El negocio de la muerte: la "burbuja" funeraria

Este fin de semana recordamos a nuestros difuntos, una ocasión para conocer los entresijos del sector funerario en España. El negocio “más seguro”: cada día mueren 1.188 personas, un 50% más que hace 45 años. Y con futuro: en 2050 habrá 548 muertos más al día. Esto propicia que las grandes empresas de servicios funerarios hayan creado una “burbuja” de tanatorios (casi 6 plazas por cada muerto diario) y crematorios: hay tres por cada incinerado y tenemos el 45% de toda Europa. Este exceso de oferta y costes, más la concentración de las funerarias (las 5 grandes controlan un tercio de los funerales) han encarecido los funerales, con un coste entre 3.700 y 5.000 euros, que alimentan el negocio junto a los “seguros de decesos”, el 2º más popular: hay 22,2 millones de españoles que pagan por su futuro entierro, a pocas aseguradoras, que también controlan las funerarias. Un negocio con poca competencia y transparencia, sin una Ley y regido por un Decreto de 1974.

                           Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio “seguro” y con gran “futuro”. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y al envejecimiento de la población (hoy, 3 millones de españoles tienen más de 80 años, el 6,20% de la población, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84 años en 2025). La consecuencia es que las defunciones han aumentado un 50% en los últimos 45 años, saltando de 289.344 fallecidos en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012, 493.796 en 2020 (por el COVID) y 433.547 en 2024 (y 303.935 este año, hasta finales de agosto, según el INE). Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.188 en 2024.

Pero además de que ha aumentado un 50% la mortalidad y los entierros, las previsiones apuntan a que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de media en 2061) y el envejecimiento de la población (el 13% de los españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que ahora). La estimación del INE para los años 2030-50 es que haya 483.250 muertes en 2030, 549.250 en 2040 y 633.580 fallecidos en 2050 (200.000 más que en 2024). Y que la mortalidad siga creciendo, hasta alcanzar un máximo de defunciones en 2065: 707.570 fallecidos dentro de 40 años, 1.938 muertos al día (casi el doble de los 1.188 de 2024).

Con estos datos, es normal que muchas empresas e inversores (incluso Fondos extranjeros) se hayan apuntado en las últimas décadas al “negocio de la muerte”, a ofrecer servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el “boom” de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y después, las aseguradoras. Y así, ahora nos encontramos con una “burbuja funeraria”, miles de tanatorios y crematorios medio vacíos.

Actualmente, hay en España 2.525 tanatorios (100 más que en 2016), con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los últimos datos (2023) de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,9 salas por cada persona que fallece al día (1.188 en 2024), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la “sobrecapacidad” de los crematorios disponibles: había 537 hornos crematorios en 2023 (eran 380 en 2016), según Panasef, con una capacidad de hacer 1.549 incineraciones al día. Y eso supone el triple de la actual demanda, dado que en España se realizan unas 570 incineraciones al día (al 47,78% de los fallecidos en 2023, cuando sólo se incineraban el 16% de los muertos en 2005). Esta “burbuja” de hornos crematorios, fomentada por las funerarias, lleva a que España acapara casi la mitad de los crematorios de Europa (el 45% del total), casi duplicando los de Reino Unido (315), duplicando con creces los de Francia (206), triplicando los de Alemania (164) y multiplicando por 6 los crematorios de Italia (87). Y sólo Madrid (33) tiene más crematorios que toda Bélgica (21), Portugal (20) o Austria (15).

Estos tanatorios y crematorios han aumentado su facturación en los últimos años, al rebufo de la mayor mortalidad y la subida de tarifas. En 2024, la patronal estima una facturación del negocio funerario de 1.719 millones de euros, un aumento de ingresos del +2,38% sobre 2023 y del +16,85% sobre la facturación en 2015 (1.471 millones de euros), según Panasef. El sector funerario se ha ido concentrando en los últimos años, porque las grandes empresas se han dedicado a comprar funerarias locales para crecer: así en 2007 había en España 1.616 empresas funerarias, que se redujeron a 1.300 en 2019 y que rondaban las 1.000 funerarias en 2024 (en menos de dos décadas se han perdido un tercio, el 38%). 

