Tenemos una sanidad cada vez más privada

Cada día, mil españoles contratan un seguro médico privado. Ya lo tienen 12,4 millones de personas, 1,8 millones más que antes de la pandemia. Y se contrata más en Madrid, Cataluña y Baleares, curiosamente 3 autonomías con la sanidad “deficiente”. Estos seguros médicos, que nos cuestan 10.711 millones, son “la gasolina” de la sanidad privada, que no deja de crecer: somos el 2º país UE (tras Portugal) donde tiene más peso, el 28,4% de todo el gasto sanitario. Su otra fuente de ingresos son los conciertos de la sanidad pública, que destina un 10,2% de su presupuesto a financiar pruebas y operaciones en la sanidad privada. Con todo ello, la privatización sanitaria no deja de crecer desde 2009, sobre todo en Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía, precisamente las autonomías con peor sanidad pública. Urge reducir las listas de espera, que alimentan los seguros privados. Mientras, el Gobierno propone una Ley para limitar la privatización de la sanidad, aunque la gestión está en manos de las autonomías.

                    Enrique Ortega

España es uno de los paises europeos que menos gasta en sanidad y donde el peso de la sanidad pública se reduce mientras aumenta año tras año el porcentaje de la sanidad privada. El gasto total en sanidad suponía en España el 10,7% de la riqueza (PIB), en 2021, por debajo del peso del gasto sanitario en la OCDE (10,9%), Francia (12,3%), Reino Unido (12,4%) o Alemania (12,9% de su PIB). Pero no sólo gastamos menos en sanidad, sino que gastamos aún menos (comparativamente) en la sanidad pública: un 7,7% del PIB, frente al 8,7% de media en la OCDE, el 10,4% en Francia, el 10,3% en Reino Unido y el 11,1% en Alemania (y el 7,1% en Italia). A cambio, somos el 2º país de la UE con más gasto sanitario privado: el 3,1% del PIB en 2021, tras Portugal (4,1% del PIB), frente al 2,3% en la OCDE, el 1,9% en Francia, el 2,1% en Reino Unido y el 1,9% en Alemania y el 2,3% en Italia.

A lo claro: gastamos mucho menos en la sanidad pública que la mayoría mientras somos casi líderes en el gasto en sanidad privada. De hecho, en 2021. España gastó 36.805 millones en la sanidad privada, un 28,4% de todo el gasto sanitario (129.615 millones), sólo superados por Portugal (36,8% de su gasto fue privado) y Suiza (30,8%) y muy alejados del peso del gasto sanitario privado en Italia (24,5%), Bélgica (22,4%), OCDE (17,1%), Reino Unido (17%), Francia (15,2%), Paises Bajos (15,1%), Dinamarca (14,8%), Alemania (14,5%) y Suecia (14,1%), según el informe 2024 de la Fundación IDIS (sanidad privada).

¿Qué incluye el gasto sanitario privado? Básicamente dos cosas. Una, el “dinero de bolsillo” que gastamos los españoles (27.215 millones en 2021) en atención sanitaria privada (dentista, oculista, fisioterapeutas…), en medicamentos no financiados y en el copago de las recetas (los trabajadores pagan entre el 40 y el 50%, los pensionistas el 10%, los más ricos el 60% y algunos nada). La otra, los seguros médicos que contratamos (9.091 millones pagados en primas en 2021). Y quedan otros 499 millones que gastan en sanidad instituciones benéficas.

El gasto sanitario privado se ha disparado porque han subido las consultas privadas y la gente cuida más su boca, sus ojos o su cuerpo, al margen de la sanidad pública. Pero el gran salto se ha dado en los seguros médicos privados, según la Fundación IDIS: en 2023 había ya 12.422.000 españoles cubiertos por un seguro médico privado, 360.000 más que en 2022 y 1.836.000 asegurados más que en 2019, antes de la pandemia. De ellos, 1.988.000 son empleados públicos (funcionarios de MUFACE, personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil integrados en ISFAS y personal judicial de MUGEJU), a los que la Administración les paga un seguro médico privado (porque el 78% de los funcionarios lo eligen frente a la sanidad pública). Y el resto, 10.681.200 españoles son personas que pagan cada mes un seguro médico privado (casi 2 millones más que en 2019).

Eso supone que uno de cada cuatro españoles tiene un seguro médico privado (25,9% de penetración media), aunque resulta mucho mayor en 3 autonomías: Madrid (el 38,7% de la población tiene seguro médico), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), según el informe IDIS. Curiosamente, son 3 autonomías que tienen una sanidad pública “deficiente”, según el informe 2023 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP), que valora la sanidad de cada autonomía” (Madrid ocupa el puesto 13º, Barcelona el 12º y Baleares el 10%). En el otro extremo, las autonomías con menos peso de los seguros médicos están Navarra (11,2% de la población los tiene), Cantabria (11,8%), Murcia (13,2%), Extremadura (13,2%) y Galicia (16,5%). Y Navarra es la autonomía con la mejor sanidad pública, según el ranking 2023 de la FADSP, Extremadura es la 3ª mejor, Galicia la 6ª y Cantabria la 9ª mejor (sólo Murcia rompe la tendencia, ocupando el puesto 16º, sólo por delante de Andalucía, el “farolillo rojo”).

Las primas que pagan los que tienen un seguro médico privado también se han disparado, hasta los 10.711 millones en 2023 (frente a 8.923 millones en 2019). Los seguros médicos llevan cinco años siendo los seguros que más crecen, por encima del seguro de hogar, del automóvil o los seguros de vida. El negocio está muy concentrado y las 3 primeras aseguradoras controlan más de la mitad del mercado: SegurCaixa Adeslas (3.244 millones en primas, el 28,6% de cuota), Sanitas (1.831 millones, el 16,9%) y Asisa (1.459 millones, el 12,9%). Les siguen DKV Seguros (7,5% cuota), Mapfre (6,8%), Axa (2,6%), IMQ (2%), Asistencia Médica Colegial (1,9%) y FIATC (1,8%). Estas 9 controlan el 80,4% de las primas.

