El negocio de las residencias de ancianos

España es uno de los paises más envejecidos de Europa, con 9 millones de mayores de 65 años. Y en 2050, seremos el 2º país más envejecido del mundo, con más de 15 millones de personas mayores. Los fondos de inversión extranjeros y también españoles han visto claro este negocio, invirtiendo recientemente más de 2.000 millones de euros en comprar y construir residencias de ancianos, muy escasas. Así, las residencias privadas facturan ya 4.500 millones al año y las 3 mayores empresas son francesas. Y cada año llega más capital extranjero, a ocupar el vacío que deja la escasez de residencias públicas (sólo 1 de cada 4), que llevan años sin construirse por los recortes. El problema para los mayores es que una residencia cuesta 1.900 euros al mes de media, más que la mayoría de pensiones. Y tienen que buscar que los cuiden sus familias o una residencia “low cost” de poca calidad. Urgen 100.000 nuevas plazas de residencias y que la mayoría sean públicas, no un negocio para inversores.

enrique ortega

En España vivían el 1 de enero 9.055.580 personas mayores de 65 años, según el último Padrón de habitantes del INE, un 19,2% de la población. Eso nos coloca como uno de los paises más envejecidos de Europa, tras Italia (22,6% de mayores), Portugal (21,8%), Alemania (21,4%) y Francia (19,7%), según Eurostat. Pero como España tiene más esperanza de vida (80,39 años los hombres y 85,74 años las mujeres) y la va a seguir teniendo, en las próximas décadas tendremos aún más viejos, según las proyecciones demográficas del INE. Así, en 2033 tendremos un 25,2% de mayores (12.329.5005 habitantes con más de 65 años) y en 2050 serán casi un tercio de la población (el 31,62%), 15.700.000 mayores de 65 años, lo que situará a España como el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón.


Este panorama demográfico, el mayor problema de fondo de España, conlleva un gran reto, para financiar la pensión futura de estos mayores españoles. Pero también implica estudiar cómo cuidar y atender a esos 15 millones de viejos futuros. Actualmente, dos tercios de los mayores viven solos (el matrimonio o su viuda/viudo) y eso provoca problemas de soledad y desatención, llegándose incluso a situaciones extremas, como ancianos que llevan años muertos en su casa. Otro tercio de los mayores, según algunas estadísticas, son atendidos por sus hijos (la mayoría, por sus hijas, que en muchos casos no pueden trabajar) o por cuidadores, generalmente inmigrantes. Son 3 millones de personas que necesitan ayuda, en especial ese millón largo que son oficialmente dependientes. Y aquí, el problema es que la falta de recursos públicos lleva a que unos 200.000 mayores estén “en lista de espera” para recibir una ayuda que les han reconocido, desde una teleasistencia a un Centro de Día o una residencia. Y 80 mueren cada día sin que les llegue la ayuda.


La solución para muchos mayores dependientes es ingresar en una residencia de ancianos. Pero la realidad es que hay pocas y son muy caras. El resultado son las “listas de espera”, más de 50.000 ancianos dependientes que cumplen hoy las condiciones para entrar en una residencia pública o concertada (privada subvencionada) y esperan una plaza hasta 4 y 5 años, si no se mueren antes. Se estima que son 18.500 en Cataluña, 10.000 en Madrid, 4.900 en Canarias, 2.600 en Galicia, 2.000 en el País Vasco, 1.500 en Extremadura, 860 en la Rioja…, a falta de datos oficiales. Y eso se debe a la escasez de residencias de ancianos, no sólo públicas sino también privadas. En España hay 4,1 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años (2019), cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que debería haber 5 por cada 100 mayores. La media europea es de 4,6 plazas, pero los paises ricos del norte tienen más (6,96 Suecia, 5,51 Francia, 5,31 Alemania o 5 Reino Unido) e Italia sólo 1,85, según un informe de la consultora CBRE.


En España, la última cifra de residencias de ancianos (abril 2019) indica que hay 5.417 residencias, el 70,96% privadas (3.844) y un 29,04% (1.573) públicas. Y ofrecen 372.985 plazas (camas): el 72,84% son privadas (271.696 plazas, un 35% son concertadas: el Estado paga una cantidad por cada anciano alojado) y el 27,16% restante son públicas. Así que hay 1 plaza pública por cada 3 privadas. Pero esta es la media, porque hay varias autonomías donde las plazas en residencias públicas son mucho menores: Cantabria (sólo 14,1% plazas son en residencias públicas), Comunidad Valenciana (19,9%), Cataluña (20,3%), Andalucía (22,3%), Madrid (23,5%) y Murcia (24,1%). Y otras, pocas, donde hay una mayoría de plazas en residencias públicas: Extremadura (55,1% de las plazas), Melilla (59%) y Canarias (52,6%), según las estadísticas aportadas por el CSIC y Envejecimiento en Red.


