Pandemia: Europa retrasa vacunas y ayudas

Los contagios llevan aumentando 12 días, desde el miércoles 17. Estamos en la 4ª ola, más bien una “meseta”, con pequeñas subidas diarias pero muchas muertes (196 diarias). Hay 7 provincias en alerta 4 (la máxima) y 7 regiones (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Asturias, Ceuta y Melilla) con alto nivel de contagios. Y Europa  agrava su 3ª ola, lo que les ha obligado a restricciones más duras. Pero aquí, se discute recortar horarios en la hostelería y reducir más la movilidad, mientras llegan turistas europeos (con PCR). No aprendemos. Las próximas semanas pintan mal: domina ya la variante británica (más contagiosa) y el ritmo de vacunas sigue lento, porque Europa ha fallado en las entregas. Y se van a retrasar las ayudas europeas (a septiembre) y las españolas (a junio), que sólo llegarán a 1 de cada 6 empresas. Con el retraso de vacunas y ayudas, la recuperación se retrasa. Y el malestar ciudadano crece, mientras los políticos sólo piensan en las elecciones de Madrid. Mal vamos.

Enrique Ortega a partir de Magritte

La pandemia arrecia en todo el mundo, con un aumento de contagios en el último mes y superando otra vez los 700.000 nuevos contagios diarios (714.605 el 25 de marzo): hoy son ya 127.116.964 contagiados en 192 paises, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. El epicentro sigue en América (55.243.776 contagiados), pero se le acerca Europa (44.181.716), seguidos de lejos por el Sudeste asiático (14.619.886), Mediterráneo oriental (7.392.128), África (3.061.438) y Pacífico (1.859.851), según la OMS. Por países, lideran el ranking de contagios Estados Unidos (30.262.123), Brasil (12.534.688) e India (11.971.624), seguidos de Francia (4.606.185), Rusia (4.469.327), Reino Unido (4.347.013), Italia (3.532.057), España (3.255.324), Turquía (3.208.173) y Alemania (2.784.652), según la Jhons Hopkins.

Los muertos de la pandemia también han repuntado, volviendo a superar los 10.000 diarios (11.708 el 25 de marzo: son ya 2.783.689 muertos por COVID-19, según la Universidad Johns Hopkins, concentrados en América (1.331.419 muertos) y Europa (954.651). El ranking de fallecidos lo encabeza Estados Unidos (549.335), seguido de Brasil (312.206), México (201.623), India (161.552), Reino Unido (126.834), Italia (107.933), Rusia (96.123), Francia (94.754), Alemania (75.959) y España (75.010 muertos). Somos el 16º país en mortalidad COVID por 100.000 habitantes (156), por detrás de Chequia (240), Bélgica (199), Reino Unido (190), Italia (176), EEUU (167), Portugal  (163) y México (158), entre los grandes. Y tenemos una tasa de mortalidad COVID (2,3% muertos/contagiados) de las más bajas de Europa (3,1% en Italia, 2,9% en Reino Unido, 2,8% en Alemania y 2,1% en Francia) y del mundo (9% en México, 2,5% en Brasil, 1,8% en EEUU y 1,4% en India), según Sanidad.

En Europa, 21 de los 30 paises controlados por el Centro de control de enfermedades (ECDC) han visto aumentar los contagios en el último mes, con una tasa media de 434 contagios por 100.000 habitantes (los últimos 14 días), que se espera siga aumentando, porque la variante británica (más contagiosa) aparece en el 65,8% de los casos. Y en 14 paises europeos han aumentado los ingresos hospitalarios y los enfermos en UCI, mientras 9 paises tienen ahora más muertos por COVID. El peor país es la República Checa (1.230 contagios/100.000 habitantes), seguido de Polonia (804), Francia (647) y Suecia (626), Italia (522, Paises Bajos (506), Bélgica (475) y Austria (464). Alemania está mejor que la mayoría (227, aunque tenía 146 hace dos semanas) y también España (138,6), siendo los paises europeos con menor incidencia Portugal (64,6) y Reino Unido (116), según Sanidad.

España lleva 12 días aumentando los contagios, desde que el martes 16 de marzo acabó la 3ª ola (con un “suelo” de 127,80 contagios/100.000 habitantes), y el viernes 26 estábamos en 138,6 contagios, tras pequeñas subidas diarias. Pero la situación es muy desigual por autonomías, según los datos de Sanidad. Hay 2 regiones con un “riesgo extremo” (más de 250) de contagios: Melilla (501,8 contagios/100.000 habitantes) y Ceuta (260,7). Y otras 5 autonomías con un “riesgo alto” (150-250): Madrid (241), Navarra (223), País Vasco (214), Cataluña (184,6) y Asturias (163). El resto tienen un “riesgo medio” (50-150), salvo la Comunidad Valenciana (28,5), la única con un “riesgo bajo” (el objetivo: de 25 a 50). Y ha bajado en todas el porcentaje de positivos (5,56% de media), sólo “alto” en Melilla (11,09%).

Aunque suben (despacio) los contagios, se estabilizan las hospitalizaciones y los enfermos en UCIs, porque hay más mayores vacunados (aunque falta completar la vacunación de la mitad de los mayores de 80 años). El viernes había 7.679 pacientes COVID en los hospitales, 162 menos que hace dos semanas (7.841). Pero hay un “riesgo alto” (10-15% de camas ocupadas) en Melilla (14,29%), Ceuta (13%) y Madrid (11,14% camas ocupadas por enfermos COVID), según Sanidad. Los enfermos en UCIs, han bajado poco: de 1.950 hace dos semanas a 1.830 este viernes 26. Pero sigue habiendo una saturación en varias autonomías. Hay un “riesgo extremo” (más del 25% de camas UCIs ocupadas) en Ceuta (52,94%), Melilla (41,18%), Madrid (34,29%), La Rioja (33,96%) y Cataluña (31,97%). Y un “riesgo alto” (15-25% ocupación) en Aragón (23,31%), Asturias (23,01%), Castilla y León (22%), País Vasco (17,97%) y Canarias (16,56%), mientras hay “normalidad” en Extremadura (ocupadas el 3,83% UCIS) y Galicia (4,88%), con un “riesgo bajo” (5-10%) en Baleares (8,6%) y Murcia (8%), teniendo las 5 autonomías restantes un “riesgo medio” (10-15% ocupación).

Y al final están las muertes, que se han reducido algo en las últimas 2 semanas: 2.752 fallecidos del viernes 12 al viernes 26 de marzo, frente a 3.116 la quincena anterior (27 febrero-12 marzo) y 4.395 en la quincena anterior de febrero (12-26). Este descenso de muertes (aunque todavía hay 196 diarias) se debe a la caída drástica de muertes en residencias de ancianos, que han pasado de 788 muertes semanales a finales de enero a 80 a finales de febrero y a 17 muertes semanales a mediados de marzo (del 8 al 15), por las vacunaciones,  según los últimos datos de Sanidad. En las dos últimas semanas, los mayores aumentos de muertes se han dado en Cataluña (+1.529 muertos), Andalucía (+343), Madrid (+183), Comunidad Valenciana (+136) y Castilla y León (+112 muertes), según Sanidad. Y lo más llamativo es que de los 75.010 muertos por COVID-19, más de un tercio (29.499) han fallecido desde principios de diciembre.

