Fraude Volkswagen: más capitalismo sin ética

Es uno de los mayores escándalos de la historia: 11 millones de conductores engañados en medio mundo. Pero el fraude de Volkswagen es sólo uno más en la historia reciente, donde el engaño masivo de las hipotecas basura nos llevó a una recesión de la que no salimos. Ahí están los escándalos de Enron, WorldCom, Madoff, manipulación euribor por los bancos, Siemens, Parmalat, Vivendi, Toshiba, HSBC… Y en España, Bankia, preferentes, Cajas, Gescartera, Afinsa y Fórum Filatélico, Eurobank, Marsans, Pescanova, Gowex… Sin olvidar los acuerdos detectados entre empresas petroleras, lecheras o de coches (también Volkswagen) para estafar a los consumidores. En 2008, Sarkozy y el G-20 hablaron de “refundar el capitalismo”. Pero “los empresarios del engaño” siguen ahí y eso que muchos fraudes no se descubren. Hasta el Papa habla de “la falta de ética” del capitalismo. Hay que democratizar la economía, vigilar más desde los Estados y aplicar sanciones ejemplares para evitar que nos engañen reiteradamente. Contra la codicia, vigilancia y mano dura.
 

enrique ortega

El objetivo del escándalo de Volkswagen, manipulando sus coches, es el de siempre en “los empresarios del engaño”: ganar más. Se trataba de vender coches que pareciera que contaminaran menos (si no, en EEUU no hubieran podido venderlos, aunque en Europa sí), porque si hubieran fabricado coches que realmente emitieran menos gases,  tendrían que ser más caros (más costes y menos ventas y beneficios). El ya ex-presidente del Grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, había hecho las cuentas que "explican" este fraude : "reducir cada gramo de CO2 le costaba a la industria 100 millones de euros", dijo hace meses. Así que salía más barato engañar. Una estrategia premeditada, un engaño con  alevosía: el grupo Volkswagen sabía lo que hacía, había recibido dos avisos, de la empresa Bosch (2007) y de un empleado (2011) advirtiéndoles de que el software instalado era ilegal. Pero lo hizo, entre 2009 y 2015, y de forma masiva: 11 millones de coches en todo el mundo (683.626 en España), la minoría de ellos vendidos en USA (sólo 482.000), cuya administración fue la única que detectó el fraude (gracias a una investigación universitaria privada).

El fraude del grupo Volkswagen, primer fabricante mundial de coches, es especialmente grave por cinco razones: incumplen las leyes ambientales, engañan a los compradores (pagamos más por un coche que realmente no es tan “limpio”), envenenan la atmósfera (los diesel emiten un 15% menos de CO2 que los coches de gasolina pero más partículas de N02, mucho más nocivas), defraudan a Hacienda (los coches que emiten menos de 120 gramos de C02 están exentos en España de pagar impuesto de matriculación) y cobran injustificadamente ayudas públicas (1.000 euros por coche del Plan PIVE, aunque ahora el ministro Soria ha dado marcha atrás y dice que "no va a pedir a Volkswagen que devuelva estas ayudas", porque el fraude se ha dado en la emisión de NO2 y no de CO2, cuya reducción era lo que primaba el Plan PIVE... ¡ Increíble¡ ). Vamos, que el perjuicio es múltiple, a los conductores, al Estado y al medio ambiente, con lo que las indemnizaciones a exigir deberían ser multimillonarias. El problema es que la Comisión Europea no tiene autoridad para imponer sanciones por estos temas, ha de hacerlo cada país. Otro fallo más de esta Europa nuestra.

El problema de fondo, además, es que este gigantesco fraude del grupo Volkswagen ha sido posible por la “connivencia” de los gobiernos europeos con la poderosa industria del automóvil. Primero, dejando que sean las propias empresas las que fijen el nivel de contaminación de sus vehículos, en colaboración con laboratorios privados (en EEUU la vigilancia es de los Estados). Y sobre todo, porque los expertos llevan años denunciando que las normativas europeas anticontaminación (Euro 5 y Euro 6) son “poco fiables”, porque se realizan en laboratorio y no en carretera, además de permitir “trucos legales” que consiguen reducir aún más las emisiones y consumos teóricos sobre los reales. De hecho, un estudio de la ONG Transport&Environment corrobora que los coches en Europa contaminan un 40% más de lo que dicen los datos oficiales.

