Ojo a hacer demagogia con los parados

Hay un viejo tópico: muchos parados no quieren trabajar y prefieren cobrar el desempleo. Un estereotipo alimentado por la patronal y algunos “expertos”. Hace unas semanas, se les sumó  el líder de UGT: “los parados que no acepten un  trabajo deberían no cobrar”. Pura demagogia. Primero, porque ya se hace así. Y segundo, porque no dice que un 36% de los parados registrados no cobran nada ni que las oficinas de empleo (SEPE) no les ayudan a trabajar: sólo gestionan el 2% de los contratos. Y sólo 1 de cada 38 parados que cobran el paro llegan a recibir una oferta de trabajo. Encima, España, líder de paro en Europa, es el 2º país con menos “vacantes” de empleo, con menos ofertas: 4,9 por cada 100 parados, frente a 50 en la UE-28. Así que los 3 millones de parados españoles lo tienen muy difícil, como para atacarles. Antes del verano, se debe crear la nueva Agencia Estatal de Empleo, que pretende ayudarles a recolocarse. Pero sin medios.

Enrique Ortega

Los que nos hemos quedado alguna vez en paro sabemos bien que no es una situación fácil, sino angustiosa, que nos hunde en la desesperación y la impotencia, aunque cobremos el paro. Y la gran mayoría de los parados, lo que quieren es trabajar. Pero hay un viejo tópico, alimentado por la patronal y algunos “expertos” económicos: muchos parados no quieren trabajar y prefieren “vivir del paro”. Un estereotipo que perpetúan en los últimos años con quejas de que no encuentran trabajadores, sobre todo en la hostelería, el transporte, la construcción o el campo, los sectores más duros y peor pagados. “Páguenles más”, les contestó el presidente Biden en EEUU y la ministra Díaz en España.

Ahora, lo grave es que hasta el líder de la UGT se ha sumado a esta insidia contra los parados. A principios de marzo, Pepe Álvarez sugirió (en un  acto organizado por El Mundo…)  que “los parados que rechacen una oferta de trabajo deben dejar de cobrar la prestación”, reconociendo después que su posicionamiento “no es normal”. Y tanto: es pura demagogia. Primero, porque el líder sindical sabe (o debería saber) que ya hay una norma para evitar los abusos, un régimen sancionador: si un parado rechaza una oferta adecuada, se le abre una infracción y está 3 meses sin cobrar el paro. Y si rechaza un 2º trabajo, se le sanciona con 6 meses más sin cobrar el desempleo. Y a la tercera, se le quita el subsidio. Pero además, Pepe Álvarez debería saber que el problema hoy no está en los parados, sino en las oficinas de empleo (SEPE), que son un desastre y no ayudan a los parados a recolocarse.

Una vez más, los datos replican a la demagogia. Por un lado, un tercio de los parados registrados en el SEPE no cobran ninguna ayuda: en diciembre de 2022, cobraban algún subsidio 1.838.199 parados, el 64% de los registrados (2.873.653). Así que un 36% de los parados registrados no recibía ninguna ayuda. Y de los dos tercios restantes, la mayoría (casi 1 millón de parados) cobraba una miseria, un subsidio asistencial  de 463,21 euros, que reciben algunos parados a los que se les han acabado los dos años de paro o que no han cotizado lo suficiente (6 años para cobrar 2 de paro). En su mayoría son parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, la mayoría de los que cobran ese subsidio asistencial y de los que no cobran nada. No es casualidad que los parados lideren la tasa de pobreza en España: el 58,6% son, estadísticamente, "pobres", según la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN).

