El nuevo recibo de la luz, más caro

Mira el recibo de la luz que te llegue en enero: verás que pagas más. En mi caso, unos 3 euros más sólo por la subida de los 3  impuestos a la electricidad. Y queda ver la subida por el nuevo recibo (que incluye electricidad comprada a plazo, no sólo el precio diario), la supresión de la excepción ibérica y la reforma del mercado eléctrico europeo. Los expertos creen que todos estos cambios nos costarán 10 euros al mes (120 euros más al año). Así que en 2024 pagaremos algo más por el recibo de la luz que en 2023, pero aún así, la electricidad será mucho más barata que en 2022 (un año negro) y que en 2021. Y seguiremos pagando la luz más barata que el resto de Europa, como ha pasado ya en 2021, 2022 y 2023, gracias sobre todo al clima y al creciente peso de las renovables, que ya producen más de la mitad de la electricidad en España.

                  Enrique Ortega

Antes de entrar en el recibo de la luz de 2024, hagamos un balance de cómo se ha comportado el precio de la luz en 2023. Los datos indican claramente que los precios en el mercado mayorista de la electricidad bajaron sobre los precios disparados de 2022. Y, gracias a ello, el recibo de la luz de los que tienen tarifa regulada (PVPC) fue también más bajo que en 2022 (e incluso que en 2021). Veámoslo. El coste de la luz en el mercado mayorista (donde venden y compran luz las compañías productoras y distribuidoras) cerró 2023 con un precio medio de 87,43 euros/MWh, menos de la mitad del precio medio de 2022 (209,69 euros/MWh) y por debajo también del precio medio de 2021 (111,39 euros/MWh), aunque todavía duplique el precio medio de los 5 años anteriores (46,15 euros/MWh).

Con el precio de la luz en origen a mitad de coste, todos los consumidores vieron reducir el precio de su recibo en 2023, sobre todo los consumidores que tienen la tarifa regulada PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), 8,5 millones de usuarios (frente a un total de más de 20 millones: el resto tienen una tarifa “libre”): la tarifa PVPC bajó un 40% en 2023 sobre la de 2022, según el Ministerio de Transición Ecológica, gracias a que el mercado mayorista tuvo unos precios menos disparados y más regulares, básicamente por la excepción ibérica y, sobre todo, el mayor peso de las energías renovables (eólica y solar), mucho más baratas. Además luego, tuvo una gran influencia sobre el recibo la bajada de los 3 impuestos de la electricidad (en 2021 y en 2022), que redujo la factura a todos los usuarios, tanto en el mercado libre como en el regulado.

La consecuencia es que el recibo medio de la luz (4,6 KW de potencia y 292 KWh de consumo al mes) cerró 2023 con un precio medio de 60,26 euros al mes (723 euros año), una rebaja importante (-42,8%) respecto al recibo medio de la luz en 2022 (105,48 euros al mes, 1.266 euros al año) y en 2021 (79,11 euros mensuales, 949 euros anuales), según la OCU. Un recibo que está en línea con lo que pagábamos de luz antes de dispararse la energía y la inflación en 2021 (el recibo  medio fue de 56,28 euros en 2020 y 62,33 euros en 2019).

Con estos precios más moderados en 2023, tanto en el mercado mayorista de origen como en el recibo final al consumidor, España ha conseguido ser el país de Europa con la electricidad más barata, tanto en 2023 como en 2022. Antes de esta crisis energética, España tenía unos precios de la electricidad más caros que Francia y Alemania: en 2019, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista fue de 50 euros por KWh, superior al de Francia (38 euros) y Alemania (40), sólo algo más bajo que el de Italia. Pues bien, gracias a la “excepción ibérica” implantada en junio de 2022, a la bajada de impuestos y al “tirón” de las renovables, España ha cambiado las tornas y ha conseguido un precio mayorista de la luz más bajo que en Francia, Alemania e Italia, según los datos publicados por el Grupo ASE. En los últimos 18 meses (junio 2022-diciembre 2023), el precio mayorista de la electricidad fue de 102,64 euros por MWh en España, 161,48 euros en Alemania, 175,82 en Francia y 207,88 euros en Italia. Y si miramos sólo el año 2023, el precio mayorista en España (87,43 euros) es un -14,2% inferior a la media de coste en los 4 grandes paises UE (101,82 euros).

Hasta aquí el balance del precio de la electricidad en 2023, muy positivo tanto por la bajada del precio mayorista en origen como por la bajada en nuestros recibos. ¿Qué va a pasar con la luz en 2024? La respuesta corta es sencilla: el recibo de la luz va a subir. De hecho, ha subido ya para los que hemos recibido el primer recibo en enero, por el aumento de los 3 impuestos a la electricidad  que aprobó el Gobierno desde el 1 de enero, tras dos años y medio de rebajas para contrarrestar los precios disparados de la energía. Junto a este primer cambio, hay tres cambios más en el recibo este año: ha cambiado la tarifa regulada (PVPC), se suprime la excepción ibérica (tope al gas) y entra en vigor la reforma del mercado eléctrico europeo. Cuatro cambios que subirán el recibo de la luz en 2024.

Veamos el efecto del primer cambio, la subida de los 3 impuestos a la electricidad: subida del IVA (estaba en el 21%, el Gobierno lo bajó al 10% en 2021 y luego al 5% en junio de 2022, para subirlo en enero al 10% durante todo 2024), subida del impuesto especial a la electricidad (lo bajó del 5,11% al 0,5% en septiembre de 2021 y lo ha subido en enero, al 2,5% en el primer trimestre, al 2,8% en el 2º y al 5,11% de antes a partir de julio) y subida del impuesto a la generación de electricidad (que pagan las eléctricas pero lo repercuten en el coste final del mercado mayorista), que se suprimió en 2021 y ha vuelto ahora, al 3,5% en el primer trimestre, al 5,25% en el 2º y al 7% de antes a partir de julio. El efecto de estas 3 subidas ya se nota en el recibo de enero: en mi caso, ha subido +3,27 euros sólo por los impuestos. La estimación de la consultora Nera es que la subida de impuestos repercuta 4,8 euros al mes en el primer trimestre, 5,70 euros en el segundo y más en la segunda mitad del año, con una media de 7,50 euros extras mensuales en todo 2024.  O sea, que pagaremos 90 euros más este año más sólo por los nuevos impuestos.

El segundo cambio, la supresión el 1 de enero de la “excepción ibérica” (tope al precio del gas para producir electricidad) es importante, porque perdemos “un colchón” ante posibles crisis futuras, pero no tendrá repercusión en nuestro recibo de 2024, porque al haber bajado drásticamente el precio del gas, no se aplicaba desde finales de febrero de 2023. La “excepción ibérica” (para España y Portugal), que entró en vigor el 15 de junio de 2022, fue clave para contener el recibo en 2022, ya que fijó un tope al precio del gas (40 euros/MWh en 2022 y hasta un máximo de 65 euros en 2023) cuando su precio estaba por las nubes (80 euros/MWh en junio de 2022, 215,64 euros/MWh  en agosto, 138,62 euros en diciembre de 2022), lo que rebajó drásticamente el precio mayorista de la electricidad y los recibos (aunque tuviéramos que pagar una compensación a las eléctricas por la diferencia ).