Así que Europa no sabe de verdad lo que emiten sus coches. Y ¿por qué? Porque la industria del automóvil es la más poderosa del continente y no es cuestión de “ponerse ecologista y arriesgar el empleo”. Máxime cuando Europa es el paraíso de los coches diésel (los que emiten más N02, el contaminante más peligroso, cuyo límite es de 80 gramos/km en Europa frente a 50 gramos en USA): un 53,6% de los automóviles europeos son diésel (y el 66% en España), mientras en EEUU, sólo un 2% de los coches vendidos son diésel. Así que las autoridades europeas vienen haciendo desde hace años “la vista gorda” con las emisiones. Incluso, la canciller Merkel no tuvo reparo en presionar hace dos años para que Bruselas modificara una Directiva ya ratificada que obligaba a una mayor reducción de emisiones de No2, para conseguir una prorroga que beneficiara a la poderosa  industria automovilística alemana… De esos polvos vienen ahora estos lodos, aunque ahora los Gobiernos se llevan las manos a la cabeza y exijan duras responsabilidades. Puro teatro. Al final, todos los ministros de Industria de la UE han "cerrado filas con Volkswagen y con Alemania", sin reproches ni sanciones y "dando largas" (2 meses) a la investigación de lo sucedido.

Pero vayamos más allá del escándalo Volkswagen. Hace sólo 7 años que el mundo se conmocionó con otro escándalo, el de las hipotecas basura, que nos llevó a la mayor recesión desde 1929, de la que no acabamos de salir. En aquella ocasión, decenas de bancos y brókeres se dedicaron a especular con los créditos hipotecarios, convirtiendo la economía en un casino y una burbuja que estalló violentamente, haciéndonos a todos más pobres (ver documental Inside Job). A raíz de este mayúsculo fraude, Sarkozy y el G-20 hablaron en la Cumbre de Washington, en noviembre de 2008, de “refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad, porque hemos estado a dos dedos de la catástrofe”. Palabras. Porque hoy ha saltado el escándalo Volkswagen y por el camino muchos más. La economía sigue dando sorpresas y cada poco saltan “los empresarios del engaño”.

En Estados Unidos, antes de las hipotecas basura, saltaron los escándalos de Enron, en 2001 (quiebra de la mayor empresa energética y la 7ª compañía USA, que infló sus ganancias y ocultó 1.200 millones de pérdidas) y la teleco WorldCom, en 2002 (que quebró tras haber manipulado también sus cuentas, con unas pérdidas de 180.000 millones de dólares), sin olvidar el escándalo del laboratorio Merck, en 2002, que infló su facturación. Después de la crisis financiera, a finales de 2008, saltó el escándalo de Bernard Madoff, detenido tras estafar a los inversores unos 50.000 millones de euros. En Japón, Olympus ocultó durante 20 años enormes pérdidas en valores (1,5 billones de dólares) y Toshiba infló sus ganancias desde 2008 a 2015 (en 1.220 millones de dólares).

Europa no se queda atrás en escándalos económicos. La también alemana Siemens tuvo que pagar en 2008 una multa de 1.000 millones de dólares por sobornos en todo el mundo (incluida España, vía AVE) y Man, el fabricante de camiones del grupo Volkswagen, pagó otra multa (150 millones de euros) por sobornos en Europa, Asia y África. Antes, en 2003, Parmalat, la 8ª empresa de Italia, suspendió pagos tras revelarse un continuado maquillaje contable. Y en 2004, el expresidente de la francesa Vivendi fue procesado por difundir informaciones falsas, manipular cotizaciones y abuso de bienes societarios. Y están los múltiples escándalos atribuidos al mayor banco del mundo, el británico HSBC. Pero quizás el fraude más llamativo sea el que se detectó a un grupo de grandes bancos europeos y norteamericanos, que manipularon durante años el euribor, el libor y el japonés tibor: Barclays, UBS, Deutsche Bank, Societé Genérale, Royal Bank of Scotland, Citigroup y JP Morgan, a los que la Comisión Europea multó con 1.700 millones de euros en diciembre de 2013. Como si no hubiera pasado lo de 2008…