Entre “el gasto de bolsillo” (sanidad, medicinas y copagos) y los seguros médicos, cada español paga 699 euros al año en sanidad privada (503 euros en gasto de bolsillo y 195 euros en seguros médicos), según el Informe IDIS 2024. Pero hay 8 autonomías donde los ciudadanos pagan mucho más. Por un lado, Cataluña (854 euros per cápita en gasto sanitario, 560 de bolsillo y 294 euros en seguros médicos), Madrid (851 euros por persona, 489 en gasto sanitario y 362 euros per cápita en seguros médicos, el pago más alto en España) y Baleares (803 euros de gasto privado per cápita, 491 en sanidad y copagos y 312 euros en seguros médicos, el 2º mayor pago), las tres autonomías con sanidad pública “deficiente”, según la FADSP. Les siguen La Rioja (748 euros: 594 en sanidad y 154 en seguros), Aragón (741: 550 y 191), Comunidad Valenciana (736: 575 y 161), País Vasco (715: 524 y 191) y Castilla y León (701 euros per cápita: 542 en sanidad y 195 en seguros).

La otra gran fuente de ingresos de la sanidad privada, junto a los “gastos de bolsillo” y los seguros médicos son los “conciertos” que les paga la sanidad pública, para que atiendan y operen en hospitales privados a pacientes de la sanidad pública o en pago por la gestión privada de hospitales públicos. Estos conciertos se han disparado en la última década, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PP, y en 2022 supusieron 9.521 millones de ingresos extras para la sanidad privada (que se llevó el 10,2% del Presupuesto sanitario público). El 63% de los hospitales privados tienen algún tipo de concierto y hay 8 hospitales públicos de gestión privada (4 en Madrid, 3 en la Comunidad Valenciana y 1 en la Rioja). El peso de los conciertos es mayor en Cataluña (el sector privado sanitario se lleva 3.299 millones, el 22,7% del gasto sanitario público, porque hay 98 hospitales privados de utilización pública), en Madrid (1.377 millones, el 12,4% del presupuesto público en sanidad) y en Canarias (296 millones, el 7,2% del presupuesto sanitario público allí), precisamente tres autonomías con la sanidad “deficiente” (Madrid y Cataluña) o “peor” (Canarias), según el ranking de la FADSP. Otras tienen un menor porcentaje de conciertos (6,5% Navarra, 6,1% Baleares y 6% en Asturias y País Vasco, siendo menor lo que ingresan el resto.

El “gasto de bolsillo”, los seguros médicos y los conciertos son las tres fuentes de ingresos de la sanidad privada y los tres motores que la han impulsado, hasta suponer casi el 40% del gasto sanitario total (28,4% más 10,2% los conciertos). Gracias a esta “gasolina”, la sanidad privada cuenta con 438 hospitales (el 57% del total) y 50.574 camas (el 32% del total), donde trabajan 300.226 profesionales (69.052 médicos). Una sanidad privada que ya gestiona el 29% de las altas, el 31,2% de las estancias hospitalarias, el 29,7% de las consultas, el 31% de las urgencias y el 41,3% de las intervenciones quirúrgicas, un trabajo creciente apoyado por la derivación de pacientes, consultas (6,3%), urgencias (el 5,8%) e intervenciones (el 8,7%) desde la sanidad pública. Eso sí, según diversos estudios, la sanidad privada absorbe los casos menos complejos y las estancias e intervenciones más cortas y menos costosas.

La sanidad privada está cada vez más concentrada y en manos de inversores extranjeros, con 13 Grupos sanitarios que concentran el 47% de los hospitales y el 55% de las camas privadas, según el informe IDIS. Encabeza el ranking, el grupo Quirón Salud (propiedad del grupo alemán Fresenius), con 45 hospitales y 6.139 camas, seguido de los Hermanos de San Juan de Dios (29 hospitales y 6.110 camas), HM Hospitales (propiedad familia Abarca Cidón), con 21 hospitales y 1883 camas, el grupo Vithas (80% familia Gallardo y 20% Criteria Caixa), con 20 hospitales y 2.189 camas, el grupo HLA (de Asisa), con 16 hospitales y 1.310 camas, el grupo Viamer (propiedad del fondo australiano MAM), con 14 hospitales y 946 camas, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, con 13 hospitales y 3.326 camas, el grupo Hestia Alliance (propiedad del gigante alemán Median Kliniken), con 10 hospitales y 1.932 camas, el grupo Ribera Salud (vendido al Fondo francés Vivalto Partners), con 10 hospitales y 1.112 camas, el grupo vallisoletano Recoletas, con 7 hospitales y 830 camas y el grupo canario Hospiten, con 7 hospitales y 1.219 camas, agrupando el resto de hospitales independientes 15.200 camas privadas.

El negocio de los hospitales privados facturó 12.400 millones de euros en 2022, que obtuvieron de las aseguradoras (6.865 millones, un 55,3% más que en 2021), de los conciertos con la sanidad pública (4.325 millones, +34,88%) y de su actividad sanitaria puramente privada (1.210 millones), según la Fundación IDIS. Más de un tercio del negocio total (4.441 millones) lo facturó el gigante del sector, el grupo Quirón, seguido muy lejos de Vithas (699 millones), Ribera Salud (585 millones), grupo HLA (576 millones), HM hospitales (575 millones), Hospitales Católicos de Madrid (410 millones), Hospiten (360 millones), Sanitas (350 millones), Clínica Universitaria de Navarra (300) y grupo IMED (hospitales Levante), 180 millones.

La sanidad privada crece, pero a costa de la sanidad pública, que pierde peso desde 2009 y sobre todo desde 2022, según un reciente estudio de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que destaca el fuerte aumento del “gasto de bolsillo” en España (21% del gasto total, frente al 18% en la OCDE) y los conciertos, crecientes en las autonomías gobernadas por el PP y nacionalistas, sobre todo durante los años de recortes. El estudio analiza 10 variables del avance de la privatización sanitaria por autonomías, desde el gasto en seguros privados a los conciertos y las derivaciones de pacientes, los modelos de colaboración público-privada y la dedicación exclusiva entre los sanitarios. Y analizando estas variables, distinguen 3 grupos de autonomías, con más y menos privatización sanitaria.

El primer grupo lo integran las 4 autonomías con mayor grado de privatización de la sanidad: Madrid (28 puntos), Baleares (27 puntos), Cataluña (26) y Andalucía (25), cuatro regiones que tienen una sanidad “deficiente” (Madrid, Baleares y Cataluña) o “pobre” (Andalucía, la autonomía con la peor sanidad pública, según el ranking de la FADSP). En el 2º grupo, con un grado “intermedio” de privatización están Aragón y Comunidad Valenciana (24 puntos), Asturias y Canarias (23), Murcia (22), Castilla y León (21), Cantabria y Galicia (20 puntos), País Vasco y la Rioja (19 puntos). Y en el tercer grupo, con el menor grado de privatización sanitaria, están Castilla la Mancha (18 puntos), Extremadura y Navarra (16 puntos), las dos autonomías con la sanidad menos privatizada y, curiosamente, dos de las autonomías con mejor sanidad pública (Navarra la nº1 y Extremadura la 3ª).

