Tenemos una sanidad cada vez más privada

Cada día, mil españoles contratan un seguro médico privado. Ya lo tienen 12,4 millones de personas, 1,8 millones más que antes de la pandemia. Y se contrata más en Madrid, Cataluña y Baleares, curiosamente 3 autonomías con la sanidad “deficiente”. Estos seguros médicos, que nos cuestan 10.711 millones, son “la gasolina” de la sanidad privada, que no deja de crecer: somos el 2º país UE (tras Portugal) donde tiene más peso, el 28,4% de todo el gasto sanitario. Su otra fuente de ingresos son los conciertos de la sanidad pública, que destina un 10,2% de su presupuesto a financiar pruebas y operaciones en la sanidad privada. Con todo ello, la privatización sanitaria no deja de crecer desde 2009, sobre todo en Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía, precisamente las autonomías con peor sanidad pública. Urge reducir las listas de espera, que alimentan los seguros privados. Mientras, el Gobierno propone una Ley para limitar la privatización de la sanidad, aunque la gestión está en manos de las autonomías.

                    Enrique Ortega

España es uno de los paises europeos que menos gasta en sanidad y donde el peso de la sanidad pública se reduce mientras aumenta año tras año el porcentaje de la sanidad privada. El gasto total en sanidad suponía en España el 10,7% de la riqueza (PIB), en 2021, por debajo del peso del gasto sanitario en la OCDE (10,9%), Francia (12,3%), Reino Unido (12,4%) o Alemania (12,9% de su PIB). Pero no sólo gastamos menos en sanidad, sino que gastamos aún menos (comparativamente) en la sanidad pública: un 7,7% del PIB, frente al 8,7% de media en la OCDE, el 10,4% en Francia, el 10,3% en Reino Unido y el 11,1% en Alemania (y el 7,1% en Italia). A cambio, somos el 2º país de la UE con más gasto sanitario privado: el 3,1% del PIB en 2021, tras Portugal (4,1% del PIB), frente al 2,3% en la OCDE, el 1,9% en Francia, el 2,1% en Reino Unido y el 1,9% en Alemania y el 2,3% en Italia.

A lo claro: gastamos mucho menos en la sanidad pública que la mayoría mientras somos casi líderes en el gasto en sanidad privada. De hecho, en 2021. España gastó 36.805 millones en la sanidad privada, un 28,4% de todo el gasto sanitario (129.615 millones), sólo superados por Portugal (36,8% de su gasto fue privado) y Suiza (30,8%) y muy alejados del peso del gasto sanitario privado en Italia (24,5%), Bélgica (22,4%), OCDE (17,1%), Reino Unido (17%), Francia (15,2%), Paises Bajos (15,1%), Dinamarca (14,8%), Alemania (14,5%) y Suecia (14,1%), según el informe 2024 de la Fundación IDIS (sanidad privada).

¿Qué incluye el gasto sanitario privado? Básicamente dos cosas. Una, el “dinero de bolsillo” que gastamos los españoles (27.215 millones en 2021) en atención sanitaria privada (dentista, oculista, fisioterapeutas…), en medicamentos no financiados y en el copago de las recetas (los trabajadores pagan entre el 40 y el 50%, los pensionistas el 10%, los más ricos el 60% y algunos nada). La otra, los seguros médicos que contratamos (9.091 millones pagados en primas en 2021). Y quedan otros 499 millones que gastan en sanidad instituciones benéficas.

El gasto sanitario privado se ha disparado porque han subido las consultas privadas y la gente cuida más su boca, sus ojos o su cuerpo, al margen de la sanidad pública. Pero el gran salto se ha dado en los seguros médicos privados, según la Fundación IDIS: en 2023 había ya 12.422.000 españoles cubiertos por un seguro médico privado, 360.000 más que en 2022 y 1.836.000 asegurados más que en 2019, antes de la pandemia. De ellos, 1.988.000 son empleados públicos (funcionarios de MUFACE, personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil integrados en ISFAS y personal judicial de MUGEJU), a los que la Administración les paga un seguro médico privado (porque el 78% de los funcionarios lo eligen frente a la sanidad pública). Y el resto, 10.681.200 españoles son personas que pagan cada mes un seguro médico privado (casi 2 millones más que en 2019).

Eso supone que uno de cada cuatro españoles tiene un seguro médico privado (25,9% de penetración media), aunque resulta mucho mayor en 3 autonomías: Madrid (el 38,7% de la población tiene seguro médico), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), según el informe IDIS. Curiosamente, son 3 autonomías que tienen una sanidad pública “deficiente”, según el informe 2023 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP), que valora la sanidad de cada autonomía” (Madrid ocupa el puesto 13º, Barcelona el 12º y Baleares el 10%). En el otro extremo, las autonomías con menos peso de los seguros médicos están Navarra (11,2% de la población los tiene), Cantabria (11,8%), Murcia (13,2%), Extremadura (13,2%) y Galicia (16,5%). Y Navarra es la autonomía con la mejor sanidad pública, según el ranking 2023 de la FADSP, Extremadura es la 3ª mejor, Galicia la 6ª y Cantabria la 9ª mejor (sólo Murcia rompe la tendencia, ocupando el puesto 16º, sólo por delante de Andalucía, el “farolillo rojo”).

Las primas que pagan los que tienen un seguro médico privado también se han disparado, hasta los 10.711 millones en 2023 (frente a 8.923 millones en 2019). Los seguros médicos llevan cinco años siendo los seguros que más crecen, por encima del seguro de hogar, del automóvil o los seguros de vida. El negocio está muy concentrado y las 3 primeras aseguradoras controlan más de la mitad del mercado: SegurCaixa Adeslas (3.244 millones en primas, el 28,6% de cuota), Sanitas (1.831 millones, el 16,9%) y Asisa (1.459 millones, el 12,9%). Les siguen DKV Seguros (7,5% cuota), Mapfre (6,8%), Axa (2,6%), IMQ (2%), Asistencia Médica Colegial (1,9%) y FIATC (1,8%). Estas 9 controlan el 80,4% de las primas.

Entre “el gasto de bolsillo” (sanidad, medicinas y copagos) y los seguros médicos, cada español paga 699 euros al año en sanidad privada (503 euros en gasto de bolsillo y 195 euros en seguros médicos), según el Informe IDIS 2024. Pero hay 8 autonomías donde los ciudadanos pagan mucho más. Por un lado, Cataluña (854 euros per cápita en gasto sanitario, 560 de bolsillo y 294 euros en seguros médicos), Madrid (851 euros por persona, 489 en gasto sanitario y 362 euros per cápita en seguros médicos, el pago más alto en España) y Baleares (803 euros de gasto privado per cápita, 491 en sanidad y copagos y 312 euros en seguros médicos, el 2º mayor pago), las tres autonomías con sanidad pública “deficiente”, según la FADSP. Les siguen La Rioja (748 euros: 594 en sanidad y 154 en seguros), Aragón (741: 550 y 191), Comunidad Valenciana (736: 575 y 161), País Vasco (715: 524 y 191) y Castilla y León (701 euros per cápita: 542 en sanidad y 195 en seguros).

