La amenaza de la inflación

Los precios suben un 4% anual hasta finales de septiembre, la mayor inflación en España desde hace 13 años (2008). La culpa es doble: una subida récord de la electricidad en el mercado mayorista (máximo histórico de 189,83 euros para hoy) y precio récord de los carburantes (gasolina y gasóleo), el más alto desde 2014, con el petróleo en máximos desde hace 3 años. Pero también suben los alimentos, hoteles y restaurantes, transportes y muchos productos industriales, por el encarecimiento internacional de las materias primas (desde el maíz, aceite y trigo a los metales) y la falta de microchips. La altísima inflación preocupa en todo el mundo (+5,3% en EEUU y +3,2% en UE-27) y se teme que fuerce a la Reserva Federal USA y al BCE a retirar la liquidez extra y subir los tipos de interés, asfixiando la incipiente recuperación. Además, esta fuerte subida se está comiendo pensiones (subieron +0,9%) y sueldos (+1,5%), lo que puede frenar el consumo y el crecimiento. Urge “vigilar” los precios.

Enrique Ortega

La pandemia, al provocar la mayor recesión de la historia reciente, enfrió los precios: si la inflación estaba ligeramente por encima del 1% en 2019, en 2020 empezó a bajar, se estancó en marzo (+0%) y empezó a caer en abril (-0,7%) y hasta diciembre (-0,5%), 9 meses con inflación negativa. Pero en 2021, con la vacunación y el repunte de la actividad, los precios volvieron a subir (+0,5% enero) y se dispararon desde abril (+2,2%), alcanzando una inflación del 3,3% en agosto y un 4% en septiembre, según anunció ayer el INE, el mayor nivel de precios conocido en España desde hace 13 años (septiembre 2008).

Este repunte de la inflación se está dando en todo el mundo, desde Estados Unidos (+5,3% de inflación en agosto, la más alta en 13 años) a Europa (3,2% de subida de precios hasta agosto, la mayor inflación de los últimos 10 años), alimentada por la subida de la energía, los alimentos y muchas materias primas, así como por la mayor actividad económica. En la UE, las mayores subidas de precios se dan en Alemania (+3,4% en agosto), paises bálticos (del +5% en Estonia al +3,6% en Letonia), Luxemburgo (+3,5), Polonia (+5%) y Hungría (4,9%), todas por delante de España (+3,3% en agosto), mientras tienen menos inflación Italia (+2,6%), Francia (+2,4%), Portugal (+1,3%) y Grecia (+1,2%), según Eurostat.

En España, el último dato detallado publicado por el INE (IPC de agosto: +3,3% anual) indica los dos componentes que suben más que la media: vivienda (+11,5% anual) y transporte (+8,8%). Analizando los 222 componentes del IPC, destaca la tremenda subida anual de 3 renglones: +34,9% de subida de la electricidad, +20,9% de subida anual de la gasolina y +18,5% el gasóleo. Además, suben bastante en el último año los hoteles (+10,6%), los alimentos (+1,9%), en especial los aceites (+22,9%), agua y refrescos (+7,1%), huevos (+3,6%) y ovino (+3,5%) y los restaurantes (+1,3%). En septiembre, el dato adelantado del IPC publicado ayer por el INE, eleva la inflación anual al 4%, señalado que este nuevo aumento se debe a la subida de la electricidad y los carburantes.

Vistos los datos del IPC, hay dos culpables claros de este repunte histórico de la inflación en España: la subida de la electricidad y la de los carburantes. Veámoslos en detalle. La subida de la luz a los consumidores se produce porque se está disparando el precio de la electricidad en el mercado mayorista de electricidad (en origen): ha saltado de 43,49 euros por megavatio hora en septiembre de 2020 a 84,85 euros/MWh a principios de junio y a 189,83 euros/MWh para hoy 30 de septiembre, un récord histórico, que se refleja en una subida de la mitad del recibo de 11 millones de consumidores (los que están en el mercado regulado) y también en los 16 millones restantes (los que están en el mercado “libre”).

Esta subida descontrolada de la electricidad, en toda Europa, pero más en España (frente a los 189,83 €/MWh de España hoy, en Francia cuesta 165,57 euros, en Alemania 112,57 y en Paises Bajos 133,80, aunque cuesta 206 euros en Italia) se debe a dos factores. Uno, la subida disparada del gas natural, por el mayor consumo en Asia y en el resto del mundo, la menor venta de Rusia a Europa, el recorte de producción en EEUU (por el último huracán en el golfo de México) y el conflicto entre Argelia y Marruecos (que podría afectar mucho a España) : el precio del gas natural, que se utiliza en las centrales térmicas de electricidad, ha saltado de 10,49 euros/MWh hace un año a 40 euros en julio 2021 a 82,75 euros/MWh ahora, que se espera suban a 86,04 euros en diciembre. Y el otro factor, la subida también disparada de los derechos de CO2, que han de pagar las eléctricas que producen luz con energías contaminantes (carbón, fuel o gas) y que luego nos trasladan a los precios mayoristas: su coste ha pasado de 27,81 euros/Tm hace un año a 62,58 €/Tm ahora. Un coste que seguirá al alza. Máxime cuando hay Fondos y bancos de inversión que especulan con estos derechos en el mercado secundario.

