Inflación negativa y euro fuerte: un coctel nefasto

En octubre, la inflación anual sigue negativa (-0,9%), por 7º mes consecutivo. Y España es el país grande europeo donde más caen los precios. Que bajen puede parecer una buena noticia, porque nos permite ganar poder adquisitivo, pero es muy mala: los consumidores retrasan sus compras, las empresas venden y ganan menos, invierten menos y crean menos empleo, retrasando la reconstrucción del país. Y encima, el euro sigue fuerte, lo que alienta más la bajada de precios (hay más importaciones) y encarece las exportaciones europeas, retrasando la recuperación. La inflación negativa continuará unos meses más y provocará que el BCE tome medidas en diciembre, inyectando más liquidez a la economía. En España, urge aprobar los Presupuestos 2021, para relanzar el gasto y la inversión, el crecimiento y la inflación. Pero es clave que no caigan los salarios, para recuperar el consumo y los precios. Porque la inflación negativa es un síntoma de que la economía está en la UCI.

 

Una secuela de todas las crisis es que bajan los precios, como reacción para contrarrestar la caída del consumo y la actividad. Pero en esta crisis del COVID 19, la caída de precios ha sido más rápida que en la anterior crisis de 2008. Entonces pasaron 6 meses entre la caída de Lehman Brothers (septiembre 2008) y la primera caída de la inflación anual (-0,1% en marzo de 2009), que se prolongó durante 8 meses, hasta octubre de 2009 (-0,7%). Ahora, la inflación se estancó ya el primer mes del confinamiento (+0% de inflación anual en marzo de 2020, tras haber subido un +0,7% en febrero) y lleva cayendo mes a mes desde abril (-0,7% anual) hasta octubre (-0,9%), 7 meses consecutivos según el INE.

La inflación negativa ha aparecido también en Europa, pero más tarde que en España: en la zona euro (19 paises UE), la inflación negativa no apareció hasta agosto de 2020 (-0,2%) y ha empeorado ligeramente en septiembre (-0,3%) y octubre (-0,3%), según el último dato de Eurostat. Con ello, España se sitúa como el país grande del euro con más inflación negativa (-1% en octubre, el dato de inflación anual armonizada con Europa), más del triple de caída que la media del euro (-0,3% en octubre) y por encima de la caída en Alemania (-0,5%), Italia (-0,6%) y Francia (+0%) o Portugal (-0,6%), mientras los paises ricos del norte tienen subidas de precios (+1,1% Holanda, +1,3% Austria, +0,4% Bélgica, +0,2% Finlandia) y caen más que en España en Grecia (-2%), Irlanda (-1,8%), Estonia (-1,7%) o Chipre (-1,3%). Al final, los paises que más sufren la pandemia ven mayores caídas de precios.

Esta bajada de precios en la mayoría de Europa se debe a la recesión por el COVID 19 (con menos actividad, las empresas buscan mantener ventas con bajadas de precios), la caída de los precios del petróleo (de 68,71 dólares/barril el 3 de enero a 22,98 el 22 de marzo y 41 dólares/barril hoy), a la bajada coyuntural del IVA en Alemania y otros paises europeos, al aumento de importaciones y al envejecimiento de la población europea, que alienta un menor consumo y menores subidas de precios (como se ha visto en Japón). Algunos expertos, como los de Funcas, señalan que no podemos hablar todavía de “deflación” (exige 12 meses continuados de bajadas de precios, según la definición del FMI, y sólo llevamos 7) y creen que no hay que preocuparse demasiado, porque la bajada de precios no es generalizada: se debe sobre todo a la bajada de la energía y lo que es la inflación “de fondo” (la llaman inflación “subyacente: sin energía ni alimentos no elaborados) sube, está en positivo (+0,4% en octubre), con subidas anuales en alimentación (+2,4%), vestido y calzado (+1%), enseñanza (+1,2%), medicina (+0,4%), menaje (+0,4%) y hoteles y restaurantes (+0,3%), según las subidas recogidas en el último IPC detallado por el INE, el de septiembre.