La otra gran fuente de ingresos de la sanidad privada, junto a los “gastos de bolsillo” y los seguros médicos son los “conciertos” que les paga la sanidad pública, para que atiendan y operen en hospitales privados a pacientes de la sanidad pública o en pago por la gestión privada de hospitales públicos. Estos conciertos se han disparado en la última década, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PP, y en 2022 supusieron 9.521 millones de ingresos extras para la sanidad privada (que se llevó el 10,2% del Presupuesto sanitario público). El 63% de los hospitales privados tienen algún tipo de concierto y hay 8 hospitales públicos de gestión privada (4 en Madrid, 3 en la Comunidad Valenciana y 1 en la Rioja). El peso de los conciertos es mayor en Cataluña (el sector privado sanitario se lleva 3.299 millones, el 22,7% del gasto sanitario público, porque hay 98 hospitales privados de utilización pública), en Madrid (1.377 millones, el 12,4% del presupuesto público en sanidad) y en Canarias (296 millones, el 7,2% del presupuesto sanitario público allí), precisamente tres autonomías con la sanidad “deficiente” (Madrid y Cataluña) o “peor” (Canarias), según el ranking de la FADSP. Otras tienen un menor porcentaje de conciertos (6,5% Navarra, 6,1% Baleares y 6% en Asturias y País Vasco, siendo menor lo que ingresan el resto.

El “gasto de bolsillo”, los seguros médicos y los conciertos son las tres fuentes de ingresos de la sanidad privada y los tres motores que la han impulsado, hasta suponer casi el 40% del gasto sanitario total (28,4% más 10,2% los conciertos). Gracias a esta “gasolina”, la sanidad privada cuenta con 438 hospitales (el 57% del total) y 50.574 camas (el 32% del total), donde trabajan 300.226 profesionales (69.052 médicos). Una sanidad privada que ya gestiona el 29% de las altas, el 31,2% de las estancias hospitalarias, el 29,7% de las consultas, el 31% de las urgencias y el 41,3% de las intervenciones quirúrgicas, un trabajo creciente apoyado por la derivación de pacientes, consultas (6,3%), urgencias (el 5,8%) e intervenciones (el 8,7%) desde la sanidad pública. Eso sí, según diversos estudios, la sanidad privada absorbe los casos menos complejos y las estancias e intervenciones más cortas y menos costosas.

La sanidad privada está cada vez más concentrada y en manos de inversores extranjeros, con 13 Grupos sanitarios que concentran el 47% de los hospitales y el 55% de las camas privadas, según el informe IDIS. Encabeza el ranking, el grupo Quirón Salud (propiedad del grupo alemán Fresenius), con 45 hospitales y 6.139 camas, seguido de los Hermanos de San Juan de Dios (29 hospitales y 6.110 camas), HM Hospitales (propiedad familia Abarca Cidón), con 21 hospitales y 1883 camas, el grupo Vithas (80% familia Gallardo y 20% Criteria Caixa), con 20 hospitales y 2.189 camas, el grupo HLA (de Asisa), con 16 hospitales y 1.310 camas, el grupo Viamer (propiedad del fondo australiano MAM), con 14 hospitales y 946 camas, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, con 13 hospitales y 3.326 camas, el grupo Hestia Alliance (propiedad del gigante alemán Median Kliniken), con 10 hospitales y 1.932 camas, el grupo Ribera Salud (vendido al Fondo francés Vivalto Partners), con 10 hospitales y 1.112 camas, el grupo vallisoletano Recoletas, con 7 hospitales y 830 camas y el grupo canario Hospiten, con 7 hospitales y 1.219 camas, agrupando el resto de hospitales independientes 15.200 camas privadas.

El negocio de los hospitales privados facturó 12.400 millones de euros en 2022, que obtuvieron de las aseguradoras (6.865 millones, un 55,3% más que en 2021), de los conciertos con la sanidad pública (4.325 millones, +34,88%) y de su actividad sanitaria puramente privada (1.210 millones), según la Fundación IDIS. Más de un tercio del negocio total (4.441 millones) lo facturó el gigante del sector, el grupo Quirón, seguido muy lejos de Vithas (699 millones), Ribera Salud (585 millones), grupo HLA (576 millones), HM hospitales (575 millones), Hospitales Católicos de Madrid (410 millones), Hospiten (360 millones), Sanitas (350 millones), Clínica Universitaria de Navarra (300) y grupo IMED (hospitales Levante), 180 millones.

La sanidad privada crece, pero a costa de la sanidad pública, que pierde peso desde 2009 y sobre todo desde 2022, según un reciente estudio de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que destaca el fuerte aumento del “gasto de bolsillo” en España (21% del gasto total, frente al 18% en la OCDE) y los conciertos, crecientes en las autonomías gobernadas por el PP y nacionalistas, sobre todo durante los años de recortes. El estudio analiza 10 variables del avance de la privatización sanitaria por autonomías, desde el gasto en seguros privados a los conciertos y las derivaciones de pacientes, los modelos de colaboración público-privada y la dedicación exclusiva entre los sanitarios. Y analizando estas variables, distinguen 3 grupos de autonomías, con más y menos privatización sanitaria.

El primer grupo lo integran las 4 autonomías con mayor grado de privatización de la sanidad: Madrid (28 puntos), Baleares (27 puntos), Cataluña (26) y Andalucía (25), cuatro regiones que tienen una sanidad “deficiente” (Madrid, Baleares y Cataluña) o “pobre” (Andalucía, la autonomía con la peor sanidad pública, según el ranking de la FADSP). En el 2º grupo, con un grado “intermedio” de privatización están Aragón y Comunidad Valenciana (24 puntos), Asturias y Canarias (23), Murcia (22), Castilla y León (21), Cantabria y Galicia (20 puntos), País Vasco y la Rioja (19 puntos). Y en el tercer grupo, con el menor grado de privatización sanitaria, están Castilla la Mancha (18 puntos), Extremadura y Navarra (16 puntos), las dos autonomías con la sanidad menos privatizada y, curiosamente, dos de las autonomías con mejor sanidad pública (Navarra la nº1 y Extremadura la 3ª).

Los expertos dela FADSP critican la creciente privatización de la sanidad porque incrementa costes y "mercantiliza" un derecho fundamental de las personas. Pero creen que no puede reducirse esta elevada privatización mientras no se resuelva el grave problema de las listas de espera (849.535 españoles en lista de espera quirúrgica y 3.917.485 en espera de una primera consulta) , que explican el auge de los seguros médicos y de los conciertos con la privada. Y denuncian que “no se está haciendo nada” para reducirlas, ni desde Sanidad ni desde las autonomías, por lo que piden reforzar los medios y personal de la sanidad pública. Y en paralelo, piden unas políticas públicas que refuercen la sanidad pública y frenen el ascenso de la privada.

Precisamente, el lunes pasado, la ministra de Sanidad inició la consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que decayó en la pasada Legislatura por el adelanto electoral. La Ley pretende, según el Gobierno, “asegurar la gestión pública de los servicios sanitarios y cerrar el paso a las empresas privadas con ánimo de lucro”, sustituyendo a la Ley 15/1997 aprobada por Aznar, que “ha deteriorado la sanidad”, según la ministra Mónica García. La futura Ley, sometida a consulta, pretende limitar la gestión privada de la sanidad, mejorar la auditoría y transparencia de los modelos de gestión privada existentes, facilitar la reversión de servicios ahora privatizados y fijar nuevos criterios para la gestión futura del sistema sanitario público. El proyecto ya ha despertado recelos en la sanidad privada, pero tiene un problema de partida: por mucho que se cambie la Ley, el día a día de la gestión sanitaria lo controlan las autonomías, 11 en manos del PP (y VOX). Y no parece que quieran dar marcha atrás en la privatización que han alentado estos años.