El número de residencias y plazas ha crecido, pero menos que el número de ancianos, con lo que faltan plazas: unas 60.000 para llegar al ratio de 5 plazas por cada 100 ancianos de la OMS y un déficit real de 100.000 plazas, según la consultora CBRE. El problema adicional es que la falta de plazas no es homogénea sino que varía mucho por provincias y autonomías, según su porcentaje de mayores y su número de residencias. Así, el mayor déficit de residencias de ancianos se da en Canarias, Murcia y Ceuta (2,2 plazas por cada 100 mayores), en la Comunidad Valenciana (una autonomía muy envejecida, con sólo 2,8 plazas por cada 100 mayores), en Baleares (2,9), en Andalucía (3), en Melilla (3,1), en Galicia (3,1 plazas, siendo la autonomía más envejecida: 25,2% gallegos tienen más de 65 años) y en Madrid (4,1 plazas). Y donde hay más oferta de residencias es en Castilla y León (7,6 plazas por 100 mayores en la 3ª autonomía más envejecida: 25,4% tienen más de 65 años), Castilla la Mancha (6,9), Aragón (6,5 plazas), Extremadura (6,2), Navarra (4,8), Cantabria y Asturias (la 2ª autonomía más envejecida: 25,7% de mayores) con 4,7 plazas y Cataluña (4,3).


Con este déficit y su reparto, hay muchos inversores, sobre todo fondos extranjeros, que han visto en España una gran oportunidad de negocio, por la vía de comprar residencias o construirlas. Así, el sector de las residencias de ancianos ha atraído más de 2.000 millones de euros de inversiones entre 2015 y 2017, según estimación de la consultora CBRE. Y el flujo de dinero ha seguido llegando hasta hoy. Lo que se busca son residencias bien situadas, (también en zonas costeras), mal gestionadas por propietarios españoles a los que se va con el dinero por delante. De hecho, se ha creado una cierta “burbuja” de compras, que ha subido un 50% los precios de las pocas residencias “disponibles”, según la consultora Angomed, que se dedica a “buscar oportunidades”. Y en paralelo, se están comprando edificios para reconvertir en residencias y hasta terreno para nuevas construcciones.


Tras esta “fiebre inversora” por las residencias españolas, el sector privado factura ya 4.500 millones de euros (2018) y se ha concentrado: hay 5 grandes grupos (4 extranjeros) que controlan el 23% del mercado (tenían el 14,6% en 2013) y los 10 primeros concentran ya el 30,9%, según el Observatorio sectorial DBK. El líder es el grupo francés DomusVi (el 3º en Europa en residencias), antes  controlado por el fondo francés PAI Partners y ahora propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG : llegó a España en 2015 y ya tiene 195 residencias y 25.000 plazas (camas). Le sigue el grupo también francés Orpea, filial del mismo grupo francés que tiene 96.500 plazas en Europa: llegó a España en 2006 y tiene ya 100 residencias y 8.000 plazas en residencias y centros de día. El tercero del ranking es Amavir, filial del grupo francés Maison de Famille (ligado a Alcampo, Leroy Merlin y Decatlón), con 43 residencias, 40 centros de día y 8.000 plazas en 7 autonomías. El cuarto es Vitalia, empresa comprada en 2017 a Portobello capital por el fondo británico CVC  Capital Partners: tiene 40 residencias y 8.000 plazas, pero contempla inversiones para llegar a 10.000 plazas y subir al 2º puesto en el ranking del sector. Y en el 5º puesto, Ballesol, la única de las grandes con capital español (75% la aseguradora Santa Lucía), con 48 residencias y 7.000 plazas.


Sigue en este ranking Sanitas mayores, propiedad de la británica BUPA, con 47 centros y 6.000 plazas residenciales. Y Saleta Care, filial de la sociedad belga Armonea, que compró el verano pasado 8 residencias y oferta 3.800 plazas. Y Caser residencial, con 19 residencias y 2.700 plazas. O el grupo francés Korian, líder europeo en el negocio de residencias (con 75.000 plazas), que ha comprado 13 residencias en Andalucía y Mallorca, con 2.000 plazas. Y la lista se engrosa cada día con constructoras que se meten a “gestionar residencias” (OHL, Sacyr, ACS, grupo Eulen…), con el Grupo Once (Ilunion sociosanitario tiene 7 residencias y 802 plazas),  y con fondos de inversión que se suman al negocio: el último HealthCare Activos Yeald, una SOCIMI (sociedad de inversión inmobiliaria) creada en septiembre de 2019 por fondos españoles para comprar y construir residencias.


