Esta semana, media
España se coge vacaciones y nos
encontraremos con muchos turistas
extranjeros (600.000 más que el
verano pasado) pero, sobre todo, con más
españoles, que cubrirán la caída de británicos y alemanes, que han vuelto a Turquía, Egipto y Grecia. Será otro verano récord, con más de 30 millones de turistas
extranjeros, que empiezan a gastar más, porque vienen de más lejos (USA,
Latinoamérica y China). Y los precios
turísticos no han subido tanto como
el verano pasado, aunque sí los billetes
de avión y los carburantes. Con todo, hay zonas de costa colapsadas de turistas y el sector pide más control
de los apartamentos particulares,
que disparan la “turismofobia” en
Cataluña, Baleares y Levante. Habría que apostar por repartir más las vacaciones y desconcentrar el turismo de las zonas
saturadas, mientras se mejora y se
digitaliza la oferta y se consigue un empleo
turístico decente. Hay que
hacer un Plan a 20 años para
reconvertir el turismo y hacerlo
más sostenible.
La mayoría de España comienza esta
semana sus vacaciones, pero no todos
pueden cogerse unos días y escapar de la rutina diaria: una de cada tres familias españolas (el 34,4%) no puede permitirse coger una semana de vacaciones al año fuera de
casa, según la última Encuesta de Condiciones de Vida 2018, del INE. Son 15.800.000 españoles sin vacaciones, aunque la cifra ha bajado en
los últimos años (en 2013, el peor año de la crisis, el 48% de los españoles no
tomaron vacaciones, según el INE). La mayoría son menores de 29 años (el 39,7%) y
mayores de 65 (otro 36,8%), sobre todo personas
con baja formación (52,7%), parados
(61,1% no cogen vacaciones), madres
solteras con niños (47,7% no salen) y personas
con bajos ingresos (dos tercios de los que ganan menos de 6.500 euros
anuales y más de la mitad de los que ganan entre 12.000 y 15.600 euros), según el INE.
La España que sí va
de vacaciones, los 30 millones de
españoles restantes, tampoco salen fuera un mes entero, sino que se van de
vacaciones unos días o una semana: el 12% menos de una semana, un 50%
entre 7 y 12 días, un 18% entre 13 y 15 días y sólo un 19% se coge más de 15
días, según la encuesta realizada este año por Observatur. La mayoría de españoles se coge
vacaciones en agosto (40%) y menos
son los que eligen julio (23%) o septiembre (15%). Y dos tercios se quedan en España (64%), sobre todo en la playa
(37%), más en un hotel (43%) que en
un apartamento propio (28%) o alquilado (18%), al que llegan sobre todo en coche (53%), aunque también en avión
(34%), tren (5%) y autobús (3%). Y gastarán
719 euros por persona de media estas vacaciones, aunque la mitad gastarán 1.000
euros y sólo el 10% gastarán más de 3.000 euros, según Observatur.
Este verano, los españoles que salgan de vacaciones se
encontrarán con más extranjeros que el
año pasado, aunque habrá menos
británicos y alemanes, sobre todo en Levante, Cataluña, Baleares y
Canarias. Ya entre enero y mayo, España
ha perdido 140.000 turistas
británicos (respecto a 2017), 95.000
alemanes y 67.000 suizos, mientras aumentaban las llegadas de todos los
demás, sobre todo de Norteamérica (+10,8%) y Latinoamérica (+12,4%), según FRONTUR.
Pero, a pesar de este “pinchazo” de británicos y alemanes, que vuelven este año
a Turquía, Egipto, Grecia y Túnez, este será
otro verano récord: se esperan 30,4
millones de turistas extranjeros
entre julio y septiembre, un 2,1% más que el verano pasado, que ya fue récord
histórico (29,8 millones), según las previsiones del nuevo Gobierno. Y lo más importante: se gastarán 34.000 millones de euros, un 4,1% más que el verano
pasado.
En definitiva, que encontraremos más turistas extranjeros
por todos lados, pero no será la “avalancha” de los dos últimos
veranos: vendrán 600.000 extranjeros más este verano, la cuarta parte de aumento que el verano
pasado (+2,2 millones de turistas extranjeros) y que el de 2016 (+2,4 millones
de turistas extranjeros). Esta ralentización en la llegada de
turistas se debe a dos factores básicos, según la patronal Exceltur: el menor
crecimiento en Europa y el Brexit (que afecta a una menor llegada de
británicos y alemanes, junto a un pequeño aumento de franceses e italianos) y,
sobre todo, al “trasvase de turistas” a países competidores del Mediterráneo,
en especial a Turquía (ha recuperado 2,7 millones hasta mayo), Egipto (+ 1,2
millones), Túnez y Grecia, países con precios turísticos más bajos que España.
Tampoco ha ayudado la subida del petróleo (que encarece los billetes de avión y casi todo), la
amenaza de conflictos aeroportuarios
(Ryanair, Aena, controladores), la crisis del tour operador ruso NatalieTours y la quiebra de la aerolínea británica low cost Monarch, que operaba con España.
Por el contrario, el hueco de británicos, alemanes y suizos
(que se notará sobre todo en Cataluña,
Levante, Baleares y Canarias) lo están cubriendo los turistas más lejanos,
sobre todo los que vienen de EEUU (+9,5%
hasta mayo), Rusia (+12,7%), Latinoamérica (+14%) y países nórdicos (+10,8%), según FRONTUR,
que además son los que más gastan:
un turista USA se gasta en España 137,3 euros al día (2017), un ruso 116 euros,
un latinoamericano 113 y un nórdico 106 euros, por encima de la media de todos
los turistas (97,80 euros de gasto diario
en 2017) y mucho más que los franceses (75,65 euros), británicos (88,61
euros), italianos (89 euros) o alemanes (97,80 euros diarios). Eso explica que el gasto medio por turista haya crecido en
2018 un 2,4%, incluso descontando la inflación (un +0,3%), algo que no
pasaba en España desde 2011, según la patronal Exceltur, debido a que el aluvión turístico de los últimos 6
años se apoyó en el turismo “low cost”. Ahora, parece que empieza a mejorar la calidad del
turismo extranjero, con la llegada de turistas “más lejanos”.
Otra novedad de este verano es que nos vamos a encontrar precios más altos pero no tan disparados como en 2017, debido a que agencias y hoteleros saben
que tienen ahí la competencia de Turquía y otros países mediterráneos. La subida del turismo y la hostelería en el IPC es del 2% anual hasta junio (por debajo del
2,3% que sube el IPC general) y el índice
de paquetes turísticos del INE sube un 3,7% anual, la tercera parte que en
junio 2017 (+9,1%). Y el índice de precios hoteleros sube un 1,7%, con una tarifa media por habitación de 88,7
euros, frente a 87,3 euros en junio 2016, según los datos del INE. Lo que sí ha subido han sido las tarifas aéreas y llenar el depósito del coche: llenarlo de gasóleo cuesta 10 euros más que
a finales de julio de 2017 y de gasolina 8 euros más. Y también los peajes de las autopistas: han subido este año el 1,91 % (y un 2%
adicional en Galicia).
