Los 9 millones de pensionistas han cobrado la nueva pensión
de enero, un +8,5% superior (+107 euros mensuales la media). Con
ello, las pensiones suben un +25% desde
2018 (+300 euros mensuales), ganando poder adquisitivo (+15,5%
creció la inflación). Pero preocupa que la
factura de las pensiones se dispara:
en 2023 costarán 190.000 millones (+9,4%), el 13,7% del PIB, lo que iban a costar en 2030. Muchos
expertos piden frenar el gasto en pensiones, porque si no, en 2050 seremos el
país UE con más gasto, tras Grecia e Italia. El Gobierno aprobó una primera reforma, en 2021, para bajar
gastos y subir ingresos. Y ahora prepara
la 2ª reforma, que no gusta a sindicatos y
patronal, para subir cotizaciones
a los sueldos altos y ampliar el cómputo
a 30 años. Todavía podría ser insuficiente, al
dispararse las pensiones de 10 a 15 millones en 2050 y haber menos ocupados
para pagarlas. Urge apuntalar el futuro
de las pensiones, atemperando gastos y aumentando ingresos. Por nuestros
hijos y nietos.
 |
| Enrique Ortega |
Este año, los 9.067.433 pensionistas
no han recibido en enero una “paguilla” para compensarles por la subida extra
de la inflación el año anterior, como se hizo de 2018 a 2021. Como ya les pasó
en enero de 2022, van a cobrar todo el año una subida de la pensión
que tiene en cuenta la subida de la
inflación media anual el año anterior (hasta noviembre). En enero de 2022, la subida fue del +2,5%. Y ahora, como la inflación se disparó el año pasado, en enero de 2023, la subida de las
pensiones contributivas es del +8,5%, una subida media de 107 euros mensuales, que dejará la
pensión media de jubilación en 1.367
euros y la pensión media de viudedad (que
sube 66 euros al mes) en 788,6 euros.
Y así subirán las pensiones en el futuro:
lo que suba la inflación media el año anterior y no lo que decida el Gobierno
de turno, al aprobarse en diciembre de 2021 la Ley 21/2021 de revalorización automática de pensiones, con
los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos.
Con la subida aprobada para este año, las pensiones han subido el +25% entre 2018 y 2023, lo que ha permitido a los pensionistas ganar poder adquisitivo, porque la
inflación aumentó un +15,5% estos años. La pensión
media de jubilación ha subido un +27%
(casi 300 euros al mes, de 1.074,83 a 1.367 euros). Y la pensión media de viudedad ha subido un +21% (´+137 euros mensuales, de 651,20 a 788,3 euros). Sin embargo,
estas pensiones medias “esconden” que
una gran parte de las pensiones son todavía muy bajas: de las 10.009.149
pensiones pagadas en enero, el 60% cobran menos del salario mínimo,
menos de 1.000 euros mensuales. De todas las pensiones de jubilación (6,3 millones), casi la mitad (47,58%)
cobran todavía menos de 1.000 euros mensuales. Y de las pensiones de viudedad (4,38 millones), el 81,32% cobran menos de
1.000 euros y casi la cuarta parte de las viudas (el 22%) cobra menos de 500
euros al mes.
A pesar de estas desigualdades, la factura de las pensiones es cada
año más abultada, porque crecen mucho
los pensionistas y se jubilan cada
vez con sueldos más altos, que dan derecho a pensiones más altas. Además,
la revalorización
automática con la inflación dispara el gasto: la subida para 2023
(+8,5%) supone
un gasto adicional en pensiones de
13.600 millones este año (sólo en pensiones contributivas). De hecho,
el Presupuesto en 2023 contempla un gasto en pensiones histórico: 190.000
millones, un +9,4% sobre 2022. Y un 31% más de gasto que en 2018 (144.834), el último Presupuesto de
Rajoy.
Como se ve, el gasto
en pensiones crece mucho más que la economía y que la mayoría de otros
gastos, lo que preocupa a muchos expertos.
De hecho, el gasto en pensiones para
2023 (190.000 millones), supone el 13,7% del PIB español,
que es precisamente el porcentaje que el Gobierno Sánchez preveía gastar para 2030, al aprobar el primer paquete
de reformas. Así que llegamos a ese nivel de gasto 7 años antes.
En 2019, el último año con datos europeos, España
ocupaba el 6º lugar en gasto en pensiones (12,7% del PIB), en línea con la media europea (12,7% PIB) y por
detrás de Grecia (16,1%), Italia (15,9%), Francia (14,7%), Austria (14,1%),
Portugal (13,7%) y Finlandia (13,3%). Y teníamos más porcentaje de gasto en pensiones que Bélgica y Dinamarca (12,6
del PIB), Paises Bajos (12%), Alemania (11,9%), Suecia (10,7%) y todos los
paises del Este de Europa.