Todos estos fondos de inversión, extranjeros y españoles, apuestan por el negocio de las residencias de ancianos porque existe una enorme demanda potencial (9 millones de mayores hoy, 15 millones en 2050) y saben que es un negocio “cautivo”, por la inexistencia de una oferta pública de residencias, que no se construyen apenas desde antes de la crisis. Y también saben que es un negocio muy  “rentable”, donde pueden poner altos precios al cliente, por la creciente necesidad del servicio y la falta de plazas en muchas ciudades y regiones, que se incrementará en el futuro: harán falta 200.000 plazas adicionales para 2030 y 400.000 para 2050, según la consultora CBRE.


Al final, el precio de una residencia de ancianos se ha disparado y eso (y la enorme demanda potencial) es lo que atrae a los inversores. Ya en 2017, la web Inforesidencias hablaba de un precio medio de 1.777 euros más IVA (1.954 euros). Y hoy, el precio oscila entre 1.500 y 2.000 euros, con un precio medio de 1.900 euros con IVA, según Cronoshare.com. Un coste que oscila mucho entre los 1.645 euros en Castilla León, los 1.914 euros en Galicia, los 2.030 euros en Cataluña o Madrid o los 2.469 euros del País Vasco. Eso sí, también hay residencias “low cost”  más baratas, en los extrarradios de las grandes ciudades, con pocos servicios y una mala atención que a veces se denuncia.


El problema para una persona mayor es que estos precios de las residencias son “prohibitivos”, incluso si encuentra una plaza en una residencia pública o concertada, donde paga sólo una parte, en torno al 42% según autonomías y residencias (son 800 euros, que en Baleares puede llegar a 1.000 euros). Recordemos que la pensión media en España era en octubre de 994 euros y que en el caso de las mujeres, mayoritarias entre los ancianos que necesitan una residencia, la pensión media de viudedad es de 730,90 euros. Así que una gran mayoría de ancianos no puede pagar ni una residencia pública ni una privada subvencionada y menos una residencia privada normal, salvo que venda parte de su patrimonio o hipoteque a sus hijos. Y sólo le queda depender del cuidado familiar o pagar a un cuidador en casa.


El problema es muy serio, no sólo porque un tercio de los mayores requieren ayuda sino porque muchos necesitan también cuidados médicos y psicológicos, que sólo se les pueden garantizar en una residencia geriátrica (lo que descargaría además la sanidad pública, desde hospitales a especialistas y Centros de salud, muy colapsados por los mayores).Pero no hay ningún Plan de residencias públicas, aunque se contemplaba en la Ley de Dependencia. Y no se invierte en ellas desde hace una década. Harían falta 100.000 plazas, sólo para cubrir el déficit actual, no las necesidades futuras. Y los expertos calculan que el coste de una residencia de 100 plazas son 10 millones de euros. Así que construir 50.000 plazas públicas costaría 5.000 millones de euros al Estado y las autonomías. Y otros 1.750 millones para subvencionar la estancia en 25.000 nuevas residencias privadas.


Pero a la vez que se planifica ampliar las residencias públicas, sobre todo donde hay menos y hacen más falta (recordemos: Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia Canarias, Baleares, Andalucía y Madrid), hay que “poner orden” en el panorama actual de las residencias de ancianos, tal como pedía el último informe del Defensor del Pueblo y los profesionales del sector. Hay que “homogeneizar” el servicio, para que todas las residencias tengan las mismas exigencias de personal y profesionales, ya que ahora cada autonomía tiene unos ratios diferentes. Y homogeneizar también las ayudas al pago de una residencia, porque hoy son muy diferentes entre autonomías, con el objetivo de que el pago final no se lleva más del 70% de la pensión. También hay que potenciar las auditorías públicas de las residencias, para detectar y sancionar abusos en el cuidado de los ancianos (que siguen siendo noticia), publicando los resultados para que las familias sepan quién atiende mal. 


Bueno, las residencias de ancianos es un tema medio tabú, del que no se quiere hablar, pero que afecta a millones de españoles, por ser mayores o por sus padres. Y lo preocupante es que el Estado y las autonomías no afrontan la falta de plazas y dejan la vía abierta a los fondos de inversión, que sólo buscan rentabilidad a corto, a costa de altos precios y una atención “barata”. Es hora de decidirse a promover residencias públicas, de destinar parte del dinero generado por los mayores y sus familias a cuidarlos mejor. A no dejarles sólo en manos de los inversores. Para eso tenemos un Estado y unos impuestos.