En 2023 empezó a bajar el precio del gas y el 28 de febrero se pagaba por debajo del tope (a 49,6 euros), con lo que la excepción ibérica no se aplicó el resto de 2023. Aún así, el Gobierno estima que ha permitido un ahorro en nuestros recibos de 5.106 millones de euros (4.000 en 2022 y 1.100 en 2023). Ahora, Europa no acepta que siga en vigor la “excepción ibérica”, lo que no nos afecta porque el precio del gas sigue bajo (30,85 euros MWh) y se espera que siga así (salvo conflictos) en 2024 (29,70 euros) y 2025 (33 euros).

El tercer cambio, muy importante, es el nuevo recibo de la luz para la tarifa regulada (PVPC), que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2024. El anterior sistema lo cambió el Gobierno Rajoy y se aplicaba desde el 1 de julio de 2014, para fijar la tarifa no sobre el precio trimestral de la luz en el mercado mayorista, sino sobre el precio diario. Se trataba así de evitar los saltos de precio ligados a las subastas trimestrales. El sistema funcionó bien y fue bastante estable (con precios mayoristas entre 50 y 34 euros por MWh de 2015 a 2020). Pero en 2021, al estallar la crisis de la energía y disparase el precio del gas, el precio mayorista de la luz se disparó, alcanzando un precio de 283 euros MWH en marzo de 2022 y un máximo de 307,75 euros en agosto de 2022, a pesar de la excepción ibérica y la bajada de impuestos, aunque cerró diciembre de 2022 con un precio de 135,29 euros.

Estos saltos en el precio mayorista repercutían mes a mes directamente en la factura de la tarifa regulada, que saltó de 69,88 euros mensuales en diciembre de 2021 a 143 euros en marzo de 2022 y 130,99 euros en agosto de 2022 (también la tarifa del mercado libre se disparó, aunque menos). Estos altibajos llevaron a Bruselas a pedir al Gobierno que fijara un nuevo sistema de tarifa regulada, que no tuviera sólo en cuenta el mercado mayorista diario sino que forzara a los distribuidores a comprar electricidad a plazo (futuros), para “suavizar” las oscilaciones de precios. Y eso es lo que pretende el nuevo recibo: si hasta ahora, el 100% del coste de la tarifa regulada se calculaba con el precio diario del mercado mayorista, este año 2024, un 25% del coste del recibo tendrá que ser el precio de contratos a plazo de la electricidad. En 2025, se sube al 40% y en 2026 computara un 55% la electricidad comprada a plazo. A lo claro: se obliga a las suministradoras a ir comprando luz con contratos de futuros (más estables y teóricamente más baratos) y no sólo luz al precio del día.

El nuevo sistema para calcular el precio de la tarifa regulada debería estabilizar más los costes, evitar los altibajos del mercado mayorista diario, en beneficio de los consumidores. Pero eso no quita que, al principio, encarezca el recibo de 2024, aunque se rebaje después. Por dos razones. La primera, que quizás las eléctricas “se curen en salud” al hacer las primeras compras a plazo, y paguen más para “no pillarse los dedos” con el suministro. Y esta mayor demanda de contratos a plazo (hoy escasos), hará subir los precios en el mercado de futuros, al menos al principio. Y la segunda razón, porque el nuevo sistema incluye que las comercializadoras contraten “una prima de riesgo”, para afrontar los altibajos de precios y evitar quiebras, una especie de “seguro” que acabaremos pagando los consumidores. Por ello, al principio al menos, subirá el nuevo recibo, unos 3 euros al mes por esto en 2024.

El cuarto cambio, la entrada en vigor de la reforma del mercado eléctrico europeo, nos afectará menos, porque tiene que ver con el cambio del recibo aprobado ya en España. Pero también puede subir algo la factura final, este año y los próximos. La reforma, aprobada el 14 de diciembre de 2023, bajo presidencia española, pretende evitar la volatilidad de precios en el mercado mayorista de la electricidad (potenciando las compras de futuros), acelerar el despliegue de las energías renovables y establecer un mecanismo para intervenir en los mercados en caso de crisis energéticas (evitar que se tarde meses en reaccionar a  una nueva crisis de la energía y el gas, como la desatada por Putin en 2021 y 2022). La reforma tiene 3 objetivos: conseguir una mayor estabilidad de precios a medio plazo (aunque a corto puedan subir, como en España, por encarecerse los mercados de futuros), garantizar el suministro (con medidas y ayudas  a las eléctricas, que tendrán un coste y acabaremos pagando) y ayudar a los consumidores más vulnerables (bono eléctrico).

Hasta aquí los 4 cambios en el marcado eléctrico que van a afectar a nuestro recibo, con una subida media de 10 euros al mes (+120 euros en 2024). Pero aún así, se estima que los cambios conseguirán unos precios más estables a medio plazo y asegurar el suministro, pase lo que pase. Eso sí, España seguirá teniendo en 2024 un precio de la luz más bajo que la mayoría de Europa, según adelantan los precios de la luz a plazo, para el primer trimestre de 2024: 74 euros MWh en  España, 88 euros en Francia y 89 euros en Alemania, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Y eso por una razón básica: el fuerte aumento de las energías renovables en la generación de electricidad, mayor que en otros paises (además de la moderación en el consumo por el aumento de temperaturas). El dato es espectacular: en 2023, el 50,4% de la electricidad fue renovable (eólica, solar, hidráulica y otras), frente al 37,5% de electricidad renovable en 2019, según Red Eléctrica.

Este es el camino para rebajar el recibo de la luz: que aumente el peso de las energías renovables (mucho más baratas) en la generación de electricidad. Y la apuesta del Gobierno Sánchez se ha redoblado: si antes su objetivo era subir el peso de las renovables al 74% de la generación eléctrica en 2030, en el nuevo Plan de Energía y Clima (enviado a Bruselas en junio pasado) se propone subir el peso de las renovables al 81%. Un reto difícil, que exige ordenar todo el “boom” de nuevas instalaciones renovables (donde se ha gestado una cierta “burbuja”), aumentar las inversiones para nuevas redes, plantas de almacenaje, conexiones con Europa y formación de personal especializado. Inversiones que a corto plazo habrá que pagar en el recibo pero que, en menos de una década, nos permitirán tener una electricidad más barata y más limpia, sin los sobresaltos de los últimos años. Amén.