Además, por otro lado, los parados registrados no reciben casi ninguna ayuda de las oficinas de empleo (SEPE), razón por la que muchos no se registran: en diciembre de 2022 había 3.024.000 personas que se declaraban “parados” en la EPA (cuando les preguntaba el INE), pero en esa fecha sólo había 2.873.653 registrados en el SEPE (150.347 se consideraban parados pero no les compensaba registrarse). Y eso pasa porque los parados saben que las oficinas de empleo no les sirven para encontrar empleo. Los datos confirman esa sensación. En enero de 2023, el SEPE solo gestionó 27.806 colocaciones, el 1,99% de las colocaciones registradas en España. Y esto lleva pasando muchos años. Así, en julio de 2022, las oficinas de empleo sólo gestionaron el 2,23% de todas las colocaciones hechas en el país. Y entre 2012 y julio de 2022, las oficinas públicas de empleo (SEPE) intermediaron 4,2 millones de contratos, el 2% de todos los contratos hechos en la última década (las ETTs privadas intermediaron el 16,4%).

Así que las empresas españolas no confían en las oficinas públicas de empleo para contratar y utilizan las ETTs más los portales de empleo privados, las redes sociales y los contactos de conocidos y trabajadores. Y el 96% de los parados registrados que encuentran trabajo lo hacen por su cuenta, multiplicando los contactos, currículos y visitas. Otro dato, que debería conocer el líder de UGT: en enero de 2023, sólo 1 de cada 38 personas que cobraban el paro llegaron a recibir una oferta de trabajo de su oficina pública de empleo, según las propias estadísticas del SEPE. Así que quizás haya quien rechace un empleo, pero la mayoría tiene el problema de no recibir ofertas.

Precisamente, el problema de España, que lidera la tasa de paro en Europa (13% en enero, frente al 6,1% en la UE-28 y el 3% en Alemania, según Eurostat), es que es el 2º país europeo con menos ofertas “vacantes” de empleo: a finales de 2022 había 140.517 “vacantes” sin cubrir, el 0,9% de los empleos existentes, sólo un porcentaje menor de vacantes que Rumanía, Bulgaria y Polonia (0,8% de los empleos), según Eurostat. Eso significa que, aunque España tiene mucho paro, los nuevos empleos (pocos) se ocupan mayoritariamente, no se rechazan. De hecho, por cada 1.000 empleos existentes, en España hay 9 vacantes, frente a 28 de media en la UE-28, 44 en Alemania, 24 en Francia y 19 en Italia.

Hay otra forma de medirlo, la proporción de puestos vacantes y parados. En España hay 4,9 empleos vacantes por cada 100 parados, la cifra más baja de toda la OCDE, salvo Grecia (4,1 vacantes por cada 10 parados). Y la media en Europa es de 50 vacantes por cada 100 parados y 32 empleos vacantes por cada 100 parados en Alemania, Paises Bajos y República Checa, según Eurostat. Así que, ya no es sólo que las oficinas de empleo (SEPE) funcionen mal y no ayuden a recolocarse, es que, además, los parados españoles tienen menos oportunidades de encontrar empleo, por el tipo de economía que tenemos (menos productiva y más basada en los servicios). De hecho, las estadísticas europeas reflejan que la oportunidad de un parado español de encontrar empleo es 26,2 veces inferior a la de un alemán, 35 veces inferior a un checo y 10 veces inferior a la media europea.

Con estos datos, queda claro que los parados españoles tienen muy difícil recolocarse, no sólo por las peculiaridades de nuestra economía sino por lo poco que les ayudan las oficinas de empleo, el SEPE, que sólo les sirven para “sellar” periódicamente su demanda y cobrar (dos tercios, el 36% nada). ¿Por qué falla el SEPE? Primero, porque no está dirigido a “recolocar” a los parados, sino a gestionar burocráticamente su desempleo. Basta con ver su web, “Empléate”: sólo incluía 63.853 puestos de trabajo  y 22.209 ofertas a finales de marzo, prácticamente las mismas que hace un año, con sólo 63.965 empresas registradas (de las 3 millones existentes) y 783.785 trabajadores registrados (de 3 millones de parados y 17,3 millones de asalariados). Datos que reflejan que el empleo no pasa por la web del SEPE, mientras el portal de empleo de Francia registra un millón de ofertas…

