La pobreza se estanca

España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”, personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas. Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas, están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza infantil ronda los 2 millones de menores. Urge tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan.

                               Enrique Ortega

Europa es un continente con un alto nivel de vida pero también tiene muchas personas en situación vulnerable: en 2024, 93,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,0% de la población (tasa AROPE), según Eurostat. Un dato que incluye los europeos que sufren una de estos tres situaciones: pobreza monetaria (ingresar menos del 60% de la renta media de cada país UE), carencia material severa (problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos o mantener la vivienda a una temperatura adecuada) o bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% potencial). De 2025 no hay todavía datos europeos, pero sí de España: el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social fue del 25,7%, según el INE, bajando sólo una décima respecto a 2024 (25,8%, cuando éramos el 4º país UE con más riesgo de pobreza, tras Bulgaria, Rumanía y Grecia). Pero como ha crecido la población española en 2025 (+ 442.428 habitantes), ahora hay más españoles en riesgo de pobreza (12.739.676 personas) que en 2024 (12.675.100).

Veamos los tres indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran el 19,5% de la población española, dos décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en 2025, el número de habitantes pobres es casi igual  (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres” se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el 2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad Valenciana (26%), según el INE.

El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa, las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16 millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente 4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).

El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo, trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas 3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles (700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos, varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los más vulnerables de los vulnerables.

Otro dato que revela la Encuesta del INE es el nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20 indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el 20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en 2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini, que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2 en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66 veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia (ganan 5,53 veces más los más ricos), según Eurostat.

Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha publicado otro dato importante, en su Encuesta de Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5% de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7% en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad” (25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos, casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%), aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía (11,3%) y Ceuta (10,5%).

A la vista de estos datos, queda claro que España tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes, aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los últimos años se hayan disparado las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más vulnerables. 

Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno Sánchez en junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647 beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que 13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid (-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%).

A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) suponen el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.  Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27 (8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 17 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.  

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65% entre 2.000 y 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.

Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres, culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros. El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1% entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el 14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales, sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza es muy lenta. De hecho, el escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al 19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán 9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51 millones de habitantes…

Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto, es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos, un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor. Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay que repartir mejor el crecimiento, para reducir la desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.

Navidades 2024: más gasto y más desigual

Este año, la inflación no es la gran protagonista de la Navidad, como en 2023 y 2022, aunque algunos precios se han disparado. Y además de tener menos inflación (2,4%), hay medio millón de personas más trabajando que las Navidades pasadas. Por esto, se espera que gastemos algo más este año, sobre todo en comidas, regalos y viajes, aunque una parte sea a golpe de tarjeta o de créditos personales (con tipos que apenas bajan). Pero casi la mitad de los españoles (46,4%) tienen problemas para llegar a fin de mes (porque los sueldos siguen bajos y los alquileres y gastos altos), con lo que tendrán que gastar “con cuidado”. Y la Navidad es una mala época para los que están en situación de pobreza, 9.715.000 españoles, según los datos oficiales (ganan menos del 60% que la media), algo por lo que nos acaba de llamar la atención Bruselas. Celebremos estos días con familia y amigos, pero sin olvidarlos, porque necesitan apoyo (y son vecinos nuestros). ¡Feliz Navidad!

                           Enrique Ortega

El consumo de las familias se recuperó en el tercer trimestre, según el INE, creciendo un +1,1%, más que la economía (+0,8%) y el mayor aumento del año. Y todo parece indicar que el gasto de los hogares aumentará más en este 4º trimestre, dado que muchas personas han aprovechado el Black Friday (finales de noviembre y principios diciembre) para anticipar la compra de regalos (se han hecho más compras, aunque de menor importe, según los primeros balances) y porque todos los datos (reservas comidas y cenas, compras anticipadas, reservas de hoteles y viajes) anticipan que los españoles vamos a gastar algo más estas Navidades 2024, tras “cortarnos” en 2022 y 2023, por la alta inflación.

Este mayor consumo esperado para las Navidades 2024 se asienta en dos datos económicos claves, que impulsan el gasto. Uno, que hay más gente con trabajo este año, personas que ahora trabajan y las Navidades pasadas no: en noviembre había 21.302.463 cotizantes a la Seguridad Social, +496.392 ocupados más que en noviembre de 2023 (20.806.071 afiliados). Y el otro dato, básico para ellos y para el resto de consumidores, es que la inflación ha bajado este año, que los precios suben pero menos: la inflación anual estaba en el +2,4% en noviembre (2,3% en la zona euro), frente al +3,1% que subía en diciembre de 2023, el +5,7% en 2022 y el +6,5% de subida anual en las Navidades 2021, las más inflacionistas.

Y además, los que tienen una hipoteca media (150.000 euros) pagan ahora menos cuota, por las 4 bajadas de tipos que ha hecho el BCE : 127 euros menos al mes que hace un año. También los carburantes están algo más baratos que las Navidades pasadas: nos ahorramos 5,2 euros al llenar el depósito de un coche diesel y 2,6 euros en un coche de gasolina. La revisión de los alquileres será mucho más baja (+2,4% y un máximo del 3%), aunque los alquileres nuevos son mucho más caros (han subido un +11,1% en  el último año). Y también han subido la luz (74,60 euros el recibo medio en noviembre 2024, frente a 50,39 euros un año antes, según la OCU) y el gas natural, aunque ha bajado el gas de calefacción.

Con este panorama, de más empleo y precios en general más bajos, todos los expertos auguran un mayor gasto en las Navidades 2024. Y que España sea uno de los paises europeos con más consumo navideño, dado que crecemos más que la mayoría, Alemania está en recesión y Francia estancada, con Italia a medio gas. Así, la previsión de MasterCard es que el gasto “navideño” (noviembre y diciembre) aumente en España un +5,3%, frente al +2,9% que augura para toda Europa, con un mínimo aumento del gasto en Francia (+0,7%) y Alemania (+1,7%) y mayor en Italia (+3%) o Reino Unido (+3,6%). Para España, anticipan que el mayor gasto se dará en hostelería (+15,5%), hoteles y alojamientos (+13,2%), muebles y decoración (+55), alimentación (+4,5%), bricolaje (+4%) y ropa (+3,4%).

Resulta difícil saber cuánto se va a gastar cada familia estas Navidades, porque cada una tiene sus cuentas.  El Observatorio Cetelem estima, con una Encuesta, que el gasto medio será de 583 euros por persona, un 3% más que las Navidades pasadas (+15 euros), señalando que la mitad gastará lo mismo y que los productos con mayor intención de compra son los perfumes (el 47% piensa comprarlos), moda (44%), juguetes (43%), libros (el 36% los comprará), calzado y complementos (30%), viajes (16%) y ocio (15%). Otra Encuesta, de la OCU, eleva este gasto navideño a 683 euros por persona, aunque sorprende que sea una cifra un 8% menos del gasto las Navidades pasadas (-62 euros). Según este estudio, el mayor gasto se dará en regalos (359 euros por persona), comidas y fiestas (170 euros), viajes (86 euros) y Lotería (64 euros, aunque el gasto medio en España fue de 71,67 euros en 2023 ).

