más de 50 años y el 92% son españoles (sólo un 8% son extranjeros). Y por regiones, la mayoría de los que cobran el subsidio viven en Andalucía (496.691 subsidiados, el 8,20% de sus activos), seguidos de Cataluña (228.093 subsidiados, el 2,4% de sus activos), Comunidad Valenciana  (200.486 subsidiados, el 4,1% de sus activos), Madrid (173.512 subsidiados, el 1,9% de sus activos), Canarias (95.586 subsidiados, el 4,8% de sus activos), Galicia  (81.824 subsidiados) y Extremadura (71.686 subsidiados, el 10,4% de sus activos).

El primer problema que tiene este subsidio de desempleo es que 1 millón largo de parados registrados no cobra nada y que la mayoría de los que sí cobran, esos 963.650 parados que tienen un subsidio asistencial sólo reciben 480 euros mensuales. Eso les lleva a una situación de marginalidad: el 41,7% de los parados están (2022) en una situación de “pobreza” (ganan menos del 60% de la media del país), el doble que la media de españoles (20,4% son  oficialmente “pobres”), según la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN). El segundo problema, es que muchos parados llevan años en el desempleo, un pozo del que no salen: el 39,67% de todos los parados (1.132.700) llevan más de 1 año sin trabajo, según la EPA. Y la mayoría de los parados con más de 50 años no encuentra trabajo nunca.

La reforma aprobada el pasado martes por el Gobierno y pactada antes con Bruselas (para recibir la 4ª entrega de Fondos europeos, 10.021 millones solicitados el miércoles pasado) busca abordar esos 2 problemas de fondo del desempleo en España: que cobren más subsidio más parados y tratar de sacarles del desempleo, con más exigencias para que sigan cobrando y con más ayudas para recolocarles. Trabajo (Yolanda Díaz) ha hecho más hincapié en mejorar las ayudas y la vicepresidenta económica (Nadia Calviño) se ha preocupado más por exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y ayudarles más a recolocarse. Al final, la reforma aprobada es un pacto entre ambas.

El primer objetivo de esta reforma de los subsidios de desempleo (la prestación contributiva no se toca) es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio a 3 colectivos que ahora no cobraban nada, 425.000 nuevos beneficiarios: 150.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de subsidio, siempre que hayan cotizado 3 años, periodo que los sindicatos ven “excesivo”), 250.000 eventuales agrarios de toda España (ahora sólo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 25.000 que son trabajadores “transfronterizos” (marroquíes) en Ceuta y Melilla. Ellos, y los 963.650 parados que hoy cobran el subsidio asistencial recibirán una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses restantes (el máximo son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración de la prestación). Sólo los mayores de 52 años seguirán cobrando hasta jubilarse los 480 euros actuales.

Con la reforma, el subsidio asistencial se simplifica y sólo habrá 2 motivos para cobrarlo. Uno, haber agotado la prestación contributiva o no haber cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser mayor de 52 años y estar en paro. Para el resto, los que agoten esta prestación contributiva, se abre una “pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo. Otra novedad es que se acelera el cobro del subsidio: ya no habrá un mes de espera sin cobrarlo, se recibirá desde que se conceda.

El segundo objetivo de esta reforma es conseguir que los parados encuentren empleo, facilitar y promover que lo busquen y encuentren. La primera medida es permitir cobrar este subsidio y trabajar durante menos de 6 meses, algo ahora incompatible. Eso provoca que haya parados que rechacen hoy un trabajo de temporada (verano o Navidad) porque tienen que renunciar al subsidio y lo que ganan no les compensa perderlo. Esto debería facilitar que los parados acepten trabajos y que las empresas los “prueben”.  Sólo se ponen dos salvaguardas, para evitar fraudes: que no pueden hacerlo empresas con un ERE y que una empresa no puede contratar a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.

Otra medida para incentivar a los parados a buscar y aceptar trabajo es que se les va a exigir ahora la firma de un “acuerdo de actividad”, a cambio de cobrar el subsidio: se trata de una serie de obligaciones que ha de cumplir el parado para mejorar su empleabilidad. No sólo tendrá que demostrar cada año sus ingresos (con la declaración del IRPF), sino que tendrá que actualizar su situación, hacer los cursos y la adaptación que se le exija y justificar los trabajos que rechace. Todo ello supondrá un mayor control del parado, ya no renovará sin más su demanda para cobrar, como ahora. Y si incumple, perderá el subsidio de desempleo.