El problema de fondo de las oficinas de empleo (SEPE) es que no buscan la recolocación de los parados y no están preparadas para ayudarles: su sistema informático es obsoleto, su plantilla es insuficiente (los sindicatos piden ampliarla de 8.100 a 12.000 personas), muy envejecida (la mitad tienen más de 50 años), con contratos precarios (la cuarta parte son interinos y más de 1.000 personal laboral)  y no está especializada en recolocaciones. Además, las 4.000 oficinas de empleo repartidas por España funcionan de forma diferente, porque la política de empleo la gestionan las autonomías. Y pasa como con la sanidad, la educación o la dependencia: unas regiones gestionan mejor que otras el desempleo, aunque ahora todas dispongan de más recursos, porque se han duplicado los recursos aportados por el Estado (y la UE) para políticas activas de empleo: 2.798 millones del Estado y los Fondos Europeos repartidos en 2022. Según los datos del SEPE, las regiones que consiguen más recolocaciones son Extremadura, Andalucía y Canarias. Y las que menos recolocan (el 1% o menos) son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.

Otra asignatura pendiente es mejorar la formación de los parados, ya que está demostrado que hay más paro y menos recolocaciones entre los parados menos formados. Pero aquí también han fallado las oficinas de empleo (SEPE), porque sólo un 2% de los parados asisten a cursos de formación (sólo 65.389 desempleados en 2021, según el SEPE). Una parte puede ser por “dejadez” de los parados, pero otra parte se debe a la falta de atractivo (y exceso de burocracia) de muchos de los cursos ofertados. Y al desinterés de las empresas españolas por mejorar la formación de los parados, para así conseguir trabajadores mejores formados. De hecho, una buena parte de la cuota de formación que pagan empresas y trabajadores no se gasta, por falta de demanda de empresas (que racanean permisos y fondos), trabajadores y parados: hay un remanente no gastado entre 2015 y 2020 de 2.635 millones…

Para tratar de buscar alternativas a los parados, en febrero de 2023 se aprobó en el Congreso la Ley de Empleo, otra exigencia de Bruselas, para tratar de mejorar la política de empleo y la recolocación de los parados. Para los sindicatos y algunos expertos, es una Ley demasiado vaga y falta de medios, por lo que están pendientes de ver el Reglamento que la desarrolle, donde debería concretarse la obligación de las empresas de comunicar todas sus ofertas de empleo a las oficinas públicas, como se hace en Francia. Y queda por ver cómo se hace el cambio de la actual SEPE a la nueva Agencia Estatal de Empleo, que se quiere poner en funcionamiento antes del verano.

El objetivo de todo el cambio legal y de nombre es ofrecer un asesoramiento individual y personalizado a los parados, tras hacerles uno a uno una entrevista y contar con un tutor de la Agencia Estatal de Empleo que elaborará su perfil y un expediente personalizado, para facilitar su recolocación, lo que exigirá que el parado se comprometa a participar en las acciones necesarias para mejorar su empleabilidad. En paralelo, se pretende agilizar y modernizar el portal público de empleo, para que incluya todas las ofertas de trabajo y asegure que lleguen a todos los parados y trabajadores. Una tarea ingente, si se quiere ayudar de verdad a 3 millones de parados, para la que hará falta mucho personal especializado (funcionarios y empresas colaboradoras) y, sobre todo, muchos recursos. Dinero y personal que no se ha asegurado con la Ley y la futura Agencia de Empleo. Y cuya ejecución va a tener mucho que ver con los Gobiernos autonómicos que se elijan el 28-M…

En resumen, que nadie debería hacer más demagogia con los parados, porque bastante mal están, un tercio sin ningún ingreso y la mayoría solos a la hora de buscar trabajo, sin casi ayuda pública. Es hora de afrontar la grave situación que arrastramos desde hace décadas, dedicando más personal y más recursos públicos a formarlos y ayudarlos en su recolocación, con más implicación de las empresas. Darles una salida, ya que casi la mitad de los parados actuales (42,4%) llevan más de 1 año sin trabajo y la sexta parte (medio millón) llevan más de cuatro años en paro y sin esperanzas. Así que dejen de hacer demagogia con los parados y ayúdenles a recomponer su trabajo y su vida.

