Los jóvenes, los grandes perdedores

La subida disparatada de pisos y alquileres está siendo la puntilla para los menores de 30 años, que apenas se benefician de la buena marcha de la economía: sólo un 10% del empleo creado este año ha ido a menores de 25 años, que tienen más del doble de paro que el resto y ganan casi la mitad, por tener contratos más precarios. Eso conduce a que muchos jóvenes no pueden emanciparse y tengan más pobreza que el conjunto de españoles: 2,5 millones de jóvenes viven en situación de “exclusión social”, según el informe Foessa (Cáritas), a pesar de que la mayoría trabajan o estudian. Urge un Plan de apoyo a los jóvenes, con medidas desde la formación a las políticas de empleo y vivienda, para evitar que malvivan y sean utilizados por la ultraderecha. Y no cabe enfrentarlos a los mayores, proponer como solución recortar las pensiones y el gasto a los jubilados. Porque los “boomers” no son unos “privilegiados” como argumentan algunos. Sobre eso escribiré el próximo Blog.

                        Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántos jóvenes viven en España. Son 7.564.300 personas las que tenían entre 16 y 29 años en septiembre, según este informe de Trabajo, más hombres (3.902.100) que mujeres (3.662.300). Suponen ahora el 15,44% de la población total, mucho menos que al principios de siglo (21,6% de la población), cuando había 8.765.195 jóvenes de entre 16 y 19 años (+ 1,2 millones), por la caída drástica de la natalidad en España. Y si contabilizamos los jóvenes de 16 a 24 años, son ahora 4.840.000, unos 600.000 jóvenes menos que el año 2.000.

Sin embargo, los jóvenes han aumentado su peso sobre la población en edad de trabajar, debido al envejecimiento de la población española. Así, esos 7.564.400 jóvenes de 16 a 29 años suponen ahora el 23,6% de las personas en edad de trabajar (16-64 años), 1 millón más de los que había en 2015 (6.583.900, el 21,8%). De este total de jóvenes, el 53% están estudiando, aunque casi la mitad de ellos (el 25,6%) también trabajan, según Trabajo. Y un 14,7% de los jóvenes (16 a 29 años) ni estudian ni trabajan (son “ni-nis”), un porcentaje que ha ido bajando (eran el 20,8% en 2015), aunque es superior al de Europa (11%).

El primer gran problema de los jóvenes españoles es que muchos tardan en encontrar un trabajo (por su baja formación e inexperiencia) y tienen  por ello una baja tasa de empleo: trabajan el 45,9% de los jóvenes de 16 a 29 años (septiembre 2025), más los chicos (48%) que las chicas (43,7%), aún lejos del 68,6% que trabajan en el conjunto de la población (16 a 64 años). Eso se traduce en que trabajan 3.474.000 jóvenes de 16 a 29 años, el 15,51% de todos los ocupados en España (22.387.100 en septiembre de 2025). Son 1 millón más de jóvenes trabajando que hace 10 años (2.463.600 trabajaban en septiembre 2015), pero el conjunto de ocupados ha crecido mucho más (+4,33 millones) en esta década. Y desde 2019, tras la pandemia, el empleo de los jóvenes (16 a 29 años) ha crecido en +701.800, mientras aumentó en +63.900 entre 30 y 49 años y +1,65 millones entre los mayores de 50 años (que se han llevado dos tercios del empleo creado).

Un problema de muchos jóvenes para encontrar trabajo es su bajo nivel educativo (lo tienen el 20% de los ocupados), consecuencia en algunos de que abandonaron sus estudios: el abandono escolar temprano (no terminar la ESO), ha bajado del 20% de los jóvenes de 18 a 24 años (2015) al 13% en 2024, aunque es muy superior a la media UE (9,4%). Y otro millón largo de jóvenes (el 28,7% de los que trabajan) tienen un nivel educativo medio, mientras sólo la mitad de los jóvenes ocupados (1.663.200) tienen un alto nivel de estudios.

Cuando los jóvenes de 16 a 29 años trabajan, generalmente lo hacen en los servicios (2,79 millones hoy, el 81,3% de los jóvenes ocupados), seguidos de la industria (409.400 jóvenes), la construcción (183.600, un 82,7%  más que en 2015) y la agricultura (82.600 jóvenes, un 18,7% menos que hace 10 años). Pero el trabajo de los jóvenes se concentra en unas pocas ramas de actividad: comercio y reparación de vehículos (585.700), hostelería (516.000), industria (375.000), sanidad y servicios sociales (348.500), actividades profesionales y técnicas (237.800) e información y comunicaciones (192.900 jóvenes).

El gran problema del trabajo de los jóvenes es la precariedad de sus contratos. Por un lado, siguen teniendo un alto porcentaje de contratos temporales, aunque su peso se ha reducido desde 2022 gracias a la reforma laboral: 48,7% entre los jóvenes de 16 a 24 años y el 35,8% los jóvenes de 16 a 29 años (el doble que en Europa), frente a sólo el 15,6% de contratos temporales el conjunto de los trabajadores. Y casi la mitad de estos contratos temporales de los jóvenes son “involuntarios”: los tienen porque no encuentran un contrato indefinido. Además, el 24,1% de los jóvenes (16-29 años) tienen contratos a tiempo parcial (por horas o por días), el doble que el conjunto de los trabajadores (12,9%). Y de nuevo, casi la mitad de estos jóvenes con trabajos parciales (el 43,4% en España, frente al 18,1% en Europa) los tienen “de forma involuntaria”, porque no encontraron un empleo a jornada completa.

Estos tres factores, la baja formación, el sector donde trabajan y el tipo de contrato explican que los jóvenes tengan unos bajos salarios, según este informe de Trabajo: ganan 15.364 euros de media (2023)  los ocupados con 20 a 24 años (un 45,3% menos que el conjunto de trabajadores, con 28.049 euros) y 21.039 euros los jóvenes de 25 a 29 años (el 25% menos que la media, aún menos las mujeres: -6,9 adicional), según el INE.

Esto los jóvenes que trabajan, porque hay 812.700 jóvenes en paro, el 10,7% de los jóvenes de 16 a 29 años, según Trabajo. La tasa de paro (parados sobre activos) es muy elevada entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 25,4% (casi el doble de la tasa europea, el 14,8% y cuatro veces la alemana, el 6,3%)  y baja al 17,1% entre los de 16 a 29 años, aunque es mucho mayor que la tasa de paro del conjunto de españoles (10,6% en septiembre). De nuevo, la tasa de paro joven depende mucho de la formación: es del 28,9% entre los jóvenes con baja formación, el 19,2% en niveles medios y sólo del 13,5% entre jóvenes con alta formación.

Volviendo a los jóvenes que trabajan, esos 3.474.000 ocupados (el 46% de los jóvenes entre 16 y 29 años), su siguiente problema es que la precariedad de sus contratos y sus bajos salarios no les permiten en muchos casos emanciparse y vivir fuera de casa o formar una familia: 7 de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años con empleo siguen viviendo con sus padres, según el Observatorio de la Juventud. Y esta dependencia se ha agravado en los últimos años, al dispararse el precio de los alquileres: En octubre, el alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, según el portal  Idealista, otro máximo histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en 2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9% anual, que se suma al +81% que subieron los alquileres entre 2014 y 2024. Con ello, un joven, con un sueldo medio bruto de 1.502 euros (INE), no puede pagar un alquiler medio en Madrid (1.700 euros) o Barcelona (2.000).

Los alquileres disparados han aumentado el porcentaje de jóvenes con problemas para llegar a fin de mes. De hecho, ya en 2024, los datos oficiales señalaron que los jóvenes (y los niños) tienen una tasa de pobreza monetaria mayor que el resto de la sociedad: 1 de cada 5 jóvenes (el 20,7%) de 16 a 29 años es “pobre” (ingresa menos del 60% del ingreso medio del país, menos de 827 euros al mes en 14 pagas (o menos de 1.737 euros mensuales si es una familia con dos niños). Así que 1,5 millones de jóvenes (16 a 29 años) están en situación de pobreza monetaria. Pero si se tienen en cuenta más factores, los jóvenes “excluidos” son más: 2,5 millones de jóvenes menores de 30 años están en exclusión social, según el reciente Informe Foessa (Cáritas) que analiza 37 indicadores de empleo, vivienda, educación, salud, participación e integración social. Y de ellos 723.190 jóvenes (el 11%) vive en exclusión social severa, un número que ha aumentado un 83% desde 2007.

