Año 2021: la lenta salida del túnel

Termina este “pandémico” año 2020 y empieza con esperanza 2021, un año que será mejor seguro, aunque todavía creceremos lentamente, de menos a más, al igual que en 2022, para superar esta grave recesión en 2023. En definitiva, serán 3 años perdidos. La clave de 2021 será la evolución de la pandemia y la vacunación, que no alcanzará al 70% de los españoles necesarios para cortar la epidemia hasta septiembre. Y en el terreno económico, la ejecución del Presupuesto y las primeras ayudas europeas. Lo decisivo será mantener las ayudas públicas hasta que hagan falta, para evitar el cierre de empresas. Con todo, la mayor incertidumbre de 2021 será el empleo que se pueda crear y el mayor riesgo que crezca el paro, tras el paréntesis de los ERTEs, algo que sucederá, según la mayoría de expertos. Así que no podemos bajar la guardia ante la pandemia y tampoco el Estado, las empresas y sus trabajadores, que deben volcarse en la recuperación ¡Feliz 2021!

La clave de cómo va a ser 2021 la tienen los médicos y epidemiólogos, no los economistas. Porque la llegada de la recuperación económica y su alcance va a depender de la evolución de la pandemia y de los avances en la vacunación. Por eso, el primer tema clave es el alcance de la 3ª ola de contagios, iniciada a principios de diciembre, que podría agravarse todavía en las próximas semanas por el exceso de movilidad en esta Navidad. Y eso retardaría la recuperación, lo mismo que posibles retrasos en la aplicación de las vacunas, que no llegarán al 70% de los españoles (el porcentaje para lograr una inmunización colectiva) “hasta finales de verano”, o sea, hasta septiembre/octubre. Hasta entonces, el país tendrá que convivir con la pandemia y eso “ralentizará” la recuperación económica.

De hecho, la 2ª y 3ª ola de contagios (agosto-septiembre y diciembre) ya se han notado en la economía en 2020 y lastran el inicio económico de 2021, que será peor del esperado hace dos meses. Así, los economistas esperaban un crecimiento de la economía española en el cuarto trimestre de 2020, como en el 3º (el PIB creció un 16,4%, según el INE, por los “excesos” en la desescalada y el verano), pero ahora apuestan por una caída en la actividad económica en el 4º trimestre de 2020, del -3% (Consejo General de Economistas) al -5% (Funcas), aunque el Gobierno sigue confiando en que creceremos. En cualquier caso, el repunte de contagios ha retrasado la recuperación, que no llegará hasta el primer trimestre de 2021, que será además menos intensa de lo esperado hace meses. Y no sólo en España sino en el resto de Europa y del mundo, según el FMI, la OCDE o la Comisión Europea.

En definitiva, que 2021 será mejor pero menos de lo que se vaticinaba hace unos meses, por las nuevas olas de contagios, que han retrasado y debilitado la recuperación. Si el FMI apostaba en octubre por un crecimiento de la economía mundial del +5,2% (sólo 0,6% más que en 2019), la previsión de la OCDE en diciembre ha sido ya menor, por los repuntes de contagios: un +4,2% de crecimiento mundial en 2021, que será menor en EEUU (+3,2%), Japón (+2,3%) y en la zona euro (+3,6%), con una recuperación ligera en Alemania (+2,8%), la tradicional “locomotora” de Europa” y mayor en los paises que más han sufrido la recesión de 2020: Francia (+6%), España (+5%), Italia (+4,3%) y Reino Unido (+4,2%). La Comisión Europea es algo más optimista y en noviembre estimó un crecimiento del +4,2% para la zona euro en 2021 (el BCE lo ha rebajado  al +3,9%), con crecimientos mayores que el FMI y la OCDE para Alemania (+3,5%) y España (+5,4%) y menores para Francia (5,8%), Italia (+4,1%) y Reino Unido (3,3%).

Para España, el Gobierno espera una recuperación mucho mayor: un crecimiento del +7,2%, que podría llegar al +9,8% por el efecto de los Fondos europeos, según la previsión de los Presupuestos 2021. Es una estimación no sólo mucho más optimista que las del FMI (+7,2%), la OCDE (+5%), la Comisión Europea (+5,4%), sino también más optimista que el Banco de España (entre el +4.2 y el 8,6%) y que la mayoría de expertos privados, como Funcas (+6,2%), BBVA Research o CaixaBank (+6%).

En cualquier caso, la Comisión Europea y los expertos coinciden en que España será la 2ª economía europea que más crezca en 2021 (entre un +5 y un +8,6%), tras Francia, por el “efecto rebote”: es también la economía europea que más caerá en 2020, un -12,4%, según la Comisión Europea. Pero ese crecimiento irá de menos a más: será débil en el primer trimestre (+1,5% de aumento, menos que en 2019, según Funcas), por el efecto negativo de la 2ª y 3ª ola de contagios, aumentará más en el 2º trimestre (+4,6%), será máximo en el tercer trimestre (+5,3% en verano) y será bajo en el cuarto trimestre (+0,8%), porque el ritmo de mejoría se estabilizará, lo mismo que en todo 2022.