El otro componente de la altísima inflación que sufrimos son los carburantes, que suben en toda Europa pero también más en España (somos el 3º país europeo con la gasolina más cara, deducidos los impuestos, tras Dinamarca y Alemania, y el 9º con el gasóleo sin impuestos más caro), por la menor competencia y transparencia en el mercado petrolero (controlado, como el eléctrico, por dos o tres compañías). A finales de septiembre, la gasolina cuesta ya 1,437 euros/litro (incluso un 2,1% más que a finales de julio, en plenas vacaciones) y el gasóleo 1,291 euros/litro (+2,1% que a finales de julio), según el Boletín Petrolero UE. Unos precios de los carburantes en España que son los más altos desde 2014. Básicamente, porque el petróleo está en máximos desde octubre de 2018: hoy cotiza a 79 dólares por barril, después de caer a 19,5 dólares con la pandemia (abril 2020) y subir un +51% este año 2021, básicamente por el aumento de la demanda, problemas de suministro (huracanes) y estabilización de la producción OPEP.

Pero la inflación no se dispara solo por la subida de la electricidad, el petróleo y los carburantes. Hay otros dos factores muy importantes: la subida de precios de las materias primas y la falta de microchips. El aumento de la demanda de muchos suministros  para la industria, con el inicio de la recuperación, ha chocado con una escasez de oferta, provocada por la pandemia y por fenómenos naturales (desde huracanes e incendios a sequías). Con ello, se ha disparado el precio de muchas materias primas, desde los alimentos (maíz, trigo, soja, carnes, aceites, café…) hasta la energía, los metales, la madera o el aluminio, lo que crea “cuellos” de botella en el abastecimiento de muchas empresas y les encarece los costes, que trasladan  a los precios a los consumidores.

De hecho, la última Encuesta de la Comisión Europea (julio 2021) revela que el 22% de las empresas europeas sufrían problemas de restricciones de producción por la escasez de materias primas o equipos, siendo las más afectadas las empresas de caucho y plásticos (53% tienen problemas de suministro), material eléctrico (48%) automoción (43%), productos metálicos (39%), madera y corcho (35%), informática y electrónica (33%). Un ejemplo llamativo de esta falta de componentes son los microchips, cuya escasez está asfixiando a toda la industria europea (más a la fabricación de automóviles y electrónica), que depende en un 70% de los chips que se fabrican en Asia y donde habrá escasez todavía un año más.

Y también hay otro problema que reduce los suministros y encarece las materias primas y los costes de las empresas: la escasez de mano de obra tras la pandemia, al haberse producido “trasvases” de empleos. Así, la falta de personal ha rebajado la producción de café en Brasil, de arroz en Vietnam o de aceite de Palma en Malasia, mientras faltan transportistas no sólo en Reino Unido (cierre de gasolineras) sino en toda Europa (unos 400.000). Y hay muchos empresarios en España que se quejan de que no encuentran trabajadores para la construcción (faltan 700.000, dicen) y para la hostelería, los sectores castigados por las 2 crisis, lo que provoca un encarecimiento de costes al contratar ahora.

Vistas las causas de la elevada inflación actual, resulta difícil prever qué va a pasar ahora, aunque la mayoría de expertos creen que la inflación seguirá subiendo este otoño. De momento, los precios del gas natural, el carbón y el petróleo siguen en máximos y todo apunta a que seguirán altos, por la mayor demanda ante el invierno. Y los cuellos de botella en las materias primas y los suministros tardarán meses en resolverse. Así que la inflación anual podría mantenerse entre el 3,5% y el 4% hasta finales de 2021, superando todas las previsiones hechas por el Gobierno (+1,9% de inflación anual).

Antes de conocer el dato de la inflación en septiembre, en el resto de Europa y EEUU, los bancos centrales (Reserva Federal USA y Banco Central Europeo) decían que el repunte de la inflación es “temporal” y que no exige tomar medidas extraordinarias para frenar los precios. Pero el temor de muchos expertos es que las autoridades monetarias “se asusten” y den marcha atrás en sus políticas de estímulos para reanimar la economía inyectando liquidez (comprando deuda), iniciadas en marzo de 2020 y que han servido para evitar una recesión más profunda. Y que además, luchen contra la inflación subiendo los tipos de interés.

La Reserva Federal USA y el BCE quieren esperar un poco más para decidir si dan o no marcha atrás. Pero de momento, ya han lanzado el mensaje de que podrían tomar medidas pronto, recortando la compra de deuda pública (“el gota a gota” para reanimar la economía durante la pandemia): la Reserva Federal reduciría los 120.000 millones de dólares que compra al mes (inyectando liquidez al sistema) y el BCE sus 80.000 millones de euros de compras mensuales, además de suprimir antes esas compras (previstas hasta marzo 2022). Y también estudian si subir los tipos de interés (al encarecer el dinero, se gasta e invierte menos y deberían bajar los precios), que están planos en el 0% (0 al 0,25% en USA).

Si la inflación no se frena este otoño (y no parece fácil), todo apunta a que la Reserva Federal USA  recortará sus ayudas a primeros de noviembre y el BCE en diciembre. Y que ambos podrían anunciar una subida de tipos para 2022. Dos medidas que suponen un riesgo de frenar la recuperación post-COVID, más en Europa (que crece menos) que en EEUU. Y sobre todo, sería un grave riesgo para España y la Europa del sur, que tendrían menos ayuda del BCE para colocar su deuda, ahora que se ha disparado por las ayudas COVID: 1,42 billones de deuda pública española en junio 2021, el 122% del PIB. Quedaríamos más en manos de “los mercados” para financiarnos, con lo que sería más caro y más peligroso (no olvidemos la crisis de la deuda de Grecia, Portugal, España e Italia de 2010 a 2012).