Repunta la inflación

Los precios llevan 3 meses subiendo (julio, agosto y septiembre), tras bajar antes, desde febrero. La culpa la tienen las subidas de los carburantes (desde junio), la electricidad (desde septiembre) y los alimentos, sobre todo el aceite, azúcar, arroz, patatas, frutas y verduras, leche, y huevos. Ahora, con el conflicto en Israel, se teme que suban más el petróleo y el gas, encareciendo carburantes y electricidad. Y que la sequía y las malas cosechas mantengan caros los alimentos. Pero lo que más preocupa es que los precios sigan altos en 2024, incluso con más inflación (por encima del 4%) que este año, por los conflictos en Ucrania e Israel y la crisis climática. Un tema clave para el futuro de la inflación en España será ver si se forma un Gobierno en noviembre y prorroga las ayudas contra la inflación (costosas es un año donde tendrá que rebajarse el déficit público). Y si hay reforma del mercado eléctrico europeo o al menos, España mantiene “la excepción ibérica”, que nos ha abaratado la luz.

                   Enrique Ortega

El INE lo confirmó el viernes: la inflación anual volvió a subir en septiembre, hasta el 3,5%. Es el tercer mes consecutivo en que sube el IPC (tras las subidas de julio, al 2,3%, y agosto, al 2,6%), después de alcanzar un mínimo anual del 1,9% en junio, que contrastaba con la disparada inflación de un año antes (más del 10% en junio, julio y agosto de 2022). Ahora, el repunte de la inflación en España tiene 3 culpables: la subida de los carburantes (la gasolina y el gasóleo suben desde el verano, aunque bajan la última semana), la electricidad (que sube desde septiembre) y los alimentos (que llevan 18 meses consecutivos subiendo por encima del 10% anual, desde abril de 2022), más los hoteles y restaurantes. Veámoslo con más detalle.

El precio de los carburantes alcanzó su mínimo a finales de mayo (1,584 euros/litro la gasolina y 1,415 euros el gasóleo), para subir después 14 semanas seguidas, por la mayor demanda en verano y el repunte del petróleo. Y aunque bajaron la semana pasada, la gasolina cuesta ahora un 8,5% más (1,719 euros/litro) y el gasóleo un +18,8% (1,682 euros litro). Por un lado, el conflicto en Israel ha provocado un nuevo alza del petróleo (por encima de los 90 dólares), tras subir desde agosto por el recorte de la producción pactado por Arabia Saudí y Rusia, aunque todavía el alto precio del crudo ahora (90,86 dólares/barril el sábado) es más barato que antes de la invasión de Ucrania (97,89 dólares por barril de Brent). Y a favor de la bajada de los carburantes juega la decisión de Putin de volver a exportar gasóleo fuera de Rusia, lo que puede destensionar el mercado internacional y los precios, aunque en invierno aumenta la demanda.

La electricidad ha subido en los últimos meses, aunque menos que el año pasado, tras unos precios mínimos de enero a mayo, por la bajada del precio del gas y el aumento de la producción renovable. Tras subir en junio y julio, el precio mayorista de la electricidad volvió a bajar en agosto (hasta un mínimo de 52,31 euros/MWh el día 27), para subir ya en septiembre (110,04 euros/MWh el 23 de septiembre) y octubre (118,64 euros/MWh el viernes13), por un aumento excepcional de las temperaturas y un mayor uso del gas natural, que está subiendo de precio (+50% en una semana), por la mayor demanda internacional, la subida de los derechos de emisión de CO2, la sospecha de un sabotaje en el gasoducto de Finlandia a Letonia y, ahora, el conflicto en Israel. Con ello, el gas natural, clave para asegurar el suministro, ha subido de 40 euros/MWh en agosto a  55,2 euros el viernes. Y ahora, con la tensión de Ucrania e Israel más el invierno, el gas seguirá caro (y la electricidad y la calefacción). 

Y los alimentos no bajan, tras subir por encima del 10% anual desde abril de 2022. En septiembre han subido un +0,5% mensual y subían ya un +10,5% anual, según el INE, lo mismo que en agosto. Los alimentos que más suben son los aceites (+41,9% anual, tras subir un +1,2% en septiembre), por las malas cosechas,  el azúcar (+40,5% el último año), por el encarecimiento del mercado mundial tras malas cosechas en India, el arroz (+18,5% anual), las patatas (+15,2%), el pan (+14,9%), las carnes de pollo (+18,1%), vaca (+14,7), cordero (+11,5%), y cerdo (+11,2%), el agua, refrescos y zumos (+12,7%), la leche (+11,9%) y los huevos (+11,5%), las legumbres (+11,6%), cereales (+10,5%), frutas (+9,2%) y lácteos (+8,9%), según el IPC de septiembre (INE).

Además de los carburantes, la electricidad y los alimentos, suben muy por encima de la media los paquetes turísticos nacionales (+15,7% anual) e internacionales (+14,6%), los hoteles (+11% anual) y los restaurantes y cafés (+5,8%).  Sube poco la ropa y el calzado (+1,2% anual), el menaje del hogar (+3,9%), los gastos médicos (+2,1%), el transporte (+3,8% anual, por la menor subida de los carburantes que el año pasado y la bajada del transporte público), las comunicaciones (+4,4%), la enseñanza (+2,2% anual), el ocio y cultura (+5%). Y nos ayudan con sus bajadas anuales los gastos de vivienda (-13,1%), por la rebaja anual del gasto en calefacción luz y agua, según el INE. 

A pesar del repunte de la inflación en los últimos 3 meses, España sigue con una menor inflación que la mayoría de Europa. En septiembre, la inflación española (dato armonizado con Europa) era del 3,2%, bastante inferior a la media de inflación homologada en la zona euro (20 paises), que era del 4,3%. Y aunque la inflación bajó en septiembre en la eurozona (del 5,2 al 4,3%) y subió en España (del 2,4 al 3,2%), todavía tenemos la 4ª menor inflación de la zona euro, sólo superior a la de Bélgica (0,7%), Grecia (2,4%) y Finlandia (3%). Y nuestra inflación es muy inferior a la de Austria (+11% anual en septiembre), Alemania (+10,9%), Italia (+9,4%), Irlanda (+8,6%) o Francia (+8,6%), según Eurostat.

Ahora, se espera un repunte de la inflación en el 4º trimestre, en Europa y en España, por la esperada subida del petróleo y el gas (por los conflictos de Israel y Ucrania, más el aumento de la demanda ante el invierno), que van a encarecer los carburantes, la electricidad y la calefacción. Además, no se espera que bajen los alimentos, porque seguiremos sufriendo los efectos de la sequía y las malas cosechas. En España, la cosecha de aceite 2023-24 se espera algo mejor (+15%) que la desastrosa cosecha pasada (2022-23), pero seguirá estando un 34% por debajo de la cosecha media  (765.000 TM frente a más de 1 millón de TM en las cuatro campañas anteriores a la de 2022). Y además, hay la mitad de remanentes (stocks) que hace un año, lo que forzará a unos precios altos. Y lo mismo pasará con las naranjas (esperan la menor cosecha en 11 años) y los cereales (con pérdidas del 70 al 80% en los cereales de invierno), las frutas y hortalizas.