La clave del éxito de esta reforma no está en el Real Decreto Ley aprobado la semana pasada, que entrará en vigor el 1 de junio de 2024 (para nuevas cuantías, beneficiarios y requisitos), el tiempo que necesitan las oficinas de empleo para adaptarse. Lo decisivo será la aplicación de la Ley de Empleo, aprobada en febrero de 2023, que pretende conseguir una tutoría personalizada de todos los parados: que las oficinas de empleo tengan un análisis laboral de cada parado y lo ayuden a colocarse, con políticas específicas para cada grupo o colectivo. Se busca que las oficinas de empleo dejen de ocuparse de la burocracia de los subsidios (ahora más simples) y se dediquen a asesorar a cada uno de los parados a salir del paro. Un dato de su ineficacia: en la última década, las oficinas de empleo (SEPE) sólo han intermediado en un 2% de los contratos conseguidos por los parados, según Trabajo. Ahora, el compromiso que se fija la Ley de Empleo es hacer un seguimiento personalizado de cada parado a lo largo de 2024.

En paralelo al Real Decreto de reforma del subsidio de desempleo, el Gobierno se ha comprometido a elaborar en 6 meses (para junio de 2024), con sindicatos y patronal,  una Estrategia para reducir el paro de larga duración, “dar una salida” a esos 1.132.700 parados que llevan más de 1 año sin trabajar, la mayoría mayores de 45 años (el 79% del total). Para conseguirlo, plantea elaborar en 2024 una herramienta que permita  a estos “parados difíciles” acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación.

La reforma a fondo del desempleo es clave para un país como España, que tiene el doble de paro que Europa (12% de la población activa frente al 6% la UE-27 y el 3,1% en Alemania, según Eurostat). La derecha y una buena parte de los empresarios siempre han pensado que muchos parados “no quieren trabajar” y prefieren “vivir del paro” (es falso: el 80% de los parados no agotan su prestación, según Yolanda Díaz). Por esa actitud "condenatoria", han defendido siempre  recortes en el seguro de desempleo. El más drástico es el que hizo Rajoy en 2013, recortando la protección, subiendo el subsidio hasta la jubilación de 52 a 55 años  y bajando la cotización pública por los parados (al 80%). Con ello, la cobertura de parados con alguna ayuda se desplomó, del 70,7% que cobraban algo en 2011 al 61,44% en diciembre de 2013, el 54,87% en 2015 y el 56% en mayo de 2018, antes de irse de la Moncloa. El primer Gobierno Sánchez aumentó la cobertura, que ahora está en el 67% (bruta). Y además, como en estos 5 años se han creado 1.738.000 empleos netos, ha aumentado la recaudación de cotizaciones para el desempleo. Y así, hoy tenemos más parados cobrando más (entre 2013 y 2017, el paro asistencial se estancó en 426 euros mensuales) pero, además, el sistema tiene un superávit de +5.700 millones, mientras con Rajoy tenía un déficit de -66.000 millones, según señaló Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros.

Pero seguimos teniendo un problema: España gasta mucho en subsidios a los parados (21.287 millones gastaremos este año 2023) y poco en ayudarles a encontrar trabajo (8.029 millones en 2023, aunque es el doble que en 2014). Por eso, muchos expertos creen que hay que apostar más por las “políticas activas de empleo”, por gastar más en formar y recolocar a los parados, para tener menos parados y gastar menos en subsidios. Y no sólo se trata de gastar más en incentivar la contratación de los parados, sino hacerlo de otra manera, porque hoy el 30% de los incentivos son para rebajar cotizaciones a los parados que se contratan y todo indica que es poco eficaz, que las empresas los contratarían igual y lo consideran una subvención encubierta, no un incentivo real a su contratación.

Por ello, hay que avanzar en “políticas activas” de empleo eficaces, por 3 caminos: orientar a los parados para ayudarles a buscar trabajo (sobre todo a los mayores y a los colectivos con más problemas para recolocarse), planes de formación para parados ligados a lo que demandan las empresas (que se quejan de que “no encuentran trabajadores”) y una mayor información de la demanda y oferta real de empleo, dinamizando la web de la SEPE (que solo tiene 71.753 empresas registradas, 685.304 demandantes y 51.265 ofertas de empleo). Eso exige destinar más recursos a las futuras oficinas de empleo (Agencia Pública de Empleo), sobre todo contratar personal especializado (como el de las ETTs), dado que tienen muy poco personal (8.000 empleados y necesitarían 3.500 más), demasiado mayor y poco formado para ayudar a recolocar a los parados. Y sobre todo, una mayor coordinación entre autonomías, porque la gestión del desempleo está en sus manos y cada una tiene una política distinta para gestionar los fondos estatales para políticas activas de empleo.