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia con datos al 22 de marzo: hay 7 provincias en situación de “riesgo extremo”, en alerta 4: Madrid, Ceuta, Melilla, Soria, Lérida y Almería. En alerta 3 hay tres autonomías (Cataluña, País Vasco y Asturias), más Burgos, Palencia, Granada, Gran Canaria y Zaragoza. Y al otro extremo, en alerta 1 (la mejor situación), están la Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Murcia y Galicia, más Ávila, Zamora, Teruel, Cuenca, Albacete, Huelva, Málaga y Cádiz, quedando las 15 provincias restantes en alerta 2.

Según este nivel de alerta, así se permite la movilidad y la apertura de bares y comercios, aunque lo decide cada autonomía. Sanidad ha intentado restringir más la actividad y la movilidad esta Semana Santa, como ha hecho Alemania, Francia, Reino Unido y la mayoría de Europa, pero las mayores restricciones no se han aprobado (ver restricciones para Semana Santa), aunque el Gobierno y las autonomías estudian esta semana endurecer las restricciones (cerrar interior bares y restaurantes) en las zonas con más contagios, de 150 a 250 por 100.000 habitantes (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Asturias). Pero los gobiernos autonómicos no están por la labor de endurecer mucho las restricciones (salvo vascos y navarros), porque no se quieren enfrentar a una hostelería y comercio en rebeldía (con manifestaciones) y a unos ciudadanos hartos, que no entienden las restricciones cuando vienen extranjeros (con PCR), aunque Reino Unido ha prohibido los viajes fuera y tanto Alemania como Francia los desaconsejan.

Los datos de movilidad de los españoles, según los datos de Apple y Google, aumentan semana a semana (alcanza ya el 75% de la movilidad que había antes de la pandemia), como se puede comprobar en bares, tiendas, calles y carreteras. Si no se toman medidas más restrictivas, la 4ª ola seguirá adelante, aunque será en forma de “meseta”, con un nivel de contagios de 130 a 250 hasta el verano, muy inferior a la 3ª ola (que rozó los 900 contagios/100.000 habitantes en diciembre). Y seguiremos con el goteo de muertes diarias (590 el viernes 26) a las que parece nos hemos “acostumbrado”. Hay dos factores de riesgo que empujan esta “4ª meseta”: sigue aumentando la variante británica (más contagiosa y más letal, según los estudios) y tenemos un ritmo bajo de vacunación.

En España, la variante británica es ya mayoritaria (superaba el 50% de los nuevos contagios la semana pasada, según la ministra de Sanidad) y podría ser más, porque España sólo secuencia el 2% de los contagios, aunque debería analizar el 10%, según la Comisión Europea. Y esta variante británica supera el 70% de los contagios nuevos en 7 autonomías (Asturias, Cataluña, Cantabria, Navarra, País Vasco, Murcia y Baleares) y más de la mitad de contagios en las restantes, salvo en Aragón (18,3%), según Sanidad.

Con todo, el problema más preocupante es el retraso en las vacunas. España ha puesto ya (datos 25 marzo) una primera dosis a 7.067.371 españoles  y 2.505.842 personas tienen ya las 2 dosis. Son sólo el 5,2% de toda la población (en Europa se ha vacunado al 4,2%) y el 9% de los adultos (27,55 millones), muy lejos del objetivo europeo de vacunar al 70% de los adultos para el 21 de septiembre. Con estos datos, faltan de vacunar completamente 25 millones de personas, que son 50 millones de pinchazos. En 6 meses que quedan, serían una media de 278.000 pinchazos diarios, frente a los 94.000 pinchazos diarios hasta ahora. Así que parece imposible lograr esa ”inmunidad de rebaño” antes de noviembre o diciembre.

El retraso en la vacunación tiene 2 causas, una española y otra europea. El problema español es que sólo estamos administrando el 83,1% de las dosis recibidas, aunque hay autonomías que vacunan más (90,4% Andalucía) y otras menos (78,5% Castilla la Mancha o País Vasco), debido a la mala planificación y a la falta de personal y medios, que impide vacunar todos los días 12 horas. Y encima, hay diferentes criterios: en Cataluña o Galicia se ha vacunado a personas "no esenciales" con 60 años (Iceta) y menos (de 50 a 55 años en Galicia), mientras faltan por vacunar la mitad de los mayores de 80 años.

Pero el mayor problema de las vacunas viene de Europa: nos llegan pocas por la mala gestión que está haciendo la Comisión Europea. Se ha hecho mal desde el principio, como resume este interesante artículo del Nobel norteamericano Paul Krugman: se ha regateado en exceso en el precio a costa de no asegurar el suministro, se ha retrasado la compra y se ha retrasado en exceso el proceso de autorización de las vacunas (varias semanas después que en EEUU y Reino Unido), por demasiada burocracia. Y encima, se ha “dudado” con la vacuna de AstraZeneca, perdiendo dos semanas clave y alimentando los miedos a las vacunas. El resultado es que los paises europeos han administrado unas 14 vacunas por 100 habitantes (13,66 Alemania, 13,98 Francia o 13,99 España) frente al triple en Reino Unido  (45,94 por 100) EEUU (39,42 por 100), y todo el país en Israel (114 por 100), según los datos de Our Word in Data. Las vacunas, un desastre europeo.

Este retraso en la vacunación, más la 3ª y la 4ª ola, han agravado la pandemia pero también la economía, que no acaba de recuperar su actividad. El BCE, el Banco de España y el propio ministro Escrivá creen que la economía caerá en el primer trimestre, mientras la OCDE estima que España crecerá menos en 2021 (+5,7%) y que habrá que esperar a 2023 para recuperar lo perdido con la pandemia. Pero hay otro factor que también retrasa la recuperación: el retraso en la llegada de las ayudas europeas.  Hay dos motivos. Uno, burocrático, ligado a la complejidad de la UE: los Parlamentos de todos los paises tienen que aprobar los nuevos ingresos que sostienen los Fondos de recuperación. Y hasta hoy, sólo13 paises (incluida España) lo han aprobado en sus Parlamentos. Y para añadir incertidumbre, el Tribunal Constitucional alemán  paralizó provisionalmente el viernes la ratificación alemana de los fondos europeos, lo que retrasará su puesta en marcha.