Los pronósticos son que la inflación siga alta hasta diciembre y se cierre el año con una inflación media del 3,6% (cerca del 4% anual en diciembre) según el Banco de España, mientras el FMI nos acaba de pronosticar un 3,5% de inflación media este año. Ojo, es una inflación alta, pero menos de la mitad de la inflación media que sufrimos en 2022: +8,3%. El problema es que en 2024 no mejorará la inflación, sino que va a empeorar (superando incluso el 4%). En ello coinciden tanto el FMI (augura un +3,9% de inflación media, frente al +3,5% este año) como el Banco de España (que prevé una inflación media del +4,3% en 2024, frente a +3,6% este año). En ambas previsiones, el temor a una mayor inflación en 2024 se debe a una posible subida del precio del petróleo y el gas (por los conflictos geopolíticos), a la esperada subida de la electricidad (ante la falta  de una reforma del mercado eléctrico en Europa) y a la sequía y la crisis climática, que afecta negativamente a las cosechas de alimentos en todo el mundo y en España.

Hay otro factor más que tira hacia arriba de la inflación: la subida de los márgenes empresariales en muchos sectores, donde las empresas están aprovechando para recomponer beneficios tras la crisis del COVID. Lo confirman los últimos datos disponibles del Observatorio de Márgenes, una herramienta conjunta elaborada por los Ministerios de Economía y Hacienda más el Banco de España: las grandes compañías, sobre todo del sector energético, el agroalimentario y la distribución han disparado sus márgenes sobre ventas en la primera mitad de 2023. Concretamente, las empresas eléctricas y gasistas aumentaron sus márgenes sobre ventas un +26,8%, las compañías petroleras y extractivas un +16,9%, las mayores empresas agrícolas y pesqueras un +19,9%, los supermercados y grandes grupos de distribución un +10,7%, las empresas de hostelería un +16,92%, las agencias de viaje un +41,2% y el sector inmobiliario un +39,7%. Estos son los datos oficiales sobre su aumento de márgenes, aunque los sectores y empresas insisten en que ellos no repercuten los aumentos de costes en sus precios y clientes…

Mientras, los 20.735.911 trabajadores afiliados a la Seguridad Social sufren la subida de precios sin que les compense la subida de sus sueldos. Hasta septiembre, la subida media en los pocos convenios firmados (945, que afecta a 2.687.188 trabajadores) fue del +3.41%, por debajo de la inflación anual (+3,5% a septiembre) y muy por debajo de lo que han subido este año los carburantes (+8% la gasolina y + 1,2% el gasóleo) , la luz (+194%)  o los alimentos (+5,9% de enero a septiembre). Y es el tercer año en que los trabajadores pierden poder adquisitivo, tras las mínimas subidas en los convenios de 2022 (+2,99%) y 2021 (+1,45%). Así que no son los salarios los culpables de que siga subiendo la inflación, sino el aumento de costes (sobre todo energéticos) y su repercusión en los márgenes empresariales.

Ahora, además de la incertidumbre sobre el comportamiento de la energía y los alimentos, a la vista de las crisis de Israel y Ucrania y las tensiones geopolíticas internacionales (EEUU, China, Rusia, Europa y Oriente Medio), en España preocupa el futuro de las ayudas públicas aprobadas contra la inflación y que terminan el 31 de diciembre. Por un lado, la rebaja del IVA y otros impuestos, en la electricidad y la alimentación, más las ayudas al transporte profesional (5 céntimos por litro en el cuarto trimestre). Y por otro, el final de la excepción ibérica, prorrogada en marzo por la Comisión Europea hasta el 31 de diciembre. 

En cuanto a la prórroga en 2024 de las ayudas públicas contra la inflación, las tiene que aprobar un Gobierno y no es seguro que lo vayamos a tener antes de final de año. En caso de no poderse prorrogar a tiempo, los efectos serían muy perjudiciales para los consumidores, autónomos y empresas. Sólo la factura de la luz subiría un 26% en 2024 (16 euros más al mes ya en el recibo de enero) si no se prorrogan los recortes del IVA (del 21 al 5%) y del impuesto sobre la electricidad (del 5 al 0,5%) más la supresión del impuesto de generación eléctrica (7%), en vigor desde mediados de 2021 hasta diciembre de 2023. Y otro tanto pasaría con muchos alimentos y los costes de los transportistas. Pero si hay Gobierno a tiempo, tendrá un problema adicional: se ha comprometido con Bruselas a bajar el déficit al 3% en 2024 y eso puede obligar a recortar las actuales ayudas contra la inflación.

Respecto a “la excepción ibérica” en el mercado eléctrico (un tope al precio del gas en la generación de electricidad,  implantado en junio de 2022 y que ha permitido ahorrarnos 5.000 millones de euros en el recibo sólo en el primer año), no va a ser fácil que la Comisión Europea apruebe una nueva prórroga para 2024. Además, no avanza la reforma del mercado eléctrico europeo que pueda ayudar a reducir las subidas de la luz. Estaba previsto que se avanzara en este semestre de presidencia española, pero las posiciones están muy distantes. Si no hay reforma ni excepción ibérica”, veremos grandes subidas del recibo en 2024, aunque serían más “suaves” al haberse aprobado un nuevo recibo de la luz (entrará en vigor el 1 de enero), con más peso de las compras a plazo frente al mercado diario.

En definitiva, que la inflación sigue ahí, mejor que el año pasado y que en la mayoría de Europa pero peor que hace unos meses. Y con el temor de que repunte más este otoño y hasta el verano próximo, por culpa de la energía y los alimentos, muy sensibles a los conflictos geopolíticos y a la crisis climática. Así que habrá que seguir comprando con cuidado y recortando algunos gastos, ya que los salarios suben poco. Y esperar que haya nuevas medidas contra la inflación, que nos ayuden a llegar a fin de mes. Es lo que hay.

Otro cambio en el recibo de la luz

El  1 de enero de 2024 estrenarán nuevo recibo de la luz los 9 millones de españoles que tienen tarifa regulada (PVPC). El  cambio, exigido por Bruselas, pretende “amortiguar” las subidas y bajadas de la electricidad. Para ello, obliga a las eléctricas a suministrarnos más electricidad contratada a plazo (de 1 mes hasta un año) y que pese menos la comprada cada día, para evitar los altibajos de estos años. Lo normal es que la luz suba algo al principio, porque las eléctricas intentarán “no pillarse los dedos” en sus compras y porque pagaremos la prima de riesgo que contratarán. Pero a medio plazo, el recibo será más estable, salvo nueva debacle de la energía. Problema: el 1 de enero se termina “la excepción ibérica”, que nos ha ahorrado 5.106 millones de euros, y Europa no ha reformado todavía el mercado eléctrico. Y será difícil que lo haga, con las elecciones europeas en junio de 2024. Así que el nuevo recibo de la luz será una incógnita.

