El "mito" de que faltan trabajadores

Otro año más, los empresarios se quejan de que no encuentran personal para trabajar en algunos sectores, como hostelería, construcción, el campo o el transporte. Y que los candidatos están “poco formados”. Pero España es el país que crea más empleo en Europa y el que tiene menos “vacantes” (152.000). Los sindicatos replican que la falta de trabajadores es “un cuento”, que el problema es que muchos empleos están mal pagados y con horarios imposibles y que por eso no hay candidatos (salvo inmigrantes). Sí es verdad que algunas empresas tecnológicas no encuentran trabajadores cualificados, en parte porque pagan poco y no “cuidan” el talento. Además, las empresas españolas gastan poco en formar a sus trabajadores, mientras sólo un 10% de los parados hacen cursos. Y encima, 7 de cada 10 empresas no usan el dinero disponible para formación. En vez de quejarse, las empresas deberían pagar mejor y formar a sus plantillas, “cuidándolas” más, porque el 57% de los trabajadores en España están “desmotivados”. Así, el trabajo no atrae.

                               Enrique Ortega

La última Encuesta de las Cámaras de Comercio, apoyada con el marchamo del Banco Mundial, revela que el principal problema hoy de las empresas españolas es la falta de mano de obra formada, de lo que se quejan el 35% de los encuestados (el 41% de las grandes), por delante de la queja por la regulación laboral (el 18%) y los impuestos (16%). Más llamativos son los resultados de otra Encuesta empresarial realizada por la consultora Hays: el 89% de las empresas consultadas reportan dificultades para encontrar personal cualificado, sobre todo en los sectores de ciencia e investigación, legal, atención al cliente, automoción y banca y seguros. Un tercer estudio, de Manpower Group, revela que el 78% de las empresas tecnológicas no encuentran el personal cualificado que buscan, sobre todo las empresas de logística, transporte y distribución, la energía y suministros, las ingenierías, las empresas medioambientales, inmobiliarias y finanzas.

Sin embargo, este presunto déficit de empleos no se registra en las estadísticas: España ha creado 1,8 millones de nuevos empleos desde la pandemia, el 40% de los empleos europeos. Y somos el país de la UE-27 con menos “empleos vacantes”, según Eurostat: el 0,9% del total en el primer trimestre de 2025, frente al 2,2% de media en la UE-27, el 4,2% en Paises Bajos, el 4,1% en Bélgica, el 2,7% en Alemania, el 2,5% en Francia y el 2,2% en Italia. Y los “empleos vacantes” han crecido de 101.009 en 2019 a 152.885 en marzo de 2025, según el INE, una cifra mínima frente a los 21.765.400 ocupados que hay en España.

Los datos revelan que la gran mayoría de estos “empleos vacantes” (152.885) se encuentran en el sector servicios (88%), no en la industria (sólo el 6% de las vacantes) ni en la construcción (otro 6%). Y según los últimos datos de las oficinas de empleo (SEPE), los puestos de trabajo sin cubrir se concentran en la hostelería y el turismo, la construcción, la agricultura, el comercio, información y comunicaciones, sanidad y servicios sociales, personal de limpieza, instaladores, reparación de vehículos y transporte.

Un estudio de Funcas analiza estos datos del SEPE por autonomías y deduce que la principal razón por la que algunas empresas tienen dificultades para cubrir vacantes son “las malas condiciones laborales” (salarios, horarios y contratos), sobre todo en el turismo, el transporte y la construcción. También hay otras razones, como la falta de “habilidades” y cualificación de los candidatos, así como el envejecimiento de la población, que lleva a que muchas profesiones no encuentren un relevo generacional. El estudio concluye que la falta de mano de obra en España tiene un doble componente: carencia de candidatos (pocos y que piden mejores condiciones laborales) y carencia de competencias o cualificaciones específicas (en el caso de empresas de sectores más tecnológicos e innovadores).

Así que la información disponible revela que si faltan trabajadores es, en unos casos, por los contratos poco atractivos que se les ofrecen y, en otros, por falta de cualificación del candidato, dos motivos diferentes y que exigen diferentes medidas. En el primer caso, se trata de ofrecer mejores condiciones de trabajo (“Paguen más” dijo Biden primero y luego la ministra Yolanda Díaz y los sindicatos). Y en el segundo, hay que mejorar la cualificación de los jóvenes (de la escuela a la Universidad), a la vez que se mejora la formación de las plantillas de las empresas, para reciclar a muchos y que puedan prepararse para las nuevas necesidades del mercado laboral.

En cualquier caso, no es verdad que la falta de trabajadores tenga que ver tanto con la “aptitud” como con la “actitud”, como dijo hace años Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE, culpando así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Los sindicatos ya han reiterado que la falta de talento es “un cuento” y que el problema son los bajos salarios y las malas condiciones laborales, que impiden cubrir muchas vacantes. Y aportan este dato; de los 2.789.200 parados que había en España en marzo (según la EPA), 750.000 tenían estudios universitarios y otros 730.000 tenían la 2ª etapa de secundaria o FP. El problema de fondo, añaden, es que el actual modelo productivo no es capaz de ofrecer empleos dignos a suficientes personas formadas. Y eso se refleja en otro dato: España es el país con más jóvenes “sobrecualificados”: el 35,8% de los graduados superiores (20 a 64 años) están empleados en puestos de baja cualificación (licenciados que trabajan de camareros o cajeros de supermercado), frente a sólo el 21,9% de jóvenes “sobrecualificados” en la UE-27.

Así que unos puestos no se cubren porque ofrecen malas condiciones laborales y otros tampoco aunque el candidato sea universitario. El hecho cierto es que los sectores donde hay más falta de trabajadores, como hostelería, construcción, campo y transporte son los que tienen unos sueldos más bajos, según la estadística de salarios (16.985 euros brutos en hostelería, el 60% de los 28.049 euros de sueldo medio) y donde se hacen más horas extras sin cobrar (11% de los trabajadores en hostelería, 9% en construcción y transporte, según CCOO), también donde hay más contratos temporales y a tiempo parcial. Además, en los dos últimos años, muchos puestos no se cubren porque los trabajadores no pueden pagar el alquiler que les supone ir a trabajar a algunas ciudades e islas.

Está claro que además de las malas condiciones de trabajo, muchos trabajadores y parados tienen una baja formación (el 35,8%, frente al 16,4% en la UE-25, según la OCDE). Una parte de “la culpa” la tiene el sistema educativo, donde muchos jóvenes no acaban sus estudios y otros se forman en carreras con pocas salidas. Y además, en España, la Formación Profesional (FP) tiene poco peso (12% de los estudiantes, frente al 25% en la UE y el 40% en Alemania). Pero otra parte de la “culpa” la tienen las propias empresas, que gastan en la formación de sus plantillas la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte de esta formación la hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10% del total. Otro dato:  empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y cayó a 60,51 euros en 2021 y está en 70,32 en 2024, según el INE.