A pesar de todo esto, la inflación sigue negativa y va a continuar así varios meses más , según la última previsión del FMI, de octubre: la inflación anual caerá este año al -0,3% en España, con lo que seremos el 2º país europeo que cerrará el año 2020 con una inflación negativa, junto a Francia (-0,5%), mientras en Italia los precios subirán un +0,1%, en Alemania y Reino Unido un +0,3% y en la zona euro un +0,1%. Tanto la Comisión Europea como el Gobierno Sánchez son más optimistas, porque creen que los precios podrían cerrar el año con una subida del 0%, que mejoraría en 2021 hasta subir los precios un +0,9%. Con todo, estamos ante la inflación más baja del siglo y de varias décadas anteriores.

Podría parecer que esta baja inflación (ahora negativa y en unos meses cero) es algo “bueno” para España y el resto de Europa, sobre todo para los consumidores porque podemos comprar más barato, mejora nuestro “poder adquisitivo”. Y es así, pero este aspecto positivo se contrarresta con muchos otros aspectos negativos, que preocupan a los Gobiernos y expertos. El primero, que la inflación negativa desincentiva la inversión y el empleo, algo especialmente preocupante para España, porque tenemos más del doble de paro que Europa (16,5% en septiembre frente al 7,5% en la UE-27, según Eurostat). El mecanismo es sencillo de entender: si un consumidor ve que los precios están bajos, retrasa sus compras a la espera de que bajen más o porque no teme que suban. Y las empresas ven recortarse sus ventas y sus márgenes, al ser forzadas a recortar precios para competir. Y con esto, venden menos, ganan menos, invierten menos y no crean empleo (o lo reducen). Y esto es especialmente preocupante ahora, porque retrasa la recuperación post COVID.

Un segundo problema que acarrea la inflación negativa (o muy baja) es que reduce los ingresos públicos, sobre todo el IVA (también Sociedades, IRPF e impuestos especiales), tanto porque se reduce el consumo como porque bajan las ventas y los precios (se aplica un IVA sobre un precio menor). Es algo que ya está pasando en 2020, con la recesión ligada a la pandemia. Y un problema más preocupante para España, porque este año 2020 tendremos un déficit público récord, del -10,1% del PIB, frente al -8,5% de la zona euro, el -7% de Alemania, -9,9% de Francia o el 11,1% de Italia, según la Comisión Europea.

El tercer problema que implica una inflación negativa (o muy baja) es que perjudica a los que tienen deudas, porque no rebaja lo que hay que devolver (si la inflación es alta, en realidad hay que devolver menos dinero comparado con lo que valía cuando lo pedimos).Y este es un problema que también perjudica más a España, porque somos uno de los paises más endeudados del mundo. Las Administraciones Públicas (Estado, SS, autonomías y Ayuntamientos) debían en junio 1.291.057 millones de euros, el 110,1% del PIB, según el último dato publicado por el Banco de España. Y los particulares debían todavía más, 1.654.000 millones (el 141,2% del PIB), entre las empresas (944.138 millones) y las familias (otros 709.861 millones de euros), según el Banco de España. Para todos , una inflación negativa es una mala noticia, porque les dificulta devolver esa deuda.

Y además, hay un cuarto problema: una inflación negativa (o muy baja) obliga a las empresas a entrar en una dinámica de ofertas “low cost”, a tirar precios para competir, lo que aumenta la ya preocupante “precariedad laboral” (más contratos basura y más tareas “subcontratadas”) y deteriora aún más los salarios, que ya cayeron con la anterior crisis y que no suben ahora sino que bajan con el coronavirus. Así que lo que podríamos ganar los ciudadanos como consumidores (poder comprar más batato) lo perderemos como trabajadores, como familias endeudadas y como contribuyentes. Mal negocio.