Un gasto que seguro aumentará estas Navidades son los viajes, porque este año ha sido récord en “escapadas”, de españoles y extranjeros, confirmando la nueva tendencia de que viajar es un gasto prioritario para los europeos tras la pandemia. Algunos buscadores señalan que “7 de cada 10 españoles harán algún viaje estas Navidades”, mientras los datos indican que las reservas hoteleras para diciembre crecen un +37% sobre las hechas en las Navidades de 2019, antes de la pandemia. Los principales destinos estas fiestas son las grandes ciudades (Madrid y Barcelona), zonas de nieve y montaña pero también destinos de costa (aprovechando temperaturas más altas) y Canarias. Y más viajes fuera. Un mayor gasto en viajes que contrasta con la fuerte subida de los hoteles (algunos han subido un 20% sobre la Navidad pasada), los bares, restaurantes y el ocio.

El mejor indicador de que habrá más consumo estas Navidades 2024 es que muchas empresas han aumentado sus plantillas (temporalmente). Según la empresa de trabajo temporal Randstad, se han hecho 491.175 nuevas contrataciones en España para cubrir la mayor demanda entre Black Friday, Navidades y rebajas de enero. Son 116.175 empleos más que la pasada temporada (347.000 empleos) . La mayoría son para logística y transporte (+211.400, un 25,8% más, sobre todo de mozos de almacén, transportistas y atención al cliente), hostelería (+179.000, +10,6%,  la mayoría camareros) y comercio (+100.775 empleos, +5,2%), concentrados en Andalucía (+86.3609), Cataluña (+77.780), Madrid (+74.715), Comunidad Valenciana (+50.000) y Canarias (+38.600 empleos estas Navidades).

Con todo, el gasto estas Navidades será muy diferente, según la situación económica de las familias. Porque hay muchas que tienen ahora más gente trabajando y pueden gastar algo más, pero muchas otras no pueden y algunas siguen en situación muy vulnerable, pensando más en sobrevivir que en celebrar estas fiestas. Así que no hay una Navidad, sino tres tipos de Navidades, como tres tipos de familias.

Casi la mitad de familias tienen un problema, que se les agrava en Navidad: les cuesta llegar a fin de mes. Les sucede al 46,4% de las familias, según el INE: un 8,9% llegan “con mucha dificultad”, otro 12,7% “con dificultad” y un 24,8% más “con cierta dificultad”. Estas familias tienen dos opciones en Navidad: restringir gastos o endeudarse, tirar de tarjeta o pedir un crédito. Y, a pesar de las bajadas de tipos, no lo tienen fácil. Los créditos personales apenas han bajado: del 7,69% en diciembre de 2023 a 7,41% en octubre, el último dato del Banco de España. Y si optan por pagar con tarjeta, a crédito, el tipo estaba en octubre en el 18,62%, más caro que el 18,22% de diciembre de 2023. Pero ASUFIN denuncia que los tipos reales de las tarjetas “revolving” (se pide un crédito y se devuelve pagando una cuota fija al mes)  están en el 23,34% (21,34% hace un año). Significa que si tienes una tarjeta “revolving con un crédito de 1.000 euros y pagas una cuota fija de 25 euros al mes, acabas pagando 569 euros en intereses… (+99 euros que hace un año).

El otro grupo de familias, las más vulnerables, lo tienen peor: no es que tengan que restringir gastos o endeudarse, es que su prioridad sigue siendo “sobrevivir”. Y son muchos. En 2023, nada menos que 9.715.577 españoles estaban “en situación de pobreza o exclusión social”, según las estadísticas europeas y del INE, que consideran “pobre” a quien gana menos del 60% de la media de cada país (en España, menos de 916 euros al mes los solteros o menos de 1.932 euros al mes las familias con dos hijos). Este baremo supone que 1 de cada 5 españoles (20,28% en 2023) está en situación de “pobreza , lo que nos coloca como el 6º país europeo con más pobreza (tras Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania). Un dato sobre el que alertó la semana pasada la Comisión Europea, en su informe sobre España.

Para Cáritas, que se vuelca cada Navidad en este grupo de “españoles pobres”, el problema es que esta pobreza se ha hecho “estructural”, sigue ahí aunque mejoren la economía y el empleo y bajen los precios. Es una pobreza ligada a la falta de empleo o a los muchos empleos precarios, que explican que 2,5 millones de personas con trabajo “sean pobres”. Una pobreza que se concentra entre las mujeres con niños (hay 2 millones de niños y adolescentes en situación de pobreza, el 28% de los menores, la tasa más elevada de toda Europa, según Unicef), en los parados mayores de 45 años, bastantes jóvenes y muchos inmigrantes (aunque el 75% de los “pobres” son españoles, según Cáritas).

Escribo todo esto no para amargar las Navidades sino para que seamos conscientes de que no todo son luces y “consumismo”, celebraciones y bolsas con regalos. Que no podemos olvidar que hay muchos españoles (“vecinos nuestros”) que lo están pasando mal, con problemas serios para llegar a fin de mes e incluso para sobrevivir cada día. Seamos solidarios y si podemos, ayudémosles, donando a ONGs o ayudando a quienes sabemos que lo necesita. Es la mejor manera de celebrar esta Navidad y todas: hagamos que sea una fiesta de solidaridad con los que tenemos alrededor, con ayudas, atención y cariño.

¡ Feliz Navidad ¡

2,5 millones son "pobres" a pesar de trabajar

Hay 2,5 millones de personas que van cada día a trabajar y son “pobres”: ganan menos del 60% que la media (menos de 916 euros mensuales) y no pueden atender gastos básicos. Son tanto hombres como mujeres, jóvenes y personas de 45 a 59 años, muchos inmigrantes, familias y mujeres solas con niños, personas con poca formación y contratos precarios en el campo, hostelería, construcción, limpieza y servicio doméstico, en el sur y Levante. España es el tercer país europeo con más “trabajadores pobres”, un porcentaje (11,9% de los que trabajan) similar al de 2008. Y Caritas alerta que la mitad de las personas que atienden tienen trabajo. Ahora, la subida de alquileres ha aumentado esta tasa de pobreza laboral, vinculada a empleos precarios y mal pagados, así como a tener hijos. Pero los expertos insisten en que no basta con mejorar empleos y sueldos: urgen políticas para aumentar las ayudas a los más pobres y a las familias con niños. Pobres con empleo.

