Servicios sociales: colapsados y sin recursos

La histórica inflación actual ha agravado la pobreza de las familias más desfavorecidas, muy dañadas por dos años largos de pandemia. Así, España tiene ya más de 13 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social, 846.000 más que en 2019. Y las ONGs alertan de que crecen las peticiones de ayuda y comida. Sin embargo, los servicios sociales de las autonomías y ayuntamientos, que atienden a 8,5 millones de personas al año, están colapsados, por falta de personal y recursos. Un dato: 2 de cada 3 españoles viven en 8 autonomías con servicios sociales “débiles” o “irrelevantes”, según alertan los Directores de Servicios Sociales. Y denuncian la insuficiencia de las ayudas de urgencia, las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital. Más pobreza pero menos ayudas sociales, con unas autonomías y Ayuntamientos que gastan porcentualmente menos en servicios sociales y un Estado que gasta menos (y peor) que otros paises. No es caridad: aumentar el gasto social es imprescindible social, económica y políticamente.

Enrique Ortega a partir de Alex Katz

Los últimos datos oficiales, del INE, atestiguan lo que todos nos temíamos: que la pandemia ha agravado la pobreza y la desigualdad en España, tras algunos años de mejora entre 2016 y 2019. Así, un 27,8% de los españoles (13.186.319 personas) estaban en situación de pobreza o exclusión social en 2021: son 407.225 más que en 2020 (27%) y 846.016 excluidos más que en 2019 (26,2%), antes de la pandemia. La mayoría son económicamente “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la renta media española (en 2021, menos de 9.535 euros los solteros y 20.024 euros las familias con dos hijos). Con este baremo, el INE señala que un 21,7% de los españoles son pobres (eran 20,7% en 2019 y el 21% en 2020): 10.292.918 personas, 575.918 pobres más que antes de la pandemia.

Además de estos “pobres oficiales” (el 21,7% de la población), hay otro porcentaje de españoles (8,3% en 2021) que tienen carencias materiales, sean o no sean pobres: el 33,4% de los españoles no puede atender gastos imprevistos, el 32,7% no tiene posibilidad de ir de vacaciones, el 14,4% retrasa pagos y el 8,8% de las personas tienen “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. Además, el tercer componente de la exclusión social es el bajo nivel de empleo (poco o de baja calidad), que afecta al 11,6% de los españoles.

La pandemia no sólo ha aumentado la pobreza en España, entre 2019 y 2021, sino que también ha aumentado la desigualdad, según el INE. Y aporta 2 datos. Uno, la relación entre los ingresos del 20% que más gana y el 20% de españoles que menos ganan: ingresaron 6,2 veces más en 2021 (frente a 5,8 veces más en 2020 y 5,9 veces más en 2019).  El otro, el índice de Gini, más alto cuanto más desigualdad: subió del 32,1 en 2020 a 33 en 2021, después de haber bajado cada año la desigualdad desde 2014 (índice 34,7).

Ahora, la histórica inflación desatada por la guerra de Ucrania (y aprovechada por la mayoría de empresas y servicios para subir precios indiscriminadamente) va a aumentar aún más la pobreza y la desigualdad, porque la subida de la energía, la electricidad y la alimentación afecta más a las familias más vulnerables, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE: así, el 20% de las familias con menos ingresos gastan el 64,3% de su presupuesto en vivienda, energía y alimentos (lo que más sube de precio), mientras que el 20% más rico sólo gasta en estos bienes y servicios básicos el 41,7% de su presupuesto. Así que la inflación se come más los ingresos (casi congelados) de las familias más pobres y empeora su situación, por lo que si la situación y la guerra persisten, la pobreza empeorará. De hecho, Cáritas y otras ONGs ya alertan de que tienen más peticiones de ayudas y comida.

Frente a este panorama, España cuenta con unos servicios sociales (municipales y autonómicos) muy debilitados por la pandemia, según demuestra un reciente informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En 2020 aumentó un 10% el gasto en servicios sociales de Ayuntamientos y autonomías, pero se estancó la aportación del Estado, porque finalmente no se aprobaron los 1.000 millones del Plan de choque contra la pandemia, que acabaron yendo a otras cosas. El resultado es que como la demanda de servicios aumentó más que el gasto, los servicios sociales se deterioraron en 2020: menos plazas residenciales, menos horas de ayuda a domicilio, menos teleasistencia, menos acogimientos a menores, menos plazas para discapacitados y un estancamiento de las plazas en centros de día y en alojamientos para personas sin hogar. Y más personas a atender con los mismos profesionales, colapsando los servicios sociales, por los que pasan cada año 8,5 millones de españoles pidiendo ayuda (comida, ropa, vivienda, trabajo…).

Es importante resaltar que aunque el gasto social por habitante de Ayuntamientos y autonomías aumentó con la pandemia (de 406,2 euros en 2019 a 446,9 euros en 2020), su peso se redujo (de suponer el 9,95% de todos los gastos municipales y autonómicos en 2019  al 7,78% en 2020), porque este gasto social aumentó menos que el gasto sanitario, educativo o y otras  ayudas públicas frente a la pandemia. Fue “la Cenicienta” del gasto público durante la pandemia y aún sigue así. Eso sí, con grandes diferencias por autonomías. Así, mientras el País Vasco gastaba 971,10 euros por habitante en gasto social y Navarra 608,3 o Extremadura 540,4 y La Rioja 512,7 euros, gastaban la tercera parte Murcia (317,4 euros por habitante) y Madrid (357,1 euros). Y además, Madrid es también la autonomía con menos peso del gasto social (6,52% de todo su Presupuesto), frente al 9,72% que dedica Asturias.

Diferente gasto social conlleva un diferente servicio, que notan sobre todo los ciudadanos más desfavorecidos, los que más necesitan ayuda. Dos ejemplos. Uno, los profesionales que atienden los servicios sociales: Navarra tiene 1 por cada 739 habitantes mientras en Madrid, hay 1 profesional social por cada 5.515 habitantes. Y el otro, las plazas disponibles en residencias de ancianos: en Castilla la Mancha hay 6 por cada 100 mayores de 65 años, mientras en Canarias hay poco más de 1 plaza por cada 100 mayores.

Ampliando el balance de los servicios sociales a la última década, el informe de los Directores de Servicios Sociales demuestra que el gasto ha aumentado un +26,2% (de 354 euros por habitante en 2011 a los 446 gastados en 2020), pero sin embargo, el gasto social tiene ahora menos peso en el Presupuesto total de Ayuntamientos y autonomías (de suponer el 8,14% ha pasado al 7,78%), lo que explica que algunos servicios y prestaciones se hayan reducido, al haberse disparado la demanda de gasto social, por la crisis de 2008 y la pandemia. Lo que sí ha habido es un cambio en la financiación: en 2011, el 85,32% del gasto no estatal lo soportaban las autonomías, que ahora sólo financian el 69,41%. Y como contrapartida, los Ayuntamientos han pasado de financiar el 14,68% de los servicios sociales (2011) a casi un tercio (30,59% en 2020). Y el Estado central ha recortado su aportación, aunque la ha aumentado algo en 2021 y 2022 (sobre todo para la Dependencia).

Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales llevan desde 2012 haciendo una radiografía de los servicios sociales en España, calificando a las autonomías en base a tres parámetros: derechos sociales reconocidos y decisión política (hasta 1,5 puntos), relevancia económica de las ayudas (hasta 3 puntos) y cobertura que dan los servicios sociales (hasta 5,5 de nota). Sobre estas 3 calificaciones, han elaborado el Índice de Desarrollo de Servicios Sociales IDEC 2021, que es bastante desalentador: sólo saca notable en servicios sociales Navarra (7,39 puntos), situándose en un nivel “medio” Castilla y León (6,89 puntos) y País Vasco (5,93 puntos). Adjudican un nivel "medio bajo" (rondando los 5 puntos) a otras 6 autonomías: La Rioja, Baleares, Asturias, Extremadura, Aragón y Cataluña. Y las 8 restantes oscilan entre un nivel “débil” de servicios sociales (Castilla la Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia) y un nivel “irrelevante” (Cantabria, Canarias, Murcia y Madrid, el “farolillo rojo”).

En definitiva, que dos tercios de los españoles (62,2%) viven en 8 autonomías con un nivel “débil” o “irrelevante” de servicios sociales, con una pésima oferta a pesar de que está creciendo la pobreza y las carencias materiales, con la inflación disparada y la pandemia. Y los dirigentes de estas autonomías gastan menos que el resto y sitúan al gasto en servicios sociales a la cola del gasto público (que tampoco está subiendo lo que haría falta, ni en sanidad, ni en educación ni en vivienda y ayudas sociales).

Hay tres gastos sociales, pensados para paliar la pobreza y las carencias materiales, que no funcionan, según demuestra el informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El primero, las ayudas de urgente necesidad, pensadas para atender las necesidades más básicas: comida, ropa y pago del alquiler. En 2020, último año con datos, recibieron esta ayuda de emergencia que prestan los Ayuntamientos un total de 1.428.216 personas, menos de la mitad de las personas que sufren graves carencias materiales en España (3.928.107 en 2021, según los últimos datos del INE). La cuantía media de esta “ayuda de urgencia” fue de 235 euros por perceptor, aunque existen grandes diferencias según uno viva en Castilla la Mancha (1.210 euros de ayuda) o Galicia (1.152) o en Andalucía (cobran sólo 91 euros de media) o Canarias (177 euros). Los Directores de Servicios Sociales culpan de que no haya más beneficiarios no sólo a la falta de recursos sino a la burocracia de los Ayuntamientos, que limitan el acceso a esta ayuda “urgente” y la retrasan (hasta 2 meses), por lo que piden que dejen de tener la consideración de “subvenciones” (una gran limitación legal).

La 2ª ayuda social importante son las rentas mínimas que conceden las autonomías: a 369.289 titulares en 2020 (llegaron a 795.861 beneficiarios), muy pocos de los 10,2 millones de españoles que son oficialmente “pobres” (ingresan menos del 60% de la renta media).Y además, sigue habiendo una gran diferencia en esta renta mínima, según donde uno viva: de 300 euros mensuales en Ceuta, 400 en Madrid y 419 en Andalucía se pasa a  630 euros en la Comunidad Valenciana, 636 en Navarra, 664 en Cataluña y 693 euros en el País Vasco, la mejor autonomía para “ser pobre”. El problema de estas rentas mínimas, ya “infra financiadas” tras la crisis de 2008 y al inicio de la pandemia, es que las autonomías han aprovechado que el Gobierno central aprobara, en mayo de 2020, el ingreso mínimo vital para “hacer caja” y ahorrar gasto en rentas mínimas: -137 millones en 2020, -170 millones en 2021 y -250 millones presupuestados para este año 2022…

El problema es que el ingreso mínimo vital (IMV), la 3ª ayuda social importante, no funciona bien, por una complicada normativa que ha provocado que sólo reciban  esta ayuda 1 de cada 4 que lo solicitan: ha llegado a 428.043 perceptores en marzo de 2022, un total de 1.064.609 beneficiarios, la mitad de los previstos por el Gobierno (esperaba llegar a 800.000 perceptores y 2.300.000 beneficiarios). Eso significa que este ingreso mínimo vital sólo llega hoy al 10% de los pobres oficiales, de media, aunque alcanza a bastantes menos “pobres” en las autonomías con más familias vulnerables: a 126.000 perceptores en Andalucía (4,5% de los pobres computados allí), a 49.387 en la Comunidad Valenciana (el 3,8% de sus pobres) , a 42.345 perceptores en Madrid (4,1% de sus pobres) y a 36.842 perceptores en Cataluña (el 3,2% de los pobres computados allí).

Está claro que estas tres ayudas sociales básicas son insuficientes y claramente mejorables. Con el aumento de la pobreza por la pandemia y su recrudecimiento con la inflación, urge poner en marcha un Plan de choque contra la pobreza, que reforme y amplíe las ayudas de urgente necesidad, las rentas mínimas autonómicas y el ingreso mínimo vital, con más recursos económicos y más medios personales, porque el personal de los servicios sociales es menor al que había en 2008 mientras hay 2,5 millones más de peticiones de ayuda. Urge que las autonomías y Ayuntamientos aumenten su gasto social (para lo que no pueden bajar impuestos indiscriminadamente), lo mismo que el Estado central, cuya financiación ahora de los servicios sociales (salvo la Dependencia) es marginal. Y en paralelo, hay que crear un Fondo de nivelación, para evitar la gran diferencia de ayudas entre autonomías.

En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de españoles atrás.

Inflación récord, menos gasto y más pobreza

Los precios volvieron a subir en junio, un +10,2% anual, por culpa de carburantes, alimentos, hoteles y restaurantes. Esta inflación récord (desde 1985) recorta el gasto familiar y el crecimiento del país: +0,2% el primer trimestre y podría quedarse en +0,4% el segundo. Llueve sobre mojado, porque el consumo se recuperó en 2021, pero todavía es menor al de 2019. Y gastamos más del 50% en vivienda, energía, luz y alimentos, lo que más sube. Por eso, ha aumentado la pobreza, según el INE: un 27,8% de los españoles (13,2 millones) están en riesgo de pobreza, 846.000 más que en 2019. Y de ellos, 10,2 millones (el 21%) son pobres: ganan menos del 60% de la media. Son 576.000 más que antes de la pandemia. Y también hay más desigualdad. Urge un Plan de choque contra la pobreza, que suba el salario mínimo, corrija el ingreso mínimo vital y mejore los servicios sociales y el empleo a los más desfavorecidos. Se quedan atrás.