El problema no es sólo que las empresas gasten poco en formación. Además, el sistema vigente para formar a los trabajadores y parados no funciona. Existe una cuota de formación que pagan cada año las empresas (0,6% de las nóminas) y los trabajadores (0,1%), para destinar estos recursos (2.500 millones de euros) a formar a parados (la mitad del dinero, que gestionan las autonomías y sus oficinas de empleo) y a trabajadores ocupados (una parte a través de las autonomías y la SEPE, y la mayor parte gestionado por la FUNDAE, una Fundación tripartita (patronal, sindicatos y Estado), que ofrece cursos gratuitos y financia cursos que hacen las empresas. El problema es que la mitad del dinero que gestiona la FUNDAE no se gasta en formación, bien porque las empresas no solicitan cursos (7 de cada 10 empresas no los aprovechan), porque tienen que adelantar el 40% del importe y tardan en recuperarlo, o por no dar permisos retribuidos para hacerlos a sus empleados.

Para paliar la falta de trabajadores cualificados y no cualificados, habría que actuar en varios frentes, según este estudio de Funcas. Por un lado, seguir abriendo vías a la inmigración legal y ordenada, con acuerdos para contratar en origen a extranjeros para sectores que no son “atractivos” para los españoles (agricultura, hostelería, turismo, empleadas de hogar y cuidados). Por otro, intentar la vuelta de jóvenes españoles que han emigrado por falta de oportunidades en España (se estima que han sido 650.000 tras la pandemia). Además, hay que reestructurar toda la política de formación y reciclaje de trabajadores y parados, para que se gasten todos los recursos de formación dirigidos a trabajadores en activo y para que haya más parados que hagan cursos de formación (sólo los hacen menos del 10% de los desempleados), ligando esa formación y reciclaje a los puestos donde faltan candidatos. Y a medio plazo, urge una política educativa que ayude a los jóvenes a orientarse hacia estudios y carreras con más salidas profesionales, ligadas a la tecnología y la innovación (carreras STEM), la digitalización y la descarbonización de las empresas y la economía.

Otro punto clave es mejorar “la motivación” de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, que en muchos casos están muy descontentos con su trabajo. El dato es impactante: un 57% de los trabajadores españoles están “desmotivados”, según el último informe Hays. La mayoría dice que lo está por sus bajos sueldos, que han perdido poder adquisitivo (-2,5% entre 2019 y 2024, según la OCDE), pero otros señalan una larga lista de motivos para estar “desmotivados” con su trabajo: horarios, falta de reconocimiento, dificultades de promoción, excesiva carga de trabajo, presión por cumplir metas, falta de trabajo en equipo, autoritarismo de los jefes, fatiga y agotamiento, además de problemas psicológicos. Al final, esta “falta de motivación” por el trabajo no ayuda a aumentar la oferta de trabajadores ni a que los jóvenes se formen más y afronten retos futuros y mejoren la productividad.

En resumen, no tenemos tanto un problema de empleos vacantes como de empleos que muchos no quieren por su baja remuneración y su dureza. Y sí tenemos un problema grave de falta de trabajadores cualificados, que exige modificar el sistema educativo, potenciar la FP y, sobre todo, apostar por la formación y cualificación permanente de empleados y parados. Una tarea en la que las empresas necesitan gastar más en formar a sus trabajadores ante las nuevas exigencias tecnológicas. Menos “culpar” a los trabajadores y más arrimar el hombro para conseguir una mano de obra preparada y competitiva. Ganarían ellos y todos.

Se buscan inmigrantes

Hemos superado los 48 millones de habitantes en España. Pero el récord tiene truco: la población crece por los inmigrantes que llegan, porque los nacidos en España bajan desde 2012. Somos 571.747 “españoles” menos, compensados por un aumento de 1,62 millones de inmigrantes censados en los últimos 11 años. Esta caída de la población nacional, por el desplome de la natalidad, se sufre también en el resto de Europa, que lleva 2 años perdiendo población total (nacionales+ inmigrantes), sobre todo en Italia, Grecia y paises del Este. Por eso, Alemania, Francia, Bélgica o Portugal han tomado medidas para captar inmigrantes con los que cubrir algunos empleos, ante la falta de trabajadores nacionales. En España, el verano pasado “se abrió la mano” para contratar temporalmente a inmigrantes en algunos sectores (como piden las empresas) y este mayo se quiso abrir más, con cambios que ya no se aprobarán por estar el Gobierno en funciones. Será otro polémico reto para el futuro Gobierno: necesitamos a más inmigrantes para trabajar y cotizar.

Enrique Ortega

Europa tiene un grave problema de población, del que se habla poco: hay menos nacimientos, menos niños y jóvenes (20%) y más viejos (21% de los europeos tienen más de 65 años), con lo que la población lleva estancada dos décadas: si había 429 millones de europeos en 2001, crecimos hasta los 440 millones en 2008 y nos quedamos en 447 millones en 2020, sólo un 4% de aumento en 20 años. Pero ahora, la población europea total lleva dos años cayendo, 2021 y 2022: éramos 446.735.291 europeos a finales de 2022, casi 75.000 habitantes menos que en 2020, según Eurostat. Los paises que han perdido más población estos dos años son Italia (-611.355 habitantes), Rumanía (-286.383), Grecia (-258.783), Croacia (-195.860). Chequia (-177.232), Bulgaria (-112.545) y Hungría (-80.516). Y entre los paises que han ganado población, entre 2020 y 2022, destaca Francia (+386.394 habitantes), seguida de Holanda (+183.087), España (+100.279 habitantes), Irlanda (+95.644), Bélgica (+95.183), Alemania (+70.413) y Portugal (+56.133 habitantes).

España ha superado el 1 de abril los 48 millones de habitantes: 48.196.693 residentes, el doble que en 1930 (23.677.794 habitantes), según el INE. Un récord histórico de población, que esconde un hecho: la población nacida en España está cayendo (ahora somos 39.889.196 habitantes “nacionales”) mientras crecen y lo compensan los residentes nacidos fuera de España, los inmigrantes censados en España (8.307.497 residentes nacidos en el extranjero, el 17,23% de la población total). No se trata de un fenómeno nuevo. La población nacida en España viene cayendo desde 2012, por el desplome de la natalidad y el aumento de la mortalidad (por el envejecimiento): éramos 40.512.654 habitantes “nacidos en España” en 2011 y ahora somos 572.747 “nacionales” menos. En contrapartida, ahora están censados en España 1,62  millones de inmigrantes más que en 2011 (8.307.497 en abril de 2023 frente a 6.677.839 en 2011), según el INE. Menos nacidos en España y más inmigrantes, por eso ha aumentado la población española estos últimos 11 años.