                               Enrique Ortega

Hasta hace 2 décadas, tener un trabajo permitía a las personas vivir “medianamente bien”: emanciparse, formar una familia, tener una casa o un coche y mantener un ritmo de vida “digno”. Pero la crisis financiera de 2008 trastocó esta “vida tranquila” de la mayoría de trabajadores: muchos perdieron su empleo y otros vieron recortar sus sueldos y sus expectativas vitales, de la mano de los recortes presupuestarios. Y a partir de 2012, con la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy, muchas empresas “cambiaron a su personal”, sustituyendo personal mayor por jóvenes peor pagados y con contratos precarios. Y después, la pandemia y la inflación disparada se comieron parte de los sueldos, que apenas habían subido, deteriorando más la calidad de vida de las familias.

Con todo ello, la pobreza afecta a una parte importante de la sociedad, en Europa y en España. En la UE-27, había 72 millones de personas “pobres” en 2023, un 16,2% de la población que ingresaban menos del 60% de la media del continente, según Eurostat. Y España es el 6º país europeo con más porcentaje de población “pobre”, un 20,2% que ingresa menos del 60% de la media española (10.990 euros al año), 9.715.577 personas en 2023, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), sólo por detrás de Estonia (22,6% son “pobres”), Letonia (22,4%), Rumanía (21,1%), Bulgaria y Lituania (20,6%), según Eurostat, que refleja también un alto nivel de “pobreza monetaria” en Italia (18,9% de la población), Francia (15,4%) y Alemania (14,4%).

Lo que quizás se conoce menos es que muchos de estos “pobres” tienen un trabajo, son “pobres con empleo”. En España, los últimos datos del INE revelan que un 32% de los pobres tenían empleo, mientras otro 22% son parados, un 15% son jubilados y el 31% restantes son inactivos (personas que ni trabajan ni buscan trabajo, la mayoría mujeres y jóvenes). Si se aplica el criterio de “pobreza” a las personas que trabajan, que ingresen menos de 10.989 euros al año (916 euros al mes), que se amplía a 23.078 euros anuales (1.923 euros al mes) para familias con dos progenitores y dos niños, según el INE, resulta que un 11,9% de los que tenían un empleo en 2023 eran “pobres”: casi 2,5 millones de trabajadores “pobres” (2.499.654), según los cálculos de la Red EAPN.

El problema de que hay muchos “trabajadores pobres” no es nuevo: lo arrastramos desde 2008, cuando ya eran “pobres” (ingresaban menos del 60% de la media) el 11,7% de los ocupados: eran 2.370.139 trabajadores “pobres”. Después, el porcentaje aumentó con la crisis, hasta un máximo del 14,8% en 2015, para bajar al 12% en 2020 y volver a subir al 14,3% en 2021, por la pandemia, bajando al 12,5% en 2022 y al 11,9% de 2023. Con este último dato, España se sitúa como el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Dentro de estos 2,5 millones de “trabajadores pobres” en España, el grupo más preocupante son los 890.000 trabajadores (el 4,2% de todos los que trabajan) que viven en “pobreza severa”, porque ingresan menos del 40% de la media (menos de 611 euros al mes los individuos y menos de 1.283 euros mensuales las parejas con 2 hijos). Son “los más pobres entre los trabajadores pobres”, un porcentaje que apenas ha mejorado desde 2008 (cuando los trabajadores en pobreza severa eran el 4,3% del total de ocupados). Y están muy lejos de salir de esta situación, según el estudio de la Red EAPN: ingresan de media 4.521 euros al año y tendrían que ingresar 2.805 euros más al año para salir de la pobreza severa. Y ganar 6.469 euros más al año (539 euros más al mes, vez y media lo que ganan) para salir de la pobreza. Algo imposible… En el caso del resto de “trabajadores pobres”, los que ingresan menos del 60% de la media del país, ganan de media 7.705 euros al año, así que necesitan ganar un 22% más (2.423 euros más al año) para dejar de ser pobres. Difícil…

¿Quiénes son estas personas “pobres” a pesar de trabajar? Son algo más hombres (12,4% de ocupados) que mujeres (11,3%), más jóvenes (12,9% de ocupados entre 16 y 29 años) que mayores (11,8% entre 45 y 64 años), aunque sube la pobreza entre los que tienen de 45 a 59 años, según un estudio de Intermón Oxfam, porque este grupo de trabajadores sufrió más la crisis de 2008 y encima tienen en casa a hijos que no pueden emanciparse. Hay más “pobreza laboral” entre los ocupados con baja formación (27,9% de los que sólo tienen primaria son “pobres”) y sobre todo entre los inmigrantes: un 32,3% de trabajadores de fuera de la UE son pobres (19% si vienen de la UE), frente al 9,9% de españoles ocupados “pobres”. Y lo sufren más zonas rurales (15,4%) que urbanas (11,4%).

Un factor clave es el tipo de contrato que tengan: los trabajadores con contrato temporal tienen más tasa de pobreza (17,9%) que los fijos (7,8% son pobres) y lo mismo los que tienen contratos a tiempo parcial, por horas o días (22,5% son pobres) frente a los que trabajan a jornada completa (sólo 10,1% son pobres). Y como estos contratos precarios les suponen ganar menos, muchos son pluriempleados (el 13,4% son pobres). Otro factor decisivo que explica la pobreza laboral es el sector en que se trabaje. Los que salen peor parados son los autónomos, según el estudio de Intermón Oxfam: el 26,9% son pobres, básicamente porque son “falsos autónomos” o porque son actividades que hacen solos, sin empleados). Y entre los asalariados, los más “pobres” son los que trabajan en el campo (31,4% ocupados son pobres), las empleadas de hogar (29,4% pobres), en hostelería (21,1%) y construcción (19,6%), estando por encima del 15% de empleados pobres los que trabajan como monitores deportivos (15,7%) y en Call centers y limpieza de edificios (15,3%).

Por autonomías, las zonas con más porcentaje de “trabajadores pobres” son Andalucía (19,4% ocupados), Extremadura (17,2%), Ceuta (16,3%), Castilla la Mancha (15,4%), Murcia (14,3%), Canarias y Comunidad Valenciana (13,8%), todas por encima de la media. En resumen, el sur y Este de España. Y tienen poca “pobreza laboral” Navarra (6,3%), país Vasco (6,6%), Madrid (7%), Baleares (9,6%), Cantabria o Asturias (9,6%) y Aragón (10%).

Es importante añadir que la composición de los hogares también es decisiva para que un trabajador sea o no pobre, según el estudio de Intermón Oxfam. Así, esta “pobreza laboral” se concentra más en las familias numerosas (el 39% de los hogares con 3 o más hijos) y en los hogares monoparentales (el 75% de ellos con mujeres solas) con niños (el 29,5% de estos hogares donde la madre trabaja son pobres). Los expertos reiteran que la existencia de menores agrava el riesgo de pobreza, se trabaje o no. También es mayor la tasa de pobreza entre los trabajadores que viven solos (13,3%), ya sean jóvenes o mayores.

