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lunes, 17 de marzo de 2025

Inversiones extranjeras: España, de moda

La llegada de inversiones extranjeras ha sido clave para impulsar el fuerte crecimiento de España los últimos años: los extranjeros han inyectado 71.300 millones en 2023 y 2024, más del doble que en Francia, un 50% más que en Italia y casi lo mismo que en Alemania (economía tres veces mayor). Este dinero extranjero es clave para modernizar el país y mantener 1,88 millones de empleos. Y sigue llegando, de EEUU, Reino Unido y el resto de Europa porque los inversores valoran que España crezca más que otros, los Fondos europeos, su posición geográfica, las buenas infraestructuras digitales y físicas y la mano de obra, formada y más barata. Incluso España ha aprobado un Fondo público (FOCO) para co-invertir con inversores extranjeros en sectores estratégicos. Pero ahora preocupa que el proteccionismo de Trump y la marcha atrás en la globalización reduzca las inversiones extranjeras en España, mientras apenas remonta la inversión española. Por eso es clave seguir vendiendo “la marca España”, como eslabón clave de “la marca Europa”.  


Las inversiones extranjeras han sido claves en el “milagro económico” español de los últimos años, cuando crecemos más que la de la mayoría de paises, porque han aportado recursos para modernizar el país, mejorado nuestra tecnología y competitividad y creado empleo estable. España se ha convertido tras la pandemia en un destino atractivo para los inversores extranjeros, que han apostado por participar en grandes y medianas empresas, instalar nuevos proyectos y financiar muchos sectores, desde los hoteles e inmobiliarias a las renovables, la sanidad o las residencias de ancianos. Sólo en 2023 y hasta septiembre de 2024, según Funcas, las inversiones extranjeras directas en España han sido de 71.300 millones de euros, más del doble de las recibidas por Francia, un 50% más de las que han dio a Italia y casi las mismas que Alemania (una economía tres veces mayor).

Ya en 2023, las inversiones extranjeras directas en España superaron los 30.000 millones de euros (30.362 millones), por 2º año consecutivo (32.207 millones recibidos en 2022), muy por encima de las inversiones recibidas antes de la pandemia (24.197 millones en 2019) e incluso en los años del boom económico anterior a la crisis financiera (29.718 millones recibidos en 2018), según la serie histórica publicada por Comercio. Ese año 2023, el último con datos completos, la mayor inversión extranjera vino de EEUU (7.588 millones de euros), seguida de Reino Unido (3.822 millones), Alemania (3.448), Francia (2.707), Suecia (1.454), Australia (1.228), Canadá (1.199) y México (1.058 millones). La mayor parte de esta inversión extranjera directa se dirigió a Madrid (55,5%), Cataluña (15,64%), Comunidad Valenciana (11%) y País Vasco (5,13%). Y a la industria manufacturera (4.543 millones), el comercio (4.107), la industria extractiva (3.549), energía (2.789), información y comunicaciones (2.717) e inmobiliarias (2.024 millones de inversión extranjera directa).

En 2024, la inversión extranjera directa siguió llegando y los datos disponibles (enero-septiembre) reflejan una entrada de 23.607 millones de euros (+11,8% que en 2023), lo que permite esperar que vuelvan a superarse los 30.000 millones de inversiones extranjeras en 2024 (31.500). El año pasado cambió algo el panorama, porque las inversiones de Reino Unido (5.596 millones hasta septiembre) superaron a las de EEUU (sólo 2.864 millones), mientras Francia (1.601 millones) superaba a Noruega (1.588), Alemania (1.436), Paises Bajos (1.209) e Italia (774 millones). Y en 2024, Madrid se llevó el 71,7% de las inversiones extranjeras, yendo el 14,62% a Cataluña. Además, se centraron más en la energía (3.665 millones) que en la industria (2.769 millones), aumentando en la información y comunicaciones (2.513 millones) y actividades profesionales y técnicas (1.508 millones).

Si vamos a la inversión extranjera directa acumulada, España ha recibido ya 603.100 millones de euros, desde 1993 hasta 2024. Históricamente, el país que más ha invertido en España estas tres décadas ha sido Estados Unidos (106.950 millones de euros, el 18% del total), seguido de Francia (64.331), Reino Unido (57.652), Alemania (55.435) e Italia (52,665 millones), completando la lista México (28.369 millones), Paises Bajos (16.548), Suiza (15.396), Portugal (13.522), Japón (12.511) y China (11.347 millones). Dos tercios de estas inversiones históricas se han dirigido a Madrid (68,8%), seguida de Cataluña (13,7%), Asturias (3,20%) y País Vasco (3.14%), concentrándose en la industria (24,4% del total), energía, electricidad y gas (15,3%), comercio e inmobiliarias (10% cada sector).