Dependencia: más beneficiarios "low cost"

Año nuevo, problemas viejos: hay 310.951 dependientes, ancianos y discapacitados, que tienen reconocida una ayuda, pero no la reciben por falta de recursos públicos. Están en “lista de espera”, pero muchos morirán sin recibirla (100 ancianos al día). Y aunque las nuevas autonomías han recortado las listas de espera desde 2015, la mejora tiene “truco”: dan prioridad a los dependientes “moderados” (más baratos) frente a los graves: de 38.189 dependientes que salieron de las listas en 2017, sólo 1.567 eran graves. Y otro “truco”: se opta por darles ayudas baratas, como la tele asistencia, antes que una residencia. Y todo porque, tras los recortes de 2012, la Dependencia ha perdido 4.000 millones. Ahora, el Gobierno Rajoy presume que sube la aportación para 2018 (+63 millones), pero paga por dependiente un tercio menos que en 2012. Urge un Plan de choque para acabar con las listas de espera y asegurar ayudas dignas a 1.265.000 dependientes. Costaría 2.700 millones extras al año. Hay que sacarlos como sea. Nuestros ancianos lo merecen.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 11 años, con los mismos problemas para financiarse que siempre, aunque las nuevas autonomías, gobernadas mayoritariamente por la izquierda, han hecho un mayor esfuerzo desde 2015. Así, en 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había 752.005 dependientes con ayuda y cuatro años después, en 2015, sólo se habían ganado 44.109 (hasta 796.109 beneficiarios). En los dos últimos años, los beneficiarios  han aumentado el triple (+158.722), hasta los 954.831 a finales de 2017, según los datos del IMSERSO. Un avance que no puede esconder el grave problema de la Dependencia, las “listas de espera”: ancianos y discapacitados que tienen oficialmente reconocida una ayuda, pero que no la reciben por falta de recursos públicos para dársela. A finales de 2017, eran todavía 310.120 dependientes en “lista de espera”, 1 de cada 4 dependientes (el 24,5%), un dato escandaloso aunque la lista se haya reducido un 19,3% en los dos últimos años (había 384.326 dependientes “en espera” a finales de 2015).

La “lista de espera” de la Dependencia es grave por dos razones. Una, porque es muy desigual por autonomías y en algunas es mucho más escandalosa, como es el caso de Cataluña (el 37,10% de los dependientes reconocidos no recibe ayuda), Canarias (36,62%), la Rioja (32,25%), Andalucía (31,81%) y Extremadura (27%), mientras hay otras donde casi no hay problema, como Castilla y León (sólo el 1,41% dependientes “en espera”), Ceuta (5%), Melilla (5,28%), Murcia (13,54%) y Asturias (13,85%). Y la otra, más preocupante, porque la mayoría de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y muchos se mueren antes de que les llegue la ayuda que tienen oficialmente reconocida. Así, en 2016, hubo 40.647 dependientes en lista de espera que murieron sin recibir la ayuda, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y en 2017 estiman que habrán muerto sin recibir la ayuda otros 34.000, una media de 100 dependientes al día de la lista de espera.

La “lista de espera” se ha reducido en 38.189 dependientes durante 2017, pero esta reducción tiene “truco”: las autonomías, que gestionan la Dependencia, han optado por dar prioridad a los dependientes más moderados (Grado I), que son “más baratos”, para así recortar más la lista de espera, relegando a los dependientes grandes (Grado III) y severos (Grado II), que son más caros de atender, según han denunciado los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las estadísticas del IMSERSO son muy evidentes: de los 38.189 dependientes que han salido de las listas de espera, sólo 1.567 son dependientes más graves (Grado III y II) y la casi totalidad (36.622) son dependientes moderados (Grado I). Así que encima de ser los ancianos y discapacitados que más necesitan ayuda, son los que tienen menos prioridad al reducir las listas de espera.

Pero hay otro “truco más”, este para aumentar los beneficiarios de las ayudas (+158.722 entre 2016 y 2017): dar ayudas más baratas a más dependientes, dando prioridad a los servicios más baratos, a los servicios “low cost”. Basta ver las estadísticas de ayudas del IMSERSO para detectar el aumento de la “tele asistencia”, la ayuda más barata (cuesta 35 euros al mes): ha pasado del 2,32% de las ayudas en 2008 al 15,81% en 2017 (y en Andalucía es ya la ayuda que más se da, al 31,7% de dependientes, al igual que en Madrid, al 22,5%). Y también ha aumentado el peso de las ayudas económicas a las familias, para que atiendan al dependiente en casa: por una prestación que va de 442,59 euros al mes a 286 euros y 153 euros, según el grado de dependencia), las autonomías “se quitan de encima” el problema de atender a los ancianos y discapacitados dependientes. Si en 2008 recibían estas ayudas el 25,85% de los dependientes, en 2017 las recibían ya el 37,72%. Y suponen más de la mitad de las ayudas totales en Baleares (60% de las ayudas), Navarra (57%) y Murcia (54%). Además, muchas autonomías han priorizado otro sistema de ayuda económica, dar un cheque a las familias para que busquen la ayuda de forma particular (se llama “prestación económica vinculada a servicio”). Es una manera de “privatizar la Dependencia”, que supone ya el 9,39% de todas las ayudas pero mucho más en algunas autonomías: Extremadura (39,8%, es la ayuda más utilizada), Castilla y León (24,80%, la ayuda con más peso también), Canarias (18,64%), Aragón (18,39%) y Comunidad Valenciana (15,42%).

