2023, un año incierto

2022 iba a ser el año de la recuperación, tras la crisis del COVID. Pero Putin invadió Ucrania en febrero y esta guerra agravó la inflación, más en Europa, encareciendo la energía y los alimentos y provocando otra crisis. Ahora, la palabra más utilizada para 2023 es incertidumbre: es difícil saber si la economía irá a peor, por la guerra, la energía y la subida de tipos, generando una recesión en Europa  (parece que no en España) o si mejorarán los escenarios y se iniciará una recuperación a partir del verano. Mientras, aparecen nuevas amenazas, como el riesgo de una nueva pandemia por los repuntes en China o el conflicto entre Serbia y Kosovo, sin olvidar los graves fenómenos climáticos y la enorme deuda mundial. España afronta 2023 con más crecimiento, más empleo y menos inflación que la mayoría de Europa. Y dos apoyos para la economía: las ayudas públicas contra la inflación y los Fondos europeos. La clave es crecer (aunque sea poco) y no perder empleo. ¡Feliz 2023!

Enrique Ortega

Al final, el año 2022 ha terminado mejor de lo esperado en otoño, sobre todo para España: la economía no ha caído en el último trimestre (crecerá un +0,3%, según la AIReF), el empleo sigue creciendo (somos el país europeo que crea más empleo) y la inflación ha bajado en los últimos 5 meses (del 10,8% en julio al 5,8% en diciembre, incluso por debajo del 6,5% de hace un año), lo que nos sitúa como el país con menos inflación de Europa. Así que en vez de hundirse la economía este año, crecerá “más del 5%”, según pronosticó la semana pasada el presidente Sánchez, un crecimiento cercano al de 2021 (+5,5%), antes de la guerra de Ucrania. E incluso se ha reducido el déficit público (no la deuda), gracias a una recaudación fiscal récord (239.789 millones hasta noviembre, más que los 223.385 millones de todo 2021), motivada por la subida de la inflación, el empleo (+471.360 en 2022) y los beneficios empresariales.

De hecho, la prestigiosa revista “The Economist” ha situado a España como “el 4º país de la OCDE que mejor ha evolucionado en 2022”, tras analizar 5 indicadores económicos claves de los 34 paises miembros. Nos coloca sólo por detrás de Grecia, Portugal e Irlanda. Resulta chocante que estos 4 paises “ejemplares” sean los que más sufrieron la crisis europea de la deuda (2010-2012) y los 4 paises que fueron rescatados por la UE (en España, la banca), a cambio de un duro ajuste y drásticos recortes que hundieron sus economías hasta 2014. Es una ironía de la historia que nos recuerda que hubo otra manera de atajar las crisis, el neoliberalismo, que no se utilizó en la crisis de la pandemia (2020-2021) ni en la actual crisis de la inflación (2022), donde han primado las ayudas públicas para reanimar las economías y salvar empleos. La diferencia es clara: en la crisis de 2008, España tardó una década en recuperar el empleo perdido y en la pandemia lo recuperó en 21 meses (septiembre 2021).

Si 2022 ha terminado mejor de lo temido, para 2023 las perspectivas parecen peores. Pero nadie se atreve a asegurarlo: la palabra más utilizada en los informes de los organismos internacionales (OCDE, FMI, Comisión Europea) es “incertidumbre”. La clave para saber cómo se comportará la economía española pasa por lo que haga la economía mundial, en especial Europa. Y todas las previsiones (OCDE y FMI) auguran un menor crecimiento en 2023, en el mundo (+2,2% frente al 3,1% en 2022 y +5,9% en 2021), en las economías avanzadas (+1,1% de crecimiento, frente a +2,4% y +5,2%), en EEUU (+0,5% de crecimiento en 2023 frente a +1,8% y +5,9% los dos años anteriores) y sobre todo en Europa: se augura un crecimiento para la zona euro de sólo un +0,5% este año 2023, frente al +3,3% en 2022 y el +5,3% que creció en 2021, tras la caída en 2020 (-6,6%) por la pandemia. Sólo China espera crecer más en 2023 (+4,6% frente al +3,1% y el +8,1%), por el fin de la política de COVID cero, aunque tiene el riesgo de haberse disparado los contagios.

Lo más preocupante para los europeos es que la locomotora económica del continente, Alemania, va a caer en recesión este año 2023: su PIB caerá un -0,5%, coinciden en la OCDE y el FMI, mientras la última previsión de la Comisión Europea (noviembre 2022) apuntaba una caída algo mayor, del -0,6%. También entrará en recesión Suecia (-0,6%) y Letonia (-0,3%), así como el Reino Unido (-0,9%), lo que retraerá sus turistas a España Y del resto de paises europeos, Dinamarca no crecerá nada (+0%) y muy poco Bélgica (+0,2), Austria (+0,3%), Italia (+0,3%) y Francia (+0,4%), junto a Portugal y Polonia (+0,7%). España será el país grande europeo que más crezca, aunque sólo un +1%, un crecimiento que el FMI sube hasta el +1,2% y la OCDE (y el Banco de España) al +1,3%, todos por debajo del Gobierno Sánchez, que apuesta por un crecimiento este año del +2,1%. La previsión de la Comisión Europea es que España crezca más a partir del verano, por el tirón del turismo y las inversiones derivadas de los Fondos europeos.

Volviendo al panorama internacional, el gran problema que seguirá en 2023 será la alta inflación. La previsión de la OCDE es que baje en Occidente del 9,4% de 2022 al +6,5% en 2023, que siga en el 5,1% en 2024 y que no regrese a la normalidad del 3% hasta 2025. En la zona euro, auguran una bajada del 8,3% al +6,8% en 2023, para bajar luego al 3,4% en 2014. Y en España, la Comisión Europea estima que el 8,5% de inflación media que tuvimos en 2022 bajará al +4,8% en 2023 y al 2,3% en 2024, menos inflación que la prevista para la Europa del euro (+6,1% en 2023 y +2,6% en 2024).

La principal medida contra la inflación, también en 2023, serán nuevas subidas de tipos de interés, después de que EEUU los haya subido 7 veces en 2022, (entre marzo y diciembre), del 0 al 4,5%, y el BCE los subiera 4 veces (entre julio y diciembre), del 0 al 2,5%. De momento, estas subidas han sido ineficaces y muy dañinas para la economía. Ineficaces porque apenas han bajado la inflación en EEUU y en Europa está más alta que al iniciarse las subidas (+10,1% en noviembre frente al 8,6% en junio). Y eso se debe a que en esta ocasión, no es una “inflación de demanda” (elevada, que hay que “enfriar” con el dinero más caro) sino ante una “inflación de costes”, donde la subida de tipos no va a bajar el precio del gas, la luz y los alimentos ni va a parar la guerra. Los bancos centrales lo saben, pero intentan bajar la inflación a cualquier precio, a costa de provocar una recesión (como han hecho otras veces).