Enrique Ortega

Vuelve a cambiar el recibo de la luz, antes de que el actual cumpla 10 años. El anterior cambio del recibo eléctrico lo aprobó el Gobierno Rajoy el 28 de marzo de 2014 y se empezó a aplicar a los consumidores el 1 de julio. Antes, la subida de la luz estaba ligada al precio que se fijaba en el mercado eléctrico mayorista en una subasta trimestral (tarifa TUR, tarifa de último recurso). Pero se detectó que las eléctricas productoras elevaban artificialmente los precios antes de cada subasta, en perjuicio de los consumidores. El detonante fue la subasta de diciembre de 2013, cuando el precio mayorista de la electricidad subió un 10,5%, con lo que el Gobierno tenía que subir la tarifa (junto a los peajes) un +11,5% en el primer trimestre de 2014. Era políticamente impresentable, así que la Comisión de la Competencia (CNMC) “anuló” la subasta y el Gobierno cambió el sistema y aprobó un nuevo recibo, el que todavía tenemos ahora.

Este recibo (el actual) establecía una tarifa regulada con un nombre increíble, la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que podían disfrutar los particulares y empresas que contrataran menos de 10 kWh de potencia. Y la tarifa mensual se fijaba ya no sobre el precio de la subasta trimestral sino sobre el precio diario en el mercado mayorista de la electricidad, para evitar manipulaciones. Eso suponía el 42% del recibo, otro 37% eran los peajes que aprobaba el Gobierno (para financiar el transporte y la distribución de la electricidad, el parón nuclear, la deuda eléctrica, las ayudas a las renovables o el extracoste de la electricidad a las islas) y el 21% restante eran los impuestos. También se abrió el camino a que las eléctricas ofrecieran una tarifa libre, por un año y revisable después, que los consumidores y empresas podían contratar.

El nuevo sistema no dio problemas y el recibo de la tarifa regulada (PVPC) fue bastante estable, con un coste mensual en torno a los 50 euros por abonado entre 2014 y 2020. Pero en 2021, comenzó a dispararse el precio del gas natural (que era la energía que solía fijar el precio del resto, en el mercado eléctrico diario), sobre todo a partir de la primavera y el verano, cuando Putin utilizó el gas para presionar a Europa por el tema de Ucrania. Y en agosto de 2021, el recibo medio de la tarifa regulada ya subió a  105,94 euros, cerrando el año con un recibo medio de 239,17 euros en diciembre de 2021. Y tras la invasión rusa de Ucrania, el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista pasó de 195,86 euros/MWh (23-F, el día antes de la invasión) a un máximo histórico de 544,52 euros/MWh el 9 de marzo de 2022, para mantenerse en torno a los 200 euros/MWh en mayo y junio.

La mayoría de esta subida disparatada de la electricidad en origen (mercado mayorista) se trasladaba a los consumidores con tarifa regulada (PVPC) y mucho menos a los que tenían una tarifa “libre” (que también subía, pero al renegociarla cada año). El resultado fue “una fuga de clientes” del mercado regulado al libre, apoyada por potentes campañas de marketing de las eléctricas (“Cámbiate a la tarifa libre y pagarás menos”) : si en 2014, al estrenarse el nuevo sistema, eran 26 millones los consumidores con tarifa regulada (PVPC), en 2021 eran ya sólo 18 millones y ahora son 9 millones, el 34% de todos los contratos de electricidad.

Ante estos precios disparados de la luz (por culpa del gas: saltó de 78 euros MWh el 23-F a 339,20 en agosto de 2022), el Gobierno Sánchez negoció en Europa, con Portugal, la llamada “excepción ibérica” : se aceptaba poner un tope al precio del gas utilizado para producir electricidad en la Península (primero 40 euros/MWh y hasta 70 euros en 2023) , para que no encareciera el resto de las energías (el sistema de precios establece que la hidráulica, nuclear y renovables, más baratas, se pagarán al coste del gas) y permitiera así bajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista. La excepción ibérica entró en vigor el 15 de junio de 2022 y ha permitido bajar el precio mayorista de la electricidad: de los 200 euros/MWh en mayo y junio bajó a poco más de 100 euros/MWh en septiembre y hasta 16,19 euros/MWh el 29 de diciembre… El viernes pasado, 16 de junio, el precio mayorista estaba en 122,42 euros/MWh. Y aunque los consumidores con tarifa regulada pagan una compensación a las eléctricas por el tope al gas, su recibo medio ha caído estos meses: de 130,99 euros pagados en agosto de 2022 a 79,35 euros en diciembre y a 56,68 euros/MWh pagados de media por la tarifa regulada en mayo de 2023, según la OCU.

En este primer año de la excepción ibérica, los mayores beneficiados son los 9 millones de consumidores con tarifa regulada (PVPC) que han visto abaratarse directamente su recibo al caer el precio del la luz en el mercado mayorista (incluso con precios de cero euros algunos días y horas). Los 20 millones restantes, con tarifa “libre”, no se han beneficiado tanto de la rebaja del recibo, ya que han tenido que esperar hasta la revisión de su contrato (1 año) para presionar a que les bajaran la tarifa. Globalmente, la excepción ibérica” (el tope al gas) ha supuesto un gran ahorro para los consumidores: 5.106 millones sólo entre el 15 de junio y el 26 de febrero, según los cálculos del Gobierno Sánchez, un 15% de la factura eléctrica. Y estiman que, en los primeros 8 meses, los españoles han ahorrado por la “excepción ibérica” (que el PP llamó "timo ibérico") 100 euros por hogar.

Como contrapartida a esta “excepción ibérica”, la Comisión Europea exigió a España que cambiara el recibo de la luz, la tarifa regulada (PVPC), para buscar un sistema que fuera más estable y con menos oscilaciones de precios. De hecho, otros paises europeos han tenido menos altibajos en el precio de la luz (a pesar de subirles a todos el gas), porque tienen recibos que no varían según el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista sino en base a índices de precios que se revisan trimestral o anualmente, con lo que las oscilaciones y “sustos” al consumidor no son diarios y son más suaves. El Gobierno Sánchez se comprometió con Bruselas a tener el nuevo recibo antes del 1 de octubre de 2022, para aplicarlo en 2023, pero se ha retrasado, primero en el Gobierno y luego en el Consejo de Estado. Y finalmente, se aprobó en el pasado Consejo del 14 de mayo, para que entre en vigor en 2024.