Comprar piso: carísimo, más pequeño y lejos

El precio de la vivienda se disparó en 2022 (+7,4%), la mayor subida en 15 años. El motor de esta subida récord (+40% desde 2014) son las ventas, que también se dispararon: casi 650.000 viviendas vendidas el año pasado, la mayor cifra desde 2007, empujada por los que compran para invertir y alquilar, los extranjeros (1 de cada 7 compras) y las familias que eligen comprar antes que “tirar el dinero” en alquileres disparatados. El problema es que esta subida de precios se suma a la subida de las hipotecas, con lo que comprar una vivienda se ha vuelto imposible para el 48% de las familias españolas. Y las que intentan comprar ahora, al tener que pagar más por la vivienda y la hipoteca, tienen que optar por comprar pisos más pequeños y más alejados del centro de las ciudades (donde también empiezan a subir). El problema es que hay más demanda que viviendas: sólo se construyen la mitad de las que hacen falta.

Enrique Ortega

A pesar de la inflación y la crisis, tras la pandemia y la guerra en Ucrania, la venta de viviendas sigue disparada en España: el año 2022 se cerró con la compraventa de 649.949 viviendas, +14,7% que en 2021, el récord de ventas desde 2007 (775.300 viviendas vendidas), según los datos del INE. Son ya 9 años consecutivos de mayores ventas de viviendas, duplicando las ventas  del primer año en que remontaron tras la crisis financiera (2014: 318.830 viviendas vendidas). La mayor parte de las ventas son viviendas de 2ª mano (532.459), que superan ya incluso las ventas de viviendas usadas en 2007 (448.918), y sólo un 18% de las ventas son de viviendas nuevas (117.490 en 2022).

El tirón de las ventas de pisos se está dando más en las zonas turísticas, por la compra de segundas residencias y viviendas para extranjeros. Así, los mayores aumentos de ventas se han dado en 2022 en Canarias (+31,6%: 27.364 compraventas), Baleares (+25,6%: 17.996) y la Comunidad Valenciana (+23,9%: 99.448), aumentando mucho menos en las regiones que concentran las mayores ventas, Andalucía (135.976,+15,2%), Cataluña (102.108, +14,50%) y Madrid (83.103 compraventas, +2,67%), según el INE.

¿Quién compra piso? Casi 9 de cada 10 compradores son particulares, según las estadísticas, aumentando en los últimos años los que compran piso para invertir (poniéndolo en alquiler o esperando a obtener plusvalías) y los extranjeros que compran en España, como 2ª residencia o vivienda de inmigrantes. La compra de vivienda para alquilarla después ha aumentado su rentabilidad en los últimos años y en 2022 aportó a sus dueños una rentabilidad del 6,5%, según Fotocasa, superior a la del ahorro y buena parte de la Bolsa, siendo mayor la rentabilidad en la Comunidad Valenciana y Murcia (7,7%), en Cantabria (6,9%), Canarias y Cataluña (6,8%), Navarra (6,6%) y Castilla y León (6,5%).

La compra de viviendas por extranjeros se disparó en 2022: compraron 88.858 viviendas, el 13,71% del total  y casi cuatro veces más que diez años antes (26.857 viviendas compradas por extranjeros en 2021, el 8,1% del total), según los datos del Colegio de Registradores. La mayoría de extranjeros compran “a tocateja”, sin hipoteca, destacando que casi 9.000 de estas viviendas compradas valían más de 500.000 euros, el tope que se exige para que un extranjero consiga así la residencia legal en España (“Golden Visa”), casi el triple de las compras de casas caras que hacían antes de la pandemia (3.827 en 2019). Si estas compras de extranjeros son cada vez más importantes (suponen 1 de cada 7 viviendas vendidas), lo son más en determinadas regiones, como Baleares (el 34,8% de todas las viviendas las compran extranjeros), Canarias (28,6% de las ventas) y la Comunidad Valenciana (26,8%), teniendo aún más peso en zonas de Alicante y Tenerife (donde rondan entre el 35 y el 41,7% de las ventas de viviendas). En conjunto, los extranjeros que más compran en España son los británicos (11,07% del total), alemanes (9,47%), franceses (6,97%), belgas (5,21%), marroquíes (5,15%), rumanos (5,07%) y holandeses (4,91%).