Estas subidas de tipos, además de ineficaces provocan un gran daño a la economía, al encarecer el dinero a las empresas (crédito e inversión), familias (hipotecas y créditos personales) y Estados (deuda pública). De hecho, el Euribor ya superó el 3% a finales de 2022 (tras estar en negativo desde 2016 a abril de 2022), lo que encarece las hipotecas de todos los europeos, que ya tienen problemas para llegar a fin de mes con la inflación. En España, la revisión en enero de una hipoteca a tipo variable (hay 3,5 millones) subirá una media de 225 euros al mes. Y se ha duplicado el tipo que pagan las empresas por sus créditos, mientras España paga más por colocar su deuda: el bono a 10 años ha subido del 0,60% en enero de 2022 al 3,60% de interés que hay que pagar ahora… Y este año tenemos que colocar 70.000 millones de nueva deuda.

Como se ve, las consecuencias de la subida de tipos son muy negativas y acelerarán el riesgo de recesión en todo el mundo y más en Europa. Es como “pegarse un tiro en el pié”, forzados por la estrategia “neoliberal” de unos bancos centrales “independientes”, que nadie elige, y cuya política de ricino deberían abandonar, como se hizo con los ajustes y recortes de la crisis financiera en la pandemia y la actual crisis de la inflación. Sería más eficaz que los organismos multilaterales, desde el G-7 al G-20, y la OCDE y el FMI promovieran cambios estructurales en la economía mundial, clarificando los mercados de la energía, alimentos y materias primas para que una minoría (OPEP, operadores, multinacionales) no aproveche la crisis para hacerse de oro a costa de las familias y los presupuestos de los paises.

Además de la inflación y la subida de tipos, hay otras “amenazas” en el panorama económico internacional para 2023. La fundamental, la guerra en Ucrania, que va a cumplir un año sin verse salida. Y además, existe el riesgo de un 2º conflicto en Europa, entre Serbia y Kosovo (donde sigue una misión de la OTAN). A finales de diciembre, EEUU y la UE han tenido que intervenir para evitar un enfrentamiento entre Serbia y su antigua provincia de Kosovo, que se declaró independiente unilateralmente en 2008. Esta vez, el choque ha surgido por la crisis de las matrículas, el rechazo de la minoría serbia de Kosovo a reemplazar sus antiguas matrículas (expedidas por Belgrado) por otras del nuevo país (expedidas por Prístina). En noviembre se alcanzó un débil acuerdo, pero ha habido después enfrentamientos y barricadas cerca de la frontera que indican que la tensión sigue y podría ir a más.

Otra amenaza a la economía mundial es la evolución de los precios de la energía. Este invierno, Europa podrá superar el frío y los temidos cortes de electricidad  gracias a las enormes reservas de gas (cercanas al 90%), que han desplomado los precios, junto al mayor ahorro de energía de empresas y familias. Pero en cualquier momento puede cambiar la situación, al agravarse el frío o cambiar el clima y contar con menos energía eólica y solar (que han desplomado los precios de la luz en diciembre). El 15 de febrero empieza a funcionar el tope al gas (180 euros) que ha aprobado la UE, junto a las compras conjuntas, los planes de solidaridad entre paises y la menor burocracia para instalar renovables. Habrá que ver si surten efecto. Y si la guerra continúa, el problema será preparar el invierno de 2023.

Una quinta amenaza ha saltado la semana pasada: el riesgo de que vuelva el COVID con fuerza y el mundo sufra una nueva pandemia 3 años después, lo que hundiría a la economía mundial en otra recesión. El origen del problema vuelve a estar en China, que ha pasado de un extremo a otro, de confinamientos durísimos de ciudades y personas a abrir ahora la mano y permitir la movilidad sin cuarentenas, lo que ha provocado ya millones de contagios diarios y muertes incontables, debido a su baja tasa de vacunación (con vacunas propias, poco eficaces). Ya hay paises, como EEUU, Japón, Corea o Italia, que están controlando los vuelos desde China, algo que hace España desde el 31 de diciembre,  mientras las autoridades sanitarias de la UE sólo dicen que “se mantienen vigilantes”, sin aprobar controles conjuntos en la UE.

La sexta amenaza para la economía mundial en 2023 serán los fenómenos climáticos extremos, desde inundaciones y sequías a aumentos de temperaturas, que causarán enormes daños (como en 2022) y un encarecimiento de los alimentos. Todo ello sin que los Gobiernos, agobiados por la inflación, la guerra y quizás el COVID, tomen medidas eficaces para fomentar las energías renovables y lograr un mayor recorte de las emisiones para 2030.

Y queda una séptima amenaza en 2023 de la que apenas se habla: una crisis de deuda. Dos décadas de dinero barato, desde 2008 a 2022,  han propiciado que los paises, empresas y particulares se hayan endeudado sin miedo. Ya en 2021, el FMI estimaba que la deuda mundial era de 226 billones de euros, el 256% del PIB mundial, una cifra histórica, que supera la deuda de 2008 (195% del PIB mundial). El 40% de esta deuda es deuda pública (la que más ha crecido, por la crisis financiera y la pandemia), otro 40% es deuda empresarial (disparada en 2020) y el resto deuda de las familias. Todos tendrán que afrontar ahora esa deuda con tipos más altos, lo que puede poner en apuros a paises en desarrollo de Latinoamérica, Asia y Africa (que además deben devolverla en dólares más caros).

Centrándonos en España, además de estas amenazas globales, tenemos incertidumbres propias en 2023. La primera, mantener bajos los precios de la energía con los que cerró 2022. Y para eso, resulta clave conseguir una prórroga de la excepción ibérica, que termina en mayo y que nos ha permitido ahorrar 4.000 millones en la factura de la luz, una media de 150 euros anuales por recibo. Si el gas vuelve a subir, tendremos un argumento a nuestro favor, incluso otros paises querrán que se les extienda, como han pedido Italia, Francia o Grecia. Pero si no se consigue, volveremos al vaivén de precios y subirá la inflación.

Otro reto será mantener las ayudas públicas contra la inflación, prorrogarlas después de junio si no bajan los precios suficientemente. El coste es alto (10.000 millones por semestre), pero son imprescindibles para ayudar a familias y empresas y evitar un desplome del consumo y del crecimiento. Si las cosas se ponen “feas”, la solución pasaría por forzar la aprobación de un Plan europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con el COVID (Plan de Recuperación). Algunos expertos proponen un Plan de 1 billón de euros, que saldrían de emitir deuda europea (ya se rompió el tabú tras el COVID), de impuestos sobre algunos beneficios extraordinarios de empresas y de otras partidas del Presupuesto europeo. Sería mejor una respuesta común, si la inflación no amaina en 2023, a que cada país “se busque la vida”, dando más ayudas los más ricos (Alemania), como pasa ahora, lo que además de injusto, supone amparar una competencia desleal entre paises.