Mientras, se estancan las ayudas más caras a los dependientes, sobre todo las plazas en una Residencia (el 13,94% de las ayudas en 2008 y son el 13,34% en 2017)  y los Centros de Día (de ser el 2,90% de las ayudas en 2008 pasaron al 8,46% en 2015 y han bajado al 7,72% en 2017, según los datos del IMSERSO. Eso sí, ha crecido la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 16,53% de las ayudas en 2017), pero es también una ayuda “barata” y que muchas veces controla la situación de los dependientes más que ayudarlos de verdad.

La “lista de espera” y las “ayudas low cost” son la forma que tienen las autonomías de mantener un sistema de asistencia social que cuenta hoy con 4.000 millones menos de financiación que en 2012, según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, tras los recortes hechos por el Estado central (-2.865 millones) y las autonomías (-1.100 millones). Antes, estos recortes ya supusieron un deterioro del servicio para los dependientes y sus familias. Así, en 2012, el Gobierno Rajoy dejó fuera a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó su paga mensual, redujo servicios, simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias. Y las autonomías, que sufrían el recorte del Estado y sus propios recortes, trataron de gastar menos a costa de retrasar los expedientes de ayuda, endurecer los requisitos y revisar “de oficio” (a la baja) las valoraciones ya hechas. Todo, en perjuicio de los dependientes y sus familias.

El origen del problema actual de la Dependencia es que el Estado central se ha ido “desentendiendo”, reduciendo drásticamente su aportación financiera a la Dependencia: si en 2009 aportaba el 39,2% del coste, en 2016 (último año certificado) sólo aportaba menos de la mitad, el 17%, según el balance de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y por eso, las autonomías han pasado de financiar el 46,2% de la Dependencia a costear el 63%, mientras los usuarios (las familias) han pasado de costear el 14,7% de los servicios a pagar el 20% de la atención recibida (copagos). Esta situación provoca las protestas de las autonomías, que denuncian que “el Gobierno Rajoy incumple la Ley de Dependencia”, que establecía que la aportación pública se repartiría al 50% entre Estado Central y autonomías (en 2016, las autonomías aportaron el 82,6% y el Presupuesto el 17,4% restante).

La solución al grave problema de la Dependencia está en que el Estado central aporte más dinero. Pero Rajoy, que nunca ha creído en la Dependencia (“no es viable”, dijo tres días antes de ganar las elecciones de 2011), no está por la labor. En diciembre de 2017, el Gobierno aprobó una subida de la financiación estatal a la Dependencia del 5,31% para 2018, que calificó de “histórica”, aunque sólo son 63 millones de euros más (ni siquiera los 100 millones extras pactados con Ciudadanos), frente a los 4.000 recortados antes. Una subida tan mínima que lo que pagará el Estado central a las autonomías por dependiente en 2018 (190, 84 y 47 euros, según el grado de dependencia) es entre un 28% y un 38% menos de lo que aportaba antes de los recortes de 2012. Y para igualar el resto que pagan las autonomías (para pagar el 50% del coste público de la dependencia), el Gobierno central tendría que pagar por dependiente más del doble de lo que van a pagar este año (418,195 y 104 euros, según el grado), según los cálculos hechos por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Así que nada de subida “histórica” a la Dependencia en 2018: pagan por dependiente un tercio menos que antes de 2012. Y encima, este pago no se gasta totalmente, porque para que Hacienda lo abone, la autonomía tiene que pagar su parte al dependiente (ese 82% del coste que debería ser el 50%). Y como la mayoría de las autonomías tienen problemas financieros, muchas no pueden poner su parte y los dependientes se quedan sin ayuda (en la lista de espera). Y la ayuda del Presupuesto estatal, encima que es poca, se pierde en parte: en 2017, 90 millones (de los 1.260 que iba a aportar el Estado a la dependencia) se habrán quedado sin gastar, porque las autonomías no han podido poner su parte. 90 millones que han perdido los dependientes y sus familias. Otro sinsentido.

Con la subida de la aportación estatal para 2018, sólo se podrá reducir un 4% la “lista de espera”, que quedará anclada en 300.000 ancianos y discapacitados. Urge poner en marcha un Plan de choque, para dejar a cero la “lista de espera”, y una reforma del sistema de financiación, para asegurar unas ayudas decentes en el futuro. Acabar con las “listas de espera”, atender a esos 310.000 dependientes, costaría unos 1.700 millones extras al año hasta 2020, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y harían falta otros 1.000 millones más al año para recuperar el pago por dependiente de antes de 2012 y hacer frente a los dependientes futuros (se van a duplicar en 2050, por el aumento del envejecimiento y la esperanza de vida, según el CSIC). En total, unos 2.700 millones más de gasto al año, no los míseros 100 millones extras vendidos “a bombo y platillo” en el acuerdo de investidura entre  PP y Ciudadanos.