Este perfil de la recuperación, de menos a más, tiene mucho que ver con la esperada recuperación este verano del turismo (uno de los motores del crecimiento: aporta el 13% del PIB). Pero será una recuperación a medias, ya que las vacunas estarán al 50% en Europa en junio/julio, con lo que los expertos esperan la mitad de turistas que en 2019 (llegaron 83,7 millones), cuando en 2020 no llegarán ni el 30%. Y antes, en el primer semestre, deberá recuperarse el consumo privado, aunque lentamente (porque podrían ser necesarias restricciones a la movilidad) y sobre todo el consumo público, con un mayor gasto del Estado (desde los Ministerios a las autonomías y Ayuntamientos) más una mayor inversión pública y privada, empujadas por la llegada de los Fondos Europeos. Y todo ello, ayudado por una gran liquidez (el BCE ha ampliado a 2022 la compra de deuda pública y privada y la oferta de dinero a la banca), con el dinero al 0% de interés, que debería servir de “carburante para la recuperación”.

Hay dos elementos claves para afianzar esta recuperación. Uno es la ejecución de los primeros Fondos europeos, que, aunque no llegarán hasta el verano por cuestiones burocráticas (aprobación en los Parlamentos), el Gobierno español va a anticipar, con 26.600 millones de inversión prevista en 2021, básicamente en medio ambiente y lucha contra el Cambio climático, en digitalización de la economía y en la modernización de empresas. La importancia de gastar bien estos Fondos europeos es tal que, sólo por ellos, la economía crecerá un 1% extra en 2021. El otro elemento clave serán los salarios 2021: deberían subir algo, al menos no bajar, para no torpedear la recuperación del consumo de las familias, a la que ayudará la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios.

Pero la gran incógnita de 2021 será el ritmo de recuperación de las empresas, muy ligado a la evolución de la pandemia y a la necesidad o no de tomar nuevas medidas restrictivas ante la 3ª ola desatada por la Navidad. Ahora, las empresas y sus trabajadores están “dopados”, con créditos ICO (con aval público), ayudas múltiples (cotizaciones, fiscales, alquileres…) y los ERTES (que rondan los 800.000 trabajadores) y autónomos subvencionados. El problema es qué pasará el día que se reduzcan y supriman esas costosas ayudas, que han permitido salvar empresas y empleos pero que duplican el déficit público y disparan la deuda. Porque si las ayudas se retiran de pronto, podrían multiplicarse los cierres de empresas y la pérdida de empleos. Ese es el gran temor de 2021.

Los organismos internacionales, la Comisión Europea y el BCE ya han reiterado a los paises que “mantengan las ayudas lo que haga falta”. Pero dicho esto, todo el mundo sabe que algún día habrá que reducirlas y luego suprimirlas. Porque no se pueden mantener eternamente empresas “zombis”, empresas que no son viables sin ayudas. Y aquí, la cirugía no es fácil y resulta políticamente muy difícil aplicarla. Por ejemplo: ¿tiene sentido dar ayudas a los 300.000 bares y restaurantes que hay en España, líder mundial en estos establecimientos, o dejar caer a una parte y destinar ese dinero a promover empresas tecnológicas o pymes innovadoras? ¿Tiene sentido destinar más ayudas a los 500.000 comercios minoristas o son un exceso que hay que reconvertir en la era del comercio online? ¿Tiene sentido sostener una economía en millones de turistas low cost y aspirar a crecer sobre la base de ser la California de Europa? Son debates claves que se esconden.

El reto de 2021 será conseguir retirar la respiración asistida a la economía dañada por la pandemia sin que se nos muera y conseguir que sobreviva sin drogas. No será fácil y exigirá acuerdos entre empresas y sindicatos y mucha flexibilidad y firmeza en el Gobierno, dividido y sin apoyos externos para un pacto político que sería clave para asentar la recuperación. Por eso, parece inevitable que en 2021 asistamos al cierre de empresas y a un aumento del paro, con escasa creación de empleo. Es la apuesta que hacen la mayoría de las previsiones oficiales y de expertos. Se crearán pocos empleos nuevos (unos +200.000, según Asempleo), insuficientes para cubrir los -800.000 empleos que se habrán perdido en 2020 (a falta de la EPA de diciembre). Y habrá más parados, porque a los 3.851.312 parados a finales de noviembre se sumarán los trabajadores que se queden en paro en 2021, que podrían ser otros 500.000 más, y las personas “desanimadas” (que no buscan trabajo pero que puede animarse a buscarlo sin la economía mejora). Por todo ello, la Comisión Europea estima que la tasa de paro subirá en España del 16,7% en 2020 al 17,9% en 2021, una tasa que el Gobierno Sánchez rebaja al 16,9% (frente al 14,1% en 2019).

El escaso empleo y el elevado paro son una de las cicatrices de esta pandemia que nos va a durar años, al menos hasta 2023. Otra será el aumento de las desigualdades, dentro de España y en Europa. La pandemia ha dañado más a las personas más vulnerables (inmigrantes, mujeres, jóvenes y mayores), que lo serán mucho más en 2021, aumentando la pobreza y la desigualdad: Oxfam Intermón ya alertó que 1,1 millones de personas se sumarán a los 10 millones de pobres que había en 2019, según las estadísticas europeas. Y un informe de CaixaBank estima que en 2021 habrá 750.000 pobres más. Por eso, será clave reforzar las ayudas sociales en 2021, con la reforma del Ingreso Mínimo Vital (no funciona: beneficia a 160.000 hogares, la mitad de la mitad de lo prometido) y el aumento de gasto social de autonomías y ayuntamientos, con ayuda del Presupuesto. Porque no podemos reconstruir el país dejando atrás a 1 de cada 4 españoles.