Lo peor ahora es que hay otro factor en Europa que se suma a la inflación negativa: el euro fuerte frente al dólar (se necesitan más dólares para comprar un euro). La moneda única, que empezó el año en una cotización de 1,1208 dólares por euro, cayó hasta un mínimo de 1,0831 dólares/euro (7 de mayo) y repuntó luego en verano hasta un máximo de 1,1938 dólares (31 agosto), que se ha suavizado hasta los 1,1809 dólares por euro de hoy, a la espera de los resultados de las elecciones USA. La revalorización del euro (+5,36% desde enero) no se debe a que Europa vaya económicamente mejor que EEUU (va peor: la zona euro ha caído un -11,8% con la pandemia, frente al -9,1% USA) sino a que la Reserva Federal Norteamericana se ha gastado mucho más dinero en reanimar la economía (ha inyectado 3,1 billones de euros frente a 1,4 billones el BCE), lo que hace que en EEUU haya mucha más liquidez , más dólares en circulación y eso deprecia el billete verde. Y además, en esta crisis, el dólar no ha actuado como “valor refugio”, por la incertidumbre sobre Trump, lo que ha permitido al euro ganar terreno durante todo el año.

Y la previsión, muy pendiente de lo que pase con Trump, es que el euro se fortalezca más en 2021. Así, el escenario de los Presupuestos 2021 contempla que la cotización media del euro se estabilice en 1,10 dólares por euro en 2020 (como 2019) pero que suba a una media de 1,20 dólares por euro en 2021 (+9,1% de revalorización). ¿Qué problema supone tener un euro fuerte? Básicamente, dos. El primero, que un euro más fuerte abarata las importaciones de los paises europeos (de España también) y eso presiona a las empresas nacionales a bajar más los precios para competir: es otro acicate para la inflación negativa (o muy baja). El segundo problema de un euro fuerte es que encarece las exportaciones europeas, al tener que pagarlas en euros más caros. Y esto es muy negativo para España y el resto de paises europeos, porque una de las claves para salir de esta crisis es que las empresas puedan recuperar sus exportaciones de antes, diezmadas por la pandemia.

Así que, por si teníamos poco con la inflación negativa de los últimos meses, el euro más fuerte se suma al coctel para forzar a la baja los precios y dificultar las ventas en el extranjero. La baja inflación de la zona euro, que va a seguir todavía unos meses (y se agrava con los rebrotes de la pandemia) preocupa muy seriamente al Banco Central Europeo (BCE), cuyo objetivo desde su creación es “luchar contra la inflación”, impedir que suba del 2%. Pero lleva ya una década con poca inflación (+1,2% de subida media en la zona euro entre agosto de 2008 y finales de 2019) y ahora tres meses incluso de inflación negativa. Y asistiendo al grave problema de que Europa apenas crece, antes y ahora con la pandemia.

Por eso, el BCE quiere poner la inflación en 2º plano y buscar cómo ayuda a reanimar la economía europea, que sufre la mayor crisis desde el final de la II Guerra Mundial. Y ya ha anticipado que en diciembre tomará más medidas, para estimular la economía de la zona euro con una nueva inyección de liquidez, por tres vías: más compra de deuda pública y privada europea (+600.000 millones que se suman a los 1,4 millones de estos años), ampliar 6 meses el programa de compra (hasta finales de 2021) y mantener el tipo de interés preferencial (-1%) para sostener a los bancos. El objetivo es dar otro empujón a las economías europeas, tras la 2ª ola de contagios, y de paso, con esta inyección de liquidez, subir algo la inflación (al 1% en 2021) y bajarle los humos al euro, dos logros colaterales, que, de conseguirse, ayudarían a la recuperación de las economías europeas.