Enrique Ortega

La inflación ha empeorado aún más, al subir del +8,7% que estaba en mayo al +10,2% que el INE estima para junio, el peor dato de precios en España desde hace 37 años (desde abril de 1985) y un salto tremendo en sólo un año (estaba en el +2,7 % anual en junio de 2021). Tres son los culpables de que la inflación anual supere el 10%, según el INE: los carburantes (en récords históricos esta semana: 2,12 euros la gasolina y 2,10 el gasóleo, según el Boletín Petrolero Europeo), los alimentos (14 artículos han subido más del 10%) y los hoteles y restaurantes, que aprovechan la coyuntura para desquitarse de la pandemia. Pero lo más preocupante es que sube casi todo: la inflación de fondo (sin energía ni alimentos) ha subido un +5,5% hasta junio (+0,6% sobre mayo), según el avance del INE, la inflación subyacente más elevada en España desde 1963. Esto significa que todo sube con la excusa de la guerra, no sólo la energía y los alimentos.

Esta inflación récord va a seguir alta durante este verano, porque aunque pueda bajar algo la luz (porque surta efecto al tope aprobado al gas), seguirán aún muy caros los carburantes y los alimentos, por la demanda extra en vacaciones (se esperan 29 millones de turistas entre julio y septiembre). Y encima, siempre suben en verano los precios de los hoteles y restaurantes, así como los apartamentos turísticos. Y si Putin corta radicalmente las exportaciones a Europa de petróleo y gas, la inflación subirá aún más.

Este panorama de alta inflación estructural está afectando al consumo de los españoles, que ya cayó un -2% en el primer trimestre, según el INE, lo que provocó que la economía española creciera sólo un +0,2% (frente al +2,4% en la segunda mitad de 2021). Y todo apunta a que ha seguido restando crecimiento en el 2º trimestre, donde la economía sólo habrá crecido un +0.4% (casi en exclusiva por el turismo y las exportaciones), según la estimación del Banco de España. Así que la inflación, si sigue “comiéndose” el consumo, seguirá frenando el crecimiento, con el riesgo de una nueva recesión en Europa a partir de septiembre, cuando ya no ayude el turismo y nos frene la subida de tipos que se hará en julio.

El problema de esta nueva caída del consumo en 2022 es que “llueve sobre mojado”, porque la pandemia ya provocó una anterior caída del consumo, que nos llevó a la recesión de 2020 (el PIB cayó un -10,8%). En 2020, el gasto de las familias cayó un -10,7% (-3.247 euros menos de gasto anual) y no se ha recuperado en 2021: el gasto familiar aumentó un +8,3% (+2.248 euros), pero aún así es todavía menor al de antes de la pandemia (29.244 euros de gasto familiar en 2021 frente a 30.243 euros en 2019), según acaba de publicar el INE. Y con la inflación récord actual, se teme que tampoco este año 2022 recuperemos el nivel de gasto (y crecimiento) de antes de la pandemia.

Lo que sí ha hecho la pandemia es cambiar nuestros hábitos de consumo, el reparto de gastos que hacemos, según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2021 del INE. Así, gana peso el gasto en vivienda, agua, luz y combustibles: de suponer el 29,5% del gasto total en 2009 saltó al 31,2% en 2020 y el 33,8% en 2021. También gastamos más en alimentos: de ser el 14,3% del gasto total en 2009 y el 14,2% en 2020 se ha pasado al 16,4% del gasto familiar en 2021. Y también sube el peso del gasto sanitario (copago farmacéutico y seguros médicos): del 3,2% del gasto total en 2009 al 3,5% en 2020 y el 4,1% en 2021. Por el contrario, pierden peso el resto de gastos: bebidas alcohólicas y tabaco (del 2% en 2009 al 1,7% en 2020 y 2021), vestido y calzado (del 5,8% al 4,7% y al 4%), muebles y artículos del hogar (del 5% en 2009  al 4,4% en 2020 y 2021), el transporte (del 11,9% al 12,9% y al 11%), las comunicaciones (del 3,1% en 2009 y 2020 al 3,2% en 2021), el ocio y la cultura (del 6,8% del gasto familiar en 2009 al 4,4% en 2021), la enseñanza (del 1% en 2009 y el 1,6% en 2020 al 1,5% en 2021) y los hoteles y restaurantes (del 9,6% en 2009 al 7,8% en 2021).

El mayor problema es que las familias españolas han concentrado su gasto en lo que más está subiendo de precio. Así, en 2021, el 50,2% de todo el gasto familiar (14.680 de los 29.244 euros de gasto total) se dedicó a vivienda, luz, carburantes y alimentos. Pero lo peor es que estos gastos básicos  tienen mucho más peso en las familias con menores ingresos, donde suponen dos tercios del gasto total, según alerta el INE. Así, el 20% de las familias con menos ingresos gastan el 64,3% de su presupuesto en vivienda, energía y alimentos (lo que más sube de precio), mientras que el 20% más rico sólo gasta en estos bienes y servicios básicos el 41,7% de su presupuesto. Y además, los más pobres gastan sólo el 2,8% en sanidad (frente al 4,8% los más ricos), el 3,9% en hoteles y restaurantes (frente al 9,8% que supone ese gasto para los más ricos) y un 2,6% en ocio y cultura (el 20% más rico dedica el doble de gasto al entretenimiento, un 5,5%).

Así que la inflación no afecta por igual a las familias, sino que los gastos básicos (los que más suben) pesan más en las cuentas de los hogares con menos ingresos. Y además, en los últimos años, son los que han sufrido más el desempleo y el recorte de ingresos, por unos empleos más precarios y peor pagados. Por todo ello, la pobreza ha crecido en España tras la pandemia: ya teníamos el mal dato de 2020 (aumentó, por primera vez desde 2014) y el INE publicó ayer el de 2021, la tasa más alta de pobreza desde 2016.

Al hablar de pobreza, hay dos estadísticas oficiales, a nivel europeo. Una es la tasa AROPE, que mide la pobreza de los europeos que tienen bajos ingresos, carencia material severa y bajo nivel de empleo. Según estos 3 indicadores, un 27,8% de los españoles (13.186.319 personas) estaban en situación de pobreza o exclusión social en 2021: son 407.225 más que en 2020 (27%) y 846.016 excluidos más que en 2019 (26,2%), antes de la pandemia. La mayoría son económicamente “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la renta media española (en 2021, menos de 9.535 euros los solteros y 20.024 euros las familias con dos hijos). Con este baremo, el INE señala que un 21,7% de los españoles son pobres (eran 20,7% en 2019 y el 21% en 2020): 10.292.918 personas, 352.918 más que en 2020 y 575.918 pobres más que antes de la pandemia (2019).