El turismo, la
primera industria española (aporta el 12% del PIB) crecerá este año un 2,6%,
según la estimación de Exceltur, casi la mitad que en 2017 (+4,5%) y menos
que toda la economía (PIB crecerá un 2,7%), algo que no pasaba desde 2009,
ocho años en que el turismo ha sido uno de los grandes motores del crecimiento
español, junto a las exportaciones y el consumo. Ahora, cuando el turismo crece
a otro ritmo, ha llegado el momento de replantearse su futuro, afrontando sus problemas de fondo, que han pasado
desapercibidos entre tanto récord: saturación turística y protestas en algunas
zonas (“turismofobia”), empleo precario y mal pagado, necesidad reconversión
destinos de playa maduros, infraestructuras y servicios colapsados, escasa
digitalización y excesiva concentración de la demanda y la oferta en algunas
zonas y países. Sabiendo que España
afronta este futuro con un dato incontestable: es el destino más competitivo del mundo, según el ranking bianual del World Economic Forum, que nos
colocó en primer lugar en 2017 (y en 2015), con 5,4 puntos sobre 7, por
delante de Francia, Alemania y Japón (5,3 puntos), Reino Unido (5,2 puntos) y
EEUU (5,1 puntos), por infraestructuras, seguridad, sanidad, clima y patrimonio
cultural, aunque no seamos la oferta más barata.
Quizás el primer
problema a afrontar sea la
saturación turística en algunas zonas, sobre todo en Barcelona, Baleares,
Levante, San Sebastián y Madrid, provocada por un aluvión de turistas baratos (low cost) y el exceso de apartamentos turísticos, muchos ilegales, que atraen un turismo masivo, ruidoso y molesto,
que provoca las protestas de los vecinos y demás turistas (“turismofobia”). Y en otras zonas,
el problema de la saturación provoca problemas de falta de servicios, desde
los aeropuertos colapsados a la escasez de agua, servicios sanitarios,
comisarías o aparcamientos, lo que complica las vacaciones, sobre todo en
agosto.
El segundo gran
problema del turismo es que crea un empleo
masivo pero muy precario. En junio, el turismo contaba con 2.523.715 afiliados a la Seguridad Social, un 13,3% del empleo total, de ellos
1.558.000 son empleos en la hostelería,
un sector líder en precariedad laboral, según un informe de CCOO: el 35% asalariados
tienen un contrato temporal (en
todos los sectores, los trabajadores temporales son el 26%), porcentaje que
llega casi a la mitad en Andalucía (48% hostelería con contrato temporal),
Murcia (46%) y la Comunidad Valenciana (43%). Y el 31% trabajan a tiempo
parcial (por horas o días), un porcentaje que ronda la mitad en Euskadi (51%
del empleo), Murcia (48%), Navarra (46%) o Andalucía (39%). Y con contratos tan
precarios, el sueldo es el más bajo
de todos los sectores: 14.125 euros brutos al año (857 euros netos en 14
pagas), el 61% del sueldo medio de España (23,156 euros brutos anuales) y un tercio el sueldo de la banca (42.684
euros brutos), según el INE.
Y las mujeres (que ocupan en 56% de
los empleos en la hostelería) aún ganan un 26% menos que los hombres: 12.608
euros brutos anuales frente a 15.907 euros los hombres.
Esta precariedad y
altísima rotación en los empleos (se ha pasado de firmar 1,5 millones de
contratos anuales a 4 millones) hace que muchos trabajadores del sector
turístico tengan poca formación y las empresas no inviertan en ellos, para mejorar la calidad
de la oferta. Máxime cuando sólo 439 empresas turísticas tienen más de 100
trabajadores (el 0,17%) y el 96,6% de
las empresas tienen menos de 10
empleados (el 64,6%) o ninguno
(32%), según el informe de CCOO, lo que se
traduce en dificultades para invertir en formación, planes de carrera y
reconversión de la actividad turística. Urgen
fusiones y empresas turísticas más grandes.
Otro gran problema del sector turístico es la necesidad de digitalizar su oferta, para ofrecerla directamente por Internet y poder competir con los grandes tour operadores, básicamente
británicos y alemanes, que se quedan con
la mayor parte del “pastel turístico español”, a través de los paquetes
turísticos. Urge la digitalización a fondo del sector turístico, potenciando plataformas online de captación de un turismo de calidad. Y para ello, urge renovar la oferta turística, ofreciendo paquetes más atractivos, no sólo
basados en “sol y playa” sino incorporando otro turismo (cultural,
gastronómico, deportivo, de negocios, sanitario…), lo que obliga a reconvertir infraestructuras y servicios,
algunos con 50 años de vida.
Con todo, el gran
problema del turismo español es la
excesiva concentración de la oferta turística, tanto por origen como por
destino. En 2017, el 87% de todos
los turistas extranjeros llegaron de Europa
y sólo el 13% procedían de América y Asia (llegaron sólo 400.000 turistas
chinos) y el resto del mundo, las zonas donde más crece el turismo y el gasto.
Urge modificar la política de promoción y dedicar más recursos a vender España
en esos mercados. Y en paralelo, hay que diversificar la oferta de destino,
porque el 90,5% de los turistas vienen a 6 autonomías (6,52% Cataluña, 5,79% Canarias, 4,14% Andalucía, 3,31%
Baleares, 3,20% Comunidad Valenciana y 2,86% Madrid), mientras las 11 restantes
sólo reciben el 9,5% de los turistas extranjeros (y de sus ingresos). Repartir mejor el turismo, fuera de las
playas.
La propia patronal del sector, Exceltur, cree que ha llegado la hora de apostar
por otro modelo turístico, que no busque batir récords (este año,
llegaremos a 83 millones de turistas)
sino que busque un turismo más sostenible
y rentable. Para ello piden un Plan para recuperar los destinos turísticos
tradicionales (similar al Plan Litoral
siglo XXI, de 2011, que no se aplicó), avanzar más rápido en la digitalización del sector, controlar el
crecimiento descontrolado de los apartamentos
turísticos y aumentar y mejorar el gasto en promoción turística. Mientras, CCOO pide un Pacto nacional por el turismo, que rechace la subcontratación y la
precariedad y apueste por contratos justos y bien pagados, mejorando la
formación y el turismo de calidad. Y el nuevo
Gobierno Sánchez propone una política turística para el siglo XXI basada
en una triple sostenibilidad: económica
(turismo de calidad), medioambiental y
territorial (repartiendo mejor entre
regiones la riqueza del turismo).