El nuevo recibo de la luz en la tarifa regulada (PVPC) pretende ligar las subidas futuras no al mercado mayorista diario (con precios muy volátiles y grandes altibajos) sino a un mercado más a plazo, con contratos de suministro firmados a 1 mes, 3 meses y 1 año, para intentar “amortiguar” las subidas. Si ahora, el 100% de la electricidad con la que se calcula la factura es el mercado mayorista diario, en 2024 será solamente el 75% del total, el 60% en 2025 y el 45% del suministro en 2026. Y las eléctricas tendrán que suministrar electricidad con contratos a plazo ya en 2024 (un 25% del total), aumentarla en 2025 (40% del suministro total) y más en 2026, año en que la mayoría de la electricidad que nos vendan (el 55%) tendrá que proceder de contratos a plazo (a 1 mes, a 3 meses o a un año), para “suavizar” los altibajos de precios en el mercado y “evitar sustos” un día, una semana o un mes.

El nuevo sistema del recibo regulado no entrará en vigor para los usuarios hasta el 1 de enero de 2024, pero antes, el 1 de julio de este año, las comercializadoras eléctricas tendrán que empezar a hacer contratos a plazo, para poder vendernos ese 25% más estable desde enero próximo. En principio, el nuevo sistema podría subir algo los recibos en 2024, por dos razones. La primera, que quizás las eléctricas se “curen en salud” al hacer las primeras compras, para “no pillarse los dedos”, pero la mayor demanda a plazo seguro que subirá los mercados de futuros, al menos al principio. Y la otra razón, porque el nuevo sistema incluye que contraten “una prima de riesgo”, para evitar la quiebra de comercializadoras, y todo apunta a que ese seguro lo considerarán otro coste más y lo pagaremos los consumidores. Pero al cabo de un tiempo, todos los expertos creen que el nuevo sistema de fijación de la tarifa regulada será más estable y con precios menos volátiles, con menos altibajos en la factura mensual de los consumidores y empresas. Lo creen en la Comisión Europea, lo cree el Gobierno Sánchez y lo creen también las eléctricas, que apoyan el cambio.

Ahora, los 9 millones de clientes particulares que tienen la tarifa regulada (PVPC) no tendrán que hacer nada: el recibo será igual, aunque cambia el origen de la electricidad que les van a suministrar. Y los 20 millones de clientes particulares con “tarifa libre” podrán hacer el viaje inverso, volver a la tarifa regulada, aunque las eléctricas no se lo pondrán fácil: ya pusieron pegas (teléfonos y webs colapsadas) a los clientes que querían contratar la tarifa regulada del gas, más barata. También podrán acogerse a la nueva tarifa regulada (PVPC) las empresas (ahora la tienen 881.360 compañías), pero hay un cambio: ahora sólo la podrán mantener las pequeñas empresas (menos de 250 empleados y hasta 50 millones de facturación), porque el que tengan esa tarifa empresas más grandes contraviene la Directiva Europea. Así que las empresas tendrán que acreditar su tamaño ante las eléctricas para poder disfrutar de la tarifa regulada el 1 de enero de 2024.

Y por supuesto, el nuevo recibo de la luz mantendrá el distinto precio por horas, que se puso en marcha el 1 de junio de 2021. Se mantienen las tres franjas horarias en las que será distinto el precio de la luz que consumimos: horas valle (las más baratas: de 12 de la noche a 8 de la mañana y todos los sábados, domingos y festivos), horas punta (las más caras: lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas) y horas llanas (el resto de horas, con un precio intermedio). Sigue la discriminación horaria que cada día utilizan más usuarios y que puede suponer un ahorro de hasta 70 euros anuales en un hogar medio.

Mientras llega el nuevo recibo de la luz, el gran cambio será, también el 1 de enero, el final de la “excepción ibérica”, salvo que la Comisión nos lo prorrogue otra vez (lo hizo en abril de 2023, hasta diciembre), algo difícil (salvo que tengamos un invierno de altos precios). En 2024 no tendremos este “colchón” que atempera los precios  pero tampoco una reforma del mercado eléctrico europeo, como llevan años pidiendo España, Portugal, Francia e Italia. El pasado 14 de marzo, la Comisión Europea presentó formalmente una propuesta de reforma del mercado eléctrico muy poco ambiciosa, ya que no afronta el problema de fondo: mantener un sistema de precios “marginalista”, que asegura el precio de la energía más cara para el resto de energías (es como si un carnicero nos vende carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobra a precio de chuletón…). Eso supone un “sobreprecio” que pagamos los consumidores, a costa de unos beneficios millonarios de las eléctricas (y empresas gasistas). La reforma sólo incluye “parches”, como el cambio del índice europeo del precio del gas (para suavizar los precios) y centralizar las compras europeas de gas, además de promover las renovables (algo que exige tiempo).

España y la ministra Ribera ya remitieron antes, en enero de 2023, una propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo más ambiciosa, que incluía un cambio en el actual sistema marginalista de precios, la posibilidad de establecer un precio fijo para la electricidad generada por nucleares e hidroeléctricas (ya amortizadas) y aumentar los contratos a plazo. Incluso, el Gobierno Sánchez buscaba apoyos para promover  una reforma más drástica de la propuesta por la Comisión, aprovechando su presidencia del semestre europeo. Pero ahora, con la convocatoria de elecciones, será difícil que España lidere el proceso, mientras Alemania, Holanda y los paises del norte de Europa no quieren hacer muchos cambios en el mercado eléctrico UE, presionados por el lobby eléctrico europeo. Y menos cuando se van a celebrar elecciones europeas en junio de 2024.

Así que en 2024, la factura de la luz será una incógnita, con un nuevo recibo y sin la ayuda de la excepción ibérica ni de una reforma del mercado eléctrico europeo. Todo va a depender de la evolución del mercado energético mundial, de las compras y precios del gas que consigan los paises europeos estos meses y de la dureza del invierno, junto a los avances en el ahorro de electricidad y las aportaciones de las energías renovables (más baratas). Factores claves que condicionarán la futura factura de la luz.

España: las ayudas contienen la inflación

La inflación agobia a toda Europa, pero en España lleva 3 meses bajando y tenemos la 2ª menor inflación de la UE, el 7,3% (un tercio menos que en julio). Ello se debe a las ayudas aprobadas para compensar las subidas de la luz, carburantes y gas, pero sobre todo a “la excepción ibérica”: el tope al gas para producir electricidad, que cumple mañana 5 meses, nos ha ahorrado 3.000 millones en la factura de la luz. Ahora, el Gobierno estudia la prórroga de las ayudas para 2023, pero hay 3 problemas: son muy costosas (18.000 millones), alimentan las emisiones de CO2 (consumimos más carburantes y gas) y son injustas (ayudan más a los que más tienen), por lo que muchos defienden concentrarlas en los 6 millones de familias que más sufren la inflación. Mientras, Europa no aprueba un tope al gas ni extiende la excepción ibérica. Y cada país aumenta sus ayudas, más los ricos (+200.000 millones Alemania). Urge un Fondo UE contra la inflación.