La afluencia de inmigrantes a España se frenó tras la crisis financiera de 2008, año en que se censaron 794.535 extranjeros más en España: en 2011 ya sólo había censados 73.658 inmigrantes más que en 2010 y en 2014, como en los dos años anteriores, se fueron de España, retornaron 356.816 inmigrantes. Pero luego, con la recuperación económica volvieron y en 2019, el censo de extranjeros aumentó en +465.000.  Con la pandemia llegaron menos inmigrantes en 2020 (+240.044) y 2021 (+212.211), pero la situación se normalizó en 2022, con un aumento récord de extranjeros censados: +673.735 inmigrantes, según el INE. Y en este primer trimestre de 2023 ha habido otro récord: +166.714 extranjeros censados.

De los 8.307.497 extranjeros censados en España, la mayor parte proceden de Latinoamérica (3.334.457 inmigrantes censados en 2022, el 44,25% del total ese año), seguidos los residentes nacidos en Europa (1.542.852 en los paises de la UE y 683.348 en paises no UE, un 29,54% de la inmigración total), los inmigrantes nacidos en Africa (1.371.755 en 2022, el 18,20% del total), los inmigrantes nacidos en Asia (524.730, el 6,96% del total), los nacidos en Norteamérica (68.850, un 0,91%) y sólo 8.621 residentes nacidos en Oceanía (el 0,11% del total), según el INE. Por países, el mayor número de extranjeros censados en España (2022) lo acaparan Marruecos (984.682), Colombia (568.034), Rumanía (539.418), Venezuela (440.992) y Ecuador (420.573), seguidos de Argentina (328.333), Reino Unido (300.306), Perú (265.949), Francia (215.174), China (199.341), República Dominicana (190.478), Cuba (176.800), Alemania (170.621), Brasil (156.540), Honduras (150.643), Ucrania (116.242), Paraguay (110.321), Bulgaria (106.134) y Rusia (99.459 censados).

Con esta cifra de inmigrantes censados, España es el 8º país europeo con más peso de los inmigrantes en la población total, según los datos de Eurostat de 2020: los nacidos en el extranjero suponían el 14,8% de la población total, frente al 8,4% de media en la UE-27 (37,5 millones de los 447,2 millones de europeos habían nacido fuera de la UE). Los paises europeos con más porcentaje de extranjeros en su población eran Austria (19,8%), Suecia (19,5%), Alemania (18,1%), Irlanda (17,6%), Bélgica (17,6%), Noruega (16,2%) y Estonia (14,9%), todos con más peso de los inmigrantes que en España. Y la presencia es menor en Dinamarca (12,3%), Italia (10,3%), Portugal (10,8%), Francia (12,7%), Grecia (12,6%) o Finlandia (7,1%), siendo mucho más baja en la mayoría de paises del Este (2,2% de inmigrantes en Polonia, 2,7% en Bulgaria, 3,7% en Rumania o 6,1% en Hungría).

Cara al futuro, la previsión de la Comisión Europea es que la población europea se estanque en las próximas dos décadas, en torno a los 449 millones entre 2025 y 2030, para decrecer después, hasta los 440 millones de europeos en 2050 y llegar al año 2070 con 424 millones de europeos (un -5% sobre hoy). Y habrá 20 paises europeos que perderán población entre 2020 y 2050, según un estudio de Finantial Times, encabezados por Italia (de 60,5 a 54,4 millones), Rumanía (de 19,2 a 16,3), Polonia (de 37,8 a 33,3), Bulgaria (de 6,9 a 5,4), Hungría (de 9,7 a 8,5), Portugal (de 10,2 a 9,1) y Grecia (de 10,4 a 9 millones de habitantes).

España no va a perder población en las próximas décadas, pero crecerá muy poco, según las últimas proyecciones del INE, para el periodo 2020-2070: pasará de 47.326.958 habitantes el 1 de enero de 2021 a 47.749.007 en enero de 2030, 49.910.653 habitantes a principios de 2050 y 50.589.811 habitantes el 1 de enero de 2070. O sea, un aumento de población de 2,5 millones en los próximos 20 años y 3,25 millones en los próximos 50 años. Un aumento mínimo, si tenemos en cuenta que en los 50 años anteriores (1970-2020), la población española creció cuatro veces más, en 13,51 millones (de 33,81 millones de habitantes en 1970 a los 47,32 millones en 2020).

Pero este aumento previsto para la población española en 2050 y 2070 es “engañoso”, porque “encubre” una realidad: la población de los nacidos en España cae y el censo sube solamente por el aumento de los inmigrantes, según las proyecciones del INE. Así, los nacidos en España pasan de 40.229.931 en 2020 a 37.108.939 españoles en 2050 (-3,22 millones) y 33.794.071 españoles en 2070 (-6,5 millones sobre 2020), debido a que la mortalidad ganará a la natalidad, a la falta de nacimientos (1,23 hijos por mujer, cuando para que aumente la población harían falta 2,1 hijos por mujer). Y quien nos “salvará” de no perder población total serán los extranjeros, los inmigrantes que llegarán a España: los extranjeros residentes pasarán de 7.471.460 en 2020 a 12.801.714 en 2050 (+5,8 millones) y 16.795.740 inmigrantes censados en 2070 (9,8 millones más que hoy), según el INE.

Con este “panorama demográfico”, España y Europa necesitarán a los inmigrantes en las próximas décadas para mantener sus economías. Lo ha dicho claramente la ONU: Europa necesita abrir sus puertas a 60,8 millones de trabajadores extranjeros para 2050. Y en el caso de España, necesita 7 millones más de inmigrantes entre 2020 y 2050, según el Centro de Desarrollo Global de Washington. Así que si el INE estima que vendrán 5,8 millones, todavía tendríamos un déficit de 1,2 millones de inmigrantes para dentro de tres décadas. Estos estudios son concluyentes: no bastará con aumentar la edad de jubilación, incorporar más mujeres al trabajo, aumentar la natalidad o robotizar y automatizar los empleos. Seguirá faltando mano de obra si no entran más inmigrantes en las próximas décadas.