En cualquier caso, algo habrá que hacer, porque la sanidad es “la 2ª mayor preocupación de los españoles” (tras la economía y el empleo), según el CIS. Y no parece lógico que sigamos afrontando los problemas de atención y listas de espera a golpe de seguros privados y más conciertos con la privada. Una cosa es que la sanidad privada cubra vacíos y complemente la oferta y otra que cope el 40% del gasto sanitario y deje fuera a los que no puedan pagarlo. Urge reforzar la sanidad pública y no hundirla para que crezca la privada.

Competencia vigila los seguros médicos

Las listas de espera en la sanidad pública siguen disparadas y eso alimenta la contratación de seguros médicos privados: son los seguros más contratados y han crecido otro 7,5% este año. Las aseguradoras se aprovechan, con subidas de tarifas reiteradas: +34,8% en 6 años. El problema es que, con 12,5 millones de asegurados, los seguros médicos privados se han masificado y hay también listas de espera. Mi caso: 10 meses de demora para el dermatólogo en la sanidad pública y 3 meses en el seguro privado. Además, muchos médicos se quejan de que las aseguradoras apenas les pagan por consulta, aparte de presionarles para que reduzcan tiempos y pidan menos pruebas. Por ello, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta a médicos, pacientes y aseguradoras, para investigar los seguros médicos. Temen que haya concentración (5 aseguradoras controlan el 71,7% de las pólizas) y algunas tienen también hospitales (son juez y parte…). Y hay asegurados con problemas médicos que no pueden cambiarse, sobre todo mayores. Falta transparencia. 

Enrique Ortega

En España hay un desequilibrio creciente entre la sanidad pública, que va a menos, y la sanidad privada, que va a más. En 2020, el gasto público en sanidad era de 82.094 millones (+2.285 millones que en 2010, +2,8%), el 7,9% del PIB, muy por debajo de la media de gasto sanitario público de la OCDE (10,8% del PIB) y de Alemania (12,8%), Francia (12,2%), Reino Unido (12%), Suecia o Austria (11,5%), Paises Bajos y Bélgica (11,5%), Portugal (10,6%) o  Italia (9,6% del PIB). Mientras estamos a la cola de gasto público en sanidad, España es el 4º país occidental con más gasto privado en sanidad: 32.140 millones de gasto en 2022 (+2.442 millones que en 2010, +2,8%), el 2,9% del PIB, muy por encima de la media de gasto sanitario privado en la OCDE (2,3% del PIB), sólo por detrás del gasto en Portugal (35,5% del PIB), Suiza (30,1%) y Polonia (22,7%), y muy por encima del gasto sanitario privado en Alemania y Francia (1,9% del PIB), Reino Unido (2,9%) e Italia (2,3% del PIB), según los últimos datos de la OCDE.

En realidad, el gasto privado en sanidad es mayor, porque una parte del gasto público del Sistema Nacional de Salud (SNS) acaba en la sanidad privada, en forma de pago de conciertos para que los hospitales privados atiendan a pacientes de la pública. En 2020, esos conciertos desviaron 8.582 millones de fondos públicos a la sanidad privada, con lo que el gasto sanitario privado real fue de 40.727 millones de euros, frente a 79.476 millones de gasto sanitario público real. A lo claro: que un tercio del gasto sanitario que se hace en España (seguros médicos y pago de consultas) se lo lleva la sanidad privada. Hace una década, en 2010, el gasto sanitario privado rondaba los 27.000 millones de euros, el 25,6% del gasto sanitario total. Así que la sanidad privada ha pasado de ser la cuarta parte a un tercio, lo que demuestra la progresiva privatización de la sanidad en España.

El motor de este crecimiento de la sanidad privada somos los pacientes, que cada vez gastamos más en seguros médicos y en el pago de servicios médicos privados, en clínicas y hospitales. Y sobre todo, después de la pandemia. Así, en 2022, el gasto médico privado fue de 671 euros por español (601 euros pagábamos en 2010), frente a 2.022 euros de gasto público por habitante (1.595 en 2019), según el último informe de la Fundación Idis (sanidad privada). La mayor parte de este gasto sanitario privado (497 euros en 2022) lo hacemos al ir a clínicas o médicos privados y pagar directamente el servicio, pero otra parte, 174 euros por habitante en 2022, se destina a pagar un seguro médico privado (148 euros pagábamos de media en 2019). Y hay enormes diferencias en este pago de un seguro privado según autonomías: en Madrid pagamos de media 599 euros anuales por habitante, en Baleares 293 euros, en Cataluña 270 euros, en el País Vasco 196 euros y en Aragón 178 euros, mientras rondan los 100 euros anuales por habitante el gasto en seguros médicos en Navarra (96), Cantabria (101) y Murcia (102 euros por habitante).

Este gasto de los españoles en seguros médicos se ha disparado en la última década, alentado por el deterioro de la sanidad pública y las listas de espera, que no paran de crecer: en diciembre de 2022, había 793.521 españoles esperando una operación (120 días de espera media y la quinta parte más de 6 meses) y una espera media para ir al especialista de 95 días (más de la mitad de los 85 por 1.000 habitantes que esperan cita se encuentran con una demora de más de 3 meses). Esta abultada lista de espera en la sanidad pública ha disparado los seguros médicos privados, que llevan años siendo los que más crecen (más que el automóvil y el seguro de hogar): en 2022 se pagaron primas de seguros médicos por 10.543 millones de euros (+43% sobre 2015) y este primer trimestre de 2023 ya se han pagado seguros médicos por 2.944 millones (+7,5%), otro récord. Y se estima que 12,5 millones de españoles tienen un seguro médico privado, el 26% de la población. Un porcentaje que es mayor en Madrid (37,7%), Cataluña (31,2%) y Baleares (30,3%), según los datos de la patronal UNESPA.

La fuerte demanda de seguros médicos ha disparado sus precios, aunque junto al coste medio de los seguros en vigor se vendan seguros médicos “low cost”, “desde 9 euros al mes”. Sólo este año, de enero a mayo, los seguros médicos han subido un +8,4%, según el INE, casi el triple que la inflación general (+3,2% en mayo). Y si buscamos la subida de los 5 años anteriores (+26,4%), concluiremos que los seguros médicos han subido un +34,8% entre 2018 y 2023, el doble que la inflación global (+16,9% estos 6 años) y casi el triple de lo que han subido los salarios estos años (+13,29%). Y la tendencia es que sigan subiendo más que la inflación, por la fuerte demanda y los costes crecientes de la atención médica.

Dividiendo las primas que pagan por los seguros médicos esos 12,5 millones de asegurados, sale un coste medio de 880 euros anuales por asegurado, unos 75 euros mensuales por persona. El” truco”, como en otros seguros, es una “guerra de precios” para captar nuevos clientes, ofreciendo pólizas muy baratas (unos 20 euros al mes), con bajas coberturas, muchos copagos y basadas en “la atención online”. Incluso se utilizan las redes sociales y plataformas digitales para vender seguros médicos “low cost”. Pero luego, esos seguros suben y los asegurados buscan mayores coberturas, con lo que acaban pagando mucho más. Una familia media está pagando ya entre 150 y 200 euros mensuales, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son  los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo.