Enrique Ortega

La inflación amenaza todas las economías, acercándonos a la recesión, especialmente en Europa, que apenas crecerá el año próximo (+0,3%), cayendo Alemania (-0,6%) y creciendo España sólo un +1%, según el último pronóstico de la Comisión Europea. La fuerte dependencia del gas ruso y de una energía disparada (gas y petróleo), más el repunte de la demanda y los embudos en las cadenas de producción, han provocado que la inflación lleve 16 meses consecutivos subiendo en la zona euro: pasó del 1,9% en junio 2021 al 2,2% en julio y el 5% en diciembre, para escalar al 7,4% en marzo (tras la invasión de Ucrania) y el 10,7% en octubre, la inflación más alta en los 20 años de historia del euro. En España, la inflación también se disparó, del 2,7% en junio de 2021 al 6,5% en diciembre, el 9,8% en marzo de 2022 y un máximo del 10,8% en julio, pero desde entonces lleva ya tres meses bajando, hasta el 7,3% en octubre, según el INE, algo que sólo ha pasado en otros tres países europeos (Estonia, Chipre y Eslovenia). Y tenemos la 2ª menor inflación de la zona euro, sólo algo mayor que Francia (+7,1%) y mucho menor a la de Holanda (16,8%), Bélgica (13,1%), Italia (12,8%) o Alemania (+11,6%), según Eurostat. Y menor que Reino Unido (+9,9%) o EEUU (+7,7%).

Así que nuestra inflación es muy alta (7,3%, la más alta desde 1986), pero es menor que la de la mayoría de Europa. Eso se debe a varios factores, desde una menor dependencia del gas ruso a un mayor peso de las energías renovables (somos el 2º país que genera más electricidad con renovables, tras Alemania), a la contención de los salarios (las subidas pactadas en los convenios, hasta octubre, han sido del 2,6%) y, sobre todo, a las medidas tomadas estos meses por el Gobierno para frenar la subida de los precios de la energía: bajada del IVA y los impuestos a la electricidad, supresión de cargos en el recibo de la luz, bajada del IVA del gas, bonificación de 20 céntimos a los carburantes y ayudas a distintos sectores (transportes, pesca, industria), subvenciones al transporte público y, sobre todo, la aprobación de la “excepción ibérica”, el tope al gas para producir electricidad aprobado por Bruselas.

Mañana se cumplen 5 meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica, el 15 de junio de 2022, tras aprobarlo la Comisión Europea sólo para España y Portugal (durante un año), por su avance en las energías renovables y el escaso peso de las importaciones eléctricas (una “isla” eléctrica). La medida suponía poner un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (40 euros MWh al principio y hasta 70 euros al final, en junio de 2023), de tal manera que el resto de energías (hidráulica, carbón, térmicas de fuel y renovables) no se beneficiaban de cobrar más de ese tope (los “beneficios caídos del cielo”) y el coste de la electricidad en el mercado mayorista se abaratara drásticamente. Y aunque los consumidores tenían que compensar a las eléctricas de la diferencia en el precio del gas (precio mercado-tope), aun así la factura se abarataba.

Veamos el positivo balance de la “excepción ibérica estos 5 meses. Por un lado, el precio mayorista de la luz se ha mantenido bastante estable, al toparse el precio del gas natural  costase lo que costase en el mercado: de tener “picos” que sobresaltaban al consumidor (360 euros MWh el 22 de diciembre o 545 euros el 15 de marzo, tras la invasión de Ucrania) se ha pasado a un mercado más estabilizado (ver curva de precios), con precios en origen de 165,59 euros el 15 de junio a un máximo de 200 euros el 3 de octubre y 121,18 el viernes 11 de noviembre. Y eso se ha traducido en que la media mensual del precio mayorista de la luz ha pasado de 283,3 euros en marzo 2022 a 169,63 euros en junio y 126,68 euros en octubre de 2022, el precio en origen más bajo desde agosto de 2021.

Y aunque el consumidor ha tenido que pagar más por la luz (al sumar a este precio mayorista la compensación a las eléctricas por el tope al gas), el precio final de la factura también es menor que si no hubiera existido el tope al gas: se ha pasado de pagar 225 euros el 15 de junio (con compensación)  a 475 euros con el precio más alto del gas (30 de agosto), para bajar luego a un mínimo de 80,44 euros en octubre y 128,86 euros el viernes (con compensación al gas). Y si miramos la factura final, a los consumidores con tarifa regulada (11 millones en el sistema PVPC), el recibo ha bajado de 143 euros que pagaron de media en marzo de 2022 (tras la invasión) a 98,8 euros en mayo, para subir luego a 114 en julio, 131 euros en agosto (el 2º peor mes) y 85,63 euros en octubre 2022, la factura de la luz más baja desde agosto 2021 (78,31 euros), según la OCU.

El Gobierno estimó en octubre que “la excepción ibérica” había ahorrado a los españoles 3.000 millones en la factura de la luz, una media de 17 euros al mes por recibo. Y con ello, España está pagando la luz un 35% más barata que los franceses, un 40% más barata que los italianos y un 25% menos que los alemanes, razón por la que la mayoría de países quieren extender esta “excepción ibérica” a toda Europa. Sin embargo, el PP y Feijóo siguen hablando de “timo ibérico” y se agarran a un dato que es falso: que los consumidores españoles “estamos financiando con 1.000 millones a los consumidores franceses”. La realidad es que las “rentas de congestión” (para compensar la diferencia de precios entre dos zonas) entre el 15 de junio y el 17 de octubre han sido positivas para España, más de 700 millones, de los que 414 millones se han inyectado a las centrales, para reducir la compensación a pagar al gas. Y en octubre, la renta de congestión ha sido de 99 millones, el 50% para España, según la OMIE…

Otra medida que ha sido muy efectiva para bajar la inflación los últimos 3 meses ha sido la  subvención al transporte público, tanto la gratuidad en los servicios de cercanías, rodalies de Cataluña y media distancia (que beneficia a 2 millones de usuarios y que se va a extender a todo 2023) como la subvención al 30% en los bonos del transporte público de grandes ciudades. Y también han sido decisivos los 20 céntimos de subvención a los carburantes, que hacen que los conductores paguen ahora por la gasolina (1,51 euros, descontando la bonificación) y el gasóleo (1,76 euros de media la semana pasada) menos de lo que pagaban en marzo (1,81 euros el litro de gasolina y 1,83 el gasóleo). Y por supuesto, también han moderado las subidas de la energía la bajada de impuestos a la luz y el gas.