Otro verano más, España está a tope, con muchos
extranjeros y más españoles que el año pasado. Y al margen del triunfalismo
(“otro verano y otro año récord”, nos
repetirán), convendría que el sector, las
autonomías y el Gobierno se sentaran de una vez para repensar el futuro del turismo,
para sentar las bases del turismo del año 2030 y
2050. Planificar lo que hay que hacer y gastar para consolidar la
primera industria del país, para que no “colapse de éxito”. Por
un turismo sostenible y de calidad, que no nos agobie cada verano.
Los datos de la EPA
conocidos hoy han sorprendido: se crearon 469.900
empleos en el 2º trimestre, un
récord histórico, aunque la Semana Santa cayó en marzo. Y la tercera
parte, entre mayores de 50 años. Dos buenas noticias que ocultan que sólo el 6,15% de los nuevos contratos
hechos en 2018 han sido “decentes”, fijos y a tiempo completo. Y que todavía tenemos más del doble de paro que Europa y el triple de paro
juvenil. Ahora, se espera que el empleo crezca algo menos en los próximos
meses, como la economía. Y que no se
recupere el empleo de 2008 hasta el año 2021 o 2022. Por eso es importante reanimar la economía y el empleo, con algo
más gasto y déficit, aunque PP y Ciudadanos no lo apoyan. Y en paralelo, urge
aprobar dos Planes de choque. Uno
para los parados, porque la mitad no cobran nada. Y otro
contra el empleo precario. El
Gobierno anuncia que en agosto pondrá en marcha un Plan para inspeccionar a las empresas que subcontratan y el abuso de
becarios, falsos autónomos, docentes, economía colaborativa y brecha salarial. Falta hace.
El segundo trimestre
suele ser bueno para el empleo, por
el turismo y las tareas agrícolas, aunque este año era diferente porque la
Semana Santa cayó en marzo. Pero se han roto todas las previsiones: esta primavera
se crearon 469.900 empleos, según la EPA conocida hoy, la mejor cifra de la historia, muy
superior a los empleos creados en los últimos años (+375.000 en 2º trimestre
2017 y +271.400 en 2016). El nuevo empleo se ha creado sobre todo en los
servicios (+ 371.400), por el turismo y la hostelería, aunque también aumentó en
la construcción (+63.400) y la industria (+46.400), cayendo en el campo
(-10.200). Se ha creado más empleo entre los hombres (+ 244.300) que entre las mujeres (+225.500). Y lo más chocante: se ha creado sobre todo entre los mayores de 50 años (+160.300)
y los de 30 a 40 años (+98.100 empleos. Por autonomías, ha crecido el empleo en todas, pero sobre todo en Baleares
(+ 85.400), Andalucía (+64.700) y Cataluña (+57.200).
El problema, un trimestre más, es que el empleo creado es muy precario, aunque menos que en 2017: de los 10.829.878 contratos
firmados entre enero y junio (una
barbaridad, porque se hacen muchos para cada empleo), el 89,6% fueron temporales y un 10,4
% indefinidos (frente al 9,88% en todo 2017), según datos de Empleo. Y un 34,7% fueron a tiempo parcial, por horas, mientras
el 65,3 % restante eran contratos a jornada completa. Con ello, sólo el
6,15% de todos los contratos firmados en 2018 han sido “normales”, fijos y a jornada completa, una precariedad
que se arrastra desde 2009. Y ahora, un 26,8% de todos los trabajadores asalariados tienen un contrato temporal (la cuarta parte de
los nuevos, por menos de 7 días), el porcentaje más alto de Europa, donde hay
un 14,5% de trabajadores temporales. Y un 15 % de trabajadores tienen un empleo a tiempo parcial, el 60% porque no encuentran otro mejor.
La mejora del empleo ha permitido reducir el paro estimado en el segundo trimestre, en 306.000 personas, una rebaja algo menor
a la de 2017 (-340.700 parados en primavera), porque han aumentado las personas
que buscan trabajo (+163.900 activos). Con ello, el número de parados baja a 3.490.100,
según la EPA de hoy, y la tasa de paro se reduce al 15,28 %, la más baja
en una década. A pesar de la mejoría, somos el 2º país de Europa con más paro (tras el 20,1% de Grecia) y
tenemos más del doble de paro que el
continente (7% de paro en mayo en la UE-28) y cinco veces el paro de Alemania (3,4%), según los últimos datos de
Eurostat. Y lo peor es el paro juvenil,
el de los menores de 25 años: en España afecta al 34,68 % de los jóvenes, frente al 15,1% en Europa (UE-28), el
31,9% en Italia, el 20,4% en Francia, el 11,5% en Reino Unido o el 6,1% en Alemania.
El paro en España
se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los
parados:1.816.200 , con una tasa del 17,08
%, frente al 13,72% de los hombres), los
jóvenes (34,38 % de paro entre los
menores de 29 años), los inmigrantes
(22,3 % de paro) y los mayores de 50
años (el 13,2 % de paro, el triple que en 2007), donde ya hay 909.500 españoles mayores sin trabajo
(y sin posibilidad de tenerlo la mayoría), según la EPA de hoy. Además, el paro se concentra también en 5
autonomías, que mantienen una tasa de paro “insoportable” superior al 20%:
Ceuta ( 29,46 %), Melilla (27,96 %), Extremadura ( 23,85%), Andalucía ( 23,09 %), y Canarias ( 20,06%), casi
la media España pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de la España
rica, Navarra ( 9,93% de paro), País Vasco ( 10,12% ) y la Rioja (10,68%). Y un
dato esperanzador: se han reducido (-128.700) los hogares donde no trabaja nadie:
son 1.113.000 hogares los que tienen a todos sus miembros en paro.
Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y la mitad de los parados llevan más
de 1 año sin trabajar, los llamados “parados
de larga duración”: en junio de 2018 eran 1.780.100 personas, el 51%
de todos los parados, según la EPA del segundo trimestre (en la UE-28 son el 43% de los parados). Y de
ellos, 1.274.600 llevan ya parados más de 2 años y un millón largo más de 4
años sin trabajo, según un estudio de Fedea. De hecho, en las oficinas de empleo (SEPE) hay 668.432 parados apuntados desde hace
más de 4 años, según los datos aportados por UGT. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que
tienen muy difícil volver a trabajar,
porque están “fuera del mercado”. Y no sólo por
su edad (un 70% de los que llevan parados más de 4 años superan los 50 años y dos tercios son
mujeres) sino porque tienen poca formación: un 63% de
estos parados de larga duración sólo tienen la ESO (o incluso menos) y eso les
aleja aún más de poder ser contratados.