Y lo mismo va a pasar en Europa: la recuperación llegará a dos velocidades: más intensa y más rápida en la Europa rica, que cayó menos con la pandemia, y menos intensa y más lenta en la Europa más pobre, en el sur y el Este de Europa. Las previsiones de noviembre de la Comisión Europea son muy explícitas: Alemania se recuperará de la pandemia a mediados de 2022 (crecerá 3,5% en 2021 y 2,6% en 2022, frente a la caída del -5,6% en 2020) y España, Francia o Italia tendrán que esperar a la primavera de 2023, porque el crecimiento de 2021 (5,4% en España, 5,8% en Francia o 4,1% en Italia) y de 2022 (4,8% en España, 3,1% en Francia o 2,8% en Italia) no bastarán para compensar la fuerte caída de 2020 (-12,4% en España, -9,4% en Francia y -9,9% en Italia). Y lo mismo Grecia, Portugal y la mayoría de los paises del Este, además de Reino Unido, mientras Irlanda, Suecia, Finlandia o Dinamarca se recuperarán también en 2022, como Alemania. Así que si ya había dos Europas, una más rica y otra menos, esta desigualdad se agravará en el futuro.  

Al final, lo importante es que la economía mejorará en 2021 y viviremos mejor, aunque la mejoría será lenta, al menos hasta el verano. Y estará en el alero hasta que el 70% de los españoles (y de los europeos, sin olvidar al resto del mundo) estemos vacunados y se acaben los contagios. Pero ojo: no podemos bajar la guardia, ni con la vacuna, porque los vacunados serán inmunes pero pueden contagiar. Y eso significa que si no seguimos tomando precauciones (mascarilla, distancia, limpieza) y reduciendo la movilidad, los rebrotes pueden seguir ahí muchos meses y frenar la recuperación. Así que ojo a la Semana Santa, ojo al verano, ojo a descuidarse en las empresas, los colegios, las calles, los hogares, porque hasta que la pandemia no termine no tenemos garantizada ni la salud ni la economía.

Vamos a salir de este túnel, seguro, pero seamos conscientes de que la salida será lenta y que dejará una costosa secuela de empresas cerradas y empleos perdidos. Y miles de familias mucho más vulnerables. Por eso, además de cuidarnos, habrá que arrimar el hombro todos para salir de este túnel y no dejar a nadie atrás. Esforzarnos juntos en cada empresa, en cada negocio, en cada institución, para salir adelante todos y curar las tremendas cicatrices de esta pandemia. Un camino que durará aún dos años más, hasta 2023. Entonces sí podríamos haber salido del túnel, si lo hacemos bien y estamos unidos. Para eso, no hay que bajar la guardia y hay que esforzarse al máximo, cada uno en su puesto. ¡Feliz 2021¡

43.275 dependientes muertos esperando ayuda

Sabíamos que el coronavirus se ha cebado con los mayores, el 86% de los muertos. Lo que no sabíamos hasta el lunes es que 43.275 dependientes han muerto este año sin recibir la ayuda a la que tenían derecho (27.116) o pendientes de valoración (otros 16.159). Un dato oficial (aunque no sale en los medios) que revela que casi 1 de cada 3 dependientes, 158 cada día, han muerto sin recibir una ayuda pública a la que tenían derecho. Un fracaso del sistema con unos mayores que han dado al país  lo mejor de su vida. Y todo por años de recortes, por el escaqueo del Estado y la falta de recursos de unas autonomías que “ahorran” en ayudas a los ancianos dependientes. ¡Basta ya!  Urge un Plan de choque para la Dependencia, con más recursos de los 600 millones extras que va a incluir el Presupuesto 2021. Que no muera un dependiente más sin ayuda. Y asegurarles servicios y residencias de calidad. Se lo debemos.

El sistema de ayudas a la Dependencia ya tenía graves problemas antes de la pandemia. En enero de 2020 cumplió 13 años, arrastrando el lastre de la falta de recursos con que nació en 2007: había 269.854 dependientes “en lista de espera” (+19.817 que un año antes), sin recibir una prestación a la que tenían legalmente derecho porque las autonomías, que gestionan la Dependencia, no tenían recursos suficientes, tras haber recortado el Estado central su aportación al sistema en -5.864 millones desde 2012. Y aunque las autonomías han tratado de aportar más (ahora financian ya el 80% de la aportación pública), no les llega para atender a los dependientes (1,8 millones). Y tratan de mantener el sistema con “trucos”, para atender a más dependientes con casi lo mismo: retrasan la resolución de los expedientes, mantienen listas de espera para ir escalonando las ayudas y buscan sistemas de atención “low cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…), para atender a más dependientes con los recursos disponibles. En definitiva, retrasos acumulados y una atención deficiente.

Pero el coronavirus ha empeorado las cosas, ha sido la puntilla para el deteriorado sistema de Dependencia: con el estado de alarma, se cerraron oficinas de atención y se retrasaron aún más los expedientes y las ayudas. Así, a 30 de abril, se habían reducido en 54.808 las solicitudes de ayuda (1.844.322 frente a 1.899.385 a finales de febrero), se habían reducido también las resoluciones (-13.837) y caía el número de beneficiarios: 1.375.740 a finales de abril, 12.974 menos que a finales de febrero (porque habían caído las entradas de expedientes y las resoluciones y habían muerto beneficiarios), según los datos del IMSERSO. Gracias a esta caída de solicitantes, se conseguía reducir las listas de espera, por primera vez en dos años: a finales de abril había 261.616 dependientes esperando una ayuda reconocida, 6.218 menos que en febrero.