La clave para España en 2023 es mantener el crecimiento (aunque sea menor) y no caer en recesión. Para ello contamos con “dos empujones”, el de las ayudas públicas (que sostendrán el consumo de las familias y la actividad de las empresas) y los Fondos europeos, que deberían relanzar la inversión y la actividad en 2023 (tras un cierto parón en 2022). Y además, es clave que no caiga el consumo de las familias, lo que exige una subida razonable de los salarios, tras dos años de pérdida de poder adquisitivo. Y apoyos a la exportación, para que no reste crecimiento en 2023, un año donde apenas crecerá el comercio mundial y donde será más difícil vender en Europa, con débil crecimiento o recesión. Con todo, la clave es salvar el empleo, aumentarlo algo, porque es lo que nos permitirá aguantar la crisis, como ha pasado en 2022 (471.360 personas más trabajando, con empleos más decentes). Esta debería ser nuestra petición a 2023: que no se pierda ni un empleo. Eso exige acuerdos sociales y políticos, nada fáciles en un año electoral. Pero es lo que necesitamos.

¡Feliz 2023¡

Europa se prepara para el invierno

El pasado viernes, los ministros de Energía de la UE aprobaron medidas extraordinarias para que los europeos afrontemos los recortes de gas y los precios disparados de la energía. El gran objetivo es evitar “apagones” este invierno y garantizar el suministro, para lo que habrá que ahorrar luz y energía. Además, aprobaron un impuesto extraordinario a las energéticas, que ingresará 140.000 millones extras para ayudas. España recortará un -6,4% el consumo eléctrico, con medidas para restringir el alumbrado y la calefacción en locales públicos, no en hogares. Pero todo dependerá de la guerra y los precios del gas. Los 27 están divididos sobre nuevas medidas (más drásticas) para frenar los precios de la energía. Si continúa la espiral, harán falta más recortes de consumo y más ayudas (impagables: Europa se ha gastado ya 500.000 millones, 35.500 España, el 4º país que más en la UE). Y tras el invierno, 2023 será un año muy difícil, con recesión en Alemania. Así que nos esperan meses duros, que agravarán las presiones políticas para parar la guerra en Ucrania.

Enrique Ortega

Tras más de 7 meses de guerra en Ucrania, la crisis económica desatada por la energía y los precios sigue ahí, muy preocupante. La inflación en Europa ha empeorado (del +9,1 al +10% en septiembre), aunque baja algo en España (la inflación ha bajado del +10,5 al +9% en septiembre, gracias a la luz y los carburantes). Y los precios de la energía, aunque mucho más altos que antes de la invasión de Ucrania, han bajado en el último mes, desde el petróleo (más barato hoy que el 23F) y los carburantes al gas y la electricidad. Pero la situación es muy inestable, con los atentados a los gasoductos NordStream 1 y 2 y los referéndums ilegales en Ucrania, que agravan los cortes de gas a Europa y sobre todo a los países del norte, muy dependientes del gas ruso. Y todo se complica más con la llegada del frío y del invierno, que hace temer por aumentos de consumo y cortes de suministros, sobre todo en industrias y hogares del centro y norte de Europa.

Para evitarlo y asegurar el suministro de energía, los ministros de Energía de la UE aprobaron el viernes 30 de septiembre un paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética, que tendrán que corroborar los dirigentes europeos en la Cumbre de Praga de este jueves 3 de octubre. La primera medida clave es conseguir un ahorro en el consumo de electricidad del 15% entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2023. Y plantean hacerlo por 2 vías: una reducción voluntaria del consumo eléctrico global del -10% y una reducción adicional del -5% en horas punta. Ahora, se trata de concretar esta rebaja por países y definir las “horas punta”, diferentes según los países.

España ha conseguido un recorte menor, del -6,4% en el consumo eléctrico, porque somos una “isla energética” (sólo importamos el 4,1% de la electricidad consumida, según REE) y porque tenemos una alta capacidad de importar y transformar gas natural, al contar con 6 de las 20 regasificadoras europeas, lo que nos permite disponer ya del 85% de las reservas de gas en los almacenes (frente al 80% exigido por Bruselas para el 1 de noviembre). Pero ahora queda concretar cómo se hace este recorte de consumo y conseguirlo, algo que no será fácil, dado que el consumo de electricidad solo ha bajado un -1,7% hasta julio, según REE, a pesar de que los precios se han disparado. De momento, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas de ahorro para conseguirlo: calefacción a 19º en comercios, cines, hoteles y espacios públicos, apagado escaparates a las 10 de la noche y cierre automático de puertas en los comercios. Y ha pactado con las autonomías y Ayuntamientos la revisión del alumbrado público, para tratar de ahorrar (sobre todo ayudando a cambiar las farolas para instalar leds), aunque no parece que los municipios vayan a reducir el alumbrado de Navidad. Para los particulares, no habrá limitaciones de consumo, aunque se pedirá a las eléctricas que incluyan en la factura el consumo medio por zonas, para saber si gastamos de más.

A pesar del acuerdo del viernes sobre el recorte del consumo eléctrico (-15%), los 27 países UE  siguen divididos ante tomar medidas más drásticas para frenar la subida de la energía (sobre todo el gas y la electricidad). Una de ellas, extender la “excepción ibérica” (tope al gas en España y Portugal) al resto de Europa, es defendida sobre todo por Francia e Italia. Y eso, porque han visto la efectividad de poner un tope  al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (primero 40 euros MWh y después hasta 70 euros, cuando ahora cuesta en el mercado 187 euros MWh). Así, el viernes 30 de septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista en España y Portugal costaba 118,39 euros y aun contando con la compensación por el tope que hay que pagar a las eléctricas, el coste mayorista de la luz en España era de 153,13 euros, la tercera parte del coste mayorista de la luz en Alemania (386 euros), Francia (392) e Italia (459 €)…

Otra medida más drástica, que han pedido España y otros 14 países europeos (entre ellos Francia, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica y Polonia) es poner un tope al precio del gas que compre Europa, venga de donde venga, porque se considera que el precio actual es desorbitado y fruto de la presión política de Putin. La Comisión Europea no apoya esta medida (tampoco Alemania), porque temen que produjera un desabastecimiento. Y plantean como alternativa hacer compras conjuntas de gas toda la UE (como con las vacunas) y aprovechar este enorme poder de compra para negociar precios más bajos (y  contratos a más plazo) con EEUU y los países árabes y africanos que nos venden gas.

La otra gran medida que se aprobó el viernes en Bruselas fue crear un nuevo impuesto a las energéticas (petroleras, gasistas y empresas de carbón y refino): un gravamen del 33% sobre cualquier ganancia superior al 20% del beneficio medio que han obtenido en los últimos 4 años. Sería un impuesto temporal, a pagar sólo en 2023 por los beneficios extraordinarios en 2022. Otra medida complementaria es la aprobación de un tope temporal a los “beneficios caídos del cielo” que obtienen algunas eléctricas por producir  luz con energías más baratas que el gas (renovables, nucleares, carbón) y sin embargo cobrarlas al precio del gas (se plantea ponerles un precio tope de 180 euros por MWh producido, con lo que dejarían de recibir más de la mitad de lo que cobran hoy).

