Europa: libertad "vigilada" para España

El pasado viernes 14 de junio, los ministros de Economía de la UE sacaron a España de la lista negra por “déficit excesivo”, tras 10 años dentro. Pero ojo, ahora estamos en libertad “vigilada”: la Comisión Europea seguirá controlando nuestras cuentas públicas. Y ha dicho que el próximo Gobierno tiene que "ajustar" (recortar gastos o subir ingresos) 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Así que los “fundamentalistas” del déficit de Bruselas siguen determinando las cuentas españolas, mientras Pedro Sánchez les ha prometido déficit 0 para 2022, algo incomprensible para un país con el doble de paro que Europa y que necesita de todo. Y nadie dice la verdad: que España gasta menos que Europa y que si tenemos más déficit es porque ingresamos menos, 80.000 millones menos cada año. Y que eso pasa porque hay demasiadas desgravaciones, mucho fraude y porque algunos (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos) pagan menos de lo que deberían. Hagan una reforma fiscal con más ingresos, no más recortes. No cedamos otra vez a la austeridad.

A partir del inspector Clouseau de Friz Freleng. enrique ortega

La Gran Recesión iniciada en 2008 dañó las cuentas públicas de todos los paises, al reducir los ingresos (por la menor actividad y empleo) y aumentar los gastos (desempleo, ayudas sociales, rescate bancario…), lo que disparó el déficit público y la deuda. Y los políticos de la Comisión Europea, “fundamentalistas” del déficit,  impusieron su receta a la Europa del sur: la austeridad. Recortar los gastos (desde la sanidad y la educación a la inversión pública o las pensiones) para que los Estados pudieran pagar a los bancos e inversores los crecientes intereses de la abultada deuda pública acumulada. Incluso, en España, ZP y Rajoy pactaron en 2011 una reforma exprés de la Constitución, para recortar el déficit por Ley y que el pago de intereses de la deuda tuviera prioridad sobre los demás gastos públicos. Era un guiño para “contentar a los mercados”, que no se convencieron, y en junio de 2012 llegó el rescate bancario a España.

La receta de la austeridad, impuesta a partir de 2010 por Merkel, la Europa del norte y los conservadores de Bruselas, para asegurar a la banca y los tenedores de deuda que les íbamos a pagar, agravó la crisis en Europa, mientras EEUU y China salían de la recesión en 2010 reanimando la economía, no recortándola como Europa. Por un lado, los recortes redujeron el crecimiento y la inversión, alargando la crisis. Y por otro, como se crecía poco y se creaba poco empleo, los países europeos no conseguían recomponer sus cuentas públicas, agobiados por una caída de la recaudación y una presión de los gastos públicos (paro, ayudas, rescates...), por la crisis.

Y así, España, como la mayoría de la Europa del sur, ha tardado una década en rebajar su déficit por debajo del 3% que exige el acuerdo del euro. Si tuvimos superávit en las cuentas públicas en 2005 (+1,51% del PIB), 2006 (+2,2%) y 2007 (+2%), en 2008 pasamos a tener un déficit del -4,4%. Y en febrero de 2009, la Comisión Europea metió a España en la “lista negra” de países con déficit excesivo, en la que estaban (en 2011) 24 de los 28 paises europeos. Zapatero inició los recortes en 2010 (pensiones congeladas y menos gasto en sanidad, educación, tecnología e inversiones públicas) y prometió a Bruselas que bajaría el déficit del 3% en 2012. Pero no consiguió enderezar las cuentas y se marchó dejando el déficit público en el 9,6% en 2011. Rajoy entró “cargando gastos” (“la herencia”) y subió el déficit al 10,5% en 2012, para prometer a Bruselas que cumpliría en un par de años. Pero en 2014, el déficit estaba en el 6% del PIB, el doble de lo permitido. Y tras varias prórrogas solicitadas a Bruselas, se fue en mayo de 2017, año que terminó con un déficit del 3,1%. Y Sánchez ha conseguido, gracias a una mejora de la recaudación, bajarlo al 2,48% en 2018.

Así que, tras 10 años en la lista negra, España es el último país de los 24 paises europeos que salió, el 14 de junio,  de esa lista de paises con déficit excesivo, tras Francia, Reino Unido, Croacia, Grecia y Portugal. Pero no ha sido gratis. Rebajar el déficit por debajo del 3% ha supuesto unos recortes de 21.847 millones de euros entre 2009 y 2016 (-34.753 hechos por Rajoy sólo entre 2012 y 2015), según los datos oficiales de Hacienda. Unos recortes que han sufrido casi todos los españoles, sobre todo los más pobres, en educación, sanidad, pensiones, gastos sociales, tecnología, carreteras e inversiones públicas, etc. Y además, un aumento extra de impuestos: Rajoy, en 2012, subió el IVA y todos los impuestos, hasta 2015 en que bajó algunos, pero menos. Y por ello, los españoles pagamos 23.000 millones más de impuestos entre 2011 y 2015, según la Agencia Tributaria. En resumen, 21.847 menos de gasto y 23.000 millones más de ingresos, 45.000 millones de ajustes para bajar el déficit y “cumplir con Bruselas”, a costa de un bajo crecimiento, poco empleo, pérdida de rentas, más pobreza y desigualdad y un deterioro tremendo del Estado del Bienestar que tanto nos había costado conseguir.