Y el proceso de concentración sigue mes a mes, con lo que las grandes funerarias (las “5 grandes”) copan cada vez más mercado, un tercio del total (del 30 al 35%), mientras las pequeñas y medianas funerarias locales (80% del sector) sólo tienen un 19% de cuota (y bajando). Actualmente, las aseguradoras dominan las grandes funerarias. La líder del sector, Mémora (facturó 262,8 millones en 2024 y tiene casi 16% de cuota de mercado), es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente (Occident), que la compró en febrero de 2023 al Fondo de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá). Le sigue Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, con casi 200 millones de facturación y una cuota del 12%. En tercer lugar está Enalta (antes Funespaña), controlada por Mapfre, que factura unos 100 millones y roza el 7% de cuota. Le sigue Servisa, de la aseguradora Ocaso, con unos 85 millones de facturación y 5% de cuota. Y la 5ª mayor funeraria es el grupo ASV, ligada a la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con 57 millones de facturación (4% cuota). En total, los servicios funerarios gestionados por aseguradoras suponen el 69,2%.

“La gasolina” del negocio funerario son los seguros de decesos, un seguro que pagan ahora 22,2 millones de españoles, según datos de Unespa,  y que es el 2º más popular tras el seguro del automóvil (obligatorio). Este es un seguro “typical spanish”, que no existe en ningún otro país europeo: su origen, a principios del siglo XX, son las colectas para pagar a las familias de los pescadores gallegos muertos en el mar y se generalizó en forma de seguro en los años 60 y 70, con el éxodo del campo a la ciudad de miles de españoles a los que preocupaba su futuro entierro. Y así, hay muchas generaciones que han pagado el “seguro de entierro” desde su juventud y muchos son los que ahora mueren. Pero también se ha popularizado en sus hijos y familias, con una potente publicidad (recordar el anuncio “contigo” de Santa Lucía…).

Estos seguros de decesos son los que pagan actualmente 6 de cada 10 funerales, para lo que recaudan unas primas en alza: 2.835 millones en 2024, según Unespa, un +5,5% que en 2023 y el doble que en 2005 (las primas de decesos recaudaron entonces 1.370 millones). Las tarifas de este seguro, para cubrir los futuros gastos de entierro, son muy variadas y oscilan entre 50 y 500 euros anuales, aunque varían mucho según la edad, el lugar de residencia y los servicios contratados: la póliza cuesta entre 200 y 400 euros al año para las personas de mediana edad y suben a más de 600 euros si el asegurado tiene más de 60 años. En general, se recomienda la prima “nivelada”, que paga casi lo mismo cada año, aunque muchos expertos creen que los asegurados acaban pagando más del coste de su entierro.

Las aseguradoras que controlan estos “seguros de decesos” son prácticamente las mismas que controlan las funerarias a las que pagan los servicios. La líder de estos seguros de entierro es Santa Lucía (dueña de la funeraria Albia), con 2,5 millones de aseguradores y una cuota del 30,31% del seguro de decesos en 2024. Le siguen la aseguradora Ocaso (dueña de Servisa), con el 17,4% de cuota del mercado de seguros de decesos, Mapfre (dueña de Enalta), con 2 millones de asegurados de decesos y el 14,2% de cuota en 2024, Catalana de Occidente (dueña de Mémora), con el 5% de cuota) y SegurCaixa Adeslas (4,7% de cuota), la única aseguradora que no controla una funeraria.

Al final, el exceso de oferta (la “burbuja” de tanatorios y crematorios supone altos costes), el elevado personal (12.889 empleados en el sector funerario, más de 10 por cada fallecido al día) y, sobre todo, la falta de competencia, derivada de la enorme concentración de las 5 grandes empresas funerarias y la coincidencia de sus dueños (las grandes aseguradoras) hacen que sea un sector con mucha concentración y poca competencia, lo que acaban pagando los usuarios, con unas tarifas funerarias elevadas y en aumento: el coste de un servicio funerario medio es de 3.700 euros, según la OCU, y supera los 5.000 euros en las grandes capitales y a poco que se contraten varios servicios. Un coste que crece año tras año, básicamente porque las funerarias ofrecen cada vez servicios más completos, que suman al féretro y el tanatorio otros servicios complementarios, desde audiovisuales, libros digitales, ceremonias en streaming o excursiones en catamarán para tirar las cenizas…

Las empresas se defienden diciendo que los servicios funerarios sólo suponen el 57,9% de la tarifa del entierro y otro 15,2% es el coste de la inhumación o incineración (que ofrecen normalmente ellos), mientras que el resto son servicios complementarios los cobran otros (12,8% supone el pago de tasas y certificados, iglesia, esquelas, coronas, flores y lápidas), suponiendo un 14,9% el pago del IVA (21%, el 4º más alto de Europa para un funeral).Las empresas funerarias se agarran precisamente al IVA para justificar que hasta 750 euros de un entierro se los lleva Hacienda (recauda 300 millones anuales por los sepelios). Se quejan de que varios paises, como Francia, Portugal e Italia, tienen un IVA del 5 al 10% y otros nada, mientras en España es el 21% (sólo las flores tienen el 10% de IVA). Y por eso piden al Gobierno que rebaje el IVA de los servicios funerarios al 10%.