Entre ambas medidas, la Comisión Europea espera ingresar 140.000 millones extras de las energéticas para financiar las ayudas a familias y empresas por la subida del coste de la energía. Ambas medidas ya las había tomado el Gobierno español. En el decreto del 31 de marzo, el gobierno Sánchez amplió los impuestos a pagar por estos beneficios caídos del cielo a la generación eléctrica hidráulica, nuclear y renovable. Y  a finales de junio, el presidente Sánchez anunció un nuevo impuesto a las energéticas (y bancos) para gravar sus beneficios extraordinarios. El objetivo es el mismo, pero el impuesto es diferente al que ahora quiere aprobar Europa: el español es un impuesto sobre las ventas (no sobre los beneficios) y quería aplicarlo en 2023 y 2024. Ahora, la ministra de Hacienda ha reiterado que el Gobierno “adaptará su impuesto a lo que se apruebe en Bruselas”.

Ahora falta que cada país aplique los recortes de consumo aprobados por los 27 y que se consigan ingresar esos 140.000 millones extras en impuestos para financiar las ayudas, en las que Europa lleva gastados ya más de 500.000 millones de euros, según un reciente informe de Bruegel. España es el 4º país de la UE que más ayudas públicas ha gastado para afrontar la crisis energética (35.500 millones de euros, el 2,9% del PIB), sólo por detrás de Alemania (100.500 millones, el 2,8% de su PIB), Francia (71.600 millones, el 2,9% de su PIB) e Italia (59.200 millones, el 3,3% del PIB), aunque el país que lidera las ayudas es Reino Unido (con 178.400 millones, el 6,5% de su PIB: una cifra tan extraordinaria que los mercados dudan que puedan pagarla si baja drásticamente impuestos).

El problema de este ingente paquete de ayudas públicas europeas es doble: hay que financiarlas (con deuda o con déficit o con las dos cosas) y habrá que mantenerlas en el futuro, muchos meses más, si la guerra y la crisis energética siguen ahí. Por eso, la Comisión Europea y la mayoría de gobiernos europeos, aunque sean conservadores y liberales, apuestan por subir la recaudación fiscal, para que paguen más impuestos las empresas energéticas que se están beneficiando de la crisis. Y eso defiende también la OCDE, el FMI y el BCE, porque saben que afrontar la actual crisis exigirá más ingresos. Sólo la primera ministra británica, el PP español (y quizás la ultraderechista Meloni) defienden bajar impuestos.

Pero ojo a las ayudas frente a la actual crisis energética y de inflación, porque tenemos un doble problema con ellas. El primero, que agravan el Cambio Climático. La OCDE acaba de criticar que se den “ayudas indiscriminadas a la energía”, porque las subvenciones se están dirigiendo al consumo de combustibles fósiles (ayudas de 20 céntimos al consumo de carburantes en España, bajada de impuestos al gas y a la electricidad), lo que alimenta el consumo y las emisiones. Y aportan una cifra impactante: los 35 países de la OCDE van a destinar 169.000 millones directamente a subvencionar combustibles fósiles, que agravarán el Cambio Climático. Por eso, piden que se acabe con las  “ayudas generalizadas”, que alimentan el consumo de combustibles fósiles, y se opte por ayudas directas a las familias vulnerables para pagar la energía al precio que valga (sin subvencionarla). Un dato revelador: en España, entre abril y agosto (cuando se ha subvencionado con 20 céntimos), el consumo de carburantes ha subido: un +8,28% la gasolina y un +2,72% el consumo de gasóleo, según las estadísticas de CORES.

El segundo problema de las ayudas públicas generalizadas es que “alimentan la inflación”, como acaba de denunciar el Banco Central Europeo (BCE). Por dos vías. Una, permiten que las familias gasten más (gracias a las ayudas), con lo que el consumo no cae lo suficiente ni tampoco los precios. La otra, que los países se ven obligados a subir su déficit y su deuda, y este mayor gasto público también alimenta la inflación. Por eso, el BCE también considera, como la OCDE y el FMI, que los países deben limitar sus ayudas y dirigirlas de manera muy selectiva a los más necesitados, no a la mayoría (aunque políticamente sea más vistoso). Y en paralelo, creen que los países deben aumentar su recaudación para financiarlas, no bajar impuestos. Incluso, el economista jefe del BCE, Philip Line, ha ido más allá: acaba de pedir a los países “que financien las ayudas con subidas de impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Nada de bajar impuestos con la que está cayendo…

Pero hay más. La política generalizada en Europa de multiplicar las ayudas públicas para afrontar la inflación obliga al BCE a subir los tipos de interés más de lo necesario, lo que puede provocar una recesión. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, se quejaba hace unos días de que tiene que hacer “el papel de mala” (ya ha subido dos veces los tipos, al 1,25%, y los subirá al 2% a finales de octubre) porque los gobiernos europeos “hacen el papel de buenos” (más y más ayudas, realimentando la inflación). Y pide coherencia entre la política fiscal (menos ayudas y más selectivas, aunque no sea popular) y la política monetaria. Porque cuanto más suban las ayudas públicas, más tendrá que subir el BCE los tipos de interés. Y este "ricino monetario" será doloroso para las familias (hipotecas) y nos llevará a la recesión. De hecho, la OCDE ya ha rebajado el crecimiento de la UE al +0,3% en 2023, un +1,5% para España y que Alemania entre en recesión (su PIB caerá un -0,7%).

Así que el debate de fondo ya no es sólo como afrontar el invierno (lo más urgente) sino cómo afrontar la crisis de la energía y de la inflación sin que Europa caiga en recesión.  Urge un "cambio de timón" en la política europea contra la inflación: centrarse en medidas drásticas y eficaces para bajar los precios del gas, la luz y los alimentos, en lugar de poner "parches" y dedicarse a paliar los efectos de la inflación con ayudas millonarias que los países no pueden pagar (ni deben).Y además, según la OCDE, el FMI y el BCE, Europa debe concentrar esas ayudas  en las familias y empresas más vulnerables (nada de ayudas generalizadas, que además hunden más el clima) y financiarlas con subidas de impuestos a empresas y los más ricos (nada de bajadas generalizadas de impuestos). 

Y en paralelo, los Gobiernos europeos deben convencer a los ciudadanos que estamos en “una guerra económica”, que tiene costes para todos que debemos asumir (nos "empobrece"), aunque repartiéndolos de forma justa. Y que el coste de esta guerra en Ucrania (en defensa de la legalidad internacional y contra el imperialismo autocrático de Putin) no puede evitarse totalmente, sólo paliarse. Que tenemos que “aguantar el tirón” en los próximos meses, sacrificarnos, porque “papá Estado” no puede subvencionar el coste de la inflación a todos los ciudadanos y empresas. Tenemos que apretarnos  el cinturón y ajustar nuestro consumo de luz, gas y carburantes, hasta que las  medidas surtan efecto o la guerra se acabe. Y los Gobiernos tienen que decir claro a los ciudadanos que las ayudas no pueden llegar a todo. Aunque sea impopular.