En resumen, que el Gobierno Sánchez ha dado un paso importante para intentar reformar el desempleo, para que los parados sean “menos pobres”, pero la clave sigue estando en conseguir que los 2.855.200 parados actuales encuentren un empleo. Y eso exige más recursos y más personal para reorientarles, formarles y ayudarles a colocarse. Es nuestra gran asignatura pendiente.

Oficinas de empleo: parados sin ayuda

El Consejo de Europa ha suspendido a las oficinas de empleo españolas, por segunda vez, calificándolas de “ineficientes”. Y la Comisión Europea, la OCDE y el FMI han coincidido, en sus últimos informes sobre España, en criticar las políticas activas de empleo, porque gastan poco y no ayudan  a que los parados encuentren empleo. Somos el segundo país con más paro de Occidente, pero el Gobierno no aprueba medidas eficaces para emplear   a los parados (la mitad lleva más de un año en paro y un tercio más de 4 años).Y las oficinas de empleo (SEPE) son un desastre: sólo encuentran  empleo al 1,8% de parados y no asesoran ni orientan al 91,3% de los parados registrados, muchos de ellos sin subsidio y sin formación (sólo hacen cursos el 5% de los parados). Hay que reformar a fondo las oficinas de empleo y gastar más en ayudar a los parados a formarse y encontrar trabajo. Cueste lo que cueste. 

enrique ortega

Cualquiera que haya estado en paro o conozca a alguien sin trabajo sabe que las oficinas de empleo (antes el INEM, ahora el SEPE) son un desastre: funcionan bien para pagar el paro (a los que lo cobran, sólo el 54% de los parados EPA), pero no ayudan a encontrar trabajo. Los datos son aún más contundentes. Basten tres. Uno, los parados tardan 9 meses y medio (de media) en recibir la primera atención personalizada en la oficina del SEPE y un tercio de ellos la reciben cuando llevan ya más de un año parados, según un estudio de Fedea. Dos, el 91,3% de los parados registrados no recibe ninguna orientación personalizada para encontrar trabajo. Y el 8,7% que sí recibe orientación son precisamente los que menos la necesitan, los parados que tienen más formación, los que cobran subsidio y los más jóvenes, no los parados mayores y menos formados. Y tres, sólo el 1,8% de los parados encuentran trabajo gracias a las oficinas de empleo, frente al 10% de media en Europa y en Alemania. El resto lo encuentra gracias a las ETTs privadas (17%) y sobre todo por su cuenta (81%), a través de amigos y familiares y sembrando currículos. Y las empresas cubren el 75% de sus ofertas de forma privada (no "visible"), acudiendo a sus intermediarios, no a las oficinas de empleo, según Adecco.

Las oficinas de empleo no ayudan a colocarse pero tampoco forman a los parados. El dinero de la formación (que sale en parte de las cuotas de empresarios y trabajadores) se dedica sobre todo a formar a los que están trabajando (3.576.000 en 2015) y poco a dar formación a los parados: sólo un 5%, 213.049 parados, recibió formación en 2015 (y de ellos, sólo 179.354 acabaron los cursos, un 4,2% de todos los parados). Y encima, la mayoría de los parados que reciben cursos vía SEPE son los jóvenes con más formación, los que menos los necesitan. Y reciben formación menos del 1% de los parados que llevan más de un año en paro y sólo el 0,29% de los parados de larga duración sin estudios, según Fedea. Y además, los cursos disponibles son demasiado largos (35% de más de 300 horas) y poco atractivos muy “clásicos”), sin mucha ligazón con los nuevos perfiles que buscan las empresas.