Mientras ven difícil recolocarse, el mayor problema de
muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir,
porque tras tantos meses en el paro, se les ha agotado el subsidio en
muchos casos. Y así nos encontramos con que más de la mitad de los parados EPA no cobran ya ningún subsidio de paro:
en mayo de 2018, según los últimos datos de Empleo, sólo cobraban alguna ayuda 1.716.471 parados, el 49,18
% de los parados estimados (EPA). Y encima, de los parados que cobran, sólo
algo más de un tercio (658.106 parados) cobran el subsidio contributivo de 810
euros al mes y los dos tercios restantes cobran un subsidio asistencial (de 6 a
12 meses) de sólo 430 euros mensuales. Los 1.773.629
parados restantes (el 50,82 % del total) no cobraban nada, ningún subsidio: cuando Rajoy llegó a
la Moncloa, a finales de 2011, los que no
cobraban ningún subsidio eran el 44,5% de los parados).
Esta rebaja en el número de parados que cobran alguna ayuda es
algo buscado, tras los recortes aplicados en 2012 y después a las prestaciones por desempleo, para recortar el gasto y el déficit público. Así, el gasto en desempleo ha pasado de un máximo de 32.366 millones en 2009 a 17.397
millones que se gastaron en 2017,
según la liquidación del Presupuesto. Y esa caída
del gasto (-46,26%) no se
corresponde con la caída del paro EPA en esos años (-559.800), que ha sido menor (-12,93%), con lo que ha caído el porcentaje de parados que no
cobran y los que cobran reciben menos
(810 euros mensuales frente a 864 euros
en 2011) y de forma muy desigual: en Baleares,
los parados cobran 984,60 euros de subsidio frente a 696,30 en Extremadura y
784,60 euros en Canarias.
Esta baja cobertura de parados que cobran el desempleo
provoca que casi la mitad de los parados
españoles sean pobres:
si en el conjunto de España, un 21,6%
de las personas son “pobres” (ingresan menos del 60% de la media: ganan menos
de 6.664 euros al año), entre los parados son pobres el 44,6% (ingresan menos de esos 6.664 euros anuales), según la
última Encuesta de Condiciones de Vida 2017 del INE. Y además, el hecho de que la mitad de los parados
estimados (EPA) no cobre ayudas les supone también que el Estado no cotiza por ellos a la Seguridad Social, lo que afecta muy negativamente a su futura pensión.
El Gobierno Rajoy preparó antes de irse una reforma para refundir las tres ayudas
asistenciales a los parados (Renta activa de inserción, Plan Prepara y Programa
de Activación para el Empleo) en una sola (Renta complementaria de Desempleo,
RED), un cambio que perjudica al 75% de los parados, según los sindicatos. El nuevo subsidio a
los parados de larga duración con cargas familiares se ha retrasado, con el
Presupuesto 2018, hasta el 5 de julio
y los sindicatos critican que es muy
“restrictivo”, porque la familia del parado necesita ingresar menos de 1.060
euros al mes para que él pueda recibirlo (y sólo durante 6 meses). Además, UGT y CCOO denuncian que el nuevo
subsidio deja fuera a 42.000 parados de larga duración que ahora no
pueden recibirlo. El nuevo Gobierno
Sánchez está negociando con autonomías y agentes sociales una solución para que estos parados sigan
cobrando y aprobarla el 3 de agosto.
Tras los datos de primavera,
se espera un verano bueno para el
empleo y que crezca menos en otoño, para cerrar 2018 con una menor creación
de empleo que en 2017, dado que la economía también va a crecer
menos (2,7% frente a 3,1% en 2017). Así, frente a los 490.300 empleos
creados en 2017, la previsión del nuevo Gobierno Sánchez es crear 456.000 nuevos empleos en 2018 y 439.000 empleos más en 2019. Eso
significa que España no recuperaría el
empleo de antes de la crisis (20.646.000
ocupados en junio de 2008) hasta dentro de tres años, hasta
diciembre de 2021 (20.653.000
ocupados), según la última previsión del Gobierno Sánchez. Habrán sido, pues, 13
años perdidos para el empleo. Y algunas otras
previsiones, como la del profesor Josep Oliver, retrasan esa recuperación
del empleo de 2008 un año más, hasta 2022.
Todo va a depender del panorama internacional en los
próximos años, de si estalla o no otra crisis, motivada por el proteccionismo y
la guerra comercial desatada por
Trump, la subida del petróleo y,
sobre todo, el impacto de la subida de los tipos de interés en Europa a partir de 2019, una medida
que puede frenar drásticamente el crecimiento de países como España, con el Estado,
las empresas y familias muy endeudados. Por todo ello, sería clave para
recuperar más empleo el que España
creciera más, que el Gobierno consiguiera reanimar la economía con más gasto y más inversión en 2019, algo que hoy parece imposible por el
veto del PP y Ciudadanos a un mayor gasto, a esos 5.300 millones más de déficit que
nos deja Bruselas. Y que España necesita para crear más empleo y
reducir la brecha de paro con Europa.
Pero, al margen de que la “pelea política” deje o no gastar
más en los próximos meses, el Gobierno y las fuerzas políticas deberían pactar dos Planes urgentes que necesita
la economía española. El primero, un Plan de choque contra el paro,
asentado en tres patas. Una, aumentar la cobertura de ayudas a los
parados, mejorando las ayudas actuales y recuperando las ayudas a los parados de 52 a 55 años que quitó Rajoy en 2013, al margen
de los ingresos de su familia. Dos, poner en marcha una estrategia de formación e incentivos a la contratación de
los parados de larga duración, en especial los mayores de 50 años, las
mujeres y los jóvenes. Y tres, una reforma a fondo de las oficinas de empleo
(SEPE), dado que el 91% de los parados no recibe ningún servicio (sólo el 4,12%
hace cursos) y ayudan a buscar trabajo al 2% de los parados, según un reciente informe de CCOO. Y eso implica no sólo tener más recursos y más medios (herramientas informáticas para ayudar a
los parados), sino también más personal:
cada empleado del SEPE atiende a 211 parados, frente a 105 en la UE-28, 73 en
Francia, 48 en Alemania y 24 en Reino Unido.
La otra gran prioridad es un Plan contra la precariedad laboral,
en dos frentes: lucha contra los abusos
en la contratación temporal y combate al empleo a tiempo parcial injustificado (excesos de jornada y horas
extras no justificadas). Hay que poner a la inspección de Trabajo a vigilar para combatir el empleo precario ilegal y no justificado, lo que
requiere antes que nada aumentar la plantilla de funcionarios,
que, tras los recortes hechos por el Gobierno Rajoy es hoy la más baja desde
2009: 1.800 inspectores y subinspectores, lo que da una media de 1 funcionario por 15.000 asalariados, el
doble de trabajo que en Europa (donde hay un inspector por cada 7.300
asalariados). De momento, el Gobierno
Sánchez ha dado un paso, al anunciar que en agosto pondrá en marcha un Plan de inspección que vigilará las subcontratas
(las camareras de piso, las “Kellys”, y los vigilantes de seguridad), los falsos autónomos y becarios, la economía colaborativa (plataformas de Internet, como Glovo),
los docentes que pierden el empleo
en verano y los re-contratan en septiembre y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es un buen comienzo y no se
entendería que políticos o empresas torpedearán este Plan por un empleo “más
decente”.