Estos 2,5 millones de jóvenes en exclusión social son, para Cáritas y el informe Foessa, “los grandes perdedores del actual modelo socioeconómico”. Y rechaza que se les considere “pasotas” y “al margen de la sociedad”, porque más de un tercio de estos jóvenes trabaja (aunque eso no les saca de “pobres”) y una cuarta parte estudia. Y reiteran que las familias de las que proceden y su código postal están detrás de su precaria situación, porque apenas funciona “el ascensor social”, siendo clave el nivel educativo de padres e hijos.

Además, los datos demuestran que las tres últimas crisis (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación tras la guerra de Ucrania) han dañado especialmente a los jóvenes españoles: hay una llamativa “desigualdad generacional” según la edad del cabeza de familia. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%), según el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a 36.800), los hogares entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100 euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).

Estos datos y otros sobre el menor patrimonio de los jóvenes han llevado a algunos expertos a plantear un cambio en las políticas públicas: destinar menos recursos a los mayores y más a los jóvenes, una especie de “enfrentamiento generacional” que apoyan expertos neoliberales y  políticos de ultraderecha, que se apoyan en que la pensión media de jubilación (por la que los jubilados han cotizado 35 años o más) era en noviembre de 1.511,51 euros, poco menos que el salario mediano de 2024, que era de 2.001 euros brutos (y un 30% de los asalariados ganaban menos de 1.582 euros. Lo que no dicen es que el 48,37% de todas las pensiones (y el 38,88% de las jubilaciones) cobran menos de 1.000 euros…

Pero cada vez que se da el dato mensual del gasto en pensiones (27.119 millones en noviembre, por la extra de Navidad) o la revalorización para 2026 (+2,7% subirán en 2026), muchos expertos y organismos aprovechan para hablar del “disparatado gasto en pensiones” y lo mal que están los jóvenes. Incluso la OCDE ha presentado un informe donde propone medidas para frenar el gasto futuro en pensiones (ampliar la edad y el periodo de cotización y recortar las pensiones futuras como hizo Rajoy) y destinar una parte del ahorro a vivienda, para ayudar a los jóvenes. Otra vez un enfrentamiento generacional tan injusto como injustificado. Porque los problemas de los jóvenes no se solucionan recortando pensiones y dañando a sus padres y abuelos. Es una demagogia sin fundamento.

Afrontar la preocupante situación de los jóvenes exige de tomar medidas en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y en mejorar las prácticas y becas (el Estatuto del Becario acaba de aprobarse por el Gobierno, tras anunciarse con los sindicatos hace casi 17 meses). Y hay que mejorar la conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a los jóvenes, con ayudas que hoy son escasas e ineficaces.

Pero además, hay que poner a los jóvenes como una de las prioridades de todas las políticas económicas y sociales, algo que no viene pasando, quizás porque los distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país, hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y  tecnológico que nos hagan más productivos y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.

Pero todo esto, sin caer en la tentación de una “guerra entre generaciones”, sin culpar a los mayores (“boomers”) de la situación de los jóvenes, como parece estar de moda. Primero, porque “no se viste a un santo desvistiendo a otro”. Y segundo, porque los mayores en España no son unos privilegiados, ya que chocan con serios problemas en su empleo (a partir de una edad, ninguna empresa los contrata), en el paro, en las condiciones de su jubilación (muchas pensiones por debajo de 1.000 euros), en su salud  y en su ancianidad, sobre todo si son dependientes (27.217 mayores han muerto este año hasta octubre sin recibir las ayudas a la Dependencia a las que tenían derecho). En definitiva, que los “boomers” no somos unos privilegiados y menos a costa de los jóvenes, de los hijos y nietos. Algo sobre lo que escribiré el próximo Blog.

Menos trabajadores en 2050

La crisis demográfica es otro grave problema de este siglo, como la emergencia climática, del que apenas se habla. Y mientras, Europa pierde población y envejece, lo que hará caer el número de trabajadores. En España, habrá 2,55 millones de personas menos en edad de trabajar para 2050, lo que complicará la economía, la recaudación, las pensiones y los servicios públicos. El problema de fondo es la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población, que provocarán una caída de 2,4 millones en los nacidos en España para 2050, aunque la población total será mayor que ahora (55 millones) porque “nos salvarán los inmigrantes” (8,2 millones de residentes más nacidos fuera de España). Por eso, la “propuesta” de Vox de expulsar a 8 millones de extranjeros no es sólo injusta y xenófoba sino también “una locura económica”: colapsaría el país. Urge un Pacto demográfico para subir la natalidad, apoyar más a las familias y organizar la inmigración a medio plazo. Un reto para la supervivencia de toda Europa.

Europa tiene un grave problema demográfico que provocará, en los próximos 50 años, una fuerte caída de la población y su envejecimiento, con la consiguiente bajada de la población en edad de trabajar, frenando su crecimiento y asfixiando sus economías, según las proyecciones de población hechas en 2020 por la Comisión Europea. Los datos son muy preocupantes: los 452,85 millones de europeos (UE-27) de 2024 aumentarán hasta 2026 (453,38 millones) y a partir de ahí, bajará la población, sobre todo a partir de 2035, para caer a 448 millones en 2050 y a 429,8 millones en 2074 (-23 millones de europeos dentro de 50 años). 

Una caída de población que se debe a la caída de la natalidad, acompañada del envejecimiento de la población (los mayores de 65 años pasará de ser el 20% al 30% de la población) y que provocará una caída del número de trabajadores: las personas en edad de trabajar pasarán de ser el 59% de los europeos en 2019 al 51% (de menos población) en 2070. Y eso se traducirá en menos crecimiento, menos recaudación, más gastos sanitarios y en cuidados y menos cotizaciones e ingresos para sostener las pensiones y los servicios públicos.

La caída de la población europea en los próximos 25 y 50 años será distinta por paises, según las proyecciones de Bruselas. Italia será el país que más población perderá: -1,38 millones entre 2024 y 2049 y -6,2 millones de habitantes entre 2024 y 2074. También perderán mucha población Grecia, Croacia y la mayoría de los paises del Este (especialmente Polonia y Hungría). Algunos paises (pocos) ganarán población: Dinamarca, Suecia, Irlanda, Chipre, Malta y Luxemburgo. Y el resto, en general perderán población, sobre todo a partir de 2050. Alemania perderá sólo -178.339 habitantes entre 2024 y 2049, pero serán -800.000 entre 2024 y 2074. Y Francia, que lleva décadas fomentando la natalidad y con muchos inmigrantes, será una excepción: ganará 2,4 millones de habitantes entre 2024 y 2049, aunque luego empeorará sus cuentas demográficas y sólo ganará 1,33 millones de habitantes entre 2024 y 2074.

España será otra excepción, ya que ganará población en los próximos 25 años, aunque la perderá en 50 años, según las proyecciones de la Comisión Europea (2020): ganará 2,5 millones de habitantes entre 2024 y 2049, pero al final perderá 700.000 residentes entre 2024 y 2074. Lo mismo les pasará (subir población hasta 2049 y luego bajarla) a Portugal, Paises Bajos, Austria, Bélgica, Chequia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.