Pero el sector funerario hace años que está bajo vigilancia de la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha abierto varios expedientes a funerarias por denuncias de pequeñas funerarias contra las compras de las grandes y por atentar contra la competencia: la última, en 2025, un expediente de la CNMC a Mémora, por no haber respetado los compromisos que adquirió en Zarauz tras la compra de las funerarias vasco navarras Rekalde e Irache, por lo que ha pagado una multa de 108.000 euros. Y ya en octubre de 2021, la CNMC frustró la fusión de dos grandes funerarias, Albia y Funespaña. Antes, en 2014,  la CNMC habló de “connivencia entre empresas y Ayuntamientos”  para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Y en 2006, un informe del Tribunal de Cuentas ya denunciaba “grandes diferencias” de precios de los servicios funerarios entre ciudades, algo que se mantiene actualmente, según datos de la OCU.

En definitiva, estamos ante un sector funerario muy concentrado, con poca competencia y dominado por las grandes aseguradoras, que controlan mercados y precios, con la “connivencia” de hospitales (que “recomiendan” funerarias y servicios). Y que se aprovechan en sus ofertas de unos consumidores que pasan por un mal momento de ánimo (la muerte de un ser querido) y que no están para buscar y comparar, aunque proliferan los comparadores de precios y servicios (como Funos). Y a los que cada vez se les sube la factura final, ofreciéndoles servicios más “atractivos”. Y todo ello es posible porque el sector funerario carece de una Ley propia: todavía se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974. Aznar liberalizó el sector en 1996 y Zapatero aprobó la primera Ley de Servicios Funerarios en 2011, pero la Ley no llegó a aprobarse nunca, por el fin de la Legislatura. Y aunque Rajoy se la prometió a Bruselas en 2014, sigue pendiente…

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.

El negocio de la muerte, en alza

Es un negocio seguro: cada día mueren 1.100 españoles. Y los “clientes” de las funerarias aumentarán, por el envejecimiento de la población: en 2050 morirán 1.400 españoles diarios, según el INE. La muerte es un gasto obligado, unos 3.500 euros por fallecido, lo que ha atraído a este negocio a fondos de inversión, constructoras y aseguradoras, que se reparten un pastel de 1.400 millones. Y crecen los seguros de decesos, que ya pagan 20 millones de españoles. Todo ello ha alimentado una “burbuja” de tanatorios por toda España, medio vacíos, y un “boom” de empresas que cierran o son absorbidas por las cinco grandes funerarias, que controlan el mercado. Un mercado con poca competencia y muchos abusos, por falta de una Ley que preparó Zapatero y que el PP no ha aprobado. Ahora, algunos Ayuntamientos (Madrid) se plantean municipalizar las funerarias, privatizadas las últimas décadas. Hay que aplicar transparencia y competencia, para que no hagan un negocio abusivo con la muerte.
 

enrique ortega

Este año 2015 habrá en España más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, según las previsiones demográficas del INE. Ello se debe a una caída de la natalidad y a que los fallecimientos están aumentando desde 1.976, por el envejecimiento de la población española, que cada vez vive más años: si en 1941, la esperanza de vida de los españoles era de 50 años, en 1976 era ya de 73,34 años, en 2014 era de 82,4 años y para 2060 alcanzará los 90,95 años, el doble de vida que a comienzos del siglo XX. De hecho, España es el séptimo país más longevo del mundo, tras Hong Kong (83,5 años), Japón (83,1), Italia (82,9 años), Suiza (82,7 años) y Francia (82,6 años).

Vivimos más años y hay cada vez más viejos pero acaban muriendo, claro. Este año 2015 se superarán de nuevo los 400.000 fallecimientos (como en 2012) y las muertes seguirán aumentando en las próximas décadas, según las previsiones demográficas del INE: 411.392 fallecimientos en 2028, más de 500.000 en 2050 y 559.000 en 2.063. O sea, pasaremos de los 1.100 entierros diarios de este año a 1.534 dentro de cincuenta años.