La masificación de los seguros médicos privados (hay 1,5 millones más que antes de la pandemia) está provocando problemas a los asegurados: se ha deteriorado la atención y hay más listas de espera para ir a un médico y hospital privado. Mi caso: la sanidad pública me ha dado cita dentro de 10 meses para la consulta de un dermatólogo y mi seguro privado me da 3 meses… Los sindicatos del sector denuncian demoras de 3 meses para un dermatólogo, mes y medio para una resonancia, dos meses para traumatología y un mes para el pediatra o la revisión ginecológica… Y eso pagando un costoso seguro mensual. El mayor colapso se da en Madrid (hay 2,5 millones de asegurados), Barcelona y Baleares, pero también en ciudades más pequeñas y en algunas especialidades.

En paralelo, los médicos que trabajan para las aseguradoras y hospitales privados se quejan de que tienen demasiados pacientes y que en algunos casos les han pedido acelerar el tiempo de consulta (“no más de 10 minutos”), como en la pública. Y “pedir menos pruebas”, para abaratar costes. Pero las mayores quejas de los médicos son que las aseguradoras les pagan poco por atender a esos pacientes privados. Ya hay una plataforma de médicos, Unipromel, que defiende subir las tarifas, porque son las mismas que hace 30 años. Aseguran que están cobrando entre 7 y 12 euros por consulta y 229 euros por una operación de apéndice, por ejemplo. Y que en el caso de médicos autónomos, que trabajan en hospitales, tienen que pagarles un 30% de comisión por usar sus instalaciones. En general, se quejan de que son miles de médicos sin capacidad de negociación, a los que las aseguradoras les imponen sus tarifas y condiciones, sin repercutirles la subida de los seguros.

En medio de este panorama, la Comisión de la Competencia (CNMC) abrió el 24 de marzo una “consulta” sobre los seguros médicos privados, para que les mandaran opiniones médicos, pacientes y aseguradoras. Al cerrarse el plazo de recepción de opiniones, el 26 de mayo, la CNMC se vio sorprendida por una avalancha de respuestas (690), la mayoría críticas, sobre todo de médicos y pacientes. Ahora, la Comisión está investigando estas quejas y emitirá un informe, con medidas y propuestas, para finales de 2024.

La Comisión de la Competencia (CNMC) está preocupada por 3 prácticas que han observado en los seguros médicos. La primera un exceso de concentración en el sector: las 5 mayores aseguradoras copan el 71,7% del mercado, según los datos de 2022. Son SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), con el 28,9% del mercado (3.054 millones de primas) , Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), con el 15,4% (1.633 millones), Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), con el 13,3% de cuota (1.403 millones), DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV), con otro 7,3% (775 millones) y Mapfre (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz),con el 6,8% restante (714 millones). Y si añadimos las 5 siguientes, la sociedad vasca IMQ (2,5%, tras comprar un 50% Adeslas en 2022), la aseguradora Axa (2,4%), Asistencia Médica Colegial (2%), FIATC (1,7%) y Caser (1,6%), el Top 10 de las aseguradoras acapara el 81,9% de los seguros médicos privados en España. Una fuerza tremenda para imponer precios a los asegurados, a los médicos y a los hospitales privados.

La 2ª preocupación de la CNMC sobre este sector es la creciente integración entre aseguradoras y hospitales privados: cada vez hay más participaciones cruzadas y eso puede provocar que la atención médica se rija por criterios comerciales en lugar de sanitarios si los dueños de los hospitales (y los jefes de los médicos) son las aseguradoras. Es el caso de Sanitas, que cuenta con 4 hospitales propios (3 en Madrid y uno en Barcelona) más 20 Centros multiespecialidad, además de los 240 hospitales concertados. Y Asisa es dueña de los 17 hospitales HLA, con casi 10.000 médicos, 36 Centros médicos especializados y Asisa dental. También DKV tiene 22 espacios de salud propios, además de los 1.000 centros concertados. Y Adeslas cuenta con 27 Centros propios, además de 1.300 Centros y 216 hospitales concertados. Aseguradoras que son “juez y parte” en esta atención sanitaria.

La 3ª preocupación de la CNMC son los “pacientes prisioneros de sus aseguradoras”. El origen del problema es que se disparan las primas si alguien tiene una enfermedad previa a contratar un seguro. Pero si la enfermedad llega después, la aseguradora no le puede subir la prima por ello. Pero el paciente está “prisionero”, porque si quisiera cambiar de aseguradora, tendría problemas para hacerlo (si tiene problemas con una rodilla, por ejemplo, eso se excluye del futuro seguro) o le subiría mucho más el seguro. Así que, a partir de una determinada edad y los consiguientes achaques, uno es “prisionero” de su seguro médico.

Todo esto es lo que ahora investiga la CNMC, con los testimonios de asegurados, médicos, aseguradoras y hospitales, aunque cualquier medida o denuncia no será realidad hasta 2025. Mientras, la sanidad pública sigue con sus problemas y no parece que mejorar su atención sea una prioridad de los nuevos gobiernos autonómicos. Mientras, crecen las listas de espera en la sanidad pública, lo que ya empieza a preocupar a la sanidad privada: “estamos sufriendo masificación en algunos hospitales y especialidades·, ha reconocido Juan Abarca, presidente del IDIS (sanidad privada), que ha pedido “tomar medidas para que la sanidad pública funcione de forma eficiente”. A lo claro: que se mejore la sanidad pública, porque la situación actual les perjudica, al colapsar la sanidad privada.

En resumen, que los problemas no resueltos en la sanidad pública están empezando a contagiar a la sanidad privada y muchos asegurados se quejan de las listas de espera y el deterioro en la medicina privada que les cuesta mucho dinero cada mes. Urge tomar medidas y que el próximo Gobierno pacte un Plan de choque para reducir las listas de espera en la sanidad pública, reforzando la atención primaria y  las especialidades con más demora, junto a mejoras de las urgencias y los hospitales. Hasta la sanidad privada pide un Pacto para mejorar la sanidad pública, porque complica su negocio. Todo va a depender de los resultados electorales del 23 de julio, aunque no debería ser así: la sanidad es la prioridad para la mayoría y no puede seguir siendo un problema, con o sin seguro privado. Hagan algo.

Los seguros médicos siguen creciendo

Los problemas en la sanidad pública siguen alimentando la contratación de seguros médicos privados: lo tienen 12 millones de personas, una cuarta parte de los españoles y millón y medio más que antes de la pandemia. Encima, sus cuotas subieron un +21,6% estos cuatro años y hay quejas: de los pacientes porque hay retrasos en la atención y de los médicos porque las aseguradoras les pagan 10 euros por consulta. Estos seguros médicos facturan más de 10.000 millones y son “la gasolina” de la sanidad privada: les aportan el 55% de sus ingresos y otro 35% los convenios para que atiendan a pacientes derivados de la pública. Resultado: la sanidad privada crece y supone casi el 30% del gasto sanitario (más que en Europa), mientras cae el peso de la sanidad pública, que depende de las autonomías (financian el 93%), que sólo suben un 7,7% su gasto sanitario en 2023. Es un escándalo que la privada crezca a costa de hundir la sanidad pública.