Un dato llamativo son los gastos de estos “trabajadores pobres”. El estudio de Intermón Oxfam revela que un tercio viven en alquiler (y el 24% pagan una hipoteca) y que pagarlo se lleva el 53,6% de sus ingresos mensuales  (cuando supone un 22,4% de los ingresos en los hogares sin pobreza). Y otro 25,6% se lo lleva el pago de suministros (luz, agua y gas). Así que entre alquiler (o hipoteca) y pagos del hogar, las familias pobres destinan hasta el 79,2% de sus ingresos (frente al 32% las familias que no son pobres), lo que apenas les deja margen para comida, enseñanza (transporte, comida, uniformes y libros) o sanidad (la mayoría de los hogares pobres no pueden pagar al dentista, las gafas o algunas medicinas). Y por eso, 1 de cada 4 familias pobres acuden a ONGs o a los servicios sociales: Caritas dice que la mitad de las personas a las que atendió en 2023 trabajan.

¿Por qué hay trabajadores que son pobres? La primera causa es que su trabajo es precario y por eso tienen un sueldo bajo, que les dificulta sobrevivir. En España, aunque la reforma laboral ha bajado el porcentaje de contratos temporales (16,4% de los asalariados en septiembre, según la EPA) y a tiempo parcial (12,8%), aún son más que en Europa. Y tenemos  un exceso de trabajos que exigen baja formación y en el sector servicios, que están peor pagados. En  consecuencia, el salario medio bruto en España era de 1.964 euros brutos en 2023, casi un 20% inferior al salario medio en la UE-27, que era de 2.351 euros brutos, según un estudio de Adecco con datos del INE y Eurostat. Y hay 11 paises europeos que cobran más que España: Luxemburgo (4.086 euros brutos mensuales), Holanda (3.771), Irlanda (3.596), Dinamarca (3.494), Austria (3.205), Alemania (3.174), Finlandia (3.040), Bélgica (2.967), Suecia (2.827), Francia (2017) e Italia (2017).

No se trata sólo de que los sueldos sean más bajos, sino que en España se cobra también menos por hora trabajada, según Eurostat: 18,2 euros en 2023, un -24,2% menos que en la UE-27 (24 euros por hora) y bastante menos que en Dinamarca (42 euros/hora), Bélgica (36,3), Irlanda (33,3), Paises Bajos (33), Alemania (31,6), Francia (28,7)o Italia (21,5). Y sólo ganan menos por hora en Portugal (13,7), Grecia (12,6) y los paises del Este.

El segundo problema que explica la pobreza laboral es la inflación, que se ha ido comiendo las subidas de salarios, sobre todo entre 2021 y 2023, pero también antes. Así, el salario medio bruto en España pasó de 1.774 euros en 2008 a 2.128 en 2022 (+20%),  según el INE. Pero como la inflación subió más (+29,9%), pues los salarios reales (descontando la inflación) han bajado, de 1.774 a 1.652 euros. Y esto afecta más a las familias más vulnerables, que son las que sufren más la inflación, por el tipo de gastos que tienen.

Un tercer factor que explica nuestra mayor pobreza laboral es que los salarios se han revalorizado menos en España los últimos años. Así, el salario por hora trabajada aumentó aquí un +27% entre 2008 y 2023,según Eurostat, mientras aumentó un +49% en la UE-27, un 44,95% en Alemania, un +37% en Francia y un +37% en Portugal.

Pero hay más causas que explican por qué tenemos más “trabajadores pobres”. Una es que hemos tenido un salario mínimo muy bajo, menor al del resto de Europa, aunque el Gobierno Sánchez lo haya subido de 736 euros (2018) a 1.134 euros en 2024 (+54%), lo que beneficia a 2,5 millones de trabajadores (muchos han dejado de ser “pobres”, otros no, porque trabajan menos de la jornada completa). Otra causa, clave, es que los trabajadores pobres en España tienen menos ayudas públicas: sólo llegan a un tercio de las familias pobres y su impacto es reducido (suponen el 22% de los ingresos totales), según el estudio de la Red EAPN.

Por eso, los expertos reiteran que no sólo hay que actuar sobre los contratos y los sueldos para reducir la pobreza laboral, sino que hay que aumentar las ayudas públicas a la pobreza, sobre todo a los hogares vulnerables con niños, dado que España destina sólo el 1,5% del PIB a la infancia y la familia, la mitad del gasto que hace la UE (2,4% del PIB). Para ello, habría que ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que sólo llegaba en septiembre a 661.640 hogares (con 2 millones de beneficiarios). Además, es importante la reforma del seguro de desempleo, que entrará en vigor el 1 de noviembre y permitirá cobrar un subsidio y aceptar un trabajo (para animar a buscarlo), lo que aumentará los ingresos de algunos “trabajadores pobres”. Además, hay que seguir negociando mayores subidas en los convenios para los trabajadores peor pagados, mejorando en paralelo el salario mínimo.

Y será clave mejorar las ayudas a la infancia, porque los hogares con niños son más proclives a la pobreza. En este sentido, es indignante que la Ley de Familia siga estancada en el Congreso (desde febrero en que la envió el Gobierno), porque pretende asentar las ayudas por hijo (100 euros al mes para hijos menores de 3 años), que el Gobierno quiere ampliar a 200 euros en 2025 (ojo, va a tenerlo difícil si no consigue aprobar los Presupuestos) y generalizarla en el futuro para todos los menores hasta los 6 años.

En resumen, que en pleno siglo XXI, hay 2,5 millones de españoles que se levantan cada día para trabajar sabiendo que su empleo no les impide ser pobres y malvivir. Somos un país que crece y crea mucho empleo, pero a muchos eso no les permite vivir dignamente y tienen graves problemas para subsistir. Habría que polarizar menos la política y pactar de una vez un Plan contra la pobreza, que es una vergüenza social y un cáncer para la economía. Contratos y salarios dignos, alquileres y precios asumibles y ayudas para los que se quedan atrás, esos casi 10 millones de españoles pobres, una cuarta parte trabajando.   

España, tercer país con más pobreza de Europa

España crece más que Europa, pero la pobreza ha aumentado en España, en 2023 y desde 2019. Y somos el tercer país europeo con más pobreza, tras Rumanía y Bulgaria: un 26,5% de la población, 12.746.710 españoles en riesgo de pobreza, según las estadísticas europeas. “¿Donde estarán los pobres en Madrid?, se pregunta el portavoz de Ayuso. Los “pobres” son quienes ganan menos de 916 euros mensuales (1.923 euros una familia con dos hijos), no sólo los que piden por la calle sino muchos vecinos: inmigrantes, parados, madres solas con hijos, mayores y jóvenes, incluso personas con empleo (hay 2,5 millones de trabajadores “pobres”). Y tenemos 2,32 millones de niños viviendo en familias pobres, siendo España líder europeo en pobreza infantil. No basta con crecer y crear empleo, hay que mejorar las ayudas a los más vulnerables y resolver el problema de la vivienda. Urge un Pacto de Estado contra la pobreza: no es una cuestión ideológica sino “un cáncer” social, económico y político.