España no se queda al margen de este “capitalismo de rapiña”. Si ya con el franquismo saltaron los escándalos económicos (Matesa 1969: cobro irregular de 10.000 millones de pesetas en créditos a la exportación; Sofico 1960-1974:16.000 ahorradores estafados por empresas que ofrecían intereses del 12%), estallaron más con la democracia: Fidecaya (entidad ahorro intervenida en 1980: 250.000 afectados), Banca Catalana (el banco de Jordi Pujol, intervenido en noviembre de 1982), Rumasa (1983), Torras-Kío (1990), Ibercorp (1992-95), Banesto (1994), quiebra de Eurobank (2003: 2.000 ahorradores afectados), Gescartera (2006: 2.000 clientes estafados por la sociedad de valores), Afinsa y Fórum Filatélico (estafa piramidal a 460.000 ahorradores), caso Bankia (nacionalizada en mayo de 2012, tras detectarse un agujero de 23.000 millones),  colocación de preferentes de Cajas de Ahorros (500.000 ahorradores afectados), escándalos en Bancode Valencia y distintas Cajas rescatadas (2012 y 2013), Pescanova (en 2013, la auditoría descubrió que presidente y directivos habían manipulado sus cuentas) Viajes Marsans (que llevó a presión en 2014 al expresidente de la patronal CEOE, Díaz Ferrán) y Gowex (julio 2014), donde un analista USA descubrió manipulación de cuentas que no había detectado la CNMV en España.

Es sólo una pequeña muestra que indica claramente que el fraude de Volkswagen no es un caso aislado y que el capitalismo nos regala cada poco un escándalo que estalla casi siempre  sin que ninguna autoridad lo detecte previamente. Y no sabemos si los escándalos son una excepción o sólo lo que aflora a lasuperficie de una corrupción real mayor. ¿Qué es lo que pasa? Quizás haya que empezar por denunciar que falta “ética” en el mundo económico, coincidiendo con el Papa Francisco, que ha criticado recientemente “el capitalismo salvaje que busca beneficios a cualquier coste”.  Pero habría que ir más allá y buscar qué está facilitando la codicia, el “todo vale” que periódicamente nos estalla encima.

Una primera causa de tanto escándalo es la falta de regulación, de normas. Desde los años 80 y 90, con Reagan y Thatcher, EEUU y la mayoría de gobiernos occidentales redujeron controles, en empresas y finanzas (“más mercado y menos Estado”), con la confianza en que el capitalismo se “autorregularía”. Pero siguieron saltando escándalos y en 2008 llegó “el gran susto”, sin que nadie lo detectara. Esa es otra causa de los escándalos: los que tienen que vigilar no vigilan (o no ven). El FMI (con Rato al frente) no detectó que venía una crisis financiera, tampoco la FED norteamericana ni los demás bancos centrales (el Banco de España insistía que teníamos “la banca más saneada del mundo”). Las empresas de auditoría se dedicaron a “hacer caja” con sus clientes (Enron, Bankia), no a detectar a tiempo sus problemas. E incluso, las empresas de calificación de riesgos engañaban: Standard&Poors dio la máxima calificación a  Lehman Brothers un mes antes de su quiebra en 2008.

Pero además, las grandes empresas y bancos han puesto en marcha un mecanismo de sueldos perverso, que fomenta el fraude y los escándalos a golpe de codicia: los sueldos de los altos directivos son estratosféricos y les pagan unos “bonus”, una gratificación anual ligada a resultados. Un ejemplo: en 2006, los 25 mayores gestores de fondos de Wall Street ganaron 14.000 millones de dólares, el sueldo de los 80.000 maestros de Nueva York. Y claro, por ese dinero, están dispuestos a hacer cualquier cosa. “Es difícil conseguir que un hombre comprenda algo cuando su salario depende de que no lo comprenda”, decía el escritor norteamericano Upton Sinclair. Y es lo que pasa: los altos directivos de Volkswagen sabían que sus ingresos y pensiones estratosféricos dependían de las ventas y beneficios. Y si para vender más hay que manipular los coches, pues se manipulan. Me lo juego yo, no sólo VW.

Así que no basta con democratizar la economía y pedir “ética”, con aprobar bonitos “Códigos de Buen Gobierno”, incluir en las Memorias capítulos de Responsabilidad Social Corporativa. Hay que tomar medidas concretas para evitar estafas y escándalos. Primero y fundamental, aprobar normas y leyes que fijen reglas claras a empresas y bancos, no dejar que ellos se “autorregulen”. Segundo, establecer organismos y mecanismos de control, con medios, voluntad e independencia política, algo que en España no tienen suficientemente ni el Banco de España,  la CNMV (controla empresas cotizadas e “información privilegiada”) o la CNMC (controla la competencia entre empresas y ya ha desvelado acuerdos entre petroleras, lecheras y empresas de automóviles(también Volkswagen) para “pactar precios” en contra de los consumidores). Y tercero, aplicar con dureza sanciones y penas, algo también difícil en España cuando la Justicia carece de medios para afrontar el auge de delitos económicos y de la corrupción. Y también, falta una mayor voluntad política, judicial y social contra los delitos económicos: quizás por eso están llenas las cárceles de personas que han robado coches o casas y no de empresarios o banqueros delincuentes (ni en España ni fuera).