Los expertos dela FADSP critican la creciente privatización de la sanidad porque incrementa costes y "mercantiliza" un derecho fundamental de las personas. Pero creen que no puede reducirse esta elevada privatización mientras no se resuelva el grave problema de las listas de espera (849.535 españoles en lista de espera quirúrgica y 3.917.485 en espera de una primera consulta) , que explican el auge de los seguros médicos y de los conciertos con la privada. Y denuncian que “no se está haciendo nada” para reducirlas, ni desde Sanidad ni desde las autonomías, por lo que piden reforzar los medios y personal de la sanidad pública. Y en paralelo, piden unas políticas públicas que refuercen la sanidad pública y frenen el ascenso de la privada.

Precisamente, el lunes pasado, la ministra de Sanidad inició la consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que decayó en la pasada Legislatura por el adelanto electoral. La Ley pretende, según el Gobierno, “asegurar la gestión pública de los servicios sanitarios y cerrar el paso a las empresas privadas con ánimo de lucro”, sustituyendo a la Ley 15/1997 aprobada por Aznar, que “ha deteriorado la sanidad”, según la ministra Mónica García. La futura Ley, sometida a consulta, pretende limitar la gestión privada de la sanidad, mejorar la auditoría y transparencia de los modelos de gestión privada existentes, facilitar la reversión de servicios ahora privatizados y fijar nuevos criterios para la gestión futura del sistema sanitario público. El proyecto ya ha despertado recelos en la sanidad privada, pero tiene un problema de partida: por mucho que se cambie la Ley, el día a día de la gestión sanitaria lo controlan las autonomías, 11 en manos del PP (y VOX). Y no parece que quieran dar marcha atrás en la privatización que han alentado estos años.

En cualquier caso, algo habrá que hacer, porque la sanidad es “la 2ª mayor preocupación de los españoles” (tras la economía y el empleo), según el CIS. Y no parece lógico que sigamos afrontando los problemas de atención y listas de espera a golpe de seguros privados y más conciertos con la privada. Una cosa es que la sanidad privada cubra vacíos y complemente la oferta y otra que cope el 40% del gasto sanitario y deje fuera a los que no puedan pagarlo. Urge reforzar la sanidad pública y no hundirla para que crezca la privada.

Récord histórico de bajas laborales

El dato es impactante: más de un millón de españoles (1,1) no van cada día a su trabajo por enfermedad (ILT), según los datos oficiales de bajas laborales, que en 2023 alcanzaron un récord histórico. De cada 1.000 trabajadores, más de 400 cogieron una baja laboral el año pasado, lo que duplica el absentismo de 2012. Y coloca a España como el 2º país europeo con más ocupados que se ausentan del trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT), por detrás de Francia e igualados con Portugal. Pero aunque se pierden 396 millones de horas de trabajo, la mitad de estas bajas son por menos de 3 días y no las pagan las empresas ni la Seguridad Social. Mientras la patronal habla de grave aumento del absentismo, sindicatos y expertos lo achacan a las listas de espera en la sanidad y a la poca agilidad en los expedientes de ILT. Ahora, el Gobierno prepara una norma para que muchas bajas las controlen y agilicen las Mutuas laborales.

                    Enrique Ortega

Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empezó a superar la crisis financiera de 2008. En 2012, en lo peor de la crisis, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo por incapacidad laboral temporal, por ILT) había bajado al 2%, desde el 2,8% de 2007. Y a partir de 2014 sube, hasta una tasa del 2,7% en 2019. La pandemia de 2020 y 2021 trastoca las cifras (de un 4,3% de absentismo en junio de 2020 al 4,9% en marzo de 2021) y las mantiene en un 4,1% de absentismo en 2022 y 2023, según los datos oficiales, un máximo histórico. Y este alto nivel de absentismo casi duplica el de Europa (2,5% de ocupados se ausentaron de su trabajo por enfermedad), según Eurostat (2022), siendo España el 2º país europeo con más absentismo, tras Francia (4,6%) e igualado a Portugal (4,1%), lejos del absentismo de Italia (1,3%), Paises Bajos (1,6%), Alemania (2,4%), Austria, Finlandia o Suecia (2,9%) y Bélgica (3,6%).

El absentismo laboral en España presenta 3 rasgos preocupantes sobre el resto de Europa, según un reciente estudio del Instituto valenciano Ivie y la Mutua Umivale Activa : la intensidad del fenómeno y el gasto asociado, su rápido crecimiento en los últimos 16 años y que se produce en todas las autonomías, aunque más en el norte que en el sur. En cuanto a la intensidad, España es el 4º país europeo que más gasta en prestaciones por incapacidad laboral temporal (ILT) con relación al PIB, un 1,4% en 2022, unos 18.850 millones de euros), sólo por detrás de Paises Bajos y Alemania (gastan el 2% del PIB) y Suecia (1,5%), muy por encima de la media UE-27 (el gasto en ILT supone el 1,2% del PIB), del coste en Francia (0,8%), Portugal (0,6%) o Italia (0,5%).

Por autonomías, todas tienen en 2023 tasas de absentismo superiores a las de 2007 y a las de la mayoría de paises europeos, destacando el alto absentismo en el norte de España, sobre todo en el País Vasco (5,8% de la población ocupada, frente al 4,1% de España y el 2,5% de Europa), Galicia (5,5%), Asturias y Cantabria (5.1% cada una), seguidas de Canarias (4,9%), Murcia (4,7%), Castilla y León (4,5%), Navarra (4,3%), Extremadura (4,2%) y Melilla (4,1%). El resto de autonomías tienen un absentismo inferior a la media, tanto Ceuta Y Comunidad Valenciana (4&), la Rioja y Cataluña (3,9%), Castilla la Mancha (3,7%), Aragón (3,4%), Baleares (3,3%) y Madrid (3,2%), la región con menos absentismo de España.

Hay dos formas de medir el absentismo, la ausencia al trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT). Una es la baja por contingencias comunes, una baja que se solicita por enfermedad común (una gripe) o accidente fuera del trabajo (una rotura de un brazo). Esta baja surte efecto al 4º día de solicitarse y el trabajador cobra el 60% de la base reguladora del día 4 al 21º (la empresa paga del 4ºal 20º) y un 75% después (cuando la paga la Seguridad Social. Estas bajas son la mayoría (el 91% del total) y las gestionan la Seguridad Social y las Mutuas. La otra baja es por contingencias profesionales, causadas por el desempeño de la actividad profesional, por una enfermedad profesional o accidente de trabajo. Estas bajas surten efecto desde el primer día y el trabajador cobra el 75% de la base reguladora desde el día siguiente. Estas bajas supusieron el 9% del total en 2023 y son mayoritariamente gestionadas por las Mutuas.