Otro trimestre más, la
EPA nos indica que se sigue creando empleo pero con
mucha precariedad. Y que, con más del doble de paro que Europa,
deberíamos volcarnos como país en crear más empleo y reducir el número de
parados y su pobreza. Sigue siendo la primera preocupación de los españoles, según el Barómetro del CIS, aunque no de los políticos. Pero hay que avanzar en la lucha
contra el paro, sin esperar a nuevas elecciones y Gobiernos. Tomar
medidas ya, para que más parados cobren, para que más parados vuelvan a
trabajar, para que la economía crezca más y haya más empleos. Esto es lo
realmente importante, no las peleas políticas sin salida.
En julio sigue subiendo la luz en el mercado eléctrico, tras subir un 16,4% en el semestre y costar ahora el mayor precio de los últimos 5
años. Eso después de tener la primavera
más lluviosa desde 1965, que debería abaratar la luz. Por todo ello, la Comisión de la Competencia (CNMC) investiga
este repunte de precios, después de sancionar
a Iberdrola y Viesgo por fraude. Al margen de prácticas ilícitas, el mercado eléctrico se rige por un sistema (Aznar) que paga la luz más barata (hidroeléctrica y nuclear) al precio de la más cara (gas y
carbón), un contrasentido que pagamos los consumidores. Y con los peajes, pagamos también costes
de más en el 42% del recibo, así como más impuestos que en Europa. Así se explica, con tanto extracoste,
que paguemos la 3ª luz más cara de
Europa. Y la más sucia, culpable del 22% de todas las emisiones de CO2.
No podemos seguir así. Urge que el Gobierno pacte una nueva política eléctrica, una de las asignaturas pendientes de la transición.
A finales de junio,
el precio de la luz en el mercado eléctrico estaba a 58,60 euros por MWh, un 16,41%
más caro que un año antes y un precio que es un 24% más alto del que ha tenido de media la luz en junio de los últimos 5 años, según ha alertado el secretario de Estado de Industria. Y este mes de julio, sigue la tendencia al alza: hoy lunes, 23 julio, el coste del kilovatio superaba ya los 63 euros por MWh (63,10), según los datos del mercado eléctrico (OMIE) lo que suponía otro 12% de aumento sobre el precio de principios de julio (56,26 euros/MWh).
Por todo ello, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) ha confirmado que está investigando este repunte de precios en el mercado eléctrico, por
si detrás de la subida hay “algo más”
que una situación coyuntural.
La CNMC sabe de qué habla, porque ya ha sancionado a dos compañías eléctricas
por cometer presuntos fraudes en el mercado eléctrico,” inflando
artificialmente” precios. La primera, Iberdrola,
a la que multó en diciembre de 2013 con 25
millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del
Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta de electricidad barata que
obligó a utilizar las centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la
luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). Hace unos meses, la UCO (Guardia Civil) ha descubierto en Iberdrola correos y
archivos que demuestran el fraude. Y en
junio, la CNMC ha multado a otra eléctrica, Viesgo,
con 6 millones de euros por otra infracción grave por manipular su oferta de la
central de los Barros(Cádiz), excluyéndola del mercado diario para luego vender
su electricidad en el mercado marginal a precios más elevados.
Todo esto es posible porque el mercado eléctrico ibérico (MIBEL),
donde se fija cada día el precio de la luz desde 1998, es un mercado “estrecho” (pequeño) y muy
volátil (tiene grandes altibajos de precios), que facilita estos fraudes, al regirse por un sistema de precios “de locos”, que autorizó Aznar (Ley eléctrica de 1997). Es un mercado donde cada empresa va aportando su
electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares,
renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, es el precio del kilovatio más caro el que se paga a todas las energías,
normalmente los 60 euros del kilowatio de las centrales de gas, aunque el
kilowatio hidroeléctrico cueste producirlo 10 euros y el nuclear 22 euros. Es como si compráramos carne picada hecha
con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos toda a precio de chuletón.
El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos
pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, sólo entre 2005 y 2015, por
este injustificable sistema de precios.
Así que da igual que llueva o no, porque la
luz sube aunque los pantanos hayan estado a rebosar, después de haber tenido
la primavera más lluviosa desde 1965. Las centrales hidroeléctricas
han subido su peso en la generación de electricidad (del 8% en mayo de 2017, en
plena sequía, al 16% en mayo de 2018), pero esta electricidad, como la nuclear
o la renovable (las 3 más baratas) no se han pagado a su coste, sino al coste
extra de la poca electricidad generada por carbón y gas, cuyo precio subió
mucho en el mercado internacional. Así que las
eléctricas dueñas de centrales hidroeléctricas, nucleares y renovables se han forrado, cobrando la luz 6 veces o 3 veces lo que les costaba producirla. Y nosotros, los consumidores, aunque haya mucha lluvia,
pagamos la luz al precio de lo que cuesta generarla con carbón o gas, aunque
sea una parte marginal del mercado. Una
locura.
Este precio de la luz
en el mercado eléctrico diario influye en una parte del recibo de la
luz, supone aproximadamente un 37% de la factura total que
pagamos. Por eso, la factura de un consumidor medio (4,4 kw de potencia y 3.900
kwh consumidos) ha subido, entre abril y
junio, un 10,3%, según la CNMC. Antes, había bajado en enero (-6,1%), subido en febrero (+2%) y
bajado en marzo (-9%), con lo que el
recibo medio del primer semestre habrá bajado
un 2,9%. Pero subirá en julio
(más de un 4%) y el balance anual de 2018
será de subida del recibo hasta julio. Y todo apunta a que el
resto del año, hasta diciembre, la luz va a seguir subiendo, como anticipan los precios del mercado de futuros
(compras a plazo) , por el mayor consumo del verano y el turismo, el cierre
temporal de dos nucleares (Vandellós y Trillo) y la menor electricidad eólica.
Con ello, 2018 podría cerrar con otra
subida del recibo de la luz a los hogares, en torno al 5%, tras haber subido un 10,3% en 2017.