Con esta llegada de inversiones extranjeras, España se coloca como el 11º país del mundo y el 3º de Europa (tras Alemania y Francia) en la recepción de inversión extranjera directa desde 1990, según un informe de Funcas con datos de la UNTAD. Pero además, el peso del capital extranjero acumulado en la economía española (56,7% del PIB entre 2014 y 2023) es incluso mayor del que tiene en Francia (32,3% del PIB), Alemania (27,3% del PIB) o Italia (22,6%). Y en los dos últimos años, la llegada de inversiones extranjeras a España (71.300 millones ) ha sido muy superior a las inversiones recibidas por Francia (la mitad) o Italia (la cuarta parte), igualando a las recibidas por Alemania, un país con el triple de PIB que España. Además, estas inversiones extranjeras mantienen en España 1.880.000 empleos (2023), un 9,1% de la población ocupada total y 707.000 empleos más de los que mantenían estas inversiones extranjeras en 2014.

Las inversiones extranjeras llevan tres décadas llegando a España de forma continuada, pero el mayor salto se ha dado tras la pandemia, a partir de 2021, gracias a varios factores. Por un lado, España es un gran mercado (49 millones) y la economía europea que más crece, además de forma estable (con superávit exterior, poco déficit y una deuda pública con una baja prima de riesgo (+0,64% frente a Alemania), inferior a la de Francia (0,70%), Italia  (+1,08%) o Reino Unido (+1,85%). Por otro, es el primer país receptor de los Fondos europeos de recuperación, que están aumentando las inversiones en sectores estratégicos y promoviendo la digitalización y descarbonización de la economía (2º país europeo líder en renovables). Además, España tiene una potente infraestructura de comunicaciones (cables submarinos) y digital (la fibra óptica española supera a la de Francia, Alemania, Italia y reino Unido juntas), con modernas infraestructuras de carreteras, aeropuertos y puertos, junto a una envidiable posición geográfica entre América, Europa, África y Asia. Y encima, tiene una mano de obra formada y con bajos salarios. Y un Gobierno que apuesta por la inversión extranjera.

Algunos inversores se preocuparon cuando el Gobierno Sánchez aprobó, en plena pandemia (17 de marzo 2020) un Real Decreto de medidas urgentes que, en su Disposición final 4ª, “sometía a autorización gubernamental la compra por inversores extranjeros (extracomunitarios) del 10% o más del capital de empresas de sectores estratégicos”: sanidad, energía, transporte, agua, materias primas, alimentación, datos, aeronáutica, Defensa, finanzas, tecnológicas, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad o nanotecnología. El temor era que el desplome de las Bolsas (por la pandemia) abaratara tanto el valor de las empresas españolas que las hiciera muy vulnerables a OPAS hostiles de inversores no europeos. Lo que hizo el Gobierno Sánchez fue simplemente trasponer una Comunicación similar “de protección· hecha por la Comisión Europea el 13 de marzo.

Este “blindaje anti-OPAS” (ampliado 2 años más en enero, hasta finales de 2026) ha evitado “sustos de compras hostiles durante estos años, obligando a autorizaciones de operaciones como la entrada del fondo soberano saudí STC (que ha comprado el 9,97% de Telefónica). Pero no ha evitado la llegada de inversiones extranjeras a España, que han crecido después, en 2021,2022, 2023 y 2024. De hecho, el Gobierno Sánchez ha multiplicado los contactos con inversores y multinacionales extranjeras para que se instalen en España, en sectores claves para el futuro, como las baterías, los chips, las renovables, empresas digitales, Centros de Datos o inteligencia artificial, con Planes concretos de ayudas e inversiones dentro del Plan de recuperación y los Fondos UE.

Además, en abril de 2024, el  Consejo de Ministros aprobó un Fondo público de co-inversión, FOCO, para impulsar la atracción de inversiones extranjeras en empresas españolas. Este Fondo público está dotado de 2.000 millones de euros hasta 2026, financiados por los Fondos UE del Plan de Recuperación y gestionados por COFIDES, un organismo público dependiente del Ministerio de Economía. La idea es que este Fondo aporte la mitad  del capital en nuevos proyectos de inversores extranjeros en  España (incluyendo posibles socios españoles) siempre que ellos pongan la otra mitad de la financiación y sean proyectos vinculados a la transición energética, transformación digital, movilidad sostenible, biotecnología o agricultura sostenible. Es una forma de atraer a nuevos inversores extranjeros (startups), aportando la mitad de la financiación inicial.

