Más deuda: la peor herencia de Rajoy

No sabemos si 2019 tendrá nuevo Presupuesto o si el Gobierno Sánchez prorrogará el de 2018 (lo más probable). Pero sí sabemos algo: el primer gasto que incluirá serán 32.000 millones para pagar los intereses de la deuda, una prioridad por delante de las pensiones, sanidad o educación. Lo obliga la Constitución, tras la reforma pactada por ZP y Rajoy en 2011. Tendremos que afrontar la peor herencia de Rajoy, junto a los recortes, la precariedad y la pobreza: haber aumentado un tercio la deuda pública, hasta los 1,16 billones, un récord en un país que lleva 500 años con graves problemas de deuda, desde Carlos V. Debemos 25.000 euros por español, una hipoteca que se ha llevado 290.000 millones para pagar intereses a inversores y bancos en los últimos 10 años. Y ahora, con la subida de tipos, pagar la deuda nos costará más. Por eso, urge un Pacto para reducirla, aumentando la recaudación fiscal, no bajando impuestos. No podemos dejar esta pesada losa a nuestros nietos.

enrique ortega

España es “el único país del mundo que ha sufrido la adicción a la deuda durante 5 siglos” y el país que tiene “un mayor historial de bancarrotas e impagos” de la deuda desde el siglo XVI, según explica el profesor Francisco Comín en su interesante libro “La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015”, un repaso histórico a los episodios de deuda e impagos desde Carlos V hasta Rajoy. Tras la deuda con los Austrias y los Borbones, con múltiples suspensiones de pagos y una “leyenda negra” como país mal pagador,  el primer récord “moderno” de deuda pública se alcanzó en 1879 (con el general Martínez Campos y Alfonso XII), cuando la deuda española alcanzó el 165% de la producción del país (PIB). En 1898, al acabar la Guerra de Cuba, seguía en el 124% del PIB y empezó el siglo XX con el 101% de deuda en 1909. Luego bajó, tras la I Guerra Mundial (39%) y la II (59% del PIB), y más tras la Guerra Civil, hasta un 22,4% de deuda en 1944 y un mínimo del siglo en 1.975, al morir Franco: la deuda era sólo de 39.819 millones de euros de hoy, el  7,3% del PIB español.

Con la democracia y la Transición, aumentaron las demandas de gasto y la deuda pública se triplicó en tres años, hasta el 22,2% del PIB en 1977. Se duplica para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo) y la crisis, alcanzando un máximo del 67,4% en 1996. A partir de ahí, se suceden “los años de vacas gordas” y la deuda alcanza un mínimo en 2007: 384.662 millones, el 35,6% del PIB. Pero viene la crisis y Zapatero aumenta el gasto público y con él la deuda, que deja al irse, en 2011, en 744.323 millones, el 69,5% del PIB. Rajoy reduce el déficit pero aumenta la deuda año tras año, superando otra vez el 100% del PIB en marzo de 2016 (100,8%), casi como en 1909. En 2017, la deuda cerró con 144.425 millones (98,3% del PIB) y en junio de 2018, un mes después de irse Rajoy, alcanzó un récord histórico en cantidad: 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB, según el Banco de España. Era un tercio más (+419.562 millones, un 56% más) de la deuda que recibió Rajoy de ZP en 2011. Eso supone que debemos 25.000 euros por español.

Con esta deuda pública (97% del PIB en 2017), España es el 18º país más endeudado del mundo, por detrás de Japón (debe el 224% de su PIB), Grecia (180%), Líbano (142), Yemen (136%), Italia (131%), Portugal (128%), 9 paises en desarrollo, Bélgica (104% del PIB) y Canadá (98%), según CIA World Factbook. Y somos el 7º país de Europa con más peso de la deuda pública en junio de 2018 (98,3% del PIB), tras Grecia (179,7%), Italia (133,1%), Portugal (124,9%), Bélgica (106,3%), Chipre (104%) y Francia (99,1%), según los recientes datos de Eurostat, que fija la deuda media de la UE-28 en el 81% del PIB comunitario.