                       Enrique Ortega

Europa es, con Norteamérica, la región más rica del mundo, pero también tiene mucha pobreza, aunque no se habló de ella en las elecciones europeas. En 2023 había en la UE 94,6 millones de europeos “pobres”, un 21,4% de toda la población que está en riesgo de pobreza o exclusión social, según las estadísticas europeas (Eurostat). Y aunque son 700.000 europeos “pobres” menos que en 2022, la cifra ha aumentado en 2,2 millones de pobres desde 2019 (cuando había 92,4 millones de pobres en la UE-27), por las consecuencias negativas de la pandemia y la alta inflación en los hogares más vulnerables.

¿Qué es ser pobre? Europa tiene una estadística, la tasa AROPE (en inglés, “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”) que mide 3 indicadores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal) y privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne tres veces por semana a pagar recibos). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre” o “en exclusión social”. Según Eurostat, en la UE-27 hay 94,6 millones de pobres, algo más de 1 de cada 5 europeos (el 21,.4%, frente al 24% de pobres en 2015). Su perfil son mujeres (22,3% frente al 20,3% hombres), parados (66,3% pobres) o inactivos (43,2%), jóvenes de 18 a 24 años (26,1%), mujeres solas con hijos (22,4% pobres), menores (24,8%) y personas con bajo nivel educativo (más de un tercio son pobres).

España es el tercer país con más pobreza en Europa, con una tasa AROPE del 26,5% de la población en 2023 (12.742.621 personas “en riesgo de pobreza o exclusión social”) según publicó Eurostat la semana pasada. Sólo tienen más pobreza Rumanía (32% población) y Bulgaria (30%). Y hemos empeorado, porque en 2019 éramos el 5º país con más pobreza (nos superaban Grecia y Letonia) y en 2020,2021 y 2022 éramos el 4º país (nos superaba Grecia, que ahora tiene un 26,1%). Estamos por encima de la media de pobreza de la UE-27 (21,4% en 2023) y por encima de Italia (22,8%), Alemania (21,3%), Francia (20,4%) o Portugal (20,1%). Los paises europeos con menos pobreza son la República Checa (12,8%), Eslovenia(13,7%), Finlandia (15,8%), Polonia (16,3%), Chipre (16,7%) y Paises Bajos (17%).

La tasa de pobreza ha aumentado en España tras la pandemia, pasando del 26,2% de la población en 2019 al 26% en 2022 y al 26,5% en 2023, según el INE y Eurostat, lo que indica que hay 445.364 españoles pobres más que en 2019. Frente a estos datos oficiales, la derecha política se empeña en que hablar de pobreza es “una obsesión de la izquierda” (Ayuso). Incluso el portavoz de la Comunidad de Madrid (que tiene 1.300.000 “pobres”, según Eurostat), Enrique Osorio, ha dicho “¿Dónde están los pobres en Madrid” (ver vídeo). Quizás piensa que los pobres son sólo los que piden en los semáforos o los que duermen bajo cartones. Pero no es así. Como lleva años insistiendo Cáritas, “muchos de nuestros vecinos son pobres y no nos damos cuenta”. Y es que la pobreza se ha hecho estructural y afecta ya a muchas personas. Por eso la estadística AROPE indica que afecta al 26,5% de españoles en 2023, 12.746.710 personas que tienen bajos ingresos (menos del 60% de la media española), poco empleo o muchas privaciones.

¿Quiénes son estos pobres en España? La estadística AROPE detalla los colectivos con una tasa de pobreza superior a la media (26,5%): mujeres (27,5% de pobreza frente al 25,5% los hombres), inmigrantes (57% de pobreza entre extranjeros no UE y 36,5% entre extranjeros europeos), parados (56,7%) y personas inactivas (38% de pobreza), hogares con poca educación (36,7%), menores de 16 años (el 34,3% viven en familias pobres), familias monoparentales con niños (32,4% son pobres y el 80% son mujeres solas), hogares con discapacitados (31%), parejas con niños (28,5% son pobres) y jóvenes de 16 a 29 años (27,4% pobres), según el detallado análisis de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

Por autonomías, hay 9 regiones con más pobreza que la media española (26,5% en 2023): Ceuta (¡ 41,8% de la población es “pobre”!), Andalucía (37,5%), Melilla (36,7%), Canarias (33,8%), Extremadura (32,8%), Castilla la Mancha (31,7%), Murcia (30,5%) y Comunidad Valenciana (29,6%), según la EAPN. Y las que tienen menos pobreza son, lógicamente, las autonomías más ricas: País Vasco (15,5% es pobre), Navarra (17,2%), Madrid (19,4%, casi 1 de cada 5), Aragón (20,4%), Cataluña (21,2%), Cantabria (22%) y Castilla y León (22,4%). Pero hay algo chocante: 10 autonomías españolas tienen hoy (2023) más porcentaje de pobres que antes de la pandemia, en 2019. Algunas están entre las más ricas, como País Vasco, Navarra, Cataluña, la Rioja, Cantabria, Baleares o Comunidad Valenciana, y otras que han empeorado son pobres, como Castilla la Mancha, Castilla y León y Galicia.

La mayoría de los 12,7 millones de pobres en España que revela Eurostat lo son porque tienen “pobreza monetaria”, porque ganan menos del 60% del ingreso medio en nuestro país. En 2023, esos “pobres monetarios” (por bajos ingresos) eran 9.715.577 personas, el 20,2% de la población (+8.446 “pobres monetarios” que en 2022 y +1.172 que en 2019), según la EAPN. Para incluirlos como “pobres monetarios”, la estadística europea y el INE fijan un nivel de ingresos: 10.990 euros anuales (916 euros al mes) para un soltero y 23.078 euros anuales (1.923 euros al mes) para una familia con dos hijos. Esos son los que la estadística señala como “pobres”, porque con esos ingresos considera que no pueden vivir “decentemente”. Así que busque a su alrededor y ya verá que “conoce a muchos pobres”.

Hay otro nivel de pobreza peor, la llamada “pobreza severa”, que sufren los que ingresan menos del 40% del ingreso medio en España. Para 2023, integran este grupo los solteros que ingresan menos de 7.326 euros al año (611 euros al mes) y las familias con dos hijos que ingresan menos de 15.384 euros anuales (1.282 euros al mes). En 2023 eran 3,9 millones los españoles que estaban en situación de pobreza severa, el 8,3% de la población española( ha mejorado: eran el 9,2% en 2019) y 2 de cada 5 personas pobres, sobre todo inmigrantes, parados y mujeres solas con niños, además de jóvenes y mayores. Lo positivo es que esta pobreza severa se reduce: 900.000 españoles han salido de ella desde 2021.

