Renta 2019: el impuesto de la clase media

Otro año más, toca presentar la declaración de la renta, aunque a 7 de cada 10 contribuyentes les saldrá negativa, porque les retuvieron de más en 2018. El IRPF es el impuesto que más recauda, pero pagamos más cada día “sin notarlo” con el IVA, carburantes, tabaco o múltiples tasas. Somos el 2º país europeo donde los trabajadores pagan menos impuestos y tenemos demasiadas deducciones, por lo que somos el 3º país que menos recauda por IRPF, un impuesto que recae más sobre la clase media: los que ganan entre 22.500 y 57.000 euros pagan el 50%. Dicho esto, sepamos que el IRPF recauda más que antes de la crisis mientras las empresas pagan casi la mitad en sociedades. Y que se pierde mucho con el IVA y el fraude fiscal. Urge aprobar esta Legislatura una reforma fiscal para recaudar más (ingresamos 80.000 millones menos que Europa) y repartir mejor los impuestos: que paguen más empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Así declararemos con más ganas.

enrique ortega

El Impuesto sobre la renta, el IRPF, es el principal impuesto en España: recaudó 82.858 millones de euros en 2018, el 39,32% de toda la recaudación fiscal (208.684 millones), por delante del IVA (70.177 millones, el 33,62%), sociedades (el impuesto que pagan las empresas recaudó 24.838 millones, el 11,90%) y los impuestos especiales (carburantes, tabaco, alcohol, juego y otros aportaron 20.528 millones, el 9,83% del total), recaudándose el resto con tasas y otros ingresos (1.973 millones), según el último balance de Hacienda.

Este año 2019, Hacienda espera recaudar un 3,9% más por IRPF, concretamente 86.126 millones de euros, con lo que este impuesto ganará peso otro año más (supondrá el 39,46% de la recaudación, frente al 36,18% en 2007). Y la mayor parte de este IRPF se ingresará con las retenciones que se hacen mes a mes (en las nóminas, pensiones y dividendos), pagando sólo 11.872 millones en la declaración que presentemos el año que viene, por los ingresos de 2019. En la declaración que presentamos ahora, antes del 1 de julio, se esperan 20,3 millones de declaraciones de la renta, pero al 70% de los contribuyentes les saldrá negativa, porque les retuvieron de más el año pasado: se estima que Hacienda les devolverá 11.265 millones de euros. Al 30% restante les saldrá “a pagar” y tendrán que ingresar ahora, con la declaración del IRPF, 12.212 millones de euros, según Hacienda.

Este año, no hay grandes cambios en el IRPF, que mantiene las rebajas fiscales hechas por el Gobierno Rajoy en 2015 y 2016, tras las fuertes subidas de impuestos que aprobó para 2012, 2013 y 2014. La principal novedad es que no tributan las prestaciones de maternidad y paternidad cobradas en 2018, después de que el Tribunal Supremo las declarara exentas. Y también, que Hacienda va a “vigilar con lupa” las 1,6 millones de cuentas bancarias que los españoles tienen en el extranjero, conocidas recientemente gracias a los acuerdos internacionales firmados en la OCDE. Eso sí, Hacienda sigue sin descontar el efecto de la inflación a nuestros ingresos, lo que supone una penalización media de 33,24 euros por contribuyente (entre 18 y 1.321 euros), según los técnicos de Hacienda. Y sigue siendo un galimatías conocer los cambios fiscales de las autonomías, que han modificado mínimos exentos y deducciones, lo que provoca 17 declaraciones de la renta distintas.

¿Quién paga el IRPF? Los datos publicados por la Agencia Tributaria (referidos a la declaración 2016, presentada en 2017) son concluyentes: el 50% del impuesto lo paga la clase media, los que declaran ganar entre 22.500 y 57.000 euros anuales de base imponible (son el 29% de las declaraciones, 5.690.300 contribuyentes). Por debajo, los que ingresan menos de 12.000 euros (40,2% de los contribuyentes) no pagan casi nada (el 1,1% del total) y entre 12.000 y 22.500 euros (27,3% de contribuyentes) muy poco (otro 6,1% de la recaudación). Y por encima, los que ganan entre 60.000 y 120.000 euros (2,8% de los declarantes) aportan el 17,4% de la recaudación, los que ingresan entre 120.000 y 240.000 euros (el 0,6% de los contribuyentes) pagan el 0,8% y los que declaran más de 240.000 euros anuales (el 0,2% de contribuyentes) aportan el 10% del IRPF.