En paralelo a este boom de las inversiones extranjeras directas, en empresas españolas o en multinacionales con sede en España, se ha producido también un aluvión de inversiones de Fondos e inversores extranjeros en múltiples empresas y bancos. De hecho, el 49% de la Bolsa española estaba controlada por inversores internacionales en 2023, según el último balance de BME, con más de 90.000 millones invertidos.

El mayor inversor extranjero en España es el Fondo norteamericano Black Rock, el mayor fondo del mundo, cuyas inversiones en España alcanzan los 33.000 millones de euros, con participaciones de algo más del 5% en BBVA y Santander (donde es el primer accionista), CaixaBank, Iberdrola, Repsol, Enagás, ACS, Redeia o Telefónica, siendo accionista también del Sabadell, Acciona o Aena. Le siguen el Fondo de inversión Vanguard Group (USA), que tiene invertidos otros 23.000 millones de euros en 35 importantes empresas españolas, Capital Group (otro Fondo USA), con 22.000 millones invertidos en las principales empresas y bancos, el fondo soberano noruego Norges, con 12.500 millones y presente en el capital de 55 empresas españolas, y Fidelity (Fondo USA), con 10.000 invertidos en las principales empresas del IBEX.

Además, los Fondos e inversores extranjeros han aumentado su presencia en el sector inmobiliario español, entrando en inmobiliarias y Fondos de inversión inmobiliaria (SOCIMI), desde la compra de edificios y oficinas a hoteles, Centros comerciales o polígonos industriales y locales. De hecho, la inversión inmobiliaria en España batió todos los récords en 2024 (14.000 millones de euros, +20% que en 2023, según CBRE) y el 45% de esas inversiones procedieron de capital extranjero (13% USA,6% británico, 3,5% latinoamericano). Su mayor interés se centra en la compra de viviendas y edificios (30%), hoteles (23%), locales y Centros Comerciales (20,7%) , oficinas (  11,4%) e inmuebles industriales y logísticos (10%). Y parece  que esta “fiebre inmobiliaria” extranjera por España va a seguir, porque los expertos creen que es el 4º país con más potencial de beneficios, tras Reino Unido, Alemania y Polonia.

Los Fondos e inversores extranjeros no sólo tienen mucho interés en invertir en empresas, bancos, inmuebles y hoteles en España, sino que han diversificados sus inversiones (muy especulativas la mayoría) en nuevos sectores: sanidad y hospitales, enseñanza (colegios privados, Universidades y centros privados de Formación Profesional), residencias de ancianos  y residencias de estudiantes y hasta en empresas funerarias españolas

Lo importante es que se mantengan las inversiones extranjeras directas, porque son las más estables (en empresas españolas o en filiales de multinacionales, como las del automóvil, farmacéuticas, químicas, energéticas o tecnológicas) y menos especulativas, las que crean más y mejores empleos. El riesgo ahora es que las políticas disruptivas de Trump retraigan la inversión USA en España (y en Europa) y, como consecuencia del auge del proteccionismo, se dé marcha atrás en la globalización, frenando la internacionalización de las inversiones. De momento, los inversores extranjeros siguen confiando en España y cara a 2025, apuestan por seguir invirtiendo. Así, el 89% de las empresas de capital extranjero esperan aumentar o mantener sus inversiones este año, según el Barómetro del Clima de Negocio en España, elaborado por el ICEX y el IESE, con las opiniones de 700 empresas con capital extranjero instaladas en España. Un 36% esperan aumentar sus inversiones, un 33% prevén aumentar sus exportaciones y un 41% contemplan aumentar plantillas.

En cualquier caso, resulta clave que las inversiones extranjeras sigan llegando con fuerza, sobre todo si las inversiones de españoles siguen débiles, como reflejan los datos: la inversión privada nacional sigue un 5% por debajo de 2019 y no se recuperará de la pandemia hasta 2027, según el Banco de España. Para conseguir mantener el flujo de inversiones extranjeras, hay que implicar a estos inversores foráneos en las cuantiosas inversiones previstas en el Plan de Recuperación, que hay que comprometer antes de agosto de 2026. Y en paralelo, hay que atender algunas quejas de los inversores extranjeros en España, que piden menos burocracia, menos retrasos en los juzgados mercantiles, una menor disparidad en las normativas autonómicas, un menor coste de la energía y una mayor apuesta por la tecnología y la formación del capital humano.