La consecuencia de esta inoperancia de las oficinas de empleo es que los parados sólo las usan para solicitar el cobro del paro y “sellar” periódicamente su demanda (online), pero no para buscar trabajo: sólo el 27,5% de los parados españoles busca trabajo en las oficinas de empleo, frente al 48,5% de media que lo hacen en Europa y el 80% de los parados alemanes que acuden a sus oficinas de empleo (Arbeitsämter), según datos recientes de la Comisión Europea. Y así pasa, que cuando llevan más de 2 años en paro y no cobran el subsidio, muchos parados se borran de las oficinas de paro, porque no les aportan nada. Y el Gobierno celebra que “baja el paro”. Las empresas también “pasan” de las oficinas de empleo y buscan trabajadores por su cuenta, mientras en Alemania, por ejemplo, las empresas están legalmente obligadas a registrar sus vacantes en las oficinas de empleo y toda esa información está en Internet. En España, el registro de las ofertas es voluntario y la web oficial del SEPE (¡creada en 2014¡) sólo tiene información de 39.275 vacantes.

Esta penosa situación de las oficinas de empleo es especialmente dramática para los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajar, porque son los que tienen más difícil colocarse (las empresas no quieren a los que lleven mucho en paro, porque creen que están “más fuera de lugar” y menos motivados) y  los que necesitan más ayuda para recolocarse. Ya son 2.392.000 los parados que llevan más de un año en paro, el 56,44% de todos los parados estimados (EPA  2016). Y de ellos, casi la mitad, 1.200.000 llevan más de 4 años sin trabajar, lo que hace a muchos de ellos “irrecuperables”.

Esta enorme bolsa de parados de larga duración tiene dos graves problemas hoy día con las oficinas de empleo, según revela un estudio de Fedea. Uno, que la mayoría no cobra ningún subsidio: cobran algo (la mayoría, 426 euros al mes) sólo el 28% de los parados que llevan entre 1 y 2 años en el paro y el 22% de los que llevan más de 4 años parados. Y el otro, que tampoco reciben servicio alguno del SEPE: sólo 1 de cada 5 parados de larga duración recibe algún asesoramiento de la oficina de empleo. Y los parados “viejos” con menos formación aún menos: sólo 1 de cada 8 reciben alguna orientación. En resumen, que ni les pagan ni les ayudan, así que les condenan al paro eterno…

La situación de estos parados de larga duración es tan grave que un Consejo Europeo, en septiembre de 2015, pidió a los paises que tomaran medidas urgentes para ayudarles, porque hay 12 millones en Europa (2,4 en España). Y a raíz de esta exigencia europea, el Gobierno Rajoy aprobó en 2016 un Programa de Acción Conjunta para ayudar a 1 millón de parados de larga duración (de 30 a 55 años) en tres años (2016-2018), ofreciéndoles elaborar un perfil y un itinerario para tratar de recolocarles. Es un buen principio, pero la iniciativa se queda escasa, porque afecta a menos de la mitad de los parados de larga duración (recordemos: hay 2.392.000) y, sobre todo, porque sólo cuenta con 515 millones de presupuesto (129 en 2016).

¿Por qué funcionan tan mal las oficinas de empleo? La primera razón es que se han visto muy afectadas por los recortes y están faltas de medios. Ya en el verano de 2012, el Gobierno Rajoy rescindió la contratación de 1.200 orientadores laborales que iban a ir a las oficinas del SEPE en las autonomías. Y aunque el paro se disparó, los recortes se llevaron desde 2011 un 4% de la plantilla de las oficinas de empleo (-381 empleados), que contaban en 2015 (último dato oficial) con 8.945 personas (sólo 6.383 son funcionarios: el resto, interinos y contratados). Eso supone que cada empleado del SEPE tenía a su cargo 473 parados registrados (eran 4.232.132 en 2015). Así resulta difícil asesorar y más cuando una gran parte de su trabajo se lo lleva la burocracia y pago de subsidios. Para comprender que las oficinas del SEPE están colapsadas, baste este dato: atiende cada empleado a 473 parados cuando en Alemania atienden  a 47 por empleado y a 22 parados en Reino Unido.

Pero no sólo falta personal. Lo fundamental es que falta presupuesto para hacer políticas activas de empleo, que han sufrido fuertes recortes con la crisis, mientras crecía el paro: España gastaba 7.400 millones en 2011 y bajó a 4.300 millones en 2013, el mayor recorte en toda Europa, según los datos de la Comisión Europea. Y aunque ha subido después, el gasto en políticas activas de empleo en España  fue de 5.265 millones en 2016, un 0,5% del PIB, muy lejos de lo que gastan otros paises con la mitad de paro o menos: 0,9% del PIB gasta en políticas activas Francia, 0,7% Bélgica o Austria, 0,64% Alemania (con la cuarta parte de paro que España), 0,84% Holanda o 1,81% del PIB Dinamarca, según datos de la OCDE. Así que tenemos el doble de paro pero gastamos mucho menos dinero y personal en reducirlo.