Tremendo viaje para llegar al 2,6% de déficit actual. Y eso sin olvidar el otro coste, la tremenda deuda pública acumulada para financiar el déficit público, año tras año. Si la deuda de España era baja en 2007 (384.662 millones de euros, el 35,6% del PIB), se duplica para 2011 (ZP la deja en 744.323 millones de euros, el 69,5% del PIB). Y Rajoy, aunque reduce el déficit, se endeuda más año tras año para financiarlo, superando el 100% del PIB en marzo de 2016 (1,095 billones), por primera vez en un siglo (desde 1909). Y Rajoy se va dejando una deuda pública récord: 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB, un tercio más de la que recibió a finales de 2011. A finales de 2018, la deuda pública se mantiene en el 97,1% del PIB, 1.173.107 millones de euros. Eso supone que debemos 25.228 euros por español.

Ahora, la Comisión Europea ha felicitado a España por haber salido de la “lista negra” del déficit, pero “quiere más”: ya ha dicho que hay que seguir con el ajuste y que España ha de reducir el déficit otros 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Así que, antes de pactarse un nuevo Gobierno en España, ya tiene “tarea”: recortar gastos y subir ingresos para “ajustar” esos 15.000 millones estos dos años. Y dado que no habrá Gobierno hasta julio y que será difícil tener un Presupuesto este año, el ajuste tendrá que concentrarse en 2020. Así que ya lo saben: esto de la austeridad no ha terminado. Seguimos bajo vigilancia de Bruselas, a pesar de que en las pasadas elecciones europeas hayan caído los votos de los conservadores y socialdemócratas y hayan subido los verdes y liberales. La “ortodoxia económica”, que ha estancado a Europa, sigue imponiendo su Ley, la de los mercados.

Pedro Sánchez y su ministra de Economía (en funciones) mandaron a Bruselas, el 30 de abril (2 días después de ganar las elecciones) un mensaje claro, en forma de Programa de Estabilidad 2019-2022 : “España es un país serio y va a seguir rebajando el déficit”. Y el PSOE, a diferencia de los populistas italianos (Italia tiene el -2,1% de déficit) o el liberal Macron (Francia tiene el -2,5% de déficit), se compromete con Bruselas a rebajar el déficit al 2% en 2019, al 1,1% en 2020, al 0,4% en 2021 y a dejarlo en el 0% en 2022. Como “los mejores alumnos de la clase”, camino del superávit en sus cuentas que hoy tiene la Europa rica, Alemania (+1,7% del PIB en 2018), Holanda (+1,5%) o Suecia (+0,5%).

Lo malo de esta promesa de “rigor” de Sánchez a Bruselas es que la hace a costa de casi congelar el gasto público (pasaría del 41,3% del PIB en 2018 al 41% en 2020 y 40,7% en 2020) y subir más los ingresos (del 35,1% en 2018 al 36,5% en 2020 y el 37,3% en 2022), aumentando algunos impuestos (sociedades, tasa Google, la renta de los que ganan más de 130.000 euros) y suprimiendo deducciones y desgravaciones, más luchando contra el fraude fiscal. Pero la Comisión y muchos expertos creen que esta promesa del 0% es imposible, porque los ingresos no se van a conseguir. El problema es que la congelación de gastos, en un país que necesita de casi todo, va a ser problemática y afectar a mucha gente. Porque no se podrá gastar lo que hace falta, en pensiones, sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales, tecnología, inversiones públicas o modernización de la economía si España no aumenta más su gasto público. Y la Comisión Europea no nos deja.

El problema de fondo es ese, “el corsé del 3% de déficit”, aprobado en 1999 para imponer una disciplina fiscal en el euro y en unos paises muy diferentes. Porque ¿qué sentido tiene no poder tener un 2% de déficit, por ejemplo (o un 3%) un país como España, que tiene más de cuatro veces de paro que Alemania (un 13,8% frente al 3,2%, según Eurostat)  y unos peores servicios públicos y sociales además de una cuarta parte menos de renta (el 92% de la media mientras Alemania tiene el 124% del PIB comunitario, según Eurostat)? Solamente unos “fundamentalistas” del déficit pueden exigir más recortes a un país que necesita gastar más en casi todo para igualarse a la Europa del norte. Y solamente un PSOE que ha olvidado las bases de la socialdemocracia puede prometer un déficit cero para 2022.

Unos y otros esconden a los españoles un dato objetivo y constatable: España tiene todavía el 4º mayor déficit de Europa (el -2,48%, tras el -4,8% del Chipre, el -3% del PIB de Rumanía y el -2.5% de Francia), no porque España tenga un mayor gasto público sino porque ingresa mucho menos. España ha gastado siempre y gasta menos que la mayoría de Europa: un 41,3% de lo que producimos (PIB), frente al 45,6% que gasta la UE-28 y el 46.8% que gasta la zona euro, según Eurostat. Eso significa que, en 2018, el gasto público de España fue un 5,5% inferior al de los paises euro. A lo claro, que gastamos 66.453 millones menos que los paises euro en sanidad, educación, pensiones, ayudas a la familia y vejez, según demuestran también los últimos datos de gasto público de Eurostat (2017). Y gastamos un 14,7% del PIB menos que Francia (177.612 millones menos al año) y  un 2,6% del PIB menos que Alemania (31.414 millones menos de gasto que ellos cada año).

Así que tenemos más déficit que la mayoría de Europa no porque gastemos más (gastamos bastante menos) sino porque ingresamos mucho menos. Las estadísticas de Eurostat son muy reveladoras, aunque apenas se hable de ellas: España recaudó en 2018 el 38,9% de su PIB, mientras los paises europeos (UE-28) recaudaron el 45% de su PIB y la zona euro el 46,3%. Eso significa que España ingresó un 6,1% menos que la media y un 7,4% menos que los paises euro. A lo claro: recaudamos 73.703 millones menos el año pasado que Europa y 89.410 millones menos que la zona euro. Pongamos 80.000 millones menos de recaudación anual, que darían para reducir el déficit y la deuda y también para gastar más en todo lo que nos hace falta para equipararnos a Europa.