Enrique Ortega

La crisis de la sanidad pública y las abultadas listas de espera son la mejor publicidad para la contratación de seguros médicos privados: crecen desde hace más de una década, pero sobre todo tras la pandemia y especialmente en 2022. El seguro médico es el seguro que más creció el año pasado, un +7% (frente al +4,93% en 2021), por encima del conjunto de los seguros (crecieron un +4,65% en 2022), según UNESPA. Y factura ya más de 10.000 millones anuales (10.543 millones en 2022), lo que supone un salto espectacular en esta parte del negocio asegurador, dado que facturaban 7.739 millones en 2016 y 8.572 millones en 2019, lo que supone un crecimiento en las primas del +36% en 6 años. Y si nos vamos más atrás, a 1996, los seguros médicos sólo facturaban 2.000 millones anuales, lo que significa que este seguro se ha multiplicado por 5 en los últimos 26 años, cuando todo el negocio del seguro sólo ha triplicado su facturación estos años.  

Este “boom” de los seguros médicos privados se ve también en el número de asegurados, que a finales de 2022 habrá superado los 12 millones de españoles. Al terminar 2021 se contabilizaban 11.555.000 asegurados, según el último dato de ICEA, pero todo hace preveer que en 2022 lo habrán contratado otro medio millón más, como en 2020 y 2021. Con ello, hay un millón y medio de españoles más con seguro médico privado que antes de la pandemia (10.586.000 en 2019). De esos 12 millones de asegurados, la mayoría (10,2 millones) son españoles que se pagan su seguro (6,2 millones) o  se lo paga su empresa (4 millones de trabajadores). Y el resto son 1,8 millones de funcionarios y militares, cubiertos por un seguro médico privado que les paga el Estado (el 82,3% elijen que les atienda una aseguradora privada en vez de la sanidad pública). El salto en el número de asegurados ha sido también muy llamativo: se ha pasado de 9,5 millones de españoles con seguro médico privado en 2015 a los 12 millones de 2022 (+26,3%).

El negocio de los seguros médicos está muy concentrado en España, ya que las 5 primeras aseguradoras se reparten el 73% del mercado, según el balance de 2022 de ICEA: el 30,04% de las primas (3.167 millones) las ingresa SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), otro 15,49% Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), un 13,25% Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), otro 7,40% DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV) y un 6,77% MAPFRE (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz). Completan el ranking la aseguradora francesa Axa (2,52% del mercado), la sociedad vasca IMQ (cuyo 50% compró Adeslas en 2022), Asistencia Médica Colegial (1,98%), FIATC (1,76%) y CASER (1,66%). En total, el TOP 10 acapara el 83% del mercado.

Con los datos estimados para 2022 (12 millones de asegurados), más de un 25% de los españoles tienen ya un seguro médico privado. Los últimos datos publicados por la Fundación IDIS (de 2021), ya señalaban una cobertura del 24,41% de la población, frente a sólo el 19,06% en 2012. Pero el reparto es muy desigual. Hay regiones con más seguros médicos que la media, en especial Madrid (el 39% de la población tenía un seguro privado en 2021), Cataluña (35%) y Baleares (33%), además de Ceuta (36,09%) y Melilla (33,12%). Curiosamente, coinciden con algunas de las autonomías que dedican menos gasto público a sanidad: Madrid (1.627 euros per cápita), Cataluña (1.891 euros) y  Baleares 1.781 euros per cápita), como indica el Informe de la Fundación IDIS. Y tienen un bajo porcentaje de seguros médicos Navarra (13%), Murcia (15%), Cantabria (16%), Galicia y la Rioja (19%), quizás porque tienen un alto porcentaje de mayores, que no se hacen tantos seguros médicos privados, por su alto coste y porque los más viejos son “rechazados”.

El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son mayoritariamente los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados en 2021), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo. Los expertos indican que hay “dos momentos” en que las personas se plantean contratar un seguro médico privado: cuando van a tener un hijo (por el parto y las prestaciones pediátricas en los primeros años) y cuando se acerca la madurez y empiezan los achaques. Y ahora, tras tres años de pandemia y con la sanidad pública colapsada, el reclamo para hacerlo es general.

La pandemia (con muchos ancianos en residencias desatendidos en hospitales públicos), las elevadas listas de espera y el colapso en la atención primaria y las urgencias han sido “la mejor publicidad” para los seguros médicos privados. Pero además, las aseguradoras se han volcado en agresivas campañas de publicidad y en ofertas de seguros “low cost”, ofreciendo seguros médicos incluso “desde 9 euros al mes”, apoyados en bajas coberturas, copagos y atención médica “online”, seguros de baja calidad. Una novedad en este mercado, además de la entrada de nuevos competidores (como las telecos o las tecnológicas) es la creciente utilización del marketing digital para vender seguros médicos, con una fuerte presencia de ofertas en Facebook y otras redes sociales. Incluso Sanitas vende seguros médicos a través de la plataforma de Amazon.

La crisis de la sanidad pública y la creciente demanda han provocado una fuerte subida de los precios de los seguros médicos, no en la contratación inicial (donde está la “guerra de ofertas”) sino al revisarse la prima cada año (como pasa en los seguros del automóvil).En 2022, las tarifas de los seguros médicos subieron un +6,6%, por encima de la inflación anual (+5,7%), según el desglose del IPC. Y más que en 2021 (+5,2%), 2020 (+4,8%) y 2019 (+5%). Con ello, los seguros médicos privados han subido un +21,6% desde 2019, más que la inflación total (subió +14,4 % en estos cuatro años). Y todavía se espera que suban más este año 2023, un +7,5% según los expertos, para compensar las subidas de costes. Y además, se espera que las aseguradoras intenten mejorar sus márgenes con más copagos, recorte de las coberturas y un aumento de la telemedicina.

Al final, pagar un seguro médico supone a las familias entre 132 euros mensuales (con copagos) y 190 euros, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. Y además, los que tienen un seguro médico privado se encuentran ahora con dos problemas: está habiendo retrasos para conseguir una cita con un especialista (menos que en la pública, pero hay demoras) y hay médicos que no atienden a asegurados, que sólo aceptan pagos privados. Y eso porque muchos facultativos se quejan de que no se han actualizado las tarifas y que cobran 10 euros por consulta (la segunda y restantes, cobrando 20 euros la primera), “menos que un técnico que nos arregla la lavadora”. Y por eso, a principios de año hubo protestas de médicos autónomos, tras haber firmado en octubre el Manifiesto “Dignifica”.

Los seguros médicos son la “gasolina” que alimenta la sanidad privada en España, que cuenta con 431 hospitales (el 56%), 49.748 camas (el 32% del total) y 286.719 empleados (65.945 médicos y 71.680 enfermeras), según el Informe de la Fundación IDIS. En 2021, la sanidad privada  facturó en España 11.525 millones de euros, un 1,21% más que en 2019. Los ingresos que aportan las aseguradoras (6.340 millones que pagamos con nuestros seguros médicos) supusieron el 55% de los ingresos totales de los hospitales privados. Y otro 35% de estos ingresos proceden de los conciertos (4.035 millones en 2021) que pagan las autonomías a estos hospitales por atender y operar a pacientes o por gestionar hospitales públicos (hay 9 hospitales públicos, 4 en Madrid, 4 en la Comunidad Valenciana y uno en la Rioja, que son de gestión privada, heredada de la época de Aguirre y Camps). Así que los españoles financiamos el 90% de los hospitales privados con los seguros privados que pagamos y con nuestros impuestos (conciertos). Sólo el 10% restante se financia con los pacientes privados que pagan de su bolsillo consultas y operaciones.