Otro factor que tira de las ventas de viviendas es el auge de los pisos turísticos, que fomenta la compra de viviendas en el centro de las ciudades y en zonas de costa para obtener altas rentabilidades alquilándolos por días o temporadas. En España hay 311.500 apartamentos turísticos, según el INE, el 1,24% del parque de viviendas, radicados en el 60% de los municipios españoles. Pero la realidad es que si contamos todas las viviendas que se utilizan para alquiler turístico (legal e ilegalmente, totalmente o por habitaciones), la cifra se duplica: hay 788.136 plazas turísticas sólo en las 20 mayores ciudades, según denuncia Exceltur, la patronal turística, con más del 20% de todo el parque en varios municipios turísticos.

Y luego está el principal motor de las ventas de viviendas, la compra de particulares como primera vivienda. En los últimos años, al dispararse el precio de los alquileres, muchas familias y jóvenes han hecho cuentas: es más barato pagar una hipoteca que un alquiler, que además es un dinero perdido. Actualmente, el precio medio de un alquiler se ha puesto en 11,7 euros por metro cuadrado (febrero 2023), según el último informe de Idealista, lo que supone pagar 1.053 euros por un alquiler medio de 90m2. Si tenemos en cuenta que el precio medio de un piso en propiedad es de 188.000 euros (2022), según el Colegio de Registradores, comprarlo exige una hipoteca de 150.000 euros (el máximo que nos dan es el 80% del valor). Y esa hipoteca, a un interés del 3,5%, supone pagar una mensualidad de 750 euros, las tres cuartas partes del coste del alquiler… Claro que hay que tener dinero ahorrado (un 25% del valor, para la entrada y otros pagos) y un trabajo y una edad que nos permita conseguir una hipoteca (cada vez más difícil). Y además, en Madrid, Barcelona y algunas capitales (Málaga, Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Valencia…), el precio de comprar un piso y su hipoteca es mucho mayor, aunque también el alquiler. En cualquier caso, la subida imparable de los alquileres ha aumentado la demanda para comprar piso.

Todos estos factores (invertir, extranjeros, apartamentos turísticos y subida alquileres) explican el récord en la venta de viviendas en 2022 (y años anteriores). Y estas fuertes ventas han tirado al alza de los precios de las viviendas, que también baten récords, según el INE: en 2022 subieron un +7.4%, la mayor subida en 15 años (desde el +9,8% que subieron en 2007). Y desde 2014, el primer año en que volvió a subir (+0,3%), la vivienda en España se ha encarecido un +39,8%, lo que es una barbaridad, aunque todavía no ha subido tanto como bajó entre 2008 y 2013: -41,9%. Lo que más sube (+7,9% en 2022) y ha subido (+50,7% entre 2014 y 2022) es la vivienda nueva, que sí cuesta más ahora que en 2008 (su precio había caído un -38,9%). Sube algo menos la vivienda de 2ª mano (+7,3% en 2022), que aún no ha recuperado los precios de 2008 (sube un 38% entre 2014 y 2022 y cayó un -51,5% durante la crisis de 2008 a 2013).