Como se ve, el impuesto de la Renta es progresivo (pagan más los que más tienen), pero podría serlo más si pagaran tipos más altos los que ganan más de 120.000 euros, muchos de los cuales utilizan sociedades y SICAV para “eludir” impuestos. Otro problema del IRPF es que es un impuesto plagado de deducciones y exenciones fiscales (familia, vivienda, planes de pensiones, inversiones…), que suponen un doble problema: reducen mucho la recaudación final (14.800 millones en 2016, un 18,6% de recaudación perdida) y son muy regresivas, porque de estas deducciones se aprovechan más las rentas medias y altas que los que tienen menos ingresos. Así, el 20% de españoles más pobres pagó un 26,8% de su renta en impuestos (directos e indirectos), más que la clase media (el 70% de españoles con ingresos intermedios pagó en impuestos entre el 23 y el 25% de su renta) y sólo menos que el 10% más rico (que pagó el 29,1%), según un estudio de FEDEA.

Dicho esto, hay que señalar que en España se paga menos IRPF que en la mayoría de Europa, sobre todo las clases medias y altas. Así, el tipo marginal máximo en Madrid es del 43,5% (aunque hay autonomías donde llega al 48%), lo que sitúa a España el puesto 11 de los 28 UE, según Eurostat, en línea con Reino Unido (45%), Italia (47,2%), Alemania (47,5( e Irlanda (48%), pero muy por debajo del tipo máximo que se paga en gran parte de la Europa del norte, más rica y con más servicios: Suecia (57,1%), Dinamarca (55,8%), Grecia (55%), Bélgica (53,2%), Portugal (53%), Holanda (52%), Francia (51,5%) y Finlandia (51,1%). Y en la Europa del Este (más pobres y con menos servicios), los tipos de los impuestos personales son muy bajos, entre el 10% de Rumanía o Bulgaria, el 15% de Hungría y el 32% de Polonia.

El IRPF es un impuesto que pagan sobre todo los trabajadores, los que viven de un sueldo, que aportan el 85% del impuesto, siendo el resto las rentas de intereses y dividendos (8,6%) y los ingresos empresariales y de otras actividades (sólo aportan el 5,6%). Pero los trabajadores españoles son los 2º con menos presión fiscal (impuestos y cotizaciones) en la OCDE, tras Estonia, según los últimos datos de esta organización referidos a 2018. En España, un trabajador soltero paga el 21,36% de su sueldo en impuestos (14,9%) y cotizaciones (6,35%) frente al 28,4% en Europa, el 39,7% en Alemania, el 31,4% en Italia, el 28,7% en Francia o el 23,4% en Reino Unido. Y si se toma a un trabajador casado y con dos hijos, en España paga el 16,2% en impuestos y cotizaciones, frente al 16,9% en Europa, el 28,8% en Dinamarca, el 27,2% en Alemania, el 19,2% en Italia, el 18,6% en Francia y el 15,6% en Reino Unido, el único país donde se paga menos que en España junto a otros 8 paises europeos (la mayoría del Este), según los datos de la OCDE.

Al final, al tener tipos marginales más bajos y abultadas deducciones fiscales, el IRPF tiene menos peso en España que en la mayoría de Europa: somos el 3º país europeo que menos recauda con el impuesto sobre la renta, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según un estudio de FEDEA: un 7,5% del PIB de media, frente al 10% de media europea, el 9% de Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Así que el IRPF recauda menos, se paga de forma muy desigual y es regresivo, no reduce las desigualdades.

El otro impuesto que hay que declarar ahora es el impuesto sobre el patrimonio, que sólo tienen que presentar los contribuyentes con más de 700.000 euros de patrimonio (no cuentan hasta 300.000 euros de la vivienda habitual), tope que baja a 400.000 euros en Aragón, a 500.000 en Cataluña y Extremadura y  a 600.000 en la Comunidad Valenciana. Este año se esperan unas 200.000 declaraciones de patrimonio, tras presentarse 197.768 en 2017, recaudándose 1.039,7 millones por este impuesto (el 52% lo pagan los que tienen entre 1,5 y 6 millones de patrimonio, un 25,8% de los contribuyentes, la clase media alta, el 21,6% los que declaran entre 6 y 30 millones y  un 10,3% los que declaran más de 30 millones de patrimonio, sólo 579 contribuyentes en 2017). Aquí hay grandes diferencias entre autonomías, porque varían los tipos y deducciones y las bonificaciones: en Madrid no se paga nada (bonifican el 100%) y en La Rioja sólo el 25%.