El 21 de junio salimos del estado de alarma, volvió a funcionar la Administración, pero la gestión de la Dependencia siguió empeorando, según los últimos datos del IMSERSO. Así, a finales de septiembre, el número de solicitudes de ayuda era similar al de abril: 1.844.766, -54.619 menos que a finales de febrero. La resolución  de expedientes había empeorado (1.697.776), cayendo el triple que en abril (ahora -43.332 menos que en febrero). El número de beneficiarios de ayuda también siguió cayendo: 1.345.397 dependientes, -43.317 menos que en febrero (el triple que a finales de abril). También habían caído los que recibían ayudas: 1.111.492 dependientes, -9.387 menos que en febrero. Y lo único que ha mejorado es “la lista de espera”, los dependientes con ayuda reconocida que la estaban esperando: 233.905 a finales de septiembre, -33.930 menos que a finales de febrero. Un “milagro” fruto de que habían caído los beneficiarios y a que muchos habían muerto en estos meses.

Este empeoramiento de la Dependencia no ha sido igual en toda España, sino que hay autonomías que lo han sufrido más que otras. Así, la caída en el número de dependientes que reciben una prestación (-9.387 en toda España, entre el 28 de febrero y el 30 de septiembre) se concentra en 9 autonomías, Ceuta y Melilla, destacando la caída de dependientes con ayudas en Madrid (-8.736), Cataluña (-7.608), Castilla la Mancha (-3.546) y País Vasco (-1.449 dependientes con ayudas), según los datos del IMSERSO. Y por el contrario, hay 7 autonomías donde hay ahora más dependientes recibiendo ayudas que antes de la pandemia, en especial la Comunidad Valenciana (+3.716), Extremadura (+2.335), Canarias (+1.037), Baleares (+949) y Murcia (+879). 

Y en cuanto a las “listas de espera” (recordemos: 233.905 dependientes con derecho a una ayuda que no les ha llegado, el 17,39% de los dependientes con derecho reconocido), tampoco son uniformes. En cabeza siguen Cataluña (31,21% dependientes en espera, un porcentaje similar al de febrero), La Rioja (27,63% en espera, casi como en febrero), Canarias (22,72%, menos que el 28,5% de febrero), Andalucía (21,9%, mejor que el 24,7% de febrero), Cantabria (19,1%, peor que el 17,78% de febrero) y Madrid (17,74% dependientes en espera, similar a febrero).  Y siguen con una lista de espera mínima Castilla y León (0,22%, frente al 1,22% en febrero), Ceuta (3,7%), Navarra (4,57%), Galicia (7.76%), Castilla la Mancha (7,78%) y Baleares (9,46%).

Lo dramático es que si hoy tenemos 33.930 dependientes menos en lista de espera para recibir ayuda que a finales de febrero es, básicamente, porque muchos dependientes han muerto estos meses, más que nunca antes por la pandemia. Así, el IMSERSO publicó el lunes los datos de dependientes muertos este año, obtenidos a partir del MoMo (sistema de monitorización de la mortalidad) que elabora el Instituto de Salud Carlos III. Y el resultado es escalofriante: han muerto 132.654 dependientes entre enero y septiembre (36.505 fallecidos más de lo habitual, por la COVID 19) y de ellos, casi un tercio, 43.275 dependientes muertos estaban a la espera de recibir una ayuda (27.116 de la “lista de espera”) o pendientes de valorar su dependencia (16.159 dependientes más).

Son 158 dependientes muertos cada día en espera de ayuda este año, una cifra tremenda, que casi duplica la cifra de fallecidos pendientes en 2019, 85 dependientes al día, según estimaban los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS). Y aquí también, el reparto de dependientes muertos en espera de ayuda o valoración  (esos 43.275 fallecidos) es desigual por autonomías, según los datos del MoMa/IMSERSO: 11.160 dependientes en espera han fallecido en Cataluña (2.880 estaban en “lista de espera”), 9.110 en Andalucía (4.018 de la “lista de espera”), 4.324 en Madrid (21 en “lista de espera”, 4.110 en la Comunidad Valenciana (2.396 de la “lista de espera”), 2.514 en Canarias (1.724 en “lista de espera”) y 1.922 en el País Vasco (247 en “lista de espera”). Así que estas 6 autonomías concentran el 76,5% de todos los dependientes muertos sin atender.