¿Quién ha contraído esta deuda en España? Más de las tres cuartas partes de la deuda pública española la tiene la Administración Central (1.032.903 millones en junio 2018), que ha triplicado su deuda con la crisis (318.869 millones en 2007) y la ha casi duplicado con Rajoy (624.238 millones deuda Administración Central en 2011). La cuarta parte de la deuda española la tienen las autonomías (293.246 millones en junio 2018), que tenían sólo 61.960 millones de deuda en 2007 y 145.879 en 2011. Las autonomías más endeudadas son Cataluña (78.489 millones), Comunidad Valenciana (46.322 millones), Andalucía (34.329 millones) y Madrid (34.009 millones) Luego hay otros 29.413 millones que deben los Ayuntamientos, los únicos que han reducido deudas (debían 36.819 millones en 2011) y 34.888 millones de deuda de la Seguridad Social, que se ha duplicado (17.169 millones debía en 2011), según los datos del Banco de España. Al final, la suma de estas deudas da más de la cifra global, 1.163.885 millones de deuda pública, que es la que cuenta, porque hay traspasos de deuda entre administraciones que hay que depurar después.

¿Por qué la deuda pública ha aumentado en un tercio con Rajoy, si su Gobierno redujo el déficit público del 9,64% del PIB (2011) al 3,1% (2017)? Básicamente, porque la deuda no sólo aumenta por financiar con ella el déficit público. Según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 25% del aumento de deuda pública con Rajoy (+419.562 millones) se debe a la debilidad de las cuentas públicas (con la crisis, caen los ingresos públicos), otro 21% a gastos derivados de la crisis (203.874 millones del Fondo de liquidez autonómica y 41.800 millones del Plan de pago a proveedores de autonomías y Ayuntamientos, más 30.000 millones de deuda por el déficit de tarifa eléctrico), un 8% por el pago de intereses de la deuda (85.000 millones), un 7% por las ayudas a la banca, un 4% para pagar los rescates de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre y un 6% más (25.192 millones) de los préstamos hecho en 2017 y 2018 a la Seguridad Social para tapar su déficit. El Gobierno Rajoy rebajo el déficit con los recortes, pero otros gastos los pospuso vía deuda.

Cara al futuro, parece muy difícil rebajar la deuda pública heredada de Rajoy. La última previsión de la Comisión Europea (julio 2018) estima que España sólo rebajará su deuda del 98,3% del PIB en 2017 al 97,6% en 2018 y el 95,9% en 2019, año en que todavía seríamos el 5º país europeo con más deuda, tras Grecia (170,3% del PIB), Italia (129,7%), Portugal (119,5%) y Bélgica (100,2%). El Gobierno Sánchez, en los escenarios presupuestarios que ha enviado a Bruselas, apuesta por bajar más la deuda, al 95,2% del PIB en 2019, para dejarla en el 89,1% en 2021, casi el triple que antes de la crisis (35,6% en 2007) y muy por encima del tope del 60% del PIB que fija la UE para los paises del euro. La AIReF estima que España no alcanzará ese nivel de deuda del 60% hasta 2034 (dentro de 15 años) y eso si los Gobiernos cumplen con la reducción del déficit pactada con Bruselas…

El problema de la deuda es que hay que pagarla, amortizando cada año una parte y sobre todo, pagando intereses anuales a los que la tienen: el 44% son inversores extranjeros (fondos y bancos), el 22% el BCE, el 16% bancos españoles y el resto inversores institucionales y particulares españoles. Y estos intereses son “sagrados”, más desde 2011, cuando Zapatero y Rajoy pactaron una reforma exprés de la Constitución para incluir que los pagos de intereses de la deuda “gozarán de prioridad absoluta” (artículo 135). Eso quiere decir que hay que pagar los intereses de la deuda lo primero de todo, antes incluso que las pensiones, la sanidad o la educación, que no tienen esa prioridad constitucional. Una exigencia de Alemania, Francia y sus inversores y bancos, para asegurarse que España siempre va a pagarles...