Así que el camino para rebajar más el déficit (algo dudoso e injustificable para un país como España), debería estar claro: ingresar más (+80.000 millones), para poder gastar más (+60.000 millones) y aún reducir el déficit, no hacer más recortes. Y ¿cómo ingresar más? La propia Comisión Europea se lo viene diciendo a España desde hace años: hay que aumentar los ingresos por IVA (suprimiendo tantos tipos reducidos, como el 10% de hoteles y restaurantes), aumentar los ingresos por IRPF (quitando deducciones y desgravaciones, 8.000 millones de euros, que favorecen a las rentas medias y altas), aumentar los ingresos por impuestos verdes (subiendo el gasóleo y la gasolina, que tienen impuestos más bajos que en Europa) y mejorar la recaudación en sociedades, donde las grandes empresas, bancos y multinacionales pagan sólo el 5,99% sobre beneficios. Y luchando más contra el fraude fiscal, con más medios (tenemos "el menor número de inspectores fiscales por habitante de la UE", según alertaba el informe 2019 de la Comisión Europea).

Así que más que pedir más recortes (Comisión Europea) o prometer contener el gasto (Sánchez), lo que habría que hacer es aprobar una reforma fiscal en toda regla y conseguir recaudar entre 40.000 y 60.000 millones más al año, como hacen los demás europeos. Eso supone no que la mayoría de españoles paguen más, sino que paguen más los que ahora pagan poco: grandes empresas, multinacionales, bancos y los más ricos, además de los defraudadores. Algo que no les gusta a las tres derechas, que defienden reiteradamente bajar impuestos, una medida que va en contra de los datos y  lo razonable para la mayoría (y que sólo favorece a los que hoy pagan poco, sus votantes). Y una vez que se consigan más impuestos, hay que hacer una lista de prioridades para gastar más y acercarnos al nivel de gasto de Europa en sanidad, educación, pensiones, gastos sociales, tecnología, inversiones públicas, digitalización y modernización de la economía, para crecer con más equidad y recomponer nuestro Estado del Bienestar tras una década de ajustes.

Este debería ser el gran debate de esta Legislatura y de los próximos Presupuestos: no caer en más recortes, los pida quien los pida, y apostar por ser europeos de verdad, ingresando como ellos y gastando como ellos, una estrategia justificada por los datos pero que se enturbia con la ideología conservadora de unos y el miedo a que les tachen de radicales de otros. Ingresar más y gastar más no es de izquierdas, sino la única salida posible para huir de más recortes y reducir la pobreza y la desigualdad que nos ha dejado la austeridad. No se equivoquen de nuevo.

El gran dilema: ¿bajar o subir impuestos?

Los impuestos son un ingrediente básico de un año electoral como 2019. PP y Ciudadanos han firmado un pacto de gobierno en Andalucía que promete bajar varios impuestos. Y harán lo mismo si gobiernan España. Mientras, el Gobierno Sánchez ha aprobado un Presupuesto 2019 donde incluye varias subidas de impuestos (+5.654 millones), apoyadas por Podemos. Dos frentes, dos ideas de los impuestos, un “gancho” electoral clave. Antes de opinar, conozca dos datos incontestables. Uno, España recauda menos que el resto de Europa y pagamos menos impuestos. Dos, España gasta menos que el resto de Europa y si queremos gastar más en empleo, pensiones, sanidad, educación, Ciencia o vivienda, hay que recaudar más. ¿Cómo? Se puede elegir. O que paguen más los que pagan poco (grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y ricos) o todos, con impuestos que no se notan (IVA, carburantes, tasas…). Pero sepamos que si no se recauda más y se bajan impuestos, no se podrá gastar más en lo mucho que hace falta. Así de claro.

enrique ortega

                                                                                                                               
Muchos españoles creen que pagan demasiados impuestos. Pero hay un primer dato incontestable: España recauda menos que la mayoría de Europa. En 2017, España recaudó el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del euro y la mayor recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat. Eso quiere decir que si España recaudara impuestos como los demás paises europeos, ingresaríamos 81.642 millones de euros más cada año (o 88.189 millones más si recaudáramos como los 19 paises euro). Con estos ingresos extras, podríamos tapar el déficit público y gastar más dinero en lo que nos hace falta, desde el empleo a las pensiones o la sanidad, la educación y la vivienda.

El primer problema de fondo, incontestable, es que España recauda poco. Y no es un problema nuevo, sino que lo teníamos antes de la crisis. Así, en 2004, en plena burbuja inmobiliaria, España recaudaba sólo un poco más que ahora: el 38,7% del PIB (37,9% en 2017), frente al 44% de la UE-28. ¿Por qué España recauda menos en impuestos? Básicamente, “porque España tiene un sistema impositivo muy ineficiente”, señala un informe de Fedea. Al compararnos con el resto de Europa, demuestra que España recauda porcentualmente menos en todos los impuestos, desde el IRPF y el IVA a los impuestos especiales, las tasas o el impuesto de sociedades y herencias. Veámoslo en cada impuesto.

En el impuesto sobre la renta (IRPF), España es el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB de media, frente al 10% de media europea, el 9% de Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Y no porque tengamos unos tipos del IRPF bajos (los marginales, por cada euro más de renta, son de los más elevados de Europa), sino porque los tipos efectivos que realmente se pagan son bajos. Y eso, porque en el IRPF hay muchos beneficios fiscales, que restan ingresos: 14.800 millones en 2016, un 18,6% de la recaudación perdida. Además, con los tipos y exenciones, la presión fiscal de las familias españolas es inferior a la europea: un matrimonio paga por IRPF una media del 13,9% de los ingresos, frente al 14,5% de media en la UE-28, según la OCDE. Y también las cotizaciones sociales son más bajas.