El otro motivo del posible retraso de los Fondos es más preocupante: para liberar el dinero, la Comisión exige que los paises les presenten los Planes de inversiones y reformas. Y aunque hay de plazo hasta el 30 de abril, todavía hay 7 paises que no los han enviado: Irlanda, Lituania, Austria, Malta, Estonia, Paises Bajos y Luxemburgo. Eso puede retrasar el examen a los 27. Y sin aprobarlo no hay dinero. Se esperaba liberarlo para finales de junio, pero no llegará hasta septiembre. Como pronto. Y España espera  recibir 140.000 millones (72.000 a fondo perdido), claves para nuestro Plan de recuperación.

Así que nos encontramos con que un año largo después del inicio de la pandemia, Europa no ha entregado ni un euro de ayuda a los paises, salvo los 62.000 millones del Fondo SURE entregados a 16 paises (13.900 a España), que son “créditos” (no ayudas directas) para financiar los ERTES y el desempleo. De los 750.000 millones de ayudas (sólo 400.000 millones a fondo perdido) y los 1.074.000 millones extras en 7 años (2021-2027) del Presupuesto comunitario, aprobados en la Cumbre europea de julio de 2021, apenas ha llegado nada y no se espera el grueso del dinero hasta 2022 y 2023, con dos años de retraso. Mientras, el presidente norteamericano Biden aprobó el 11 de marzo (menos de dos meses después de tomar posesión) un paquete de ayudas directas de 1,9 billones de dólares, que se suma a los 900.000 millones de ayudas aprobados por el Congreso USA en diciembre y a los 2,2 billones de dólares aprobados por Trump en marzo de 2020. En total, un  rescate de 4,2 billones de euros, ya actuando, frente a los 750.000 que no llegan de Europa. Las ayudas a la recuperación, el 2º desastre europeo junto a las vacunas.

En el caso de España, el Gobierno también ha retrasado las ayudas directas a las empresas y autónomos, finalmente aprobadas en el Congreso el 25 de marzo, más de un año después del inicio de la pandemia. Y ahora, su llegada a los afectados, a través de las autonomías, se va a retrasar “hasta el verano”, según reconocía la Ministra de Hacienda. Y además, esos 7.000 millones de ayudas directas van a llegar sólo a unos pocos, a 1 de cada 12 empresas y a 1 de cada 6 autónomos, de los 5 sectores considerados más afectados  (agencias de viaje, alojamiento, transporte aéreo, bares y restaurantes y actividades audiovisuales), de Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares. Poco dinero, tarde y para pocos, lo que agravará la situación de muchos negocios, empujando cierres y despidos.

Tenemos un panorama muy feo: una pandemia que aumenta los contagios porque las autonomías han abierto la mano y muchos ciudadanos incumplen las normas (no aprendemos), un virus que se resiste con variantes más peligrosas, unas vacunas que no llegan y unas ayudas (europeas y españolas) que se retrasan y son insuficientes. Y mientras, los políticos preocupados en atacarse sin pausa para afrontar las elecciones de Madrid, que enrarecen aún más el clima político en plena pandemia. Hay pocos motivos para la esperanza y muchos para el malestar y el hartazgo. Pero podemos hacer mucho: cuidarnos y quedarnos en casa. 

El gasto para la recuperación no es "verde"

En el último mes, la ONU ha lanzado 3 alertas medioambientales, que han pasado desapercibidas por la pandemia. La primera, que el mundo se enfrenta a una triple emergencia: cambio climático, pérdida de diversidad y contaminación. La segunda, que se acaba el tiempo para actuar pero 121 paises no han presentado sus Planes para recortar más las emisiones de CO2, que siguen en niveles récord. Y la más preocupante, que el mundo está gastando billones en ayudas y medidas contra la recesión provocada por la pandemia, pero sólo el 18% de ese dinero se gasta “en verde”: el resto de inversiones agravan el cambio climático. La ONU advierte que 2021 es clave para que los paises actúen de verdad contra la emergencia climática, con inversiones eficaces y más colaboración ciudadana. Y los jóvenes han vuelto a manifestarse en 60 paises para que se actúe y acaben las promesas vacías. No hay vacuna para salvar el medio ambiente. Ni un Planeta B.

Enrique Ortega

La pandemia ha paralizado la actividad económica en todo el mundo, provocando la mayor recesión del último siglo y una caída del consumo de energía. Pero apenas ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero: las emisiones de CO2 cayeron un -4% en 2020, tras haber subido en los tres años anteriores (+2,6% en 2019), según los últimos datos de Carbon Monitor. La caída de emisiones fue mayor en EEUU (-9,4%), Brasil (-9,8%) e India (-8,1%), algo menor en Europa (-7,5%), Japón (-5%) y Rusia (-2,9%), aumentado en China (+0,5% subieron sus emisiones en 2020). España fue el país donde más cayeron las emisiones (-13,1%, frente a -9,5% en Reino Unido, -9% en Francia. -7,9% en Alemania y -7,4% en Italia),  casi la mitad de la caída (-5,4%) por las menores emisiones en la producción de electricidad (el 44% de la luz fue renovable) y el resto por la reducción de emisiones en el transporte terrestre (-3,8%) y la industria (-2,7%), por los confinamientos y la recesión, aunque se han mantenido estables (solo cayeron un -0,2%) las emisiones de las viviendas.

Pero esta bajada de las emisiones de CO2 se frenó en el verano, con la mayor movilidad y actividad y sobre todo en el último trimestre de 2020: del 1 de octubre al 31 de diciembre, las emisiones mundiales volvieron a crecer un +0,2%. Y sólo en el mes de diciembre de 2020, crecieron un 2,3%, según el último dato de Carbon Monitor. Así que todo apunta a que este año 2021 volverán a subir las emisiones de CO2, como viene pasando desde el año 2000 (un 3% anual entre 2000 y 2009 y un 1% anual entre 2010 y 2019). El temor de los expertos es que si la recuperación tras la pandemia es fuerte y rápida, sobre todo en 2022 y 2023, se disparen otra vez las emisiones de CO2, atenuadas la última década.

Pase lo que pase, el problema ya lo tenemos, porque llevamos dos siglos acumulando emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, metano y óxido nitroso), producidos sobre todo (en un 75%) por la actividad humana. Y así, la acumulación de CO2 era ya de 418,46 ppm (partes por millón) el pasado 20 de marzo, frente a 414,34 un año antes. Y esto supone la concentración más alta de CO2 en la atmósfera desde hace… 650.000 millones de años, según advierte la ONU (PNUMA, Programa sobre Medio Ambiente) en su informe “Brecha de emisiones 2020”. Y con esta elevadísima concentración de gases de efecto invernadero, el clima se resiente cada año más, según revela otro informe del PNUMA (ONU): 2020 ha sido uno de los tres años más calurosos de la historia, ha seguido el deshielo ártico y el aumento del nivel del mar (ha subido 10 centímetros desde 1993), se han disparado las inundaciones, tormentas y sequías (afectando a 50 millones de personas en el año 2000) y se han  multiplicado los “megaincendios” en Australia, Brasil, Rusia y Estados Unidos.