Así que, aunque ahora haya políticos que se rasguen las vestiduras con Volkswagen, que no nos engañen: ha pasado porque nadie ha vigilado. Y seguirá pasando mientras no se “refunde” de verdad el capitalismo, un sistema que engendra fraude si no se regula y vigila con firmeza. La historia se repite impunemente. Hasta la próxima.

Sin medios contra los delitos económicos

Las denuncias particulares, la prensa, fiscales y jueces siguen destapando numerosos delitos económicos y una imparable corrupción política, la tercera preocupación de los españoles (tras el paro y la crisis). Pero los juzgados y la policía no dan abasto y han pedido públicamente más medios. Un ejemplo: Pablo Ruz, uno de los seis jueces de la Audiencia Nacional, lleva más de 3.000 causas económicas, con millones de folios. Y los dos fiscales del caso Bankia se enfrentan casi solos a 33 bufetes de abogados. Hacen falta más jueces, más policías, más peritos y más medios en los Juzgados para luchar contra la corrupción y la delincuencia económica, muy compleja y poderosa. Y establecer controles eficaces en las empresas y en la Administración. No puede ser que, mientras la mayoría se sacrifica, los delincuentes de guante blanco se vayan de rositas. Control, transparencia y sentencias ejemplares ya.

enrique ortega

Los delitos económicos aumentaron en España un 38% entre 2009 y 2011 y crecerán otro tanto estos dos últimos años, según un estudio de la auditora PwC. Casi la mitad de las empresas españolas (un 47%) reconoce haber sufrido algún delito económico o informático en 2011 (34,5% en 2010), un porcentaje mayor que en Europa (30% empresas), según la encuesta mundial realizada por PwC. Los delitos económicos más frecuentes son apropiación indebida (47%), manipulación contable (29%: se ha duplicado con la crisis), fraude fiscal (9%) y delitos informáticos (3%), los que más crecen. En España, la mayoría de estos delitos se cometen dentro de las empresas (81%, frente al 50% en Europa), sobre todo por los altos ejecutivos (61% de los casos), mientras tiene poco peso la delincuencia externa a las empresas (17,5% en España y 45% en Europa).

El otro frente es la corrupción política, con más de 500 casos abiertos en los juzgados y 300 políticos electos imputados. La policía investiga actualmente 171 casos de corrupción (59 la Policía Nacional y 122 la Guardia Civil), según el ministro del Interior, con 1.110 personas investigadas y 311 detenciones (sólo la Policía). España es el país de Europa occidental con más corrupción en el sector público: ocupa el lugar 30 en el ranking de Transparencia Internacional, sólo por detrás de Portugal (puesto 33) e Italia (72). Y la corrupción y el fraude se han convertido, desde febrero, en la tercera preocupación de los españoles (30,7%), tras el paro y la crisis económica, según el Barómetro del CIS de mayo.

La crisis financiera, y en especial la reconversión de las Cajas de Ahorros en 2011 y 2012, ha supuesto un salto en la delincuencia económica: unos 100 directivos, de 21 de las 45 antiguas Cajas, están imputados en distintos procesos, por los presuntos delitos de operaciones fraudulentas para beneficio propio, indemnizaciones y jubilaciones millonarias o fallidas salidas a Bolsa. La Audiencia Nacional lleva los grandes procesos: Bankia (33 imputados), Banca Cívica (15), CAM (han declarado 30 ex directivos), NovaCaixa Galicia (5 imputados), Caixa Penedés (3) y Banco de Valencia (10 imputados). Además, numerosos juzgados provinciales tienen causas abiertas sobre la CAN, CAM, NovaCaixa Galicia, Caixa Penedés, el crédito de Caja Madrid que ha llevado a la cárcel a Díaz Ferrán (Marsans) y el caso Blesa (ex presidente Caja Madrid), que ha vuelto a la cárcel.