De hecho, el problema se está dando ya: faltan trabajadores en algunos sectores, por la menor entrada de inmigrantes durante la pandemia, según ha alertado el Banco de España.. Faltan trabajadores en el campo y la construcción (lo reportan el 40% de las empresas) y también en la hostelería (lo indican el 36% de las empresas encuestadas). Y el problema preocupa especialmente a los empresarios de la construcción, porque el sector va a acaparar el 35% de todos los Fondos Europeos y esta inversión peligra si falta mano de obra (el 20% del trabajo lo hacen extranjeros). Actualmente, aunque están llegando más inmigrantes, falta mano de obra en 8 de cada 10 empresas, según un reciente estudio de la consultora KPMG. Aunque la mayoría de los puestos vacantes son de personal más formado (que no suelen ser los inmigrantes), los empresarios se quejan de que, en pleno 2023, sigue faltando mano de obra en el campo, la construcción, el turismo y la hostelería, el transporte y la logística.

El problema de la falta de trabajadores, por la caída de la natalidad, se da también en el resto de Europa. La Comisión Europea no consigue avanzar en una política migratoria única, que será una de las banderas de la derecha y la extrema derecha en las elecciones europeas de junio de 2024. Pero trata de aprobar “parches”, dada la gravedad del problema. En 2021, aprobó la Directiva de la tarjeta azul, para captar trabajadores cualificados. Y ahora, la Comisión trabaja en una nueva Directiva para facilitar la entrada de más inmigrantes (con “cuidado”) en los sectores con más problemas: fontanería, enfermería, análisis de sistemas, soldadores y camioneros. Mientras, hay paises que han tomado medidas por su cuenta. Alemania ha reducido la burocracia para contratar trabajadores extranjeros, permitiendo visados temporales y facilitando la homologación de títulos. Francia prepara una nueva Ley migratoria, para facilitar la contratación de inmigrantes sin papeles y demandantes de asilo. Bélgica ha aprobado un permiso único que combina trabajo y residencia. Y Portugal ha implantado un nuevo visado de 180 días, más otro para “nómadas digitales”.

España aprobó en julio de 2022 una reforma del Reglamento de Extranjería, para facilitar la contratación de inmigrantes en sus paises de origen y la regularización de los inmigrantes irregulares que se formen para trabajar. El objetivo de esta medida, aprobada por el Gobierno Sánchez y apoyada por la patronal, era facilitar la contratación de extranjeros en sus paises (se les ofrecen trabajos de hasta 9 meses al año, con la condición de renovarlos si vuelven a sus paises) y regularizar a parte de los inmigrantes que están ilegalmente en España, si hacen cursos de formación para poder conseguir un trabajo. Además, se permite a los estudiantes extranjeros en España (55.400) que trabajen además de estudiar. Con estas medidas, el Gobierno trataba de reducir la economía sumergida y paliar la falta de mano de obra en sectores claves, como hostelería, transporte, construcción o digitalización.

Este año 2023, el Ministerio de SS y Migraciones quería hacer otro cambio, para flexibilizar más la contratación de inmigrantes, sobre todo de los que ya están en España sin papeles (se estima que hay 500.000). La reforma del verano pasado abrió una vía de regularización, el “arraigo por formación”: se autorizaba la residencia para formarse en trabajos donde falta mano de obra. Esto ha permitido que 12.000 inmigrantes consigan papeles en el último año (y que las empresas consigan trabajadores “legales”). Ahora, el ministro Escrivá pretendía “flexibilizar” más esta formación, exigir menos horas (se pedían 200 horas) y que haya más entidades que den esta formación, incluso online. Los sindicatos y la ministra de Trabajo no estaban de acuerdo con esta nueva reforma, porque temían que la flexibilización de la formación fuera “un coladero” y regularizara demasiados inmigrantes, en perjuicio de los parados españoles. Pero la patronal apoyaba esta reforma, señalando la urgencia de tener mano de obra en muchos sectores. El ministro Escrivá, en la última reunión con las fuerzas sociales, el 18 de mayo, les dio 10 días para sugerir cambios, con la idea de aprobarlos en junio, de cara a las contrataciones de verano. Pero la convocatoria de elecciones y el Gobierno en funciones obligan a dejar este cambio en el cajón…

Con este parón, otro reto del futuro Gobierno será ver qué hace con la contratación de inmigrantes, propiciada por los empresarios y criticada por los sindicatos. Pero la realidad es muy tozuda: cada vez habrá menos españoles y menos jóvenes en edad de trabajar, mientras no hay forma de frenar la presión migratoria, sobre todo de Latinoamérica y África. Y es un hecho que hay trabajos para los que no se encuentran trabajadores españoles, en el campo, la hostelería, la construcción y el transporte. Claro que habría más españoles dispuestos a trabajar si subieran los sueldos y mejoraran las condiciones de estos trabajos. Pero, en cualquier caso, nos hacen falta los inmigrantes. Primero, para cubrir los futuros empleos. Y segundo, para que coticen y nos ayuden a financiar las pensiones: en 2050 tendremos menos gente trabajado (28 millones en edad de trabajar, frente a 30 millones ahora) y cotizando para pagar muchas más pensiones (15 millones frente a las 9,5 millones actuales).

Urge abrir este debate sobre cómo incorporar más inmigrantes al empleo, un tema clave en toda Europa. Y que la extrema derecha, desde Italia y Suecia a España utiliza con mentiras: no es verdad que los inmigrantes “nos roban el trabajo”: es falso, porque 4 de cada 10 se incorporan a ocupaciones elementales y mal remuneradas (su salario medio es un 56% del que reciben los españoles, según un informe del Defensor del Pueblo), trabajos que no quieren los españoles (como recoger fruta o cavar zanjas). Y además, aportan más de lo que reciben: los 2,75  millones de trabajadores extranjeros pagan el 10% de las cotizaciones a la SS y sólo reciben el 0,9% del gasto en pensiones, según un estudio de UGT. Además, otros estudios revelan que pagan más en impuestos y cotizaciones que lo que reciben en prestaciones sociales y ayudas. Y con su consumo, contribuyen al mayor crecimiento y a crear otros empleos de españoles. Acabo con un dato más: el 30% de todo lo que ha crecido España en los últimos 20 años ha sido gracias a los inmigrantes.

Acuérdese de todo esto cuando oigan a VOX y cuando vayan a votar el 23 de julio.

Queja patronal: les faltan trabajadores

El reelegido presidente de la patronal ha dicho que la falta de trabajadores será   “el principal problema para las empresas en 2023”. No la inflación, la energía, la subida de tipos o la temida recesión…: la falta de trabajadores, sobre todo cualificados. Y se queja de que las empresas tienen que “gastar más para retener el talento”. Oculta Garamendi que España es el país europeo con menos empleos “vacantes”. Y olvida decir que las empresas apenas gastan en formación, que cada año queda sin gastar la mitad del dinero para formar trabajadores y parados y que apenas hay empresas que impartan formación dual en FP. Tampoco dice que un tercio de asalariados están “sobrecalificados”, trabajan en puestos donde les sobra formación porque no les ofrecen otros. Menos “culpar” a los trabajadores y más aumentar el gasto empresarial en formación, reformar las oficinas de empleo y los cursos de formación y colaborar con la FP y la Universidad para una enseñanza dirigida al empleo. Ganarían ellos y todos.