En España, todas  las esperanzas están puestas en los Presupuestos 2021, que incluyen un gasto y una inversión pública récord (con el adelanto de 26.634 millones de fondos europeos), que deberían reanimar la actividad y el consumo, sobre todo con la subida del 0,9% a los pensionistas (8.867.680 personas que han ganado poder adquisitivo en 2020, que cerrará con una inflación del 0%) y a los funcionarios (2,6 millones de empleados públicos que también han ganado poder adquisitivo y que no lo perderán tampoco, como los pensionistas, en 2021, cuando se espera un 0,9% de aumento de precios). Eso sí, el Gobierno ha congelado el salario mínimo en 950 euros, tras subirlo un 29% en los últimos dos años.

La clave de 2021 va a estar en los salarios, porque si no suben algo y pierden poder adquisitivo, será difícil reanimar el consumo y la inflación. De momento, la subida pactada en los pocos convenios firmados este año 2020 (7 millones de trabajadores en 868.400 empresas) ha sido del +1,93%, inferior al +2,26% de aumento pactado en 2019, según los datos de Trabajo. Pero la mayoría de trabajadores no están incluidos en estas estadísticas (pymes, personal fuera de convenio, empresas que no han firmado convenio), con lo que la subida salarial de este año será mucho menor. Y hay muchas empresas que, por la pandemia, ya están bajando sueldos a cambio de mantener el empleo (o en las nuevas contrataciones): un 17% de los trabajadores ya han sufrido una reducción de salarios y a otro 53% se les ha congelado, según una reciente Encuesta de la consultora Hays. Y un estudio del grupo Adecco prevé un reajuste de salarios en las nuevas ofertas de empleo, con bajadas del -10 al 15%. Y peor será para los que acaben despedidos.

En resumen, es prioritario reanimar el consumo y el gasto para recuperar  la economía y hacer subir los precios, requisito clave para reconstruir la economía. Y para ello, las empresas tienen que intentar no bajar los salarios de sus trabajadores y subirlos los que puedan (supermercados, empresas de logística, e-commerce, sanidad y educación), porque es “la gasolina” que necesitamos para aumentar el consumo y los precios. Si no lo hacen y las empresas aprovechan la pandemia para recortar salarios, retrasarán la recuperación.

COVID19: el teletrabajo se dispara desigualmente

Uno de los pocos efectos positivos del confinamiento ha sido que algunos pueden seguir trabajando desde casa (y cobrando). Son pocos, pero el teletrabajo ha dado un salto de gigante con la pandemia: lo utilizan el 34% de los trabajadores hoy, 7 veces más que hace unos meses (el 4,8%). Pero el modelo económico español (demasiado peso del turismo y la construcción) y nuestra baja formación digital hacen que España tenga menos posibilidades de teletrabajo que la mayoría de Europa. Y las posibilidades de teletrabajar son muy desiguales, según sectores, edad y tipo de contrato, variando mucho por autonomías (pueden teletrabajar el 28% de los ocupados en Madrid y el 19% en Murcia, la Rioja o Castilla y León). Para cuando salgamos de esta pandemia, urge regular el teletrabajo y fomentarlo en las empresas y en la Administración, porque ayuda a conciliar, mejora la productividad y el medio ambiente. Hacen falta Planes, formación e inversiones, para no improvisar el teletrabajo como se hace durante el confinamiento. Apoyen el clic.

enrique ortega

Unos meses antes de impactarnos el coronavirus, en 2019, el teletrabajo era marginal en España: sólo un 4,8% de los empleados trabajaban habitualmente desde casa, un porcentaje que había subido desde el 2,7% que teletrabajaban en 2007. Incluso los que teletrabajaban “a veces” eran sólo un 9% de los ocupados, un tercio más que en 2007 (6%), según los datos del INE. Si comparamos con Europa, ese 4,8% nos colocaba a la cola del teletrabajo, en el puesto 15 de la UE-27, sólo por delante de los paises del este, Chipre, Grecia (1,9%), Italia (3,6%) y Reino Unido (4,7%), por debajo de la media europea de teletrabajo (5,4%), de Alemania (5,2%), Francia (7%) y sobre todo de los paises del norte (14,1% teletrabajan en Finlandia y Holanda, 9,9% en Austria y 7,8% en Dinamarca, según Eurostat (datos 2019). Por autonomías, en España teletrabajan más que la media Asturias (6,6%), Baleares (5,8%), Galicia (5,1%) Madrid (5,1%), Extremadura (5%), Comunidad Valenciana y Aragón (4,9%). Y están a la cola la Rioja (3,6%), Navarra (3,9%), Murcia y Canarias (4%), según el INE.