Sin embargo, una proyección de población más reciente, la del INE de junio de 2024, apuesta a que España realmente ganará población en los próximos 25 y 50 años: pasaremos de ser 48.610.458 habitantes en 2024 a 54.834.632 habitantes en 2049 (+6.224.174 habitantes) y a estabilizarnos en 54.588.195 habitantes en 2074. Pero este aumento de la población total es “engañoso”, porque se debe exclusivamente a la entrada de inmigrantes. Los “nacidos en España” caen drásticamente :de 39.698.012 en 2024 a 37.331.032 (-2,36 millones) y a 33.309.658 en 2074 (-6,38 millones de nacidos en España). Y los “nacidos en el extranjero” residentes en España saltan de 9.379.972 habitantes en 2024 a 17.503.600 en 2049 (+8,1 millones de residentes) y a 21.278.537 nacidos en el extranjero en 2074 (+11,89 millones que en 2024). O sea, que para dentro de 50 años, se “pierden” 1 de cada 6 nacidos en España y se duplica con creces  el número de residentes que han nacido fuera de España.

Esta importante caída en la población “nacida en España” se debe, básicamente, al desplome de la natalidad en nuestro país: si a la muerte de Franco, en 1975, eran 2,8 los niños por mujer, en 2017 ya eran la mitad (1,3) y han caído a 1.15 niños por mujer en 2024, la 2ª tasa de fecundidad más baja de la UE-27, tras Malta. Y eso ha provocado que la población caiga  en España desde 2017 (30.772 muertes más que nacimientos), año tras año (-132.604 fue el saldo vegetativo en 2024). Y el INE espera que este saldo de población (nacimientos-defunciones) aumente en los próximos años: -120.636 pérdidas anuales entre 2029 y 2033, -259.991 al año entre 2049 y 2053 y hasta -319.890 de pérdida anual de población entre 2064 y 2068, con -296.039 de pérdida anual entre 2069 y 2073.

Estas pérdidas de población “nacida en España” se van a compensar, según las proyecciones del INE, con la entrada neta de inmigrantes en las próximas décadas. El saldo migratorio (entradas menos salidas de “nacidos en el extranjero”) pasará de 454.232 en 2019 a 787.195 en 2024, 407.477 entradas anuales entre 2029 y 2033, 287.000 anuales entre 2049 y 2053 y después, unas menores entradas (algo menos de 300.000 al año) entre 2054 y 2073.

Lo peor no es sólo que caiga  la población nacida en España sino que además, el conjunto de la población española (y europea) va a envejecer, porque la esperanza de vida ha aumentado mucho y seguirá al alza: de 73,44 años en 1975 a 83,47 en 2024 (+10 años) y 86,62 años en 2050 (84,44 los hombres y 88,91 las mujeres). Eso lleva a un mayor peso de los mayores (+ de 65 años), que pasan de ser hoy el 20% de la población al 30% en 2050 y décadas siguientes. En contrapartida, habrá menos jóvenes, con lo que se reducirán las personas en edad de trabajar, un problema grave para el crecimiento, la recaudación de impuestos y cotizaciones, poniendo en aprietos las pensiones y servicios públicos.

Lo más llamativo de la caída de la población nacida en España es la caída de las personas en edad de trabajar, la futura pérdida de trabajadores. Un reciente estudio de Randstad pone cifras a este preocupante problema: la población en edad de trabajar (15-64 años) caerá en España de 31.727.218 personas en 2025 a 29.170.592 personas en 2050 (-2.556.626 españoles en edad de trabajar). La mayor caída en la población que puede trabajar se dará a partir de 2035, cuando se jubilen los nacidos en el baby boom de los años 60, y sobre todo a partir de 2040 (cuando se jubilen los nacidos en los años 70).

Esta caída en la población en edad de trabajar se produce, de nuevo, entre los nacidos en España, que son los que tienen menos hijos. Así, los españoles de 20 a 64 años, en plena edad de trabajar han pasado de 24.489.040 en 2008 (el máximo) a 23.157.641 en 2020 y bajarán a 22.364.422 españoles en edad de trabajar en 2025  (-2,12 millones desde 2008). Y mientras, los residentes nacidos en el extranjero en edad de trabajar han aumentado de 4,67 millones en 2008 a 5,73 millones en 2020 y serán 7,51 millones en 2025 :+2,84 millones desde 2008, lo que ha permitido el crecimiento del empleo y la economía. Además, de esos 2,55 millones menos para trabajar que se espera para 2050, la mayoría ( 1,72 millones) será la pérdida de activos con menos de 54 años, los más productivos.

La disminución de la fuerza laboral en España (y en Europa) en las próximas décadas, provocará una mayor falta de trabajadores (de lo que ya se quejan ahora las empresas), una menor movilidad laboral y una menor productividad, mientras no habrá “relevo generacional” para muchas profesiones y empleos. En paralelo, el envejecimiento de la población aumentará el gasto en sanidad, cuidados y pensiones, mientras habrá menos trabajadores pagando impuestos y cotizando para financiar pensiones y servicios públicos.

¿Qué se puede hacer? Lo primero y fundamental es promover la natalidad, como lleva décadas haciendo Francia, el país que ganará más población hasta 2050. Eso obliga a un Pacto de Estado por la natalidad, que incluya múltiples medidas: ayudas por hijo (graduadas por edades e ingresos familiares), educación gratuita 0-3 años, medidas de conciliación laboral efectiva (con más guarderías en las empresas), política pública de cuidados a mayores y discapacitados (para liberar a las mujeres) y, sobre todo, un conjunto de políticas públicas para ayudar a las familias con hijos: facilitarles el acceso a la vivienda es clave.

Otra medida clave es atraer talento extranjero (jóvenes con formación tecnológica y digital) y fomentar la inmigración legal, sobre todo dirigida a la contratación en origen de trabajadores que faltan en España (campo, construcción, hostelería, cuidados…). Actualmente ya, la inmigración ha sido clave para el fuerte crecimiento de España tras la pandemia: los expertos estiman que la mitad del crecimiento del PIB español ha sido por el trabajo inmigrante. Los datos son esclarecedores: de los 1.891.000 empleos creados en España entre 2019 y 2024, casi las tres cuartas partes (1.351.000, el 71,44%) han sido ocupados por extranjeros (848.700) o trabajadores con doble nacionalidad (502.300, la mayoría latinoamericanos), según la última EPA. Y sólo en 2024, de los 468.000 empleos creados, sólo 59.000 fueron a trabajadores “nacidos en España…

Esto no debería alimentar la xenofobia, porque la mayoría de estos trabajos no son cubiertos por “españoles” porque no los buscan igual, porque suelen ser más precarios y peor pagados (en el campo, la hostelería, el transporte,  la construcción, el servicio doméstico o los cuidados de niños y ancianos). En cualquier caso, las proyecciones del INE son claras: para que España no pierda población, hacen falta más inmigrantes, al menos 6,38 millones en los próximos 50 años. Y si no vienen a España más extranjeros, faltarán trabajadores, porque los españoles en edad de trabajar van a caer drásticamente de aquí a 2050.

Por todo esto, no tiene sentido la propuesta de Vox de expulsar a 8 millones de inmigrantes, una medida no sólo injusta y xenófoba sino económicamente peligrosa, porque nos hacen falta inmigrantes para compensar la falta de jóvenes y mantener el crecimiento y los servicios. Eso sí, hace falta otro Pacto, por una inmigración legal y organizada: planificar a varias décadas los inmigrantes que necesitamos y adoptar políticas para buscarlos y atraerlos, no continuar con las llegadas descontroladas. Actualmente, somos 49.153.849 personas viviendo en España (1 abril 2025) y de ellos, un 14,13% tienen nacionalidad extranjera (6.947.711 residentes), aunque hay que matizarlo, porque 2,5 millones de ellos son europeos. Se trata de un porcentaje alto, pero similar al de otros paises europeos (Alemania, Francia) y “asumible”, porque los necesitamos. Otra cosa es planificar mejor la inmigración hasta 2050, sin xenofobia y asimilándola.

En resumen, que la caída de población es uno de los grandes retos del siglo XXI, junto a la crisis climática y la revolución tecnológica y digital. Y hay que afrontar ya los problemas que se nos vienen encima, sobre todo la caída de trabajadores mientras la población envejece, lo que supone una bomba de relojería para el crecimiento, las pensiones y los servicios públicos. No podemos esperar, porque las medidas a tomar (fomento natalidad, ayudas a la familia y planificación de la inmigración) tardan décadas en hacer efecto. Hagan algo ya.