Con esta fuerte subida de precios en los últimos 15 años, el precio medio de una vivienda se situó en 188.000 euros en 2022 (+4,5% que en 2021), según el Colegio de Registradores, con una media que supera los 200.000 euros en Cataluña, Madrid, Baleares y País Vasco pero  que no llega a los 100.000 euros en Extremadura y Castilla la Mancha. La estadística del Ministerio de Transportes da un precio medio de venta de 1.749,2 euros metro cuadrado a finales de 2022, lo que sitúa el precio medio de una vivienda de 100 metros cuadrados en 175.000 euros. Los portales de venta de viviendas suben ese precio, a una media de 1.960 euros por metro cuadrado (Idealista, febrero 2023) y hasta 2.086 euros m2 (Fotocasa). Pero esta media de precio casi se duplica en las ciudades y regiones más caras, según Idealista: San Sebastián (5.205 euros m2, el precio máximo histórico), Barcelona (4.050 euros m2), Madrid (3.995 euros, otro máximo histórico), Baleares (3.703 euros m2), Bilbao (3.190 euros m2), Pamplona (2.544 euros m2), Málaga capital (2.399 euros m2 máximo histórico, que sube a 2.854 euros m2 en la provincia), A Coruña (2.313 euros m2), Sevilla (2.182 euros m2), Canarias (2.137 euros m2, otro máximo histórico), Valencia (2.108 euros m2)…

Estos precios disparados de la vivienda, en 2022 y en los siete años anteriores, se suman ahora a la rápida subida de los tipos de interés, que han pasado del 0% en junio al 3,5% actual (6 subidas del BCE en 9 meses), a las que seguirán más este año. Esta subida del precio oficial del dinero, para combatir la inflación (sin éxito: la subyacente sube), ha encarecido las hipotecas, al dispararse el Euribor: estuvo 6 años en negativo (desde febrero de 2016 a marzo de 2022) y ahora lleva un año en positivo y subiendo, desde abril de 2022 (+0,013) hasta rozar el 4% el 9 de marzo (3,978), aunque ahora, con la crisis de algunos bancos en EEUU y Suiza, se ha moderado algo, aunque ahora repunta y alcanza una media en marzo del 3,68%. Eso significa que ahora, una hipoteca de 150.000 euros (para comprar un piso del valor medio de 180.000 euros), a 25 años, supone pagar una cuota mensual de 836 euros, que son 271 euros más al mes de lo que costaba esa misma hipoteca hace un año (la cuota estaba entonces en 565 euros).

Así que ahora, los que piensen en comprar un piso tienen un doble problema: son más caros (han subido un +13,2% desde antes de la pandemia) y la hipoteca con la que puede comprarle le cuesta más. Eso se traduce en que ahora, el comprador, con la cuota que estaba pagando hace un año por comprar un piso, puede comprar ahora un piso más pequeño, con un tercio menos de superficie, según algunos cálculos. Si antes (diciembre 2019), una casa de 100 metros cuadrados le costaba 158.670 euros, ahora (febrero 2023) esa misma casa le costará 196.000 euros, según los portales inmobiliarios (y en las grandes ciudades, rozando los 400.000 euros). Y el otro efecto, si en 2019 podía pagar ese piso medio con una hipoteca de 127.000 euros (que le costaba 464 euros), ahora tiene que pedir más (156.800 euros) y pagar una hipoteca más cara, con más cuota (802 euros).

Así que el comprador actual sólo tiene dos opciones: o comprar una casa más pequeña (con una habitación y un baño menos, sin terraza) o comprar más lejos del centro, en localidades que están a 1 hora y más del centro, donde el precio del metro cuadrado es menor (entre un 20 y un 40% menos), aunque en estas zonas periféricas están empezando a subir los precios con fuerza. Y a otros potenciales compradores, con los precios y las hipotecas actuales, sólo les queda un camino: abandonar y no comprar piso ahora. Porque la cuota que les supone pagarlo supera con creces un tercio de sus ingresos, el tope “aceptable”.

La subida de tipos de interés, más la subida de precios de las viviendas, hace que un 48% de las familias españolas no puedan solicitar ahora una hipoteca y comprar piso, según un estudio de Tecnocasa. O sea, que casi la mitad de los españoles no pueden comprar casa, porque la subida de tipos hace que la hipoteca se lleve el 38% o más de sus ingresos, algo inaceptable para la banca (y para el sentido común).Y en el caso de Madrid y Barcelona, con los precios por las nubes, la compra de vivienda se ha vuelto inaccesible para 4 de cada 5 familias (el 80%), según este estudio. En Palma de Mallorca, sólo podrían comprar un 9,3% de las familias, en San Sebastián el 7,1%, en Málaga menos del 30% de las familias, en Sevilla menos del 50% y en Zaragoza sólo el 57%... Tremendo.

