Jubilarse antes, una necesidad para muchos

En 2016 se batió  el récord de españoles jubilados antes de tiempo: 136.941, el 44,6% del total. Y en 2017 sigue esta tendencia, iniciada en 2013, con un 44,1% de prejubilaciones, a los 64,2 años de media, aunque la edad legal sea este año de 65 años  y 5 meses. Los españoles se jubilan antes porque ahora les llega el turno a los prejubilados de los EREs y porque hay muchos mayores de 55 años que, a falta de trabajo y de cobrar el paro, no ven otra salida que jubilarse antes. Son 3 millones de mayores de 55 años “ni-ni-nis”: ni trabajan, ni cobran el paro ni se pueden jubilar. Y en cuanto llegan a los 63 años (y algunos a los 61) se jubilan, aunque pierdan un porcentaje de pensión. No hay que penalizarles con más recortes,  sino darles una salida, aprobar un Plan de choque para ayudarles a encontrar trabajo o asegurarles un subsidio digno hasta los 65 años. No condenarles al limbo de los “ni-ni-nis”.



                                                                                     enrique ortega

Las prejubilaciones cayeron en España con la crisis, entre 2007 y 2011, porque muchos mayores desecharon la idea de jubilarse antes por la necesidad de seguir aportando ingresos en hogares donde habían caído sueldos y empleos. Pero a partir de 2012, las jubilaciones antes de tiempo volvieron a crecer, año tras año, hasta alcanzar en 2016 un récord histórico: 136.941 prejubilaciones, el 44,6% del total, según los datos de la Seguridad Social. Y este año 2017, hasta abril, ha seguido la tendencia. 48.182 jubilaciones antes de los 65 años, un 44,1% del total, con una media de edad de 64,2 años (63,7 años los hombres y 64,5 años las mujeres). Este aumento de las prejubilaciones choca con la primera reforma de las pensiones, aprobada por Zapatero en 2011, que elevó progresivamente la edad de jubilación a 67 años para 2027 (este año 2017 está en 65 años y 5 meses). Y con la segunda reforma aprobada por Rajoy en 2013, que endureció los criterios para jubilarse anticipadamente, aumentando el porcentaje que se pierde por jubilarse antes (hasta el 8% anual).

Pero los datos están ahí y demuestran que, a pesar de las dos reformas, aumenta el porcentaje de los que se jubilan antes de tiempo. Por dos razones. Una, porque ahora están jubilándose los prejubilados de la crisis, los trabajadores de los EREs de la banca y las grandes empresas que tenían pactado jubilarse a los 61 o 63 años. Y, sobre todo, porque hay muchos mayores de 55 años que, a la vista de que no tienen trabajo ni cobran el paro, optan por jubilarse antes, aunque pierdan con ello un porcentaje de su pensión. En España hay casi 3 millones de personas mayores de 55 años que son “ni-ni-nis”: no tienen trabajo, no cobran el paro y no pueden jubilarse. La mayoría de ellos son mayores que “han tirado la toalla” de buscar trabajo y están inactivos (son 2.352.000 entre 55 y 64 años) y otros 560.100 son parados (y el 75% de ellos llevan más de un año sin trabajo).

Estos españoles mayores de 55 años saben que tienen muy difícil encontrar trabajo y comprueban cada día que las empresas no los quieren: el 61% no han sido llamados a ninguna entrevista de trabajo en el último año, aunque el 56% de ellos presenta currículos cada semana, según un estudio de la Fundación Adecco. Su mayor hándicap es la edad, pero también su baja formación: el 70% de los parados mayores de 55 años sólo tiene la ESO o incluso menos y muchos proceden de la construcción y sectores reconvertidos que ahora no tienen futuro (como ellos). Y por todo ello, el 70% de estos parados mayores de 55 años cree que “ya no volverá nunca a trabajar”, según una encuesta de la Fundación Adecco.