En el IVA, somos también el tercer país europeo que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. Y eso después de que el IVA haya subido dos veces (en 2000 y en 2012), hasta el 21%, en línea con la media europea (del 19% que se paga de IVA en Alemania al 25% en Suecia o Dinamarca. El problema vuelve a estar en las bonificaciones: hay muchos productos y servicios que pagan el IVA reducido (10%) y superreducido (4%), con lo que el tipo efectivo del IVA en España, el que realmente se paga es del 15,2% frente al 20,1% de media en la UE-28, según el estudio de Fedea. Sólo en 2016, con esas bonificaciones de tipos a muchos artículos y servicios (como el discutible 10% de IVA que pagan hoteles y restaurantes), se dejó de recaudar 22.333 millones de euros, lo que supuso perder el 32% de la recaudación por IVA.

En el impuesto de Sociedades (que pagan las empresas), la recaudación española está también a la cola de Europa: el 2,3% sobre el PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Y estos ingresos se han desinflado no sólo por la crisis (caída beneficios) sino porque los Gobiernos (ZP y Rajoy) han bajado el tipo nominal, del 35% al 25% actual,  inferior a la media de la UE (28%) y de países como Francia o Bélgica (34%), Italia (31%) o Alemania y Portugal (30%), según el informe de FEDEA. Y además, ese tipo no se aplica, porque también aquí hay muchos beneficios fiscales: 3.800 millones de euros en 2016, el 15% de la recaudación que se pierde. Y con ello, las grandes empresas, gracias a las deducciones fiscales que consiguen, pagan un tipo efectivo del 5,99% sobre beneficios, menos que las pymes (16,93% sobre beneficios) y que la mayoría de contribuyentes (14,9% ingresos). Y se da incluso el caso de que hay grandes empresas, como el Santander o el Corte Inglés, que han conseguido algunos años que Hacienda les devuelva…

Veamos los impuestos especiales (carburantes, alcohol y tabaco), donde España también recauda menos que el resto de Europa: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media en la UE-28 y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. El alcohol paga en España la mitad de impuestos que en Europa (0,10% PIB frente al 0,20%). El tabaco paga un 78,8% del precio de venta, a medias entre el 62,5% de Luxemburgo y el 87,5% de Grecia. Y donde hay una gran diferencia es en los carburantes: en el diesel, España es el 5º país UE con menos  impuestos (0,573 euros/litro frente a 0,667 en Alemania, 0,941 en Francia o 1,01 euros en Italia) y en la gasolina, el 7º país donde se pagan menos impuestos (0,683 euros/litro frente a 0,880 en Alemania, 0,890 en Reino Unido, 0,941 en Francia o 1,014 en Italia).

En las herencias, el impuesto de sucesiones y donaciones, España recauda cada año 3.250 millones menos que la media europea. Y nos quedan las tasas y precios públicos, donde España es el 2º país con menos recaudación de Europa, tras Irlanda: recauda el 2,2% del PIB, frente al 3,1% de la UE-28, el 3,2% de Alemania, el 4% de Francia y el 7,5% de Finlandia.

Vayamos al segundo dato incontestable: España gasta menos que la mayoría de países europeos. Muchos españoles creen que la Administración gasta mucho y despilfarra, pero el gasto público en España es de los más bajos de Europa: gastamos un 41% del PIB en 2017 frente al 45,8% en la UE-28 y al 47% del PIB que gastan los países euro. Y mucho menos del 56,5% del PIB que gasta Francia, el país con más gasto público, el 48,9% de Italia, el 43,9% de Alemania o el 41,1% de Reino Unido, según Eurostat . Eso quiere decir que España gasta 53.583 millones menos cada año que la media europea (y 66.979 menos que los paises euro), siendo el 10º país de los 28 con menos gasto público.

Y a pesar de que gastamos menos, tenemos más déficit público: fuimos el país europeo con más déficit público entre 2014 y 2017 (3,1% del PIB frente al 0,8% en la UE-28 y el 1% en la zona euro) y el 2º país europeo que tendrá más déficit en 2018 (2,7% del PIB frente al 0,6% en la UE-28 y en la zona euro), tras Chipre (2,8% de déficit). Tenemos más déficit no porque el Estado, las autonomías, los Ayuntamientos y la Seguridad Social gasten más que en otros paises (gastan menos) sino porque recaudan menos por todos los impuestos. No lo digo yo sino los datos estadísticos de Eurostat, año tras año. Es un hecho.

A partir de estos dos datos incontestables (gastamos menos y recaudamos menos), hay que replantearse qué debe hacer España en el futuro. Y aquí hay varias respuestas, según la opción económica y política de cada partido y cada ciudadano. Pero hay un cierto consenso en los problemas que tenemos, al menos entre los españoles de a pié: empleo, pensiones, sanidad, educación, dependencia, vivienda, pobreza y desigualdad, abandono de la Ciencia, energía y cambio climático, reindustrialización y modernización de la economía. Y para afrontar todos estos retos, además de cambios en las políticas, hace falta dinero, gastar más en recuperarse de los recortes y afrontar el futuro.