Junto a estos procesos financieros, la Audiencia Nacional tiene abiertos otros viejos procesos económicos: Eurobank (quebró en 2004), Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico y Afinsa (los dos, con 500.000 ahorradores afectados). Y siguen entrando nuevos, el último Pescanova: están imputados su expresidente y tres ex directivos por falseamiento de cuentas, ocultación de deuda y manipulación de acciones. Precisamente, por intento de manipular acciones del Popular, la Fiscalía pide 2 años de cárcel para el empresario Trinitario Casanova. La CNMV reconoce que cada año recibe más de 100 denuncias de manipulación de precios en Bolsa, la última con las acciones de Bankia en este mes de mayo tras la reciente ampliación.

Y luego están los delitos informáticos, el cibercrimen, que crece sin parar, no sólo en banca (phishing, robo de claves) sino con ataques a empresas. Y otros nuevos delitos, como el amaño de partidos (se investiga el partido Levante-Deportivo), un problema con tal entidad (por el auge del juego online) que la Interpol, FIFA y UEFA han creado brigadas especializadas en Europa para investigarlo (en febrero denunció el amaño de 380 partidos en 15 países).

La crisis y las nuevas tecnologías han disparado los delitos económicos, mientras se destapa la corrupción ligada al boom. El problema es que la Justicia está colapsada. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en mayo refuerzos, nuevos Fiscales (tiene sólo unos 100, para miles de causas), pero Justicia no se los da  e incluso está despidiendo a los fiscales sustitutos (300 de los 2.400 Fiscales de toda España). Los jueces de la Audiencia Nacional (son 6) también pidieron refuerzos en enero. Baste decir que el juez Pablo Ruz, que lleva el caso Gürtel, acumulaba en 2011 (según Memoria AN) unas 3.000 causas por delitos económicos, con 1,5 millones de folios. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho un informe demoledor: los tribunales tienen abiertos 1.661 causas complejas por delitos económicos y corrupción, de los que 512 son macroprocesos muy complejos, sobre todo en la Audiencia Nacional (77), Andalucía (115), Cataluña (87) y Comunidad Valenciana (80). Y piden a Justicia más medios: 64 nuevos jueces, 18 secretarios judiciales, 150 funcionarios y más ayuda de Hacienda y la Policía.

Precisamente, otro problema es que también está colapsada la Agencia Tributaria y la Policía judicial, que no dan abasto para hacer los informes que les piden los jueces. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UEDF) de la Policía Judicial, unos 300 agentes en Madrid, ya ha denunciado que está superada y están desviando casos a policías provinciales no especializados. Y en el caso de Bankia y algunas Cajas, los jueces, el Gobierno y el Banco de España están recurriendo a peritos privados (más de 120 auditores) porque los juzgados no tienen apenas peritos especializados.

Consecuencias de la falta de medios: los procesos se retrasan (con riesgo de que prescriban) y aumentan las posibilidades de sumarios con errores o con investigaciones incompletas, en beneficio de los procesados. En el caso Bankia, los dos fiscales trabajan casi solos frente a una legión de abogados de los 33 imputados. Y en el caso Banca Cívica, un fiscal frente a 15 imputados. Y los 6 jueces de la Audiencia Nacional no pueden físicamente atender a 77 macroprocesos. Esto lo saben los delincuentes y mafias internacionales, que ven España como un paraíso para delinquir. Además, la escasez de fiscales impide que tengan iniciativa para abrir nuevos casos: la mayoría de los delitos se están investigando por denuncias particulares o populares (UPyD en el caso Bankia y Banca Cívica) o de medios de comunicación.

Hacen falta más medios contra la corrupción y la delincuencia económica, pero también más control de las empresas y el sector público. Habría que ser más riguroso con los auditores (las Cajas intervenidas estaban auditadas) y aplicar sanciones ejemplares (la primera auditora del mundo, Arthur Andersen, desapareció tras los engaños contables de Enron). Y exigir a las empresas más transparencia y unas cuentas más rigurosas, mejor vigiladas por la CNMV (caso Pescanova), que debe aplicar multas más rigurosas (son ridículas) por la manipulación en Bolsa. En la Administración, dar más autonomía a los interventores y más medios y poder al Tribunal de Cuentas, que no pinta casi nada, con ayuda de la Ley de Transparencia, que sin medios, no será efectiva.

En un país donde se piden tantos sacrificios a la mayoría, habría que ser especialmente beligerante con la corrupción y los delincuentes de guante blanco, con más normas, más controles y más medios para jueces y policías. Y con sentencias ejemplares: sólo hay un empresario(Díaz Ferrán) y un banquero (Blesa) provisionalmente en las cárcel (llena de delincuentes de poca monta). Quien la hace, a costa de llevarse dinero de Cajas, ahorradores, inversores, empresas o contribuyentes, la debe pagar especialmente. Es lo justo.