Además de estos “pobres oficiales” (el 21,7% de la población), hay otro porcentaje de españoles (8,3% en 2021) que tienen carencias materiales, sean o no sean pobres: el 33,4% de los españoles no puede atender gastos imprevistos, el 32,7% no tiene posibilidad de ir de vacaciones, el 14,4% retrasa pagos y el 8,8% de las personas tienen “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. Además, el tercer componente de la exclusión social es el bajo nivel de empleo (poco o de baja calidad), que afecta al 11,6% de los españoles.

Si nos centramos en esos 13,18 millones de españoles en situación de pobreza o exclusión social (tasa AROPE de pobreza), el porcentaje (27,8% de media) es mayor entre los más jóvenes (28,7% entre los menores de 16 años), los menos formados (38,4% de pobreza entre los que sólo tienen primaria y 34,4% entre los que sólo tienen la ESO), los adultos solos con niños (54,3% de pobres) y los hogares con niños (37,3% excluidos), los parados (el 58,6% en situación de pobreza y exclusión social) y los inmigrantes (65,2% inmigrantes no europeos son pobres y el 40,3% de los inmigrantes UE), según el INE. Y por autonomías, hay 8 regiones con más pobreza que la media (27,8%): Ceuta (43% de su población en pobreza o exclusión social) , Andalucía y Extremadura (38,7%), Canarias (37,8%), Melilla (35%), Murcia (33,8%), Castilla la Mancha (32,5%) y la Comunidad Valenciana (30,6% de pobreza). Y entre las 11 autonomías con menos pobreza que la media, destacan Navarra (9,8%), País Vasco (12,2%), Madrid (15,2%) y Cataluña (14,8%).

La pandemia no sólo ha aumentado la pobreza en España, entre 2019 y 2021, sino que también ha aumentado la desigualdad, según el INE. Y aportan 2 datos. Uno, la relación entre los ingresos del 20% que más gana y el 20% de españoles que menos ganan: ingresaron 6,2 veces más en 2021 (frente a 5,8 veces más en 2020 y 5,9 veces más en 2019).  El otro, el índice de Gini, más alto cuanto más desigualdad: subió del 32,1 en 2020 a 33 en 2021, después de haber bajado cada año la desigualdad desde 2014 (índice 34,7).

Estos datos del INE nos acaban de confirmar lo que ya temíamos: que la pandemia ha agravado la pobreza y la desigualdad en España. Y todo apunta a que ahora, la elevada inflación agravará aún más la pobreza y la desigualdad, porque las subidas se concentran en productos y servicios básicos que suponen un mayor porcentaje de gasto en las rentas bajas (64,3%) que en las altas (41,7%). Así que además de las medidas de choque aprobadas, que benefician más a las familias más vulnerables pero también al resto (bajada de impuestos a la luz y bonificación generalizada a los carburantes), urge poner en marcha un Plan de choque contra la pobreza y la desigualdad.

¿Medidas? Para saber las que hacen falta, lo mejor es acercarnos al perfil de los españoles en situación de pobreza y exclusión social, según el informe Foessa publicado por Cáritas: más mujeres que hombres y menores de 18 años, con pocos estudios, extranjeros (sobre todo extracomunitarios), de etnia gitana y que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes. Pero ojo, un 17,9% de trabajadores son "pobres" , según el INE, aunque tengan un trabajo: 3,6 millones de "empleados pobres", 558.000 más que antes de la pandemia (2019).  Como corolario, el informe Foessa señala los 8 factores de riesgo que llevan a la pobreza: estar en paro, ser menor de 30 años, tener un bajo nivel de estudios, la etnia, la nacionalidad, el número de personas en el hogar (tener varios hijos o madres solas triplica el riesgo), el residir en barrios degradados y tener discapacitados en casa.

Este resumen de causas de la pobreza puede servir para poner en marcha un Catálogo de medidas contra la pobreza que habría que tomar: mejorar la formación y el empleo de los colectivos más desfavorecidos, atender especialmente a menores y jóvenes pobres, integrar a inmigrantes y gitanos, cuidar mejor a familias numerosas, madres solas y hogares con discapacitados. Además, el informe FOESSA propone un abanico de medidas contra la pobreza y la exclusión social: mantener las ayudas por la pandemia y la inflación, mejorar el ingreso mínimo vital (que cobran 461.788 hogares, la mitad de los 800.000 prometidos), reducir la precariedad laboral (sobre todo en la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas, origen de muchos “trabajadores pobres”), mejorar los bajos salarios, garantizar una atención sanitaria de calidad a todos, mejorar la atención a los dependientes, facilitar alquileres asequibles y mejorar la formación, reduciendo la brecha digital de las familias más desfavorecidas.

Además, en este contexto de alta inflación, urge tomar otras medidas complementarias para frenar la pobreza y la desigualdad. Una, facilitar alquileres asequibles, con más ayudas y promoción pública, porque el alquiler se lleva hasta el 40% de los ingresos de muchas familias y las conduce a la pobreza (o al desahucio). Dos, atajar la pobreza energética, ampliando el bono social eléctrico. Tres, fomentar la subida de los salarios más bajos, la antesala de la pobreza para muchos españoles con trabajo. Baste recordar que uno de cada cinco trabajadores gana el salario mínimo y dos de cada tres empleados ganan menos de 1.900 euros: con los precios disparados, muchos no pueden llegar a fin de mes. Y sobre todo, urgen  Planes de empleo específicos, para mujeres, jóvenes y regiones más pobres, para atajar la primera causa de pobreza: no tener trabajo o tener un empleo precario y mal pagado.

En resumen, la inflación nos hace daño a todos pero a unos más que a otros. Hay millones de familias que ya lo estaban pasando mal, tras la pandemia, y cuya situación empeora con la subida desbocada de sus gastos básicos. No hacen falta sólo medidas de choque para la mayoría, sino priorizar las ayudas dirigidas a los más desfavorecidos, los que más las necesitan. Hay que ayudarles con Planes selectivos, para evitar que más españoles sigan marginados de la sociedad y de la democracia. No podemos dejarles atrás.

Más pobreza y menos ayudas

Sabíamos que la pandemia aumentó la pobreza en España en 2020 (+223.000 "pobres", según el INE) pero Cáritas acaba de anticiparnos que también aumentó en 2021: hay ya 11,59 millones de “pobres” (ingresan menos del 60% que la media), casi 1,5 millones más que en 2018. Y además, casi la cuarta parte de los españoles están en situación de “exclusión social” (2,5 millones más que en 2018), con problemas graves de empleo (parados o con trabajos precarios), vivienda, consumo, salud, educación (y brecha digital) o conflictos familiares. Y mientras aumenta la pobreza (y la desigualdad), sólo el 3% de esos pobres reciben el ingreso mínimo vital y un 8% las rentas mínimas autonómicas, con un dato escandaloso: 7 autonomías redujeron los beneficiarios en 2020, Madrid, Aragón y Baleares en cabeza. Y los servicios sociales de los Ayuntamientos están colapsados, con 25 grandes Ayuntamientos que aprovecharon la pandemia para recortar su gasto social en 2020. Damos de lado a los pobres, una injusticia social y un lastre para la recuperación y la democracia.