El problema ahora es que, los expertos y
la Seguridad Social creen que si no se toman medidas, el gasto en pensiones supondría el 16,6% del PIB en 2050,
lo que nos situaría como el tercer país europeo con más gasto,
sólo por detrás de Grecia e Italia, según
el Banco de España, que analiza los 5
factores que determinan el gasto en pensiones: el envejecimiento de la
población, el porcentaje de mayores beneficiarios del sistema, la pensión que
se recibe, la tasa de empleo para pagar las pensiones y el peso de los
salarios.
El
informe del Banco de España detalla que el
primer factor, la demografía, va
a ser el que más juegue en contra de
España, ya que seremos el país europeo donde más crezcan los mayores de 64
años entre 2019 y 2050 (de ser el 29,5% de la población entre 16 y 64 años a
ser el 59,5%). Eso supone que nuestro
envejecimiento será mayor que el de Francia (en 2037) y el de Alemania (en
2039) y reduciríamos nuestra ventaja demográfica sobre Portugal e Italia. Sólo por este factor, el envejecimiento,
España pasará de ser el 7º país con más
gasto en pensiones al 3º (tras Grecia e Italia). Otro factor que jugará a la contra,
aumentando el gasto en pensiones, es que aumentará la cobertura, porque en España
hay hoy menos mayores que cobran pensión que en Francia, Alemania, Italia o
Portugal, porque las mujeres tienen un
menor porcentaje de pensiones de jubilación. Si el trabajo de la mujer
aumenta, lo normal es que en 2050 haya más trabajadoras con derecho a jubilarse,
aumentando el gasto.
El
tercer factor de gasto, el
porcentaje de pensión sobre el salario medio, también va a jugar a la
contra, porque en España, la jubilación sobre el último salario es la tercera más alta en la UE (sólo
por detrás de Grecia e Italia), un 34% más alta que en Alemania y un 31,6% más
alta que Francia, con lo que las futuras
pensiones serán también más altas a medida que suban los salarios. Y quedan
dos factores que pueden jugar a favor de que no suba tanto el
gasto en pensiones: los salarios
(más bajos que en la mayoría de Europa y con menos peso en el PIB) y la mejora del empleo: España tiene una tasa de empleo bajísima (67%
población 16-64 años trabaja, frente al 73,1% en la UE-27 y el 80% en
Alemania). Si la economía se modernizara y trabajara más gente, podrían ayudar
a pagar mejor las pensiones futuras.
El Gobierno Sánchez dice no
estar preocupado porque el gasto se pueda disparar en 2050, porque
cree que el PIB es mayor del que se publica (lo que rebajaría el porcentaje de
gasto) y porque el empleo y las cotizaciones está creciendo con fuerza,
mientras la Seguridad Social recibe 20.000 millones extras de los
Presupuestos. Y el ministro Escrivá cree que es posible recortar el
gasto, del 16,6% sobre el
PIB “temido” para 2050 al 13,1%, gracias
a las 2 reformas de las pensiones. Con la 1ª reforma, aprobada en
octubre de 2020 por el Pacto de Toledo, se transfieren impuestos a la SS
para que asuma “gastos impropios”, se acerca la edad real de jubilación (64,8
años hoy) a la edad legal (66 años y
4 meses, que serán 67 años en 2027), penalizando la jubilación anticipada y facilitando
jubilarse más tarde y se crea una “hucha de las pensiones”, con una cotización
extra del 0,6% a partir de 2023.
Además, el Gobierno ultima este trimestre una
2ª reforma de las pensiones, que
busca más ingresos y recortes de gastos,
con 2 medidas. Una, ampliar el periodo
de cómputo para calcular la pensión: se subiría de los 25 años actuales (en
1985 se pasó de 2 a 8 años, en 1997 se subió a 15 y en 2011 se subió a 25 años)
a 30 años, pero con la salvedad de
que el trabajador puede desechar los 2 peores. La otra medida propuesta es que coticen más los sueldos altos: hoy el
techo está en 49.672 euros, a partir de ahí los sueldos altos no cotizan
(hay 35.000
millones que ganan los trabajadores con más salarios que no cotizan).
Aunque esta medida supondría aumentar en
paralelo la pensión máxima (3.059 euros), tendría un efecto ahorro .Y otra
medida contemplada en paralelo, que los
autónomos coticen por sus ingresos reales, también ayudará a bajar el gasto.
Habrá que ver si esta 2ª
reforma de las pensiones sale adelante, dado el rechazo de los sindicatos (a la subida del
cómputo) y de la patronal (a que
coticen más los salarios altos). El Gobierno se comprometió con la Comisión
Europea a aprobar
esta 2ª reforma antes de finales de 2022 y, aunque ha conseguido unos meses
más, debería presentarla antes de finales
de marzo, porque es una reforma clave para que Bruselas conceda o no a
España, en abril, una nueva entrega de
los Fondos Europeos (otros 19.000 millones). El riesgo es que a la Comisión
Europea, las medidas le resulten insuficientes, como les
parecen a muchos expertos, y fuercen al
Gobierno español a tomar medidas más drásticas.