Así que los bancos centrales tienen un dilema: frenar la inflación poniendo en peligro la recuperación o ser flexibles para no dañar al crecimiento y el empleo. Y mientras la Reserva Federal y el BCE se lo piensan, nosotros, los consumidores, ya sufrimos en nuestros bolsillos el embate de la inflación (luz, gas, carburantes, alimentos, transportes…), que se está comiendo parte de nuestra pensión y nuestro sueldo.

De momento, los 9 millones de pensionistas ya han sufrido una fuerte pérdida de poder adquisitivo: en 2021 las pensiones han subido un +0,9% (+1,8% las no contributivas), mientras la inflación media rondará este año el 3%, lo que supone perder un 2,1%. Eso llevará al Gobierno a compensarles con una “paguilla” en enero de 2022, que podría ser de unos 300 euros para los jubilados (tienen una pensión media de 1.192 euros), con un coste para la Seguridad Social que rondará los 2.500 millones de euros. Y además, como la aprobada reforma de las pensiones prevé revalorizar las pensiones en 2022 con la subida media del IPC este año 2021 (del 2,5 al 3%, el dato que salga en noviembre), la subida de las pensiones será mucho mayor que este año (0,9%), para evitar perder poder adquisitivo.

Los 2,8 millones de funcionarios públicos también pierden este año poder adquisitivo, ya que su subida media ha sido del 1,5% (frente a una inflación media del 2,5 al 3%). Eso supone una pérdida de 36 a 45 euros al mes de media (3.000 euros de sueldo bruto), con lo que será el primer año desde 2013 en que los funcionarios pierden poder adquisitivo (han ganado +5,14% en los últimos 8 años). Para 2022 está previsto que los sueldos públicos suben un 2%, con lo que si la inflación crece más (del 2,2 al 2,4%), volverán a perder poder adquisitivo, por lo que ya han pedido revisar sus salarios.

El resto de trabajadores, más de 16 millones de asalariados, también están perdiendo poder adquisitivo, dado que los convenios firmados hasta ahora (datos de Trabajo hasta agosto) han pactado una subida salarial del +1,5%, frente a un 4% de inflación anual en septiembre (que será un 3% de subida media). Eso supone una pérdida media de 31 euros al mes y 376 euros al año de media (2.091 euros brutos es el sueldo medio en el sector privado). Y muchos trabajadores, los recién contratados con sueldos muy bajos perderán aún más. Y esta alta inflación va a endurecer la negociación colectiva para 2022, donde los sindicatos pedirán aumentos superiores al 2% y la patronal tratará de frenarlos con la justificación de que las empresas no se han recuperado aún de la pandemia

En definitiva: tenemos un serio problema de inflación, que ya afecta seriamente a nuestros bolsillos y que puede afectar a toda la economía si los bancos centrales retiran antes de tiempo los estímulos y suben tipos, dos medidas que frenarían la débil recuperación. Además de pedir a la Reserva Federal y al BCE que sean moderados en sus decisiones, hay que pedir a los gobiernos que actúen, aprobando medidas que frenen la subida de la luz, como ya han pedido España y el BCE a la Comisión Europea. Y presionar a la OPEP y a los paises productores de petróleo y gas para que no especulen y disparen los precios, porque ponen en riesgo la recuperación mundial. Además, en España, el Gobierno debería encargar a la Comisión de la Competencia (CNMC) que supervise las subidas de precios y evite que haya poca transparencia y manipulaciones en los mercados (electricidad y carburantes, pero también en los intermediarios de los alimentos). Hay que “vigilar” los precios.

Los precios se comen salarios y pensiones

La inflación anual sigue en el 2,3%, la más alta en los últimos dos años y medio. Y esta subida de precios, que acabará el año sobre el 2%, se come con creces la subida de pensiones (1,6%) y salarios (0,5%), con lo que millones de españoles perderán poder adquisitivo, como en 2017. Los pensionistas podrían recuperarlo en enero, a costa de 375 millones más de déficit de la SS, pero los asalariados no. España sigue creciendo (menos) pero los salarios no despegan: crecen la quinta parte que en Europa y el sueldo por hora es un 29% inferior al de los paises euro, mientras aumentan los beneficios empresariales. Algo que es no sólo injusto sino también malo para la economía: si los salarios no suben más, se frena el consumo, la inversión y el empleo, se recauda menos y no hay dinero para las pensiones. Urge subir más los salarios, al menos como la economía (+2,6%). No podemos ser la China de Europa.

enrique ortega

En octubre, la inflación anual se mantuvo en el 2,3% de septiembre, el mayor aumento de precios de los últimos dos años y medio (desde el 2,6% de abril de 2016), según el último IPC publicado por el INE. Los culpables de esta subida, que contrasta con la bajada de precios de 2014 a 2016, son la energía (carburantes y electricidad) y los alimentos. Y todo apunta a que el año 2018 acabe con una inflación anual rozando el 2%, una décima por encima de la inflación europea, que también sube (2,2% anual en octubre). Y bastante más que en diciembre de 2017, cuando el IPC cerró el año con una inflación del 1,1%.