Enrique Ortega

La queja de Garamendi se produjo en la presentación de un informe, elaborado por la patronal CEOE y Randstad, sobre cómo ven las empresas españolas 2023. Y lo primero que sorprende, ante el pesimismo económico reinante, es cómo se ven esas empresas hoy: casi 8 de cada 10 empresas encuestadas se ven “recuperadas” respecto a 2019 (15% plenamente recuperadas y otro 64% en buena situación, quedando sólo un 21% sin recuperar todavía). De cara a 2023, un año muy difícil en toda Europa, el 48% de las empresas creen que la situación española empeorará. A pesar de ello, 2 de cada 3 empresas contratarán nuevos trabajadores el próximo año. Y para contratar, lo que más preocupa a la mayoría  (53% empresas) es “el déficit de talento”, la falta de trabajadores, sobre todo cualificados, y el esfuerzo que tendrán que hacer para evitar que los mejores trabajadores se vayan (rotación). Esto es lo que hace decir al presidente de la patronal que “en España no hay trabajadores y muchas pymes están en riesgo de desaparecer” por ello y por el gasto que exige retener trabajadores.

El empleo lleva creciendo 28 meses, desde junio de 2020 (+1.928.500 empleos), tras lo peor de la pandemia, pero la patronal lleva todo este tiempo quejándose de que “no encuentran trabajadores”: el sector de la construcción habla de un déficit de 700.000 trabajadores, los empresarios del campo indican que les faltan entre 50.000 y 100.000 temporeros,  la patronal del transporte señala un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros y los empresarios del turismo y la hostelería reiteran que no encuentran personal formado para cubrir unos 50.000 empleos. Y sobre todo, se quejan de que faltan “trabajadores cualificados”: hay 120.000 empleos digitales sin cubrir, según la Asociación Digital ES.

Sin embargo, este presunto déficit de empleos apenas se registra en las estadísticas: sólo había 145.053 empleos “vacantes” en junio de 2022 (el último dato del INE), pocos más que antes de la pandemia (101.009 empleos vacantes). Y de ellos, sólo se contabilizan 5.252 vacantes en la construcción (1.055 menos que a finales de 2021), 9.653 en la industria y 130.147 en los servicios (18.888 en la sanidad, donde las vacantes se han duplicado), 14.153 en el comercio, 9.257 en la hostelería y 3.382 en el transporte), según la EPA, que no recoge las vacantes en el campo. Las vacantes se dan más en las empresas pequeñas y medianas, especialmente en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Sorprenden las reiteradas quejas de la patronal sobre la falta de trabajadores cuando España es el país europeo con menos porcentaje de empleos vacantes, lo que parece lógico dado que tenemos el doble de paro que el resto del continente: tenemos un 0,9% de empleos por cubrir (145.053), igual que Rumanía y Bulgaria, muy lejos del porcentaje de empleos vacantes de la UE-27 (el 3%), de Holanda (5,1%), Bélgica (5%), Alemania (4,9%), Suecia (3,6%), Francia (2,4%) e Italia (2,3%), según los datos de Eurostat. Y EEUU tiene el 6,2% de empleos vacantes, por la enorme rotación y su bajísimo desempleo (3,7%).

¿Por qué  hay empleos sin cubrir? “La falta de trabajadores tiene mucho que ver tanto con la aptitud como con la actitud”, señaló hace unos días Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, “culpando” así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Pero sindicatos y expertos creen que hay otras causas. La  primera y fundamental, los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales en algunos empleos, que disuaden a los trabajadores. No es casualidad que los sectores donde dicen que faltan trabajadores sean los que cobran sueldos inferiores a la media (25.165 euros brutos anuales): hostelería (14.136 euros), construcción (23.104 euros) y transporte (25.033 euros), según la última estadística de salarios del INE (2021). Y que estos trabajos tengan además horarios más largos y se hagan muchas horas extras sin cobrarlas (11% trabajadores en hostelería, 9% en construcción y transporte, según un informe de CCOO), sin olvidar las penosas condiciones de trabajo de los temporeros del campo. Y también influye el elevadísimo coste de los alquileres, que hace que sea muy difícil encontrar trabajadores en  Baleares, Barcelona, Madrid y Comunidad Valenciana. También influye, en la construcción, la práctica de la subcontratación en cascada, que deja a las empresas en manos de subcontratas que no cuidan su oferta laboral.

Lo que sí resulta un problema evidente es la falta de algunos empleos cualificados: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente, empleos donde 6 de cada 10 empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, según Manpower. Y aquí se plantea el 2º gran problema señalado por la patronal para 2023: las empresas tendrán que gastar más para retener el talento, para evitar que los trabajadores se vayan. Ya se lo dijo Biden hace meses a sus empresarios: “Páguenles más” (“Pay more them”). Es lo mismo que les ha dicho en España la ministra Yolanda Díaz y los sindicatos.

Sobre todo porque España tiene unos bajos salarios, que dificultan “atraer y retener talento”: el coste laboral es de 22,9 euros por hora, un -21,3% inferior a la media de la UE-27 (29,1 euros), un  -30,2% inferior a la zona euro, y un -38% inferior al coste laboral en Alemania (37,2 euros) y Francia (37,9 euros), quedando también por debajo de Italia (29,3 euros por hora), según los datos de Eurostat (2021). Y esa son medias, porque 4 de cada 10 trabajadores ganan menos de 1.000 euros al mes, según la Agencia Tributaria.

Pero la solución para encontrar trabajadores cualificados no es sólo pagarlos más: es que hay pocos. España tiene un problema estructural e histórico de baja formación de los adultos: un 36,1 % de los españoles (25 a 64 años) tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (16,4% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo 14,7% adultos poco formados), según el Informe de la Educación OCDE 2022. Y si nos fijamos sólo en los jóvenes (25 a 34 años), persiste este problema de baja formación: tenemos un 27,7% de jóvenes con la ESO o menos, frente al 11,8% en Europa. Ambos datos indican que tenemos un problema de baja formación laboral, fruto de muchos años de abandono escolar. Y además, en España hay pocos jóvenes matriculados en Formación Profesional (12% frente al 25% en la UE-27 y el 40% en Alemania), estudios que son los más demandados por las empresas.