El ”problema” del actual absentismo laboral se da ahora en el primer grupo de bajas, las bajas por contingencias comunes, que supusieron 414 bajas por cada 1.000 ocupados en las gestionadas por la Seguridad Social (409 en el caso de las Mutuas), cuando en 2008 eran 350 (y 340 en el caso de las Mutuas). En Cataluña, esas bajas llegan a 669 por cada 1.000 ocupados (SS), en Navarra a 657, en Baleares 473, en el País Vasco 459 y en Madrid 399, mientras sólo son 237 en Extremadura, 334 en Asturias y 340 en Galicia, según los datos de la Seguridad Social en 2023, aportados por Ivie. Sin embargo, las bajas por contingencias profesionales sólo fueron de 41,6 por 1000 ocupados (Mutuas) o 55,6 por cada 1000 (bajas gestionadas por la SS, unas bajas que apenas han crecido desde 2008.

Al final, se suman los dos tipos de bajas y aparece el dato de 450,6 bajas laborales (ILT) por cada 1.000 ocupados (en las gestionadas por las Mutuas) o 473,6 bajas totales en el caso de las gestionadas por la Seguridad Social. Eso significa una media de 20 días de ausencia por trabajador al año, sólo por enfermedad (no por otras causas personales). Y eso se traduce, según los expertos, en que 1,1 millones de trabajadores no fueron ningún día a trabajar en 2023 por incapacidad temporal (ILT) . Y también significa que en España se perdieron más de 396 millones de jornadas laborales por ILT en 2023, un 62% más de las horas perdidas por enfermedad o accidente en 2018.

La duración media de las bajas por contingencias comunes (el 91% de todas las bajas) osciló en 2023 entre los 38,2 días (en las gestionadas por la SS) y los 31,9 días (Mutuas), o sea, más de un mes, aunque lo positivo es que esta duración ha bajado (de 41 días de media en 2018-19 a 34,4 días en 2023), según la Seguridad Social, siendo las bajas que gestionan las Mutuas las que más han reducido la duración (un -20%).

Al final, el coste de estas bajas para las empresas y la Seguridad Social es menor de lo que podría pensarse porque más de la mitad de las bajas no se pagan, por su corta duración, según los datos de la Seguridad Social. Así, en todo 2023 se iniciaron 6.334.995 procesos de bajas laborales (ILT), de los que sólo 2.351.221 procesos fueron indemnizados (por las empresas o la SS), un 37,11%). Y al final del año, habían finalizado 6.253.629 procesos de los iniciados, de los que 2.591.506 fueron indemnizados, sólo el 41,44% de los expedientes de ILT finalizados, con un coste total de 10.108 millones de euros, según la última estadística de la Seguridad Social. Eso quiere decir que la mayoría de bajas  (58,56%) no se pagaron al trabajador, básicamente porque fueron inferiores a 3 días o porque no se justificaron adecuadamente. El problema está en esos 81.366 expedientes de baja abiertos en 2023 y no finalizados: son las bajas más complejas, de mayor duración (180 días los procesos en vigor) y los más costosos.

¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España? Para muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que ha aumentado las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar por un médico de familia para dar las altas).

También hay otros factores que explican el aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la población ocupada (hay 4,2 millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro (11,76% frente al 26,94% en 2013), con lo que hay “menos miedo a perder el empleo y, sobre todo, una “distinta actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios laborales.

Al final, el elevado absentismo laboral daña la productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores, que cobran mucho menos mientras están de baja o no cobran nada. Por eso, el absentismo preocupa no sólo a los empresarios (que llevan años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que se ha traducido en que ambas partes hayan dedicado un capítulo (el VII) a abordar el absentismo en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de 2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortan al estudio de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y están de acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y además, piden más medios para reducir las listas de espera de la sanidad pública y medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los procesos de bajas.

En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el Gobierno anunció en febrero que aprobará próximamente una medida para agilizar y reducir las bajas laborales: que las Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen las bajas laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran 8 de cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondrá que los médicos de familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el proceso de recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los médicos del SNS, los únicos que podrán darlas. No se trata de “privatizar” el proceso, que estará siempre supervisado por entidades públicas y sujeto al consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor parte de esta tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están superados con el seguimiento de las bajas.

En paralelo, otra medida que estudia el Gobierno (la Seguridad Social) es reformar los criterios para autorizar jubilaciones anticipadas a trabajadores que lleven meses o años con bajas persistentes, que en realidad justifican flexibilizar los procedimientos para que puedan optar a una jubilación anticipada con coeficientes reductores.

En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los propios afectados, sus empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a los trabajadores de “escaquearse” y pedir una baja injustificada para no trabajar (como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar con datos y rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas y qué se puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica al trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas” y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral, fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo, hay que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar no sea un tormento. Así también habrá menos absentismo.

Competencia vigila los seguros médicos

Las listas de espera en la sanidad pública siguen disparadas y eso alimenta la contratación de seguros médicos privados: son los seguros más contratados y han crecido otro 7,5% este año. Las aseguradoras se aprovechan, con subidas de tarifas reiteradas: +34,8% en 6 años. El problema es que, con 12,5 millones de asegurados, los seguros médicos privados se han masificado y hay también listas de espera. Mi caso: 10 meses de demora para el dermatólogo en la sanidad pública y 3 meses en el seguro privado. Además, muchos médicos se quejan de que las aseguradoras apenas les pagan por consulta, aparte de presionarles para que reduzcan tiempos y pidan menos pruebas. Por ello, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta a médicos, pacientes y aseguradoras, para investigar los seguros médicos. Temen que haya concentración (5 aseguradoras controlan el 71,7% de las pólizas) y algunas tienen también hospitales (son juez y parte…). Y hay asegurados con problemas médicos que no pueden cambiarse, sobre todo mayores. Falta transparencia. 