El pago de esos intereses de la deuda supone ya la segunda partida más importante de los Presupuestos del Estado, tras las pensiones (144.834 millones en 2018): se llevan 31.547 millones de euros en 2018 (el pago de intereses era la mitad, 16.609 millones en 2008), más del doble que el gasto en los parados (17.702 millones para subsidios) y tanto como el gasto en  investigación (6.041), educación (2.600), Sanidad (4.251), servicios sociales (2.512), infraestructuras(5.675), subvenciones al transporte (2.108), Industria y energía (5.768) y Justicia (1.780 millones) juntos. O sea, que si tuviéramos la mitad de deuda y pagáramos la mitad de intereses, podríamos gastar más en servicios públicos. Baste un dato espectacular: entre 2008 y 2018, España ha pagado intereses por su deuda a inversores y bancos por un importe de 290.000 millones de euros, lo que da para pagar casi 2 años de pensiones.

De cara a 2019, el problema de la deuda se va a agravar aún más para España. Primero y fundamental, porque el 1 de enero, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda pública de los paises, una ayuda inestimable que el BCE inició en marzo de 2015 y que ha permitido asegurarnos la colocación de una parte de nuestra deuda (250.711 millones, una media de 80.000 millones al año), además a tipos bajos. Ahora, ya no tenemos este “colchón” del BCE, muy tranquilizador, y España tendrá que colocar su deuda en el mercado, buscando inversores que confíen en el país y no pidan demasiado interés. Y somos un país muy vulnerable, porque España tendrá que emitir 220.000 millones de nueva deuda en 2019, para cubrir las amortizaciones y pagos necesarios más financiar el déficit previsto en 2018 (2,7% del PIB). Mucha deuda para financiar un año en que además de los nervios de los mercados (por la situación en Italia y el estancamiento en la zona euro) habrá una subida de los tipos de interés, después del verano. Y se estima que una subida de tipos del 1% le cuesta a España 3.600 millones más en el pago de intereses de la deuda.

Así que si la deuda es una pesada hipoteca, en los próximos meses y años nos va a costar más pagarla. Por eso, tanto la Comisión Europea como el FMI y la OCDE llevan años pidiendo a España que reduzca su deuda pública, porque nos hace muy vulnerables, al depender demasiado de inversores extranjeros (los famosos “mercados”) que se pueden poner nerviosos y no financiarnos o pedirnos más rentabilidad, a costa de tener que recortar otros gastos públicos necesarios. Ahora, la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha sumado a este coro de expertos y ha señalado que “la deuda pública es uno de los tres grandes problemas estructurales de España, junto al paro y a la pobreza”. Y tan estructural, como que lo arrastramos desde Carlos V…

Entonces como ahora, el problema es el mismo: España gasta más de lo que ingresa y por eso tiene que endeudarse. Así que la solución es doble: o gasta menos o ingresa más. Gastar menos es posible, pero no parece fácil, dadas las enormes demandas sociales sin resolver y sobre todo porque España gasta mucho menos que el resto de Europa: el 41% del PIB frente al 45,8% de media en la UE-28, el 56,5% en Francia, el 48,9% en Italia el 43,9% en Alemania o el 41,1% en Reino Unido, según Eurostat. A lo claro: que gastamos unos 56.000 millones menos cada año que la media de europeos. La otra opción es ingresar más, lo cual debería ser posible, porque recaudamos bastante menos que Europa: el 37,9% del PIB (2017) frente al 44,9% en la UE-28, el 53,9% en Francia, el 46,6% en Italia, el 45,2% en Alemania o el 39,1% en Reino Unido, según datos de Eurostat. A lo claro: que si recaudáramos como europeos, ingresaríamos 81.650 millones más cada año. Como para reducir el déficit y la deuda y además poder gastar más.