¿Por qué estábamos más retrasados en teletrabajo? No es por razones técnicas, ya que España es el país líder europeo en instalación de fibra óptica (tenemos una red mayor que las de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntas). La “culpa” es de nuestro modelo productivo: tenemos una economía muy asentada en los servicios (sobre todo el turismo y la hostelería) y en la construcción, sectores poco favorables al teletrabajo. Una economía, además, con un escaso peso de las grandes empresas y un excesivo porcentaje de pymes, menos proclives a la digitalización y el teletrabajo. Y para completar el panorama, la formación digital de los españoles es escasa y no ayuda al teletrabajo: 10,7 millones de trabajadores no se han formado nunca en competencias digitales. Y del total de la población, 12 millones (un 33,5%) no son capaces de manejarse en entornos digitales y otros 7,6 millones (21%) sólo acredita habilidades digitales básicas, según un reciente estudio de UGT.


Otro reciente estudio de Randstad señala que sólo un 22,6% de los trabajadores españoles (4,4 millones de ocupados) pueden  teletrabajar, aunque sólo un 4,8% lo hacían en 2019. Y los detalla por sectores, con los datos de la EPA y el INE: los que más pueden teletrabajar son los ocupados en los servicios públicos (el 36% puede trabajar a distancia), seguidos de los trabajadores de las eléctricas, agua y gas (podrían teletrabajar el 30,1%), los trabajadores de las finanzas (45%), los de inmobiliarias y servicios empresariales (41,5%), los trabajadores educativos y sanitarios (35,9%), los de la industria química (29,8%) y los del sector del papel y artes gráficos (28% podrían teletrabajar). El resto de actividades tienen un potencial de teletrabajo inferior a la media (22,3%), siendo muy bajo en la agricultura, ganadería y pesca (4,1%), en la construcción (13,3%), en la industria agroalimentaria (13,8%), en el comercio (13,9%) o en la industria manufacturera (14,3%).


Además, el teletrabajo es muy desigual según los puestos de trabajo en cada sector, siendo mayor entre los directivos y gerentes (casi 100%), técnicos y profesionales (59,9%), contables y trabajadores de oficina (46,3%), pero muy bajo en el resto de empleos, sobre todo entre los poco cualificados, siendo nula la posibilidad de teletrabajo en los grupos CNO 5,6,8,9 y 0: trabajadores de la restauración, servicios personales y protección, vendedores, operadores de maquinaria, montadores y personal de las fuerzas armadas, según el informe de Randstad. Al final, estas diferencias se acaban viendo por autonomías, por su distinta estructura económica y de empleo. Así, el teletrabajo es más posible en las autonomías más ricas: Madrid (28% ocupados podrían teletrabajar, aunque sólo el 5,1% lo hacían en 2019), Cataluña (25,1%), País Vasco (24,5%), Navarra (23%) y Asturias (22,4%), las 5 por encima de la media de teletrabajo potencial en España (22,3%). Y tienen menos posibilidades para teletrabajar las más pobres: Extremadura (17,5% de los ocupados, aunque sólo el 5% teletrabajan)), Castilla la Mancha (18,2%), Andalucía (19%), Canarias (19,2%), Murcia (19,3%), la Rioja (19,8%) y Castilla y León (19,9%), según Randstad.