Los inmigrantes salvan la población en Europa

En 2023 aumentó la población en Europa, como en 2022, tras caer en 2020 y 2021, por la pandemia. Pero la población nacida en Europa cae desde 2012, porque hay más muertes que nacimientos, debido a la caída de la natalidad. Y por eso, la población en Europa (y en España) sólo crece gracias a la llegada de inmigrantes, 2,8 millones netos en 2023. España es el país europeo donde más creció la población en 2023 (+525.100 residentes), por ser el 2º país con más inmigración neta (639.000 inmigrantes), tras Alemania (664.900). Así que los inmigrantes, lejos de “robarnos el trabajo”, están ayudándonos a crecer y sostener el Estado del Bienestar. Y ojo: sólo el 10% de la inmigración en Europa es “irregular”, la mayoría llegan por cauces legales y ordenados. Ahora, Europa y España deben plantearse organizar esa inmigración en el futuro, porque los expertos creen que necesitamos 60 millones de inmigrantes más (7 millones España) de aquí a 2050. Y aumentar la natalidad.

                       Enrique Ortega

Al 1 de enero de 2024 había censados en la Unión Europea 449.206.579 habitantes, según la estadística recién publicada por Eurostat. Son 1,64 millones más que en 2023, año en que la población europea también creció (+1,5 millones), tras las caídas de población sufridas en 2021 (-249.860 habitantes) y 2020 (-253.480), por los estragos de la pandemia. Salvo estas dos excepciones, la población europea lleva creciendo desde 1960, cuando la población de los 6 miembros de la CEE era de 354.531.254 europeos. Una parte de estos 94,7 millones de europeos nuevos se deben no sólo a la demografía y a la inmigración sino también a las 7 ampliaciones de la Unión Europea, que han incorporado a paises muy poblados: Reino Unido en 1973 (67 millones de habitantes, que salieron con el Brexit en 2020), Grecia en 1981 (10,43 millones), España en 1986 (48,5 millones) o Polonia y Hungría en 2004 (con 36,8 y 9,64 millones de habitantes).

En 2023, 20 paises de la UE aumentaron su población, encabezados por España (+525.100 habitantes), Alemania (+330.000) y Francia (+229.000 habitantes), junto a Paises Bajos (+131.651 habitantes), Portugal (+123.105), Bélgica (+89.253), Chequia (+73.026) , Irlanda (+72.410) y Austria (+53.978 habitantes). Pero hubo 7 paises que perdieron población en 2023, sobre todo en la Europa del Este: Polonia (-132.800 habitantes), Grecia (-16.800), Hungría (-15.100), Letonia (-11.126), Italia (-7.452), Eslovaquia (-4.105) y Bulgaria (-2.229 habitantes), según Eurostat.

Europa ganó población en 2023, pero siguió cayendo el número de europeos nacidos en Europa. Es decir, que la evolución demográfica europea sigue siendo negativa: desde 2012, mueren cada año más europeos de los que nacen. Concretamente, en 2023, nacieron en Europa 3.665.160 europeos y murieron 4.838.900. A lo claro: se perdieron 1.173.700 personas en la UE-27. Esa pérdida neta de población autóctona se produjo en todos los grandes paises, salvo en Francia (la población autóctona creció en +47.400, porque hubo más nacimientos que muertes) y Suecia (+5.700 autóctonos) : -334.900 en Alemania, -281.300 en Italia, -136.600 en Polonia, -114.000 autóctonos en España, -89.500 en Rumanía, -56.000 en Grecia, -41.200 en Hungría y -32.600 en Portugal, según Eurostat.

El gran problema que tiene Europa (y España) es la tremenda caída de la natalidad, que provoca un desplome de los nacimientos en las últimas décadas, con las mujeres siendo madres más tarde y con menos niños por mujer, mientras hay mucha población envejecida en Europa y aumentan más las muertes que los nacimientos. Así, la natalidad en la UE ha caído de 1,54 niños por mujer en 2011 a 1,46 en 2022. España es el país europeo con la menor tasa de fertilidad (1,16 niños por mujer en 2023), muy por debajo de Francia (el país con más fertilidad, 1,79 niños por mujer, gracias a políticas activas en favor de la familia), Hungría (1,53), Suecia (1,53), Paises Bajos (1,49) , Alemania (1,46) e incluso Italia (1,24).

Si cae la población autóctona año tras año, ¿qué salva a la población en Europa? Pues la llegada de inmigrantes, la población nacida fuera de Europa. Los datos de 2023 son claros, según Eurostat: la inmigración neta (llegadas menos salidas) fue de +2.821.056 millones de extranjeros, que contrarrestan con creces la pérdida de población autóctona (-1.173.700 habitantes) y permiten que haya +1.647.300 habitantes censados en 2023. Es una tendencia que lleva décadas en Europa y que se mantuvo en 2023, año en que la mayor migración neta se produjo en Alemania (+664.900 inmigrantes), seguida muy de cerca por España (+639.100 inmigrantes netos). Y ya lejos, las llegadas a Italia (+273.800 inmigrantes netos), Francia (+181.700), Portugal (+155.700) , Paises Bajos (+136.700), Rumanía (+99.400), Chequia (+94.700) y Bélgica (+89.900).

La migración exterior hacia Europa se ha duplicado en la última década, pasando de 1.425.507 inmigrantes netos en 2015 a un mínimo de 151.974 en 2020 (en plena pandemia) y un máximo de 3.976.730 en 2022, que bajó en 2023 a los 2.821.056 inmigrantes netos. Con ello, en 2023, eran 59.901.586 los europeos que habían nacido fuera del país donde residían, el 13,48% de la población europea cansada  (449.26.579 habitantes). Por paises, los que tienen más proporción de extranjeros (residentes nacidos fuera) son Luxemburgo (50,4%), Malta (28,3%), Chipre (22,7%) e Irlanda (21,8%, por la población nacida en Reino Unido, ahora fuera de la UE-27). Pero por número e importancia, los paises con más peso de  extranjeros son Austria (21,6% de la población: 1.963.300), Suecia (20,4%: 2.144.300 habitantes), Alemania (19,5% de la población: 16.476.400 extranjeros), Bélgica (19,1%: 2.246.900 extranjeros), Estonia (17,2%: 234.700), España (17,1% población: 8.204.200 extranjeros en 2023), Portugal (16,1%: 1.683.800), Paises Bajos  (15,6%: 2.777.000 extranjeros), Eslovenia (14,6%: 309.300), Dinamarca (13,6%: 804.100 extranjeros) y Francia (13,1% de la población: 8.942.100 extranjeros), según Eurostat.

Si depuramos estas cifras de “extranjeros”, quitando los extranjeros nacidos en otros paises de la UE-27 (son 13.935.200 “extranjeros”, la mayoría rumanos, italianos y polacos que viven en otro país europeo), la cifra de extranjeros de terceros paises (no UE) que viven en Europa se reduce a 41.318.600 habitantes, el 9,23% de toda la población europea.  Y aquí, en este ranking de paises con más inmigrantes no UE destacan Alemania (7.715.000 extranjeros de terceros paises no UE, el 9,1% de la población), España (4.394.900 extranjeros de fuera de la IE, el 9,1% de la población), Francia (4.074.600 extranjeros no UE, el 6% de su población) e Italia (3.746.900 extranjeros no UE, el 6,4% de su población. Pero hay otros paises con un menor número de extranjeros no UE y donde pesan mucho más en el censo, como Malta (17,5%, aunque sólo son 94.800 extranjeros) Estonia (15,6% y 213.700), Letonia (13,6% y 255.200), Luxemburgo (10,2% y 67.300) o Austria (9,3% y 842.600 extranjeros no UE). La mayoría de estos extranjeros no UE en Europa son turcos, marroquíes, ucranianos, polacos, , latinoamericanos, sirios, afganos, pakistaníes, indios y chinos. La mayoría de inmigrantes son hombres y la edad media 36,5 años, más jóvenes que los europeos (45,7 años).