Enrique Ortega

En España hay un desequilibrio creciente entre la sanidad pública, que va a menos, y la sanidad privada, que va a más. En 2020, el gasto público en sanidad era de 82.094 millones (+2.285 millones que en 2010, +2,8%), el 7,9% del PIB, muy por debajo de la media de gasto sanitario público de la OCDE (10,8% del PIB) y de Alemania (12,8%), Francia (12,2%), Reino Unido (12%), Suecia o Austria (11,5%), Paises Bajos y Bélgica (11,5%), Portugal (10,6%) o  Italia (9,6% del PIB). Mientras estamos a la cola de gasto público en sanidad, España es el 4º país occidental con más gasto privado en sanidad: 32.140 millones de gasto en 2022 (+2.442 millones que en 2010, +2,8%), el 2,9% del PIB, muy por encima de la media de gasto sanitario privado en la OCDE (2,3% del PIB), sólo por detrás del gasto en Portugal (35,5% del PIB), Suiza (30,1%) y Polonia (22,7%), y muy por encima del gasto sanitario privado en Alemania y Francia (1,9% del PIB), Reino Unido (2,9%) e Italia (2,3% del PIB), según los últimos datos de la OCDE.

En realidad, el gasto privado en sanidad es mayor, porque una parte del gasto público del Sistema Nacional de Salud (SNS) acaba en la sanidad privada, en forma de pago de conciertos para que los hospitales privados atiendan a pacientes de la pública. En 2020, esos conciertos desviaron 8.582 millones de fondos públicos a la sanidad privada, con lo que el gasto sanitario privado real fue de 40.727 millones de euros, frente a 79.476 millones de gasto sanitario público real. A lo claro: que un tercio del gasto sanitario que se hace en España (seguros médicos y pago de consultas) se lo lleva la sanidad privada. Hace una década, en 2010, el gasto sanitario privado rondaba los 27.000 millones de euros, el 25,6% del gasto sanitario total. Así que la sanidad privada ha pasado de ser la cuarta parte a un tercio, lo que demuestra la progresiva privatización de la sanidad en España.

El motor de este crecimiento de la sanidad privada somos los pacientes, que cada vez gastamos más en seguros médicos y en el pago de servicios médicos privados, en clínicas y hospitales. Y sobre todo, después de la pandemia. Así, en 2022, el gasto médico privado fue de 671 euros por español (601 euros pagábamos en 2010), frente a 2.022 euros de gasto público por habitante (1.595 en 2019), según el último informe de la Fundación Idis (sanidad privada). La mayor parte de este gasto sanitario privado (497 euros en 2022) lo hacemos al ir a clínicas o médicos privados y pagar directamente el servicio, pero otra parte, 174 euros por habitante en 2022, se destina a pagar un seguro médico privado (148 euros pagábamos de media en 2019). Y hay enormes diferencias en este pago de un seguro privado según autonomías: en Madrid pagamos de media 599 euros anuales por habitante, en Baleares 293 euros, en Cataluña 270 euros, en el País Vasco 196 euros y en Aragón 178 euros, mientras rondan los 100 euros anuales por habitante el gasto en seguros médicos en Navarra (96), Cantabria (101) y Murcia (102 euros por habitante).

Este gasto de los españoles en seguros médicos se ha disparado en la última década, alentado por el deterioro de la sanidad pública y las listas de espera, que no paran de crecer: en diciembre de 2022, había 793.521 españoles esperando una operación (120 días de espera media y la quinta parte más de 6 meses) y una espera media para ir al especialista de 95 días (más de la mitad de los 85 por 1.000 habitantes que esperan cita se encuentran con una demora de más de 3 meses). Esta abultada lista de espera en la sanidad pública ha disparado los seguros médicos privados, que llevan años siendo los que más crecen (más que el automóvil y el seguro de hogar): en 2022 se pagaron primas de seguros médicos por 10.543 millones de euros (+43% sobre 2015) y este primer trimestre de 2023 ya se han pagado seguros médicos por 2.944 millones (+7,5%), otro récord. Y se estima que 12,5 millones de españoles tienen un seguro médico privado, el 26% de la población. Un porcentaje que es mayor en Madrid (37,7%), Cataluña (31,2%) y Baleares (30,3%), según los datos de la patronal UNESPA.

La fuerte demanda de seguros médicos ha disparado sus precios, aunque junto al coste medio de los seguros en vigor se vendan seguros médicos “low cost”, “desde 9 euros al mes”. Sólo este año, de enero a mayo, los seguros médicos han subido un +8,4%, según el INE, casi el triple que la inflación general (+3,2% en mayo). Y si buscamos la subida de los 5 años anteriores (+26,4%), concluiremos que los seguros médicos han subido un +34,8% entre 2018 y 2023, el doble que la inflación global (+16,9% estos 6 años) y casi el triple de lo que han subido los salarios estos años (+13,29%). Y la tendencia es que sigan subiendo más que la inflación, por la fuerte demanda y los costes crecientes de la atención médica.

Dividiendo las primas que pagan por los seguros médicos esos 12,5 millones de asegurados, sale un coste medio de 880 euros anuales por asegurado, unos 75 euros mensuales por persona. El” truco”, como en otros seguros, es una “guerra de precios” para captar nuevos clientes, ofreciendo pólizas muy baratas (unos 20 euros al mes), con bajas coberturas, muchos copagos y basadas en “la atención online”. Incluso se utilizan las redes sociales y plataformas digitales para vender seguros médicos “low cost”. Pero luego, esos seguros suben y los asegurados buscan mayores coberturas, con lo que acaban pagando mucho más. Una familia media está pagando ya entre 150 y 200 euros mensuales, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son  los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo.

La masificación de los seguros médicos privados (hay 1,5 millones más que antes de la pandemia) está provocando problemas a los asegurados: se ha deteriorado la atención y hay más listas de espera para ir a un médico y hospital privado. Mi caso: la sanidad pública me ha dado cita dentro de 10 meses para la consulta de un dermatólogo y mi seguro privado me da 3 meses… Los sindicatos del sector denuncian demoras de 3 meses para un dermatólogo, mes y medio para una resonancia, dos meses para traumatología y un mes para el pediatra o la revisión ginecológica… Y eso pagando un costoso seguro mensual. El mayor colapso se da en Madrid (hay 2,5 millones de asegurados), Barcelona y Baleares, pero también en ciudades más pequeñas y en algunas especialidades.

En paralelo, los médicos que trabajan para las aseguradoras y hospitales privados se quejan de que tienen demasiados pacientes y que en algunos casos les han pedido acelerar el tiempo de consulta (“no más de 10 minutos”), como en la pública. Y “pedir menos pruebas”, para abaratar costes. Pero las mayores quejas de los médicos son que las aseguradoras les pagan poco por atender a esos pacientes privados. Ya hay una plataforma de médicos, Unipromel, que defiende subir las tarifas, porque son las mismas que hace 30 años. Aseguran que están cobrando entre 7 y 12 euros por consulta y 229 euros por una operación de apéndice, por ejemplo. Y que en el caso de médicos autónomos, que trabajan en hospitales, tienen que pagarles un 30% de comisión por usar sus instalaciones. En general, se quejan de que son miles de médicos sin capacidad de negociación, a los que las aseguradoras les imponen sus tarifas y condiciones, sin repercutirles la subida de los seguros.