Y junto a este déficit de formación, vinculado a fallos en el sistema educativo, España tiene el problema contrario: un mayor porcentaje de universitarios que el resto de Europa (40,7% de los adultos frente al 38,3% en la UE y el 31,3% en Alemania. Y como la economía española está más centrada en los servicios (turismo, hostelería y comercio) y menos en la industria y las actividades innovadoras, la mayoría de nuestros universitarios (sobre todo los jóvenes) no trabajan en empleos cualificados, sino en  “lo que encuentran”. Y así, tenemos un país donde faltan trabajadores cualificados y a la vez, el 29,2 % de todos los asalariados del sector privado (ojo: 3.925.951 trabajadores)  están “subempleados”, están “sobrecalificados” para el trabajo que hacen (universitarios en un bar, un comercio o un supermercado). Y somos el tercer país europeo con este problema, que afecta al 38,8% de los jóvenes universitarios, frente al 24,1% de media en la UE y el 18,7% en Alemania.

Así que faltan trabajadores cualificados y sobran empleos poco especializados ocupados por personal cualificado. Un desajuste que sólo se puede corregir con la formación, desde la escuela y la Universidad a las empresas. Pero aquí chocamos con dos problemas. Uno, que la educación ha estado al margen de las necesidades de las empresas durante demasiados años. Y el otro, que las empresas españolas (que ahora se quejan) no se han preocupado por la formación de sus trabajadores. Primero, porque gastan en la formación de sus empleados la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte de esta formación la hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10% del total. Y segundo, porque las empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y ha seguido cayendo hasta los 60,51 euros en 2021, según la última encuesta de coste laboral del INE. Y esa caída es más llamativa si la vemos en porcentaje del coste de un trabajador: si en 2011, las empresas dedicaban a formación el 0,35% del coste laboral, ahora es el 0,18%.

El problema no es sólo que las empresas gasten poco en formación. Es que además, el sistema vigente para formar a los trabajadores y parados no funciona. Existe una cuota de formación que pagan cada año las empresas (0,6% de las nóminas) y los trabajadores (0,1%), para destinar estos recursos (2.200 millones de euros) a formar parados (la mitad del dinero, que gestionan las autonomías y sus oficinas de empleo) y trabajadores ocupados (una parte a través de las autonomías y la SEPE, y la mayor parte gestionado por la Fundae, una Fundación tripartita (patronal, sindicatos y Estado), que ofrece cursos gratuitos y financia cursos que hacen las empresas. El problema es que la mitad del dinero que gestiona la Fundae no se gasta en formación (sólo 513 millones de los 968 asignados en 2021), bien porque las empresas no solicitan cursos (son desconocidos y muchos son muy generalistas y poco atractivos), bien porque tienen que adelantar el 40% del importe y tardan en recuperarlo, o bien por no dar permisos retribuidos para hacerlos a sus empleados.

El problema es tal que sólo entre 2015 y 2020 se han quedado sin gastar 2.635 millones de las cuotas pagadas por empresas y trabajadores para formación, según datos del Ministerio de Trabajo. No pasa  sólo con los cursos de la Fundae, sino que tampoco la SEPE y las autonomías gastan lo que tienen para formar a los parados. Y las empresas muestran tan poco interés como que en 2021, sólo 322.767 empresas hicieron cursos subvencionados, el 10% de las existentes. Y se formaron 4.841.385 trabajadores, un tercio del total de asalariados del sector privado. 

Así que las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados y no se quejan del desastre de la formación con sus cuotas (el sistema lo reformó el PP, en 2015, pero sigue sin funcionar). Y tampoco funcionan los cursos para parados que hace el SEPE: solo 65.389 desempleados (el 2%) hicieron cursos en 2021, según el SEPE. Urge reformar el sistema y las oficinas de empleo (SEPE), para que trabajadores y parados hagan los cursos ligados a los empleos para los que no se encuentran trabajadores (construcción, transporte, hostelería y turismo) y para mejorar la cualificación de los trabajadores que han de reciclarse.

En paralelo, hay que volcar la enseñanza, de la escuela a la Universidad, y sobre todo la Formación Profesional, hacia los empleos del futuro, lo que exige dotar de medios, centros y profesores (este curso, ha habido una falta de más de 50.000 plazas en Centros públicos de FP, sobre todo en  Madrid y Cataluña). Y ahora que existe una Ley para promover la Formación Profesional (entró en vigor el 20 de abril de 2022), es fundamental que las empresas colaboren, porque se ha puesto en marcha la FP dual, que supone derivar a las empresas una parte de la formación de los alumnos (entre un 25 y un 35% a nivel general y del 35 al 50% en los cursos intensivos). Eso exige que las empresas organicen programas de formación y tutores, lo que les supone medios, costes y tiempo (que recuperarán si contratan luego a los alumnos formados). El problema que se está dando este curso, el primero con la nueva Ley de FP, es que los Centros no encuentran empresas colaboradoras. Un ejemplo: en Aragón hay apuntadas a la formación dual 252 empresas, de un censo de 88.000. Y luego se quejan de falta de trabajadores cualificados…

Además de mejorar la formación, para conseguir los trabajadores formados que hacen falta, hay que mejorar las relaciones laborales, no sólo los salarios y condiciones de trabajo, sino también “el trato” y la consideración al trabajador, que muchas veces se siente “poco integrado”.  Porque todavía hay demasiadas empresas con una gran rigidez y escasa flexibilidad laboral, donde los trabajadores no se sienten cómodos y eso facilita que se vayan a otra empresa, no siempre por dinero. De hecho, más de la mitad de los trabajadores (un 54%) se sienten “desmotivados” en su trabajo, según el último informe Hays 2022. El primer motivo de descontento es el sueldo (que lleva años perdiendo poder adquisitivo, un -4,6% este año, el doble que la media en la OCDE), pero también se señalan otros factores: tipo de contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral, tener un jefe "tóxico", no poder tener una carrera laboral en la empresa o sentirse discriminado laboralmente. Razones que están detrás de los cambios de trabajo y del “pasotismo” del que se queja Garamendi.

En definitiva, no tenemos tanto un problema de empleos vacantes como de empleos que muchos no quieren por su baja remuneración y su dureza. Y sí tenemos un problema grave de falta de trabajadores cualificados, que exige modificar el sistema educativo, potenciar la FP y, sobre todo, apostar por la formación y cualificación permanente de empleados y parados. Una tarea en la que las empresas necesitan gastar más en formar a sus trabajadores ante las nuevas exigencias tecnológicas. Menos "culpar” a los trabajadores y más arrimar el hombro para conseguir una mano de obra preparada y competitiva. Ganarían ellos y todos.