Un objetivo razonable podría ser gastar como Europa en unos años. Vayamos apuntando y sumando: recursos para un Plan de empleo que ayude a los parados que no cobran (el 48%) y les saque del desempleo con formación y ayudas a las empresas (5.000 millones), trasvase de impuestos a las pensiones (30.000 millones mínimos, a medio plazo), gastar en sanidad el 7% del PIB que gasta Europa (12.000 millones anuales más), gastar en educación el 5% del PIB que gastan los europeos (6.700 millones más al año), apoyar como ellos la familia y la infancia (12.000 millones más de gasto), un Plan contra la pobreza (2.000 millones al año), reducir las listas de espera de la Dependencia y afrontar que los dependientes se van a duplicar para 2050 (exigiría gastar 2.700 millones más al año), un Plan para promover 100.000 viviendas públicas en alquiler al año (10.000 millones de gasto), gastar en Ciencia como Europa (10.000 millones más cada año) y múltiples medidas para modernizar, digitalizar y reindustrializar la economía (10.000 millones de gasto extra, mínimo). Si sumamos, sale que necesitamos gastar 100.000 millones más, 25.000 millones extras al año en cuatro años. Y recortar el déficit en otros 5.000 millones cada año.

Eso obligaría a recaudar 30.000 millones más al año. Se podría hacer si recordamos que España recauda 81.642 millones menos que Europa cada año. Pero claro, “alguien” tiene que pagar más impuestos: no se puede recaudar más bajando impuestos .La historia de los economistas que defienden que bajando impuestos se crece más y se acaba recaudando más no fue verdad ni con Reagan ni con Bush ni con Aznar: es un “cuento de la lechera” que regala bajadas de impuestos a los más ricos a costa de subir el déficit a medio plazo.

Si la mayoría de españoles quieren que el Gobierno resuelva los graves problemas de empleo, pensiones, Estado del bienestar, vivienda, Ciencia o competitividad, la solución pasa por gastar más. Y para ello, hay que recaudar más, haciendo que paguen más impuestos no la mayoría de la población (asalariados y pensionistas), que ya los pagan (el 83% de la recaudación la aportan las familias), sino los que pagan poco : grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y los más ricos. Y no por ideología, sino porque los datos revelan otra vez que pagan menos que el resto, que son la vía más justa para recaudar más.

El “gran agujero” de la recaudación es el impuesto de sociedades: sus ingresos han caído a la mitad, de los 44.823 millones que pagaban al Fisco las empresas en 2007 a los 23.143 recaudados en 2017, según la Agencia Tributaria (mientras el IRPF pasó de recaudar 81.789 millones en 2007 a 85.769 millones en 2017). Y se paga la mitad de impuestos en sociedades a pesar de que los beneficios empresariales han aumentado en 98.680 millones entre 2008 y 2017 (mientras los salarios se reducían en 10.214 millones), según el INE. Ganan más y pagan la mitad de impuestos gracias a las deducciones, exenciones y bonificaciones, que les permiten pagar pocos impuestos “legalmente” (además de desviar otros a través de paraísos fiscales). Basten unos datos recientes, de la propia Agencia Tributaria: los grandes grupos bancarios pagaron en impuestos en 2017 el 2,84% de sus beneficios, las grandes constructoras el 1,16% y las grandes empresas el 5,99%, mientras las pymes pagaban el 10,5% de sus beneficios y los contribuyentes el 15,1% de sus ingresos…

El caso de las multinacionales es aún más escandaloso: Google, Amazon, Facebook y Apple pagaron sólo 20,3 millones de impuestos en España en 2016. Airbnb, con 5,5 millones de huéspedes, pagó 72.150 euros de impuestos en España en 2017 y Uber pagó sólo 53.800 euros.  En casi todos los casos, las multinacionales facturan sus ingresos en España a través de filiales en Irlanda o Luxemburgo y el 40% de sus beneficios termina en paraísos fiscales, según un estudio de Zucman y otros economistas, que estiman que defraudan 14.000 millones al año en España, algo difícil de calcular por su tremenda opacidad y su “ingeniería fiscal”, organizada por las 4 grandes consultoras.

Los inversores y ahorradores también tienen un trato fiscal privilegiado, porque tributan sus plusvalías, dividendos e intereses al 21% o 23 % (según importes), muy por debajo de lo que tributarían unos ingresos altos en el IRPF. Y las grandes fortunas se acogen en muchos casos a crear sociedades y SICAV para pagar menos impuestos (sólo tributan cuando venden su participación en la SICAV y mientras pagan el 1% en sociedades, pueden hacer compras y se deducen gastos). Los técnicos de Hacienda (GESTHA) estiman que la 5ª parte del fraude fiscal (12.000 de los 60.000 millones en total) está en las grandes fortunas.

Conseguir que paguen más impuestos estos poderosos grupos económicos (grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y grandes fortunas) permitiría recaudar esos 30.000 millones más que tanta falta hacen, sin tocar los impuestos del 99% de españoles. Eso es lo que defienden los que piden una subida de impuestos, no que paguen más los trabajadores, jubilados y mayoría de las familias. Y además, hace falta luchar contra el fraude fiscal, con más medios (Hacienda solo tiene un inspector por cada 2.081 contribuyentes, frente a 1.914 en Italia, 1.176 en Reino Unido, 979 en Francia o 743 en Alemania). Y hacer reformas de fondo en el IRPF (reducir desgravaciones sin sentido), el IVA, los carburantes, las herencias y el impuesto del patrimonio. No valen más “parches fiscales”, como las subidas propuestas por el Gobierno Sánchez en el Presupuesto 2019 (+5.654 millones) : subida del impuesto de sociedades (+1.776 millones), nueva tasa Google a servicios digitales (+1.200 millones), impuesto sobre compras de valores (+850 millones), subida IRPF a los que ganan más de 130.000 euros (+328 millones), subida 1% impuesto patrimonio (+339 millones) y subida 3,8 céntimos del impuesto al diesel (+670 millones). 