Inflación: culpables, beneficiados y paganos

Los precios siguen disparados, desde EEUU a Europa, dañando las cuentas de las familias y recortando el crecimiento. La inflación en España supera el 10%, aunque el petróleo y la luz se moderan, porque suben carburantes, alimentos y casi todo. Y seguirá alta en julio y agosto, por el turismo y la mayor demanda. La culpa no es sólo de Putin y la guerra: los hoteles suben un +45% anual, por ejemplo. Las empresas aprovechan para subir márgenes tras la pandemia y son culpables del 83% de la inflación. Eso ha disparado los beneficios de eléctricas, petroleras, gasistas, intermediarios y supermercados, no del campo. Mientras, todos somos un 10,2% más pobres, en especial las familias con menos ingresos, donde pesa más el gasto de alimentos, luz, energía y vivienda. El Gobierno ha tomado nuevas medidas para compensar a los más perjudicados y subir impuestos a los más beneficiados. Pero queda vigilar la formación de precios, evitar subidas injustificadas a costa de nuestro bolsillo. No todo debe subir.

Enrique Ortega

Hoy se cumplen 140 días de la guerra en Ucrania (estancada) y el mundo se encuentra en medio de otra crisis, sobre todo Europa, provocada por una inflación imparable, con subidas de precios del +9,1% en EEUU (la más alta desde 1981) y el +8,6% en la zona euro, la más alta en décadas. El petróleo ha amainado sus subidas (cuesta ahora sólo un 3,3% más que antes de la invasión), pero los carburantes siguen disparados, porque faltan productos refinados y ha subido la demanda. Lo peor está en el gas, que casi ha duplicado su precio en el último mes y medio, por el temor a que Putin corte el suministro a Europa. Y eso tira al alza del precio de la luz en todos los paises, que ven subir también los alimentos y todos los productos de forma imparable.

Todo apunta a que julio y agosto seguiremos con una alta inflación, derivada del mayor consumo de energía (subirán más los vuelos y carburantes), luz (por las olas de calor) y alimentos, así como hoteles, ocio y servicios. Y no ayuda la caída del euro, que cotiza a la par que el dólar (1x1: en 2008 nos daban 1,5 dólares por euro) que se ha convertido en “moneda refugio”, apoyada por tipos de interés más altos (1,5-1,75% frente al 0% en Europa): todos los artículos de importación, desde el petróleo y el gas a los coches o medicamentos, son  ahora más caros, habrá que pagar más euros por ellos (el euro se ha depreciado -11,3% desde la invasión de Ucrania). Y esto es más preocupante para España, que importa más (342.787 millones) de lo que exporta (316.609 millones).

En medio de esta tormenta de inflación mundial, en España suben algo más los precios que en el resto de Europa: +10,2% de inflación anual en junio, por encima del +8,6% estimado para la zona euro, el +8,5 % de Italia, +8,2% de Alemania y el +6,5%% de Francia, un fenómeno que es habitual (solemos tener más inflación), debido a la menor competencia, la estructura económica (más peso de los servicios) y a los mayores márgenes empresariales en España. Con todo, los “culpables” de la inflación son casi los mismos: los carburantes (el gasóleo ha subido un +42,7% anual y la gasolina un +34,4%), la electricidad (+33,4% anual), los vuelos internacionales (+16% anual) y los alimentos (+12,9%), en especial aceites (+37%), pastas (+28,8%), huevos (+23,9%), frutas frescas (+19,3%), cereales (+18,4%), pollo (+14,1%), legumbres y hortaliza (+14%), pan (+13,9%), vacuno (+13,1%) y patatas (+10,8%), según el INE. Pero ojo: lo que más sube en España el último año son los hoteles: +45%, un alza que poco tiene que ver con la guerra y mucho con recuperarse de la pandemia.

La mayor subida, los carburantes, ha ido a peor en el último mes y medio, aunque llevemos dos semanas con ligeras bajadas. Pero seguimos pagando más por la gasolina y el gasóleo que en el resto de Europa: 2,072 euros litro la gasolina (1,960 euros de media en la UE-27) y 2,022 euros litro el gasóleo (1,952 en la UE-27) y no es por los impuestos (sin impuestos, pagamos 68 céntimos más cara la gasolina y 59 euros más caro el gasóleo).  Con estos precios, recogidos por el Boletín Petrolero europeo, la gasolina está ya 48 céntimos más cara (+30,3%) que antes de la invasión de Ucrania y el gasóleo 54 céntimos más (+36,7%). Y eso, a pesar de que el petróleo está ahora casi en los precios de antes de la guerra (97,89 dólares), aunque suben los productos refinados y el margen bruto de las petroleras.

La otra gran subida, la de la luz, sigue ahí, pero se ha “atemperado” tras la entrada en vigor del tope al gas por la “excepción ibérica”. En España, la luz tuvo un precio medio en el mercado mayorista de 197,2 euros MWh del 1 al 14 de junio y del 15 de junio (cuando entró en vigor el tope al gas) al 30, ha costado 145,5 euros de media. Pero como los consumidores tenemos que pagar ahora una compensación por el tope, el precio final de la 2ª quincena será de 236,8 euros MWh… más caro que antes. Pero ojo, si España no hubiera conseguido esta excepción ibérica, este precio habría sido de 275,9 euros MWh. Así que los consumidores, aunque pagamos más que en mayo, nos hemos ahorrado en junio un -16,7% sobre lo que habríamos pagado sin tener el tope al gas, según el Gobierno. De hecho, el precio mayorista de la luz medio de junio en España (236,8 euros, con compensación) es mucho menor al que han tenido Alemania (262,45), Francia (303,56) e Italia (320,80 euros MWh).

En definitiva, que hemos pagado más cara la luz en junio (subió el recibo un 9,1%, según el INE) pero hubiera subido mucho más si Europa no nos hubiera autorizado el tope al gas, lo que permite a España y Portugal tener ahora la luz más barata del continente (aunque sea carísima). Y lo más importante es que a medida que ruede el tope al gas, se notará más. Así, en las cotizaciones para el 4º trimestre de 2022 (los "futuros"), el precio mayorista de la luz en España (sin compensación) se mantendrá en los 147 euros KWh, frente a los 362 euros que se anticipan para Alemania y los 787 euros para Francia… Eso sí, si Putin corta el suministro, habrá que pagar más de compensación por el tope al gas, pero seguiremos con precios más bajos que el resto de Europa. Por eso Italia y Francia piden extender “la excepción ibérica”.

El tercer gran bloque de subidas, los alimentos, ha ido a peor, con una subida adicional en junio del +1,8%, sobre todo por las frutas (+11%), mientras siguen disparados los precios de aceites, pastas y cereales, huevos y carnes. Pero no es porque agricultores y ganaderos suban precios, aunque les hayan subido los carburantes, la luz, los piensos y fertilizantes. Ellos se quejan de que las subidas que pagamos en el supermercado no les llega a ellos, sino que se quedan por el camino: intermediarios, industrias agroalimentarias, hipermercados y súper. Y cada mes aportan una estadística para demostrarlo, el IPOD, que publica COAG, sobre la diferencia entre los precios en origen y destino de los alimentos.