Otro estudio sobre el teletrabajo de tres profesores universitarios, adelantado en el blog Nada es Gratis, eleva hasta el 33% (índice 0,33) la posibilidad del teletrabajo en España (Randstad lo fija en el 22,3%), por debajo del 38% que fijan para Europa (índice 0,38). Según este estudio, España es el 5º país europeo con menos potencial para el teletrabajo, sólo por delante de Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría. Y muy alejado de los líderes, los paises nórdicos (índice superior al 0,50), Francia o Alemania. El estudio revela también que existen grandes desigualdades para poder teletrabajar en España. Primero, por género: los hombres pueden teletrabajan menos (29%) que las mujeres (37%). Segundo, por tipo de contrato: pueden teletrabajan más los que tienen un contrato a tiempo completo (34%) que a tiempo parcial (23%) y los que tienen un contrato fijo (37%) más que los contratados temporalmente (22%). Y poder teletrabajar tiene también mucho que ver con la formación: los que sólo tienen primaria apenas pueden teletrabajar (10%), algo más los que acabaron secundaria (24%) y mucho más los universitarios (53%). Y como ya se veía en el estudio de Randstad, los que tienen sueldos más altos pueden teletrabajar más.


Estas desigualdades en el potencial para el teletrabajo son muy importantes ahora, con el confinamiento, porque indican que unos españoles tienen más posibilidades que otros para teletrabajar y paliar así la emergencia económica de la pandemia, según el sector donde trabajen, la empresa, su tipo de contrato y el nivel de formación. Y, por supuesto, según  dónde trabajen. Este estudio revela también que los mejor preparados para teletrabajar son los ocupados en Madrid (índice 0,43: 43% ocupados podrían trabajar, por encima de la media UE), seguidos de Cataluña (36%), País Vasco y Canarias (ambas 33%). Y los que peor, los ocupados en Castilla y León (24%), Murcia y Aragón (29%), Navarra y Castilla la Mancha (27%), Cantabria, Extremadura y Baleares (25%).


Ese es “el potencial”, lo que podríamos teletrabajar, que un informe del Banco de España publicado este lunes restringe al 30% de los ocupados, 6.600.000 españoles. Pero, ¿cuánto estamos teletrabajando realmente en el confinamiento? No hay datos oficiales, pero el IVIE y la Comunidad Valenciana hicieron esta encuesta para toda España, a finales de marzo y principios de abril, que reveló que un 34% de los españoles teletrabajaban, un porcentaje incluso mayor al potencial de teletrabajo señalado por Randstad (22,3%), el Banco de España (30%) y el estudio universitario (33%). De ser cierto, revela el gran salto que ha dado el teletrabajo en España en dos meses, forzado por la necesidad de empresas y trabajadores. Un avance increíble, que se ha visto acompañado de mucha improvisación, falta de medios  y algunos excesos (demasiadas horas y falta de control), con una mayor carga para las mujeres, que han tenido que afrontar más que los hombres el teletrabajo, los hijos y las tareas del hogar.


En general, las empresas no tenían Planes de teletrabajo (salvo las muy grandes o en sectores como las finanzas, seguros y telecos). Y tampoco la Administración pública, que ha tenido que teletrabajar contra reloj, sobre todo los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, para afrontar el aluvión de peticiones de ERTEs y de ayudas a parados, autónomos y empresas (el SEPE ha trabajado digitalmente las 24 horas, subiendo por las noches la documentación para no bloquear los servidores). El Gobierno se ha visto obligado a aprobar 27 contratos de emergencia desde el 14 de marzo para facilitar el teletrabajo de los funcionarios y las videoconferencias, por un importe de 8,7 millones de euros, para comprar ordenadores, móviles, licencias y escritorios virtuales. Al final, según los datos oficiales, casi 2 de cada 3 funcionarios de los 22 Ministerios han estado teletrabajando, en total 109.000 funcionarios de Hacienda  (el 85% de sus funcionarios, casi 30.000, han trabajado desde casa), Seguridad Social (20.300 teletrabajando), Ciencia e Innovación (14.000 teletrabajando y el Ministerio con más videollamadas: 12.300), Defensa (8.420 teletrabajando y 7.859 presenciales), Trabajo (7.690), Transición Ecológica (5.835), Política Territorial (5.102), Transportes (4.000 teletrabajando) o Interior (2.500 teletrabajando y 23.727 trabajando en las calles, comisarías y prisiones), sin olvidar el esfuerzo adicional de teletrabajo hecho por las autonomías (numerosas inversiones en equipos y licencias).