Su situación es especialmente preocupante porque la mayoría de estos parados mayores de 55 años no cobra el paro, a pesar de que el 40% sigue teniendo hijos a su cargo y el 35% está pagando todavía una hipoteca, según la Fundación Adecco. Los mayores de 55 años a los que se les acaba el paro tienen derecho a un subsidio de 426 euros al mes hasta que les llega la edad de jubilación (y la Seguridad Social cotiza el mínimo por ellos ese tiempo), pero muchos no lo cobran porque no cumplen los tres requisitos imprescindibles: haber cotizado 6 años al desempleo, haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y, sobre todo, que en su familia (contando su esposa o esposo y los hijos menores de 26 años) no haya ingresos superiores a los 530,78 euros mensuales (media de todos los que ingresen algo), un requisito que introdujo el Gobierno Rajoy en 2013 y dejó a muchos mayores fuera del subsidio.

Si los mayores de 55 años son “ni-ni-nis”, no trabajan ni cobran el paro, ¿Qué pueden hacer? ¿Esperar en el limbo  de la pobreza hasta que cumplan los 65 años? Muchos echan cuentas y buscan la vía para jubilarse antes, a los 63 años o incluso a los 61 años. Para jubilarse anticipadamente a los 63 años, el trabajador ha tenido que cotizar al menos 35 años. Y si le han despedido por causas económicas o administrativas y ha estado al menos 6 meses de paro, puede solicitar jubilarse a los 61 años. En ambos casos, la contrapartida es que pierde un porcentaje de la pensión que tendría si esperara a los 65 años y 5 meses. El recorte varía entre el 6,5 y el 8% anual. Pero aun así, le puede compensar  tener una pensión más baja si no cobra nada de paro. Y sobre todo si es autónomo y encima tiene que cotizar a la Seguridad Social para no perder el derecho a pensión: jubilado no cotiza y cobra.

Por todo esto suben las prejubilaciones, porque hay 3 millones de españoles mayores de 55 años que no ven otra salida que jubilarse lo antes que puedan. Aunque esa decisión cargue más las cuentas de la Seguridad Social, que sigue con un abultado déficit (-18.500 millones en 2016). La tendencia del Gobierno Rajoy, de la patronal y de muchos expertos es penalizar más estas prejubilaciones, con más requisitos y más recortes de la pensión resultante, para disuadir a los mayores a jubilarse antes de tiempo. Incluso hay muchas voces, como las del expresidente Aznar, el Banco de España y distintos expertos, que han defendido  ir i más allá y subir la edad de jubilación por encima de los 67 años, quizás hasta los 70.

Penalizar más las prejubilaciones y volver a subir la edad de jubilación por encima de los 67 años serían unas medidas injustas y rechazables por varias razones. Primera, porque con la subida a 67 años, España tiene ya una edad de jubilación que es de las más elevadas de Europa, sólo por detrás de los 68 años de Irlanda, reino Unido y la república Checa, según los datos de la OCDE. Incluso hay paises como Francia donde se jubilan a los 62, otros como Finlandia a los 63 y varios a los 65 años, como Austria, Bélgica o Grecia. Segundo, porque penalizar las prejubilaciones y subir más la edad de jubilación dificultaría aún más el empleo de los jóvenes, en un país donde su tasa de paro es el 40,5%, más del doble que el paro juvenil en Europa (19,5%). Y sobre todo, porque hay más de 1 millón de parados mayores de 50 años (1.042.700), que tienen muy difícil encontrar trabajo, más de la mitad sin ingresos y a los que se condenaría a estar más años “en el limbo”  esperando a jubilarse.