De paso, la estadística del MoMa y el IMSERSO revela que la pandemia se ha cebado sobre los dependientes: han muerto este año 82,9 de cada 1.000 beneficiarios de la dependencia, unos 31.800 más que otro año, por el COVID. Y lo peor lo han sufrido los dependientes reconocidos que vivían en residencias: han muerto 180,1 de cada 1.000, casi 1 de cada 5, frente a 56,8 por cada 1.000 que han muerto entre los que recibían la ayuda a domicilio. Y lo más estremecedor: han muerto más los dependientes que menos se podían valer, los que tenían una dependencia grave (grado III), 225,7 de cada 1.000, casi 1 de cada 4 dependientes graves en residencias. Y sobre todo en Cataluña (3.594 muertes “extras” en residencias sobre un año normal), Madrid (+2.842 muertes extras), Castilla la Mancha (+1.528), País Vasco (+580) y Andalucía (“exceso de 516 muertes sobre lo habitual). Y eso a pesar de que este año, hasta septiembre, la ayuda a dependientes en residencias ha sido la que más ha caído con la pandemia: de recibirla el 12,05% en febrero al 11,02% a finales de septiembre, porque unos se han muerto y otros han vuelto con su familia.

Eso sí, con la pandemia, las autonomías han seguido concentrando las ayudas a los dependientes en los servicios más baratos (“low cost”), que les permiten atender a más beneficiarios con el mismo dinero, según los datos del IMSERSO: teleasistencia (cuesta unos 35 euros al mes y suponía el 17,66% de las ayudas en septiembre), la ayuda a domicilio (17,51%), los cheques a las familias para que busquen ayuda (prestación vinculada a servicio, una especie de “privatización” del servicio que reciben un 10,96% de los dependientes pero un 47% en Extremadura, un 31% en Castilla y León o un 26,38% en Canarias) y los centros de día (6,45% de las ayudas), aunque todavía es mayoritaria (31,49% del total) la ayuda a las familias (de 153 a 387 euros al mes, según grado de dependencia),para que atiendan ellos a sus dependientes.

La pandemia y las muertes de dependientes han hecho saltar todas las alarmas en un sistema de Dependencia que ya tenía graves deficiencias antes. Los dependientes y sus familias no pueden seguir así, sufriendo las consecuencias de una gestión autonómica que utiliza los retrasos en los expedientes  y la utilización de servicios “low cost” para paliar la falta de recursos. Urge un Plan de choque, para dotar a la Dependencia de recursos públicos suficientes, sobre todo de una mayor aportación del Estado central, que ahora financia un 20% del gasto público en Dependencia, lo que obliga a las autonomías a aportar el 80% restante (cuando la Ley fijaba que ambas administraciones aportarían el 50/50). Y que obliga a las familias de los dependientes a unos copagos crecientes (el 19% del gasto total en dependencia) y a “buscarse la vida”  pagando cuidadores en casa o residencias privadas, muy caras y con deficientes servicios (como se ha visto con el COVID 19).

El Gobierno ha presentado a las autonomías, el 2 de octubre, un Plan de choque por la Dependencia, que quiere incluir en el Presupuesto 2021. Propone destinar 600 millones más a la Dependencia el año próximo, lo que permitirá reducir la “lista de espera” y crear 24.000 empleos. Además, propone mejorar el sistema de ayudas (establecer las cuantías mínimas que había en 2012), agilizar los procedimientos administrativos, establecer la teleasistencia como un derecho generalizado y aumentar el servicio de ayuda a domicilio.

El Plan del Gobierno “suena bien” pero es insuficiente. Para acabar con las listas de espera harían falta 1.500 millones de euros, según una reciente estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con los que se podrían crear 70.000 empleos. Y además, piden que las autonomías agilicen trámites y simplifiquen ya procedimientos, sobre todo mientras dure la pandemia. Y además creen que hay que modificar la Ley de Dependencia, para permitir compatibilizar prestaciones y aumentarlas, lo que exige destinar más recursos públicos a la Dependencia: si ahora gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más (no sólo los 600 millones extras prometidos para 2021). Y en paralelo, reordenar y mejorar la calidad de las ayudas, con un Plan específico de construcción de residencias de ancianos públicas (el 73% de las plazas son privadas): harían falta 100.000 plazas públicas, coordinadas con una mejor atención hospitalaria de los residentes.

La pandemia ha desvelado las debilidades del sistema de Dependencia, como también lo ha hecho con nuestra sanidad, educación, protección social y modelo económico. Hay que aprovechar esta catástrofe para apuntalar las ayudas a los dependientes, con inversiones en cuidados que pueden ayudarnos a reconstruir la economía y el empleo, máxime cuando el creciente envejecimiento español va a duplicar el número de dependientes en 2050, según el CSIC. Hay que reforzar la Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), para proteger a los más débiles ante la pandemia y ante cualquier otra crisis futura. Es inadmisible que 158 dependientes mueran diariamente sin recibir una ayuda a la que tienen derecho, tras toda una vida trabajando. Deberían ser una prioridad en la reconstrucción del país. Se lo debemos.

Pacto social sí, acuerdos políticos no

Llevamos 15 días en la “nueva normalidad” y los contagios apenas han aumentado (319 más que en las dos semanas anteriores), aunque se multiplican los rebrotes, serios en Lérida, Lugo y Huesca. El riesgo aumenta ahora, con las vacaciones de muchos españoles y la llegada de turistas de Europa y otros 12 paises. Mientras, el paro subió la quinta parte en junio y aumentó el empleo, con 1,5 millones de españoles abandonando los ERTEs. Y el Gobierno ha aprobado más ayudas: 50.000 millones para inversiones, salvar empresas y un Plan Renove para comprar coches. Más “gasolina” para reanimar la economía, que habrá que pagar subiendo algunos impuestos, como ha pedido el Banco de España (IVA, sociedades y “verdes”). Pero el PP se niega a pactar estas subidas y la reconstrucción económica, lo que dificultará aprobar los Presupuestos 2021. En cambio, se firmó el viernes un importante Pacto social, entre Gobierno, sindicatos y patronal, para promover la recuperación y el empleo. Este es el camino: dinero y acuerdos para salir juntos del agujero.