En medio de este panorama, la Comisión de la Competencia (CNMC) abrió el 24 de marzo una “consulta” sobre los seguros médicos privados, para que les mandaran opiniones médicos, pacientes y aseguradoras. Al cerrarse el plazo de recepción de opiniones, el 26 de mayo, la CNMC se vio sorprendida por una avalancha de respuestas (690), la mayoría críticas, sobre todo de médicos y pacientes. Ahora, la Comisión está investigando estas quejas y emitirá un informe, con medidas y propuestas, para finales de 2024.

La Comisión de la Competencia (CNMC) está preocupada por 3 prácticas que han observado en los seguros médicos. La primera un exceso de concentración en el sector: las 5 mayores aseguradoras copan el 71,7% del mercado, según los datos de 2022. Son SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), con el 28,9% del mercado (3.054 millones de primas) , Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), con el 15,4% (1.633 millones), Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), con el 13,3% de cuota (1.403 millones), DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV), con otro 7,3% (775 millones) y Mapfre (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz),con el 6,8% restante (714 millones). Y si añadimos las 5 siguientes, la sociedad vasca IMQ (2,5%, tras comprar un 50% Adeslas en 2022), la aseguradora Axa (2,4%), Asistencia Médica Colegial (2%), FIATC (1,7%) y Caser (1,6%), el Top 10 de las aseguradoras acapara el 81,9% de los seguros médicos privados en España. Una fuerza tremenda para imponer precios a los asegurados, a los médicos y a los hospitales privados.

La 2ª preocupación de la CNMC sobre este sector es la creciente integración entre aseguradoras y hospitales privados: cada vez hay más participaciones cruzadas y eso puede provocar que la atención médica se rija por criterios comerciales en lugar de sanitarios si los dueños de los hospitales (y los jefes de los médicos) son las aseguradoras. Es el caso de Sanitas, que cuenta con 4 hospitales propios (3 en Madrid y uno en Barcelona) más 20 Centros multiespecialidad, además de los 240 hospitales concertados. Y Asisa es dueña de los 17 hospitales HLA, con casi 10.000 médicos, 36 Centros médicos especializados y Asisa dental. También DKV tiene 22 espacios de salud propios, además de los 1.000 centros concertados. Y Adeslas cuenta con 27 Centros propios, además de 1.300 Centros y 216 hospitales concertados. Aseguradoras que son “juez y parte” en esta atención sanitaria.

La 3ª preocupación de la CNMC son los “pacientes prisioneros de sus aseguradoras”. El origen del problema es que se disparan las primas si alguien tiene una enfermedad previa a contratar un seguro. Pero si la enfermedad llega después, la aseguradora no le puede subir la prima por ello. Pero el paciente está “prisionero”, porque si quisiera cambiar de aseguradora, tendría problemas para hacerlo (si tiene problemas con una rodilla, por ejemplo, eso se excluye del futuro seguro) o le subiría mucho más el seguro. Así que, a partir de una determinada edad y los consiguientes achaques, uno es “prisionero” de su seguro médico.

Todo esto es lo que ahora investiga la CNMC, con los testimonios de asegurados, médicos, aseguradoras y hospitales, aunque cualquier medida o denuncia no será realidad hasta 2025. Mientras, la sanidad pública sigue con sus problemas y no parece que mejorar su atención sea una prioridad de los nuevos gobiernos autonómicos. Mientras, crecen las listas de espera en la sanidad pública, lo que ya empieza a preocupar a la sanidad privada: “estamos sufriendo masificación en algunos hospitales y especialidades·, ha reconocido Juan Abarca, presidente del IDIS (sanidad privada), que ha pedido “tomar medidas para que la sanidad pública funcione de forma eficiente”. A lo claro: que se mejore la sanidad pública, porque la situación actual les perjudica, al colapsar la sanidad privada.

En resumen, que los problemas no resueltos en la sanidad pública están empezando a contagiar a la sanidad privada y muchos asegurados se quejan de las listas de espera y el deterioro en la medicina privada que les cuesta mucho dinero cada mes. Urge tomar medidas y que el próximo Gobierno pacte un Plan de choque para reducir las listas de espera en la sanidad pública, reforzando la atención primaria y  las especialidades con más demora, junto a mejoras de las urgencias y los hospitales. Hasta la sanidad privada pide un Pacto para mejorar la sanidad pública, porque complica su negocio. Todo va a depender de los resultados electorales del 23 de julio, aunque no debería ser así: la sanidad es la prioridad para la mayoría y no puede seguir siendo un problema, con o sin seguro privado. Hagan algo.

Sanidad, la 3ª preocupación de los españoles

El empeoramiento de la atención sanitaria se ha convertido, en noviembre, en la 3ª preocupación de los españoles, según el CIS, cuando hace un año era la 4ª y en 2019 (antes de la pandemia) era la 5ª preocupación ciudadana. A los españoles les preocupa el retraso en las consultas de atención primaria, las listas de espera para el especialista y operarse y el atasco en las urgencias, lo que lleva a 11,5 millones a pagarse un seguro privado. Madrid, la autonomía que menos gasta en sanidad, es donde han saltado las protestas de los médicos, pero hay convocadas movilizaciones para enero en media España. Piden más gasto en sanidad (sobre todo en atención primaria), más médicos (+ 8.000) y enfermeras (+15.000) y una reorganización del trabajo, con mejores sueldos y horarios, dedicando más tiempo para los pacientes. Las autonomías tendrán en 2023 más transferencias del Estado que nunca, pero subirán su gasto sanitario (el 93% del total) menos que la inflación. Así no mejorará.

Enrique Ortega

La pandemia ha dejado muy “tocada” a la sanidad pública española, tras salvar muchas vidas y la economía. Ahora, tras superarse lo peor del COVID, aparecen los puntos débiles de una sanidad pública que, con todo, es de las mejores del mundo: colapso en muchos centros de atención primaria, falta de médicos y enfermeras, largas listas de espera para ir al especialista y operarse, atascos en urgencias y falta de medios para el seguimiento de pacientes graves, crónicos o depresivos, más escasa detección y prevención. Por todo ello, la sanidad  era ya, en noviembre,  la 3ª mayor preocupación de los españoles, según el CIS: la citan el 26,6% de los encuestados, sólo por detrás de la crisis económica (la 1ª preocupación para el 34,1% de los españoles) y el paro (la 2ª, para el 31,4%). A lo largo de 2021, la sanidad era la 4ª mayor preocupación (tras el paro, la crisis y el COVID), en 2020 era la 6ª (tras la crisis, el COVID, el paro, la política y los políticos). Y antes de la pandemia, en 2019, la sanidad era la 5ª mayor preocupación (del 17,2% de españoles), por detrás del paro (57,4%), la política y los políticos (49,5%), los problemas económicos (30,5%) y la corrupción (preocupaba al 20,7%), según los distintos Barómetros del CIS.