Urge pactar una reforma fiscal para 20 años, que aumente mucho la recaudación y la reparta de forma más justa. Ese debería ser el gran debate de 2019: cómo recaudar más para gastar más y mejorar la vida de los españoles. Pero no lo veremos y la derecha volverá a “vender” la zanahoria de la bajada de impuestos, apelando a nuestros instintos y no a los datos. Y si ganan y bajan impuestos, pasará lo que ya sabemos: que o los suben por otro lado (IVA, carburantes, tasas, IBI…) o no podrán gastar lo que hace falta en empleo, pensiones, sanidad, educación, vivienda o tecnología. Y apostarán por privatizar lo más posible y que el que tenga dinero consiga más servicios y el que no lo tenga, menos. Por eso, porque quieren recortar el Estado y sus prestaciones a los más débiles, defienden bajar impuestos. No caigan en su trampa.

Cooperación: la "Marca España" racanea

El Gobierno Rajoy presume de defender como nadie la “Marca España”, pero esconde que ha recortado un 46% los fondos de ayuda a países pobres, un eficaz instrumento para tener peso político y económico en el mundo. España es el 6º país occidental que menos ayuda al desarrollo, lo que entorpece nuestro papel en Latinoamérica y dificulta la lucha contra la inmigración ilegal en África. Además de los recortes, que han provocado el cierre de proyectos y ONGs, el Gobierno ha pasado la mayoría del gasto en Cooperación a Hacienda y a Economía, quitando peso a la Agencia Española para el Desarrollo (AECID). Y acaba de aprobar, en contra de toda la oposición, una enmienda que liga los proyectos de Cooperación a la estrategia de empresas y bancos. España gasta poco y mal en ayudar a países pobres y así torpedea la “Marca España”. Porque ayudar tiene una triple recompensa: moral, política y económica.

enrique ortega

La Gran Recesión dio la puntilla a las ayudas al desarrollo de los países ricos, aunque tardíamente: venían creciendo desde 1997, con un récord en 2010, y cayeron en 2011 y 2012. El gasto en Cooperación de los 28 principales países donantes volvió a crecer en 2013, un 5,2%, según la OCDE, aunque todavía aportan una miseria: 134.800 millones de dólares, un 0,3% de su renta bruta (RNB), muy lejos del 0,7% que fijó la ONU como objetivo en 1980 y que hoy sólo cumplen 5 países (1,07% Noruega, 1,02% Suecia, 1% Luxemburgo, 0,85% Dinamarca y 0,72% Reino Unido). Dos de cada tres euros para Cooperación proceden de los cinco grandes donantes (23.000 millones de dólares EEUU, 13.000 Reino Unido, 10.500 Alemania, 10.000 Japón y 9.300 Francia,) y Europa lidera las mayores aportaciones, con un 0,41% de su renta para ayudas.

España está en el pelotón de cola de las ayudas al desarrollo: es el 6º país que menos aporta entre los 28 donantes, junto a Italia, sólo por delante de Eslovaquia, Polonia, República Checa, Grecia y Corea. Aportamos en 2013, un 0,16% de nuestra renta bruta (RNB), frente al 0,72% de Reino Unido, el 0,41% de Francia, el 0,38% de Alemania o incluso el 0,21% de Portugal. Eso contrasta con el 0,5% que llegamos a aportar en 2008, año récord en la Cooperación española, que Zapatero cuadriplicó desde 2002 (de 1.712 a 5.500 millones de euros), convirtiendo a España en el 6º país donante del mundo, tras los cinco grandes. A partir de 2010, los recortes se ceban en la Cooperación, que ha perdido un 70% de sus recursos. Y así, en 2014, el Presupuesto de ayuda al desarrollo es 1.739,27 millones de euros, un 0,17% de la renta bruta y menos de  la tercera parte de lo donado en 2008.

Se gasta la tercera parte en Cooperación y además se gasta mal. Primero, porque no se gasta todo lo presupuestado: en 2012, un tercio de la ayuda al desarrollo no llegó a su destino por problemas de gestión de los créditos reembolsables. Y segundo, porque falta una auditoría eficaz de las ayudas, desconociéndose en muchos casos su distribución por sectores y países (sólo se conoce detalladamente la que gestiona la Agencia Española de Cooperación a través de las ONGs). Además, casi la mitad del gasto se destina a pagar burocracia, las cuotas obligatorias de España a la UE y organismos internacionales. Y cada vez hay más ayuda vía créditos (un 17% del total), lo que aumenta la deuda de los países pobres.

Los recortes en Cooperación, del Estado y de autonomías, Ayuntamientos, Universidades, entidades y empresas (más de 900 instituciones dan ayudas, un 15% del gasto total) han supuesto el cierre de proyectos en muchos países y la desaparición de un tercio de ONGs, según un informe de La Caixa. En España hay unas 2.000 ONGs que gestionan ayudas al desarrollo en unos 100 países y su futuro es muy incierto porque dependen, en un 60%, de recursos públicos (recortados). Las que no han cerrado han reducido plantillas (10% desde 2008) y sueldos (78% han congelado salarios) y buscan desesperadamente recursos de empresas y particulares. Pero los españoles no somos muy solidarios, según un estudio de Fundraising: sólo el 19% (7,5 millones) dan dinero a una ONG, frente al 33% en Europa (56% en Reino Unido y 53% en Francia). Y sólo 682.500 españoles (el 1,5%) aportan dinero mensual o trimestralmente a una ONG.