Pero no se deteriora sólo el clima. La ONU (PNUMA) lanzó el 18 de febrero su primera alerta al mundo este año: nos enfrentamos a una triple emergencia medioambiental, en el terreno del clima (cambio climático), la biodiversidad y la contaminación. Por un lado, la temperatura del Planeta sigue subiendo y a este ritmo, subirá 3 grados a finales de siglo cuando lo máximo compatible con la vida serían 1,5 grados. La segunda emergencia es la pérdida de biodiversidad: más de 1 millón de especies (animales y plantas) de los 8 millones existentes están en peligro de extinción, por las emisiones y el deterioro ambiental. Y la tercera emergencia es la contaminación, de los océanos (está acidificado, porque absorbe el exceso de CO2, con zonas sin oxígeno y un exceso de plásticos), el agua dulce (arrojamos desechos industriales y residuos)  y el aire, provocando esta contaminación casi 9 millones de muertes prematuras al año. “Estamos destruyendo el Planeta y la prosperidad de la humanidad está en riesgo”, advirtió el secretario general de la ONU. Y añadió: “Estamos cerca del punto de no retorno. Tenemos que hacer las paces con la naturaleza”.

El problema es que casi todo el mundo reconoce la gravedad del problema medio ambiental, pero hay demasiadas palabras y pocos hechos. Y encima, la pandemia ha paralizado muchos Planes. Con eso llegamos a la 2ª alerta de la ONU, en su informe del 26 de febrero: la mayoría de paises incumplen sus compromisos del Tratado de París, firmado en diciembre de 2015: de los 196 paises que lo firmaron, sólo 75 paises habían presentado la revisión de sus Planes nacionales al 31 de diciembre de 2020, como era obligatorio, según la ONU. Son los 27 paises de la UE y Reino Unido (que han presentado Planes con recortes adicionales), más Rusia y Australia (con nuevos Planes) o Brasil (cuyo Plan carece de objetivos de recortes para 2030) y otros paises menores. Pero no han presentado Planes con recortes adicionales ni EEUU ni China, que suponen juntos el 40% de las emisiones mundiales.

Ya no es sólo que los paises incumplan el compromiso de presentar Planes concretos de recortes de emisiones, sino que muchos paises “hacen publicidad” de que van a conseguir 0 emisiones netas para 2050 pero apenas justifican recortes para 2030. De hecho, 126 paises (que representan el 51% de las emisiones mundiales) han prometido ya emisiones cero para 2050 (y China para 2060), pero la ONU cree que sus promesas de recortes para 2030 “son incongruentes” con conseguir 0 emisiones para 2050. A lo claro: que “venden la imagen” de que va a ser “verdes”, pero no tienen Planes serios para 2030.  

La estimación de la ONU es que los recortes prometidos hoy para 2030 son insuficientes,  salvo en el caso de la UE-27 (que ha elevado su recorte del 40 al 55%)  y el Reino Unido (que lo ha elevado del 53 al 68%). Y que por este camino tan lento en el recorte de emisiones, la temperatura del Planeta alcanzaría el aumento de 1,5º sobre el periodo preindustrial en 2040 (o incluso antes) y no en 2100, que es el objetivo deseable y el firmado en el Acuerdo de París. Por eso, la ONU insiste en que no bastan los recortes prometidos y que hay que ser más ambiciosos, buscar un recorte global de emisiones del -45% (sobre las de 2010) para 2030. Y quedan menos de 10 años para conseguirlo. Por eso, el secretario general de la ONU dice que 2021 es un año crucial: o todos los paises recortan más o será tarde. Y pide que se aceleren los Planes, para aprobarlos en la Cumbre de Glasgow de noviembre de 2021.

La tercera alerta de la ONU, lanzada el 10 de marzo por el PNUMA, es quizás la más preocupante: los billones que los paises están gastando en luchar contra la pandemia y conseguir la recuperación económica van por mal camino, no son inversiones “verdes”. Así,  de los 14,6 billones de dólares que han gastado en 2020 los 50 principales paises en ayudas y medidas de reactivación económica, sólo un 18% (368.000 millones de dólares)  van en la buena dirección, son inversiones “verdes”, según este estudio realizado por la Universidad de Oxford y el PNUMA (ONU). O sea, que el 82% del gasto que está haciendo el mundo para salir de la pandemia agrava las emisiones y el cambio climático. Tremendo.

En definitiva, que la mayor movilización de recursos públicos de la historia agrava la crisis medioambiental del Planeta en lugar de ayudar, porque aumenta las ayudas al consumo no sostenible, al transporte, al campo o a las energías fósiles, sin ayudar a cambiar los hábitos de producción y consumo. Según este estudio de la ONU, sólo el 16% de estas ayudas mundiales reducen la contaminación del aire y el 84% restante la aumenta. Y sólo el 3% de las inversiones reducen la pérdida de ecosistemas, mientras el 97% restante los deteriora más. La mayor parte de esas inversiones “verdes”, en la buena dirección, las están haciendo los paises europeos, con Francia, Alemania, España y Polonia en cabeza. Y el informe muestra (ver este cuadro en la página XII) los paises que deterioran más el medio ambiente con sus inversiones anti-COVID: EEUU, Rusia, México, Sudáfrica, India e Indonesia, junto a Corea y Canadá.

En resumen, las 3 alertas de la ONU a los paises son preocupantes: el deterioro ambiental aumenta, los recortes de emisiones prometidos son insuficientes y las inversiones millonarias que hacen los paises para salir de la recesión del COVID empeoran más el medio ambiente. El corolario es evidente: hay que ir por otro camino, aprovechar las inversiones y la recuperación para recortar drásticamente las subvenciones a las energías fósiles y producir y consumir de otra manera. La ONU pide a los paises que rehagan sus Planes de recorte de emisiones y sean tres veces más ambiciosos, no sólo en la industria y el automóvil, sino también en el recorte de emisiones del transporte aéreo y marítimo, que quedaron fuera de los recortes de los Acuerdos de París. Y también piden a los paises ricos un mayor esfuerzo, porque el 1% más rico del mundo emite tanto como el 50% más pobre.

Además de pedir un esfuerzo a los paises, especialmente a los del G-20 (“culpables” del 78% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero), la ONU ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos del mundo, para que “cambiemos nuestra forma de vivir”, porque calculan que dos tercios de las emisiones mundiales de CO2 están vinculadas a “actividades domésticas”: 20% de emisiones se dan en el ámbito de las viviendas (calefacción y electricidad), otro 20% en el transporte (coches y vuelos) y 20% más en la alimentación (la agricultura y la ganadería provocan muchas emisiones).