Pero la luz no sube sólo porque suban los precios en un
mercado eléctrico “de locos”. La segunda
parte del recibo, el 42% de la factura que pagamos, no tiene que ver con lo que cueste la
luz en cada momento: son los costes regulados que fija el
Gobierno cada año, los llamados “peajes”, que llevan cinco años sin subir
(tampoco en 2018) pero que son un enorme “cajón
de sastre” de costes que encarecen nuestro recibo. Unos son costes “justificados” pero demasiado
elevados, como los costes por el transporte (el 2,96% del recibo) y la
distribución de la electricidad (10,04%) y otros
“injustificados”: ayudas a las renovables (el 17,22% del
recibo), por el “parón nuclear”
(0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada
(2,84% del recibo), para compensar a Endesa por producir luz en las islas (4,2% recibo), para compensar a grandes industrias de poder cortarles la luz (no se les ha cortado
nunca, pero les pagamos el 3% del recibo), para abaratar la luz a las industrias vascas (y que el PNV apoyara los Presupuestos
2018: 50 millones que pagamos con el recibo), ayudas para que las centrales de gas estén disponibles, etc., etc. Unos “extracostes” que deberían
suprimirse o pagarse con los Presupuestos, no a costa de nuestro recibo.
Y todavía queda la
tercera parte del recibo, el 21% restante de la factura que
pagamos, que son impuestos: un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el
consumo, 1.300 millones anuales que ingresan las autonomías) y el
IVA sobre la factura total
(incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro
impuesto). Y aquí, también pagamos de más, porque el IVA
de la luz es el 21%, uno de los más altos de Europa: en Reino Unido se paga el 5% de IVA en la
luz, el Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el
16,7% y en Alemania, el 19%.
Recapitulando,
vemos que en las tres partes del recibo
(coste de producirla, peajes que aprueba el Gobierno e impuestos) pagamos costes de más. Pero incluso antes,
al contratar la luz, muchos consumidores ya empiezan pagando de más, porque contratan más potencia de la que necesitan, por miedo a que “les salte el
automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que
necesitan y pagan 52,82 euros de más al
año, según
un estudio de Mirubee. Antes no era tan caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica”
aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales),
como una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas en unos años de menos
consumo, por la crisis. Y por eso, ahora, pagamos casi tanto por potencia como
por consumo. Yo pago 17,98 euros por
potencia y 23,99 por consumo. Miren su recibo. Y si pueden,
contraten menos potencia.
Al final, tras sumar
tantos extracostes, la factura se ha disparado y los
españoles pagamos la tercera luz más
cara de Europa, sin impuestos, según los datos de Eurostat. En los
hogares, pagamos 0,1712 euros/kWh (finales 2017), sólo por detrás de Irlanda (0,1865) y Bélgica
(0,1790) y muy por encima de la media UE-28 (0,122 euros/kwh), zona euro
(0,123), Alemania (0,1383), Reino Unido (0,1344), Italia (0,1326, Francia
(0,1132) o Portugal (0,1080 euros/kwh). Y si nos fijamos en los precios de la luz industrial, las empresas españolas pagan la cuarta
electricidad más cara de Europa, 0,0982 euros/kwh a finales de 2017 (sin
impuestos), sólo por detrás de tres islas, Malta (0,1377 euros/kwh), Chipre
(0,1258) e Irlanda (0,1093) y un 28,8%
más cara que la luz industrial en la
UE-28 (0,0766 euros/kwh), un 20,7% más cara que Italia (0,0813 euros/kwh),
un 24,9% más cara que Alemania (0,0786 euros/kwh) y un 47% más cara que Francia
(0,0666), países con los que competimos.
No sólo tenemos la luz
más cara que Europa sino que es una
luz más sucia, porque producirla
supone emitir cada año más CO2. En
2017, España ha sido el 4º país de
Europa que más ha aumentado sus emisiones de CO2, un +7,4%, según publicó Eurostat en mayo (sólo menos que Malta, Estonia y Bulgaria) o un +4,4%, según ha publicado el Ministerio de Transición Energética en julio. Es el mayor
aumento anual de emisiones desde 2002 y de los 338,8 millones de toneladas
emitidos, 74,9 millones (el 22%) son por
la generación de electricidad, según Red Eléctrica. El año 2017, que fue
extremadamente seco, obligó a consumir mucho
carbón (+21%) y mucho gas
(+31,8%), los dos combustibles que generan más emisiones de CO2 para producir
electricidad (además de los más caros).Baste decir que las 15 centrales de carbón existentes generaron,
ellas solas, el 12,7% de todas las emisiones de CO2 que genera España.
A la vista de este panorama, una luz tan cara y tan sucia, el nuevo
Gobierno Sánchez debía intentar reformar
a fondo el sistema eléctrico,
pactando medidas con el resto de partidos, aunque sea difícil. A corto plazo,
ya ha anunciado que va a cerrar en las próximas semanas la primera central de carbón, la de Anllares (León), de Endesa y Gas
Natural Fenosa, algo a lo que se oponía el anterior Gobierno Rajoy. Y que
su intención es proponer cerrar para
2020 otras 6 centrales de carbón más,
7 centrales en total de las 15 existentes, las que no han realizado
(porque no les compensa económicamente) las inversiones medioambientales que
exigirá la Unión Europea para 2020.
A medio plazo, la intención del Gobierno Sánchez es sustituir paulatinamente las centrales de gas (que sólo funcionan al 15% de su
capacidad) por más electricidad de
origen renovable (eólica y solar), para lo que han decidido mantener la actual rentabilidad de las plantas renovables en el 7,4%, algo que
tendrán que tramitar en el Congreso (no será fácil), porque hay que modificar
para ello la Ley del sector eléctrico que aprobó Rajoy. Y también a medio
plazo, el Gobierno Sánchez quiere cerrar las centrales nucleares cuando
cumplan los 40 años de vida, con lo que, de aprobarse en el Congreso (el PP
está en contra), las 5 centrales nucleares en funcionamiento cerrarían sus
instalaciones en 2024 (Almaraz y
Ascó), 2025 (Ascó) y 2028 (Almaraz y Trillo). Todo ello debe
incluirse en la próxima Ley contra el Cambio Climático
que el Gobierno ha prometido enviar al Congreso antes de fin de año.
En paralelo a estos cambios legales, el Gobierno debe modificar de una vez el funcionamiento del mercado eléctrico, para que cada tipo de electricidad se pague por su coste y
no paguemos la luz que viene de los pantanos al precio de la luz que se genera
con fuel o gas. Urge hacer una “auditoria de costes” y remunerar la luz por lo que cuesta producirla (y transportarla y distribuirla),
más un beneficio razonable. Eso permitiría rebajar el recibo un 20%. Y en el siguiente escalón, quitar la mayor parte de los “peajes”, esos extracostes que son
“herencias” del pasado y que debían suprimirse o pagarse a cargo del
Presupuesto (con los ingresos del IVA eléctrico y nuevos impuestos
medioambientales), no de nuestro recibo. Según el informe de los 14 “sabios” que estudiaron el sector eléctrico, quitar los peajes del recibo permitiría bajar un 30% la electricidad a hogares e industrias. O sea, que se puede bajar
la luz un 50% tocando el mercado eléctrico y los peajes.