Aunque la subida media de 2018 (no la de diciembre, sino la media de los 12 meses), la que debe tomarse, sea algo menor, sobre el 1,8%, está claro que los españoles volverán a perder poder adquisitivo este año, como les pasó en 2017. Por un lado, los 8.771.782 pensionistas, que han tenido una subida media del 1,6% en su pensión, perderán un 0,4% de poder adquisitivo en 2018, unos 53 euros anuales la pensión media (958 euros). Si el Gobierno Sánchez les quiere compensar esta pérdida, como sugirió, tendrá que abonarles en enero una compensación, que costará 375 millones de euros, más el coste futuro de subir la base sobre la que se calcularán las subidas futuras. Más déficit para una Seguridad Social que cerrará 2018 con otro agujero de -18.000 millones.

Peor lo tienen los 16.433.000 trabajadores asalariados. La subida pactada en convenio este año, hasta octubre, es del 1,69% de aumento, para 8,2 millones de trabajadores en un millón de empresas, según las estadísticas de Trabajo. Pero esa subida no incluye los aumentos de la otra mitad de trabajadores, los que no han firmado un convenio porque son de empresas pequeñas o porque es un personal fuera de convenio. Por eso, el mejor dato es el aumento de costes salariales que da el INE y que señala un aumento salarial anual del 0,5% en junio de 2018 (lo mismo que subió en 2017). Ello supone que los trabajadores perderán este año un 1,3% de poder adquisitivo, que se sumará al 6,30% de poder adquisitivo perdido entre 2008 y 2017.

Los salarios apenas suben este año y lo mismo pasó en 2017, cuando el coste laboral por hora subió en España un 0,5%, la quinta parte que en la zona euro (+1,9%) y menos aún que en toda Europa (+2,3% en UE-28), según Eurostat. Y con ello, España fue el tercer país europeo con menor aumento de sueldos en 2017 (+0,5%), tras Reino Unido (-4,1%, por el Brexit), Finlandia (-1,5%) y Suecia (+0,3%), muy alejado de las subidas en Alemania (+2,6%), Francia (+1,1%), Italia (+0,8%) o Portugal (+3%). Y con ello, el sueldo español se aleja del europeo: tomando sólo el coste salarial (sin SS ni otros costes), en España se pagan 15,9 euros por hora trabajada, un 29,1% menos que en la zona euro (22,42 euros/hora) y un 22% menos que en la UE-28 (20,36 euros/hora). Y muy lejos de los 34.10 euros/hora que se paga en Alemania (+40%), los 36 euros en Francia (+34,6%), los 21,33 euros de Reino Unido (+25,5%) o los 20,38 euros de Italia (+22%), según Eurostat.

Este es el resultado de una devaluación de los salarios españoles, motivada por la crisis y agudizada con la reforma laboral de Rajoy en 2012. El dato que acaba de publicar el INE es muy llamativo: el salario medio bruto de los españoles sólo ha subido 38,7 euros entre 2012 (1.850,3 euros) y 2017 (1.889 euros), un 2,09%. Y como la inflación media ha subido un 2,5% estos años, los trabajadores han perdido un 0,41% de media, 455 euros en estos cinco años. Pero eso es la media: muchos españoles ganaron menos en 2017 de lo que ganaban en 2012, según el estudio Decil de salarios del INE. Concretamente, ganan menos los jóvenes (de 25 a 34 años), los poco formados (con la ESO o menos), los que trabajan en construcción, minería, agua, gas y servicio doméstico, los empleados en empresas de 11 a 19 trabajadores y los asalariados de Extremadura, Canarias y Comunidad Valenciana.

Además, los datos del INE revelan que hay tres grandes bloques de trabajadores, cuyos salarios se han distanciado más con la crisis. El sueldo medio bruto en España es de 1.889 euros (1.550 euros netos por 12 pagas), pero hay un 30% de asalariados (4,70 millones en 2017) con sueldos bajos, que ganan menos de 1.230,9 euros brutos (menos de 1.000 euros netos al mes). Y entre ellos, un 10% (1,56 millones) ganan menos de 717 euros brutos y otro 10% ganan entre 717 y  1001 euros brutos al mes. Otro bloque, el 40%  (6,27 millones de asalariados) tienen sueldos medios, entre 1.230,9 y 2.136 euros brutos (entre 1.000 y 1.750 euros netos). Y sólo el 30% restante de asalariados (4,70 millones) tienen sueldos más “altos”, ganan más de 2.136 euros brutos al mes (1.750 euros netos), según el INE.

Pero además, hay múltiples diferencias salariales por sexo, edad, tipo de contrato, sector, categoría o autonomía, según revelan los datos del INE. Así, las mujeres ganan un 20,18% menos que los hombres (1.668,7 euros brutos frente a 2.090,6 euros), habiendo más mujeres que hombres en el bloque de sueldos bajos (los cobran el 40,3% de las mujeres y el 20,6% de los hombres). Los jóvenes también ganan menos: de 16 a 24 años ganan 1.065 euros brutos (el 56% del salario medio, 1.889 euros brutos en 2017) y de 25 a 34 años ganan 1.557 euros brutos de media (el 82%). También ganan menos los trabajadores peor formados (el 41,3% cobran sueldos bajos, menos de 1.230 euros brutos) y los que tienen menos antigüedad (el 58% de los que llevan menos de un año tienen bajos salarios). Pero sobre todo juega el tipo de contrato: los trabajadores temporales ganan el 64,4% que los indefinidos y los que trabajan a tiempo parcial ganan el 34,5% de los que trabajan a jornada completa, según el INE.