Así que la muerte es “un negocio con futuro”. Antes, los fallecidos se velaban en casa y solo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se creó en Barcelona en los años sesenta), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron en ellas constructoras y pequeños empresarios locales. Y ya en este siglo, con el boom de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron como hongos los tanatorios y crematorios municipales, prácticamente en todos los pueblos y ciudades de más de 10.000 habitantes. Y ahora nos encontramos con “una burbuja”: miles de tanatorios medio vacíos, a pocos kilómetros unos de otros, muchos ruinosos y otros absorbidos por las grandes empresas del sector, que han comprado a las pequeñas y medianas más rentables.

Este “boom”  de tanatorios y empresas funerarias se ha gestado al amparo de otro “boom”, el de los seguros de decesos, esas pólizas que se pagan cada mes para que las aseguradoras se hagan cargo de todos los servicios funerarios cuando uno fallece. Curiosamente, son los segundos seguros más populares en España (tras los del automóvil): ya hay 20,9 millones de españoles cubiertos por este seguro, un 44% de la población, porcentaje que aumenta en algunas autonomías (74% de la población lo tiene en Extremadura, 67% en Andalucía y 60% en Asturias). Es un seguro que se contrata más entre las familias con rentas bajas (lo tienen el 50% de hogares con ingresos menores de 1.000 euros al mes) y sobre todo los que tienen entre 35 y 39 años, según datos de Unespa .Su coste es bajo, unos 12 euros por persona al año, pero al final de la vida  se acaba pagando el triple de lo que cuestan los servicios funerarios, según un estudio del Instituto de Empresa.

El seguro de decesos es el seguro que más ha crecido con la crisis y ya ingresa2.087 millones de euros en primas (2014), la quinta parte que el seguro de coches (9.882 millones). Es curioso que este sea un seguro “tipical spanish”, que no existe apenas en el resto de Europa, donde las familias pagan un seguro para que les abonen los gastos funerarios pero no un seguro para que una empresa se ocupe de todo a la hora de la muerte. Parece que el origen de este “boom” en España está en los años sesenta, cuando millones de españoles emigraron del campo a la ciudad: contrataban una póliza de decesos para asegurarse de que cuando murieran alguien se iba a preocupar de que volvieran al pueblo para ser enterrados. Y muchas empresas de las que vendían esas pólizas montaron empresas funerarias para ofrecer los servicios. Es el caso de Mapfre (que posee el 66% de Funespaña), Santa Lucia (dueña de Albia), Seguros Ocaso (dueña del grupo Servisa): entre las tres controlan el 73% de estas pólizas de decesos.

Las  pólizas de decesos pagan el 60% de los servicios funerarios en España hoy. El resto son entierros que han de pagar las familias, un coste medio de 3.500 euros por fallecimiento, según un estudio de la OCU (2003). El coste depende mucho de la ciudad  donde se muera y de los servicios que se contraten: es más cara una sepultura (unos 18.000 euros) que un nicho (desde 1.000 euros) y más barata la incineración, aunque como está ya más extendida (se hace en el 30% de los fallecimientos), su coste está subiendo (unos 657 euros de media, según la OCU). Y luego están los “extras”, desde las flores a las esquelas y “ceremonias”. Desde septiembre de 2012, los servicios funerarios han subido en España, porque Montoro les subió el IVA, del 8 al 21% (unos 300 euros por entierro). Las empresas del sector se quejan de que España tiene el IVA funerario más alto de Europa y recuerdan que 8 países tienen el IVA cero (Francia) y 5 países más lo tienen reducido.

El hecho es que el negocio de la muerte ha aguantado bien la crisis, aumentando los ingresos con nuevos servicios que aumentan las facturas: servicios psicológicos, gestión de pensiones de viudedad, ceremonias de recuerdo, webs con la vida del finado, contratación de veleros o helicópteros para tirar al mar las cenizas del fallecido y hasta cementerios y servicios para mascotas (con enterramientos y lápidas de perros y animales de compañía). El caso es que el negocio de la muerte mueve en España unos 1.400 millones de euros al año y atrae a múltiples inversores, desde fondos a constructores y aseguradoras. En total, hay 1.830 empresas de servicios funerarios en España, según el INE, pero la mayoría son pequeñas, locales y con poca facturación. El grueso del negocio se lo llevan las 5 grandes grupos de servicios funerarios: grupo Mémora (12% del mercado, creada por la constructora Acciona, que la vendió en 2008 al grupo de capital riesgo británico 3i), Funespaña (Mapfre, 8,7% de cuota tras adquirir 100 empresas en los últimos 25 años), Albia (Santa lucía), ASV y grupo Servisa (Ocaso). Y varios de ellos operan también fuera de España.