Enrique Ortega

En julio de 2021 tuvimos el primer dato oficial sobre la pobreza provocada por la pandemia en 2020: +223.000 pobres más que en 2019, según el INE. Eran 9.940.000 personas, un 21% de la población,  consideradas oficialmente “pobres”, porque ingresaron menos del 60% de la renta media española (menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con dos hijos). Se rompía así una racha de 5 años de bajada de la pobreza en España, desde el máximo de 2014 (22,2%) al mínimo de 2019 (20,7% de pobreza). Los datos oficiales del INE sobre 2021 no se publicarán hasta julio, pero Cáritas acaba de publicar un estudio de la Fundación FOESSA que adelanta la cifra de pobres en el 2º año de la pandemia: 11.503.340 personas, el 24,5% de la población. Y señala que son 1.484.540 “pobres” más que en 2018 (10.108.800). Además, el informe revela que lo que más ha crecido con la pandemia es la pobreza “severa”, las personas que ingresan menos del 40% de la media española : eran ya 5.299.840 personas en 2021, un 11,2% de la población y 853.840 pobres severos más que antes de la pandemia, en 2018.

El informe Foessa revela que la pobreza es mayor entre las mujeres (27,8% son oficialmente “pobres”) que entre los hombres (22,6%), entre los parados (el 52% son pobres), entre las personas sin formación (32% de los que no tienen primaria y 27,9% de los que sólo tienen primaria), entre los inmigrantes (43,6% en situación de pobreza, aunque ha crecido más entre los españoles), entre los que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes (36,5% de pobreza, frente al 20% en los pueblos de menos de 5.000 habitantes) y en Cataluña (+10,8%, con un 24% de población “pobre”), Murcia (+9,5% y un 31,4% de “pobres”), Andalucía (+3,4%, con un 28,2% de población “pobre”) , Madrid (+1,9% y un 21,6% de pobreza) y Canarias (+1,2% y un 30,3% de “pobres”), mientras tienen menos pobreza ahora que en 2008 Asturias (13%), Castilla la Mancha (24,3%) y País Vasco (13,6%).

Pero no solo hay que hablar de aumento de la “pobreza monetaria”, de las personas con muy bajos ingresos o ninguno. El informe Foessa analiza las personas que están “en situación de exclusión social”, personas que no están bien integrados en la sociedad porque sufren problemas graves en el empleo, la vivienda, el consumo, la educación, la sanidad, conflictos familiares, desarraigo político o aislamiento social.  El informe de Cáritas divide a los españoles en 4 grupos: personas con integración social plena (el 42,2% de la población, cuando antes de la pandemia, en 2018, eran el 50,6%), con integración “precaria” (el 34,4% hoy frente al 31,1% en 2018), personas con exclusión “moderada” (10,7% ahora frente al 9,7%) y personas en exclusión “severa” (12,7% ahora frente al 8,6% antes). Agrupando los dos últimos escalones, el informe Foessa revela que un 23,4 % de españoles (11.088.200) están en situación de “exclusión social”, frente al 18,3% que lo estaban en 2018 (8.577.400 personas). Son 2.510.800 españoles más “en exclusión social que antes de la pandemia (y 973.700 hogares más, el 20,8% del total de familias).

Así que la pandemia, además de recortar ingresos, ha aumentado las familias y personas que tienen problemas de exclusión en algunas esferas de su vida. El problema que más ha empeorado con la pandemia, según el informe Foessa, es el empleo (afecta al 24,7% de las personas y al 21,8% de los hogares), debido no solo al paro sino sobre todo a la precariedad laboral: 1,9 millones de trabajadores (1 de cada 10) han tenido en 2021 o más de tres meses de paro o más de 3 contratos o han trabajado en más de 3 empresas. El 2º mayor factor de exclusión ahora es la vivienda (afecta al 24% de las personas y al 20,6% de los hogares): se han duplicado las personas que viven en viviendas insalubres o hacinados, los hogares en pobreza severa tras pagar su vivienda (del 11,1 al 14,2% de los hogares) y se han duplicado (de 1,1 a 2 millones) los hogares con retrasos o que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca.

El tercer mayor factor de exclusión son los excluidos del consumo (17,6% de las personas y 17,3% de las familias), con problemas para gastar en lo más básico o equipar su casa, además de “acumular deudas”  (887.195 hogares, 189.664 más que en 2018). Y hay 1.530.000 hogares donde nadie está ocupado ni es pensionista ni recibe prestaciones sociales (casi 400.000 hogares más que en 2018). El 4º mayor factor de exclusión es la salud, con un 17,2% de los hogares afectados por problemas de salud (14,4% en 2018): no pueden pagar gastos sanitarios (13,1% hogares), pasan hambre con frecuencia (2,6% de los hogares) o carecen incluso de cobertura sanitaria (0,8% hogares). Además, más de la mitad de los hogares (50,8%) en situación de exclusión social tienen problemas de salud y dos tercios no pueden comprar medicinas, prótesis o seguir tratamientos, según el informe Foessa.

El 5º mayor factor de exclusión social es la política (afecta al 14,5% de la población y al 12,6% de hogares), con un mayor distanciamiento de la ciudadanía y más desinterés por influir en las decisiones políticas (ha subido del 5,9 al 6,9%). El siguiente factor de exclusión es la educación (afecta al 13,2% de las personas y al 13,9% de hogares), con un aumento de las personas con baja formación en exclusión total (del 6,3 en 2018 al 7% en 2021). Y aquí, el informe Foessa lanza una alerta: la “brecha digital”, el analfabetismo del siglo XXI, afecta a casi la mitad de los hogares en exclusión social, a 1,8 millones de hogares (de 3,9 excluidos). Y eso tiene graves consecuencias: en 2021, 850.000 familias con atraso digital (el 4,5% de todas las familias) perdieron por ello oportunidades de mejorar su situación. Sin olvidar que los niños de estas familias, sin ordenadores o Internet, sufren graves retrasos escolares.