El auge de las prejubilaciones debería llevar al Gobierno y a las fuerzas políticas y sociales no a recortarlas sino a reflexionar que son un síntoma de un problema muy serio: que hay un enorme colectivo de españoles sin salida, los 3 millones de mayores “ni-ni-nis”. Y que debería hacerse un Plan de choque específico para darles una alternativa. Por un lado, ayudarles a que encuentren un trabajo, para lo que el Gobierno debería volcarse en su formación y las oficinas de empleo (SEPE) en orientar su búsqueda de empleo, con la aprobación también de ayudas e incentivos fiscales a las empresas que contraten mayores. Por otro, en el caso de que no consigan empleo, deberían asegurarles un subsidio hasta la jubilación, revisando los requisitos actuales y haciendo que la mayoría pueda recibirlo. Y sobre todo los que tienen familia a su cargo, con medidas para ayudarles a pagar su hipoteca. Y en tercer lugar, planes específicos para que los mayores en peor situación se jubilen anticipadamente: no es lo mismo poner pegas a alguien que trabaja y quiere jubilarse a los 63 años que dificultárselo a un mayor “ni-ni-ni” que lleva años parado y sin ingresos.

Tenemos un serio problema con las pensiones, que no salen las cuentas porque los ingresos han caído y los gastos van a crecer mucho más por el envejecimiento de la población. Pero no podemos intentar corregirlo echando la culpa a las prejubilaciones, sobre todo a las de los mayores de 55 años sin trabajo y sin paro que buscan una salida jubilándose antes. Penalizarlos sería un ahorro mínimo y muy injusto. Lo que deberíamos hacer es darles una alternativa, ayudándoles a encontrar trabajo o a sobrevivir con un desempleo digno o una pensión anticipada. Porque no podemos cerrarles el único camino que encuentran tras muchos años “en el limbo”. Estos españoles mayores de 55 años sí que son “una generación perdida”, tras décadas de esfuerzos. Hay que buscarles una salida, no culparles ni penalizarles.

Multinacionales españolas: el modelo Telefónica

Es una de esas noticias que provocan al personal: Telefónica, la empresa con más beneficios del país occidental  con más paro, despide a una quinta parte de su plantilla. Y mientras, sus directivos se reparten millones en bonus, su presidente es el tercer ejecutivo mejor pagado de España y sus accionistas cobran uno de los dividendos más altos del mundo. Pero lo peor no es eso. El problema es que el modelo Telefónica es el más puro ejemplo de la gestión de las multinacionales españolas, empresas que invierten y crean empleo fuera, que viven pensando en las Bolsas y el dividendo, cuyos directivos tienen sueldos y bonus millonarios y que no crean empleo en España sino que a la menor oportunidad lo destruyen y lo externalizan.

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La noticia no es que Telefónica reduzca plantilla, ya que ha hecho dos grandes ajustes (17.335 empleos en 1.999-2000 y 13.780 en 2003-2007), que han reducido a la mitad su personal en España (de 67.217 a 35.379). Lo provocativo es que lo haga tras ser la primera empresa española que supera los 10.000 millones de beneficios y la empresa con mayor rentabilidad por dividendo de las 50 mayores compañías del mundo, lo que significa que sus accionistas se han embolsado 6.755 millones en 2010 y esperan llevarse el 91 % de los beneficios en 2011. Para redondear el reparto, Telefónica ha aprobado unos bonus de 450 millones de incentivos para 1.900 altos directivos (que tuvieron otro bonus en 2006). Y su presidente, César Alierta es el tercer ejecutivo mejor pagado de España: cobró 8,6 millones de euros en 2010.

Con todo esto, argumentar que han caído las ventas de Telefónica en España y que hay que despedir a 6.500 empleados en tres años, para ahorrar 450 millones al año en gastos de personal, suena poco convincente. Está claro que el fin del monopolio y la dura competencia en el sector afectan a Telefónica, pero el problema clave es su estrategia multinacional, que le lleva a tratar de ajustar sus cuentas en España (reduciendo el 20 % de su plantilla  y vendiendo Atento) para invertir y crear empleo en el extranjero. Y eso que, en 2011, los beneficios sobre  ingresos en España han sido del 44%, un porcentaje superior al conseguido en el resto del mundo y por su competencia. O sea, que los clientes españoles y la plantilla sostienen su internacionalización.