La inmigración total a Europa se redujo mucho en 2023: de los 3,97 millones de 2022 se bajó a 2,82 millones. Y sólo 380.000 de estos inmigrantes entraron ilegalmente en Europa en 2023, aunque unos 62.000 se redireccionaron al Reino Unido, son lo que serían realmente 318.000 ilegales”, menos del 10% del total (el 8% en 2023). Así que, en contra de lo que parece, el 92% de los inmigrantes que llegan a Europa lo hacen legalmente, de forma relativamente reglada y organizada, y la llegada en pateras o por rutas ilegales es totalmente marginal, aunque sea grave y arrastre graves problemas y muertes.

Dicho esto y vistas las cifras reales de inmigración de terceros paises (41,3 millones de personas, el 9,23% de la población europea), hay que relativizar “el problema de la inmigración”, en toda Europa y en España (los inmigrantes no UE son el 9,1% de la población española). Y, sobre todo, hay que valorar lo que aportan a los paises y a sus economías. En el caso de España, la inmigración es una de las causas del “milagro económico” de los últimos años, de que España crezca más que el resto de Europa, gracias a un  fuerte aumento de la mano de obra extranjera que cubrió  4 de cada 10 empleos creados en 2023. Una mano de obra extranjera que ha provocado un récord de cotizantes (2.899.003 en junio 2024, casi el doble que los 1,5 millones en enero de 2012 y un 13,6% de todos los afiliados a la SS ), que paga impuestos y aporta al país más de lo que recibe, según distintos informes.

Europa tiene cada año más población extranjera, pero gracias a ella no pierde población y se sostiene el empleo y la economía. De hecho, la ONU considera que Europa necesita recibir  60,8 millones de trabajadores extranjeros hasta 2050. Y España  necesita 7 millones más inmigrantes entre 2020 y 2050, según el Centro de Desarrollo Global de Washington. Sólo así conseguiremos frenar la continuada caída de población que sufrimos desde 2015 (en 2023, recordemos, perdimos 114.000 habitantes autóctonos, porque las muertes superaron a los nacimientos). Y la previsión del INE es que los nacidos en España bajen de 40,2 millones en 2020 a 37,10 millones en 2050 y a 33,79 millones en 2070, por la caída de la natalidad y el progresivo envejecimiento. Y por eso, vaticinan que la población “extranjera” (nacida fuera) se dispare (de 7,47 millones en 2020 a 12,80 en 2050 y 16,79 millones en 2070), para cubrir el ”bache demográfico” y permitir aumentar la población: a 49,91 millones en 2050 y 50,5 millones de “españoles en 2070, un tercio nacidos en el extranjero.

Los inmigrantes son claves no sólo para “salvar” la población futura en Europa y en España, sino para garantizar la actividad económica, los servicios públicos y, sobre todo, las pensiones, dado el progresivo envejecimiento de Europa (y España). La esperanza de vida es muy alta en Europa, con una media de 81,5 años en la UE-27 y un máximo de 84 años en España, superior a los 83,8 años de Italia, los 83,4 de Suecia, los 83,1 de Francia o los 81,2 años en Alemania. Y eso provoca una población europea cada vez más envejecida: el 21,3% de los europeos (UE-27) tienen más de 65 años, con un mayor porcentaje de mayores en Italia y Portugal (24%), Bulgaria (23,5%), Finlandia (23,3%), Grecia (23%) y Alemania (22,1%), siendo menor en Suecia (20,4%), España (20,1%) e Irlanda (15,2%). Y lo peor es que este porcentaje de mayores rondará el 25% de los europeos en 2050 y España estará a la cabeza, con un 30% de mayores de 65 años, según el INE.

Para poder financiar estas pensiones, hace falta que haya mucha gente trabajando y cotizando, algo problemático si cae la natalidad de la población europea. Por eso también necesitamos a los inmigrantes, para que trabajen, coticen ya paguen parte de las pensiones de nuestros hijos y nietos. De hecho, la tasa de dependencia (población jubilada y menores de 15 años sobre el total de población en edad de trabajar) ya supone un 33,4 % en la UE-27: un tercio de la población necesita que les mantengan los otros dos tercios, un porcentaje que sube en Francia (34,5%), Alemania (34,7%) e Italia (37,8%) y que es menor en España. Pero subirá para 2050 en toda Europa, hasta el 56,7%.(y al 59,5% en España)  A lo claro: más de la mitad de los europeos (jubilados y niños) necesitarán que les mantengan los que estén en edad de trabajar. Más carga de gasto que exigirá más gente trabajando, autóctonos y extranjeros.

Al final, como se ve por todas estas cifras, el problema no está en la inmigración ilegal (el 8% del total) ni en la grave situación de los menores inmigrantes agolpados en Canarias (5.600 niños y niñas, el 0,011% de la población española), sino en ver cómo canalizamos la inmigración para que siga siendo un factor de crecimiento y empleo, para que nos ayude a garantizar el Estado del Bienestar y las pensiones. En lugar de las peleas políticas y la xenofobia, necesitamos un Pacto de Estado por la inmigración, en Europa y en España, que planifique el futuro: cuántos inmigrantes pueden llegar, qué perfiles deberíamos promover y cómo ayudarles a formarse e integrarse en la economía y la sociedad. Y en paralelo, lograr acuerdos con los paises de origen, para frenar la inmigración ilegal y las mafias, para reorientar estas llegadas irregulares hacia empleos regulados allí y aquí. Organizar y canalizar la inmigración es una exigencia ineludible, por justicia y necesidad económica. Los inmigrantes no nos “roban” el trabajo, nos ayudan a construir el futuro.

Rentas mínimas: las autonomías "hacen caja"

Es un escándalo: 13 autonomías han aprovechado que el Gobierno central implantaba el ingreso mínimo vital (IMV) para recortar el gasto que hacían en rentas mínimas para ayudar a las familias más pobres. Se han “ahorrado” 241 millones y han dejado sin ayuda a 128.448 personas vulnerables. Y lo peor es que “han hecho caja” las autonomías gobernadas por el PP y también las del PSOE. Ahora, todo apunta a que seguirá el recorte de las rentas mínimas, porque varias autonomías las han hecho incompatibles con el IMV, que ha mejorado y ayuda ya a 2,15 millones de beneficiarios. Cáritas pide que ambas ayudas (rentas mínimas autonómicas y el IMV estatal) se complementen, mientras otros expertos piden aprobar una prestación universal por hijo, como tienen 20 paises UE (no España), para combatir la pobreza infantil y apoyar a la natalidad. Y además, reordenar todas las ayudas públicas, para que lleguen a los 4 millones de españoles en situación de pobreza severa. No miremos para otro lado.

                    Enrique Ortega

Las “rentas mínimas” son pequeñas ayudas mensuales que las autonomías conceden a las familias más pobres desde hace tres décadas. La iniciativa la tomó el País Vasco, en 1989, y le siguieron Cataluña y Madrid (en 1990) para cerrar Aragón, en junio de 1.993. Su cuantía es muy dispar: oscila entre 434 euros mensuales en Galicia y 800 euros en el País Vasco. Y también son diferentes los criterios de concesión y el presupuesto. En 2020, con la pandemia, disfrutaron de las “rentas mínimas” un máximo de 795.861 beneficiarios (dos tercios mujeres), con grandes diferencias por autonomías (150.000 en Cataluña, 123.050 en País Vasco o 110.397 en Andalucía, frente a 78.605 en Madrid o 20.181 en Canarias), según los datos del Ministerio de Asuntos Sociales. Y el gasto autonómico en estas rentas mínimas alcanzó un máximo de 1.728 millones de euros en 2020, también con grandes diferencias: el País Vasco gastó 450 millones y Cataluña 427, mientras Andalucía gastó solo 135 millones,  Madrid 133 millones, Canarias y Extremadura 42 millones y Castilla la Mancha 12,6 millones.