Así que ya sabemos lo mal que están las cosas en el medio ambiente y lo poco que hacemos los paises y los ciudadanos. Incluso que la mayor parte de lo que se está gastando para luchar contra la pandemia y la recesión agrava los problemas del Planeta. Es hora de tomárselo en serio, de que paises y ciudadanos tomemos medidas, sin esperar al fin de la pandemia. Porque se acaba el tiempo para actuar.

La hoja de ruta de la ONU es que los paises presenten este año Planes concretos para reconvertir sus economías y su transporte, como ha hecho la Unión Europea y España, con el Plan de recuperación y el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que contempla 81 medidas, con 4 objetivos intermedios para 2030: reducir las emisiones un 23% (sobre las de 1990), duplicar el consumo de renovables (al 42% del consumo final), duplicar la electricidad 100% renovable (del 37,5% en 2019 al 74% en 2030, con el cierre en 2025 de todas las centrales de carbón) y mejorar la eficiencia energética (un +39,2% para 2030). Y otro objetivo más: que en 2040 sólo se vendan coches 0 emisiones. Todo ello exige, según este Plan, que España destine más de 200.000 millones a inversiones verdes en la próxima década, lo que reportará de 250.000 a 300.000 empleos netos anuales.

Pero además, los ciudadanos tenemos que cambiar nuestra forma de vida, para ayudar a reducir las emisiones y salvar el Planeta. Tenemos que cambiar nuestro transporte, no sólo en las ciudades  (con más transporte público y más bicicletas) y comprando más coches híbridos o eléctricos y menos SUV, sino haciendo menos viajes en avión (sustituir los vuelos de menos de una hora por el tren) y reduciendo la velocidad. Es importante también consumir menos energía en casa, con más aislamiento (se va a ayudar la rehabilitación de viviendas con fondos europeos) y menos consumo de electricidad y un aire acondicionado menos fuerte, reciclando al máximo. Y cambiar los hábitos de consumo: comprar más productos de proximidad (no importados), comer menos carne (una fuente de metano y NO2) y no hacer compras innecesarias (consumismo). Y también, estar dispuestos a pagar más impuestos por consumir productos más ecológicos o carburantes sucios: hoy pagamos 16 céntimos menos que la media europea de impuestos por litro de gasolina y 12 céntimos menos por litro de gasóleo, según los datos del Boletín Petrolero europeo.

Hace unos días, miles de jóvenes volvían a manifestarse en 700 ciudades de 60 paises, en los “Fridays for Future”, para pedir a los Gobiernos que “dejen de hacer promesas vacías”, que tomen medidas de verdad para no dejarles un mundo insostenible. Basta ya de palabras: no puede haber más demoras, con la excusa del coronavirus. Hay que enfocar la salida de la crisis y la recuperación “en verde”, los Gobiernos y los ciudadanos. Porque el deterioro ambiental avanza y se acaba el tiempo para frenarlo. Hay que volcarse a tope contra esta peligrosa “pandemia medioambiental”. No hay vacuna. Ni Planeta B.

Los repartidores, falsos autónomos

En las próximas semanas, el Gobierno aprobará un Decreto-ley (pactado con sindicatos y patronal) para regularizar la situación laboral de 30.000 repartidores: en 3 meses, sus empresas les tendrán que hacer asalariados, porque son “falsos autónomos”. Y tendrán que informar a sus representantes del “algoritmo”, el sistema de organización y evaluación que rige su trabajo, muy precario y mal pagado, que emplea sobre todo a jóvenes e inmigrantes. Con ello, España se anticipa a una futura Directiva de la Comisión Europea, que ha pedido a los paises que legislen sobre los repartidores. Pero la norma española deja fuera al resto de trabajadores de plataformas digitales (de cuidados, limpieza, transporte, servicios, profesionales, empleo…), donde colaboran hasta 5 millones de españoles, y que suponen un subempleo precario y con escasa protección social, según la OIT. Parece que el trabajo digital es muy “moderno” y de futuro, pero en muchos casos esconde subcontratación, explotación, opacidad fiscal y competencia desleal. No podemos apoyar este “modelo de futuro”.

Enrique Ortega

En la última década, ha habido un “boom” de plataformas digitales, esas empresas en la Red que utilizan una aplicación para ofrecer trabajos y servicios por Internet: plataformas de servicios de venta y alquiler (turismo, viviendas, alquileres, venta de entradas, guías turísticos), plataformas de profesionales (cuidados, limpieza, reparaciones, clases, trabajos manuales) y plataformas de transporte y reparto a domicilio (paquetería y comida). Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en febrero, estas plataformas digitales se han multiplicado por 5 en la última década, pasando de 142 grandes plataformas en 2010 a 777 en 2020. Y mueven ya 52.000 millones de dólares (43.000 millones de euros), el 49% del negocio en Estados Unidos, un 22% en China y sólo el 11% en Europa. Y dan empleo parcial a millones de personas (no las cuantifican), sobre todo a los colectivos que tienen más dificultades de encontrar un empleo completo (jóvenes, inmigrantes y mujeres).

En Europa, estas plataformas digitales van más retrasadas que en EEUU y Asia, pero aún así  emplean parcialmente a millones de europeos: un 10,5% de los adultos han trabajado alguna vez en ellas, según el último informe “Digital Labour Platforms in Europa 2019”. Y lo curioso es que España es el país con más trabajadores digitales (un 12,5% ha trabajado en ellas alguna vez), seguido de Reino Unido (12%), Portugal (11,5%), Alemania (10,6%), Lituania (10,3%), Holanda (10,2%), Italia (9,5%) y Francia (7,6% adultos). Y de ellos, casi la cuarta parte (2,8% de los adultos europeos) utilizan estas plataformas como su principal actividad laboral. Aquí, el país líder es Reino Unido (ocupan al 3,6% de los adultos), seguida de Holanda (2,8%), España (2,7%), Alemania (2,6%), Lituania e Italia (2,4%) y Portugal (2,1%).

Del alcance de las plataformas digitales en España tenemos pocos más datos, salvo de las plataformas de reparto (“delivery”), que son las únicas sobre las que ahora se legisla. Se estima que hay unos 30.000 repartidores, que trabajan básicamente  para 64.500 restaurantes, Amazon y otras empresas de venta online, atendiendo a 36 millones de pedidos anuales para casi 5 millones de usuarios, según el estudio de la consultora AFI (2019) para ADigital. Y el sector mueve un negocio (restaurantes y comercios) de 700 millones de euros anuales, además de ayudar a mantener 15.300 empleos anuales en restauración, comercio y servicios.