Con todo, lo más preocupante es la elevada pobreza infantil en España: 2,32 millones de  niños y niñas vivían en 2023 en hogares “pobres” (que ingresan menos de 1.923 euros al mes), un 28,9% de los menores de 18 años, según el INE. Y el 13,7% de los niños viven en hogares con “pobreza severa”. Con estos datos, España es el país europeo con más pobreza infantil, superando a Rumanía y la alta tasa de pobreza infantil en Europa (25% de los menores), según un informe de UNICEF. Y además, España ocupa el puesto 36 con mayor pobreza infantil de los 39 paises OCDE: con una media del 28% (entre 2019 y 2021) sólo tienen más pobreza infantil Colombia (35,8%), Turquía (33,8%) y Reino Unido (20,7%), destacando la baja pobreza infantil  de Dinamarca (9,9%) Eslovenia (10%) y Finlandia (10,1%).

La gran mayoría de los “pobres AROPE” (9,7 millones de los 12,7 millones totales) lo son porque tienen bajos ingresos (menos del 60% de la media de cada país). El resto son personas que no pueden atender sus necesidades básicas (otros 2 millones) o tienen un bajo nivel de empleo (1 millón más), aunque muchas personas vulnerables cumplen dos o tres indicadores a la vez (pobreza  monetaria, privaciones y bajo empleo). Lo preocupante de los datos del INE (Encuesta de Condiciones de Vida 2023)  no es sólo el alto nivel de pobreza sino que un 37,1% de todos los hogares no tienen capacidad para atender gastos imprevistos y casi la mitad (el 48,7%) tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y hay otros datos llamativos: un 33,1% de los españoles no puede coger una semana de vacaciones, un 20,7% no pueden calentar (o enfriar) su casa, un 11,7% pagan con retraso hipoteca o recibos y el 6,4% no pueden comer carne o pescado cada dos días.

En definitiva, sí hay pobres en España (12,7 millones, de ellos 9,7 millones por bajos ingresos) y la mayor pobreza se da entre las mujeres y jóvenes, los inmigrantes, parados o con trabajos precarios, las familias que tienen niños y discapacitados, sobre todo en el sur de España, Canarias, Ceuta y Melilla. Lo positivo es que, tras la pandemia, la acción protectora del Estado (ayudas, ERTES, gastos e impuestos) ha evitado que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza (2,4 millones en pobreza severa), según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). Y destaca también el efecto positivo de las pensiones públicas, que son “una vacuna contra la pobreza”: estiman que evitan que 7,8 millones de personas (jubilados y sus familias) acaben en la pobreza.

Pero el informe de la EAPN llama la atención sobre un hecho: el crecimiento de la economía y el importante empleo creado en España (1.280.000 empleos entre 2020 y 2023)  no han evitado que haya crecido la pobreza desde 2019 hasta hoy. Es evidente que el crecimiento y el empleo ayudan, pero “no son una vacuna contra la pobreza”, reflexiona la EAPN. Primero, porque mucho del empleo creado es precario (a tiempo parcial o temporal, a pesar de la mejoría por la reforma laboral) y mal pagado, con un alto nivel de paro (duplica al europeo), casi la mitad de jóvenes, mujeres y mayores con paro de larga duración. De hecho,” tener un trabajo no evita la pobreza”, según reitera la EAPN. Los datos revelan que un 32% de los “pobres” en España tienen un trabajo remunerado. Y cada vez hay más “trabajadores pobres”, casi 2,5 millones en 2023 (el 12% de los que trabajan).

Lo decisivo para que haya aumentado la pobreza desde 2019 ha sido, para la EAPN, la fuerte subida de la inflación y los problemas de la vivienda, el dispararse los alquileres. Por un lado, la alta inflación daña más a las familias con menos ingresos, porque les supone un mayor esfuerzo pagar los alimentos, la energía y las facturas que a las familias con más recursos. Y además, les ha afectado también más la fuerte subida de los alquileres (han subido tres veces más que sus ingresos). De hecho, vivir en alquiler es más frecuente entre los ”pobres” (el 33,3% son inquilinos) que entre los ”no pobres” (en alquiler sólo el 15,7%). Y tras las fuertes subidas de estos años, la tasa de pobreza de los que viven en alquiler (33,1%) duplica a la de quien tiene su casa en propiedad (15,7%), porque han tenido que afrontar alquileres disparados y mayores gastos (luz, gas, agua, seguros y múltiples recibos).

Ahora, los expertos de la EAPN reiteran que “no se puede atajar la pobreza sólo con más crecimiento y más empleo”, que hay que actuar sobre la inflación y sobre la vivienda, aumentando la oferta de alquileres subvencionados para las familias pobres. Y piden que no se reduzcan las ayudas contra la inflación : mantener la rebaja del IVA de los alimentos y la luz, que el Gobierno prorrogará después de junio. Además, piden un Pacto de Estado contra la pobreza, para que todos los partidos acuerden medidas (ayudas, fiscalidad, vivienda, educación, sanidad…) para ayudar a las familias más vulnerables. En paralelo, UNICEF pide un Pacto contra la pobreza infantil, que provoca daños económicos, educativos y mentales en nuestra infancia. Y si no se resuelven, estos niños serán  los adultos pobres de mañana. De momento, el Gobierno Sánchez ha creado un grupo de trabajo con ONGs para impulsar después este Pacto con autonomías y Ayuntamientos a lo largo de 2024.

España firmó en 2015 la Agenda 2030 aprobada por la ONU, que pretende reducir drásticamente la pobreza al final de esta década. Y en 2018, el nuevo gobierno Sánchez aprobó un Plan de Acción, con una posterior Estrategia contra la Pobreza 2019-2023, aprobada en marzo de 2019. Pero no estamos cumpliendo el objetivo:  reducir la pobreza a la mitad entre 2015 y 2030 (del 28,7% al 14,3%), sacar de la pobreza a 6 millones de españoles en estos 15 años. A medio camino, en 2023, la pobreza sólo se había reducido en -581.561 personas. Debería haberse reducido en 2,6 millones de personas más en estos 8 años. Por este enorme retraso, hay que dar un empujón a la lucha contra la pobreza en lo que queda de década.

Así que todos (Gobierno, autonomías, Ayuntamientos y organizaciones sociales) tienen mucho que hacer para afrontar mejor la pobreza , que está entre nuestros vecinos, aunque sólo se visualice en “las colas del hambre” y en los desahucios, aunque no se hable de ella en las campañas electorales, ni en España ni en Europa. No podemos “mirar para otro lado”: la pobreza y la desigualdad están ahí, no son “un invento de la izquierda”, como defiende la ultra liberal Ayuso. La pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se frena cuando un 25% de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca a la democracia, porque las personas vulnerables no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza refleja una grave injusticia social. Por todo ello, urge extirpar la pobreza y no dejar atrás a la cuarta parte de los españoles.