En resumen, las “renta mínimas” son “un pequeño parche” autonómico, muy desigual según las regiones y que ayuda poco  a los 9,68 millones de españoles que están en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media: menos de 840 euros mensuales los solteros y menos de 1.765 euros las familias con dos menores). Pero a partir de 2020, las rentas mínimas autonómicas ayudan aún menos, porque la mayoría de las autonomías han aprovechado que el Gobierno central puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) para recortar sus ayudas y “hacer caja”. Los datos oficiales reflejan que entre 2020 y 2022 (últimos publicados), 13 autonomías han recortado su gasto en rentas mínimas en 241 millones de euros (-12,8%), según denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y sólo han aumentado su gasto en rentas mínimas 4 autonomías: Canarias (+126,7%), Baleares (+87,3%), Cataluña (+23,3%) y Comunidad Valenciana (+10,8%).

Lo más llamativo es que entre esas 13 autonomías que han recortado sus rentas mínimas entre 2020 y 2022 hay autonomías que gestionaba el PP (5), pero también bastantes gestionadas entonces por el PSOE (6) y los nacionalistas (2). El mayor recorte del gasto lo han hecho Aragón (-84,5%), Madrid (-81,2 %: -108,6 millones “ahorrados), Castilla la Mancha (-72,9%), Castilla y León (-63,3%), La Rioja (-55,5%), Extremadura (-44,9%: -19 millones), Cantabria (-44,6%), Andalucía (-43,1%: -58,5 millones “ahorrados”), Asturias (-33,2%), Galicia (-31,6%: -17 millones), País Vasco (-15,6%: -70 millones “ahorrados”) y Navarra (-15,3%), según los Directores de Servicios Sociales.

Este recorte de gasto se produce porque han reducido los beneficiarios de las ayudas de las rentas mínimas entre 2020 y 2022: había 667.413 beneficiarios a finales de 2022, según el Ministerio de Asuntos Sociales, 128.448 menos que en 2020. La mayoría de las autonomías recortaron beneficiarios, pero las que más han sido Madrid (-57.383 beneficiarios, un 73% de los 78.605 beneficiarios de 2020), Andalucía (-77.685 beneficiarios perdidos, el 70% de los 110.397 que tenía en 2020) y Baleares (-11.992, dos tercios de los 19.256 beneficiarios que tenía en 2020). Y sólo han aumentado beneficiarios en la Comunidad Valenciana (+35.400), Canarias (+25.935) y Navarra (+692). Al final, esos 667.413 beneficiarios de rentas mínimas autonómicas sólo suponen el 7,9% de todos los españoles que están en situación de pobreza (9,68 millones), pero hay 8 autonomías donde suponen aún menos: Castilla la Mancha (reciben esta ayuda el 0,6% de los considerados “pobres”), Andalucía (el 1,6%), Murcia (1,6%), Madrid (2,4%), Castilla y León (2,9%), Baleares (4,1%), Galicia (4,4%) y la Rioja (7,2%). Bajas coberturas que contrastan con Navarra y el País Vasco, donde reciben la renta mínima el 52% de sus “pobres”. Y el 22,5% en Asturias o el 15,1% en Cataluña, según los Directivos de Servicios Sociales.

Las autonomías han podido “hacer caja” y ahorrarse 241 millones entre 2020 y 2022 aprovechando que el Gobierno Sánchez implantó el ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020, en plena pandemia. Lo que han hecho las autonomías es poner trabas a las familias vulnerables que recibían una renta mínima y que ahora solicitan el IMV. Unas, como Andalucía, Baleares, Cantabria, Cataluña y Galicia han hecho incompatible sus rentas mínimas con recibir el IMV. Y en el resto, como Madrid, País Vasco, Navarra, Canarias, Comunidad Valenciana o Asturias, sí pueden recibir las dos ayudas, pero les computa como ingreso lo que reciben del IMV, con lo que algunos superan el tope de ingresos permitido y pierden la renta mínima autonómica. Así, unas y otras “han hecho caja”.

Mientras las rentas mínimas autonómicas están a la baja (la tendencia ha seguido en 2023, a falta de datos globales), el ingreso mínimo vital (IMV) mejora, tras crecer muy poco en 2020 y 2021, por desconocimiento y el exceso de exigencias y burocracia. Nació con el objetivo de llegar a 850.000 hogares y beneficiar a 2,3 millones de personas vulnerables y ya está cerca: lo cobraban 735.000 hogares (dos tercios, con una mujer al frente) y beneficiaba a 2.157.712 personas (el 54% de los beneficiarios son mujeres y un 42,8% menores), según el balance oficial al cierre de 2023. Este año 2024, el importe que se recibe con el IMV es muy superior a la mayoría de las rentas mínimas autonómicas: 604 euros mensuales adultos solos, 966 euros en el caso de un adulto con dos hijos y 1.147 euros mensuales para familias con dos adultos y dos hijos. Además, en enero de 2022 entró en vigor el complemento de ayuda para la infancia, que cobran 451.900 familias que tienen el IMV y niños: un complemento de 115 euros mensuales (niños de 0 a 3 años) a 57,5 euros (niños de 6 a 18 años).

Ahora, muchas ONGs temen que se recorten aún más las rentas mínimas autonómicas, dado que el PP y Vox gestionan 11 de las 17 autonomías. Y la derecha se ha mostrado siempre contraria a las ayudas sociales, “la paguilla” que critica la popular Ayuso. En su ideología neoliberal, que impregna a gran parte del PP, la pobreza “es un invento de la izquierda” y los que tienen problemas de subsistencia es porque no ponen los medios para salir adelante, porque no pelean por vivir mejor y “se conforman” con los subsidios. Por eso no es casualidad que las autonomías que gestiona el PP sean las que menos gastan en rentas mínimas (2022): 872,46 euros anuales por beneficiario Murcia, 1.229 euros Andalucía o  1.702 euros Madrid, frente a una media española de 2.475 euros de gasto por beneficiario y los 3.656 euros de País Vasco, 3.021 de Navarra y 2.843 de Cataluña.

Cáritas propone “armonizar” las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital, para que puedan cobrar ambas ayudas (complementarias) las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de pobreza severa (ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños). Y en general, las ONGs piden que se simplifique el mecanismo de las ayudas públicas a las familias más vulnerables, porque el exceso de requisitos y el complejo “papeleo” conducen a que muchas familias vulnerables (y los 35.000 españoles que viven en la calle, sin hogar) no reciban ni una renta mínima ni el ingreso mínimo vital (IMV). De hecho, muchos que trabajan no tienen derecho a una renta mínima por tener un empleo (no les permite trabajar más de 90 días al año), aunque sea precario y mal pagado. Y no se tiene en cuenta en la cuantía el coste del alquiler o el número de hijos, factores claves. Además, proponen que se cree una ventanilla única para ambas ayudas públicas (renta mínima e IMV), dando más protagonismo en la solicitud a las ONGs, para agilizar la concesión que hoy se retrasa demasiado.

Con todo, muchos expertos creen que no se trata sólo de “armonizar” las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital, coordinar mejor las ayudas públicas, sino que debería aprovecharse para “reordenar” todas las ayudas públicas a las familias más vulnerables, porque hoy por hoy son escasas y están mal diseñadas, como ya ha alertado a España en varias ocasiones la OCDE. Por un lado, las ayudas públicas a las familias en España tienen la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% en la UE-27 y en Francia, el 3,4% en Dinamarca o el 3,7% del PIB en Alemania. Además de ser escasas,  las ayudas sociales benefician más a las rentas medias y altas que a las bajas. Y eso porque el grueso de las ayudas son las desgravaciones fiscales a las familias en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes ( que se ahorran 4.000 millones de euros cada año), la mayoría de rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los que ingresan menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los “pobres”).