Así que reducir la deuda es posible, siempre que se haga un gran Pacto político y social, con el objetivo, por ejemplo, de rebajarla al 60% del PIB en 10 años, para 2028, 6 años antes de lo que estima la AIReF. Eso puede hacerse si aumenta la recaudación entre 20.000 y 40.000 millones anuales los próximos años y dedicamos la mitad de esos ingresos extras a amortizar deuda. Y se puede aumentar la recaudación si se consigue que paguen más impuestos los que hoy pagan pocos (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), si se racionaliza el IVA (quitando tantos tipos reducidos y parte del fraude) y el IRPF (quitando tantas exenciones), además de conseguir nuevos ingresos con los impuestos verdes y tecnológicos. Como no puede reducirse la deuda es bajando impuestos, como defienden PP y Ciudadanos. Salvo que apliquen más recortes drásticos del gasto, que es mucho menor al europeo.

Al final, el gran problema de la deuda es que las tres cuartas partes es deuda a largo plazo y los intereses se estarán pagando hasta 2050 y después. O sea, que la deuda que hemos generado nosotros la pagarán nuestros hijos y nietos. Esa es la gran injusticia de la deuda, la pesada losa que les dejamos en herencia: el pago obligado de intereses año tras año, a costa de que no puedan gastar en otras cosas. Por eso, por justicia con las futuras generaciones, hay que recortar la deuda pública como sea.

Por qué necesitamos más gasto público

Es probable que el Gobierno Sánchez no consiga aprobar un Presupuesto para 2019. Su pretensión es gastar más, tras años de recortes. Lo permite la Comisión Europea, que nos da 6.000 millones de margen. Y hace falta: ZP y Rajoy recortaron 30.000 millones y todavía gastamos menos en sanidad, educación, gasto social y desempleo que en 2009. Falta de todo, desde un Plan de empleo a obras para evitar riadas. Y España tiene menos gasto público que Europa, 60.000 millones menos cada año. Urge un Plan de choque para lo más urgente, desde empleo o pensiones a sanidad, educación, tecnología o depuración de aguas. Y para pagarlo, hay que recaudar más: se puede, porque recaudamos 88.000 millones menos que Europa cada año. Gobierne quien gobierne, tendrá que gastar más y subir impuestos a los que pagan poco (grandes empresas, bancos, multinacionales, ricos e inversores). Si no los suben o los bajan, como pretenden PP y Ciudadanos, seguiremos con unos servicios públicos de 2ª división. Que lo sepan los votantes.

enrique ortega

España siempre ha tenido menos gasto público que la mayoría de Europa: primero en el franquismo, luego con la democracia (aunque aumentó, por la presión social), después con la crisis (por los recortes) y ahora, a pesar de la recuperación. No gastamos menos que Europa porque seamos más pobres (somos el país nº 14 en renta por habitante), sino que también gastamos “comparativamente” menos, en relación a nuestra riqueza (PIB), que es como se mide: España gasta el 41% del PIB, frente al 45,8% de media que gasta la UE-28 y el 47,1% los países euro, según los datos de Eurostat. Y lo malo, insisto, es que este menor gasto público no es de ahora, tras la crisis, sino que viene de siempre: gastábamos menos en 1997-2001 (40% del PIB frente a 47% en Europa), en los años de “vacas gordas”, 2002-2006 (38,4% frente a 45,7%), al principio de la crisis, entre 2007 y 2011 (43,5% frente a 47,9%, más que nunca, por el gasto inútil de ZP contra la crisis), mucho menos con los recortes de Rajoy (37% frente a 49% en 2012) y ahora con la recuperación.

La razón de que España tenga, históricamente, menos gasto público que Europa habría que buscarla en que España también recauda menos que la mayoría de Europa, según Eurostat, con lo que las arcas públicas no dan para gastar más y cuando lo hacen es a costa de tener más déficit público, algo también connatural a España (salvo entre 2005 y 2007, que hubo superávit), que todavía hoy tiene el mayor déficit público de toda Europa (3,1% del PIB este 2018). Así que tenemos menos gasto público porque en España se pagan menos impuestos en global (la mayoría pagamos bastante pero muchos no y hay mucho fraude fiscal).