Hay que resaltar que la sanidad pública (autonomías) deriva un 10% del gasto sanitario público a esos conciertos con la sanidad privada (no sólo a hospitales): “desviaron” 8.381 millones de euros en 2020, según la Fundación IDIS. Unos recursos públicos que benefician a 173 hospitales privados y 105 privados de utilización pública. Se les paga para que realicen pruebas e intervenciones (para descargar las listas de espera), para ofrecer determinadas prestaciones (diálisis, terapias respiratorias, logopedia, rehabilitación, transporte enfermos) y para que gestionen centros de salud y especialistas. Lo llamativo es que hay autonomías que desvían más porcentaje de recursos públicos a la sanidad privada, como son Cataluña (3.287 millones en 2021, el 24,2% de su gasto sanitario público, porque hay una enorme red privada que atiende pacientes concertados), Madrid (902,4 millones, el 8,9% del gasto sanitario público de la Comunidad) y Baleares (176,3 millones, el 9,2%). En las demás, los conciertos privados se llevan una media del 5% del gasto sanitario público.

El “boom” de los seguros médicos privados y los crecientes ingresos por los conciertos han relanzado la sanidad privada en España, que gana peso año tras año. Así, en 2019 (último año con datos), la sanidad privada suponía un gasto de 33.398 millones de euros, casi el 30% (29,4%) del gasto sanitario total, cuando una década antes, en 2009, no llegaba a la cuarta parte del gasto total. La contrapartida es que la sanidad pública supone ahora el 70,6% del gasto total, cuando en 2009 era el 75,1%. Y ese aumento del peso del gasto sanitario privado (porque los españoles gastan más en seguros médicos y en pagar la atención sanitaria privada) coloca a España como el tercer país europeo con más peso de la sanidad privada (29,4%), solo por detrás de Portugal (39%) y Suiza (33,2%), por delante de la media OCDE (22,9% supone el gasto sanitario privado), Italia (26,1%), Reino Unido (21,5%), Francia (16,3%) o Alemania (15,4%), según la Fundación IDIS.

Este auge de la sanidad privada en España explica el interés de multinacionales y Fondos de inversión por entrar en el negocio sanitario y asegurador español, con múltiples compras en los últimos años. El negocio de la sanidad privada está muy concentrado, como el de los seguros médicos, según la Fundación IDIS: los 5 mayores grupos hospitalarios facturan el 53% de todo el sector no benéfico (hay otra sanidad privada con fines benéficos, como los 35 hospitales de los Hermanos de San Juan de Dios, los 14 de las Hermanas Hospitalarias o los 6 hospitales de la Cruz Roja). El grupo líder, a mucha distancia, es Quirón Salud (4.021 millones facturados en 2021, el 34,88% del total), controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, seguido del grupo español Vithas (675 millones, un 5,85% del mercado), los hospitales HLA (de la cooperativa médica Lavinia: 480 millones facturados en 2021), HM Hospitales, de la familia Abarca (480 millones) y Ribera Salud (420 millones), cuyos dueños son la norteamericana Centene Corporation y Banco Sabadell. Les siguen los Hospitales Católicos (400 millones), el grupo canario Hospiten (345 millones), Sanitas (328 millones), la Clínica Universitaria de Navarra (268 millones) e IMQ (146). Entre estos grupos hospitalarios del TOP 10 controlan el 66% del mercado sanitario privado no benéfico.

La sanidad privada y sus hospitales argumentan que “descargan de trabajo a la sanidad pública  y ahorran al Estado entre 5.679 y 15.628 millones anuales, según la Fundación IDIS. Pero no dicen que los pacientes que atienden o les desvían son los menos complicados y costosos, quedando la atención más compleja y más cara para la sanidad pública, Así, de los 4.253.183 españoles que recibieron el alta sanitaria en 2020,el 72,6% fueron atendidos en la sanidad pública y el 27,4% en la privada, según la última estadística del INE. Hasta aquí, casi normal, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (10,4 de media) que en la pública (8,1 días). Pero al analizar los motivos de la hospitalización, se ve que un 37,2% de los que estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades graves (cáncer, problemas cardiovasculares y respiratorios), frente al 26,04% de los atendidos en hospitales privados. Además, la sanidad pública atiende a más personas mayores que la privada (un 48% de las estancias frente al 44%) y los atienden por más tiempo (8,26 días frente a 5,04), según el último estudio RESA (2019).

Al final, si los seguros médicos y la sanidad privada ganan terreno es a costa de los crecientes problemas de la sanidad pública, agravados por la pandemia. Tenemos una sanidad pública universal, eficaz y barata, según el último chequeo de la OCDE, pero arrastra problemas derivados de los pasados recortes presupuestarios y de la escasez de plantillas, con contratos precarios y mal pagados. La responsabilidad de levantar la sanidad pública está en las autonomías, que financian el 93% del gasto sanitario público. Y aquí se observa que algunas apuestan por reforzar la sanidad pública y otras por desviar recursos y pacientes a la sanidad privada. Y todas coinciden en no priorizar la sanidad: en 2022, el gasto sanitario de las autonomías aumentó un +4,15% (la mitad que la inflación), con 4 regiones que gastaron menos (Baleares, Aragón, Castilla la Mancha y Asturias). Y para 2023, el gasto sanitario de las autonomías crecerá un +7,7%, según la FDSP, con un gasto medio de 1.809 euros por habitante, un 22% inferior a la media de la UE (2.299 euros). Y hay 7 autonomías que gastarán en sanidad por debajo de la media española: Madrid (1.466 euros por habitante), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605). Comunidad Valenciana (1.628), Canarias (1.651) y Castilla la Mancha (1.766 euros).

En resumen, se desatiende la sanidad pública y eso nos obliga a pagar un seguro médico privado que alimenta una sanidad privada en auge, que crece a costa del deterioro de la sanidad pública. Una locura promovida por unos y permitida por otros. Ya basta.

La pandemia refuerza los seguros médicos

Pagamos impuestos para que nos atienda la sanidad pública (colapsada), pero    1 de cada 4 españoles paga además un seguro médico privado cada mes (68 euros de media), para evitarse largas listas de espera en especialistas y hospitales. Esto ya pasaba antes, pero la pandemia ha hecho que los seguros médicos sean los que más crezcan y tengamos 12 millones de españoles pagándolos, 1,5 millones más que en 2019. Y su precio subió un +46,9% en la última década, 3,6 veces más que el IPC. Gracias a estos seguros se financia el 64% de la sanidad privada, un negocio con 411 hospitales al que se derivan parte de los pacientes de la sanidad pública, con “conciertos” que les financian otro 26% de sus ingresos. Eso sí, los enfermos más graves y los mayores (menos “rentables”) se los queda la sanidad pública. Urge frenar la sangría de la sanidad pública, con más recursos y personal, para que tener un seguro privado no sea una necesidad.