Es un aumento del gasto asequible, sobre todo si España redujera el fraude fiscal y recaudara como el resto de países europeos (ingresar como la media UE supondría recaudar 72.000 millones más cada año, según los datos de la Comisión Europea). Además, supondría gastar en Dependencia 9.800 millones anuales, una factura mucho más asequible que los 126.000 millones que gastamos en pensiones, los 80.000 millones que gastamos en Sanidad, los 50.000 en Educación o los 18.000 millones en desempleo. Y además es un gasto “rentable”, porque crea empleo (se podrían crear 100.000 empleos en una década) y una parte del gasto se recupera en forma de cotizaciones e impuestos. Pero sobre todo, es “un gasto que les debemos” a nuestros mayores y a los discapacitados.

No puede pasar más tiempo sin resolver la financiación de la Dependencia, “el cuarto pilar” del  Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones). Pero no parece que el problema preocupe al Gobierno ni a la “oposición”, sólo a las autonomías y a las familias de los dependientes. Ha pasado más de un año desde la firma en el Congreso, el 14 de diciembre de 2016, de un “Pacto por la dependencia”, apoyado por todos los grupos políticos, salvo el PP y PNV (por un tema de competencias), un intento de “blindar” un sistema de financiación estable a medio plazo. Y aquí estamos en 2018, con la misma penuria financiera, ofreciendo ayudas “low cost” y con 310.000 dependientes en espera, de los que mueren 100 cada día sin recibir la ayuda. Es “un escándalo social”, una grave injusticia con nuestros ancianos y discapacitados. Y casi nadie se inmuta. ¡Qué vergüenza¡   

Prioridad a los dependientes más "baratos"

La recuperación no ha llegado (tampoco) a los dependientes, ancianos y discapacitados. Tras cumplirse en enero 10 años de la Ley de Dependencia, el balance sigue siendo pobre, por falta de financiación: hay 310.000 dependientes (1 de cada 4) con el derecho reconocido y que no reciben ayudas. Y cada día, 100 de estos dependientes se mueren sin recibirla. Un drama que el Gobierno Rajoy desoye, después de haber recortado 2.865 millones a la Dependencia. Y las autonomías, que gestionan las ayudas, se ven obligadas a prestar servicios “low cost”, ayudas baratas (como la tele asistencia) para atender a más dependientes con menos dinero. Lo último: dan prioridad a los dependientes leves (más “baratos”) mientras se estancan las ayudas a los más graves, más “caros” de atender. Así tratan de rebajar la lista de espera. Urge aprobar un Plan de choque para atender ya a todos los dependientes con derecho y aumentar el Presupuesto para prestar una atención “decente” a mayores y discapacitados. Es lo mínimo.


 
                                                                                              enrique ortega

La atención a los dependientes (ancianos y discapacitados que no pueden valerse por sí mismos, unos 3 millones en España) es uno de los grandes puntos negros de la política social del Gobierno Rajoy. En enero de 2017 se cumplieron los primeros 10 años de la Ley de Dependencia, aprobada por Zapatero, que ha chocado con una financiación escasa, sobre todo a partir de 2012, cuando los recortes de Rajoy le quitaron 2.865 millones de euros hasta 2.015, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales . En el otoño de 2015, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados en su mayoría por la izquierda) trataron de revertir la situación, mejorando algo la atención a la dependencia. Pero se han encontrado con pocos recursos propios y menos financiación del Estado.

El resultado es que la Dependencia no acaba de despegar. Si en los primeros 5 años de la Ley, hasta diciembre de 2011 (cuando Rajoy llegó a la Moncloa), había 738.587 dependientes con ayudas, 5 años después, en diciembre de 2016, sólo había 126.977 dependientes más atendidos (865.564). Y aunque este año 2017 han aumentado los beneficiarios, todavía eran 915.929 a finales de agosto, frente a 1.668.950 solicitudes de ayuda. Pero lo peor es que todavía hay una “lista de espera” muy elevada: 310.809 dependientes que, a finales de agosto, tenían reconocido el derecho a recibir una ayuda (se les había aprobado su solicitud) pero que no la recibían, por falta de presupuesto y medios de las autonomías para dársela. Son ancianos y discapacitados que están en “el limbo de la Dependencia”. Nada menos que 1 de cada 4 dependientes (el 25,33%) con derecho reconocido a ayuda, según los datos oficiales del IMSERSO (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Si es grave que la cuarta parte de los dependientes reconocidos no reciban ayuda, más lo es que la situación sea aún peor en casi media España, en 6 autonomías donde el porcentaje de dependientes en espera de ayuda es más elevado que la media, según los últimos datos del IMSERSO: Canarias (40% dependientes reconocidos están esperando ayuda), Cataluña (37,2% en espera), Andalucía (31,7%), Rioja (31,5%), Aragón (27,6%) y Extremadura (26,8%). En contrapartida, hay 3 autonomías casi sin listas de espera, Castilla y León (1,03% dependientes), Melilla (3,4%) y Ceuta (4,6%), y otras tres con muy poca, Baleares (12,2%), Asturias (12,6%) y Murcia (15,8%).