El líder de este mercado de reparto es Amazon, que en 2019 facturó 7.567 millones de euros, un 15% de todas las ventas online, y que distribuye productos de 8.000 empresas. Y la otra gran actividad de las plataformas de reparto es la entrega de comida a domicilio, un negocio dominado en España por Just Eat (35%), Glovo y Telepizza (15%), Deliveroo y Domino (10%), Uber Eats (5%) y Stuart Foods (3%), según el estudio de Self Bank.  La empresa líder en la entrega de comida a domicilio, Just Eat, fue fundada en Dinamarca en 2001, tiene su sede en Reino Unido y llegó a España en 2020, donde atiende ya a un millón de usuarios. Sólo tiene 100 empleados y es la única que subcontrata las entregas con empresas de logística, aunque ha empezado a crear una red propia de repartidores. Glovo es una multinacional española, creada en Barcelona en 2015 y que está presente en 400 ciudades de 20 paises, donde atiende a 7,4 millones de clientes. Trabaja con repartidores “autónomos”, como Delivero (creada en Londres en 2013), Uber Eats (creada en San Francisco en 2014 y operativa en 24 paises, con 2.500 millones de euros de facturación) y Stuart Foods (fundada en 2015 en Reino Unido y operativa en 80 ciudades del mundo).

El principal problema de estas plataformas de reparto es que ofrecen un trabajo muy precario y mal pagado, aunque las empresas dicen que pagan una media de 8 euros la hora (1,4 veces el salario mínimo) y que dan empleo, con flexibilidad horaria, a quien no lo tiene: los repartidores son hombres, de 25 a 35 años, extranjeros (64% latinoamericanos y sólo un 28% españoles) y sin trabajo (25% estaban en paro), según el estudio de AFI. Pero UGT asegura en un estudio que las presuntas ventajas de los repartidores son “un mito”: que cobran mucho menos en realidad (salvo que trabajen muchas horas) y que no tienen “flexibilidad”, porque están sometidos a un “algoritmo” que hace un control exhaustivo del trabajo del repartidor y le penaliza si rechaza repartos en determinados días y horas, rebajando sus ingresos o incluso cerrándole la plataforma. En el caso de Amazon, que trabaja con unos 6.000 repartidores, UGT estima que el repartidor cobra realmente 5 euros la hora (descontando gastos y cotizaciones) y que su algoritmo discrimina y hasta expulsa a muchos. Además, en las plataformas se crea una “dura competencia” entre repartidores, que carecen de vacaciones y derechos, no comunicando accidentes para no perder trabajo.

Desde 2017, UGT y la plataforma RidersxDerechos llevan luchando en los tribunales contra las principales empresas de entrega de comida a domicilio y contra Amazon, argumentando que los repartidores son “falsos autónomos”. Y han conseguido 41 sentencias a favor y 2 en contra, según UGT. Un largo camino para llegar, en septiembre de 2020, a la sentencia del Tribunal Supremo que ha sido definitiva: los 11 magistrados de la Sala de lo Social acordaron que “la relación existente entre un repartidos y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral”, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

En paralelo, la Seguridad Social ha llevado a cabo otra larga batalla contra las empresas de reparto, abriéndoles 45 expedientes desde 2017, por cotizaciones impagadas de autónomos. En total, les ha exigido más de 25 millones de euros en cuotas impagadas, el 62% a Glovo (por 11.013 repartidores), el 23,7% a Amazon (por 4.066), el 10,7% a Deliveroo (por 1.450 trabajadores más) y el 3,1% a Uber (por 1.428 conductores). Y además, la Seguridad Social ha ganado dos macro juicios, uno en el verano de 2019 en Madrid (532 repartidores de Delivero) y otro en enero de 2021 en Barcelona (748 repartidores de Glovo).

Con toda esta batalla legal y la sentencia del Supremo, la ministra de Trabajo se lanzó en otoño a aprobar un cambio legal sobre los repartidores, que ha tardado 5 meses en pactar con sindicatos y patronal, la madrugada del 10 de marzo. Ha sido una dura negociación, para pactar un Decreto que tiene un solo artículo y dos disposiciones adicionales. Los dos temas a negociar  han sido aceptar que los repartidores son asalariados y no autónomos (trasladando la doctrina del Supremo) y, la cuestión más polémica, la obligación a las empresas de que informen a los representantes de los trabajadores sobre “los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial” que afecten a sus condiciones laborales, algo que han acabado aceptado la patronal CEOE y CEPYME, aunque las empresas y su patronal (ADigital) creen que va contra la economía digital y la libre empresa, “vulnerando el secreto comercial y la propiedad intelectual de las compañías”.

Ahora, falta que este pacto social sobre los repartidores se plasme, en los próximos días, en un Decreto ley (que modifica el Estatuto de los Trabajadores) y se publique en el BOE. A partir de ese momento, las empresas de reparto a domicilio (se incluye “el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio”) tienen 3 meses (hasta finales de junio) para hacer asalariados a los repartidores, que ya no pueden ser autónomos. Eso supondrá regularizarlos y UGT estima que supondrá a las empresas pagar unos 164 millones más, entre cotizaciones (+ 76 millones) y salarios (92 millones que se ahorraban). Lo normal es que ahora, las empresas de reparto subcontraten el servicio con empresas de logística, como hace ahora Just Eat, aunque el sector cree que eso restará empleo y quitará negocio a los restaurantes y comercios (estiman que hasta 250 millones al año).

Con esta nueva legislación, España se ha adelantado a la futura normativa europea, que promueve la Comisión Europea y que están estudiando ahora Francia o Alemania, incluso  Italia (que aprobó un decreto en 2019, pero no ha funcionado, como demuestra que un Tribunal de Milán haya obligado en febrero a regularizar a 60.00O riders de cuatro plataformas digitales). De momento, el 24 de febrero, la Comisión Europea inició la fase de consultas con los interlocutores sociales afectados y ha apremiado a los paises para que legislen sobre las condiciones laborales de los repartidores, buscando una normativa homogénea. Ya hace un año, en marzo de 2020, la Comisión publicó un estudio donde mostraba su preocupación sobre la elevada precariedad de estas plataformas y planteaba posibles soluciones. Asimismo, el reciente informe de la OIT pide que los paises actúen para conseguir un trabajo digital “decente”, defendiendo que se de publicidad a los algoritmos y que se asegure la negociación colectiva y la protección social de los trabajadores de las plataformas.

A pesar de ser un gran avance, el Decreto pactado en España no cubre todo el trabajo en las plataformas digitales, como pedían los sindicatos, sólo las plataformas de reparto. Quedan fuera la mayoría de las plataformas digitales, donde han trabajado en algún momento hasta 5 millones de españoles (el 12,5% de los adultos): las plataformas de cuidados (como Cuideo y Joyners), plataformas de limpieza por horas (Wayook, Cleanzy, Domesting, MyPoppins), plataformas de reparaciones, trabajos manuales, clases particulares, de profesionales free lance, de guías turísticos y agencias de viajes, de servicios de empleo… Un mundo infinito de ofertas, dominado por la precariedad como las plataformas de reparto y que, de momento, queda fuera de la nueva normativa para los repartidores.