Para poner la guinda, han sido los sindicatos los que han pedido que los despidos suban de 6.500 a 8.500 (aunque finalmente serán 6.500), a cambio de que en 5 años no se tocara la plantilla. Y también, porque hay muchos empleados que quieren convertirse en prejubilados de oro: dejan de trabajar a los 53, tienen dos años de paro y luego cobran un 66% del sueldo bruto (unos 3.000 euros mes) hasta los 61 años y después, el 34% hasta la jubilación (unos 1.500 euros al mes), más las cotizaciones a la SS a cargo de la empresa. Un regalo envenenado, que supone una pérdida de recursos para el país (y eso que no nos toca pagarles dos años de paro, como a otras empresas y a las Cajas) y para Telefónica (que los cambia por becarios y empresas externas). Y una afrenta a los 5 millones de parados.

El problema de fondo es que Telefónica no es un caso aislado, sino el ejemplo más duro de un modelo de gestión, el de las nuevas multinacionales españolas, bancos y empresas, no más de 50, que facturan más fuera de España que dentro. Unas empresas que gestionan su día a día pensando en su valor en Bolsa y en los analistas (los “mercados”), en los Fondos de inversión que tienen de accionistas y que sólo valoran el beneficio y el dividendo, no que creen empleo. Y cuyos directivos gestionan para defender sueldos y bonus multimillonarios, ligados a beneficios y cotización.

Las 35 empresas del IBEX ganaron 51.613 millones de euros en 2010 (+ 24,7%). Además,  su dividendo se ha multiplicado por cinco en los últimos 10 años (repartieron 25.000 millones en 2010), en beneficio de sus accionistas. Los sueldos de sus Consejos de Administración han crecido un 40% en los últimos cinco años, con una subida del 20% sólo en 2010. Y hay 8 altos ejecutivos que ganan más de 4 millones de euros al año, mientras son frecuentes los ejemplos de bancos y empresas que reparten jugosos bonus a sus directivos, bonus que la Unión Europea quiere controlar con una Directiva que el Gobierno español aprobó finalmente el  pasado viernes 3 de junio, sobre todo para bancos y Cajas que reciban ayudas públicas. 

Entre tanto, las multinacionales españolas destruyeron empleo, tanto en 2009 (18 empresas de las 35) como en 2010 (11 empresas). Entre las 35 del IBEX emplean 2.670.774 personas en el mundo (2009), de las que sólo una cuarta parte (559.869) están en España, según UGT. Y la sensación es que si no reducen más plantilla en España, como Telefónica, es por imagen, ya que tienen claro que España es un mercado maduro, donde les sobra plantilla (de un 10 a un 20%), que desearían recortar para crecer más fuera. De momento, abren las puertas a que se vaya (discretamente) el que quiera, fuerzan a empleados a trabajar en otros países y externalizan todo el trabajo que pueden. Además, presionan al Gobierno para que les facilite el ajuste. Así, tras la reunión de 30 grandes empresarios con Zapatero en Moncloa, en noviembre, el Gobierno aprobó en diciembre un Decreto que eliminaba el requisito del mantenimiento del empleo en la libre amortización del impuesto de sociedades. Resultado: los despidos colectivos de grandes empresas han crecido un 210% este año.

Al final, nuestras multinacionales destruyen más empleo del que crean, encabezadas por César Alierta, presidente del Consejo para la Competitividad, un lobby de grandes empresas creado por Zapatero, que se van a repartir 30.000 becarios (que cobrarán 400 euros) de un programa para jóvenes desempleados, impulsado por Economía, que también coordina Alierta. Para nuestra desgracia, estas multinacionales españolas (muchas antiguas empresas públicas) no son la solución contra el desempleo, que tendrá que venir de pymes y autónomos. Pero ellos no tienen su poder ni sus ayudas. Así nos va.  