Auditor que no ve, crisis que te cae encima

El detonante de la crisis de Bankia (y del rescate a la banca) fue una auditoría que revelaba un agujero no aceptado por Rato. Pero ese mismo auditor había dado antes por bueno que Bankia tenía 305 millones de beneficios cuando ahora se sabe que tenía 3.318 de pérdidas. Otros auditores bendijeron antes las cuentas de siete Cajas y bancos intervenidos, sin que tampoco el Banco de España detectara nada. En paralelo, los auditores públicos (interventores) han dado tres datos de déficit público en seis meses y han sido incapaces de detectar ni la corrupción de Gürtel o los ERES ni las facturas sin pagar desde 2002. Ha fallado estrepitosamente el control de las cuentas, públicas y privadas, y eso nos sale muy caro. El Gobierno quiere privatizar parte del control de las cuentas públicas, empezando por Ayuntamientos y empresas públicas.

enrique ortega

Rato entregó a principios de mayo las cuentas de Bankia-BFA sin auditar, por una discrepancia con su auditor (Deloitte), que quería aflorar un agujero de 3.500 millones, lo que provocó la nacionalización. Pero ese mismo auditor no tuvo problemas en bendecir, en julio de 2011, la salida a Bolsa de Bankia como una operación “redonda” para los 347.000 inversores que han perdido ya tres cuartas partes de su dinero. Y otros auditores acaban de decirnos que los 305 millones de beneficios de Bankia en 2011 son en realidad unas pérdidas de 3.318 millones. Y que su saneamiento nos costará 19.000 millones más.

Hace dos años, en junio 2010, nacía Bankia con la fusión de Caja Madrid, 5 cajas pequeñas y Bancaja, auditada también por Deloitte, que dio el visto bueno a sus cuentas 2010. Pero ahora, otra auditoría encargada por  Rato en febrero (a través del responsable de Auditoría de BFA, el exministro del Interior Ángel Acebes), ha revelado que Bancaja estaba en quiebra técnica, con un patrimonio de -4.465 millones. Y Deloitte también auditaba (“sin problemas”) al Banco de Valencia, controlado por Bancaja, intervenido por el Banco de España en noviembre 2011.  

No son casos aislados. La auditora KPMG no detectó ninguna irregularidad en las cuentas de los últimos veinte años de la CAM, intervenida en julio 2011 por el Banco de España (“la CAM es lo peor de lo peor”, dijo el Gobernador, pero cuando ya le había caído encima). Ni tampoco los auditores de Catalunya Caixa (Deloitte), Unnim (Price Waterhouse) o NovaCaixa Galicia (sólo una salvedad de Deloitte en las cuentas de 2011, no antes), intervenidas por el Banco de España en junio 2011. Sólo en Caja Castilla la Mancha (CCM), intervenida en marzo 2009, y Cajasur (mayo 2010), los auditores (Ernst Young para CCM y Deloitte) pusieron salvedades (tarde) en sus auditorías, que llevaron al Banco de España a intervenir y cambiar sus gestores.

Salvo en estos dos casos (y tarde), el Banco de España no fue capaz de anticipar y evitar las  crisis bancarias que han supuesto el rescate de la banca española y costarán 60.000 millones en ayudas públicas. Los inspectores se defienden diciendo que ellos no deciden los planes de inspección y piden más independencia. Pero el prestigio del Banco de España está por los suelos y más después de que el Gobierno haya contratado 7 auditoras privadas (dos “ sospechosas”, Goldman Sachs y Oliver Wyman, y otras cuatro, Deloitte, Ernst  Young, KPMG y PWC, que llevan años auditando a bancos y cajas, incluidos los intervenidos…) para analizar las cuentas de la banca, junto al BCE, el FMI y la autoridad bancaria europea (EBA).

En paralelo, los auditores públicos (interventores) han dado el visto bueno a tres cifras distintas de déficit público en  menos de seis meses: 6% en noviembre, 8,5 % en febrero, 8,9% en mayo. Y si Europa ya no se fiaba, por lo que mandó dos misiones de inspectores de Eurostat en marzo, ha vuelto a mandarlos en mayo para revisar otra vez nuestras cuentas públicas. Cuentas que legalmente fiscalizan los interventores, funcionarios que trabajan en el  Estado, las autonomías y Ayuntamientos. Y también el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas que tienen 13 de las 17 autonomías.