Todas estas medidas suponen recortar los beneficios de las eléctricas, un sector con mucho
poder económico, político y mediático, que consiguió una situación de
privilegio con la Ley eléctrica de Aznar en 1997 y que ha frenado después todas
las reformas posibles. La reconversión del sector eléctrico es una
asignatura económica pendiente desde la transición y aunque el panorama
político no sea favorable, hay que intentar
poner en marcha los cambios más urgentes, para que hogares y familias no paguen
la luz más cara de Europa y la más sucia. No deberían esperar más. Luz y
taquígrafos para que paguemos por la luz
lo que cuesta, no
extracostes sin fin para beneficiar a las eléctricas.
El comercio
electrónico en España ha madurado, superando
los 30.000 millones de euros en ventas, 5 veces más que hace una
década. Y ya son 16,4 millones los españoles que hacen alguna compra por Internet,
el 60% de los adultos, aunque todavía el peso del comercio electrónico en
España es mucho menor al de EEUU, Reino Unido, Alemania o Francia. Ahora, la asignatura pendiente es que las pymes se lancen al e-commerce, porque
sólo
una de cada cinco vende por Internet. Eso exige un Plan de apoyo a la
digitalización de las pymes, que acaba de prometer el Gobierno Sánchez, y mayores inversiones privadas en webs,
plataformas de pago, seguridad, logística y atención al cliente, los grandes retos
del comercio electrónico en España. Y además, las ventas online deben generalizarse, porque están muy concentradas en viajes, hoteles,
ropa, espectáculos y ocio. Si no se afrontan estos problemas, pasará lo que
ahora: que los españoles compran online fuera el triple que en webs
españolas.
Las ventas por
Internet han crecido de forma imparable en el mundo: hay ya 1.600 millones de personas que
compran online (el 22% de la población), gastando
2,3 billones de dólares en 2017, que serán casi el doble para 2021 (4,5 billones), según el informe Digital in 2017 Global Overview. Los grandes países del comercio
electrónico son China (672.000
millones de dólares en ventas online), EEUU
(340.000 millones $), Japón (79.000
millones $), Alemania (73.000
millones $), Francia (43.000
millones), Corea del Sur (37.000 millones $) y Canadá (35.000 millones de $),
según el ranking de Bussines.com. España ocupa el cuarto lugar europeo
en comercio electrónico y el 9º del mundo, por delante de Rusia, Brasil e
Italia. El gasto medio mundial en compras online es de 1.007 euros por usuario, superándolo Reino
Unido (1923 euros por usuario) y USA (1.524 euros) y quedando por debajo
Alemania (953 euros/usuario), Francia (870 euros) y España (650 euros).
En España, el
comercio electrónico ha dado un gran salto en este siglo: de
venderse por Internet 30.000 millones de
pesetas en el año 2.000 se ha
pasado a vender 30.406 millones de euros en 2017 (166 veces más), según
los datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). En la última década, el negocio del e-commerce se ha multiplicado por más de cinco en
España (vendía 5.700 millones de euros en 2007) y sólo en los últimos tres años se ha duplicado (desde los 15.891 millones
vendidos en 2014). En el último trimestre de 2017, con las Navidades, las ventas online alcanzaron los
8.526 millones de euros, una media de casi 100 millones diarios, siete
veces más que hace una década.
Las ventas por Internet están muy concentradas en el turismo
(el 11,3% del negocio total lo hacen las agencias de viaje y otro 7,5% las
compañías aéreas), la ropa (7,1%
ventas), los espectáculos (4,4% son venta
de entradas eventos artísticos y deportivos), juegos (4,3% negocio son lotería y apuestas online), billetes de
autobús (3,9%), compra canales de TV (3,3% ventas totales) y reservas de
hoteles (2,9%), entre ellas el 45% de todas las ventas online. Si miramos por empresas, la compañía líder
de ventas online en España es Amazon (4.241
millones de euros vendidos en 2017, un 14% del total), muy por delante de la
china AliExpress (1.234 millones de
euros facturados), el Corte Inglés
(683,8 millones) y eBay (678
millones), seguidas de lejos, en este Top10
de ventas online, por Carrefour, Decathlon, Zalando (tienda alemana moda), Gearbest
(tienda china gadgets electrónicos), Zara y Privalia (Outlet), según el ranking 2017 de The eShow Magazine.
Un problema serio de España es que los internautas compran más en webs extranjeras que en portales
españoles. Así, en 2017, los españoles compraron en webs extranjeras (sobre
todo europeas y chinas) por importe de 14.094 millones, frente a sólo 4.866
millones vendidos a clientes extranjeros desde webs españolas, lo que da un déficit en el comercio online de -9.228 millones en 2017, según los datos de la CNMC. Y este déficit
en el comercio online podría crecer más a partir del 3 de diciembre de
2018, fecha en que entra en vigor el nuevo
Reglamento europeo 2018/302 contra el “geobloqueo”, que tratará de impedir las prácticas que hoy existen para dificultar las ventas a
internautas de otros países. De hecho, un 24% de los europeos reconocen haber
encontrado algún obstáculo para hacer compras online en otros países (desde
no admitir ciertas tarjetas de pago o redirigirles automáticamente a otras webs
con precios y condiciones de envío distintas). Ahora, la Comisión Europea
pretende penalizar esas barreras, lo que puede facilitar aún más las compras en otro país.
En los últimos tres años, los españoles le han ido “perdiendo el miedo” a comprar por Internet.
Y así, en 2017, una cuarta parte de las familias españolas
(4,75 millones de los 18,47 totales) realizó
alguna compra a través de Internet, según el INE, un dato
histórico. Y de todos los internautas
españoles (22,4 millones), el 73% compró alguna vez por Internet en 2017, lo
que da una cifra de 16,4 millones de
españoles comprando online, según
el estudio IABeCommerce 2017, de IAB Spain y Elogia. Eso significa que un 60% de los españoles adultos (de los
27,3 millones de 16 a 65 años) compraron
algo por Internet.
Con todo, España todavía está retrasada en
comercio electrónico respecto a otros países occidentales. Sólo el 27% de los
españoles compra por Internet al menos una vez por semana y el 58% compra online una vez al mes, mientras
en Reino Unido lo hacen el 76% de la población, en Alemania y
Corea del Sur el 72%, en Japón el
68%, el EEUU el 67% y en Francia el 62%
(sólo superamos a Italia, donde compran una vez al mes el 46%), según el último
estudio “Total retail 2017”, de la consultora PwC . Igualmente, el porcentaje de lo que se vende por Internet es más bajo en España
que en otros grandes países occidentales: supone aquí el 5% de todas las ventas, frente al 17% del mercado total en
Reino Unido, el 15% en Alemania o el 10% en Francia, según un informe de Knigth Frank.