El ajuste de las Cajas, también lo pagamos todos

En plenas Navidades, la mayoría de las Cajas de Ahorros han estado cerrando fusiones para alumbrar un nuevo mapa de un sector que apenas había cambiado en el último siglo. El Banco de España les había dado un ultimátum: o ponéis orden para Nochebuena o lo ponemos nosotros. Y vaya si lo han hecho: ha habido fusiones contra reloj, para pasar de 45 Cajas a 17, se van a cerrar 2.300 oficinas y salen unos 20.000 trabajadores (1 de cada 6), la mayoría por prejubilaciones. Pero una cuarta parte del ajuste la pagaremos todos los españoles, financiando el paro durante dos años a los prejubilados de las Cajas, que salen con 55 años, lo que nos costará 1.100 millones de euros. Y además recibirán préstamos públicos del FROB para financiar el ajuste de un sector con beneficios.

Las Cajas son el eslabón más débil del sistema financiero español, por varias razones. La principal, porque soportan el 65% de la crisis del ladrillo (170.000 millones en activos inmobiliarios), con una elevada morosidad. La segunda, porque tienen una débil estructura de capital. La tercera, por su exceso de capacidad, fruto de haber aumentado en la última década oficinas (+30%) y plantillas (+32%), mientras la banca las recortaban (-6%).La cuarta, una gestión muy condicionada por los políticos locales y autonómicos (y hasta los Obispados).Y la última, que este año se han intervenido dos Cajas (CCM y Caja Sur) y los mercados temen que haya más Cajas en apuros(11 han tenido pérdidas en el tercer trimestre).

Pero las prisas ahora por ajustar las Cajas se deben a dos factores más. Uno, que necesitan con urgencia liquidez y apelar a los mercados para refinanciar en 2011 más de 40.000 millones de deuda. El otro, que la normativa europea Basilea III les obligará en 2011 a mayores exigencias de capital. Y para ello, tendrán que convencer a los inversores que son entidades saneadas y bien gestionadas.

La reforma ha consistido en un puzle de 12 fusiones entre Cajas de distintas autonomías o de la misma (caso de las Cajas de Galicia o Castilla y León), buscando siempre que una Caja sana se haga cargo de una o varias con problemas. Caja Madrid, Bancaja y 5 Cajas pequeñas han hecho la mayor fusión financiera de nuestra historia, creando la tercera entidad tras Santander y BBVA. Otras fusiones importantes son las protagonizadas por Cajastur, Catalunya Caixa, Caja Murcia y Caja Navarra. Ahora quedan 17 grupos de Cajas, tres veces más grandes, con un 15% menos de personal, y una estructura más ágil, como bancos, para poder captar accionistas y capital en la Bolsa y en los mercados. Y con una gestión más profesionalizada, aunque siguen los políticos: en el grupo Caja Madrid-Bancaja, por ejemplo, de los 22 consejeros hay 2 ex- ministros (Rato Y Virgilio Zapatero) y otros 11 cargos políticos.

El mayor coste del ajuste de las Cajas será para reducir el personal en 20.000 empleados, de los que 17.000 saldrán por prejubilaciones a los 55 años. El Ministerio de Trabajo, el que quiere que todos nos jubilemos a los 67 años, les va a autorizar un ERE para que los dos primeros años cobren el paro y lo pague el INEM (o sea,todos), así como sus cotizaciones a la Seguridad Social (además, los prejubilados pagarán menos impuestos en el cobro de su indemnización al ser un ERE). Esta fórmula de ajuste laboral, de las que no han disfrutado los bancos en sus múltiples prejubilaciones, les supondrá un ahorro de 1.100 millones que paga el Estado. Y también recibirán 12.000 millones de préstamos públicos del FROB.

Ahora, las Cajas tendrán que digerir estas complicadas fusiones y buscar capital para sanearse y reforzarse. Y en enero, se desnudarán, al tener que publicar el riesgo que tienen con el ladrillo, un dato clave para los mercados. Habrá que ver si mantienen su “trato de Cajas” frente al cliente, qué pasa con su Obra Social  y si pierden cuota frente a los bancos. Ojala no haga falta un segundo ajuste, porque también nos tocaría pagarlo.