Internet ofrece una oferta casi infinita de posibilidades de negocio y de empleo, pero este tipo de actividad tiene que tener reglas laborales, además de transparencia y cumplir con normas, para que no sea un agujero negro de escapismo fiscal, competencia desleal y explotación laboral. De la misma manera que hemos empezado a comprender que comprar una camiseta a 5 euros tiene “truco” (la explotación de personas en Asia o China), tener a alguien que cuide de un mayor, arregle una chapuza o limpie nuestra casa a precios imbatibles también tiene una explicación: alguien trabaja a bajo coste y sin derechos. Y generalmente son jóvenes, mujeres o inmigrantes, que prefieren esa chapuza al paro. Pero no podemos consentirlo, no podemos sostener un modelo laboral basado en plataformas que no respetan los derechos laborales ni cotizan ni pagan impuestos. Esto no es “moderno”, es ilegal y hunde el futuro de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes. Trabajos digitales sí, pero decentes. Y eso obliga a imponer normas y asegurar derechos, regular la selva digital.  

El ingreso mínimo vital, al ralentí

La pandemia ha dejado millones de contagiados y 75.000 muertos, pero también la mayor crisis económica de nuestra historia reciente y una pérdida de empleos e ingresos para muchas familias, aumentando la pobreza y las “colas del hambre”. Esta “epidemia social” es más preocupante en España porque ya éramos, antes de la pandemia, el 5º país con más pobreza de Europa. Y los 9,7 millones de españoles con bajos ingresos en 2019 podrían ser ahora 1,2  millones más, 10,9 millones. Frente a esta “pandemia social”, el Gobierno aprobó en mayo el ingreso mínimo vital (IMV), para asegurar la subsistencia de 850.000 familias. Pero no ha funcionado, por un exceso de requisitos y burocracia: hoy sólo cubre a 200.000 familias, mientras más de 3 millones son atendidas por Cáritas o Cruz Roja y abandonadas por el Estado. Urge reformar el ingreso mínimo vital y que llegue de verdad a los que lo necesiten. Y darles no sólo dinero sino formación, empleo, vivienda y un futuro. Asegurar que no se queden atrás.

Enrique Ortega

En  España, la pandemia nos pilló con demasiada pobreza, fruto todavía de la dura crisis de 2008 y su secuela de recortes y desigualdades. Concretamente, en 2019, España era el 5º país europeo con más pobreza, con un 20,7% de españoles (9.695.989 personas) que ingresaban menos del 60% de la media del país (menos de 9.009 euros los solteros y menos de 18.919 euros las familias con 2 hijos), mientras en Europa eran “pobres” el 16,5% de la población (65.6 millones de europeos), según Eurostat. Y sólo tenían más “pobres” que España cuatro paises del Este: Rumanía (23,8%), Letonia (22,9%), Bulgaria (22,6%) y Estonia (21,7%). Y lo peor era que de esos “españoles pobres”, casi la mitad, el 9,2% (4.300.000 personas) estaban en situación de “pobreza extrema”, ingresando menos del 40% de la media del país (ganaban menos de 6.006 euros al año los solteros y menos de 12.600 euros las familias con dos hijos). Y lo más sangrante: éramos el tercer país con más pobreza infantil de Europa, tras Rumanía y Bulgaria, con 2,1 millones de niños “pobres”.

En este panorama de elevada pobreza, la pandemia ha sido un tsunami que ha destrozado las cuentas de muchas familias, atacando más a las personas que ya eran vulnerables (se han contagiado más y han perdido más empleos) y creando serios problemas de subsistencia a familias que tenían una economía saneada y han perdido ingresos, trabajos o negocios. Así que la pobreza se ha agravado doblemente, en los pobres de antes y con otros nuevos. A falta de publicarse los datos de 2020, Oxfam Intermón aumenta la cifra de pobres en 1,2 millones más (de 9,7 a 10,9 millones en 2020). Y apunta a que la mayoría son personas “en pobreza extrema” (ingresan menos de 16 euros al día los solteros y menos de 35 euros diarios las familias), que han aumentado en 800.000 (a 5,1 millones).

A falta de cifras oficiales, “la nueva pobreza” se aprecia en las “colas del hambre” que se ven en las grandes ciudades y el aluvión de personas que piden ayuda a las ONGs. Por un lado, el Banco de Alimentos está aportando comida a 1.630.000 personas, 600.000 más que hace un año. La Cruz Roja atiende ya a 3.600.000 personas y ha tenido que multiplicar por 5 sus entregas de comida y bienes básicos a familias españolas (80%) e inmigrantes (20%), que están en su mayoría en paro (el 52%) y sin ingresos (el 22% de los hogares que atienden). Y Cáritas atiende ya a más de 3 millones de personas, de las que 500.000 nunca habían ido antes a pedir ayuda y que necesitan comida y dinero urgente para recibos y alquileres, porque no tienen ingresos: más de 825.000 personas atendidas por Cáritas están en situación de pobreza extrema y 258.000 no tienen ningún ingreso.

Para intentar paliar este tsunami de pobreza por la pandemia, el Gobierno aprobó el 29 de mayo el ingreso mínimo vital (IMV), con el objetivo de que 850.000 familias vulnerables recibieran una ayuda económica (entre 462 y 1015 euros, según el tipo de familia), a cobrar con efectos retroactivos desde el 1 de junio, además de ayudarles a encontrar empleo (debían registrarse en las oficinas del paro). Hoy, el último balance del ministro de Seguridad Social habla de que se ha concedido la ayuda a 200.000 familias, la cuarta parte del objetivo. Y lo peor es que se han presentado 1,2 millones de solicitudes, la mayoría denegadas sin explicación. De hecho, el dato que aportaba hace unos días Cáritas es muy revelador del fracaso del IMV: el 96,4% de las personas atendidas por Cáritas no ha recibido el ingreso mínimo vital tras haberlo solicitado. Y lo mismo denuncian otras ONGs: la mayoría de las familias vulnerables que han pedido el ingreso no lo han recibido y a muchas se les ha denegado, incluso sin explicarles el por qué.

El ingreso mínimo vital (IMV) nació con un decreto-Ley aprobado por el Gobierno (29 de mayo) y que ahora tiene que ser convalidado en el Congreso. Pero en estos meses, se han aprobado tres decretos más, para tratar de corregir el IMV, dos en septiembre de 2020 y el último el 2 de febrero de 2021, cuando se aprobó un decreto ley para que puedan recibir el ingreso mínimo algunos colectivos antes excluidos: aumentan las personas acogidas dentro de una unidad familiar (se permite núcleos familiares más extensos), personas sin domicilio (que viven en albergues o en la calle) y usuarios de residencias. A la vez, abre la puerta a que los servicios sociales y ONGs puedan certificar el domicilio y la residencia en España hace un año, lo que resulta positivo pero crea un problema adicional, porque los servicios sociales municipales están colapsados y las ONGs no tienen medios.