Visto el panorama general, hay que resaltar también que el IRPF, aunque recaude menos que en Europa, tiene cada vez más peso en los impuestos españoles y es el 2º impuesto donde más ha crecido la recaudación: un +18,60% más entre 2007 (72.214 millones) y 2019 (86.126), sólo por detrás del IVA, donde nos han dado el gran “palo fiscal”, con un aumento del +32% de recaudación entre 2007 (55.851 millones) y 2019 (73.712). En impuestos especiales (carburantes, tabaco, alcohol y juego) también pagamos un 13,4% más que en 2007. Y entre tanto, las empresas pagan casi la mitad que antes de la crisis en el impuesto de sociedades: aportaron 44.823 millones en 2007, en 2018 ingresaron 24.838 millones y está previsto que paguen 26.063 millones en 2019, un 41,8% menos que antes de la crisis. Y eso que los beneficios empresariales pasaron de 450.170 millones en 2007 a 511.842 millones en 2018, que las empresas gananun 13,7% más que antes de la crisis. La explicación es que el tipo medio del impuesto de sociedades ha bajado (del 35 al 25%) y, sobre todo, que han aumentado las exenciones y deducciones, por lo que las empresas pagan mucho menos mientras la mayoría pagamos más impuestos que en 2007.

Así que pagamos menos IRPF que la mayoría de europeos pero pagamos más impuestos que las empresas, los bancos y multinacionales y que los que utilizan una sociedad o una SICAV para tributar. Y esto lo refleja claramente el último informe de la OCDE sobre España (“Perspectivas Económicas 2019”), publicado en mayo: “la tributación se mantiene concentrada en las rentas del trabajo, lo que penaliza el crecimiento y el empleo” (textual). Y la Comisión Europea, en su último informe sobre España (febrero de 2019) critica que en España haya “un exceso de deducciones” en el IRPF y que sean “regresivas”, por lo que los impuestos corrigen menos la desigualdad en España que en el resto de Europa.

Pero la mayor crítica de la UE a los impuestos en España es que recauda poco, menos que los demás países. Es un hecho, del que nunca hablan los que defienden bajar impuestos. En 2018, España recaudó un 38,9% del PIB en impuestos frente al 45% de media en la UE-28 y el 46,3% en la zona euro, según Eurostat. Eso significa, a lo claro, que España recauda cada año 73.703 millones menos que la UE-28 y 89.410 millones menos que los paises del euro. Pongamos 80.000 millones menos de media. Si nos equiparáramos fiscalmente con Europa, podríamos destinar esos 80.000 millones a reducir el déficit y gastar más en tanto como hace falta (pensiones, sanidad, educación, gastos sociales, tecnología, modernización…).

La gran pregunta es ¿por qué recaudamos menos? La Comisión Europea nos lo ha dicho, informe tras informe, sin que Rajoy y sus gobiernos hayan hecho caso. Primero, hay un exceso de deducciones en el IRPF y los que ganan más de 120.000 euros pagan poco. Segundo, hay un gran agujero en el IVA (somos el 3º país europeo que menos recauda), por un exceso de tipos reducidos y superreducidos que en muchos casos no están justificados (10% de IVA a hoteles y restaurantes, por ejemplo). Tercero, hay poco peso de los impuestos medio ambientales (1,8% del PIB frente al 2,4% en Europa) y pagan mucho menos impuestos el gasoil (59,75 céntimos/litro frente a 73,82 céntimos en la UE-28) y la gasolina (70,77 céntimos/litro frente a 87,64 céntimos en Europa, según el último Weekly Oil Bulletin). Cuarto, recaudamos menos por el impuesto de patrimonio, herencias y tasas. 