Según el IPOD de junio, los consumidores pagamos por los productos agrícolas 4,6 veces lo que reciben los agricultores y 2,79 veces más de lo que reciben los ganaderos. Veamos algunos ejemplos: naranjas (de 0,15 euros kilo al agricultor a 1,48 euros de venta: +887%), ajos (de 0,70 a 5,94: +749%), lechuga (de 0,18 a 1,10 euros: +511%), patata (de 0,20 a 1,35: +575%), ciruela (de 0,66 a 4,37: +562%), sandía (de 0,36 a 2,17: +503%), tomates (de 0,66 a 2,46: +273%), aceite de oliva (de 3,38 a 5,11: +51%) ternera (de 4,98 euros a 17,22: +246%), cerdo (de 1,64 a 6,18%: +277%) o leche (de 0,40 a 0,80: +100%)…

¿Por qué suben tanto los precios? Las subidas de la energía, alimentos y materias primas, ya desde agosto pasado y aceleradas por la guerra de Ucrania,  explican parte de la inflación, pero no toda, como se ve claro en la subida de los hoteles, restaurantes y bares (¡disparados¡). Un reciente informe de CCOO, hecho a partir de los datos del INE, revela que el 83,4% del aumento de los precios se debe a la subida de los márgenes empresariales, mientras que los salarios (suben un 2,42% en los convenios firmados en 2022) sólo son culpables del 13,7% de las subidas (y los impuestos del 2,9% restante). Y lo más importante: esto ya pasaba antes de la guerra de Ucrania: en el 4º trimestre de 2021, los márgenes empresariales eran responsables del 106,3% de las subidas de precios.

A lo claro: las empresas han aprovechado el repunte de consumo de 2021, tras las escasas ventas de la pandemia, para recomponer sus márgenes y subir precios, les suban los costes o no (poco en el caso de hoteles y muchos servicios), “aprovechando” la guerra y el aluvión de subidas. El informe revela que los márgenes empresariales han subido más en España que en Europa, sobre todo en las empresas energéticas (han subido márgenes un +60,4% en España frente al +46,5% en la eurozona), los bancos y financieras (han subido sus márgenes un +25,7% en el último año en España, frente a una caída del -0,6% en la eurozona) y el sector manufacturero (+7,4% subida márgenes en España frente al +1,3% en la eurozona). Y también han subido márgenes el comercio, los transportes y la hostelería.

Así podemos perfilar  una lista de “culpables” de la inflación, además de Putin y la guerra. Y esto se traduce en otra lista similar de “beneficiados” por la inflación, empresas y sectores que ahora ganan más, como reflejan sus cuentas públicas. En cabeza, las empresas energéticas: las 6 grandes energéticas del IBEX (Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, Cepsa y Enagás) ganaron 10.097 millones de euros en 2021, cuatro veces los beneficios de 2020 y 2019. Y en el primer trimestre de 2022, Repsol ha duplicado sus beneficios (1.392 millones) y Cepsa los ha triplicado (265), mientras Iberdrola los aumentó un 3% y Naturgy, Endesa y Enagás los reducían por temas regulatorios o por no tener extraordinarios (Endesa espera ganar 1.800 euros este año, un 25,4% más que en 2021). Faltaría añadir los beneficios de algunas industrias agroalimentarias, híper y supermercados.

Tampoco podemos olvidarnos de la banca, aunque algunos digan que no se benefician de la alta inflación. Pero sí de la subida de tipos, que ha aumentado el Euribor desde finales de 2021, encareciendo créditos e hipotecas. Por eso, este primer trimestre de 2022, los 5 grandes bancos (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter) han ganado 5.262 millones de euros, un +56,04% más que al inicio de 2021 (su mejor año desde 2007, con 19.866 millones de beneficios, tras perder -5.500 millones en 2020). Y ahora, con la subida de tipos que va a aprobar el BCE el 21 de julio, aún ganarán más. Sobre todo porque durante la pandemia se han financiado en el BCE al -0,1% (para asegurar que prestaran) y ahora, al subir los tipos, van a cobrar más por estos depósitos en el BCE y por los créditos. De hecho, algunos expertos les auguran un beneficio extra por este dinero barato de 24.000 millones de euros, con lo que el propio BCE está pensando en ponerles alguna penalización (o impuesto).

Ya sabemos algo más de los culpables y beneficiados por la inflación. Más sencillo es saber quiénes somos “los paganos” de las subidas de precios: los consumidores, ahora un 10,2% más pobres. Si en 2021, el gasto medio de cada familia fue de 29.244 euros (INE), eso significa que la inflación se ha comido ya casi 3.000 euros por hogar. Pero ojo, la subida de precios no es igual para todos: afecta más a las familias más vulnerables, que son las que gastan más (porcentualmente) en lo que más está subiendo. Así, el 20% de las familias con menos ingresos gastan el 64,3% de su presupuesto en vivienda, energía y alimentos, mientras que el 20% más rico sólo gasta en estos bienes y servicios básicos el 41,7% de su presupuesto, según el INE. Así que la inflación va por barrios,  afecta desigualmente a los españoles.

Por eso, las medidas de los Gobiernos para paliar la inflación no deberían ser generalizadas sino selectivas, dirigidas a las familias más vulnerables, como defienden desde hace meses el FMI, la OCDE y la Comisión Europea. El Gobierno Sánchez se ha apuntado a esta tesis, aunque sin olvidar a la clase media, a la mayoría de los votantes, la razón por la que bajó los impuestos a la luz y subvencionó los carburantes (una medida “popular” pero que beneficia más a los que más tienen). Y ahora, al aprobar un 2º paquete de medidas, ha optado por dos que ayudan más a los más perjudicados: abono gratis de cercanías y media distancia de Renfe entre septiembre y diciembre y 100 euros adicionales de beca (de septiembre a diciembre) al millón de jóvenes con beca estatal (de familias con menos ingresos).

Y además, el Gobierno ha apostado por otra medida clave: aprobar (antes de fin de año) un impuesto especial a los sectores y empresas que se benefician de la inflación (eléctricas, petroleras, gasistas) y a la banca, para recaudar 7.000 millones de euros en dos años (2022 y 2023) con los que pagar parte de las medidas contra la inflación (costarán más de 20.000 millones de euros al Estado).Una medida que parece “justa”, aunque el PP critica que es fruto de “la podemización del Gobierno”. Lo que no dicen es que este impuesto a los beneficios extraordinarios de algunos sectores (no “caídos del cielo”, sino de “nuestros bolsillos”) lo propuso la Comisión Europea hace meses y lo aplican ya varios Gobiernos europeos conservadores: Reino Unido, Italia, Grecia y Rumanía (a las empresas energéticas), junto a Hungría (a la banca, telecos y aerolíneas), mientras lo estudia también  Bélgica.

Las nuevas medidas, más la bajada de impuestos, los 20 céntimos al carburante y el tope al gas, junto a los futuros ingresos extras, ayudarán pero son insuficientes. Porque los culpables de la inflación (la guerra, la imparable subida de la energía y los márgenes disparados) siguen ahí, minando nuestros bolsillos. Habría que tomar nuevas medidas a nivel internacional (G-7 y G-20), como un gran acuerdo para aumentar la oferta de crudo y gas no ruso en los mercados, para frenar los precios (la visita de Biden a Arabia Saudí va en esta línea). Y a nivel europeo, aprobar planes de ahorro energético y diversificación del suministro para este invierno, más drásticos de los inicialmente previstos. Y en España, el Gobierno debe vigilar a fondo la formación de precios, en la energía, los alimentos y los principales componentes del IPC, para que no haya empresas que quieran mejorar sus márgenes y beneficios a costa de nuestros bolsillos.