Nadie defiende el recorte
por el recorte, máxime cuando el 60% de los pensionistas reciben menos de
1.000 euros al mes. Pero algo habrá que
hacer si no queremos problemas en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se empezarán a
jubilar los españoles del “baby boom”
(nacidos entre 1960 y 1975). La cuestión de fondo es que las
pensiones tienen un problema estructural, a medio plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y
resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico (muchos viejos y pocos niños) que se agrava por la baja creación de empleo
futura (por la renovación tecnológica y digital). Basten 2 datos muy explícitos sobre el reto que
nos espera: habrá que pagar a 15,6
millones de pensionistas en 2050 (frente a 9 millones hoy), que además
vivirán 4 años más de media (cobrando pensión 20,2 años), y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado,
cuando ahora hay 3 personas en edad de
trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba” de relojería que hay que “desmontar ya, sin retrasos ni
parches.
Lo primero es convencer a los españoles que las pensiones futuras están aseguradas. Y
lo están porque somos una economía desarrollada, que crear riqueza y empleo y
se puede permitir destinar el 16% o el 20% de su riqueza en pagar pensiones. Se puede
y se debe. Pero con planificación y
control, asegurando que las cuentas “cuadren” a medio
plazo y no haya “sustos” que obliguen a adoptar recortes drásticos. Eso obliga
a los Gobiernos, a las fuerzas sociales y a todos a planificar una senda realista de
gastos (qué pensiones dignas se pueden pagar en el futuro) y estudiar con qué ingresos reales se puede contar
y qué otros se podrían buscar. Con transparencia y sin demagogia ni politiqueo.
Lo primero y fundamental es planificar los ingresos que pueden tener las pensiones hasta 2050, según el
empleo previsto y unas cotizaciones
razonables y justas (que coticen más los que más ganan, mejorando su
pensión pero menos). Y ver qué parte de
los impuestos se pueden trasvasar a pagar las pensiones, lo que pasa por recaudar
más (se puede, si pagan más los que pagan poco: España
ingresó en 2022 un 44,1% del PIB, 28.168 millones menos que si recaudara
como la media europea, 38.000 menos que Alemania y 107.000 menos que si
recaudara como Francia). Aumentar los ingresos, con cotizaciones e impuestos,
es más eficaz que los trabajadores se tengan que pagar un plan de pensiones
privado.
Y luego habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de
recortar las pensiones futuras, sino que
crezcan menos (si hace falta), “atemperar” su crecimiento futuro para garantizarlas con seguridad. Y
aquí hay varias vías, que antes o después se pondrán sobre la mesa: ampliar los años de cotización (ahora se habla de 30, pero podría
llegarse a toda la vida laboral), aumentar los años cotizados exigibles para
cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 38,5 años en 2027, mientras en
Francia exigen 43 años y en Alemania 45 años). Y evaluar el posible reparto de lo que se cobra entre los
años que se cobra (más al principio, menos después), dado el aumento de la
esperanza de vida.
Al final, se trata de ver qué pensiones se pueden pagar,
en base a los pensionistas que se esperan y el empleo que puede pagarlo. De
momento, y a pesar de las muchas pensiones bajas, España es uno de los paises “más
generoso” con las pensiones, según las estadísticas. Por un lado, los
jubilados cobran de pensión (2021) un 80% del último salario, un
porcentaje muy superior a la media de la OCDE
(62%), a Alemania (57,9%), Francia (71,3%), Italia (78,4%) y la media
europea. Por otro lado, los jubilados españoles reciben de media un 74%
más de lo que cotizan, según
el Banco de España: cobran 21 años de pensión cuando con lo que han
cotizado sólo les daría para cobrar 10 años.
Además de plantear con claridad las perspectivas de las
pensiones, hay que tomar otras medidas
económicas y demográficas que ayudarían. Por un lado, reconvertir el modelo
económico español, con la ayuda de los Fondos europeos, para crear una economía más competitiva, que cree
más empleo: si tuviéramos la
tasa de ocupación europea (73,1%
en vez de 67,7%), habría 1.656.000
españoles más trabajando (y cotizando
para pagar las pensiones).Y si tuviéramos la ocupación de Alemania, habría
3.650.000 empleados más. Y por otro, promover la natalidad, para conseguir en unas décadas que
haya más niños y futuros jóvenes trabajando. Mientras ambos cambios se
consiguen, la inmigración puede
ayudarnos, con su empleo y sus cotizaciones: los extranjeros residentes
pasarán de 7.471.460 en 2020 a 12.801.714 en 2050 (+5,8 millones), según
la última estimación del INE.
Como se ve, el problema de las pensiones es muy complejo y
tampoco aquí hay soluciones simplistas, salvo la demagogia y el populismo. Hay
que actuar en múltiples frentes y a medio plazo, con una
hoja de ruta de ingresos y gastos hasta 2050. Y planteando con realismo
y transparencia las posibles medidas, que deberían pactarse y explicarse bien.
Si no nos anticipamos, si nos conformamos con parches y retoques, el problema
saltará después y obligará a ajustes más duros e injustos. Se puede y se debe salvar el sistema de pensiones públicas, pero eso
exige actuar ya, planificar su futuro. El
problema no son nuestras pensiones, sino las
de nuestros hijos y nietos. Asegurémoslas.