Pero además, Europa se tiene que “poner las pilas”  y poner en marcha un Plan de industrialización y modernización que atraiga la inversión europea (cada año, 300.000 millones del ahorro de los europeos se “escapan” a invertir en EEUU) y la inversión extranjera, que ahora se dirige más a América y Asia. Urge que Europa sea “un continente atractivo” para los inversores foráneos, lo que exige poner en marcha proyectos punteros y competitivos. Y eso nos ayudaría mucho, porque España podría ser uno de los grandes puntos de “desembarco” de las inversiones mundiales en Europa. Las necesitamos.

lunes, 28 de abril de 2014

Cooperación: la "Marca España" racanea


El Gobierno Rajoy presume de defender como nadie la “Marca España”, pero esconde que ha recortado un 46% los fondos de ayuda a países pobres, un eficaz instrumento para tener peso político y económico en el mundo. España es el 6º país occidental que menos ayuda al desarrollo, lo que entorpece nuestro papel en Latinoamérica y dificulta la lucha contra la inmigración ilegal en África. Además de los recortes, que han provocado el cierre de proyectos y ONGs, el Gobierno ha pasado la mayoría del gasto en Cooperación a Hacienda y a Economía, quitando peso a la Agencia Española para el Desarrollo (AECID). Y acaba de aprobar, en contra de toda la oposición, una enmienda que liga los proyectos de Cooperación a la estrategia de empresas y bancos. España gasta poco y mal en ayudar a países pobres y así torpedea la “Marca España”. Porque ayudar tiene una triple recompensa: moral, política y económica.
enrique ortega

La Gran Recesión dio la puntilla a las ayudas al desarrollo de los países ricos, aunque tardíamente: venían creciendo desde 1997, con un récord en 2010, y cayeron en 2011 y 2012. El gasto en Cooperación de los 28 principales países donantes volvió a crecer en 2013, un 5,2%, según la OCDE, aunque todavía aportan una miseria: 134.800 millones de dólares, un 0,3% de su renta bruta (RNB), muy lejos del 0,7% que fijó la ONU como objetivo en 1980 y que hoy sólo cumplen 5 países (1,07% Noruega, 1,02% Suecia, 1% Luxemburgo, 0,85% Dinamarca y 0,72% Reino Unido). Dos de cada tres euros para Cooperación proceden de los cinco grandes donantes (23.000 millones de dólares EEUU, 13.000 Reino Unido, 10.500 Alemania, 10.000 Japón y 9.300 Francia,) y Europa lidera las mayores aportaciones, con un 0,41% de su renta para ayudas.

España está en el pelotón de cola de las ayudas al desarrollo: es el 6º país que menos aporta entre los 28 donantes, junto a Italia, sólo por delante de Eslovaquia, Polonia, República Checa, Grecia y Corea. Aportamos en 2013, un 0,16% de nuestra renta bruta (RNB), frente al 0,72% de Reino Unido, el 0,41% de Francia, el 0,38% de Alemania o incluso el 0,21% de Portugal. Eso contrasta con el 0,5% que llegamos a aportar en 2008, año récord en la Cooperación española, que Zapatero cuadriplicó desde 2002 (de 1.712 a 5.500 millones de euros), convirtiendo a España en el 6º país donante del mundo, tras los cinco grandes. A partir de 2010, los recortes se ceban en la Cooperación, que ha perdido un 70% de sus recursos. Y así, en 2014, el Presupuesto de ayuda al desarrollo es 1.739,27 millones de euros, un 0,17% de la renta bruta y menos de  la tercera parte de lo donado en 2008.

Se gasta la tercera parte en Cooperación y además se gasta mal. Primero, porque no se gasta todo lo presupuestado: en 2012, un tercio de la ayuda al desarrollo no llegó a su destino por problemas de gestión de los créditos reembolsables. Y segundo, porque falta una auditoría eficaz de las ayudas, desconociéndose en muchos casos su distribución por sectores y países (sólo se conoce detalladamente la que gestiona la Agencia Española de Cooperación a través de las ONGs). Además, casi la mitad del gasto se destina a pagar burocracia, las cuotas obligatorias de España a la UE y organismos internacionales. Y cada vez hay más ayuda vía créditos (un 17% del total), lo que aumenta la deuda de los países pobres.