La consecuencia de que el gasto público en España sea más bajo es que hay menos dinero para gastar cada año. Traducido en euros, la diferencia entre el gasto público en la UE-28 (45,8% del PIB) y en España (41%) fue de 56.000 millones en 2017. Y con los otros 18 paises euro (gastan el 47,1% del PIB), gastamos 71.145 millones menos sólo en 2017, según Eurostat. Y luego, esa diferencia es mayor o menor con los países europeos con los que nos debíamos comparar: Francia (gasta el 56,5% del PIB: 258.279 millones más al año), Alemania (gasta el 43,9% del PIB: 33.823 millones más que España), Reino Unido (gasta el 41,1%, 11.663 millones más que España) e Italia (gasta el 48,9% del PIB, 92.139 millones más). Incluso Portugal (45,9% del PIB) gasta 57.149 millones más al año que España.

Gastamos menos que Europa, está claro. ¿En qué? En casi todo, sobre todo en gasto social: España gastó un 16,8% del PIB en 2016 (último dato publicado este año por Eurostat), frente al 19% del PIB en la UE-28 y el 20% en la zona euro. Son 26.800 millones menos de gasto al año, sobre todo en pensiones (gastamos el 9,2% del PIB frente al 10,2% en la UE o el 13,5% en Francia o Italia), en las familias y la infancia (un 0,7% del PIB frente al 1,7% europeo, el 2,4% de Francia  o el 1,7% de Alemania, a pesar de que somos el país más envejecido y el que tiene la menor tasa de natalidad) y en el paro: gastamos el 1,8% del PIB frente al 1,3% en la UE-28 y el 1,6% en la zona euro, pero tenemos más del doble de paro que Europa. Y gastamos menos que Alemania en el paro (gastan el 1,9 de su PIB), a pesar de que tienen el 3,4% de desempleo y nosotros el 15,1%, según Eurostat.

También gastamos menos en el Estado del Bienestar. Sobre todo en educación: España gasta en enseñanza el 4% del PIB (2016), frente al 4,7% en la UE-28, el 5,4% en Francia, el 4,7% en Reino Unido o el 4,2% en Alemania: somos el 6º país europeo con menos gasto público en educación, a pesar de que nuestro paro juvenil duplica el europeo(34,4% frente al 17,2%). También en sanidad: España gasta el 6% del PIB, frente al 7,1% de Europa y la zona euro, el 8,1% de Francia, el 7,6% de Reino Unido o el 7,2% de Alemania. Y también tenemos menos gasto público que Europa en alojamientos y equipamientos colectivos (0,5% frente al 0,6% en la UE-28), asuntos económicos (3,9% frente al 4%) y defensa (1% frente a 1,2%). Solo gastamos más que la media europea en orden y seguridad (1,9% del PIB frente a 1,7%), entretenimiento y cultura (1,1% frente al 1%), protección del entorno (0,8% frente a 0,7%) y servicios generales (“burocracia: 6,1% frente al 6%), según Eurostat.

El problema de España no es sólo que gastemos menos en bienes y servicios públicos sino que 5 años de recuperación no han servido todavía para recuperarse de los recortes sufridos en el gasto público: se redujo en 30.284 millones entre 2009 y 2014, según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), 8.000 millones responsabilidad de  Zapatero (2010 y 2011) y 22.000 millones recortados por Rajoy. Pues bien, en 2018, todavía no se han recuperado 12.000 millones de esos recortes, de ellos 8.255 millones en las autonomías, según un reciente trabajo de los Directores de Servicios Sociales. Sobre todo, el gasto social no recuperado todavía sobre 2009 es en sanidad (6.500 millones), en educación (4.000 millones) y en Dependencia (1.500 millones). Y eso sin contar el gasto en desempleo, que ha sufrido otro recorte drástico: de 32.366 millones gastados en desempleo en 2009 a 17.397 en 2017, aunque el paro sólo cayó en 559.800 personas.