Pero, sobre todo, el gran “agujero” en los ingresos está en sociedades, porque el tipo es más bajo (25% frente al 28% de media europea, el 34% de Alemania y Portugal o el 34% de Francia y Bélgica) y porque hay muchísimos beneficios fiscales (3.800 millones en 2016, el 15% de la recaudación que se pierde), lo que hace que las grandes empresas acaben pagando muy poco: el 5,99% sobre beneficios, menos que las pymes (16,93%) y que los demás contribuyentes (pagamos el 14,9% de nuestros ingresos). Y eso, sin olvidar a las multinacionales (que apenas pagan impuestos en España) y los más ricos, que “eluden” o evaden impuestos.

Con este panorama, parece claro que urge una reforma fiscal en profundidad con 2 objetivos: recaudar más (se puede y se debe recaudar “como europeos”) y recaudar de una forma más justa, para que paguen más los que hoy pagan poco (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos) y los demás paguemos con más equidad, rebajando deducciones injustificadas y desiguales y subiendo el IRPF a los que ganan más de 120.000 euros (sólo el 0,8% de contribuyentes) y el impuesto de patrimonio a los más ricos (que apenas pagan hoy). Y buscar más recursos con impuestos nuevos, como los pensados por muchos paises UE para las multinacionales tecnológicas (tasa Google) y las finanzas (tasa Tobin), así como con impuestos verdes. Algunas de estas propuestas estaban incluidas en el Presupuesto fallido para 2019 (+5.654 millones de recaudación) y se ha perdido un año, aunque la idea es subir esos impuestos (no a la mayoría de españoles) en el Presupuesto 2020. Algo nada fácil, porque las tres derechas defienden bajar impuestos, no subirlos como exige equipararnos con Europa y las tremendas necesidades del país.

Estos días que nos toca “declarar” a Hacienda (pagar impuestos lo hacemos todos los días), podemos reflexionar sobre todos estos datos y sobre dos hechos incontestables: España recauda menos impuestos y los pagamos de una forma desigual e injusta, en perjuicio de los que viven de un sueldo y a favor de las grandes empresas y los más ricos, que tienen muchos medios para “eludir” impuestos legalmente. Es hora de plantearse esta Legislatura una reforma fiscal a fondo, que reparta el esfuerzo y reduzca el fraude, con más medios para Hacienda, porque España tiene “el menor número de inspectores por habitante de la UE”, según alertaba el último informe de la Comisión Europea. Y que consiga más ingresos, no menos, para equipararnos con Europa y financiar los servicios públicos y las reformas económicas y sociales que hacen falta para modernizar el país. Sin más ingresos (justos) no conseguiremos gastar en lo que hace falta y tener un país con más servicios para todos. Entre tanto, demos ejemplo y , ahora, declaremos bien a Hacienda.

Llegan los recortes más duros, por triplicado

Se acabaron los “paños calientes”. Tras las elecciones en Andalucía y Asturias, llegan los recortes más duros, por triplicado: los del Estado central, Ayuntamientos y autonomías, que serán los peores, porque van a recortar más en sanidad, educación y gastos sociales. Pero no sólo habrá recortes y despidos (más de 300.000 empleados públicos contratados). Nos van a brear a subidas, sobre todo Ayuntamientos y autonomías, desde las tasas por agua y basuras al aumento de las matriculas universitarias o nuevos impuestos autonómicos sobre la gasolina, la compra de coches, la venta de casas, las recetas o el turismo. Al final, 34.000 millones de ajuste que se van a traducir en menos consumo, menos inversión y más paro. Y al final, con menos crecimiento, ingresarán menos y habrá que hacer otro recorte en otoño.

enrique ortega

Bruselas ha querido dejar claro quien manda en las cuentas españolas y ha forzado a Rajoy a hacer un recorte del déficit mayor (+5.300 millones): del 8,5% del PIB al 5,30% (en vez del 5,80%), lo que supone recortar 34.074 millones de euros en 2012. Un reto casi imposible, ya que en mayo de 2010, el ajuste ZP recortó 15.000 millones y en todo 2011, el Gobierno y las autonomías sólo recortaron otros 8.800 millones. Ahora toca ajustar cuatro veces más y sólo quedan nueve meses para hacerlo.