Pero estos interventores tampoco han visto los problemas, desde el desvío de los déficits a las facturas impagadas desde 2002 o los casos de corrupción, como los de la Comunidad Valenciana (en especial, el caso Gürtel), Baleares (caso Matas) o Andalucía (EREs), donde la propia Guardia Civil han censurado a la Intervención General por “ignorar su deber”. La ley les obliga a fiscalizar pagos, pero o no ven o firman presionados por los políticos de turno.

La falta de credibilidad de los auditores está también detrás de la actual crisis mundial: no detectaron el problema de las hipotecas basura y las agencias de rating que ahora nos descalifican (Moodys, Standard &Poors y Finch) les otorgaron la máxima calificación hasta unos días antes de la quiebra de Lehman Brothers. Y en 2001, la crisis de Enron, tras falsear sus cuentas, ya supuso la desaparición de Arthur Andersen, la primera auditora del mundo.

Sin embargo, con la crisis, las auditoras son de los pocos negocios boyantes. Parece que “la transparencia vende”: en 2011, un 25% de las auditorías hechas en España fueron voluntarias. Las auditoras facturan 896 millones, pero un 76% lo mueven las cuatro grandes (Deloitte, Ernst Young, PwC y KPMG) que llevan muchos años auditando a los mismos: la mayoría de  los grandes bancos y empresas del IBEX llevan con el mismo auditor desde 1.990. Algo que quiere cambiar la Comisión Europea, con dos importantes cambios que tienen revolucionado al sector: las empresas tendrán que cambiar de auditor cada 12 años y no les podrán dar otros servicios (consultoría, legal, etc., que suponen ahora el 55% de la facturación de las auditoras).

Con esta norma, habrá más competencia y Bruselas quiere dar cancha a las medianas y pequeñas auditoras. Por eso, las auditoras presionan al Gobierno para que obligue a más empresas a auditarse (no sólo a las que cotizan). Y además, quieren entrar a saco en el sector público. El Gobierno ya les permite, en la Ley de Estabilidad,  participar en las futuras auditorías de los Ayuntamientos. Y también podrían entrar en las auditorías de las 20.630 entidades públicas, un jugoso pastel ya que sólo el 8% se auditan.

En definitiva, que en lugar de controlar y sancionar a los auditores, inspectores e interventores que no ven, el Gobierno busca corregirlo dando el  trabajo ( y la minuta) a las empresas privadas (que tampoco han visto), privatizando la fiscalización de las cuentas públicas. Para eso no hay recortes. Es nuestro dinero y debería controlarse con medios públicos. Eso sí, eficaces e independientes. Y si no vigilan y nos cae la crisis, que lo paguen.

Reforma Cajas: tardía, corta, cara y escandalosa

Penúltimo acto de la reforma de las Cajas de Ahorros, un culebrón que lleva año y medio entre fusiones, inyecciones de capital, salidas a Bolsa y nacionalizaciones, con un alto coste, que en parte pagamos los contribuyentes. Y los mismos directivos que hundieron a las Cajas, prestando sin control al ladrillo y a Gobiernos autonómicos, se han embolsado 120 millones en indemnizaciones y pensiones de lujo, sin que ninguno haya acabado en el juzgado. Lo peor es que la reforma se ha hecho tan tarde y tan mal que las Cajas que quedan están sin fuelle: no prestan, no hacen Obra social y encima nos suben comisiones. Y se teme que el próximo Gobierno tenga que hacer otro saneamiento, con más dinero público.

enrique ortega

Hace más de dos años, cuando EEUU y Europa recapitalizaron sus bancos, el Gobierno Zapatero no hizo nada, porque teníamos “los bancos y Cajas más saneados del mundo”. Pero en junio de 2010, con la crisis europea, se intenta el primer parche, aprobando una Ley de Cajas para que se fusionen contra reloj, pasando de 45 Cajas a 17, en un intento de que las buenas salven a las malas. En enero de 2011, el Gobierno cambia las normas y les exige más capital (10%), más que en cualquier país del mundo. En marzo, el Banco de España saca la lista de 9 Cajas (de las 15) que necesitaban sanearse y buscar capital en seis meses. Y por fin, el 30 de septiembre, nacionaliza tres Cajas que no han conseguido inversores privados  (Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim), después de intervenir en julio la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en quiebra técnica.