También cuenta mucho el sector donde se trabaje: en finanzas y seguros, los sueldos (3.371 euros brutos) son 4,3 veces los del servicio doméstico (776 euros) y más del doble que en hostelería (1.211 euros brutos), según el INE. Y el puesto de trabajo: un director o gerente gana 2,2 veces el salario medio (4.155 euros brutos), más del doble que un administrativo (1.801 euros brutos)  y casi 4 veces el sueldo de un trabajador no cualificado (1.083 euros brutos). Hay muchas diferencias salariales por el tamaño de la empresa: en las grandes ganan de media el doble (2.640 euros brutos) que en una pyme de menos de 10 empleados (1.363 euros brutos). Y los que trabajan en la Administración ganan un tercio más (2.598 euros brutos) que los trabajadores del sector privado (1.719 euros). Y hay muchas diferencias salariales por autonomías: se gana menos en Extremadura (1.583 euros brutos), Canarias (1.606) y Comunidad Valenciana (1.677,8) y más en el País Vasco (2.208 euros brutos), Madrid (2.191,7) y Navarra (2.178). Y las diferencias regionales se han agravado: si un extremeño ganaba un 25,15% menos que un vasco en 2012, en 2017 ganaba un 28,3% menos.

Tras este repaso, queda claro no sólo que los sueldos españoles suben poco y son muy inferiores a los europeos sino que hay enormes diferencias entre los trabajadores, más cada año. Y se demuestra que los sueldos no se han beneficiado de la recuperación, al contrario que los beneficios empresariales. Basten dos datos. Uno, que los beneficios empresariales han aumentado 98.680 millones de euros entre 2008 y 2017 (82.000 millones se los han quedado las empresas y 15.663 han ido a sus accionistas, como dividendos) mientras los salarios totales se reducían en 10.214 millones. El otro, que las empresas han mejorado su trozo en el pastel de la renta con la crisis: si en 2008 se llevaban el 41,7% de la riqueza generada, en 2017 se llevaron el 42,5%. Y los trabajadores han perdido pastel: del 50,1% al 47,3%, según el INE (el resto, hasta el 100%, se lo llevan los impuestos).

Así que los salarios pierden peso en el reparto de la riqueza del país, en beneficio de las empresas y accionistas. Y la consecuencia es que tenemos unos salarios muy bajos, muchos mileuristas y demasiados “trabajadores pobres”: España es el país europeo con más trabajadores pobres, un 14,8 % de los hogares (2,75 millones de familias), el doble que la media OCDE (8% trabajadores pobres). Un panorama salarial que no sólo es injusto sino que también atenta contra la recuperación de la economía, porque si los trabajadores ganan poco y además pierden poder adquisitivo (2017 y 2018), gastarán menos, caerán las ventas (ya está pasando) y España crecerá menos y se creará menos empleo. Además, si los salarios no suben, será difícil aumentar la recaudación fiscal (reducir el déficit y la deuda pública) y las cotizaciones a la Seguridad Social (y reducir así el tremendo agujero de las pensiones).

Y que nadie diga que los salarios han de seguir siendo bajos para competir cuando el coste de la hora de trabajo es un 29,1% inferior al de los paises euro y un 40% menor al de Alemania. Y además, para competir hay que tener en cuenta otros costes, como la energía (las empresas pagan la luz un 20% más cara que en Europa), los costes financieros, digitales o logísticos, superiores en España y casi nadie dice nada. Y hay otros factores que explican nuestra menor productividad y no son los salarios: el pequeño tamaño de nuestras empresas, la menor innovación y tecnología, la baja digitalización y el modelo económico.

Al final, la gran pregunta es ¿por qué no suben más los salarios si hay recuperación? Es una cuestión que preocupa no sólo en España sino que se debate en toda Europa, en EEUU y en el resto del mundo. Para el Banco de Pagos de Basilea (BIS), la causa principal de que los salarios no despeguen es la globalización: las multinacionales tienen un gran poder para presionar a la baja los salarios (yéndose de un país a otro) y los trabajadores no tienen poder de negociación y están menos sindicados (en EEUU, la sindicación ha caído del 25% en 1980 al 10,7% en 2017). Para el BCE, otra razón de peso es que hay mucho “paro encubierto”: personas “subempleadas” y “desanimadas” (lo llaman “holgura laboral”), que junto a los parados pueden suponer el 18% de los europeos (el doble que el 9,5% de parados UE), un ejército laboral que favorece que las empresas contraten barato.

En España, este factor del subempleo (el 58% de los que trabajan a tiempo parcial querrían trabajar a jornada completa) y los muchos “desanimados” (hay 16 millones de "inactivos", mujeres, jóvenes y mayores que ni trabajan ni buscan trabajo) presionan mucho para que los salarios no suban, según un reciente análisis del Banco de España, que señala otros factores culpables de que no suban más los salarios: el elevado paro y la baja inflación (negativa) que teníamos hasta 2017. Pero ahora, con los precios subiendo y el paro EPA por debajo del 15%, los salarios deberían subir.

¿Qué se puede hacer? Lo primero, que más empresas, sobre todo las que tienen beneficios, cumplan lo pactado entre patronal y sindicatos en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en julio 2018: que los sueldos suban el 2% más un 1% variable si mejora la productividad y alcanzar un sueldo mínimo de 1.000 euros en los convenios para 2020 (que beneficiará a 2,2 millones de trabajadores que cobran menos). Todo indica que el acuerdo se pactó por arriba, pero que muchas empresas están subiendo menos los sueldos (el 1,69% las que firman un convenio y un 0,5% el conjunto).