La mitad del recorte (17.037 millones) le toca al Estado central, en los Presupuestos que se presentan el 30 de marzo. Casi un tercio está hecho con la subida de impuestos (IRPF e IBI: 6.475 millones) aprobada en diciembre. El resto saldrá de todas las partidas (salvo pensiones y pago intereses deuda), con una rebaja del 12,5% en los Ministerios, que llegará al 40% en inversión pública (6.000 millones menos para infraestructuras). Pero no será suficiente. Rajoy tendrá que bajar el coste de los funcionarios, rebajando complementos y quizás alguna extra (una paga menos son 4.500 millones de ahorro), como ha hecho Cataluña. Y  acabará recortando plantillas estatales (687.000 empleados), de interinos y contratados.

Pero no bastará con hacer recortes. El Gobierno tendrá que buscar más ingresos y podría  subir los impuestos especiales que pagamos al comprar carburantes, tabaco y alcohol, rebañando 1.000 millones. Y subirnos  tasas. También puede rebajar deducciones en el impuesto de sociedades, un coladero para ahorrarse impuestos las grandes empresas. Y un poco de “contabilidad creativa”: cambiar subvenciones por créditos, para reducir el déficit.

El ajuste más duro lo harán las autonomías, no tanto por la cantidad (14.907 millones) como porque su gasto no es fácilmente recortable: el 71% se va en sanidad, educación y gastos sociales. Y además, el recorte concentra (73% del total) en cuatro autonomías, las que tienen más déficit: Cataluña (-4.335 millones ajuste), Andalucía (-2.469),  Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034). Un esfuerzo titánico si se recuerda que Cataluña, líder en recortes, sólo rebajó su déficit en 1.134 millones en 2011. Ahora tiene que ajustarlo cuatro veces más.

Los recortes de las autonomías van a ir primero por la vía de gastos de personal, el 40% del presupuesto. Cataluña ya ha rebajado un 5% las pagas extras para 2012 y otras podrían imitarla, según haga Rajoy con los funcionarios estatales. Y habrá más recortes de plantilla, ya que de los 1,3 millones de empleados autonómicos, 434.942 no son funcionarios (y la mitad son interinos o cargos de libre designación). Y tendrán que suprimir la mayoría de las 2.276 empresas públicas autonómicas. Además, van a suprimir obras públicas, reducir costes y alquileres, vender los edificios que puedan y reducir subvenciones a empresas, familias y Ayuntamientos.

Pero los recortes no son suficientes. Las autonomías van a subirnos impuestos: transmisiones patrimoniales (Baleares, Extremadura, Andalucía) y Actos Jurídicos Documentados (Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía). Y crean otros nuevos, a la producción de energía y nucleares (Castilla y león), infraestructuras (Baleares) o residuos (Cantabria y Castilla y León). Y las que no lo han hecho ya (11 autonomías), subirán el céntimo sanitario a los carburantes (Baleares y Navarra).Otras subirán las tasas universitarias o el agua. Y algunas, como Cataluña, cobrarán (desde junio) 1 euro por receta y entre 1 y 3 euros por dormir en hoteles. Y el último invento que han acordado todas: cobrar por renovar la tarjeta sanitaria (10 €).

El recorte de los Ayuntamientos es pequeño (1.064 millones), pero la mayoría están quebrados y tienen que sanear a fondo sus cuentas. Empezarán por sus plantillas (45% del gasto), rebajando sueldos e ingresos (con menos horas), ajustando plantillas (un tercio de sus 656.000 empleados son interinos) y cerrando muchos de los 1.793 consorcios municipales. Tendrán que meter la tijera en sus gastos “impropios”, un 20% del total: protección civil, educación, servicios sociales y, sobre todo, en deporte y cultura (financian dos tercios de la cultura en España). Y nos subirán tasas (basuras, agua), aparcamiento, multas y todos los servicios, empezando por los transportes municipales.

El ministro de Hacienda va a forzar estos recortes de autonomías y Ayuntamientos, ya que tienen que presentar sus Planes de ajuste el 30 de marzo (Ayuntamientos) y el 30 de abril (autonomías), a cambio de ayudarles a pagar las facturas a proveedores en mayo (35.000 millones). Si  no, además, no les dará los adelantos de impuestos ni les dejará endeudarse. Como Bruselas con Grecia. A cambio, tratará de aprobar reformas (en los medicamentos, en la sanidad, en las prestaciones sociales) para ayudarles a hacer el ajuste.