El 7º mayor factor de exclusión social son los conflictos sociales en los hogares, que aumentaron con la pandemia, según el informe Foessa-Cáritas: se han triplicado los hogares que admiten malas relaciones entre sus miembros( del 0,5% al 1,5%), las familias con menores de 18 años que van a ser madre o padre (del 0,6 al 1,6%), los hogares con malos tratos (del 2,4 al 3,5%) o donde hubo detenidos (del 0,6 al 1,1%). Y el último indicador de exclusión, el aislamiento social también ha empeorado (lo sufren el 2,9% de la población y el 6,2% de los hogares): se estanca el porcentaje de personas sin amigos ni familia a los que  recurrir (5,4%) , suben algo los que tienen mala relación con sus vecinos (0,6%) y, lo peor, hay  un 5,2% de personas en exclusión social que no tienen relaciones ni apoyos.

Tras este impactante balance, el informe Foessa refleja el perfil de los españoles en situación de exclusión moderada o severa: son más mujeres que hombres, menores de 18 años, con pocos estudios, extranjeros (sobre todo extracomunitarios), de etnia gitana y que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y como corolario, indica los 8 factores de riesgo para que una persona o una familia caiga en exclusión social, por este orden: estar en paro (la probabilidad de caer en exclusión severa es 16 veces mayor), ser menor de 30 años (6 veces más riesgo que el resto), el nivel de estudios (2,5 veces más riesgo de exclusión los no formados), la etnia (los gitanos tienen el triple de riesgo de ser excluidos), la nacionalidad (no ser europeo multiplica el riesgo de exclusión por 4), el número de personas del hogar (tener 5 o más de familia y las mujeres solas con niños triplican el riesgo de exclusión), el residir en barrios degradados (multiplica por 2,8 el riesgo de exclusión) y tener discapacitados en casa (x 2,2).

Este resumen de los factores que llevan a la pobreza y exclusión social es a la vez un catálogo de las medidas que habría que tomar: mejorar la formación y el empleo, activar la política de vivienda,  atender a menores y jóvenes, integrar a inmigrantes y gitanos, cuidar mejor a las familias numerosos, con madres solas y discapacitados. Además, el informe Foessa-Cáritas propone un abanico de medidas contra la pobreza y exclusión social: mantener y no retirar las medidas sociales anti-COVID en materia de salud, vivienda y protección social, mejorar la protección del ingreso mínimo vital (que sólo cobran unas 350.000 personas, frente a los 850.000 beneficiarios prometidos por el Gobierno), reducir la precariedad laboral (sobre todo en la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas, origen de muchos “trabajadores pobres”), mejorar los bajos salarios (subir el salario mínimo a 1000 euros beneficia a 1,8 millones de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres), garantizar una atención sanitaria de calidad a todos, mejorar la atención a los dependientes, facilitar alquileres asequibles y mejorar la formación, reduciendo la brecha digital de las familias más desfavorecidas.

Como hemos visto, la pobreza y la exclusión social han empeorado tras dos años de pandemia. Y también la desigualdad: el 10% más rico ha aumentado su parte de la renta total (del 40,2% en 2018 al 43,3% en 2021), mientras el 10% más pobre perdía en su trozo de pastel (del 6,4 al 5,6%), lo mismo que el resto con ingresos intermedios, según el informe Foessa. Y los ingresos del 10% más rico han crecido con la pandemia 8,3 veces más que los ingresos del 10% más pobre, según el Banco de España. Además, mientras aumentaron en 61.000 las familias sin ingresos con la pandemia (ahora 1,02 millones), los 23 milmillonarios españoles han aumentado su riqueza un 29% estos dos años, según un informe de Oxfam.

Ante este tremendo panorama, España tiene un problema de fondo: gasta poco (menos que la media europea) y gasta mal en ayudas sociales (no se benefician más los más necesitados), según ya alertó en 2018 un informe de la OCDE. Y aunque el gasto social ha aumentado con la COVID, no parece que sea efectivo, a la vista del aumento de la pobreza y la exclusión social. Y “la medida estrella”, el ingreso mínimo vital (IMV), aprobado en mayo de 2020, sigue sin funcionar, a pesar de los cambios: lo cobran solamente unas 350.000 personas, un 6,6% de las personas en pobreza severa (5.299.840), según Cáritas. Y lo peor, algunas autonomías han aprovechado la aprobación del IMV para reducir los beneficiarios e importes de sus rentas mínimas, para “hacer caja” y ahorrar costes en 2020, el año peor de la pandemia, como denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En 2020, las autonomías gastaron 1.970 millones de euros para pagar una “renta mínima de inserción” a 795.861 beneficiarios, sólo un 8% de las personas que estaban en situación de pobreza (9.940.400, según el INE). Pero lo grave es que 7 autonomías aprovecharon en 2020 para recortar los beneficiarios de las rentas mínimas, con el argumento que se había aprobado el ingreso mínimo vital: fueron Madrid (-12.471 beneficiarios), Aragón (-11.339), Baleares (-7172), Galicia (-5.201), Castilla y León (-3.478), Castilla la Mancha (-3.078) y la Rioja (-39 beneficiarios). Y no sólo redujeran los beneficiarios, también han reducido las ayudas por perceptor, todas las autonomías: bajaron del 17,1% de la renta media al 15,3%. Y además, hay una gran diferencia entre las ayudas que pagan las autonomías: a la cola Andalucía, la autonomía con más pobreza (419,52 euros al mes, el 13,2% de su renta media), Madrid (400 euros, el 12,9% de su renta) y Galicia  (403,38 euros, el 12,2%). Y en cabeza, el País Vasco (693,73 euros mensuales, el 15,5% de su renta media), Cataluña (664 euros, el 11,6%), Navarra (639,73, el 16,2%) y Comunidad Valenciana (630 euros, el 23,4% de su renta media, el mayor porcentaje en toda España), según el Ministerio de Derechos Sociales.

Los servicios sociales que atienden a las familias pobres y en exclusión social dependen de los Ayuntamientos, cuyas oficinas de atención a los más vulnerables están colapsadas, porque atienden a más de 5 millones de personas necesitadas al año. Pero al menos en 2020 aumentaron su gasto social, un +10,2%, hasta 109 euros por habitante y año. Pero aquí también hay “farolillos rojos”, según otro estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales : entre los 369 Ayuntamientos con más  de 20.000 habitantes, hay 25 Ayuntamientos que aprovecharon lo peor de la pandemia (2020) para reducir su gasto social más del 5% (como los demás lo aumentaron un 10,2%, el recorté real supera el -15,2%). Y entre ellos (ver lista), hay 4 capitales: Badajoz (-15% recorte), Albacete (-9%), Santander y Burgos (-5%). Además, el informe revela que hay 39 grandes Ayuntamientos que son “pobres en servicios sociales”, porque gastan menos del 60% de la media (42,80 euros por habitante). De ellos, 19 Ayuntamientos con una “pobre política social” están en la Comunidad de Madrid y hay dos capitales, Badajoz (38,09 euros gasto por habitante) y Toledo (44,96 €).

En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de los españoles atrás.