A pesar de estos cambios, los expertos en servicios sociales y ONGs critican que el Gobierno, sigue sin resolver los problemas de exceso de requisitos y burocracia con los que nació el ingreso mínimo vital. El principal, que se pide a los solicitantes que justifiquen su caída de ingresos en 2019, cuando “los nuevos pobres” perdieron sus ingresos en 2020 y eso no se aprecia en su última declaración de renta (de 2019). Además se quejan del exceso de requisitos y de la dificultad que existe en muchos casos para demostrar el empadronamiento y el domicilio (muchos tienen contratos de alquiler no registrados o viven en viviendas ocupadas), el número de miembros de la familia, su presencia en España desde hace un año… Y se deja fuera del IMV a los jóvenes de 18 a 23 años, a los refugiados, asilados y protegidos por razones humanitarias y a los extranjeros que llevan menos de 1 año en España. Y no se reconoce la prestación a familias con más de 3 menores (sólo hasta el tercer hijo).

Otra queja de fondo, de los expertos en servicios sociales y ONG, es la falta de transparencia de todo el proceso de solicitud y concesión del IMV. No es posible hacer un seguimiento telemático de las solicitudes. Y en muchos casos, no se explican las razones por las que se deniegan el 60% de las solicitudes, ya que en muchos casos terminan en “inadmisión”, lo que impide conocer los motivos por los que se rechaza. Y tampoco hay estadísticas periódicas sobre solicitudes, concesiones e importes de la ayuda (se están dado desde 14 euros a 50 y  100 euros junto a los 462 prometidos), de las que el Gobierno informa a cuentagotas. Además, algunas ONGs denuncian que el periodo de retroactividad del ingreso (desde el 1 de junio) ha finalizado y muchas familias siguen esperando la ayuda sin tener ningún ingreso.

Es hora de cambiar radicalmente los requisitos para que el IMV llegue a los que de verdad lo necesitan. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS)  acaban de enviar al Gobierno unas propuestas de mejora muy concretas, que piden se incluyan en la Ley del IMV que está a debate en el Congreso. La primera y fundamental, que se cree una pasarela desde las rentas mínimas autonómicas, para que los 297.183 beneficiarios de estas ayudas autonómicas pasen a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, sin más papeleo adicional y con comprobaciones posteriores. La segunda propuesta, que las familias afectadas por la pandemia y cuyos ingresos han caído drásticamente en 2020 puedan hacer “una declaración responsable” de esta caída de ingresos y con ella recibir el IMV, a expensas de regularizarlo y confirmarlo cuando declaren a Hacienda esta primavera. Y el tercer cambio, que se tenga en cuenta la situación familiar al hacer la solicitud y no un año antes, dejando que sean los servicios sociales los que informen sólo en los casos de discordancia.

Además, los expertos piden que se refuercen los servicios sociales municipales, que ya estaban sobrecargados antes de la pandemia (recibían 10 millones de consultas al año) y que se ayude a las ONGs sin ánimo de lucro, que colaboran en la gestión del IMV sin medios ni contrapartidas. Además, las ONGs piden más transparencia en la gestión de las solicitudes y una mejora de la gestión telemática, para conocer el estado de los expedientes. Y se quejan de que no se incluyan, junto al IMV, ayudas a la vivienda y alquileres sociales, uno de los problemas más graves que tienen las familias vulnerables. Y que no se les forme ni se diseñe su reinserción laboral, aunque se les obligue a apuntarse al paro.

Otro problema importante es que el ingreso mínimo vital ha desactivado las rentas mínimas que daban las autonomías. El dato que acaba de dar Cáritas es muy explícito: 4 de cada 10 familias que recibían ayudas autonómicas han dejado de recibirlas, por solicitar o percibir el ingreso mínimo vital. Y es que las autonomías han reaccionado cada una a su aire ante la llegada del ingreso mínimo: unas (Madrid) han suspendido algunas rentas mínimas, otras (Castilla la Mancha) han archivado las peticiones pendientes de rentas mínimas y otras  (Baleares) han subido sus rentas mínimas. Pero en general, las autonomías han visto el cielo abierto con el ingreso mínimo vital: una oportunidad de gastar en otras cosas esos 1.686 millones de euros que hasta ahora gastaban en rentas mínimas para  familias desfavorecidas, a las que dan entre 667 euros (País Vasco) y 400 (Madrid).

Lo lógico sería que las rentas mínimas desaparecieran en el ingreso mínimo vital, pero que ese dinero no se perdiera: que las autonomías lo utilizaran para complementar el IMV, para reforzar los servicios sociales (autonómicos y sobre todo municipales), para financiar a las ONGs y, sobre todo, para financiar ayudas complementarias a las familias más vulnerables (alquileres, becas, ayudas de comedor) y para poner en marcha programas de formación y políticas de empleo para la reinserción laboral de las familias más pobres. No ahorrarse el gasto en rentas mínimas sino hacer más y mejor gasto social autonómico.

El ingreso mínimo vital tiene recursos (3.100 millones para 2021), aunque quizás necesite más, si la recuperación se retrasa. Pero lo que más necesita es flexibilidad y transparencia, para que las familias más afectadas por la pandemia tengan ayudas ya, sin retrasos. Hay que reducir burocracia y dejar de poner trabas a los pobres, como denuncian las ONG. Pero no basta con esta ayuda. No podemos dejar que la pobreza se enquiste, en determinados colectivos y familias (madres solas con hijos, trabajadores precarios, inmigrantes, jóvenes y mujeres). Hay que poner en marcha un Plan de choque para que vuelvan a trabajar y tener ingresos, apostando por su formación y tutelando su recolocación desde las oficinas de empleo (que hay que reformar y dotar de medios). Y en paralelo, aprobar un Plan de alquileres subvencionados  y viviendas sociales. Y programas específicos de seguimiento educativo, para que los hijos de familias pobres no abandonen el colegio y tengan acceso a becas y educación online. Y una atención específica a las familias pobres con padres e hijos dependientes y con niños.

No vale con asegurar a los pobres una pequeña ayuda para sobrevivir, que hoy no llega a la mayoría. Hay que hacer una política social eficaz, no sólo por una cuestión de justicia sino por una mera cuestión económica: una pobreza y desigualdad excesivas son” un lastre para tener un crecimiento sostenible”, como dijo el gobernador del Banco de España en el Congreso. Así que luchar contra la pobreza y la desigualdad no es “de izquierdas” sino de puro sentido común: si 1 de cada 4 ciudadanos está en situación de pobreza, ni consumen, ni crean riqueza, ni pagan impuestos o pensiones, ni creceremos suficiente. Y además, esta tremenda pobreza alimenta los populismos y deteriora la democracia. 

Por eso, un objetivo de la recuperación, de los Fondos europeos, debe ser reducir la pobreza y la desigualdad, crear más empleo y mejorar el nivel de vida de 10 millones de españoles vulnerables. Salir de la recesión sin que muchos se queden atrás. Un reto de todos, por la justicia, la economía y la democracia.