Al final, el primer efecto de los recortes por triplicado va a ser el despido de unos 300.000 empleados públicos, contratados e interinos, entre Estado, autonomías, Ayuntamientos y empresas públicas. Y una caída de la actividad, la inversión y el consumo, junto a mayores estrecheces para los que más sufren  la crisis, al reducirse las ayudas. Medidas que agravan la recesión y el paro, ya graves antes de estos recortes. Y lo peor es que caerá la recaudación y en otoño harán falta más recortes. Y en 2013. Nos metemos más en el pozo.

Carburantes: un precio en cada autonómía

Ahora, cuando vamos de viaje hay que llevar en la guantera un cuadro con los impuestos que cargan las autonomías a los carburantes, el céntimo sanitario, que hace que la gasolina o el gasóleo cuesten hasta cinco céntimos más en unas que en otras. Ya son once autonomías las que aplican el recargo y cuatro al máximo (7,20 céntimos): Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña y Castilla y León, estas tres a partir de este 1 de marzo. Un impuesto que da la puntilla a los transportistas y que distorsiona el mercado, para conseguir unos ingresos extras que son el chocolate del loro y no resuelven la financiación de la sanidad. Eso sí, con la esperada subida de los impuestos especiales y los efectos de la crisis de Irán, los carburantes costarán pronto 1,5 euros, agravando la caída del consumo.

El céntimo sanitario es un impuesto de nombre irrecordable (Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, IVMDH) que se inventó en diciembre de 2001 el Gobierno Aznar para ayudar a las autonomías a financiar la sanidad. Tiene una parte fija (tramo estatal), de 2,4 céntimos por litro, que se cobra en todas las autonomías (salvo Canarias) y un tramo autonómico, un recargo de 2,40 a 4,80 céntimos que fijan las autonomías. Y esto sobre el gasóleo y la gasolina, pero también se aplica sobre el consumo de gasóleo de calefacción (6 céntimos tramo estatal y 12 céntimos el autonómico) y de fuel (1 céntimo tramo estatal y 2 céntimos el recargo autonómico). Luego no sólo pagamos el céntimo sanitario al repostar carburante, sino en la calefacción y en las industrias. Sin enterarnos.

La primera autonomía que aplicó el recargo adicional, desde 2002, fue Madrid (Gallardón fue su defensor), 1,70 céntimos (en total, 4,10 de céntimo sanitario) y le siguieron Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias y Galicia (todas, 4,80 céntimos entre los dos tramos). En enero de 2011 se sumaron Andalucía, Murcia y Extremadura (todas, 4,80 céntimos en total). El 10 de enero de 2012, la Comunidad Valenciana subió su parte del recargo a 4,80 (7,20 céntimos de céntimo sanitario total) y lo mismo van a hacer el 1 de marzo Cantabria, Cataluña y Castilla León. En total 11 de las 17 autonomías, aunque se lo están pensando el País Vasco y Aragón.

La mitad de la recaudación (58%) del céntimo sanitario (tramo estatal) va a las autonomías y los recargos son para ellas. El ingreso estatal supone unos 1.100 millones año (8.500 millones entre 2002 y 2009) y los recargos otros 700 millones adicionales (2011). El chocolate del loro para financiar una sanidad que cuesta 52.000 millones al año. De hecho, con los 120 millones extras que va a recaudar Castilla y León con esta subida, paga 22 días de sanidad. Y los 22 millones extras de Cantabria le dan para pagar 11 días. Algo, pero poco.

A cambio, el céntimo sanitario tiene muchos efectos perversos. Primero para los transportistas, aunque algunas autonomías les devuelven la mitad o todo ( y según a quienes). Pero estiman que el céntimo sanitario les encarece costes en 5.000 euros al año por camión. Luego están los efectos negativos sobre las estaciones de servicio, por el efecto frontera, que arruina a las gasolineras que están en autonomías caras y cerca de otras más baratas (las de Comunidad Valenciana limítrofes a Murcia o las de Castilla y León o Cataluña próximas a Aragón o Galicia. Y crean problemas de distribución a Repsol, Cepsa o BP. Además, perjudica a los conductores que viven en las autonomías más caras o que viajan habitualmente por ellas.