Más pobreza y menos ayudas

Sabíamos que la pandemia aumentó la pobreza en España en 2020 (+223.000 "pobres", según el INE) pero Cáritas acaba de anticiparnos que también aumentó en 2021: hay ya 11,59 millones de “pobres” (ingresan menos del 60% que la media), casi 1,5 millones más que en 2018. Y además, casi la cuarta parte de los españoles están en situación de “exclusión social” (2,5 millones más que en 2018), con problemas graves de empleo (parados o con trabajos precarios), vivienda, consumo, salud, educación (y brecha digital) o conflictos familiares. Y mientras aumenta la pobreza (y la desigualdad), sólo el 3% de esos pobres reciben el ingreso mínimo vital y un 8% las rentas mínimas autonómicas, con un dato escandaloso: 7 autonomías redujeron los beneficiarios en 2020, Madrid, Aragón y Baleares en cabeza. Y los servicios sociales de los Ayuntamientos están colapsados, con 25 grandes Ayuntamientos que aprovecharon la pandemia para recortar su gasto social en 2020. Damos de lado a los pobres, una injusticia social y un lastre para la recuperación y la democracia.

Enrique Ortega

En julio de 2021 tuvimos el primer dato oficial sobre la pobreza provocada por la pandemia en 2020: +223.000 pobres más que en 2019, según el INE. Eran 9.940.000 personas, un 21% de la población,  consideradas oficialmente “pobres”, porque ingresaron menos del 60% de la renta media española (menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con dos hijos). Se rompía así una racha de 5 años de bajada de la pobreza en España, desde el máximo de 2014 (22,2%) al mínimo de 2019 (20,7% de pobreza). Los datos oficiales del INE sobre 2021 no se publicarán hasta julio, pero Cáritas acaba de publicar un estudio de la Fundación FOESSA que adelanta la cifra de pobres en el 2º año de la pandemia: 11.503.340 personas, el 24,5% de la población. Y señala que son 1.484.540 “pobres” más que en 2018 (10.108.800). Además, el informe revela que lo que más ha crecido con la pandemia es la pobreza “severa”, las personas que ingresan menos del 40% de la media española : eran ya 5.299.840 personas en 2021, un 11,2% de la población y 853.840 pobres severos más que antes de la pandemia, en 2018.

El informe Foessa revela que la pobreza es mayor entre las mujeres (27,8% son oficialmente “pobres”) que entre los hombres (22,6%), entre los parados (el 52% son pobres), entre las personas sin formación (32% de los que no tienen primaria y 27,9% de los que sólo tienen primaria), entre los inmigrantes (43,6% en situación de pobreza, aunque ha crecido más entre los españoles), entre los que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes (36,5% de pobreza, frente al 20% en los pueblos de menos de 5.000 habitantes) y en Cataluña (+10,8%, con un 24% de población “pobre”), Murcia (+9,5% y un 31,4% de “pobres”), Andalucía (+3,4%, con un 28,2% de población “pobre”) , Madrid (+1,9% y un 21,6% de pobreza) y Canarias (+1,2% y un 30,3% de “pobres”), mientras tienen menos pobreza ahora que en 2008 Asturias (13%), Castilla la Mancha (24,3%) y País Vasco (13,6%).

Pero no solo hay que hablar de aumento de la “pobreza monetaria”, de las personas con muy bajos ingresos o ninguno. El informe Foessa analiza las personas que están “en situación de exclusión social”, personas que no están bien integrados en la sociedad porque sufren problemas graves en el empleo, la vivienda, el consumo, la educación, la sanidad, conflictos familiares, desarraigo político o aislamiento social.  El informe de Cáritas divide a los españoles en 4 grupos: personas con integración social plena (el 42,2% de la población, cuando antes de la pandemia, en 2018, eran el 50,6%), con integración “precaria” (el 34,4% hoy frente al 31,1% en 2018), personas con exclusión “moderada” (10,7% ahora frente al 9,7%) y personas en exclusión “severa” (12,7% ahora frente al 8,6% antes). Agrupando los dos últimos escalones, el informe Foessa revela que un 23,4 % de españoles (11.088.200) están en situación de “exclusión social”, frente al 18,3% que lo estaban en 2018 (8.577.400 personas). Son 2.510.800 españoles más “en exclusión social que antes de la pandemia (y 973.700 hogares más, el 20,8% del total de familias).

Así que la pandemia, además de recortar ingresos, ha aumentado las familias y personas que tienen problemas de exclusión en algunas esferas de su vida. El problema que más ha empeorado con la pandemia, según el informe Foessa, es el empleo (afecta al 24,7% de las personas y al 21,8% de los hogares), debido no solo al paro sino sobre todo a la precariedad laboral: 1,9 millones de trabajadores (1 de cada 10) han tenido en 2021 o más de tres meses de paro o más de 3 contratos o han trabajado en más de 3 empresas. El 2º mayor factor de exclusión ahora es la vivienda (afecta al 24% de las personas y al 20,6% de los hogares): se han duplicado las personas que viven en viviendas insalubres o hacinados, los hogares en pobreza severa tras pagar su vivienda (del 11,1 al 14,2% de los hogares) y se han duplicado (de 1,1 a 2 millones) los hogares con retrasos o que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca.

El tercer mayor factor de exclusión son los excluidos del consumo (17,6% de las personas y 17,3% de las familias), con problemas para gastar en lo más básico o equipar su casa, además de “acumular deudas”  (887.195 hogares, 189.664 más que en 2018). Y hay 1.530.000 hogares donde nadie está ocupado ni es pensionista ni recibe prestaciones sociales (casi 400.000 hogares más que en 2018). El 4º mayor factor de exclusión es la salud, con un 17,2% de los hogares afectados por problemas de salud (14,4% en 2018): no pueden pagar gastos sanitarios (13,1% hogares), pasan hambre con frecuencia (2,6% de los hogares) o carecen incluso de cobertura sanitaria (0,8% hogares). Además, más de la mitad de los hogares (50,8%) en situación de exclusión social tienen problemas de salud y dos tercios no pueden comprar medicinas, prótesis o seguir tratamientos, según el informe Foessa.

El 5º mayor factor de exclusión social es la política (afecta al 14,5% de la población y al 12,6% de hogares), con un mayor distanciamiento de la ciudadanía y más desinterés por influir en las decisiones políticas (ha subido del 5,9 al 6,9%). El siguiente factor de exclusión es la educación (afecta al 13,2% de las personas y al 13,9% de hogares), con un aumento de las personas con baja formación en exclusión total (del 6,3 en 2018 al 7% en 2021). Y aquí, el informe Foessa lanza una alerta: la “brecha digital”, el analfabetismo del siglo XXI, afecta a casi la mitad de los hogares en exclusión social, a 1,8 millones de hogares (de 3,9 excluidos). Y eso tiene graves consecuencias: en 2021, 850.000 familias con atraso digital (el 4,5% de todas las familias) perdieron por ello oportunidades de mejorar su situación. Sin olvidar que los niños de estas familias, sin ordenadores o Internet, sufren graves retrasos escolares.