Y ya no es que gastemos menos, es que además gastamos mal, según ha puesto de manifiesto, por segunda vez en los últimos años, el último informe del Consejo de Europa, presentado en enero 2017: ha calificado de “ineficientes” a los servicios de empleo españoles y reprocha al Gobierno que no da indicadores de rendimiento de la gestión del desempleo. En paralelo, los organismos internacionales llevan años pidiendo al Gobierno español que se vuelque en las políticas activas de empleo, sin resultados. El informe de la misión del FMI que estuvo en España ya pidió en diciembre de 2016 mejorar las políticas de empleo y coordinarlas mejor con las autonomías. La OCDE, en su informe de marzo, acaba de pedir a España aumentar las ayudas a los programas de empleo para los parados de larga duración. Y el Informe España 2017 de la Comisión Europea dedica un capítulo a analizar las deficiencias de los servicios españoles de empleo y pide medidas para mejorarlos.

Un problema añadido a la falta de medios y presupuesto es que las políticas activas de empleo se reparten entre el Gobierno central y las autonomías, que son las responsables de las 711 oficinas del SEPE. Y como en sanidad o educación, cada autonomía tiene su propia gestión y su presupuesto adicional. Los expertos critican que no hay coordinación y que “cada una va a su aire”. Un ejemplo. En 2014, el Gobierno autorizó que 80 ETTs privadas colaboraran con las oficinas de empleo, para ayudarlas a recolocar parados. Pues bien, tres autonomías importantes, Andalucía, Cataluña y País Vasco no se han sumado a este acuerdo. Y mientras, las autonomías echan en cara al Gobierno Rajoy que les racanean los fondos para políticas de empleo: en 2016, los 1.800 millones que les tocaban para políticas de empleo se los transfirieron en diciembre (así Montoro rebaja el déficit…), con lo que tuvieron que “adelantar” el dinero (unas más que otras). Y se quejan de que el exceso de trámites exigidos por el Ministerio de Empleo ha frenado el Sistema de Garantía Juvenil europeo, al que sólo se han apuntado 400.000 jóvenes españoles de los 800.000 esperados. (Ahora, han forzado que el Gobierno cambie y acepte, desde diciembre de 2016, que los jóvenes apuntados al paro están automáticamente inscritos en el programa europeo).

España, el segundo país con más paro de Occidente, no puede seguir con una política desastrosa de gestión del desempleo. Urge tomar medidas para ayudar a los parados a recolocarse, sobre todo a esos 2,4 millones que llevan más de un año sin trabajar. Pero medidas eficaces, no “ocurrencias”, como la del presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, que propone formar durante 2 o 3 años a los trabajadores de las oficinas de empleo para que “aprendan” a orientar a los parados, aunque “ello implique una paralización temporal de las oficinas”… Señor parado: vuelva dentro de 3 años, que estoy aprendiendo. Vaya locura.

Las propuestas más razonables apuestan por actuar en tres frentes: gastar más, ofrecer servicios de apoyo personalizado a los parados y coordinar mejor la gestión de las oficinas, para que los parados tengan las mismas oportunidades independientemente de donde vivan. Gastar más en políticas activas de empleo debería buscar gastar como el resto de europeos, recuperando el presupuesto de antes de los recortes, al menos 7.400 millones, 1.200 millones más de gasto que ahora. Y con ese dinero extra, aumentar las plantillas de las oficinas del SEPE y gastar en dar más y mejores servicios a los parados. Aquí, la prioridad debería ser apoyar individualmente a todos los parados de larga duración (2,4 millones), con herramientas para hacerles un perfil y gestionarles un itinerario hacia el empleo, según una documentada propuesta que ha hecho Fedea. Y lo más eficaz sería ahondar en su formación y ofrecerles técnicas de búsqueda y orientación profesional, los dos servicios que más empleo consiguen. Y hacerlo en colaboración con expertos privados (ETTs y ONGs) y, sobre todo, con las empresas, que son las que tienen en su mano contratar. Y más colaboración con Europa: sólo 21.693 parados y 2.723 empresas españolas están registrados en el gran portal de empleo europeo Eures, que tiene 1,35 millones de ofertas. Además, Fedea propone crear una Mesa nacional por el empleo donde estén Gobierno, autonomías, empresas, sindicatos, ETTs, ONGs y expertos, para intercambiar experiencias de colocación, copiando las iniciativas que consigan más trabajo para los parados.