Al final, el céntimo sanitario está desde noviembre de 2011 en el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, enviado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a raíz de una de las muchas demandas en contra presentadas por los transportistas. La Comisión Europea ya emitió en mayo de 2008 un Dictamen motivado contra el céntimo sanitario, por considerar que no es conforme a la normativa comunitaria (ya hay un impuesto armonizado sobre hidrocarburos) y porque no hay constancia de que los fondos recaudados vayan de verdad a la sanidad. Ahora se espera que el Tribunal europeo falle en contra, aunque puede tardar dos años y mientras las autonomías tapan sus agujeros. Eso sí, luego tendrán que devolver lo cobrado a los conductores en los últimos cuatro años, unos 4.000 millones de euros.

Hasta entonces, el céntimo sanitario seguirá ahí (y creciendo). Y es posible que esta primavera se le sume una subida de los impuestos especiales a los carburantes, con el nuevo Presupuesto 2012 (la última subida, 2,9 euros por litro, la hizo ZP en julio de 2009). Sobre todo, porque el Gobierno Rajoy tiene margen para hacerlo ya que España tiene los carburantes más baratos de Europa, tras Eslovenia, Chipre y Luxemburgo. Y luego está lo peor: la crisis de Irán, que ya ha hecho subir el petróleo por encima de los 124 dólares barril, el precio máximo desde mayo de 2011 (y más si hay que pagarlo con un euro a la baja). Y podría subir más, a medida que Irán corte el suministro (un 14% de las importaciones de España) y Europa ponga en marcha su embargo el 1 de julio.

Todo ello apunta a que esta primavera tendremos los carburantes por encima de 1,50 euros y subiendo. Una factura dura de pagar, como país y como consumidores, pero que no se puede mezclar con el problema de financiar la sanidad. Primero, el céntimo sanitario es doblemente injusto: un conductor que viaja por una autonomía no tiene por qué pagar una sanidad que no usa. Y esos céntimos de recargo los paga igual un parado que un directivo. Y segundo, es el chocolate del loro, que no resuelve un problema, financiar la sanidad, que pasa por ajustar gastos, implantar un copago por receta farmacéutica y conseguir más ingresos estables vía impuestos directos, para que ayude más quien más tiene. No todos los conductores.

Subidas y reformas de impuestos para 2012

Si 2010 y 2011 han sido años de recortes, 2012 será un año de subidas de impuestos (y más recortes). Empezando por el impuesto de Patrimonio reformado, que puede quedar en nada si  lo boicotean sus autonomías o lo anula el PP. Pero todo apunta a que el futuro Gobierno, que tomará posesión en diciembre, tendrá que subir impuestos para seguir rebajando el déficit, como han hecho los conservadores en Europa. Aunque Rajoy dice que no, parece inevitable que suban los impuestos especiales (carburantes, tabaco y alcohol) y el IVA, además de hacer cambios en renta y sociedades, donde las grandes empresas apenas pagan. Y también subirán impuestos autonomías y Ayuntamientos.

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A última hora, como descarada baza electoral para Rubalcaba, el Gobierno Zapatero ha rescatado (sólo para 2011 y 2012) el impuesto del Patrimonio, que únicamente Francia mantiene en Europa. Un impuesto que se quitó en 2008, porque recaudaba poco (2.192 millones) y lo pagaban las clases medias (casi un millón de personas, las que tenían pisos y ahorros). Ahora se sube el mínimo a 700.000 euros y lo  pagarán los más ricos (160.000), pero sólo ingresará 1.080 millones, el 0,6 % de la recaudación del Estado.

Mucho ruido y pocos ingresos para un impuesto que puede quedar en nada por tres vías: que lo anule el PP si llega al Gobierno, que se declare anticonstitucional cambiarlo por decreto-ley o que las autonomías gobernadas por el PP (salvo Extremadura), lo anulen en la práctica bonificándolo al 100% como hizo Madrid en 2008. Eso sí, si lo anulan se quedarán sin esta recaudación (la mitad va a Madrid y Cataluña), pero no sin la compensación por supresión del Patrimonio en 2008 que ahora reciben (2.100 millones al año) por Ley.