enrique ortega

La pandemia ha cumplido ya 23 semanas y no se frena. Al contrario, el 1 de julio batió otro récord de contagios, 218.000 en un solo día, 20 veces los contagios mundiales por coronavirus al inicio del estado de alarma (14 de marzo), según los datos de la Universidad Johns Hopkins, que revelan cómo pasar de los 10 a los 11 millones de contagios ha costado sólo 6 días, frente a 8 días los anteriores y los 3 meses que tardó en alcanzarse el primer millón. Hoy son ya 11.450.247 los contagiados en 188 paises.

El epicentro de la pandemia sigue en América, tanto en Estados Unidos, con 2.888.730 contagiados (con un rebrote de 54.557 diarios los últimos días) como en Latinoamérica (2.780.000 contagiados), donde aún no se ha alcanzado el pico de contagios, con récords diarios en Brasil (+48.105), que tiene 1.603.055 contagiados, Perú (302.718 contagiados), Chile (295.532), México (256.848), Colombia (113.685), Argentina (77.815), Ecuador (61.958), Bolivia (39.297) y Panamá (38.149). Y el coronavirus sigue avanzando en Asia y Oriente Medio, con 697.414 contagiados en India, 240.438 en Irán, 231.818 en Pakistán, 205.758 en Arabia Saudita y 99.799 en Qatar, más 205.758 en Turquía. Y avanza en África (440.512 contagiados), especialmente en Sudáfrica (196.150 contagiados), Egipto (75.253) y Nigeria (28.711). En Europa (2.662.701 contagiados), la pandemia avanza rápido en Rusia (680.283 contagiados, +6.718 diarios),  Suecia (+1.241 contagios diarios y 71.419 totales), Francia (+659 diarios y 204.222 contagiados)  y Reino Unido (+576 diarios y 286.931 contagiados), creciendo poco en Alemania (+446 diarios y 197.523 contagiados), Italia (+201 diarios y 241.211 contagiados) o España (+174 diarios y 250.545 contagiados).

El coronavirus ha provocado ya 534.273 muertes en  el mundo, la cuarta parte en Estados Unidos (129.947 fallecidos), seguido de Brasil (64.867 muertes), Reino Unido (44.305), Italia (34.861), México (30.639), España (28.385 muertes), India (19.693), Irán (11.571), Perú (10.589), Rusia (10.145), Bélgica (9.771) y Alemania (9.006). Los paises con más letalidad (muertos/contagiados) son Francia (18%), Bélgica (15,9), Italia (14,4), Reino Unido (14), México (12,3), Holanda (12,2) y España (11,3), según los datos de Sanidad.

En España, el levantamiento del estado de alarma (21 de junio) ha aumentado los contagios, pero no de forma preocupante: han sido 4.120 nuevos en los últimos 13 días (21 de junio al 3 de julio), frente a 3.801 los 14 días anteriores (7-21 de junio), según Sanidad. O sea, 319 más en las últimas dos semanas, centrados en las 6 autonomías que tienen una mayor tasa de contagios que la media española (8,76 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días): Aragón (37,52), Cataluña (18,62), Navarra (16,36), Madrid (12,35), Castilla la Mancha (10,23) y Castilla y León (9,75 contagios por 100.000 habitantes). En contrapartida, Ceuta lleva sin ningún contagio nuevo desde el 18 de junio y tampoco Asturias desde el 26 de junio. Los nuevos contagios subieron la semana pasada, de 84 el lunes a 149 el miércoles y 174 el viernes, último dato de Sanidad hasta los que publique hoy. Las nuevas hospitalizaciones rondaron entre las 137 y 141 semanales (sobre todo en Madrid, Cataluña, Castilla y León, Aragón y Murcia) y los ingresos en UCI semanales variaron entre 9 y 13 (en Madrid, Cataluña y las dos Castillas). Los muertos aumentaron en 21 la última semana (7 en Madrid y 4 en Cataluña), totalizando ya 28.385 fallecidos, según los datos de Sanidad del viernes.

Con la “nueva normalidad”, aparecen cada día rebrotes por casi toda España: ha habido más de 60 rebrotes activos, aunque sólo 13 preocupaban a Sanidad, sobre todo en Lérida (200.000 personas confinadas), la Marina de Lugo (70.000 confinados) y Huesca (80.000 confinados), además de Santander, Albacete, Castellón, Navarra, Girona, Málaga, Granada, Murcia, Valladolid y Madrid , mientras destaca que las autonomías están controlando y acotando bien estos rebrotes, detectando contactos y haciendo más test PCR: la última semana se han hecho 200.986 nuevos test y ya van 3.644.458, una media de 77 test PCR por cada 100.000 habitantes, aunque se hacen de forma muy desigual por autonomías (ver reparto). El origen de estos rebrotes es triple: reuniones de familiares y amigos donde no se respetan las normas (mascarilla y distancia), fábricas y mataderos en condiciones precarias de trabajo o habitabilidad (inmigrantes) y residencias. Y los nuevos contagios son más jóvenes (50 años de media, antes 60) y menos graves.