Por todo esto, distintos expertos plantean modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables. Por un lado, coordinar y simplificar las ayudas autonómicas y el ingreso mínimo vital, para que lleguen a más beneficiarios y su importe no dependa del Gobierno autonómico de turno, sino que esté regulado por una Ley estatal, coordinándose con otras ayudas, como la prestación no contributiva por desempleo. Y por otro, proponen aprobar una prestación universal por hijo, que ayude a las familias a afrontar los costosos gastos de crianza y a reducir la escandalosa pobreza infantil, promoviendo la natalidad.

España tiene 2 problemas estructurales graves, de los que se habla poco. Uno, la baja natalidad: 1,2 hijos por mujer, la tasa de fecundidad más baja de Europa, salvo Malta (1,1). Un problema que hipoteca nuestro futuro, no sólo porque nos faltará mano de obra (que necesitamos suplir con emigrantes) sino ocupados para pagar impuestos y pensiones. Y el otro problema, la altísima pobreza infantil: el 27,8% de los menores en España viven en hogares “pobres”, frente al 19,3% en la UE-27, un dato peor al de paises como Rumanía (27% pobreza infantil) o Bulgaria (25,9%), Italia (25,4%), Grecia (22,4%) o Francia (19,3%) y un gran contraste con el 9,5% de pobreza infantil en Finlandia o el 14,8% en Alemania, según Eurostat. Un dato, 2.379.000 niños pobres, impropio de la 3ª mayor economía europea.

Para afrontar estos dos graves problemas, que arrastramos desde hace décadas, muchos expertos defienden una medida, implantada hace años en 20 de los 27 paises europeos (los que tienen menos pobreza infantil): una prestación universal por hijo, financiada por impuestos, que se sumara a una renta mínima (estatal y autonómica) que llegara al menos a las familias en pobreza severa (4 millones de personas). Esa ayuda universal por hijo, mayoritaria ya en Europa y cuyo importe se podría modular según la edad (de 0 a 16 o 18 años), permitiría reducir la escandalosa pobreza infantil actual (somos “lideres en Europa”) y a la vez fomentar la natalidad, algo clave para nuestro futuro como país. De momento, el Gobierno Sánchez aprobó desde 2022 esa ayuda complementaria de 115 euros al mes por hijo (de 0 a 3 años), pero sólo como complemento para los que cobran el ingreso mínimo vital. Y en paralelo, desde la declaración de 2022, las madres trabajadoras con hijos hasta 3 años pueden desgravarse hasta 1.200 euros anuales en el IRPF.

Todo esto podría simplificarse con una prestación universal por hijo, se declare el IRPF o no, como hacen ya 20 paises europeos, una medida que la propia OCDE ha invitado a España a explorar. Y una ayuda que, otra vez, se ha adelantado a aprobar el País Vasco: a partir de marzo de 2023 entró en vigor esta ayuda universal por hijo, 200 euros al mes que cobrarán durante tres años todas las familias que hayan tenido hijos después de esa fecha. De momento, el Gobierno Sánchez estudia alguna medida similar, como una deducción universal por maternidad hasta los 6 años, según informó hace unos días en el Congreso el ministro de Asuntos Sociales, medida que podría ampliarse progresivamente.

Al final, se trata de luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad de muchas familias, centrada más en las que tienen hijos, además de promover la natalidad. La pobreza existe y muchas familias necesitan ayudas públicas para comer, pagar el alquiler y sobrevivir, diga lo que diga Ayuso. Por eso, hay que ayudarles, no mirar para otro lado ni recortar las ayudas autonómicas como muchos hacen. Y eso, porque la pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo esto, urge atajar la pobreza sin racanería y no dejar a la cuarta parte de españoles atrás.

La penúltima reforma de las pensiones

El Gobierno ha aprobado la 2ª fase de su reforma de las pensiones, pactada con Bruselas y los sindicatos, rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Mientras las anteriores reformas (Zapatero 2011, Rajoy 2013) estaban centradas en recortar el gasto, esta reforma (con medidas ya implantadas en 2022 y otras aprobadas ahora) se centra en aumentar los ingresos, 15.000 millones anuales hasta 2050, que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo de los sueldos más altos: subirá sólo 37 céntimos el coste por hora trabajada, de los más bajos de Europa. Y deja para 2044 la subida del periodo de cotización de 25 a 27 años (que recortará pensiones). Esta reforma, que también mejora las pensiones mínimas, pretende contener el gasto en pensiones hasta 2050. Importante: fija un mecanismo de seguimiento: si el gasto se dispara, obliga a futuros Gobiernos a tomar medidas. Si no lo hicieran, subirían automáticamente las cotizaciones. Casi seguro que necesitaremos futuras reformas. Lo importante es apostar por garantizar las pensiones futuras.

Enrique Ortega

El futuro de las pensiones preocupa a la mayoría, porque sabemos que el gasto se ha disparado en los últimos años y tememos que un día no haya dinero para pagarlas. Los datos demuestran que el gasto en pensiones ha crecido de forma exponencial: si en el año 2000, España gastó 52.451 millones del Presupuesto en pagar pensiones, en 2008 eran ya casi el doble (98.011 millones) y en 2019 casi el triple (144.834 millones). Y a partir de ahí, el gasto ha crecido hasta 171.165 millones en 2022 y 190.687 millones destinados a pagar pensiones en el Presupuesto 2023, casi el doble que hace 15 años. Hay otra forma muy visual de ver el salto en la factura de las pensiones (ver cuadro): en enero de 2008, pagar las pensiones costó 5.947 millones de euros mensuales (4,13 millones por minuto) y ahora, en enero de 2023, han costado 11.902 millones (8,26 millones de gasto por minuto)…

El problema no es sólo que el gasto en pensiones se ha disparado, sino que todo apunta a que va a crecer más rápido y con más intensidad en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubile la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). Hay varias causas que forzarán ese mayor gasto. Una, la revalorización de las pensiones con el IPC, aprobada por Ley desde 2022, que ya ha supuesto un coste adicional de las pensiones de 13.600 millones en 2023 y que se irá consolidando año tras año. La segunda, que las nuevas pensiones son más altas y lo serán más en el futuro, por la subida de salarios y los años cotizados. Así, la pensión media era de 932 euros el 1 de febrero de 2018 y ha subido a 1.191 el 1 de febrero de 2023 (+27,7% en 5 años). Y en ese periodo, la jubilación media ha pasado de 1.077 a 1.370 euros (+27,2%). Y la tercera causa, la más importante, es que van a aumentar mucho los pensionistas: han pasado de 7.587.389 en febrero de 2008 a 9.067.267 pensionistas en febrero de 2023. Y serán casi 16 millones en 2050, según la AIReF. Además, vivirán más años (86,8 años en 2050 frente a 83 años ahora y 81,3 años en 2008), con lo que habrá que pagarles pensión más años (20 de media).

Todos estos factores van a disparar el gasto en pensiones, en España y en el resto del mundo, con dos “hándicaps” para nosotros: seremos el país más envejecido de Europa y nuestra población está cayendo más, por la baja natalidad (7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes frente a 9,3 de media en la UE, 9,5 en Alemania y 11,2 en Francia), con lo que tendremos menos gente trabajando (28 millones en edad de trabajar en 2050, frente a 30 millones ahora) y cotizando para pagar las pensiones futuras. El dato es escalofriante: en 2050 habrá 1,75 trabajadores cotizantes por cada pensionista, frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007). Así que vislumbramos mucho más gasto con menos cotizantes para pagarlo.

Ante este panorama, los paises y Gobiernos han tratado y tratan (Francia) de hacer reformas de las pensiones, básicamente para recortar gastos. En España, la primera reforma de pensiones la hizo Zapatero, en julio de 2011, apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027), elevar el periodo cotizado para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).

La segunda reforma de pensiones la implantó Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las pensiones un +0,25% entre 2014 y 2017, y un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la entrada en vigor del Factor de Estabilidad.

En 2020, la mayoría progresista que apoyaba al Gobierno Sánchez, promovió en la Comisión del Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación, el 27 de octubre, de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del 0,6%. Con este amplio acuerdo político, el Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la 1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en 2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En 2022 transfirieron otros 18.396 millones y 22.567 millones más en 2023, lo que suprimía el déficit del sistema.