Otra medida clave es subir el salario mínimo, algo que el Gobierno Sánchez ha prometido hacer (tras pactarlo con Podemos) por decreto-ley, para el 1 de enero 2019, de 735,90 a 900 euros (+22%). La medida ha provocado una dura reacción, no sólo de la derecha política y los empresarios sino de la “ortodoxia económica”: el Banco de España (cuyo gobernador gana 183.000 euros anuales) asegura que la medida “costará 150.000 empleos”, mientras la Comisión Europea estima que creará 75.000 empleos menos entre 2019 y 2020… Mientras, el premio Nobel  estadounidense Joseph Stiglitz les replica que subir el salario mínimo “no daña el empleo” y que hay datos abrumadores en EEUU que lo confirman. Por encima de todo, hay un argumento claro: poco eficiente y competitiva es una empresa si no puede pagar 900 euros al mes a sus trabajadores. Y tiene poco futuro, así que su problema de fondo quizás no sea pagar este salario mínimo sino su modelo de negocio.

Y sobre todo, para mejorar los salarios en España hay que mejorar la calidad del empleo, reduciendo el enorme porcentaje de contratos temporales y a tiempo parcial (el 93,4% de los contratos hechos en 2018). Y también ayudaría mucho mejorar la formación de los trabajadores y parados y mejorar la eficiencia de las empresas, para que vendan más y productos y servicios con más valor añadido, más calidad y tecnología. Y por supuesto, modernizar la economía y las empresas, para que no compitamos por ser la China de Europa. Tiene que terminar la devaluación salarial. Hay que conseguir sueldos decentes, por justicia pero también  para consolidar la recuperación económica y el empleo. Y más ahora que ha despertado la inflación.

Pacto salarial: hay que ir más lejos

El pasado jueves, patronal y sindicatos firmaron un acuerdo salarial a 3 años, con una subida del 2 al 3% y un compromiso para que los salarios mínimos lleguen a 1.000 euros en 2020. Es un avance, pero insuficiente: la subida, mayor que los últimos años, se la come la inflación (2,3% en junio). Y todavía no se resarce a los trabajadores del recorte salarial y la pérdida de poder adquisitivo desde 2008: -10,8%. Pero, sobre todo, el acuerdo debería ir más allá y avanzar en algo más importante que los salarios: conseguir un empleo decente, reducir los contratos temporales y a tiempo parcial sin justificación, las claves de unos salarios “de pobres”, un 32% más bajos que en Europa. Y patronal y sindicatos deberían negociar mejoras no salariales, ahora que los beneficios empresariales llevan 5 años subiendo: más formación, cotizaciones a la SS más altas, ayudas a la conciliación familiar, organización interna y contratos estables. Así tendríamos empresas más justas y más competitivas.

enrique ortega

La economía lleva ya 5 años creciendo, pero los salarios de los españoles no se recuperan. Hasta el 31 de mayo, la subida pactada en los convenios firmados (2.385, que incluyen 5,7 millones de trabajadores, sólo un tercio de todos los asalariados) es del 1,59%, similar a la subida de convenio de todo 2017 (+1,45%), aunque mayor a la de años anteriores (del 0,53% en 2013 al 0,99% en 2016). Pero estos datos no son representativos de lo que están subiendo de verdad los salarios porque muchos trabajadores aún no han firmado la subida de 2018 y otros no tienen convenio (muchas pymes y microempresas) y muchos trabajadores (temporales, por horas, eventuales (están “fuera de convenio”.

Por eso, es más representativa la subida salarial que refleja el INE, en su Encuesta trimestral de coste laboral, para los 16 millones de asalariados. El último dato es que los salarios crecieron un +0,8% en el primer trimestre 2018 (el IPC subió un 2%), tras subir un 0,7% en 2017 y bajado un -0,8% en 2016. Y la última estadística, del 28 de junio, es peor: los salarios cayeron un -1,4% entre 2008 y 2016, según el índice de precios del trabajo (IPT), tras subir en 2009 (+1,5%), 2010 (+0,5%), 2014 (+0,8%) y 2015 (+0,7%) y bajar en 2011 (-1,5%), 2012(-1,6%), 2013 (-0,3%) y 2016 (-1,3%). Por autonomías, la caída de salarios fue peor en Madrid (-4%), Asturias y Aragón (-3,8%) y Murcia (-3,7%), mientras sólo crecían los sueldos estos años en el País Vasco (+4,1%), Galicia (+1,2%), Baleares (+1,1%) y Navarra (+0,4%). Si tenemos en cuenta la subida de precios en estos ocho años (+9,4%), el resultado es que los salarios españoles perdieron un 10,8% de poder adquisitivo entre 2008 y 2016.

De hecho, la OCDE acaba de alertar  la semana pasada que, a pesar de la recuperación, España es uno de los 3 únicos países de los 35 de la organización donde cayeron los salarios reales (descontando la inflación) entre 2007 y 2017: un -0,45%, sólo por detrás de Italia (-1,1%) y Australia (-0,6%), mientras crecían una media del +0,6% en toda la OCDE, un 0,5% en Alemania y casi un 1% en Francia. La OCDE lo atribuye al elevado paro en España, la débil productividad y el elevado "subempleo" (empleados que trabajan a tiempo parcial de manera obligada), el 10,5% de los asalariados en España, el subempleo más elevado de Occidente tras Italia (13% asalariados).  