Resulta más grave aún que haya dependientes en espera de ayuda cuando la mayoría (54%) tienen más de 80 años de edad, según el IMSERSO,  y pueden morirse antes de que les llegue la ayuda que tienen legalmente reconocida. De hecho, en 2016, hubo 40.647 dependientes con ayuda reconocida que murieron sin recibirla, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y este año  ya se han muerto 21.000 de los 310.809 de la lista de espera y la estimación es que mueran 34.000 dependientes en espera en todo 2017, una media de 100 dependientes de la lista de espera al día.

En los dos últimos años, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados mayoritariamente por la izquierda y los nacionalistas) han recortado la lista de espera, de 421.335 dependientes en agosto 2015 a 310.809 dependientes en espera en agosto de 2017. Pero lo han tenido que hacer casi con los mismos recursos, porque el Presupuesto del Estado para dependencia apenas ha subido en 2016 y 2017 y lo mismo el gasto autonómico. Y lo que la mayoría de las autonomías han buscado es atender a más dependientes con casi el mismo dinero ¿Cómo? Gastando menos por dependiente, utilizando más “servicios low cost”, como denuncian los Directores y gerentes de Servicios Sociales.

Así, en los dos últimos años, las ayudas a la dependencia que más han crecido son las más baratas: la ayuda por prevención y promoción de la autonomía (muy importante en Asturias, donde supone el 21,8% de las ayudas, en Castilla y León, con el 12% y Aragón, el 10%), la teleasistencia (la que más ha crecido: cuesta sólo 25 euros al mes por dependiente y supone ya el 16% de todas las ayudas, pero un 32% en Andalucía, un 23,5% en Madrid y un 20,5% en la Rioja) y la ayuda a domicilio (16% de todas las ayudas). Y también han crecido mucho las ayudas que se dan a los familiares para que cuiden en casa a los dependientes: por unos 300 euros al mes (y bajando), las autonomías se quitan de en medio el problema de tener que abrir centros de día o residencias para ancianos y dependientes. Esta es la ayuda que tienen más dependientes, el 33,35% del total de ayudas, y llega al 65,7% en Baleares, el 57,4% en Navarra, el 54,06% en Murcia, el 50,7% en la Comunidad Valenciana, el 49,8% en Cantabria y el 46,3% en Cataluña, según datos del IMSERSO. Eso sí, el porcentaje de dependientes que tienen ayuda para residencias, el servicio más caro, se ha reducido.

Así que en la mayoría de autonomías, el “truco” para bajar las listas de espera es atender a más dependientes con los servicios más baratos. Pero hay otro “truco” que acaban de denunciar los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: dar prioridad a los dependientes leves (Grado I, que tienen derecho a ayuda sólo desde el 1 de julio de 2015) y retrasar la ayuda a los dependientes severos (Grado II) y graves (grandes dependientes, el Grado III), “los más caros” de atender (no basta con la teleasistencia, como los leves, por ejemplo). Los datos oficiales del IMSERSO son muy explícitos: si la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 37.600 dependientes el último año (agosto 2016-agosto 2017), casi todos son personas con dependencia leve (34.800 tienen Grado I) y sólo 2.800 son dependientes más vulnerables (Grado II y III). Y de los 310.809 dependientes en lista de espera, 119.150 son más vulnerables (grado II y III), casi los mismos que hace un año (122.600), mientras los 191.652 restantes son dependientes leves (Grado I: 246.000 hace un año).

Así que no es sólo que la lista de espera se rebaja a base de una atención más mediocre a los dependientes, sino que además se busca atender primero  a los dependientes “más baratos”. Y todo ello porque las autonomías, que gestionan la dependencia, están económicamente “asfixiadas”. Primero porque están mal financiadas (les faltan recursos y les sobran competencias), pero sobre todo porque cada vez tienen que aportar más a la Dependencia porque el Estado central aporta cada vez menos. Los datos oficiales, aportados por los Directores y Gerentes de Servicios sociales, son otra vez muy explícitos: si en 2009, el Estado central financiaba el 39,2% del gasto en Dependencia, en 2017 financia menos de la mitad, el 15,9%. Y por eso, las autonomías tienen que financiar mucho más (del 46,2% al 63,7% del gasto), a costa de sus maltrechos presupuestos. Y además, los usuarios, las familias de los dependientes, tienen que pagar más: si en 2009 aportaban el 14,7% del gasto, en 2017, las familias financian con el copago el 20% del gasto en Dependencia.