Otro problema del gasto público en España, además de que sea bajo y no se haya recuperado de los recortes, es que está mal repartido. Y en consecuencia, la sanidad, la educación, la Dependencia, las ayudas sociales y hasta el desempleo dependen de donde uno viva, con grandes diferencias entre autonomías. Porque unas gastan más que otras. Y así, hay 6 autonomías que han recuperado en 2017 su gasto social (sanidad, educación y gastos sociales) de 2009 (Baleares, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana) mientras las 11 autonomías restantes (donde viven la mayoría de españoles) gastan hoy en sanidad, educación y gastos sociales menos que en 2009. Y lo peor, que en unas autonomías tiene más peso el gasto social (en Asturias, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Madrid se lleva más del 65% del Presupuesto) y en otras tiene menos (en Navarra, Baleares, Cataluña y la Rioja, estos gastos apenas superan la mitad del Presupuesto). Así que hay “varias Españas” en gasto social.

A la vista  de estos datos, parece claro que España debería aprovechar la recuperación (“mientras dure”) para aumentar el gasto social, para gastar más en lo que hace falta, sobre todo en empleo, pensiones, educación, sanidad, Dependencia, gastos sociales y ayuda a la familia y a la infancia, sin olvidar otras necesidades perentorias como atender a la pobreza (un 27,9% de la población: somos el 7º país europeo con más pobreza), mejorar el medio ambiente, apoyar a la Ciencia, la digitalización y la reindustrialización o recuperar las inversiones públicas (en mínimos), desde cauces y obras hidráulicas (para evitar inundaciones recurrentes) a infraestructuras básicas (es una vergüenza que Bruselas nos multe por no depurar las aguas residuales en muchos municipios o por no invertir en la calidad del aire).

Aumentar el gasto público es una necesidad evidente no una “postura política” o ideológica de la izquierda, como acusa la derecha: España gasta mucho menos que Europa y hay que recuperar el gasto social y el Estado del Bienestar, en beneficio de la mayoría de españoles, que exigen unos servicios públicos decentes, hoy sin recursos ni medios. Por eso, los políticos deberían ser capaces de pactar un Plan de choque para recomponer el gasto público tras los recortes. Un Plan que apunté en otro blog y que debería centrarse en el empleo (2.000 millones para financiar un Plan de empleo, mejorar las ayudas a los parados y reducir la precariedad laboral), las pensiones (conseguir 3.000 millones de recursos extras), la pobreza (1.000 millones), la sanidad, educación y Dependencia (2.500 millones), la familia y la infancia (500 millones), la promoción del alquiler (1.000 millones) y financiación extra de la Ciencia (1.000 millones). Todo por lo bajo. Y salen 11.000 millones.

A ver quién se atreve a decir que estos gastos urgentes (y otros más en energía, medio ambiente, infraestructuras, digitalización o modernización de la economía) “no están justificados” o son “una ocurrencia de la izquierda” que “sólo sabe gastar más”. Son gastos no sólo necesarios sino justos, para compensar a una mayoría de la población que “no notan la recuperación”. Y además, servirían para reanimar el consumo y la inversión, el crecimiento y el empleo, que ahora peligran por el enfriamiento europeo y los nubarrones económicos en el horizonte, desde la subida del petróleo a los tipos pasando por el proteccionismo comercial. Y además, si se reanima la economía y aumenta el consumo y el crecimiento, una parte de este gasto extra se podría recuperar con más recaudación.