La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de jubilación era 64 años y 6 meses en 2021), lo que supone un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida, aprobada en 2022 y la única no apoyada por la patronal CEOE, fue implantar una cotización extra, del +0,6% (+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023 y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI), para reforzar los ingresos a partir de 2032, cuando se dispare el gasto con las jubilaciones del “baby boom”.

Estas 4 medidas (ya en marcha) de la 1ª fase de la reforma de pensiones del Gobierno Sánchez, recibieron en 2022 el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada (como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en España. Pero no les bastaban: creían que se había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones. Y pedían más medidas, como requisito para que España siga recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que esta vez, el Gobierno ha empezado la 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas los cambios ineludibles y luego tratando de conseguir apoyos en España.

Las autoridades europeas insistían en que España recortara gastos y aumentara ingresos para asegurar el futuro de las pensiones. La petición más polémica era aumentar los años de computo para calcular la pensión (los que ZP aumentó de 16 a 25 años), lo que supondría una pensión menor. Pero aquí, el Gobierno chocaba con el rechazo frontal de los sindicatos (y de Podemos). Así que al final se ha optado por una vía intermedia: se subirán los años de cómputo, de los 25 actuales a 27, pero con dos cautelas, para “suavizar” el ajuste. La primera, que los futuros pensionistas podrán elegir (ojo: hasta 2044) entre tomar los últimos 25 años o los últimos 29 quitando los dos peores. Y la otra, que el nuevo sistema de cómputo será progresivo, desde 2026: los años de cómputo alternativo (y los meses a descartar) irán aumentando progresivamente hasta 2038, primer año en que se podrían elegir los últimos 29 quitando los dos peores. El Gobierno reitera que el nuevo sistema es “neutro”, no ahorra gasto, aunque puede beneficiar a algunos futuros pensionistas. Además, en paralelo, la reforma ayudará a los trabajadores con “vacíos de cotización”, sobre todo a mujeres que dejaron de trabajar por atender a hijos y padres. Pero ojo, a partir de 2044, ya no habrá “paños calientes”: el periodo de cotización será de 27 años, lo que supondrá un ligero recorte de las pensiones a partir de entonces.

Una vez asumido este recorte “diferido”, la 2ª fase de esta reforma de pensiones se centra en aumentar los ingresos, algo nada polémico para los sindicatos pero sí para la patronal. Para conseguirlo, se han aprobado tres medidas. Una, eliminar el tope de cotización a los salarios más altos (la parte del salario superior a 4.495 euros no cotiza ahora) y subir ese tope cada año (el IPC más un 1,2%). A cambio, estos altos sueldos tendrán ahora una pensión máxima de jubilación mayor (hoy es de 3.058 euros), aunque proporcionalmente crecerá menos (por solidaridad). La segunda medida aprobada es crear una cuota de solidaridad, que se aplicara a la parte de los sueldos altos que no coticen (hay 35.000 millones en salarios que no cotizan nada hoy): empezará con una cuota del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25% al año hasta alcanzar el 6% en 2045, cuota de la que se excluye a los autónomos. Y la tercera medida consiste en reforzar el Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional (MSI) aprobado en la 1ª fase de la reforma y aplicado desde enero de 2023: esa cotización extra del 0,6% se aumenta ahora, año tras año, hasta duplicarse (1,2%) en 2029.

El Gobierno estima que con estas tres medidas, los ingresos del sistema de pensiones aumentarán en 15.000 millones anuales para 2050, sobre todo por "destopar" los salarios altos (50% nuevos ingresos) y por duplicar la cotización extra intergeneracional (aporta otro 40%), una medida con la que se espera llenar “la hucha de las pensiones” (que ahora tiene 3.000 millones)  con hasta 130.000 millones de euros para 2040. La reforma contempla que la SS pueda “tirar de esta hucha” desde 2032 (no antes), para pagar la mayor factura de las pensiones que se espera hasta 2044, por la jubilación del “baby boom”.

Ante este aumento de ingresos vía cotizaciones (que pagan empresas, 23,60% del salario, y trabajadores, 4,70%), la patronal CEOE ha mostrado su rechazo, acusando al Gobierno de “voracidad recaudatoria” y de “lastrar el talento” y “la competitividad de las empresas españolas”. Pero el Gobierno ha recibido el visto bueno de Bruselas porque las autoridades europeas saben que los costes laborales (sueldos más cotizaciones sociales) en España son de los más bajos de Europa y “hay colchón” para subirlos. Y más cuando su impacto es bajo, según insiste el ministro Escrivá: la subida de cotizaciones repercutirá 37 céntimos en los costes laborales de las empresas españolas en 2050 (10 céntimos en 2023, 13 entre 2024 y 2030, 6 entre 2031 y 2040 y 8 céntimos entre 2041 y 2050). Con ello, tendrán un coste total (sueldos más cotizaciones) de 23,8 euros por hora trabajada en 2050 (frente a 23,40 hoy), todavía un 30% por debajo de los costes laborales de la zona euro (33,8 euros por hora hoy) y muy inferiores a los costes laborales de Francia (39,2 euros por hora trabajada), Alemania (38,3 euros) e Italia (29,9 euros). Y además, las cotizaciones que más suben, las de los salarios altos, las pagan sólo 1,2 millones de trabajadores, el 7% de todos los asalariados.

Además de subir los ingresos y retrasar la subida del periodo de cómputo, la reforma incluye una subida de las pensiones mínimas, hoy demasiado bajas. Las mínimas contributivas subirán más cada año para que en 2027 lleguen al 60% de la renta media (y alcancen 1.178 euros al mes en 14 pagas, un 22% más que hoy). Y lo mismo las mínimas no contributivas (asistenciales), que subirán de los 457 euros actuales (en 14 pagas) a 593 euros en 2027. Algo bastante justo, que aumentará el gasto en 2.500 millones anuales.

Al final, el objetivo de esta reforma es que el gasto en pensiones no se dispare en las próximas décadas y, aunque crezca (por el envejecimiento), no supere el 15% del PIB,  frente al 12% actual. El ministro Escrivá cree que, con las medidas aprobadas (entre 2021, 2022 y ahora), será posible consolidar los ingresos y “embridar” los gastos, para no superar ese tope, que es la exigencia de la Comisión Europea. Lo más importante no es sólo que se aprueba esta reforma, sino que incluye un mecanismo de seguimiento y control, que ha convencido a Bruselas. Por un lado, cada tres años habrá un informe de evaluación de ingresos y gastos, que elaborará la Agencia estatal independiente AIReF, la primera en marzo de 2025. En cada evaluación se hará un seguimiento y si se dispara el gasto, la AIReF propondrá al Gobierno de turno que tome medidas, enviando propuestas al Pacto de Toledo (Congreso). Y la reforma establece que las Cortes deberán aprobar esas medidas antes de finales de año. Pero ojo, si el Parlamento o el Gobierno no lo hacen, entraría en funcionamiento un mecanismo de ajuste automático: subirían las cotizaciones para compensar desde enero el 20% del exceso del gasto y el resto en los años siguientes.

La verdad es que el sistema de pensiones sale más robusto de esta reforma, aunque es muy probable que sea insuficiente en una década, lo que obligará a futuras reformas, que incidirán sobre el gasto (recortes) y los ingresos (cotizaciones y quizás un impuesto específico para las pensiones). Con todo, España debería avanzar en otras dos vías de las que apenas se habla: aumentar la natalidad y la población (la población “española” está cayendo y sólo van a salvar las pensiones los inmigrantes) y aumentar el empleo, avanzar en la modernización y competitividad de la economía para que trabajen (y coticen) más personas: deberían trabajar entre 1,7 y 4 millones de españoles más si nuestra tasa de empleo fuera como la media de la UE-28 y la de Alemania. Esos dos factores, más población y más gente trabajando, son las verdaderas garantías de las futuras pensiones.