Algo hay que hacer y con urgencia, porque todavía tenemos 4.237.800 españoles parados (EPA  2016), la mitad sin cobrar nada y llevando más de un año sin trabajar, lo que reduce sus posibilidades de encontrar empleo. Hay que volcarse con ellos, con más dinero y más medios, para darles una salida como sea. Y eso exige cambiar a fondo las oficinas de empleo, para que ayuden de verdad a encontrar trabajo, la angustia diaria de 1 de cada 5 españoles.

¿Cómo se pueden crear más empleos?

Es la pregunta del millón. Pero habría que buscar una respuesta, porque al ritmo actual de creación de empleo, se tardaría más de una década en rebajar el paro a niveles aceptables. Y no podemos esperar tanto, sobre todo los casi 3 millones de parados que llevan ya varios años sin trabajar. La mayoría (53,3%) sin cobrar el paro, sumidos en la pobreza y la desesperación. No basta con presumir como Rajoy de que España crece: necesitamos crecer más, porque tenemos el doble de paro que Europa. Y para ello, urge reanimar la economía, con más inversiones públicas y privadas, olvidándose de más recortes (aunque los pida Bruselas). Subir salarios, bajar impuestos y recaudar más de los que no pagan. Y volcarse en políticas activas de empleo, en formar a los parados (más de la mitad tienen la ESO o menos) y reformar los servicios públicos de empleo, que sólo encuentran trabajo al 2% de parados. Es la primera preocupación de los españoles y debería ser la obsesión de todos para la próxima Legislatura. Necesitamos un gran pacto por el empleo.

enrique ortega

España lleva 9 trimestres seguidos creciendo, desde el verano de 2013. Pero poco, entre el 0,3% y el 0,5% trimestral, aunque este año 2015 el crecimiento aumentó, hasta alcanzar el 1% en el segundo trimestre. Pero la economía se ha desinflado en verano, bajando el crecimiento al 0,8% en el tercer trimestre (según el Banco de España), por efecto del estancamiento en Europa, la caída del comercio mundial y la crisis en Latinoamérica. Con ello, España crece el doble que Europa (3,1% este año frente al 1,5% previsto por el FMI para la zona euro), pero a un menor ritmo que antes del verano. De momento, se está creando algo más de empleo que el año pasado (479.700 nuevos empleos hasta septiembre, frente a 368.800 en los nueve primeros meses de 2014). Pero el empleo debería crecer mucho más, ya que estamos creciendo el doble que el año pasado (3,1% frente al 1,4% en 2014).

¿Qué pasa? Pues que las empresas han agotado ya “el primer tirón” de nuevas contrataciones, iniciado en la primavera de 2013, destinado a cubrir los puestos de trabajo más urgentes, tras los drásticos despidos de la crisis (3.723.200 empleos perdidos entre 2007 y 2013). Y ahora, mientras el consumo apenas crece y la inversión no despega, ya no contratan apenas, a la espera de que la economía se reanime con más fuerza. Y además, se han agotado las contrataciones“ electorales”, los empleos creados esta primavera en muchas autonomías y Ayuntamientos (obras públicas, sanidad, educación y personal administrativo)  por las elecciones de mayo pasado, algo que puede repetirse de aquí a diciembre, por el 20-D, por  el cobro de una parte de la extra de los funcionarios y las inversiones “electorales”.

Pero el crecimiento es aún bajo y se crea poco empleo para un país con 4,85 millones de parados, un 21% de los españoles, el doble que en Europa (11%). A este ritmo de creación de empleo (2.000 diarios), harían falta 15 años para volver a unos niveles de paro aceptables, el 8% de paro de antes de la crisis. Y eso porque hay que buscar empleos para los parados actuales, para los jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo y para otros 2,7 millones más de españoles “desanimados” (7% de personas “inactivas a su pesar”, frente al 6,3% en Europa), que han dejado de buscar trabajo porque no hay, pero que se “animarían” a buscarlo si la economía y el empleo crecieran más. O sea, que España necesita crear al menos 5  millones de empleos en los próximos años para dejar el paro en el 8%.