¿Cómo valoran los españoles la sanidad pública? Le dan un aprobado, pero más bajo que antes de la pandemia: la nota media ha bajado de 6,77 puntos en 2019 a 6,29 en junio pasado y 6,04 puntos en noviembre, según el último Barómetro elaborado por Sanidad y el CIS a partir de 7.800 entrevistas. La atención primaria obtiene 6,1 puntos, menos las urgencias de primaria (6,09) y las de los hospitales (6,01), recibiendo la peor nota los especialistas (5,90) y la mejor los servicios 061 y 112 (7,28 puntos) y la atención en los hospitales (7.08 puntos). Lo preocupante es que sólo la mitad de los encuestados (50,5%) valoran “positivamente” la sanidad pública (11,1% la ven bastante bien y el 39,4% bien), frente al 74,4% que lo hacían en 2019. Un 31,9% la ven “regular” y creen que “necesita cambios fundamentales” (sólo 21,4% en 2019), mientras otro 16,8% de españoles creen que la sanidad “funciona mal y necesita cambios profundos” (frente a sólo el 3,7% en 2019).

Otra Encuesta reciente, encargada en septiembre por el sindicato de enfermería SATSE, revela que el 48% de los españoles consideran que la sanidad pública “ha empeorado desde la pandemia”, dándole un aprobado raspado (5,2 puntos sobre 10). Y el 82% considera que “no tiene financiación suficiente”, culpando un 86% a los políticos de no cumplir las 250 medidas de mejora que aprobaron en el Congreso en 2020 (en pleno confinamiento). Lo que más les preocupa de la sanidad pública son las listas de espera (al 70,5%), la falta de profesionales (59%), la saturación de los Centros de Salud (al 54%), el escaso tiempo de atención (al 36%), el cierre de unidades y servicios (al 32,5%) y la atención no presencial (al 25%, sobre todo valoran negativamente la atención telefónica).

Las listas de espera, la principal preocupación de los españoles, señalan “el talón de Aquiles” de la sanidad pública, en beneficio de la sanidad privada (que pagan ya 11,5 millones de españoles). Lo que más chirría es el retraso “en la atención de primera línea”, en los Centros de Salud, para ver al médico de familia o al pediatra: dos tercios de los pacientes (el 67,5) no se atienden en el día y de ellos, al 44,1% les dan cita entre 2 y 6 días después y  a más de la mitad (54,5%) les citan en su ambulatorio para dentro de 7 días o más, según el Barómetro Sanitario de noviembre 2022.  Al final, el tiempo medio de espera en atención primaria es de 8,88 días, cuando en 2021 eran 5,8 días. Y además, cuando los pacientes consiguen cita, al 27,7% les hacen esperar más de una hora.

Si es complicado conseguir que nos vea el médico o pediatra del ambulatorio, aún es más difícil conseguir cita con un especialista: han aumentado los pacientes en espera por 1.000 habitantes (de 61,84 en 2019 a 77, 23 en diciembre 2021 y 79,30 en junio 2022), con una demora media que ha bajado a 79 días (89 días en 2021 y 88 en 2019), aunque la mitad esperan más de 60 días. La mayor demora se da en Andalucía (107 días media), Canarias (101), Aragón (95), Navarra (87) y Cataluña (82), siendo más baja en Melilla (22), País Vasco (29), Ceuta y Rioja (32) y Madrid (51 días), según los últimos datos de Sanidad. En cuanto a la espera para operarse, eran ya 742.518 españoles en lista de espera quirúrgica en junio de 2022 (81.356 más que un año antes y 71.24 más que antes de la pandemia). Eso sí, la espera media ha bajado a 113 días (desde los 123 días de diciembre de 2021 y los 121 de 2019), aunque el 17,6% de los que esperan para operarse lo hacen más de 6 meses. La mayor demora se da en Aragón y Cataluña (151 días), Canarias (144 días), Extremadura (139), Cantabria (132) y Castilla y León (129 días), siendo menor la espera para operarse en Melilla (39 días), País Vasco (64), Madrid (65), Navarra (72) y Galicia (75 días).

El detonante de las últimas protestas de los sanitarios ha sido la atención primaria, con huelgas en Madrid, Cantabria y Canarias, aunque ya se han anunciado más movilizaciones, para enero y febrero, en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Andalucía, Navarra, Extremadura y Galicia. En casi toda España, los médicos y enfermeras han dicho ¡Basta¡ , motivados por la falta de profesionales y la inasumible carga asistencial , que les obliga a atender a más de 50 pacientes diarios, doblar turnos y multiplicar guardias, con unos contratos muy precarios (un tercio de los médicos son temporales y el 60% en Canarias, según CCOO) y bajos salarios (desde 1.200 euros mensuales al principio a unos 51.000 euros anuales de media, frente a 88.000 en Francia, 125.000 en Reino Unido o 165.000 en Alemania).

El primer problema de la atención primaria en España es que es “la pariente pobre de la Sanidad”, se lleva la menor parte del gasto sanitario, a pesar de ser “la 1ª línea de atención”, donde acaban la mayoría de personas varias veces al año: se lleva el 13,9% del Presupuesto total en Sanidad, muy por debajo del 25% del gasto que recomienda la OMS. Y a la cola de este gasto se sitúa Madrid (10,7% del gasto va a atención primaria), donde se ha primado la inversión en grandes hospitales y no en Centros de Salud, junto a Galicia (11,6% gasto en atención primaria), Baleares (12,1%), Castilla la Mancha (12,7%) y Cataluña (13%).

No sólo se gasta menos en Atención primaria que en el resto de la sanidad, también se gasta poco en personal: si la media en España es que el 44,9% del gasto sanitario vaya a personal, en Madrid es el 40,2%, siendo aún inferior el porcentaje en Cataluña (35,4%), Comunidad Valenciana (40,1%) y Galicia (43,9%, llevándose más de la mitad del gasto total en Aragón (53,2%), País Vasco (52,6%), Navarra (51,7%), Castilla y León (51,2%) y Canarias (50,4%). En general, faltan médicos y enfermeras, pero sobre todo en atención primaria. La ministra de Sanidad informó que en toda España ha aumentado la oferta de médicos de familia, un +36% entre 2017 y 2022, pero que en Madrid ha caído un -2%. Además, hay muchos médicos que no quieren trabajar en la atención primaria (en 2022 quedaron vacantes 200 plazas de MIR, por falta de incentivos), sobre todo en Madrid,  y buscan irse a hospitales, a la privada o al extranjero (Sanidad estima que hay 7.738 médicos españoles trabajando fuera).