En definitiva que el Estado, con los recortes de Rajoy, se ha desentendido de la Dependencia y aporta menos incluso que las familias. Y eso obliga a las autonomías a hacer malabarismos para mantener el sistema y aumentar los beneficiarios, a cambio de retrasar la concesión de ayudas (listas de espera) y atenderlos peor. Y ese peor servicio lo sufren no sólo los dependientes y sus familias sino también el empleo del sector, que se ha estancado este año 2017 (201.000 empleos directos), cuando venía creciendo imparable desde 2009 (93.000 empleos), porque la ayuda a los dependientes es uno de los grandes nichos de empleo, presente y  futuro, al ser España un país envejecido. El CSIC estima que los dependientes (ancianos y discapacitados) se van a duplicar con creces, pasando de los 3 millones actuales a 7 millones en 2050.

El Gobierno y Ciudadanos pactaron que este año 2017 habría 100 millones más para la Dependencia, un aumento ridículo tras los recortes pasados (-2.865 millones entre 2012 y 2015). Pero el problema además es que ese mayor dinero podría no gastarse, como han denunciado los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y eso porque ese Presupuesto del Estado (1.220,28 millones en 2017) se destina a pagar a las autonomías un nivel mínimo por cada dependiente: 55,11 euros a los de Grado I, 85,71 euros a los de Grado II y 195,52 euros a los de Grado I, según el reciente decreto-Ley, que incluye los nuevos pagos de este año, todavía un 30% menores a los que se pagaban en 2011 (antes de los recortes de Rajoy). Pero luego, las autonomías tienen que aportar otra cantidad (mayor) para cada dependiente, para cubrir su propio nivel de atención. Y si no aportan esa cantidad, porque no tienen Presupuesto, no reciben el nivel mínimo que aporta el Estado. Luego “el dinero de Madrid” no llega (y se pierde) si no se concede la ayuda con dinero autonómico. De momento, este año, hasta junio, sólo se han gastado 587 millones del nivel mínimo del Estado y se podría acabar el año gastando 1.170 millones, 90 millones menos de los previstos en el Presupuesto, según los cálculos de los Directores y Gerentes de servicios sociales. Serían 90 millones, de los 100 extras, que no se gastarían en los dependientes.

Sería una vergüenza: que se mueran 100 ancianos cada día antes de recibir ayuda y que encima sobre dinero. La alternativa es subir el nivel mínimo que aporta el Estado, pagar a las autonomías más del doble que ahora por cada dependiente (104,40 euros al Grupo I, 195,09 el Grupo II y 418,86 al Grupo III, según la propuesta de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales), con lo que el esfuerzo del Estado en financiar a la Dependencia volvería a ser la mitad del gasto público en Dependencia (hoy es sólo el 20% y el otro 80% lo aportan las autonomías). Y así, las autonomías podrían conceder ayudas a más dependientes y reducir drásticamente las listas de espera, porque les costaría menos hacerlo. Claro que esa medida supone que el Estado se tendría que gastar unos 5.100 millones en suprimir las listas de espera, según estiman los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, unos 1.700 millones cada uno de los tres años que quedan de Legislatura. Y otros 1.000 millones más para recuperar el nivel acordado (que suprimió Rajoy en 2012) y hacer frente al mayor aumento futuro de dependientes, por el envejecimiento. Unos 2.700 millones más al año, no los míseros 100 millones más vendidos “a bombo y platillo” por Ciudadanos y el PP.

Es mucho dinero, pero al final, sería gastar unos 9.800 millones anuales en Dependencia, una factura mucho más asequible que los 125.000 millones que gastamos en pensiones, los 88.000 millones que gastamos en sanidad, los 50.000 en educación o los 23.800 millones que gastamos en desempleo. Y además de ser un gasto que “les debemos” a nuestros mayores, es un gasto “rentable”, porque una gran parte se recupera vía impuestos, cotizaciones y empleo creado en la Dependencia: se podrían crear 100.000 empleos más en unos años, en personal para atender a mayores y discapacitados.

Urge alcanzar un Pacto de Estado por la dependencia, que ya firmaron el 14 de diciembre pasado en el Congreso todos los grupos políticos, salvo el PP (y el PNV, por un tema de competencias). Blindar un sistema para financiarlo de forma estable a medio plazo, asegurando una mayor aportación del Estado para garantizar de verdad este derecho, “la cuarta pata” del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones y dependencia). Las “listas de espera” y los dependientes que mueren sin ayuda son una vergüenza. Acaben con ello de una vez.  Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros mayores.