Enrique Ortega

La pandemia ha dado un fuerte empujón a la contratación de seguros médicos privados. En 2021, estos seguros de salud fueron los que más crecieron (+4,93%), más que los multirriesgo hogar (+4,70%), mientras caían los seguros del automóvil (-0,875), según la patronal UNESPA. Y lo mismo pasó en 2020, con lo que las primas (ingresos) de los seguros médicos han crecido un +10,23% entre 2019 y 2021, cuando el conjunto del seguro en España ingresa todavía menos que antes de la pandemia (-3,65%). El salto de ingresos por primas de seguro médico ha sido espectacular: de facturar 2.000 millones en 1996 se pasó a los 4.000 en 2004, a los 6.000 millones en 2009, a los 8.000 en 2018 y a 9.849 millones ingresados por primas en 2021, según UNESPA. Eso significa que los seguros médicos han multiplicado casi por 5 sus ingresos en los últimos 25 años, mientras todos los seguros multiplicaba su facturación casi por 3 (de 21.000 a 61.835 millones).

El éxito de estos seguros médicos privados se ve también en el número de asegurados, que en 2021 habrán rozado los 12 millones de españoles. A finales de septiembre, último dato de ICEA, había en España 11.610.000 personas con un seguro médico privado, repartidos así: 776.709 asegurados con una póliza de reembolso de gastos médicos (les devuelven los gastos justificados) y 10.833.291 con una póliza de asistencia sanitaria propiamente dicha. Y de este grupo, pueden hacerse tres subgrupos: los funcionarios que tienen un seguro médico privado pagado por el Estado (1.841.659 asegurados), para “descargar” a la sanidad pública (el 83,4% de los funcionarios lo utilizan), los trabajadores a los que paga un seguro médico su empresa (3.791.651) y los particulares que se pagan ellos el seguro médico privado (unos 5.200.000 asegurados en septiembre de 2021). El salto de asegurados ha sido llamativo, porque se ha pasado de 9,2 millones de españoles con seguro médico privado en 2015 a los 12 millones actuales (1,5 millones más que antes de las pandemia).

El negocio de los seguros médicos está muy concentrado en España, ya que las 5 primeras aseguradoras se reparten el 72% del mercado, según datos (2020) de la Fundación IDIS: el 29,5% de las primas (2.732 millones) las ingresa Segur Caixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y el 49% por Vida Caixa Group), otro 15,5% Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), un 13,5% Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), otro 6,9% DVK Seguros (filial del asegurador alemán DKV) y 6,5% Mapfre (propiedad de la aseguradora, varios Fondos y Allianz). Completan el ranking la vasca IMQ (que se integra en Adeslas en 2022), con un 2,6% de cuota, Axa (2,5%), Asistencia Médica Colegial (2,2%), FIATC (1,8%), más otro 18,9% el resto.

Con los últimos datos de 2021, casi un 25% de los españoles tienen un seguro médico privado (que pagan ellos, su empresa o la Administración pública donde trabajan). Los  últimos datos ofrecidos por UNESPA, los del año 2020, ya indicaban que el 23,35% de los españoles tenían un seguro médico privado, frente a sólo el 19,06% en 2012. Pero el reparto es muy desigual. Hay algunas autonomías con muchos más seguros médicos, como Madrid (el 38% de la población lo tenía en 2020), Cataluña (33%) y  Baleares (32%), regiones que coinciden con ser las zonas donde menos gasto público en sanidad se hace: 1.297 euros por habitante en Madrid, 1505 euros en Cataluña o 1.521 euros en Baleares, según revela el último informe de la Fundación Idis. Y hay autonomías donde el seguro médico privado tiene poco peso, como Cantabria (lo tiene el 7,7% de la población), Navarra (12%), Murcia (14%), Castilla y León (18%), Extremadura, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana (19% de la población), autonomías en general con más gasto público sanitario.

El perfil de los que pagan un seguro médico privado son los que tienen entre 30 y 60 años (el 53,5% de los asegurados), según los datos de UNESPA para 2020, siendo los más numerosos los que tienen entre 41 y 50 años (el 21,38%), los que tienen entre 31 y 40 años (16,49%) y los que tienen de 51 a 60 años (15,44% del total), bajando mucho los asegurados entre los mayores de 70 años (sólo 562.498 tienen seguro médico privado, el 6,08% del total), debido a que las pólizas disparan su precio con la edad  y además, las compañías los “rechazan”. Los expertos indican que hay “dos momentos” en los que las personas se plantean contratar un seguro médico privado: cuando van a tener un hijo (por el parto y las prestaciones pediátricas en los primeros años) y cuando se acercan a la madurez y empiezan los achaques. Y ahora, dos años de pandemia han impulsado todavía más estos seguros, tras el colapso de los centros de salud, especialistas y hospitales y, sobre todo, al conocerse que muchos ancianos en residencias no fueron derivados a hospitales en la 1ª ola (principalmente en Madrid), “salvo los que tenían un seguro médico privado”.

La pandemia y el colapso de la sanidad pública, con sus elevadas listas de espera, han sido “la mejor publicidad” para los seguros médicos privados, pero, además, las aseguradoras se han volcado en agresivas campañas de publicidad, sobre todo en 2021. De hecho, los anuncios en televisión e Internet se han multiplicado por 5, en medio de una auténtica guerra por aprovechar la pandemia para vender “seguros médicos low cost”, sobre todo consultas online, en que se han volcado aseguradoras y telecos (con Movistar a la cabeza). Una novedad es la utilización del marketing digital para vender seguros médicos, con una fuerte presencia publicitaria en Facebook y otras redes sociales. Incluso Sanitas vende ya seguros médicos a través de la plataforma de Amazon. Y, sobre todo, el “boom” de la telemedicina: ofertas de seguros para la atención médica online, a precios muy bajos (11 euros al mes), que no pueden ofrecer un servicio de calidad.

Precisamente, una de las preocupaciones de muchos profesionales es “la guerra de precios” en los seguros médicos, con ofertas gancho “low cost”, desde 40 euros al mes toda la familia (que luego encierran “letra pequeña”, con copagos y limitaciones en la atención sanitaria). Esta guerra de precios encubre una doble estrategia de las aseguradoras, como hacen las telecos: ofertas “low cost” para atraer a nuevos clientes y fuertes subidas anuales a los asegurados que ya son clientes. La subida de los seguros médicos lleva una década siendo muy elevada, en torno al 5% anual. Y en 2021, los seguros médicos subieron un +5,2%, según el INE. Con ello, la subida acumulada de los seguros médicos ha sido del +46,9% desde 2012 (4,69% de subida anual), una subida que es 3,6 veces la subida del IPC global en la última década (+12,9%, un +1,29% anual), según el INE. Así que cuando entramos en la rueda de contratar un seguro médico, sepamos que las fuertes subidas anuales están aseguradas (la atención médica y los equipos son cada vez más costosos). Y además, suben mucho cuando uno de los asegurados supera los 60 años. De media, cada asegurado paga 820 euros al año (68 euros al mes), según los datos de UNESPA, pero la media de coste para una familia está entre 180 y 300 euros mensuales.

Los seguros médicos son “la gasolina” que mueve la sanidad privada, que cuenta con 441 hospitales (frente a 343 hospitales públicos) y 50.960 camas  (frente a 106.289 camas en la sanidad pública. En 2020, la sanidad privada (no benéfica) facturó en España 6.775 millones de euros, algo menos que en 2019 (6.950 millones) y un 9.7% más que en 2016 (6.175 millones). Y los ingresos que les pagan las aseguradoras suponen el 64% de estos ingresos totales de los hospitales privados no benéficos (4.310 millones en 2020), según la Fundación IDIS. Otro 26% de su financiación lo consiguen de los conciertos con la sanidad pública (1.755 millones en 2020): recursos que las autonomías desvían a los hospitales privados para que atiendan y operen a pacientes “derivados” de la sanidad pública.