Ahora, en julio, con muchos españoles ya de vacaciones, el riesgo de rebrotes aumenta sensiblemente. Y más con la llegada de turistas, no sólo de Europa (las fronteras están abiertas desde el 21 de junio) sino de terceros paises, tras dar luz verde la Unión Europea a la entrada de visitantes de 12 paises (Australia, Corea del sur, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Túnez, Serbia y Uruguay), más China, Argelia y Marruecos (si abren sus fronteras a Europa, hoy cerradas). Pero ojo: sólo 4 de estos 12 paises aceptan hoy turistas españoles (Corea, Túnez, Serbia y Montenegro), por lo que hay que negociar la reciprocidad con el resto. También preocupa que Marruecos abra sus fronteras, quizás el 10 de julio, porque España tendría que organizar la Operación Paso del Estrecho, con la que 3 millones de magrebíes procedentes de Europa atravesaron la Península el año pasado, lo que podría crear problemas en Algeciras.

De momento, el sector turístico espera que lleguen 11,8 millones de turistas a España entre julio y septiembre, el 80% por los aeropuertos de la costa y Mallorca, pocos vía Barajas. El control en  aeropuertos y puertos es triple: se exige a los visitantes haber rellenado antes un formulario online con sus datos y lugar de estancia (les proporciona un código QR sin el que no pueden entrar en España), se les toma la temperatura al llegar y se les hace “un control visual”, que si detecta “algo extraño” les conduce a un “control secundario”, donde se les toma de nuevo la temperatura y una evaluación cínica (no se les hace test). Ojo: son pruebas que no sirven para detectar a los asintomáticos, el 40% de los contagiados. Y si tiene síntomas, se deriva al turista a un centro sanitario. Estas tareas las hacen los funcionarios de Sanidad Exterior (600 personas, de los que sólo 150 son sanitarios), aunque AENA les ha reforzado con 1.000 subcontratados de apoyo (de Quirón Prevención e Interserve).

No parece personal suficiente para afrontar la avalancha de 11,8 millones de extranjeros, que se van a concentrar en los aeropuertos del Prat, Mallorca, Málaga, Alicante y Valencia, aunque hay 46 aeropuertos por los que pueden entrar. Y lo mismo por  los puertos, en especial Barcelona, Algeciras, Málaga, Valencia, Alicante, Almería o Bilbao. Otra duda es si los municipios turísticos donde van, la mayoría en la costa mediterránea y Baleares, tienen Planes de contingencia en caso de rebrotes. Y si sus centros de salud podrán detectar y contener los contagios y sus hospitales atender a los posibles turistas contagiados y a los millones de españoles que se van a desplazar a destinos de playa. Un alto riesgo.

Mientras media España está de vacaciones o piensa irse en agosto y septiembre, la mayoría sigue preocupada por su trabajo y sus ingresos. Los últimos datos de la “emergencia económica” son “menos malos” y algo esperanzadores, dentro de la profunda recesión en que estamos. El paro en junio aumentó en 5.107 desempleados, la quinta parte que en mayo (+26.000). Y se crearon 68.208 empleos, el 2º mes de mejora de afiliación a la SS en esta pandemia (tras los 97.462 nuevos afiliados de marzo). Además, hay 1,56 millones de trabajadores que han salido ya de los ERTEs, donde todavía quedan 1,83 millones. Y la actividad mejora ligeramente, como indican las ventas de coches, que cayeron en junio un -36,7%, la mitad que en mayo (-73%). Y otro dato destacable: el índice de confianza del sector manufacturero (PMI) mejoró en junio hasta los 47 puntos, cerca de los 50, que es el lístón a superar para volver a la expansión y el crecimiento.

Pero no basta con ir algo mejor, tras tocar fondo en un profundo agujero: este tercer trimestre debería empezar a crecer la economía y para eso hay que mantener las ayudas. Ya lo advirtió el gobernador del Banco de España en el Congreso, el 23 de junio: “la retirada prematura de estímulos aumentaría el riesgo de daños duraderos”. El Gobierno le ha hecho caso en dos de sus peticiones: ampliar los ERTEs (hasta el 30 de septiembre) y aumentar los créditos ICO. El viernes, el Consejo aprobó avales para conceder otros 40.000 millones de créditos a las empresas, esta vez no para mantener su liquidez sino para que hagan nuevas inversiones en digitalización y economía verde. Y además, aprobó un Fondo de rescate de 10.000 millones, para salvar empresas estratégicas solventes (entrando en su capital si lo necesitan y lo piden), como podrían ser Iberia, Vueling y otras. Es lo que ha hecho Francia con Air France, Alemania con Lufthansa y Portugal con TAP.

Además, el Gobierno trata de “echar más gasolina” a la reactivación con la aprobación el viernes de otro Plan Renove, 250 millones  para conceder ayudas a los que achatarren su coche y compren uno nuevo: las ayudas a los particulares serán de 800 euros (etiqueta C) a 1.000 euros (Eco) y 4.000 euros (vehículos 0 emisiones) , para las pymes de 650 a 3.200 euros y para grandes empresas de 550 a 2.800 euros, válidas para las compras hechas desde el pasado 16 de junio y hasta el 31 de diciembre. Y aprobó también una moratoria hipotecaria de 1 año para empresas y autónomos del sector turístico.