El perfil del español que compra online
es un hombre (49%)/mujer (51%), de 39
años (el 42% tienen entre 31 y 45 años), con hijos (el 60%), estudios
universitarios (el 41%) y que en su mayoría trabaja (el 64%), según el estudio
IABeCommerce 2017. La mayoría compra con el ordenador (90%), aunque crecen las compras por móvil (37%), que no
avanzan más por el tamaño de las pantallas y el miedo a problemas de
seguridad. La media son 2,9 compras al mes (el 33% compra entre
6 y 10 veces y el 38% más de 10 veces), con un gasto medio por compra de 80 euros (entre 25 y 50 euros el 41% y
otro 28% gasta entre 51 y 100 euros). Y la mayoría compra para sí mismo (80%),
su familia (42%) y su pareja (27%), sobre todo viajes, ocio y cultura, ropa y
tecnología. Y algo importante: el 89%
mira Internet antes de comprar y luego, el 65% compra online y el
24% en una tienda física.
La moda (ropa,
calzado y complementos) es el bien tangible que más se vende en Internet, tras los viajes y
billetes de avión. De los 16,4 millones de españoles que compraron por Internet
en 2017, más de la mitad (9,2 millones, de ellos, 4,72 millones mujeres)
compraron ropa o material deportivo, el 55% en tiendas online extranjeras, según
el estudio IABeCommerce 2017. Eso supone que la
moda vende un 4% del total por Internet
(en 2012 sólo era el 1,2%), un porcentaje mucho menor a las ventas online de
moda en otros países: el 28% en Alemania, el 23,9% en Reino Unido o el 12,6% en
Francia, según Kantar. Quizás esta enorme diferencia se deba a que en Europa hay mucha
tradición previa de “venta por catálogo” y a que tienen menos tiendas físicas.
Pero para los grandes del sector, el canal online es muy importante: Inditex vende por Internet el 10% del
total, H&M el 12,5% y Mango
el 13%. Los clientes se decantan por marcas que tengan también
tiendas más que por webs sin tiendas (Amazon o eBay). Otros sectores donde crecen fuerte las ventas online son el turismo y la electrónica, pero avanza poco en alimentación (sí en Europa), aunque
un 20% internautas españolas entran ya mensualmente en las webs de supermercados.
A pesar del indudable avance del comercio online, España tiene mucho por hacer en la digitalización de la economía y las
ventas. Sobre todo, las pequeñas y medianas empresas: más de la mitad de las pymes españolas “no se sienten preparadas”
para la venta online, según un estudio realizado por eBay en 2016.Y sólo el
19,5% de las pymes encuestadas ofrecen
sus productos en la Red, aunque el 57,3% tienen web. La razón que dan es que no tienen conocimientos suficientes (el 55%)
o que no tienen recursos para digitalizar sus ventas (el 45%), señalando como los principales obstáculos para vender online la logística de entrega del producto (los envíos), la fuerte inversión necesaria y la dificultad de atender al cliente online,
aunque el 90% de las pymes lo ven crucial para su futuro.
Otro problema de
las empresas españolas que venden online es su poca expansión internacional, como
demuestra el elevado déficit exterior en las ventas online (-9.228 millones de
euros en 2017). Ello obliga a un refuerzo
del marketing exterior y de un mejor conocimiento del cliente extranjero,
desde el sector turístico a la moda o la tecnología.
Un tercer hándicap para
el comercio electrónico es la seguridad
y el miedo a los ciberataques. Y es que, aunque las webs de compra son cada
vez más seguras, 1 de cada 3 compradores admite haber sufrido algún ataque
cibernético, según un estudio de Deloitte (2015). Y otra cuestión clave para el comprador
online es la agilidad en el proceso de
compra y pago, que no se alargue en exceso la compra y sobre todo, el pago,
culpable del 27% de los abandonos en las compras, según ADigital. De hecho, de las 100 webs de
compra más visitadas de España, el 51% no cumplen los estándares de calidad establecidos
para los medios de pago, según un estudio de Stripe.
Y por supuesto, hay otras
dos cuestiones claves para los compradores online: el proceso de entrega (los envíos, que se retrasan y tienen
tarifas altas) y el sistema de atención
al cliente (la mayoría no ofrece un servicio de atención 24 horas), dos grandes asignaturas pendientes para
muchas empresas de venta online. Es importante saber que los elementos claves para que los usuarios hagan o no una compra online son
el precio (para el 82%) pero también
las condiciones de envío (79%), la confianza de la web (77%) y el servicio post-venta (para el 765),
según la encuesta a internautas de IABeCommerce 2017.
El comercio
electrónico ha madurado en España
pero precisa un empujón, sobre todo en las pymes y en los sectores que hoy
apenas venden online. El Gobierno
Sánchez acaba de anunciar que va a poner en marcha un Observatorio para que el pequeño comercio se adapte
a la venta por Internet, con medidas como la creación de una
plataforma web para las pymes y nuevas herramientas de venta, como los probadores
virtuales o la inteligencia artificial. Está bien, pero hace falta dedicar más recursos, para la formación y para ofrecer financiación accesible que permita a las
empresas “dar el salto digital”, con una
estrategia multicanal (ventas online y ventas físicas se apoyan) y dirigida a los móviles, donde más crece la venta
online en el mundo. Y con apoyos al marketing online y la internacionalización.
Poco a poco, los
internautas pierden el miedo a comprar por Internet. Y cuando lo hacen, la experiencia
es buena: los españoles dan una nota al comercio online de 8,2
sobre 10, según el informe IABeCommerce 2017. Y una encuesta de la OCU hecha en 2017 señalaba que 7 de
cada 10 compradores online estaban satisfechos. Claro que hace falta una
mayor vigilancia desde la Administración, para evitar fraudes y
asegurar el cumplimiento de los derechos
que muchos compradores online desconocen, como el derecho a poder elegir distintos
medios de pago, a recibir los pedidos en un máximo de 30 días, a poder
devolverlos en 14 días sin necesidad de justificación y a una garantía por 2
años. Para ello, debían aumentar las webs con el sello “Confianza online”, que hoy
sólo tienen 2.706 webs.
En resumen: se ha avanzado mucho en la venta por
Internet en los últimos tres años, pero aún queda mucho camino para que el
comercio electrónico llegue a nivel europeo y sea una parte importante de las
ventas totales de nuestras empresas, sobre todo las pymes. Hay que poner en
marcha una “cruzada digital”, para que las empresas se digitalicen y los consumidores perdamos el miedo a comprar por Internet. Si las
empresas españolas no dan “el salto digital”, lo harán las
webs chinas, europeas o norteamericanas y se creará riqueza y empleo allí, no
en España. No hay fronteras a la venta
online.