El problema no está sólo en los recortes de las ayudas a los países pobres. El Gobierno Rajoy ha cambiado el modelo de gestión de la Cooperación y para 2014, más de la mitad del Presupuesto lo gestionan Hacienda (50%, para pago cuotas internacionales) y Economía (14,5%), mientras Exteriores sólo gestiona un 34% y ha caído drásticamente la ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el organismo más profesionalizado: si gestionaba 980 millones de euros en 2008, en 2014 sólo gestionará 264 millones, un 13,61 % del gasto total en Cooperación.

La puntilla a la Cooperación se la acaba de dar el Gobierno, al aprobar el Congreso una enmienda (10 abril), introducida por la puerta de atrás en el Senado, por la que se reforma el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE): ahora, en vez de gestionarlo Exteriores lo gestionará COFIDES, una sociedad mixta dependiente de Economía y en cuyo capital participan, además del ICEX y el ICO, bancos como Santander, BBVA, Sabadell o Popular. El objetivo es vincular más la ayuda al desarrollo a los proyectos de las empresas españolas en el exterior, lo que hace temer a las ONGs que se desvíen fondos públicos destinados a la lucha contra la pobreza en beneficio de intereses empresariales y financieros.

La Cooperación para el desarrollo de los países más pobres no es sólo una obligación moral de los países ricos, sino también una herramienta clave de política exterior, una pieza básica para reforzar la presencia política y económica de España en el mundo. Algo que tienen muy claro, desde hace décadas, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos o Japón. Incluso los países emergentes se están lanzando a la Cooperación Sur-Sur: es el caso de China, Brasil o México. Por eso, es un gran contrasentido intentar vender la “Marca España” por el mundo y a la vez recortar cada año en Cooperación (-165 millones en 2014). Con la ayuda por delante, es más fácil influir, invertir y vender,  tres claves para la recuperación.

Cara al futuro, España debe gastar más y mejor en Cooperación al desarrollo. Intermon propone gastar 500 millones extras durante 6 años, con los que España se pondría a nivel europeo (0,47% de la renta para 2020). Ese dinero podría salir en parte de la Tasa Tobin sobre operaciones financieras (Bolsa y bonos), que van a instaurar España y otros 10 países europeos en 2015.Y habría que fomentar las donaciones de empresas y particulares en la próxima reforma fiscal: las ONGs piden que desgraven más en el IRPF (70%, con la deducción íntegra de los primeros 150 euros donados) y en Sociedades (60% desgravación a empresas).

Además, hay que gastar mejor, con auditorías de resultados y una ayuda más técnica (asesoramiento) y menos financiera. Y concentrada en menos países: ahora la Cooperación española llega a 38 países y el IV Plan Director 2013-2016 pretende concentrarla en 23: 12 de Latinoamérica (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana), 4 del norte África y Oriente Próximo (Marruecos, Mauritania, Sahara y Palestina), 6 más resto de África (Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea y Mozambique) y Filipinas (?). Dos zonas claves para España, Latinoamérica, y África, donde la ayuda puede reducir la inmigración ilegal que “invade” nuestras costas.

En definitiva, hay que ser solidarios con los más pobres por una cuestión ética y moral. Pero además, ayudar al desarrollo desactiva tensiones geopolíticas y mejorará la estabilidad mundial. Y gastar en Cooperación es practicar un egoísmo inteligente: es una forma eficaz de defender los intereses de España en el mundo. Más que fotos y campañas para vender la “Marca España”, ayudemos a los países con dinero y asesoramiento. Será nuestro mejor pasaporte. Porque ayudar tiene siempre recompensa. Moral, política y económica.

Las grandes empresas apenas pagan impuestos

En 2014, el Gobierno Rajoy volverá a aplicar su receta: más impuestos y más recortes para bajar el déficit, a costa de estancar la economía y no crear empleo. Pero hay otra vía: ingresar más, que paguen impuestos los que apenas pagan. Las grandes empresas sólo pagan el 4% de sus beneficios y las multinacionales (Google, Apple, Amazon...) ni eso. Mientras, las pymes pagan el 15% y las familias un 12% de sus rentas. Si grandes empresas y multinacionales pagaran lo que deben, recaudaríamos hasta 15.000 millones más al año. Y habríamos evitado los duros recortes en Sanidad, Educación y Dependencia. Hace falta una reforma a fondo del impuesto de sociedades, para terminar con los “regalos fiscales” que hizo Zapatero en 2007 a las grandes empresas. Curiosamente, Rajoy les está haciendo pagar más, aunque menos que al resto. Ahora que recuperan beneficios, las grandes empresas deben pagar más impuestos. Y la mayoría menos.
                                
                                                                                                Enrique Ortega

Lo acaba de decir Hacienda: las grandes empresas siguen sin pagar apenas impuestos. Sólo han tributado un 4,13% de sus beneficios en 2012, según los Presupuestos 2014 enviados al Congreso. En 2011, según la Memoria Tributaria, las grandes empresas españolas (4.000 grupos y 32.000 empresas) habían pagado a Hacienda sólo el 3,5% de sus beneficios, mientras el total de empresas (algo más de 1 millón) habían pagado el 8,8% de sus beneficios. Algo que contrasta con el 15% pagado por las pymes y el 11,9% de su renta bruta pagado por las familias españolas.