Faltan inmigrantes

El Banco de España ha dado la alarma: faltan trabajadores en el campo, la construcción y la hostelería, básicamente porque han llegado menos inmigrantes tras dos años de pandemia. El problema se da también en Alemania, Italia, Irlanda o Reino Unido. Pero no es una situación coyuntural: el problema de fondo es que la población europea no crece y en España cayó en la primera mitad de 2021, con lo que los inmigrantes son cada vez más necesarios para mantener la economía, los ingresos públicos y el Estado del Bienestar. De hecho, la ONU estima que Europa tendrá un déficit de 60 millones de trabajadores en 2050 y España necesitará 7 millones de inmigrantes, aunque la estimación del INE es que sólo vendrán 5,8 millones. En definitiva: necesitamos inmigrantes, ahora y en las próximas décadas, porque nacen pocos jóvenes y hay cada vez más viejos. Urge un Pacto europeo y español para regular la necesaria llegada de inmigrantes: no nos “roban” el trabajo, salvan nuestro futuro.

Enrique Ortega

Europa tiene un grave problema de población del que se habla poco: hay cada vez menos nacimientos, menos niños y jóvenes menores de 19 años (20%) y más viejos (21% europeos tienen más de 65 años), con lo que la población apenas crece y lleva estancada dos décadas. Si había 429 millones de europeos en 2001, crecieron hasta 440 millones en 2008 y éramos 447 millones a finales de 2020 : sólo un 4% de aumento en 20 años. Pero además, 2020 fue el primer año en que cayó la población europea, en -312.000 habitantes, según los últimos datos de la Comisión Europea. Y eso, porque se redujo la población en 10 paises, sobre todo Italia (-384.000), Rumanía (-143.000) y Polonia (-118.000), aunque creció en otros 17, sobre todo en Francia (+119.000 habitantes).

En España, la población aumentó en 2020 (+66.081 habitantes), según el INE, pero ha caído en 2021, en el primer semestre: había censados 47.326.687 habitantes, -72.007 habitantes que a finales de 2020, debido a la caída de población en 13 de las 17 autonomías. Una caída que se explica por el aumento de la mortalidad y la caída de natalidad por el COVID pero, sobre todo, por la menor llegada de inmigrantes (el censo de extranjeros bajó -42.364 personas, de los -72.007 en que bajó el censo). Y no es la primera vez que baja la población en España: ya pasó en 2012 (-90.326 habitantes), 2013 (-215.691), 2014 (-62.634) y 2015 (-9.466 habitantes), según los datos del INE, debido a que la anterior crisis económica provocó una salida de inmigrantes a sus paises de origen y menores llegadas.

Ahora, la previsión de la Comisión Europea es que la población europea se estanque en las próximas dos décadas, manteniéndose en 449 millones entre 2025 y 2030, para decrecer después, hasta los 440 millones de europeos en 2050 y llegar al año 2070 con 424 millones de europeos (-5,1% sobre hoy). Y habrá 20 paises europeos que perderán población entre 2020 y 2050, según un estudio de Finantial Times, encabezados por Italia (de 60,5 a 54,4 millones), Rumanía (de 19,2 a 16,3), Polonia (de 37,8 a 33,3), Bulgaria (de 6,9 a 5,4), Hungría (de 9,7 a 8,5), Portugal (de 10,2 a 9,1) y Grecia (de 10,4 a 9 millones de habitantes).

España no va a perder población en las próximas décadas, pero crecerá muy poco, según las últimas proyecciones del INE, para el periodo 2020-2070: pasará de 47.326.958 habitantes el 1 de enero de 2021 a 47.749.007 en enero de 2030, 49.910.653 habitantes a principios de 2050 y 50.589.811 habitantes el 1 de enero de 2070. O sea, un aumento de población de 2,5 millones en los próximos 20 años y 3,25 millones en los próximos 50 años. Un aumento mínimo, si tenemos en cuenta que en los 50 años anteriores (1970-2020), la población española creció cuatro veces más, en 13,51 millones (de 33,81 millones de habitantes en 1970 a los 47,32 millones en 2020).

Pero este aumento previsto para la población española en 2050 y 2070 es “engañoso”, porque “encubre” una realidad: la población de los nacidos en España cae y el censo sube solamente por el aumento de los inmigrantes, según las proyecciones del INE. Así, los nacidos en España pasarán de 40.229.931 en 2020 a 37.108.939 españoles en 2050 (-3,22 millones) y 33.794.071 españoles en 2070 (-6,5 millones sobre 2020), debido a que la mortalidad ganará a la natalidad, a la falta de nacimientos (1,23 hijos por mujer, cuando para que aumente la población harían falta 2,1 hijos por mujer). Y quien nos “salvará” de no perder población total serán los extranjeros, los inmigrantes que llegarán a España: los extranjeros residentes pasarán de 7.471.460 en 2020 a 12.801.714 en 2050 (+5,8 millones) y 16.795.740 inmigrantes censados en 2070 (9,8 millones más que hoy), según el INE.

Con este “panorama demográfico”, España y Europa necesitarán a los inmigrantes en las próximas décadas para mantener sus economías. Lo ha dicho claramente la ONU: Europa necesita abrir sus puertas a 60,8 millones de trabajadores extranjeros para 2050. Una cifra que el centro especializado Wittgenstein eleva a 72,7 millones de inmigrantes. Y en el caso de España, necesita 7 millones más de inmigrantes entre 2020 y 2050, según la estimación del Centro de Desarrollo Global de Washington. Así que si el INE estima que vendrán 5,8 millones, todavía tendríamos un déficit de 1,2 millones de inmigrantes para dentro de tres décadas. Estos estudios son concluyentes: no bastará con aumentar la edad de jubilación, incorporar más mujeres al trabajo, aumentar la natalidad o robotizar y automatizar los empleos. Seguirá faltando mano de obra si no entran más inmigrantes.

De hecho, el problema se está dando ya, agravado por la menor entrada de inmigrantes (y las mayores salidas) en 2020 y 2021, por la COVID. Así, las migraciones internacionales hacia los 38 paises de la OCDE se redujeron un 30% en 2020, alcanzado los niveles más bajos de llegadas desde 2003. En el caso de España, las entradas netas de inmigrantes (entradas menos salidas) han caído en picado: de 446.000 en 2019 bajaron a 232.000 en 2020 y se han desplomado en 2021, con un saldo negativo en el primer semestre: salieron 366 inmigrantes más de los que entraron, según el INE.