Pero claro, este mayor gasto exige mayores ingresos. Y aquí volvemos a chocar con la ideología, con la crítica a la izquierda porque “sólo sabe subir impuestos”. Pero no es una cuestión de ideología sino de números: España recauda menos que el resto de Europa, ahora y antes, ya desde el franquismo y con la democracia: en 1997-2001 (España ingresaba el 38,1% del PIB frente al 45,5% en Europa), antes de la crisis (en 2007 recaudamos el 38,8% frente al 45,8% en la UE-28), durante el ajuste, en 2012-2013 (37,5% frente al 45,4% europeo) y con la recuperación, en 2017 : España recauda el 37,9% del PIB (menos que antes), frente al 44,9% de la UE-28 y el 46,2% de los paises euro, según Eurostat. A lo claro: recaudamos 81.642 millones menos que Europa y 96.804 millones menos que los paises euro, sólo en 2017. Y 186.611 millones menos que Francia (recauda el 53,9% del PIB), 85.141 millones menos que Alemania (45,2% del PIB), 13.995 menos que Reino Unido (39,1% PIB) y 101.469 millones menos que Italia (46,6% PIB). Incluso 58.315 millones menos que Portugal (42,9%).

España recauda e ingresa menos que Europa porque tenemos más fraude fiscal y porque hay colectivos que pagan menos impuestos de lo que deben, no la mayoría de españoles (las familias aportan el 83% de los ingresos, según Hacienda). Son las grandes empresas y la banca, que pagan realmente un 6,14% en el impuesto de sociedades, porque tienen muchas exenciones y desgravaciones “legales”. Las multinacionales, que hacen “trampas legales” en paraísos fiscales. Los impuestos al alcohol, tabaco y carburantes, más bajos que en Europa. El IVA, que con tantas excepciones, tiene también un tipo real más bajo. Y un IRPF donde se paga menos que en Europa, sobre todo los que ganan más y los que tienen ingresos por intereses y dividendos. Y los más ricos, que evaden con las SICAV o con sociedades interpuestas.

Habría que pactar de una vez una reforma fiscal que ajustara estos impuestos, para recaudar “como europeos”, unos 40.000 millones al año, que nos permitirían gastar más y recortar el déficit público. Y a corto plazo, para 2019, hacer un Plan de choque fiscal que suba al 15% el tipo efectivo de sociedades (+2.000 millones), quite el IVA reducido y superreducido a algunos productos (+1.500 millones) aumente el IRPF a los que más ganan (+600 millones), suba los impuestos al gasoil y la gasolina (+1.500 millones), implante la tasa Tobin sobre transacciones financieras (+1.000 millones) y cree un impuesto a las tecnológicas (+500 millones), junto a un Plan de lucha contra el fraude (+1.500 millones). En total, 8.600 millones extras que, junto al mayor déficit que nos permite Bruselas (+6.000 millones) permitiría atender en 2019 hasta 14.600 millones de gastos extras necesarios. Sin tocar los impuestos al 95% de españoles.

Todo este esquema, más gastos y para ello más ingresos, no es ideológico, aunque a la derecha tradicional le levante “sarpullidos”. Es simplemente una estrategia para ingresar y gastar “como europeos”, para mejorar los servicios públicos y atender a las necesidades de la mayoría. Pero PP y Ciudadanos se enrocan en no gastar más, aunque ahora nos deje Bruselas, porque no quieren subir impuestos sino bajarlos. Lo que no dicen es que bajar impuestos (que beneficia siempre más a los que más tienen) supone no mejorar el empleo, la sanidad, la educación, la Dependencia, la pobreza, la tecnología, las infraestructuras básicas y la modernización de la economía. Alejarnos aún más del Estado del Bienestar europeo.

Lo más probable es que este esquema, más gasto y más recaudación, no consiga la mayoría en el Parlamento y el Gobierno Sánchez no logre aprobar los Presupuestos 2019 y tenga que anticipar elecciones. Pero después, el próximo Gobierno tendrá que volver a plantearse qué hace: o gastar más y subir algunos impuestos o no subirlos e incluso bajarlos, con lo que los españoles de a pie no veremos mejorar el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la Dependencia, la pobreza, la tecnología o la modernización de la economía. Porque no se puede tener servicios alemanes con impuestos marroquíes o fraude fiscal italiano. Este es el gran debate ahora y lo será después de las elecciones. Piénselo al votar.