El problema es que aunque los precios hayan bajado un tercio estos tres últimos meses, hay muchas familias que apenas lo notan, porque sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes: son 6 millones de familias, el 32% de los hogares, que no ingresan lo suficiente para pagar la vivienda, la energía, la educación y los alimentos, según el último informe Foessa publicado por Cáritas. Y encima, estos datos son de finales de 2021, con lo que hoy serán muchas más de 6 millones las familias vulnerables, las que están sufriendo especialmente la actual subida de precios. Son, según Cáritas, las familias con 2 hijos que ingresan menos de 2.208 euros al mes, las mujeres solas con niños con ingresos inferiores a 1.816 euros y los que viven solos con menos de 1.136 euros al mes. Es sobre estas familias más vulnerables (en alquiler, con hijos o con trabajos y sueldos precarios) sobre quien cae lo peor de esta crisis de la inflación, aunque nos afecte a todos.

Ahora, la inflación podría estar bajando o estabilizada en noviembre, dado que el gas, el petróleo, la luz y los carburantes no suben apenas, aunque sí los alimentos. Pero todo apunta a que, cuando llegue el frío, la energía, el gas y la luz volverán a subir, dificultando más los problemas de las familias vulnerables y del resto. Y por eso, el Gobierno Sánchez estudia estos días prorrogar las ayudas contra la inflación para 2023, al menos hasta abril. Una decisión que choca con tres problemas, que se están evaluando.

El primer problema es el elevado coste de las ayudas contra la inflación. El Gobierno estima que todas las ayudas aplicadas en 2022 han costado ya 38.500 millones de euros, el 3,19% del PIB. Y ampliar sólo las medidas para frenar los precios de la luz, el gas y los carburantes costaría 18.528 millones en 2023, según FEDEA. Además hay que sumar las ayudas directas a las familias más vulnerables: aumento ingreso mínimo vital, bono social, complemento de becas, ayuda 200 euros personas con bajos ingresos, rendimientos trabajo IRPF…), otra cifra que rondará otros 20.000 millones. La cuestión es que la mayoría de estos costes no están incluidos en los Presupuestos 2023, aunque el Gobierno le ha comentado a Bruselas que cuenta con un “colchón” de 20.000 millones de recaudación extra que espera ingresar en 2023. Pero la AIREF y muchos expertos alertan de que España, con su alto déficit y muchísima deuda, debe mirar mucho lo que gasta en ayudas, sobre todo porque llevamos “tirando del Presupuesto” desde 2020, primero por la pandemia y ahora por la inflación.

El segundo problema que plantea prorrogar algunas ayudas es que favorecen el consumo de energía y las emisiones de CO2, agravando el Cambio Climático. De hecho, entre abril y octubre, la bonificación a los carburantes ha aumentado su consumo, aunque todo el mundo se queje del alto precio: el consumo de gasolina ha crecido un +6,2% y el de gasóleo A un +1,77%, según CORES.Y el consumo español de gas ha crecido un +0,66% entre abril y agosto. Solo ha bajado el consumo de electricidad, un -3%, y más por el buen tiempo que porque ahorremos luz. Así que mantener la bonificación a los carburantes (costaría 4.269 millones), la bajada de impuestos y cargos a la luz (10.452 millones de coste) o la rebaja del IVA al gas (800 millones), tendría un alto coste económico y climático.

El tercer problema es más de fondo: muchas de las ayudas en vigor son injustas, socialmente regresivas, porque benefician más a los que más tienen. Sobre todo las que no son ayudas directas a las familias vulnerables, como las bonificaciones a los carburantes (benefician más a los que tienen más coches, más caros y que gastan más), la bajada de impuestos a la luz y al gas, o incluso la gratuidad y rebaja en los transportes públicos, según demuestra un estudio de la AIReF y ya habían alertado la OCDE y el FMI.

En definitiva, que hay que pensarlo bien antes de prorrogar las ayudas actuales, porque son muy costosas, contaminantes y benefician más a los que sufren menos la inflación. Por eso, la AIReF y muchos expertos, incluyendo la Comisión Europea, defienden concentrar las ayudas en las familias más vulnerables, en esos 6 millones de hogares que sufren más esta crisis, según Cáritas. FEDEA ha lanzado una propuesta concreta: si se centran las ayudas en los que ganan menos de 2.000 euros al mes, podrían recibir un cheque de 1.900 euros anuales con el mismo coste (y más eficacia) que hoy tienen las ayudas vigentes para todos. Eso tiene dos dificultades. Una técnica: perfilar estas familias y poner en marcha un sistema que sea ágil y flexible (algo difícil, como se ha visto con el ingreso mínimo vital). La otra "pega" es política: es difícil que un Gobierno, en un año electoral, prefiera concentrar las ayudas en un tercio de las familias en lugar de generalizarlas a todos los ciudadanos (y votantes).

Probablemente, la decisión del Gobierno será híbrida: más ayudas directas a los más vulnerables y mantener las ayudas generalizadas, con cambios en la subvención a los carburantes (más restrictiva). Con todo, el Presupuesto no es de chicle y habrá que ver qué pasa si la guerra se prolonga mucho y hay que mantener las ayudas todo 2023. De momento, ya vemos lo que ha pasado: que los países ricos de Europa están gastando mucho más que los pobres, según Bruegel: 264.200 millones en ayudas lleva Alemania (7,33% del PIB), 97.000 Reino Unido (3,66%), 71.600 Francia (2,86% PIB), 62.600 Italia (3,51%), 38.500 España (3,19% PIB), frente a 12.400 millones Polonia (0,47% PIB), 10.500 Grecia (5,77%), 7.000 Portugal (3,2%) o 1.800 millones Bulgaria (1,29% PIB).

Y cara al futuro, Alemania ya ha anunciado que va a gastar otros 200.000 millones en ayudas, limitando desde febrero 2023 el precio que pagan hogares e industrias por el gas, la calefacción y la electricidad (subvencionará un 40% los precios). Y mientras, en diciembre, el Gobierno alemán asumirá el 100% de la factura de gas de familias y empresas. Así que el país más rico de Europa se niega a poner un tope al precio del gas europeo y extender la “excepción ibérica” a todo el continente, pero mientras subvencionará a sus hogares y empresas, que tendrán menos costes energéticos para afrontar la recesión y ejercerán una “competencia desleal” con el resto de Europa. España y otros países se han quejado de estas anunciadas ayudas alemanas, pero no las retirarán. Así que a los demás no les queda otro camino que seguir su estela, mantener y aumentar si pueden las ayudas, aunque se carguen las cuentas públicas, salvo que quieran enfrentarse a protestas sociales y a perder las próximas elecciones.

La alternativa europea debería ser otra, por un doble camino: tomar medidas eficaces para frenar los precios de la energía (tope al gas, desechado por Alemania, Holanda y la Comisión Europea, y extender "la excepción ibérica", que nos ha funcionado) y, en paralelo, crear un Fondo europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con la pandemia, para homogeneizar las ayudas públicas entre los 27 y repartir su coste y financiación (problema: los países ricos pagarían más e ingresarían menos). Dos caminos en los que Europa no avanza, mientras la recesión amenaza a la vuelta de la esquina.