La pandemia dispara privaciones y pobreza

Como se temía, los últimos datos del INE revelan que la pobreza creció en España en 2020, por la pandemia y su profunda recesión económica. Hay 620.000 personas más en situación de pobreza y exclusión social, casi 12,5 millones de españoles, sobre todo mujeres solas con niños, jóvenes, parados e inmigrantes. Y lo más llamativo : casi se han duplicado los españoles en situación de privación material severa, 3.300.000 personas que tienen privaciones serias, problemas para comer carne o pescado, calentar su casa, pagar recibos o afrontar gastos imprevistos, sobre todo familias con niños. Un indicador de vulnerabilidad que vuelve a niveles de 2014, tras la anterior crisis. Urge tomar medidas para ayudar a estas familias a comer mejor, pagar sus recibos y el alquiler, con un Plan de choque para mejorar la atención social de niños, mujeres, jóvenes e inmigrantes. Y para mejorar sus ingresos, con un empleo. No podemos recuperar el país tras la pandemia dejando a uno de cada cuatro españoles atrás.

Enrique Ortega

Antes de la pandemia, ya teníamos en España un serio problema de pobreza, con 1 de cada 4 españoles en situación de exclusión social, según las estadísticas europeas. Así, en 2019 había 11.870.012 personas, un 25,3% de españoles, en situación de pobreza o exclusión social, según el indicador europeo AROPE que considera 3 factores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. Y con este indicador AROPE, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población). Y los 11,8 millones de España (el 25,3%) nos colocaban en 2019 (antes de la pandemia) como el 7º país europeo con más pobreza, sólo por detrás de Bulgaria (32,5%), Rumanía (31,2%), Grecia (30%), Letonia (28,4%) e Italia (27,3%) y Lituania (26,3%), según Eurostat.

La pandemia ha empeorado la situación de pobreza y privación material, al reducir los ingresos de muchas familias y llevar a otras al paro. Y eso se refleja en la reciente Encuesta de Presupuestos Familiares de 2020, publicada  por el INE, que aumenta en 620.000 personas los oficialmente “pobres”, las personas con bajos ingresos, privación material severa o bajo nivel de empleo. Son ya 12.495.000 personas (el 26,4% de la población) “en situación de pobreza o exclusión social”, lo que rompe una tendencia de cinco años seguidos en que bajó  en España la tasa de pobreza AROPE (del 29,2% máximo en 2014 al 25,3% en 2019). Este es el porcentaje medio de pobreza, pero hay familias que están peor: madres solas con niños (49,1% de esos hogares son pobres), familias con niños (37,4% pobres) y personas que viven solas (31,8% pobres). Y sobre todo los parados (54,7% en situación de pobreza), inmigrantes (43,4% de los europeos y el 58% del resto del mundo). Y sufren más la pobreza las personas que tienen sólo educación primaria (36% son pobres) y sólo la ESO (32,5%).

En 2020, con la pandemia, han empeorado dos de los tres indicadores que miden la pobreza AROPE: la pobreza monetaria y la carencia material severa, mientras ha mejorado el bajo nivel de empleo, porque la Encuesta del INE toma los datos de 2019, cuando aún no había caído por la pandemia. La pobreza monetaria, las personas que ingresan menos del 60% de la renta media de los españoles, sí aumentó en 2020, aunque el dato es parcialmente revelador, porque toma como base la renta de 2019, que aún no había bajado por la pandemia. Aún así, hay 9.940.000 personas, un 21% de la población, que se le considera “pobre”, porque ingresó en 2020 menos del 60% de la renta media de 2019: menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con 2 hijos. Son 223.000 “pobres” más que en 2019, lo que rompe también 5 años de bajada de la pobreza monetaria (desde  el 22,2% máximo de 2014 al 20,7% de pobreza en 2019).

Este aumento de la pobreza monetaria en 2020 se ha concentrado en las mujeres (21,7% de pobreza, +0,6%) y no ha variado entre los hombres (20,2% de pobreza, igual que en 2019). Y ha aumentado sobre todo entre los niños (27,6% en los menores de 16 años, +0,5%) y entre los mayores de 65 años (18,8%, +4,3%), debido a que los ingresos de los jubilados crecieron menos que el umbral de la pobreza. Por autonomías, destaca el aumento de la pobreza monetaria en Cataluña (del 13,9 al 16,7%, un aumento del 20%) y su reducción en Ceuta, Aragón y Murcia. Pero la pobreza sigue concentrada en Extremadura (31,4% de la población), Ceuta (35,3%), Melilla (36,3%), Canarias (29,9%) y Andalucía (28,5%) y es muy reducida en Navarra (9,9% de la población), País Vasco (10%), La Rioja (15%), Castilla y León (15,1%) y Madrid (15,4%), según el INE.

Aunque ha aumentado la pobreza con la pandemia, lo más llamativo en 2020 ha sido que se ha disparado la privación material severa, las personas que no pueden hacer frente a 4 o más gastos de los 9 gastos que Europa considera básicos: no poder comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días (5,4% españoles no pueden, frente al 3,8% en 2019), no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada (10,9% no pueden frente al 7,6% en 2019), no poder afrontar gastos imprevistos (el 35,4%, frente al 33,9% en 2019), tener retraso en el último año en pagos de alquiler, hipoteca, gas o comunidad (el 12,2%, frente al 7,8% en 2019), no poder irse 1 semana de vacaciones al año (34,4% frente al 33,4% en 2019), no disponer de teléfono, TV, lavadora o coche (4,9% frente a 4,7%).

En conjunto, 3.300.000 personas, el 7% de los españoles no pudieron afrontar 4 o más de estos gastos en 2020, casi el doble que en 2019 (4,75%), un porcentaje de privación material severa similar al de 2014 (7,1%), en lo peor de la anterior crisis. Las que más sufren estas penurias son otra vez las mujeres (7% frente al 6,9% los hombres) y las familias con niños (8,2% tienen carencia material severa), en especial las madres solas con niños (el 16,8% sufrieron estas penurias en 2020). Por autonomías, donde más han aumentado estas carencias materiales ha sido en Cantabria (las sufren el 10,7% de personas, frente al 3,9% en 2019) y la Comunidad Valenciana (han saltado del 4,8 al 11,5% de la población).  La carencia de carne o pescado es más alta en Galicia, Melilla y Murcia, no poder mantener la temperatura de la vivienda se sufre más en Baleares, Melilla y Canarias y el mayor retraso en el pago de los recibos de la casa ha crecido en Ceuta, Canarias y Melilla.