El problema de estas ayudas, y de los 150.000 millones gastados antes (la mayoría en avales), es que habrá que pagarlas, una parte con deuda pública (este año se emitirán 300.000 millones, 110.000 más de lo previsto antes de la pandemia), otra parte con ayudas europeas (se esperan 140.000 millones, la mitad créditos, pero no estarán disponibles hasta dentro de un año, como pronto, si se aprueban en la Cumbre europea del 17 y 18 de julio) y la mayor parte con ingresos públicos. Y eso obligará a aumentar la recaudación fiscal en 2021, para lo que habrá que subir algunos impuestos.

El Gobernador del Banco de España ya se lo dijo a los diputados el 23 de junio: “habrá que subir algunos impuestos”. Y propuso subir 3 impuestos: el IVA (subiendo los tipos reducidos, en el 10%, y el superreducido, del 4%), los impuestos ambientales (impuestos “verdes”, con los que España recauda 3.500 millones menos de lo que podría, según la Comisión Europea) y “revisar los agujeros” (textual) del impuesto de sociedades (a lo claro: reducir exenciones).  El presidente Sánchez ya ha anticipado que habrá que subir impuestos en 2021 para pagar los extracostes del coronavirus y asegurar un Estado del Bienestar que ya estaba muy deteriorado antes de la pandemia. Y se plantean, por ejemplo, subir el IRPF a los que ganan más de 130.000 euros (son el 2% de contribuyentes).

Los impuestos serán el caballo de batalla de los Presupuestos 2021. El PP propone  “bajar impuestos”, no subirlos (algo que no apoyan ni el Banco de España ni la mayoría de  expertos) y la duda es lo que hará Ciudadanos, para que el Gobierno no dependa sólo de ERC y PNV. Pero la subida de impuestos no es un tema ideológico sino de pura necesidad, basada en los datos: España recauda menos que la media de Europa (39,1% del PIB frente  al 46,2% de media la UE-27 en 2019), concretamente 88.418 millones menos el año pasado. Y por eso tenemos más déficit y más deuda que otros paises, a pesar de que también gastamos menos que Europa (41,9% del PIB frente a 46,7% la UE-27). Así que uno de nuestros problemas de fondo, ya antes de la crisis de 2008 y de esta del coronavirus, es que tenemos un sistema fiscal “lleno de agujeros” (60.000 millones de deducciones y exenciones) y con mucho fraude, que teníamos que reformar ya antes y ahora con más motivo.

Los expertos de FEDEA, los técnicos de Hacienda y la Comisión Europea nos han dicho muchas veces que tenemos un problema de baja recaudación en todos los impuestos: en el IRPF (somos el tercer país que menos recauda, tras Grecia y Portugal: el 7,5% del PIB frente al 10% de media la UE-28) , en el IVA (el 3º país que menos recauda tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% la UE-28), en impuestos especiales (tenemos tipos más bajos en tabaco y alcohol y pagamos 15,8 céntimos menos por litro de impuestos en gasolinas y 11,5 céntimos menos en gasóleos que la media UE-27), en el impuesto de sociedades (recaudamos el 2,3% del PIB frente al 2,5% en la UE, con 3.800 millones de deducciones anuales, que permiten a las grandes empresas pagar el 7,7% de tipo efectivo, frente al 18,37% que pagan las pymes y el 15% la mayoría de contribuyentes) y hasta en las herencias (España recauda 3.25º millones menos cada año que la media europea). Así que hay margen para ingresar más. Y no es una cuestión ideológica, sino de recaudar como europeos, con más eficacia.

Pero la derecha no oye al Banco de España ni a los expertos y ha hecho de la bajada de  impuestos su bandera, en defensa de los que deberían pagar más (multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores, grandes fortunas y altos sueldos). Por eso no habrá acuerdo sobre el Presupuesto 2021 ni en la parte económica del Plan de reconstrucción. Eso sí, el PP ha cambiado, por temor a que su obstruccionismo le reste votos, y se abstendrá en el bloque europeo y las mejoras sanitarias, que exigen todos los españoles tras la pandemia: reforzar las plantillas, crear una Agencia de Salud Pública, reforzar la atención primaria y las emergencias y fomentar una industria sanitaria nacional. Pero estas mejoras y las medidas sociales para atajar la recesión exigen más dinero. ¿De dónde saldrá si proponen bajar impuestos?

Mientras en la Comisión de Reconstrucción,  el PP hace el paripé de apoyar algunas medidas de reconstrucción, los nacionalistas (PNV y ERC) piensan en sus próximas elecciones y Ciudadanos hace “contorsionismo político”, los sindicatos y patronal aparcan sus diferencias y firmaron con el Gobierno el viernes “un Pacto de reactivación económica y por el empleo”, que incluye cuestiones clave para la reconstrucción: adaptar los ERTEs para proteger el empleo y las empresas, promover el teletrabajo, un pacto por la reindustrialización, digitalizar la economía, reforzar los servicios públicos, asegurar las pensiones, luchar contra el fraude y la evasión fiscal, la transición ecológica  y la modernización de las relaciones laborales. De momento, sólo  son 10 puntos muy generales, para negociar, pero es el mejor punto de partida para salir de esta grave recesión: Gobierno, sindicatos y patronal haciéndose una foto para indicarnos, a los españoles y a Europa, que quieren salir juntos del agujero. Es la mejor noticia de los últimos meses.