En conjunto, la sanidad pública (autonomías) desvía un 10% del gasto sanitario público a conciertos con la sanidad privada, pero hay autonomías donde ese “desvío” de fondos públicos es mayor: Cataluña (el 24,5% del gasto sanitario va a los hospitales privados, que allí forman incluso parte de la sanidad pública, recibiendo 2.855 millones anuales), Madrid (10,5% del gasto sanitario público va a conciertos con hospitales privados, 947 millones en 2020), Baleares (8,8% del gasto sanitario público va a conciertos, 289 millones en 2020) y Andalucía (4,1% y 443 millones), según la Fundación IDIS. Sin embargo, hay autonomías donde los conciertos con la sanidad privada apenas tiene peso: Castilla y León (solo les desvían en 3,2% del gasto sanitario público), Cantabria (3,4%) o Extremadura (4%).

El dinero de las aseguradores privadas y de los conciertos públicos lleva años alimentando la creciente sanidad privada en España, donde han puesto sus ojos en los últimos años inversores nacionales y Fondos extranjeros. Hay una parte de esta sanidad privada que es benéfica, sin ánimo de lucro, como los Hermanos de San Juan de Dios (35 hospitales y 7.747 camas), las Hermanas Hospitalarias (14 hospitales y 3.935 camas) o Cruz Roja (6 hospitales y 527 camas), pero la mayoría son hospitales no benéficos de grupos privados o incluso de aseguradoras (Caser, Sanitas, Mutua Terrasa, IMQ y Asistencia Sanitaria Colegial tienen algunos hospitales propios, aunque sólo son el 4% del total), según el desglose que ofrece anualmente la Fundación IDIS.

En el negocio de la sanidad privada hay también mucha concentración, como en el de los seguros médicos: los 5 mayores grupos facturan el 82,5% de todo el sector (que ingresó 6.775 millones en 2020), según los datos de la Fundación IDIS. El grupo líder, a mucha distancia, es Quirón Salud (3.475 millones facturados, el 55% del total), controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, seguido del grupo español Vithas (567 millones facturados, un 8,3% de cuota), controlado por el grupo inversor catalán Goodgrower y CaixaBank, HLA (466 millones, 6,8% cuota), hospitales de la cooperativa médica Lavinia, HM Hospitales ( 435 millones facturados, 6,4% cuota), de la familia Abarca, y Ribera Salud (410 millones facturados y 6% de cuota), cuyos dueños son la norteamericana Centene Corporation (90%) y Banco Sabadell (10%). Les siguen el grupo canario Hospiten (4,8% de cuota), Sanitas (4,2%), Clínica Universitaria de Navarra (3,3%), Juaneda Hospitales de Mallorca (1,6%), Viamed Salud de Rioja (1,5%) y Pascual Hospitales de Andalucía (1,4%).

La sanidad privada y sus hospitales argumentan que “descargan de trabajo a la sanidad pública” y que ahorran al Estado entre 4.689 y 12.676 millones anuales, según el mayor o menor uso que hagan los asegurados de sus servicios. Es verdad. Pero lo que no dicen es que los pacientes que atienden o les desvían son los menos complicados y costosos, quedando la atención más compleja (y más cara) para la sanidad pública. Así, de los 4.873.767 españoles que recibieron el alta en 2019, el 72,8% fueron atendidos en la sanidad pública y el 27,2% en la privada, según la última estadística del INE. Hasta ahí “normal”, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (9,3 de media) que en la pública (7,7 días). Pero al analizar los motivos de la hospitalización, se ve que el 37,55% de los que estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades que matan (cáncer, problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias) frente al 26,41% de esos pacientes atendidos en hospitales privados. Además, la sanidad pública atiende a más personas mayores que la privada (un 48% de las estancias frente al 44%) y los atienden más tiempo (8,26 días de estancia en la pública frente a 5,04 días en la sanidad privada), según el último estudio RESA (2019).

Al final, si los seguros médicos crecen y gana terreno la sanidad privada es a costa de los crecientes problemas de la sanidad pública (listas de espera de 75 días para el especialista y 121 días para operarse), agravados por la pandemia. Tenemos una sanidad universal, eficaz y barata, según el último chequeo de la OCDE, pero arrastra problemas derivados de los pasados recortes presupuestarios (-9.787 millones entre 2009 y 2014, 1 de cada 7 euros) y de plantillas (se perdieron 41.000 empleos sanitarios: 11.000 médicos y 30.000 enfermeras), que no se han compensado con el nuevo gasto por la pandemia. Además, las autonomías (que financian el 93% del gasto sanitario) no se han gastado 3.000 millones de los 29.500 millones de Fondos COVID recibidos del Gobierno entre 2020 y 2021 (para sanidad, educación y ayudas sociales). Y para este año 2022, el gasto sanitario de las autonomías sólo va a crecer un +4,15%, menos que la economía (+5,5%). E incluso, con toda la sanidad colapsada, hay 4 autonomías que van a gastar menos que en 2021: Baleares (-7,8%), Aragón (-4,69%), Castilla la Mancha (-1,96%) y Asturias (-0,88%), según la FADSP.

Esta falta de financiación de la sanidad pública en España obliga a las familias a gastar cada año más en sanidad y más que la media de familias en Europa, según revela el último informe de la OCDE: en España, el gasto sanitario privado (2019) supuso 29,4% del gasto sanitario total (el 70,6% restante fue la financiación pública), frente al 20,3% de media en Europa (donde el 79,7% de la financiación sanitaria es pública). De ese gasto sanitario privado, un 21,8% son pagos directos en España (dentista, copago medicamentos y otros servicios), frente al 15,4% en Europa, y el otro 7,6% del gasto sanitario es para pagar seguros médicos privados, cuando en Europa sólo representan el 4,9% del gasto total.

En resumen, pagamos más de nuestro bolsillo por la sanidad que en Europa, debido a que tenemos menos financiación pública. Y los seguros médicos crecen año tras año (+1,5 millones desde 2019), por el colapso en la sanidad pública y las elevadísimas listas de espera, que hacen crecer a la sanidad privada. No tendríamos que pagar dos veces (impuestos y seguros privados) para que nos atiendan. La pandemia ha revelado la vulnerabilidad del sistema sanitario público y urge tomar medidas para fortalecer la sanidad pública, actuando en 6 frentes: aumentar la financiación pública a la sanidad  (hasta el 7% del PIB, la media europea: había que gastar unos 12.000 millones más al año), aumentar las plantillas y reducir la precariedad (un tercio de los contratos actuales son temporales), homogeneizar la atención sanitaria entre autonomías (hay una sanidad de primera en Navarra, País Vasco, Aragón o Asturias, y una mala en Canarias, Murcia, Andalucía y Cataluña, según la FADSP), asegurar la atención sanitaria a los mayores, dedicar más recursos a la prevención y aprobar un Plan sanitario hasta 2050, para afrontar el envejecimiento, el auge de las enfermedades crónicas, los nuevos tratamientos farmacológicos y la renovación tecnológica y digital. Conseguir una mejor sanidad pública para que contratar un seguro médico no sea una necesidad. Amén.