Además de estos tres indicadores de la pobreza (pobreza monetaria, carencia material severa y bajo nivel de empleo), la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE refleja otro indicador: los hogares que tienen problemas para llegar a fin de mes, un dato importante porque revela qué personas están en el camino de ser pobres mañana si les surge algún imprevisto. Y aquí, los efectos de la pandemia son muy evidentes: las personas “con mucha dificultad” para llegar a fin de mes han pasado del 7,8% en 2019 al 10% en 2020. Son ya 4.733.261 personas, 1 millón más que antes de la pandemia. Y lo peor: son muchos más que en la crisis anterior (7,1% en 2014). El mayor porcentaje de personas “con mucha dificultad” para llegar a fin de mes se da en Melilla (17,6%), Canarias (15,6%), Andalucía (14,8%), Extremadura (12,7%), Murcia (11,2%) y Comunidad Valenciana (10,7%), siendo muy bajo en Ceuta (2,7%), Aragón (5,5%), País Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%). Otro 12,8% de españoles tienen “dificultad” para llegar a fin de mes y un 22,3% más llega “con cierta dificultad”. En total, un 45% de españoles tienen problemas para llegar a fin de mes con la pandemia.

Como se temía, los datos del INE revelan con claridad que la pandemia ha disparado la pobreza y, sobre todo, las penurias económicas de muchos españoles. Con ello, se ha agravado la situación de familias que ya tenían problemas y se les han sumado otras que han perdido trabajos e ingresos con la pandemia. En consecuencia, la pobreza y la penuria se ha generalizado más y alcanza ya “a personas que tenemos cerca”, a nuestros vecinos, como revelaba la Encuesta hecha por EAPN-ES a 7.000 pobres: la mayoría son españoles (el 78,3%), adultos (27,7% tienen entre 45 y 64 años), con nivel educativo medio y alto (el 38,5% de los pobres, un 16% universitarios), que trabajan (un 33% de los pobres tienen empleo) y que viven en grandes ciudades (45,4% de los pobres) y zonas rurales (otro 30,4%). Y la mayoría sobreviven gracias a la ayuda de familias o amigos (el 21,4%) y las ONGs (el 12,3%).

La ONG Save the Children alerta que la pandemia se ha cebado sobre los niños: hay 1.100.000 niños en situación de pobreza y de ellos, más de 740.000 niños (el 14,1% de los menores de 18 años) viven en situación de pobreza severa, en hogares que ingresan menos del 40% de la renta media. Y eso dificulta su alimentación, su educación, incluso su atención sanitaria, favoreciendo que sean también pobres cuando lleguen a adultos.

Todos estos datos urgen a tomar medidas en tres frentes. El primero y más básico, asegurar una comida decente a ese 5,4% de personas (2.565.000 españoles) que se alimentan con pocas proteínas. Eso requiere potenciar con ayudas públicas los Bancos de Alimentos y canalizar lotes de comida a través de ONGs, asociaciones de vecinos y colegios, con especial atención a la alimentación de los niños. El segundo frente, ayudar a pagar el recibo de la luz y el gas, mejorando el actual bono social eléctrico: la burocracia y el exceso de requisitos provoca que sólo lo reciban 1,1 millones de familias y que otras 3,5 millones de familias vulnerables se queden fuera. Y en tercer lugar, hay que mejorar y ampliar las ayudas para el alquiler de viviendas, que son escasas y llegan a pocas familias necesitadas.

Además de estas medidas de choque, la pobreza y penuria post pandemia exigen reforzar los ingresos de las familias más vulnerables, desde el Ingreso Mínimo Vital al salario mínimo o las subidas salariales anuales. El Ingreso Mínimo Vital, la principal herramienta contra la pobreza (aprobada en mayo de 2020) no funciona bien: llegaba a mediados de julio a 320.000 beneficiarios, poco más de la tercera parte del objetivo previsto, llegar a 850.000 beneficiarios. Siguen sin solventarse los problemas (se mira la renta de 2019, no la de 2020, y hay un exceso de burocracia), lo que provoca que se hayan denegado 700.000 solicitudes (la mitad de las presentadas), mientras muchas autonomías han suprimido las rentas mínimas que pagaban (un tercio de los acompañados por Cáritas las han perdido).

Subir el salario mínimo (SMI) es otra medida clave para paliar la pobreza y la penuria material de muchas familias vulnerables, las que más cobran ese ingreso mínimo. España sigue siendo uno de los paises europeos con el SMI más bajo (1.108 euros en 12 pagas frente a 1.555 en Francia o 1.614 en Alemania)  y un Comité de Expertos ha recomendado al Gobierno subirlo de los 950 euros actuales (14 pagas) a 1.047 en 2023. Pero la patronal y la vicepresidenta Calviño se oponen a subirlo este año, argumentando que puede dificultar la recuperación y la creación de empleo. Es una postura discutible, pero la mayoría de expertos reconocen que la subida del salario mínimo es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza y la desigualdad, para ayudar a las familias más vulnerables.

En paralelo, urge mejorar los salarios más bajos y pactar unas subidas salariales más altas para 2022, que contrarresten el aumento de la inflación previsto este año: el IPC puede alcanzar el 2% para este otoño, cuando los salarios han subido el 1,56% este año, según la última estadística de convenios. Si no suben más los salarios y se dispara el precio de la luz, los carburantes y la alimentación, como está pasando, serán más los españoles que sufran carencias materiales severas. Y los que tengan problemas para llegar a fin de mes.

Además, necesitamos reforzar los servicios sociales, que están superados con el aumento de la pobreza y la penuria económica, lo mismo que las ONGs. España tiene que gastar más en servicios sociales (gastó en 2019 el 17,4% del PIB en protección social, lejos del 19,3% de media europea, el 23,9% de Francia, el 21,2% de Italia o el 19,7% de Alemania), gastarlo mejor (sólo Grecia, Portugal e Italia hacen una política social peor que España, según la OCDE) y con menos desigualdad entre autonomías (sólo País Vasco, Navarra y Castilla y León tienen unos servicios sociales “excelentes” mientras la mayoría tienen un nivel “medio” y 10 autonomías suspenden, de ellas Cantabria, Canarias, Murcia y Madrid con servicios sociales “irrelevantes”, según el índice DEC 2020).

Junto a todas estas medidas contra la pobreza, la principal es que la economía se reanime y se pueda crear empleo estable y decente, porque el desempleo y los trabajos precarios están detrás de la mayoría de las familias vulnerables. Eso pasa por poner en marcha el Plan de recuperación y gastar bien las ayudas europeas, pero también por aprobar un Plan de choque para crear empleo urgente entre los colectivos más afectados por la pandemia: las mujeres, los jóvenes, los parados de larga duración y los inmigrantes. Un Plan que incluya formación e incentivos a la contratación, con un asesoramiento personalizado a los parados de las oficinas de empleo. Y muy dirigido a las regiones y colectivos más afectados, en sus ingresos y paro, por la pandemia.

Muchos no quieren oír hablar de la pobreza y creen que es algo que sólo afecta a unos pocos, que no es un problema para la mayoría. Pero sí lo es. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. Y también ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de españoles atrás.