Una tarea inmensa y además urgente, porque más de la mitad de los parados actuales no pueden esperar más. Son los 2.942.300 parados de larga duración, que llevan más de un año sin trabajar, según la última EPA (y de ellos, 2,1 millones llevan más de 2 años y casi 1,5 millones llevan tres o más). Un grupo enorme, con pocas posibilidades de encontrar trabajo, por dos razones. Una, porque las empresas prefieren ofrecer los pocos empleos que hay a los que llevan menos tiempo en el paro: los parados de larga duración tienen un 6,7% de posibilidades de encontrar trabajo frente al 26,5% del resto, según Asempleo. Y la otra, porque más de la mitad de estos parados tienen poca formación (la ESO o menos) y demasiada edad (1,7 millones de parados tienen más de 45 años). Así que muchos de estos parados de larga duración (mayores de 45 años, mujeres y jóvenes sin experiencia) están condenados a no trabajar nunca más, mientras ven que se les acaba el paro: el 53,3% de todos los parados no cobran ya el desempleo (2,58 millones) y aún son más entre estos parados de larga duración.

¿Qué se puede hacer para crear más empleos? La receta de la patronal CEOE es la misma de siempre: más flexibilidad laboral, repartir el poco empleo que hay entre más gente, con más contratos temporales mal pagados. Su propuesta a los partidos cara a las elecciones del 20-D pasa por tres medidas “clásicas”: flexibilizar el despido (pagar una menor indemnización por despido a los  trabajadores fijos), aumentar la contratación temporal y crear un contrato para jóvenes, con jornadas reducidas y sueldos inferiores al salario mínimo (los “minijobs”, a 400 euros mensuales). Su objetivo no es crear más empleo sino precarizar más el poco empleo que se cree, sustituyendo trabajadores maduros por jóvenes con “minijobs”.

Pero así, repartiendo y precarizando el escaso empleo, no resolvemos el problema y sí creamos otros, como el subempleo (un 22,2% de los trabajadores españoles son pobres ya: ganan un 60% de las rentas medias, según un reciente informe de la OIT), que impide la recuperación del consumo y que los jóvenes tengan un futuro, además de hundir las cuentas de la Seguridad Social  y las pensiones (hay más cotizantes que cotizan menos). Hace falta buscar otro camino: reanimar la economía para crecer más y crear más empleo. Y, en paralelo, tomar medidas para que esos nuevos empleos lleguen a la mayoría de los parados.

La clave está en crecer más. Para ello hay que hacer otra política económica, en Europa y en España. En Europa, es urgente que Alemania y los países de la Europa rica del norte gasten e inviertan más, para “tirar” de las economías de la Europa del sur, como han pedido incluso el FMI y la OCDE. Y hay que activar el Plan de inversiones para Europa, los 315.000 millones del Plan Juncker, que podrían reanimar el crecimiento europeo con obras públicas en infraestructuras y nuevas tecnologías. Y en paralelo, España debe poner en marcha un Plan de choque contra el paro, asentado en un paquete de inversiones públicas necesarias (no inaugurar más autovías y líneas del AVE) y en ayudas directas a los sectores que puedan crear más empleo estable: reindustrialización, fusión empresas, tecnología, medio ambiente y exportación. Y subir más los salarios, para reanimar el consumo y el crecimiento, como ha pedido incluso el presidente del Banco Popular. También ayudaría rebajar los impuestos a los que menos ganan y subirlos a los más ricos, grandes empresas y multinacionales, para financiar el Plan de choque contra el paro.

Hay un riesgo en el horizonte: que haya nuevos recortes en 2016. Bruselas ya le ha dicho al Gobierno Rajoy que España incumplirá el déficit público exigido en 2015 y 2016, algo que también creen el FMI y la mayoría de expertos. Eso supondría que el futuro Gobierno (sea el que sea) se vería obligado a hacer un nuevo ajuste de 10.000 millones de euros, recortando gastos o subiendo impuestos (o las dos cosas). Si se hace, este ajuste supondría frenar la recuperación, el crecimiento y el empleo, un verdadero suicidio para España. Así que será clave que el futuro Gobierno negocie con Bruselas una tregua en la rebaja del déficit, por algo muy simple: tenemos el doble de paro que Europa. Y más recortes frenarían la recuperación y llevarían a crear menos empleo y bajar menos el paro, algo inadmisible.