El 7º mayor factor de exclusión social son los conflictos sociales en los hogares, que aumentaron con la pandemia, según el informe Foessa-Cáritas: se han triplicado los hogares que admiten malas relaciones entre sus miembros( del 0,5% al 1,5%), las familias con menores de 18 años que van a ser madre o padre (del 0,6 al 1,6%), los hogares con malos tratos (del 2,4 al 3,5%) o donde hubo detenidos (del 0,6 al 1,1%). Y el último indicador de exclusión, el aislamiento social también ha empeorado (lo sufren el 2,9% de la población y el 6,2% de los hogares): se estanca el porcentaje de personas sin amigos ni familia a los que  recurrir (5,4%) , suben algo los que tienen mala relación con sus vecinos (0,6%) y, lo peor, hay  un 5,2% de personas en exclusión social que no tienen relaciones ni apoyos.

Tras este impactante balance, el informe Foessa refleja el perfil de los españoles en situación de exclusión moderada o severa: son más mujeres que hombres, menores de 18 años, con pocos estudios, extranjeros (sobre todo extracomunitarios), de etnia gitana y que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y como corolario, indica los 8 factores de riesgo para que una persona o una familia caiga en exclusión social, por este orden: estar en paro (la probabilidad de caer en exclusión severa es 16 veces mayor), ser menor de 30 años (6 veces más riesgo que el resto), el nivel de estudios (2,5 veces más riesgo de exclusión los no formados), la etnia (los gitanos tienen el triple de riesgo de ser excluidos), la nacionalidad (no ser europeo multiplica el riesgo de exclusión por 4), el número de personas del hogar (tener 5 o más de familia y las mujeres solas con niños triplican el riesgo de exclusión), el residir en barrios degradados (multiplica por 2,8 el riesgo de exclusión) y tener discapacitados en casa (x 2,2).

Este resumen de los factores que llevan a la pobreza y exclusión social es a la vez un catálogo de las medidas que habría que tomar: mejorar la formación y el empleo, activar la política de vivienda,  atender a menores y jóvenes, integrar a inmigrantes y gitanos, cuidar mejor a las familias numerosos, con madres solas y discapacitados. Además, el informe Foessa-Cáritas propone un abanico de medidas contra la pobreza y exclusión social: mantener y no retirar las medidas sociales anti-COVID en materia de salud, vivienda y protección social, mejorar la protección del ingreso mínimo vital (que sólo cobran unas 350.000 personas, frente a los 850.000 beneficiarios prometidos por el Gobierno), reducir la precariedad laboral (sobre todo en la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas, origen de muchos “trabajadores pobres”), mejorar los bajos salarios (subir el salario mínimo a 1000 euros beneficia a 1,8 millones de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres), garantizar una atención sanitaria de calidad a todos, mejorar la atención a los dependientes, facilitar alquileres asequibles y mejorar la formación, reduciendo la brecha digital de las familias más desfavorecidas.

Como hemos visto, la pobreza y la exclusión social han empeorado tras dos años de pandemia. Y también la desigualdad: el 10% más rico ha aumentado su parte de la renta total (del 40,2% en 2018 al 43,3% en 2021), mientras el 10% más pobre perdía en su trozo de pastel (del 6,4 al 5,6%), lo mismo que el resto con ingresos intermedios, según el informe Foessa. Y los ingresos del 10% más rico han crecido con la pandemia 8,3 veces más que los ingresos del 10% más pobre, según el Banco de España. Además, mientras aumentaron en 61.000 las familias sin ingresos con la pandemia (ahora 1,02 millones), los 23 milmillonarios españoles han aumentado su riqueza un 29% estos dos años, según un informe de Oxfam.

Ante este tremendo panorama, España tiene un problema de fondo: gasta poco (menos que la media europea) y gasta mal en ayudas sociales (no se benefician más los más necesitados), según ya alertó en 2018 un informe de la OCDE. Y aunque el gasto social ha aumentado con la COVID, no parece que sea efectivo, a la vista del aumento de la pobreza y la exclusión social. Y “la medida estrella”, el ingreso mínimo vital (IMV), aprobado en mayo de 2020, sigue sin funcionar, a pesar de los cambios: lo cobran solamente unas 350.000 personas, un 6,6% de las personas en pobreza severa (5.299.840), según Cáritas. Y lo peor, algunas autonomías han aprovechado la aprobación del IMV para reducir los beneficiarios e importes de sus rentas mínimas, para “hacer caja” y ahorrar costes en 2020, el año peor de la pandemia, como denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En 2020, las autonomías gastaron 1.970 millones de euros para pagar una “renta mínima de inserción” a 795.861 beneficiarios, sólo un 8% de las personas que estaban en situación de pobreza (9.940.400, según el INE). Pero lo grave es que 7 autonomías aprovecharon en 2020 para recortar los beneficiarios de las rentas mínimas, con el argumento que se había aprobado el ingreso mínimo vital: fueron Madrid (-12.471 beneficiarios), Aragón (-11.339), Baleares (-7172), Galicia (-5.201), Castilla y León (-3.478), Castilla la Mancha (-3.078) y la Rioja (-39 beneficiarios). Y no sólo redujeran los beneficiarios, también han reducido las ayudas por perceptor, todas las autonomías: bajaron del 17,1% de la renta media al 15,3%. Y además, hay una gran diferencia entre las ayudas que pagan las autonomías: a la cola Andalucía, la autonomía con más pobreza (419,52 euros al mes, el 13,2% de su renta media), Madrid (400 euros, el 12,9% de su renta) y Galicia  (403,38 euros, el 12,2%). Y en cabeza, el País Vasco (693,73 euros mensuales, el 15,5% de su renta media), Cataluña (664 euros, el 11,6%), Navarra (639,73, el 16,2%) y Comunidad Valenciana (630 euros, el 23,4% de su renta media, el mayor porcentaje en toda España), según el Ministerio de Derechos Sociales.

Los servicios sociales que atienden a las familias pobres y en exclusión social dependen de los Ayuntamientos, cuyas oficinas de atención a los más vulnerables están colapsadas, porque atienden a más de 5 millones de personas necesitadas al año. Pero al menos en 2020 aumentaron su gasto social, un +10,2%, hasta 109 euros por habitante y año. Pero aquí también hay “farolillos rojos”, según otro estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales : entre los 369 Ayuntamientos con más  de 20.000 habitantes, hay 25 Ayuntamientos que aprovecharon lo peor de la pandemia (2020) para reducir su gasto social más del 5% (como los demás lo aumentaron un 10,2%, el recorté real supera el -15,2%). Y entre ellos (ver lista), hay 4 capitales: Badajoz (-15% recorte), Albacete (-9%), Santander y Burgos (-5%). Además, el informe revela que hay 39 grandes Ayuntamientos que son “pobres en servicios sociales”, porque gastan menos del 60% de la media (42,80 euros por habitante). De ellos, 19 Ayuntamientos con una “pobre política social” están en la Comunidad de Madrid y hay dos capitales, Badajoz (38,09 euros gasto por habitante) y Toledo (44,96 €).

En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de los españoles atrás.