Los recortes en Cooperación, del Estado y de autonomías, Ayuntamientos, Universidades, entidades y empresas (más de 900 instituciones dan ayudas, un 15% del gasto total) han supuesto el cierre de proyectos en muchos países y la desaparición de un tercio de ONGs, según un informe de La Caixa. En España hay unas 2.000 ONGs que gestionan ayudas al desarrollo en unos 100 países y su futuro es muy incierto porque dependen, en un 60%, de recursos públicos (recortados). Las que no han cerrado han reducido plantillas (10% desde 2008) y sueldos (78% han congelado salarios) y buscan desesperadamente recursos de empresas y particulares. Pero los españoles no somos muy solidarios, según un estudio de Fundraising: sólo el 19% (7,5 millones) dan dinero a una ONG, frente al 33% en Europa (56% en Reino Unido y 53% en Francia). Y sólo 682.500 españoles (el 1,5%) aportan dinero mensual o trimestralmente a una ONG.

El problema no está sólo en los recortes de las ayudas a los países pobres. El Gobierno Rajoy ha cambiado el modelo de gestión de la Cooperación y para 2014, más de la mitad del Presupuesto lo gestionan Hacienda (50%, para pago cuotas internacionales) y Economía (14,5%), mientras Exteriores sólo gestiona un 34% y ha caído drásticamente la ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el organismo más profesionalizado: si gestionaba 980 millones de euros en 2008, en 2014 sólo gestionará 264 millones, un 13,61 % del gasto total en Cooperación.

La puntilla a la Cooperación se la acaba de dar el Gobierno, al aprobar el Congreso una enmienda (10 abril), introducida por la puerta de atrás en el Senado, por la que se reforma el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE): ahora, en vez de gestionarlo Exteriores lo gestionará COFIDES, una sociedad mixta dependiente de Economía y en cuyo capital participan, además del ICEX y el ICO, bancos como Santander, BBVA, Sabadell o Popular. El objetivo es vincular más la ayuda al desarrollo a los proyectos de las empresas españolas en el exterior, lo que hace temer a las ONGs que se desvíen fondos públicos destinados a la lucha contra la pobreza en beneficio de intereses empresariales y financieros.

La Cooperación para el desarrollo de los países más pobres no es sólo una obligación moral de los países ricos, sino también una herramienta clave de política exterior, una pieza básica para reforzar la presencia política y económica de España en el mundo. Algo que tienen muy claro, desde hace décadas, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos o Japón. Incluso los países emergentes se están lanzando a la Cooperación Sur-Sur: es el caso de China, Brasil o México. Por eso, es un gran contrasentido intentar vender la “Marca España” por el mundo y a la vez recortar cada año en Cooperación (-165 millones en 2014). Con la ayuda por delante, es más fácil influir, invertir y vender,  tres claves para la recuperación.

Cara al futuro, España debe gastar más y mejor en Cooperación al desarrollo. Intermon propone gastar 500 millones extras durante 6 años, con los que España se pondría a nivel europeo (0,47% de la renta para 2020). Ese dinero podría salir en parte de la Tasa Tobin sobre operaciones financieras (Bolsa y bonos), que van a instaurar España y otros 10 países europeos en 2015.Y habría que fomentar las donaciones de empresas y particulares en la próxima reforma fiscal: las ONGs piden que desgraven más en el IRPF (70%, con la deducción íntegra de los primeros 150 euros donados) y en Sociedades (60% desgravación a empresas).

Además, hay que gastar mejor, con auditorías de resultados y una ayuda más técnica (asesoramiento) y menos financiera. Y concentrada en menos países: ahora la Cooperación española llega a 38 países y el IV Plan Director 2013-2016 pretende concentrarla en 23: 12 de Latinoamérica (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana), 4 del norte África y Oriente Próximo (Marruecos, Mauritania, Sahara y Palestina), 6 más resto de África (Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea y Mozambique) y Filipinas (?). Dos zonas claves para España, Latinoamérica, y África, donde la ayuda puede reducir la inmigración ilegal que “invade” nuestras costas.

En definitiva, hay que ser solidarios con los más pobres por una cuestión ética y moral. Pero además, ayudar al desarrollo desactiva tensiones geopolíticas y mejorará la estabilidad mundial. Y gastar en Cooperación es practicar un egoísmo inteligente: es una forma eficaz de defender los intereses de España en el mundo. Más que fotos y campañas para vender la “Marca España”, ayudemos a los países con dinero y asesoramiento. Será nuestro mejor pasaporte. Porque ayudar tiene siempre recompensa. Moral, política y económica.