No se trata tanto de que falten médicos (España es el 4º país con más médicos por 1.000 habitantes de la OCDE) como de que faltan en Atención Primaria, por sus penosas condiciones laborales y su tremenda carga de trabajo, que no son incentivadas. Y además, el 60,2% de los médicos de familia  tienen más de 50 años (en Castilla y León el 73%, en Asturias y Rioja el 69% y en Galicia el 67%), con lo que a finales de esta década tendremos una mayor falta de médicos en atención primaria, porque se jubilarán 9.000 de los actuales. Y respecto a enfermeras, somos el 7º país europeo con menos profesionales: 6,1 enfermeras por 1.000 habitantes, frente a 8,3 por 1.000 en la UE-27, 11,3 en Francia y 12,1 en Alemania.

Al final, la sanidad española sufre las consecuencias de una baja financiación durante años, un gasto sanitario público inferior al europeo: en 2020, último dato publicado, el gasto sanitario público fue de 1.907 euros por habitante, frente a 2.299 euros de media en la UE-27. Y el gasto sanitario de las autonomías, responsables de financiar el 93% de nuestra sanidad, sólo ha crecido un 3,49% entre 2019 y 2021, a pesar de las mayores necesidades por la pandemia, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y lo peor: hay 4 autonomías que gastaron menos en Sanidad en 2021 que en 2019: Madrid (-874,7 millones, un -9,96%), Murcia (-231 millones, un -9,58%), Cataluña (-969 millones, -9,10%) y Canarias (-6,3 millones, -0,19%). Con estos mimbres, no es de extrañar el colapso…

Y para 2023, las autonomías siguen en esta línea, de “racanear” en el gasto sanitario: los Presupuestos autonómicos aprobados o pendientes de aprobar para el año que vienen contemplan un aumento del gasto sanitario per cápita del +7,7%, inferior al +8,6% que se espera aumenten los precios este año, según la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FEDSP). Y esta “racanería sanitaria” es más chocante porque, en 2023, las autonomías van a recibir los mayores ingresos de su historia, 134.335 millones del Estado (+26.130 millones que en 2021), gracias a la mayor recaudación (por la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento de la economía)  y a que el Gobierno les permite aumentar el déficit (del -0,1 al -0,3% del PIB, otro “colchón” de 2.580 millones). En total, tendrán 28.710 millones más para gastar en 2023, que apenas van a dedicar a la sanidad (+6.150 millones).

 Además, esos Presupuestos previstos para 2023 consolidan la tremenda desigualdad en el gasto sanitario según autonomías. A la cola del gasto sanitario (1.809 euros por habitante, de media) sigue Madrid (1.446 euros por habitante previstos para 2023, un -20% que el conjunto de España), Cataluña (1.456 en 2022, a falta de aprobar el Presupuesto 2023), Murcia (1.535) y Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.655 euros por habitante). Y en cabeza del gasto sanitario siguen Asturias (2.133 euros/habitante para 2023, un +18% que la media española), País Vasco (2.130), Extremadura (2.092), Navarra (2.020) y Castilla y León (1.999 euros/habitante 2023).

Gastar más es importante para tener mejor sanidad, pero también hay que gestionar bien el personal y los medios, año tras año. Por eso, la FEDSP lleva haciendo desde 2009 un ranking de la sanidad por autonomías, valorando distintos criterios: gasto por habitante, camas y quirófanos disponibles, médicos y enfermeras por 1.000 habitantes (en atención primaria y especialidades), listas de espera, gasto farmacéutico, privatización de la sanidad y valoración ciudadana. Sobre estos criterios y una puntuación de 32 a 130, nos aportan un mapa con 4 Españas sanitarias: 3 autonomías con “buena” sanidad (País Vasco 95 puntos, Navarra 93 y Asturias 90), 5 autonomías con una sanidad “regular” (Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura, con 88 puntos, y La Rioja 86), 6 autonomías con una sanidad “deficiente” (Galicia 79 puntos, Aragón 76, Baleares 75, Valencia 72, Madrid 71 y Andalucía 70) y otras 3 autonomías con “peor” sanidad (Canarias 66 y Cataluña y Murcia, a la cola con 63 puntos). Y lo más preocupante es que Canarias y Murcia eran también las peores en 2009. Así que ya sabemos dónde es mejor y peor ponernos enfermos…

¿Qué se puede hacer para mejorar la Sanidad? La Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FEDSP) ha hecho 20 propuestas para mejorar la atención primaria, que se resumen en tres: gastar más (un 25% de todo el Presupuesto sanitario: +10.000 millones en varios años), contratar más profesionales (+8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos) y reorganizar la atención para que el 95% de las consultas en Centros de Salud se atiendan en 48 horas máximo. Además, proponen convocar más plazas de MIR en atención primaria, recuperar las consultas presenciales, ampliar la capacidad diagnóstica de los Centros de Salud, restablecer las áreas sanitarias, coordinar la atención de residencias y dependientes, fomentar la prevención y contar con unidades de apoyo de fisioterapeutas, protésicos odontólogos, psicólogos y matronas en la atención primaria.

Al final, el gran reto es reforzar la sanidad pública, muy debilitada por la pandemia y apoyar a médicos y enfermeras sobrepasados por la presión asistencial. Y hay que empezar a hacerlo por la primera línea, la atención primaria, para seguir después reforzando las especialidades, hospitales y urgencias, sin olvidar la prevención y la investigación. Esto obliga a un gran Pacto por la Sanidad, entre Gobierno y autonomías, con la colaboración imprescindible de médicos, enfermeras y pacientes. Un Pacto que debería asegurar un mayor gasto sanitario público en esta década (el 10% del PIB, por ejemplo, como Francia o Alemania: serían 24.000 millones más de gasto cada año), gobierne quien gobierne, la contratación de más profesionales con trabajos y sueldos dignos y una organización más eficiente, desde Centros de Salud a hospitales y urgencias. No es mucho pedir, porque la salud debería ser la gran prioridad de todos. Pero hay elecciones a la vista y el acuerdo parece imposible. Así que nos esperan más protestas y colapsos en la atención sanitaria.