La consecuencia es que faltan trabajadores en algunos sectores, por la menor entrada de inmigrantes, según ha alertado el Banco de España, utilizando la Encuesta que hizo a las empresas a finales de 2021. Hay todavía menos oferta de mano de obra extranjera que antes de la pandemia (mientras ha aumentado la oferta de trabajadores españoles) y esto provoca escasez de trabajadores en los sectores con mayor porcentaje  de extranjeros: faltan trabajadores en el campo y la construcción (lo reportan el 40% de las empresas) y también en la hostelería (lo indican el 36% de las empresas encuestadas). Y el problema preocupa especialmente a los empresarios de la construcción en los próximos meses, porque el sector va a acaparar el 35% de todos los Fondos Europeos y esta inversión peligra si falta mano de obra (el 20% del trabajo lo hacen extranjeros).

El problema de la falta de trabajadores, por la menor llegada de inmigrantes, se da también en el resto de Europa. En Alemania, faltan trabajadores para conducir trenes, tranvías y camiones, en Irlanda falta mano de obra en la construcción y en Italia y Reino Unido faltan temporeros para recoger las cosechas. Sin embargo, la Unión Europea no tiene una política común de inmigración y cada país va a su aire, abriendo más o menos la mano según sus necesidades. Pero los expertos en demografía insisten: no hay futuro para Europa sin inmigrantes. Y antes o después, tendrá que abrirse, sobre todo a África, un continente cuya población se va a triplicar en los próximos 80 años (de 1.372 millones a 4.400) y donde el 60% de sus habitantes tiene menos de 25 años (el 80% en paro). Además, en unos años, Europa tendrá que “competir” por atraer inmigrantes con otras regiones que también los van a necesitar, como EEUU, Canadá, Japón, Corea del sur y las monarquías del Golfo.

Actualmente, la inmigración es una cuestión muy polémica en toda Europa y está siendo aprovechada por los líderes populistas y de extrema derecha para frenar su presencia, que no es excesiva, según las cifras (y escasa, según las necesidades económicas).Así, al 1 de enero de 2021 había 23,7 millones de extranjeros de terceros paises (no UE) en Europa (legalmente), sólo un 5,3% de toda la población europea, según Eurostat. Y de ellos, el 72% se concentra en 4 grandes paises: Alemania (6.112.300 extranjeros no UE, el 7,4% de su población total), Italia (3.764.800, el 6,4% de su población), Francia (3.735.200 ciudadanos de terceros paises, el 5,5%) y España (3.633.100 extranjeros no UE, el 7,7% de la población), donde destacan los inmigrantes de Marruecos (829.000), Colombia (541.000), Ecuador (420.000), Venezuela (415.300) y Colombia (297.700), según Eurostat.

En las próximas décadas, estas cifras de inmigrantes en Europa van a aumentar, debido a la fuerte presión demográfica de África y Latinoamérica, aunque bajará la presión de los inmigrantes de la Europa del Este (por su envejecimiento), según un estudio de FEDEA. Esta presión migratoria explica el 40% de la inmigración, otro 26% se explica por la atracción que ejercen los inmigrantes que ya están aquí y sólo un 9% de la inmigración viene por la situación económica de España, según este estudio, que prevé la llegada a España de 5,2 millones de nuevos inmigrantes para 2050: 2 millones de Latinoamérica (sobre todo de Perú, Colombia y Venezuela, los paises con más jóvenes), 2 millones del norte de África y Oriente Próximo y 1 millón largo del resto del mundo.

Ahora que sabemos que necesitamos estos inmigrantes y más (hasta 7 millones para 2050), y que empezamos a sufrir su falta en el campo, la construcción y el turismo, urge regular este flujo de inmigrantes, para que lleguen de forma ordenada y no a golpe de cayucos y saltos de valla en Ceuta y Melilla. En diciembre pasado, el Gobierno aprobó una Orden para flexibilizar este año 2022 la contratación de extranjeros en origen, con dos novedades: ahora se pueden hacer contratos por 12 meses (antes eran por 9) y para todos los sectores económicos (no sólo para tareas agrícolas), una manera de cubrir los déficits de trabajadores señalados por el Banco de España. La medida está favoreciendo la contratación temporal de inmigrantes magrebíes y latinoamericanos (se han firmado acuerdos, por ejemplo, con Honduras, para traer trabajadores a las campañas agrícolas), que han de regresar después a sus paises.

Es una medida coyuntural, para cubrir necesidades extras de mano de obra, pero sigue faltando una política estable de inmigración, pactada entre los principales partidos para que no cambie cada 4 años (las necesidades de inmigrantes deben programarse a medio plazo). Y aquí, España deja mucho que desear, porque los Gobiernos se dedican más a “tapar agujeros” (los “boquetes por los que entran los inmigrantes ilegales: 41.945 en 2021, según Interior) que a regularizar la situación de los inmigrantes que están aquí y los que llegan pidiendo asilo: hay 104.000 solicitudes pendientes y en 2021 se concedieron el 10,5% de las solicitudes presentadas, frente al 35% de media concedidas por la UE-27, según CEAR.

Resulta clave un Pacto político sobre la política migratoria, en España y en Europa, con la vista puesta en esos 60 o 70 millones de inmigrantes que se necesitan para 2050. Y para ello, es clave informar a la opinión pública y deshacer falsos mitos, los que utiliza la extrema derecha xenófoba en Europa. Como que los inmigrantes “nos roban el trabajo”: es falso, porque 4 de cada 10 se incorporan a ocupaciones elementales y mal remuneradas (su salario medio es un 56% del que reciben los españoles, según un informe del Defensor del Pueblo), trabajos que no quieren los españoles (como recoger fruta o cavar zanjas). Y además, aportan más de lo que reciben: los 2 millones de trabajadores extranjeros pagan el 10% de las cotizaciones a la SS y sólo reciben el 0,9% del gasto en pensiones, según un estudio de UGT. Además, otros estudios revelan que pagan más en impuestos y cotizaciones que lo que reciben en prestaciones sociales y ayudas. Y con su consumo, contribuyen al mayor crecimiento y a crear otros empleos de españoles. Acabo con un dato más: el 30% de todo lo que ha crecido España en los últimos 20 años ha sido gracias a los inmigrantes.

Estamos en una situación preocupante, agobiados por la guerra y los precios, pero no podemos olvidar los 3 grandes problemas de fondo, que estaban ahí antes de la pandemia y estarán después de la guerra de Ucrania, los grandes retos del siglo XXI: el Cambio climático, la revolución tecnológica y digital y el problema demográfico. Vivimos en un continente donde baja y envejece la población de forma imparable, por lo que si no queremos incurrir en un “suicidio demográfico”, tenemos que tomar medidas en 2 frentes: fomentar la natalidad y atraer inmigrantes de forma ordenada y regular. Dos políticas que exigen acuerdos, valentía política y tiempo para dar frutos. Otra asignatura pendiente que debemos aprobar.