Pero no basta con intentar crecer más y crear más empleo, algo que corresponde mayoritariamente a las empresas. El Gobierno tiene la responsabilidad de ayudar a repartir ese empleo, para que llegue a más gente. Y para ello es fundamental que se vuelque en políticas activas de empleo, en mejorar la formación y en que funcionen las oficinas públicas de empleo, como han pedido reiteradamente Bruselas, el FMI y la OCDE. Pero el Gobierno Rajoy ha hecho lo contrario: ha recortado un tercio el presupuesto para estas políticas activas de empleo, desde los 7.714 millones de 2011 a 4.746 en 2015. Y gastamos menos que los países nórdicos, Alemania y el centro de Europa, que tienen una tercera parte de paro o menos que España. Una política irresponsable, como ha señalado la OCDE.

El primer reto de las políticas activas de empleo es mejorar la formación, tanto de los parados como de los que están trabajando (para que se reciclen y los cambios tecnológicos no se lleven por delante su empleo). Y esta mejora de la formación es especialmente urgente entre los parados, porque más de la mitad (un 53,6%, 2,6  millones) tienen una escasa formación: sólo hasta la ESO o incluso menos, según el INE. Y  casi otra cuarta parte (23,2%) de los parados sólo tienen Bachillerato o Formación Profesional. Así, con tan poca preparación, resultará muy difícil que las empresas les contraten, porque al haber pocos empleos, se ofrecerán a los que tengan más formación y experiencia. Y aquí, losj óvenes tienen todas las de perder: hay 789.700 parados de 16 a 29 años (el 54% de todos los parados jóvenes) que no tienen ni Bachillerato ni FP. Ni experiencia. Por eso, tienen tan difícil colocarse.

Hay pues que volcarse en la formación de los parados, sobre todo de los más jóvenes y los que llevan más tiempo parados. Y más cuando sólo un 16,7% de todos los parados aprovecha para hacer un curso y formarse, según un informe de Asempleo. Eso se debe no sólo al “abandono” y desánimo de los parados, sino a que con los recortes del Gobierno se han quitado cursos y los que han quedado son bastante obsoletos e inútiles: “el SEPE (Servicio público de empleo) ofrece formación en las cosas que no hay trabajo”, ha dicho el director del portal de empleo Infojobs. Además, los cursos son casi en exclusiva presenciales (hay pocos cursos online) y demasiado largos (dos tercios, de más de 200 horas). Y encima, los están haciendo sobre todo los parados más formados, no los que más los necesitan. Está bien exigir a los parados que cobran el desempleo que a cambio se formen, pero urge actualizar los cursos y ligarlos a los empleos que se demandan, para que los parados los vean útiles.

El otro reto de las políticas activas de empleo es reformar las oficinas públicas de empleo, el SEPE (antiguo INEM), que no funciona: sólo coloca al 2% de los parados. Eso pasa por modernizar el servicio, informatizando debidamente los currículum de todos los parados y poniendo en marcha una bolsa de trabajo online que esté coordinada con las demandas de empleo de las empresas. Y urge realizar un seguimiento personalizado de cada parado. Además, hay que coordinar mejor la gestión de las autonomías, porque cada una “va a su aire” en las políticas de empleo, la formación y los subsidios. Pero todo ello exige más Presupuesto y más personal, ahora totalmente insuficiente: España cuenta con 1 funcionario del SEPE por cada 269 parados frente a 1 por 47 en Alemania, 1 por 36 en Dinamarca o 1 por 22 en Reino Unido, países con la tercera parte de paro o menos que España.

En definitiva, que no podemos esperar más de una década  a ver cómo crece poco a poco el empleo: tenemos demasiado paro y hay 3 millones de parados que no aguantan más. Por eso, hay que dar un empujón a la economía, poner en marcha una verdadera “cruzada por el empleo”, con medidas decididas (cuesten lo que cuesten) para reanimar el crecimiento y conseguir más trabajo para más parados, mejorando su formación y su “empleabilidad”, ayudándoles activamente a que encuentren trabajo. Y a la vez, tratando que estos nuevos empleos sean más estables y menos precarios, porque sólo así se reanimarán de verdad el consumo y la inversión y los empleos serán más estables.

El empleo es la primera preocupación de los españoles y una verdadera obsesión para la mayoría de las familias, con un hijo o familiar sin trabajo. Por eso, el gran tema de las próximas elecciones debería ser buscar soluciones a un paro escandaloso, abandonando triunfalismos injustificados (Rajoy) y afrontando soluciones valientes, al margen de las peleas políticas. Hace falta un gran pacto político por el empleo, con medidas decididas y eficaces, huyendo de más recortes (diga lo que diga Bruselas). Ese debería ser nuestro voto el 20-D.