No es casualidad que las tres Cajas nacionalizadas sean una gallega y dos catalanas. La Xunta y la Generalitat se han empeñado estos meses en no perder el control de las Cajas, su “juguete”, impidiendo fusiones que llevaran el control a otra autonomía (como las castellanas Caja Duero-Caja España, absorbidas por la andaluza UniCaja). Y el Banco de España se lo ha permitido. Resultado: ha habido que nacionalizarlas e inyectarlas 4.751 millones de euros, más  otros 2.800 millones para la CAM. Pero no es el único coste: anteriormente, el FROB (Fondo de Regulación Ordenada Bancaria) había inyectado 17.844 millones en 9 Cajas (CCM, Caja Sur, CAM, Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia, BMN, Unnim y Banca Cívica), la mitad en capital (a ver cuánto se recupera) y la mitad en créditos (a ver cuántos se cobran). En total, 25.395 millones, un  dinero en parte nuestro, porque el Presupuesto aportó 6.750 millones al FROB.

Y queda colocar la CAM a finales de octubre, lo que nos va a costar al menos otros 17.750 millones más para encontrar un novio (BBVA, Santander, Sabadell…) que se quede con esta Caja y su agujero de créditos inmobiliarios irrecuperables. Y van ya 43.145 millones. Eso sin sumar lo que han costado al contribuyente las prejubilaciones de las Cajas: 12.000 empleados que salen a los 55 años y se prejubilan a los 63, otra factura de 1.100 millones a costa del INEM y la Seguridad  Social.

Lo peor es que después de haber enterrado casi 45.000 millones en intentar sanear las Cajas, una parte ha ido al bolsillo de los directivos que las hundieron : se estima que 70 ex directivos se han llevado en indemnizaciones y pensiones 120 millones de euros, la mayor parte en NovaCaixaGalicia (47 millones, 16,5 la jubilación del anterior director general) y en la CAM, donde la ex directora general, despedida, se ha llevado 370.000 € de pensión vitalicia, después de manipular las cuentas para engañar al Banco de España. Pero hay más: estos directivos se  concedieron créditos a sí mismos y a sus consejeros (76,2 millones NovaCaixaGalicia y 161 millones la CAM), así como a inmobiliarias y constructores afines (en la CAM, un promotor inmobiliario estaba al frente de la comisión de control que concedió 16.000 millones a promotores, incluido él mismo, la mitad irrecuperables), sin olvidar financiar a los Gobiernos autonómicos (dos días antes de ser intervenida, la CAM compró 200 millones de pagarés de la Generalitat), Ayuntamientos, sindicatos e instituciones… Todos ordeñaron la vaca.

Y claro, nadie vigilaba ni protestaba. Y ahora todos se echan las culpas del desaguisado. El Banco de España dice que no es cosa suya vigilar los sueldos de las Cajas, aunque los ha autorizado año tras año. Las autonomías tienen la tutela de las Cajas, pero “tampoco sabían nada”, a pesar de que la Xunta o la Generalitat tenían un representante en la comisión de control donde se veían los sueldos. Los consejeros, desde instituciones a sindicatos, tampoco se enteraron. Y los auditores, cobraban y firmaban (KPMG aprobó las cuentas de la CAM).

Al final, año y medio de una reforma cerrada en falso y con posibles sorpresas. Mejor hubiera sido intervenir las Cajas malas hace dos años y sanear por decreto: nos hubiera costado menos. Sobre todo, se hubiera evitado que las Cajas, la mitad del sistema financiero, lleven año y medio al ralentí, sin prestar a empresas (eran el oxígeno de las pymes) y particulares, perdiendo negocio en beneficio de la banca. Y los clientes lo pagan, ya que les están subiendo comisiones para sobrevivir. Y han recortado  a la tercera parte su Obra Social (de 2.000 millones en 2007 a 700 este año).

Con todo, el problema es que la costosa  reforma actual será insuficiente, porque la crisis va a deteriorar su nuevo capital (tienen 100.000 millones de créditos problemáticos) y van a tener problemas para financiarse en unos mercados cerrados, lo que puede obligar a una nueva inyección de capital (Merril Lynch habla de 23.000 millones más para las nacionalizadas NovaCaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, la CAM y las presumiblemente salvadas Bankia y Caja 3 ), una segunda oleada de fusiones ( lo defiende Montoro, del PP) o ventas a bancos (quedarían menos de 10 Cajas) y nuevos recortes de plantillas y oficinas. O sea, otro saneamiento en unos meses, con más dinero público. Vaya historia.