Con esta caída de sueldos en la última década, España se ha alejado aún más de los sueldos europeos. En salario hora, el dato mejor para comparar entre países, los trabajadores españoles cobraban 15,9 euros/hora en 2017, frente a 20,3 euros/hora los trabajadores de la UE-28 y los 23,60 euros/hora que cobran en los países euro, según los últimos datos de Eurostat. Con ello, España es el país nº 16 con los salarios más bajos de Europa, sólo más altos que en Chipre, Grecia, Portugal, Malta y 11 países del Este. Y nuestros sueldos (15,9 euros/hora) quedan muy lejos de los países europeos con los que competimos: 26,4 euros/hora en Alemania (+39,8%), 24,2 euros/hora en Francia (+34,3%), 21,3 euros/hora en Reino Unido (+25,3%) y los 20,4 euros/hora en Italia. Y lo peor es que esta brecha salarial con Europa se ha agravado con la crisis: si en 2008 era del -14,3% con la UE-28, en 2017 era ya del -21,66%. Y del -32,6% con los países euro, según los datos de Eurostat.

Estos bajos salarios en España han provocado además un fenómeno nuevo: la aparición de trabajadores pobres, que se pueda tener un trabajo y “ser pobre”. De hecho, hay más de 2,36 millones de trabajadores (2.368.830 asalariados), el 14,8% del total, que son pobres, porque ganan menos del 60% de la media del país. Con ello, España es el séptimo país del mundo en porcentaje de trabajadores pobres y el primero en Europa, según la OCDE, cuya tasa media (35 países) de trabajadores pobres (8,2%) casi duplicamos.

Pero quizás, el dato más llamativo y preocupante es que los salarios han perdido peso en la economía, en el “reparto del pastel” de la riqueza (PIB). Así, si en 1978, los salarios se llevaban el 52,2% de la riqueza (el máximo histórico) y en 2008, al inicio de la crisis, todavía recibían la mitad del pastel (50,1% del PIB), luego han perdido peso año tras año, con la rebaja de salarios y el elevado paro, hasta cerrar 2017 recogiendo sólo el 47,3% de la riqueza del país. Y en paralelo, los beneficios empresariales han pasado de llevarse el 41,7% del pastel en 2008 al 42,45% en 2017, según la Contabilidad Nacional del INE. El resto, hasta el 100% del PIB se lo llevan los impuestos, el 10,3% de la renta en 2017.

Dicho a lo claro: la crisis ha servido para que los trabajadores españoles pierdan un trozo del pastel de la riqueza (PIB) en beneficio de las empresas. Hay otro dato muy explícito: los beneficios empresariales aumentaron en +98.680 millones de euros entre 2008 y 2017 (82.811 millones se han quedado en las empresas y 15.663 millones han ido a sus accionistas, en forma de dividendos) mientras los salarios totales han caído -10.214 millones desde 2008, según la Contabilidad Nacional (INE), a pesar de la recuperación. Y otro dato llamativo: las empresas españolas consiguieron en 2017 un beneficio empresarial bruto del 42,8% de su producción, frente al 40% de beneficio de las empresas europeas, el 41,2% de las alemanas y el 31,8% de las francesas, según Eurostat. O sea, ganan más que las europeas.

En este contexto, se entiende que los sindicatos lleven meses protestando por las mínimas subidas de salarios de estos años y hayan amenazado con movilizaciones para recuperar lo perdido. Al final, consiguieron firmar con la patronal, el jueves 6 de julio, un pacto salarial por 3 años, que contempla una subida anual del 2% más un 1% más si hay mejoras de productividad. Y lo más importante: la patronal se compromete con los sindicatos a recomendar a las empresas que suban los salarios mínimos en los convenios, para que en 2020 estén en los 14.000 euros anuales, 1.000 euros mensuales en 14 pagas. Un acuerdo que, si se cumple (es una “recomendación”) va más allá del acuerdo firmado en diciembre de 2017 por el Gobierno Rajoy, sindicatos y patronal para subir el salario mínimo (SMI) de 707 euros a 850 euros en 2020.

Este pacto salarial es un importante avance, porque asegura una cierta paz laboral a 3 años y mejora las subidas de sueldos en convenio de los últimos años (del +0,5 en 2013 al 0,09 en 2015 y el 1,49% en 2017), aunque no concreta el sistema de revisión salarial, que puede ser motivo de conflictos, máxime cuando la inflación anual está en el 2,3% en junio y puede subir más con el petróleo y el alza de tipos en 2019. Pero el mayor avance está en la recomendación de subir a 1.000 euros el salario mínimo., una medida que va a beneficiar a 2,2 millones de trabajadores que cobran menos, además de a muchos trabajadores a tiempo parcial, que también verán mejorado su salario. Los más beneficiados serán los asalariados que menos cobran hoy: los de la enseñanza privada no concertada  (les subirá el sueldo un 55% para 2020) y concertada (+13,9%), los de productos cocinados para venta a domicilio (+47,5%), el personal que atiende a discapacitados (+38,2 subirá su sueldo) y a dependientes (+12%), personal de peluquería y gimnasios (+31,2%), trabajadores de ocio y animación socio-cultural (+29,6%) y de la industria audiovisual (+32,1%).

Si se cumple esta parte del pacto salarial, tendremos salarios mínimos más decentes en 2020. Hay dos pegas. Una, que muchas pequeñas empresas y microempresas no tienen convenio ni sindicatos y será difícil que sus trabajadores consigan este salario mínimo (sí el SMI acordado en diciembre, que es obligatorio). Y la otra, que el nuevo salario mínimo queda aún muy lejos del que se paga hoy en la mayoría de Europa: hay 7 países con el SMI más alto que España (859 euros en 12 pagas este año): Luxemburgo (1.999 euros), Irlanda (1.619), Holanda (1.578), Bélgica (1.563), Alemania (1.498), Francia (1.498) y Reino Unido (1.401 euros), según Eurostat. Italia, Dinamarca, Austria, Finlandia, Suecia y Chipre no tienen salario mínimo y en los países del Este oscila entre 503 euros (Polonia) y 261 euros (Bulgaria).