Las grandes empresas pagaron en 2011 a las arcas públicas 3.012 millones de euros, la cuarta parte que en 2006 (12.673 millones). Y eso, no porque les hayan caído tanto los beneficios (bajaron un 31%, mientras sus impuestos cayeron un 76%), sino gracias a los “regalos fiscales” que les hizo el Gobierno Zapatero en 2007, con la excusa de fomentar la inversión y el empleo. Por un lado, les bajó el tipo nominal de sociedades del 35 al 30%. Pero, sobre todo, les creó un abanico de exenciones, deducciones y beneficios fiscales que reducían al mínimo la tributación. Y todo ello, con más ventajas para los grandes grupos que para el conjunto de empresas. Por un lado, las normas fiscales de los grupos consolidados permiten compensar los resultados entre las compañías del grupo: restar las pérdidas de unas de los beneficios de otras. Y por otro, son las grandes empresas las que mejor pueden aprovechar las deducciones y beneficios fiscales creados en 2007.

El resultado de estos beneficios fiscales, junto a la crisis, fue un agujero en los ingresos: la recaudación por sociedades pasó de 44.823 millones en 2007 a 16.611 millones en 2011, la tercera parte. Y con ello, España se convirtió en el país europeo donde las empresas pagan menos impuestos, sólo por delante de los países bálticos, Eslovenia y Hungría: la recaudación por sociedades (2011) suponía un 1,9% del PIB, frente al 2,5% de media europea (y el 2,3 % en Italia o Francia, el 2,6% en Alemania o el 3,1% en Reino Unido).

Y  en esto, Rajoy llega al poder a finales de 2011. “Nos encontramos con que algunas empresas del IBEX no pagaban impuestos”, dijo este año el presidente en el debate del Estado de la Nación. Y agobiados por el déficit, el PP, que había acusado a Zapatero en 2007 de ser “poco ambicioso” en los beneficios fiscales a las empresas, inicia una contrarreforma fiscal, en 2012 y 2013,con la que fuerza a las empresas, sobre todo a las grandes a pagar más impuestos, recortando o suprimiendo beneficios fiscales: por  gastos financieros, por fondo de comercio, supresión de la libertad de amortización, límites a las deducciones por pérdidas de cartera, supresión deducciones por pérdidas participadas, no deducción pérdidas en el extranjero… Medidas que han permitido recaudar casi 3.000 millones más por sociedades en 2012 (19.581 millones), aunque las grandes pagan sólo el 4,13% de sus beneficios.

Otro gran problema son las multinacionales, que apenas pagan impuestos, ni en España ni en la mayoría de Europa. Basten tres ejemplos. Google declaró pérdidas en España en 2011, por segundo año consecutivo, gracias a que factura a través de Irlanda y deriva sus beneficios a Holanda y luego al paraíso fiscal de Bermudas. Apple también declaró pérdidas en España, a pesar de su éxito de ventas, y lo mismo Amazon. De hecho, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia tienen abiertas investigaciones a Google, Apple, Starbucks, Amazon, Facebook, Microsoft, HP, Yahoo y Samsung por evadir impuestos “legalmente”, a través de mecanismos similares: inflar precios de ventas entre filiales para encubrir beneficios, traspasar deudas a filiales de países donde deducen los gatos financieros (España) y ubicar las sedes y beneficios en paraísos fiscales. La diferencia  es que muchas de estas investigaciones europeas (y en EEUU) son públicas, incluso en el Parlamento (Gran Bretaña), mientras aquí Hacienda no informa de las inspecciones abiertas a Google o Apple, aunque es positivo que haya abierto en 2013 una Oficina de fiscalidad internacional para “vigilarlas”.

En uno y otro caso, grandes empresas y multinacionales, hacen falta cambios legales para obligarles a pagar más impuestos. En el caso de las multinacionales, la normativa fiscal ha de ser internacional y en ello está trabajando, aunque despacio, la OCDE y Bruselas, que tiene parada también la tasa Tobin, el impuesto a las transacciones financieras, que no entrará en vigor en 2014, como aprobaron 11 países europeos, entre ellos España. En el caso del impuesto de sociedades, el Gobierno Rajoy ha prometido una reforma para 2015, en la que trabaja un Comité de expertos para aprobarla en marzo de 2014.

La reforma del impuesto de sociedades exige cambios en profundidad, tras los parches de estos años (70 cambios) para subir la recaudación. Y hay que vigilar más a las empresas españolas con filiales en paraísos fiscales: el 94% de las empresas del IBEX tienen presencia en paraísos como Delaware (USA), Holanda, Luxemburgo, Suiza, Hong Kong y Bermudas. Los expertos proponen varias medidas: bajar el tipo nominal (está en el 30%, de los más altos de Europa donde la media es el 25,7%), eliminar deducciones (en otros países no existe libertad de amortización ni por provisiones de cartera ni por gastos financieros sin límite), revisar y eliminar los regímenes especiales (más de una docena) y acercar la base imponible al resultado contable. En definitiva, tanto ganas tanto pagas, como las pymes o las familias. Sin “regalos” que acabamos pagando el resto de los contribuyentes.

Ahora es un buen momento para reformar sociedades, porque las empresas, sobre todo las grandes, han vuelto a aumentar sus beneficios: las empresas del IBEX ganaron 15.292 millones en el primer semestre, un 18,8% más, por primera vez desde 2011 (+1%). Y además, nos hace falta, para reducir el déficit público sin tener que hacer más recortes: los cambios en sociedades y multinacionales podrían suponer entre 10.000 y 15.000 millones más de ingresos al año, el equivalente a los recortes hechos en Sanidad, Educación y Dependencia.

Al final, las cuentas son muy sencillas: o las grandes empresas y multinacionales pagan impuestos como en otros países y como los demás (pymes y familias) o el Estado tendrá que recaudar más de los asalariados y del consumo, como ahora, y tapar el agujero de las cuentas públicas con más recortes. Las grandes empresas y multinacionales tienen que ganar dinero, para invertir y crear riqueza y empleo, pero también pagar los impuestos que deben. Lo que pasa ahora es un escándalo.