El nuevo Patrimonio puede ser un impuesto inútil, pero ha abierto un debate muy útil, el de los impuestos. Que el déficit no se rebaja sólo con recortes, también con más ingresos. Y que los que más tienen han de colaborar más en la salida de la crisis. De hecho, en toda Europa, los Gobiernos conservadores han subido impuestos, tanto el IVA (Gran Bretaña, Italia y sobre todo, Irlanda, Grecia y Portugal, al 23%), como el impuesto sobre la renta o los inmuebles y han creado “impuestos a los ricos” (5% en Francia y 3% en Italia). En España, Zapatero subió el IVA en julio de 2010 (del 16 al 18%), los impuestos especiales (carburantes, alcohol y tabaco) y el IRPF este año a los que ganan más de 120.000 euros, pero no ha querido más retoques fiscales, salvo el esperpento del Patrimonio.

Y sin embargo, tenemos unos impuestos insuficientes (menos presión fiscal que Europa) e injustos. En renta (IRPF), la recaudación descansa sobre las nóminas (el 75% de los contribuyentes declaran menos de 24.000 euros) y las clases medias. Los ricos no pagan: sólo 6.829 personas declaran ganar más de 600.000 euros y pagan un tipo efectivo del 27,2 %, menor al de los que ganan 78.000 € (28%) y 120.000 € (30,2%), debido a que obtienen más rentas del capital (que tributan menos) que del trabajo. Y las reformas hechas por los gobiernos Aznar y Zapatero han llevado a que las rentas altas paguen menos (el tipo máximo ha bajado del 56 % en 1995 al 45% hoy) y las rentas medias tributan casi igual.

Más escandaloso es el caso de las empresas. En 2007, Zapatero aprobó la primera rebaja del impuesto de sociedades de la democracia, a la que se han sumado otras (libertad de amortización, consolidaciones intragrupo, deducciones varias), que han conseguido el milagro: las empresas pagan sólo el 9,9 % de sus beneficios, cuando el tipo nominal de sociedades es  el 30%. Y lo peor: una gran empresa que factura más de 1.000 millones, como Telefónica, paga un tipo efectivo del 16,9 % y una pyme que factura 6 millones paga el 20%. Gracias a este trato fiscal (y a la crisis), la recaudación por sociedades ha caído a la quinta parte: de 44.800 millones en 2007 a 4.761 millones hasta julio.

Este favorable trato fiscal a las empresas, la gran diferencia entre IRPF y sociedades, provoca que los ricos utilicen sociedades instrumentales para no pagar impuestos, tributando al 1% a través de las 3.133 SICAV registradas, con 26.200 euros de patrimonio. Algo que no ha tocado en siete años el Gobierno Zapatero y que ahora el PSOE promete cambiar para el futuro…

Rajoy, presidente in pectore, promete ahora no subir impuestos. Pero tendrá que hacerlo si quiere reducir más el déficit en 2012, como exigen Bruselas y los mercados. Incluso habrá que hacer retoques a finales de 2011, si como dice la Comisión Europea, vamos a superar el tope de déficit este año (en 3.000 millones) y el que viene (en otros 9.000). Sería un ajuste adicional, que forzaría a nuevos ajustes y a buscar más ingresos, gobierne quien gobierne. Y queda todo el campo de los impuestos autonómicos y municipales, que subirán sí o sí.

La primera subida será la de los carburantes: España está obligada a subir 2,8 céntimos el impuesto de hidrocarburos el 1 de enero para armonizarlo con la UE. Y también subirán los impuestos del alcohol y tabaco. Otra subida que está cantada es la del IVA: España es el tercer país con menos IVA de la UE y hay margen para subir al 19 o al 20% (quizás para verano), como han pedido Bruselas y el FMI.

En renta y sociedades, la subida exige una reforma, que el PP está estudiando en secreto. En el IRPF podrían simplificarse tramos, con retoques al alza, y parece probable que suban los impuestos al ahorro (malo, pero hay margen), del 19-21% actual al 20-23%, acercándolo al 25% que paga de beneficios una pyme. Un cambio que se puede hacer en 2012, con efectos retroactivos al 1 de enero, como ya hizo Felipe González en junio de 1992.Y en sociedades, el futuro Gobierno tendrá que quitar deducciones, como ha exigido la Comisión europea a todos los países, con lo que las empresas pagarán más impuestos (malo, pero obligado).

Más ingresos en 2012 (y quizás ya a finales de 2011, obligados por la caída de la recaudación) para mitigar los recortes y poder seguir bajando el déficit. Y para poder bajar cotizaciones y ayudar a crear empresas y empleo. Sólo así será justo que paguemos más impuestos.