El pacto salarial entre la patronal CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO incluye también otros acuerdos no salariales. Unos sobre temas laborales, como la intención de reformar con el Gobierno las subcontratas, para evitar tanta precariedad, o la intención de reducir la jornada temporalmente antes que pensar en nuevos despidos (no se habla del exceso de horas extras, la mitad sin pagarlas, que habría que recortar). Y otro sobre la intención conjunta de mejorar la formación de los trabajadores, reformando el sistema actual (el Gobierno Rajoy hizo una reforma que dejó fuera a sindicatos y patronal) y reasignando automáticamente a otro ejercicio el dinero remanente (ahora no se gastaba). También se plantea un apartado sobre la igualdad laboral y salarial de hombres y mujeres, donde plantean la necesidad de equiparar los permisos de paternidad y maternidad y la reducción de jornada o el estudio del sistema de pluses y complementos salariales, pero sin compromisos concretos sobre informar en las empresas de la brecha salarial de género. Otro apartado del acuerdo hace referencia al relevo generacional, al rejuvenecimiento de plantillas, pero también sin acordar medidas concretas. Y hay dos puntos más incluidos por presión de la patronal: el estudio del absentismo laboral (habrá un informe en 6 meses) y la lucha contra la economía sumergida (se habla de un Plan para reducir la “competencia desleal”).

Todo esto está muy bien, pero sindicatos y patronal tienen que seguir avanzando en estos temas, sabiendo que la mayoría exigen Leyes y normas que han de pactar con el nuevo Gobierno y que son difíciles de aprobar en esta Legislatura, con un Parlamento tan dividido. Pero su obligación es hacer propuestas, porque son cuestiones clave para consolidar la recuperación. En especial, la lucha contra la precariedad, la temporalidad y el trabajo esclavo, que son un cáncer para las empresas y su productividad. Urge un Pacto por el empleo decente y bien pagado, tras esta década de sacrificios de los trabajadores españoles.

Otra cuestión clave son las cotizaciones sociales: sindicatos, patronal y Gobierno deberían pactar una subida escalonada, porque en España son más bajas que en Europa. En 2017, las cuotas a la SS que pagaban empresarios y trabajadores suponían el 12,2% del PIB en España, por debajo del 13,3% de media en la UE-28 y el 13,2% en Italia, el 16,7% del PIB que pagan en Alemania y el 18,8% en Francia, según Eurostat. Eso significa que hay un margen para cotizar como los europeos e ingresar 12.500 millones más por cotizaciones. Y a corto plazo, si se obliga a cotizar por todo el sueldo (quitando el tope actual a los 3,4 millones de trabajadores que ganan más de  45.000 euros anuales), la Seguridad Social ingresaría 4.500 millones más al año. Serían dos medidas claves para asegurar las pensiones a medio plazo.

Hay otra serie de temas claves que no tienen que ver con salarios, cotizaciones o contratos, en los que deberían volcarse patronal y sindicatos, con el apoyo de los políticos. Uno de ellos es la formación de los trabajadores y de los parados, muy deficiente hoy: un 41,7% de los españoles adultos (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo con la ESO acabada o ni siquiera), frente al 20,3% en Europa o el 22,4% en la OCDE, el peor dato de toda Europa salvo Portugal (53,1% poco formados), muy lejos del 13,1% de poco formados de Alemania, el 20,2% de Irlanda, el 21,9% de Francia, el 35,7% de Reino Unido o el 39,9% de Italia, según los últimos datos de la OCDE (“Panorama de la educación 2017”). En el medio, tenemos menos adultos con formación media: el 22,5% de españoles tienen Bachillerato o FP, frente al 46,4% de media en Europa y el 44,2% en la OCDE. Y eso sí, por arriba, tenemos más universitarios que la mayoría: un 35,7% de los adultos en España, frente al 33,4% en Europa y el 36,7% en la OCDE, el 28,3% en Alemania o el 34,6% en Francia.

Otro tema clave es mejorar el clima laboral y la organización de las empresas, porque el estilo del “ordeno y mando” y “exijo a golpe de despido” no son los mejores caminos para mejorarla productividad en una empresa, que exige participación y colaboración. Y además, las empresas deberían apostar por la innovación, la tecnología y la digitalización, implicando en ello a sus trabajadores. Y forzar con ellos al Gobierno en el recorte de otros costes empresariales, para que haya más recursos para el empleo, la formación y los salarios: recorte de los costes energéticos (las empresas españolas pagan la luz un 20% más cada que las europeas, según Eurostat), de los costes financieros y logísticos.

El pacto salarial recién firmado es un buen principio, pero empresas y sindicatos deberían ir más allá, apoyados y acuciados por el Gobierno y los políticos. Deberían conseguir un empleo más estable y menos precario, mejorar las condiciones laborales y el clima de trabajo, cotizar más y de forma más justa para salvar las pensiones, apostar por la formación y la innovación y tratando de recortar los costes no laborales y los dividendos desorbitados, para dejar más margen a la inversión, el crecimiento y el empleo. Demostrar que se puede competir y tener beneficios razonables con salarios y empleos decentes, con trabajadores más formados y más implicados en las empresas. No es mucho pedir, aunque ahora parezca imposible.