La verdad es que las grandes empresas españolas no han dado muestras de ser muy “patriotas”, de pensar en los consumidores. Basten tres ejemplos deplorables. Uno, la multa de 203 millones impuesta por la Comisión de la Competencia (CNMC) a las 6 grandes constructoras (ACS, Dragados, FCC, Ferrovial, Obrascón Huarte y Sacyr) por acordar precios… ¡durante 25 años (desde 1992): ¡ se han  reunido semanalmente para acordar el reparto de concursos públicos de carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales y otras infraestructuras, encareciendo el coste de estas obras públicas (a los contribuyentes). Otro, las multas impuestas por la CNMC a Repsol y Cepsa por pactar precios, la última (de 2015) anulada la semana pasada por el Supremo por haber excedido el plazo al presentar el expediente (no porque no fuera verdad). Y el tercero, la reciente apertura de juicio oral en la Audiencia Nacional contra 4 directivos de Iberdrola por un presunto delito contra el mercado y los consumidores por encarecer artificialmente el precio de la luz en 2013…

Igual son casos aislados, pero parece evidente que hay muchas empresas y sectores que están subiendo injustificadamente márgenes y precios. Una operativa que sólo se puede frenar de dos maneras: con la zanahoria de un “pacto de rentas” (patronal y sindicatos se comprometen a no subir márgenes y salarios para contener precios), que no ha salido cuando lo ha propuesto el Gobierno, o con el palo de una vigilancia generalizada de los precios, para descubrir fraudes como los ya detectados antes en eléctricas, petroleras y constructoras, así como subidas injustificables, lo que exige dotar de más medios a la CNMC. Y otra medida eficaz sería fijar precios máximos (temporales) en algunos bienes y servicios básicos, como ya se hizo con las mascarillas y geles, los test de antígenos, la bombona de butano, el gas o la revisión de alquileres. Cuando el sacrosanto “mercado” abusa, más control.

En resumen, tenemos precios altos para rato y conviene saber por qué suben, quien se beneficia y qué podría hacerse para atajar las causas de fondo, porque no vale con poner parches bien intencionados. Al final, se trata de repartir mejor los costes de la inflación. Que no ganen unos pocos a costa de la mayoría.

El doble chantaje de los Presupuestos 2018

El Gobierno Rajoy tiene prisa en aprobar los Presupuestos 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis en Cataluña. Por eso, Montoro presiona al PSOE para que los apoye, con dos estrategias. Una, decirles a las autonomías que no recibirán los 4.230 millones extras que les corresponden hasta que no haya Presupuestos. Y la otra, para los sindicatos: no subirán el sueldo a los funcionarios ni convocarán nuevos empleos públicos hasta que se aprueben. Dos “chantajes” inútiles, porque el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos 2018 y el Gobierno tendrá que negociarlos con PNV y nacionalistas canarios, a cambio de darles más dinero, como en 2017. Todo para que sean otros Presupuestos de ajuste, cuando la economía necesita reanimarse en 2018, porque tenemos en contra las subidas del petróleo, el euro y los tipos. Y encima, quieren bajar impuestos, cuando España recauda 72.000 millones menos que Europa y por eso tenemos déficit y recortes. Intenten pactar “otro” Presupuesto.

enrique ortega

Este 2018 es el segundo año que empieza sin Presupuestos, con la prórroga de los de 2017. Ya el año pasado, las elecciones y el retraso en la formación de Gobierno (se formó el 4 de noviembre de 2016) obligaron a prorrogar el Presupuesto de 2016 y negociar después las cuentas públicas 2017 con el PNV y los nacionalistas canarios, para asegurar una mínima mayoría de 176 votos, que alumbró un Presupuesto tardío, aprobado por el Senado el 26 de junio y que estuvo en vigor sólo medio año. Y ahora, se ha prorrogado para 2018.

El Gobierno Rajoy pretende por todos los medios aprobar cuanto antes un Presupuesto para 2018, porque se lo exige Bruselas y además porque cree que puede ser necesario para dar una imagen de estabilidad y rigor en un momento de incertidumbre económica y política por la crisis en Cataluña. Por eso, el ministro Montoro está volcado en una doble estrategia de presión frente a las autonomías y los sindicatos, con el objetivo de que ambos presionen al PSOE a apoyar los Presupuestos 2018 (o al menos, abstenerse).

La primera presión, ante las autonomías, se ha manifestado bajo la forma de una carta a las autonomías, enviada por Montoro a principios de enero, donde les comunica que el dinero extra que iban a recibir en 2018, por aumento previsto de recaudación, no les llegará hasta que esté aprobado el Presupuesto. Así que las autonomías, que han elaborado sus Presupuestos 2018 contando con estos mayores ingresos, no podrán disponer de ellos hasta que se acuerden las nuevas cuentas públicas. Son en total 4.230 millones extras, que Montoro les había prometido en julio y que ahora les retiene. Las más afectadas son las autonomías más grandes, Andalucía (les retienen 805 millones), Cataluña (779 millones), Madrid (571 millones), Comunidad Valenciana (353 millones), Galicia (321 millones), Castilla y León (279 millones) y Castilla la Mancha (208 millones). Sin embargo, las más afectadas, porque el dinero retenido les supone un mayor porcentaje de su presupuesto, son Cantabria (83 millones, el 5% de su presupuesto), La Rioja (44 millones, el 4,8%), Extremadura (137 millones, el 4,7% de su presupuesto), Galicia y Castilla la Mancha (4,7%).

Las autonomías afectadas, sobre todo las gobernadas por los socialistas, ya han puesto el grito en el cielo por esta retención de fondos de Montoro y hablan de “chantaje” injustificado. Y proponen que el dinero se les vaya entregando a cuenta, haya o no Presupuestos, en los primeros meses de 2018, como estaba previsto. Además, se quejan de que Montoro no quiera abrir la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, para aumentar sus ingresos de forma estable, hasta que se aprueben los Presupuestos 2018.

La otra vía de presión de Montoro al PSOE, para que apoye los Presupuestos 2018, es a través de los sindicatos, a los que reitera que no subirá el sueldo de los funcionarios hasta que se aprueben las cuentas públicas. Eso supone que los 2,5 millones de funcionarios públicos tendrán estos meses sus sueldos congelados, sin beneficiarse de la subida prometida en septiembre: un 1,5% en 2018, más un 0,25/0,50% variable según la marcha de la economía. Eso supone que los funcionarios no cobrarán, de media, unos50 euros más de subida cada mes que no haya Presupuestos (aunque los recuperarán cuando se aprueben). Además, mientras no haya Presupuestos no se podrán convocar nuevas plazas de funcionarios, a pesar de que Montoro se comprometió con los sindicatos a reponer del 50 al 75% de los puestos públicos a cubrir por jubilaciones. Y eso es especialmente importante cuando se han perdido 163.135 empleos públicos entre 2010 y 2017.