A finales de abril, el Gobierno amplió dos meses más la recomendación del  teletrabajo, hasta el 21 de junio. Y en el caso de la Administración central, el Gobierno ha pactado con los sindicatos que “la vuelta al trabajo presencial será gradual”, priorizando el teletrabajo. Sólo está previsto que se abran las oficinas al público (Seguridad Social, Agencia Tributaria y SEPE) en la fase 2 de la desescalada, a partir del 25 de mayo (más tarde en Madrid y Barcelona), siempre con cita previa. Y posteriormente, en la “nueva normalidad”, está previsto “flexibilizar los horarios de los funcionarios”, para impedir aglomeraciones a la entrada y salida y facilitar la conciliación. Y manteniendo lo más posible el teletrabajo.


Al final, el coronavirus ha permitido que el teletrabajo avance en dos meses lo que no se preveía que hiciera en años. Pero hay que aprender de los errores con los que se ha implantado, derivados de la improvisación y la falta de Planes en las empresas y en la Administración. Urge aprobar una Ley sobre el teletrabajo, que asegure unas bases mínimas y garantice unos derechos laborales a los teletrabajadores. Y en paralelo, cada empresa y cada convenio deben aprobar Planes de teletrabajo, detallando tareas, procesos y flexibilidad organizativa, los equipos y las herramientas informáticas necesarias, la gestión de los recursos humanos y la ciberseguridad de los procesos. Esto obligará a todas las empresas y organismos a rediseñar los sistemas de trabajo, en colaboración con los trabajadores, que no pueden perder derechos. Y destinar horas y medios a la formación digital del personal, para corregir el retraso actual.


Ya nada será igual en el trabajo tras el coronavirus. Y el teletrabajo debe consolidar el salto dado, porque tiene varias ventajas: puede aumentar la productividad y eficacia de las empresas, ayuda a la conciliación familiar y beneficia al medio ambiente (al reducir los desplazamientos al trabajo). Además, los españoles quieren teletrabajar: a 7 de cada 10 trabajadores (el 68,6%) les gustaría teletrabajar, según el estudio realizado por Randstad. Y los que más lo piden  son los trabajadores con familia (el 78% de los que tienen entre 25 y 45 años), porque permite conciliar. Eso sí, los expertos defienden un teletrabajo que compatibilice el trabajo en casa con acudir presencialmente a la empresa algunos días, para mantener el contacto personal y facilitar el trabajo en equipo.


El teletrabajo es una exigencia sanitaria mientras no exista una vacuna eficaz contra el coronavirus pero es también una herramienta clave para la reconstrucción económica, porque puede aumentar la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Pero hace falta un Plan nacional de teletrabajo, que facilite las inversiones necesarias y sobre todo la formación, para que no se queden atrás los que tienen contratos más precarios y están tecnológicamente menos preparados, que son los que ahora sufren más la emergencia económica, porque no pueden teletrabajar o están en sectores con poco margen para el trabajo a distancia (turismo, hostelería, construcción). Hay que aprovechar lo aprendido estas semanas y los errores cometidos para avanzar mañana, cuando la tentación sea seguir igual y no invertir en equipos y formación para consolidar el teletrabajo. Y no sólo en las empresas, también en la Administración, en la educación, en la sanidad. Aprovechemos el gran salto digital que hemos dado y sigamos avanzando. A golpe de clic.