El problema de esta gran concentración es que las grandes empresas funerarias se han repartido el mercado y fijan unas condiciones de “cuasi-monopolio” donde operan, impidiendo la entrada a otras empresas. Y todo ello, en perjuicio del usuario, que ha de aceptar precios y condiciones, en un momento muy doloroso donde no está para comparar o regatear precios. De hecho, son múltiples las denuncias de pequeñas funerarias contra las grandes, lo que llevó al Gobierno Zapatero a aprobar una Ley de Servicios Funerarios, en junio de 2011, Ley que incluía dos cambios claves: suprimía la exigencia de que una empresa funeraria estuviera autorizada en el lugar donde iba a recoger al fallecido o donde lo iba a enterrar y suprimía también la obligación de esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos requisitos que de hecho impiden que una funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido en Madrid o Barcelona, por ejemplo. Pero esa Ley no llegó a aprobarse, porque antes acabó la Legislatura, y el PP nunca volvió a pensar en esta reforma, aunque  la ha prometido a Bruselas (Plan Nacional de Reformas 2014) y a pesar de que se lo ha pedido en 2014 la Comisión de la Competencia (CNMC), que habla incluso de “connivencia entre empresas y Ayuntamientos” para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya un informe del Tribunal de Cuentas denunciaba en 2006 grandes diferencias de precios entre ciudades y la falta de transparencia en el sector.

Entre tanto, muchos de los nuevos Ayuntamientos surgidos el 24-M se plantean qué hacer con los servicios funerarios municipales, que en muchas ciudades y pueblos fueron “privatizados”, para quitarse problemas y pérdidas, lo que provocó un encarecimiento de los servicios y bastantes corruptelas. El caso más escandaloso es el de Madrid, cuyo Ayuntamiento (PP) privatizó en diciembre de 1992 el 49% de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) , adjudicándosela a Funespaña (Mapfre) por 100 pesetas (60 céntimos de euro), con la excusa de que tenía 84 millones de deuda. En tres años, la empresa privatizada había enjugado la deuda y ganaba ya 9 millones. Y tras un larguísimo proceso judicial, la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó, en 2008, que la privatización podría haber reportado al Ayuntamiento un ingreso de 7,4 millones (en vez de 60 céntimos).Y condenó a 2 años de inhabilitación al que había sido primer teniente de alcalde (Huete), además de atribuir al consejero y al vicepresidente de Funespaña (imputado por otras causas y gerente aún hoy de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios) los delitos de falsedad documental y fraude a Hacienda, ya prescritos. La nueva alcaldesa de Madrid ha dicho que cuando expire la concesión, en septiembre de 2016, los servicios funerarios serán municipalizados, mientras Funespaña (Mapfre) pide 25 millones de compensación (de reservas no distribuidas).

La privatización de los servicios funerarios municipales está extendida por toda España, con otro ejemplo destacado en Barcelona, donde en 1998 se vende el 49% de los servicios funerarios (lo compra la norteamericana SCI, antecesora del grupo Mémora) y en 2011 se vende otro 36%, con lo que el 85% de la funeraria municipal barcelonesa está en manos privadas (grupo Mémora), como sucede en otras capitales, aunque en la mayoría lo que se ha privatizado es la gestión. Ahora, los nuevos Ayuntamientos, controlados en gran parte por la izquierda, se plantean si seguir así y esperar al fin de las concesiones o romper los contratos (mucho más caro).

Privados o municipales, los servicios funerarios tienen que ser sometidos a un serio ejercicio de transparencia (para clarificar tarifas y costes, unificando precios) y competencia, evitando monopolios de hecho, con la ayuda de los Ayuntamientos que les han dado la concesión de los servicios. Hace falta recuperar la Ley de 2011 y forzar esa competencia y transparencia, evitando abusos a los usuarios (ver web) en momentos tan dolorosos. Ya bastante dura es la muerte de un ser querido como para que encima nos engañen y arruinen el bolsillo. Pongan orden para poder morir en paz.