La falta de Presupuestos también afecta a otros ámbitos económicos, sobre todo a las pensiones y a las inversiones públicas. Es grave para las pensiones, porque este año 2018 se iba a “descargar” de las cuentas de la Seguridad Social y cargar a los Presupuestos el pago de las bonificaciones a las cotizaciones (tarifa plana de autónomos y empresas), que cuestan 3.700 millones anuales. Y sin ese “alivio”, la Seguridad Social tendrá peor sus cuentas y será más difícil reducir su déficit, que rondó los -18.000 millones en 2017. Además, sin Presupuesto, no se podrán aumentar los necesarios gastos sociales (sanidad, Dependencia, educación) ni las inversiones públicas, que han caído a niveles de hace 50 años. De hecho, todos los Ministerios han recibido una circular de Hacienda por lo que sólo podrán gastar este año el 50% de su Presupuesto mientras no se apruebe el Presupuesto 2018.

A pesar de estas presiones de Montoro, el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos2018, ni siquiera con su abstención. Y en consecuencia, el Gobierno tendrá que repetir la historia de los Presupuestos 2017, para conseguir por los pelos los 176 votos que necesita: pactar con el PNV (5 votos) y los nacionalistas canarios (2 votos, de Coalición Canaria y Nueva Canarias), para sumarlos a los del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Eso supondrá pagar un alto precio por esos pocos votos, como pasó en 2017. El PNV obtuvo a cambio la renovación de la Ley del Cupo por 4 años más (les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), inversiones en infraestructuras (la Y vasca del ferrocarril de alta velocidad), reducción de la tarifa eléctrica a la industria vasca (un “regalo” de 50 millones que pagamos con nuestro recibo de la luz) y el desbloqueo de nuevas plazas de la policía vasca. Y los nacionalistas canarios obtuvieron 1.300 millones en inversiones públicas, ayudas al transporte marítimo y aéreo (subvención billetes entre islas) y un Plan de empleo para Canarias.

Ahora, en cuanto haya Gobierno en Cataluña, Montoro volverá a negociar con vascos (ya ha habido una reunión “secreta”) y canarios para intentar fraguar un pacto en febrero. Pero el camino está despejado por un acuerdo ya alcanzado y que ha pasado desapercibido: el 22 de diciembre, el Parlamento vasco aprobó los Presupuestos autonómicos para 2018, con el apoyo del PNV y el PSE y la inestimable ayuda del PP vasco, que se abstuvo en la votación. Es la antesala del pacto presupuestario en Madrid, que nos costará a todos nuevas contrapartidas.

Y todo para sacar adelante unos Presupuestos 2018 que pueden ser los últimos de esta Legislatura, porque es probable que Rajoy no quiera seguir con un Gobierno en minoría y convoque elecciones anticipadas en junio. Así evitaría que Ciudadanos gane tiempo para seguir creciendo a su costa y que el PSOE encuentre su hueco (algo difícil con Pedro Sánchez), mientras Podemos va para atrás, tras el fracaso en Cataluña.

Mientras Rajoy se piensa si convocar o no elecciones, los Presupuestos 2018 se anuncian como “otros Presupuestos de ajuste”, dado que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con Europa a seguir recortando el déficit, del 3,1% del PIB en que pudo acabar 2017 al 2,3% propuesto a Bruselas para 2018 (innecesariamente, porque el tope del euro es el 3% de déficit). Eso supone recortar el déficit en 0,8% del PIB, otros 9.000 millones de euros este año. Y dado que se prevé crecer menos (y en consecuencia, aumentar menos la recaudación), el recorte tendrá que venir de reducir los gastos otra vez, un poco en casi todo, desde la educación y la sanidad a la Dependencia o la Ciencia.

El problema de 2018 es que el nuevo ajuste que se quiere aprobar es más peligroso este año, porque en lugar de recibir ayuda exterior (como de 2014 a 2017), la economía va a sufrir el “viento en contra” de tres subidas muy importantes, que llevan ya varios meses: el petróleo, el euro y los tipos de interés. Tres problemas que, junto a la crisis en Cataluña, van a frenar el crecimiento, con lo que es mucho más peligroso agravarlo con más recortes. Si hay algún año en que la economía española necesita un“empujón desde dentro” es 2018. Por eso, lo que el Gobierno debería hacer es olvidarse de más ajustes y reanimar la economía, con más gasto y más inversión, para compensar los “vientos en contra” que vienen de fuera. Más gasto y más inversión en lo que hace falta, desde un Plan de empleo hasta recuperar lo perdido en sanidad, educación, Dependencia o Ciencia, junto a un Plan contra la pobreza. Inyectar unos 30.000 millones más a la economía, no restarle otros 9.000 millones.

Y este mayor gasto e inversión es posible, porque España puede y debe recaudar más, dado que tenemos un grave problema de ingresos, como ha reiterado la Comisión Europea: España recaudará en 2018 un 38% de su PIB, mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recauda 72.000 millones de euros menos al año que la media europea, debido a que tenemos más fraude fiscal (en IVA y otros impuestos) y a que pagan menos impuestos (“legalmente”) las grandes empresas, las multinacionales y los más ricos. Así que el problema de que tengamos el tercer mayor déficit público de Europa (Bruselas estima que será el 2,4% en 2018, sólo por detrás del 3,9% de Rumanía y el 2,9% previsto para Francia) no está en que gastemos más (al contrario, gastamos menos: el 40,4% del PIB frente al 45,5% de media en la UE-27), sino en que ingresamos menos.

En definitiva, que si recaudáramos impuestos como los demás europeos, España ingresaría 72.000 millones más al año, no tendríamos déficit (son -34.000 millones) y podríamos gastar más en lo que hace falta, en empleo, formación, tecnología y servicios públicos. Pero en lugar de ir por este camino, haciendo que paguen más los que pagan poco, el Gobierno (y Ciudadanos) pretenden bajar la recaudación en 2018, en 2.000 millones, bajando impuestos. Algo que sólo puede hacerse a costa de recortar gastos de otro lado, algo que no deberíamos permitirnos, porque hace falta de casi todo, tras tantos años de recortes. La vía debería ser la contraria: subir impuestos, no a la mayoría que ya los pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y ricos, que apenas pagan. Y por eso tenemos más déficit y nos hacen recortes año tras año. También en 2018, aunque frenen la economía y el empleo.

Este es el escenario económico en el que se plantean los Presupuestos 2018. Y salvo por puro "fundamentalismo" ideológico, nadie debería defender más austeridad: la economía necesita más que nunca reanimarse este año, porque de fuera vienen “vientos en contra” y todavía necesitamos crecer más que los demás, porque tenemos más del doble de paro (16,7% frente al 7,3% en la UE-27). Así que el Gobierno no puede pedir que le apoyen  con unos Presupuestos que van en contra de lo que España necesita. Ni con “regalos” a los nacionalistas ni con “chantajes”. Propongan otros Presupuestos, los que España necesita en 2018. Un “empujón desde dentro”, con más recaudación. No más austeridad.