Así están las cosas y en 2023 no parece que vayan a cambiar mucho, aunque la subida de tipos podría frenar las ventas y los precios, aunque el Euribor y las hipotecas seguirán subiendo. Algunos expertos se agarran a que las ventas de viviendas cayeron en diciembre de 2022, hablando de “un cambio de ciclo”. Pero en enero de 2023 (último dato del INE), las ventas de viviendas volvieron a subir y la cifra (56.372 compraventas) fue la mayor en ese mes desde 2008… Y los precios siguen subiendo, aunque menos: se espera que este año suban entre un 2 y un 4% (la mitad que en 2023). Pero los alquileres siguen subiendo, lo que reanimara las ventas y los precios de las viviendas (máxime cuando los costes de construcción se han disparado en el último año). Y siguen subiendo el número de hipotecas  (+10,9% en 2022, según el INE).

Al final, el problema de fondo es la escasa oferta disponible, la falta de pisos, sobre todo nuevos, que alimenta la subida de precios. Se estima que, por razones demográficas, España necesita entre 120.000 y 150.000 viviendas nuevas al año para cubrir la demanda estructural. Pero en 2022 sólo se terminaron 79.935 viviendas “libres” (y 9.221 “protegidas”), una cifra similar a la de 2021 (84.091 viviendas terminadas) y 2019 (71.541), según la estadística oficial de Transportes. Una cifra que choca con las 579.665 viviendas terminadas en 2007 (en el final de la “burbuja inmobiliaria”) pero también con las viviendas terminadas en 2009 (356.555) y 2011 (121.043).

La solución al problema de la vivienda, además de promover nuevas viviendas (públicas y privadas) en alquiler, es relanzar la construcción de viviendas en España, acercarnos a esas 120.000/150.000 nuevas viviendas terminadas cada año. Haría falta un gran Acuerdo entre el Gobierno central, las autonomías, ayuntamientos, promotores y constructores para aprobar un Plan de choque, que duplicara las viviendas iniciadas al año, facilitando suelo público, financiación y menos burocracia para relanzar la oferta de vivienda nueva. Y en paralelo, habría que ayudar a la demanda, a los jóvenes y familias con ingresos medios (las más desfavorecidas no pueden comprar: sólo alquilar con ayudas), para ofrecer créditos con interés subvencionado y aval público (ICO), para que la compra de una vivienda no supere una cuarta parte de sus ingresos, por ejemplo. Construir más viviendas cada año frenaría en alza de precios y ayudar a la demanda permitiría mejor su compra.  No queda otra, porque la situación actual, con la mitad de las familias que no pueden comprar, es un escándalo.

¿Qué pasa con los alimentos? : seguirán caros

La inflación empezó 2023 subiendo, en enero y febrero, quedando en el +6%. El problema son los alimentos, que suben un +16,6% anual, el mayor alza de los últimos 40 años. A pesar de la bajada del IVA en enero de alimentos básicos, pastas y aceites: bajaron en enero, pero han subido en febrero. Y hay 22 alimentos que cuestan ahora más que en diciembre. Mucha gente culpa a los intermediarios, que suben sus márgenes mientras el campo no se beneficia de estas subidas: la renta agraria cayó un -5,5% en 2022. Es evidente que la energía y muchos costes han bajado, pero no los alimentos. Pero hay otras causas, como el aumento de exportaciones españolas de alimentos a Europa (que los paga más caros), el cambio climático (que ha hundido las cosechas aceite, azúcar y cereales), la reducción de explotaciones agrarias y ganaderas (los jóvenes huyen del campo) y la subida de los precios internacionales de los alimentos. Y por todo ello, la comida va a seguir siendo cara.

Enrique Ortega

La alta inflación en el mundo y en España es un problema anterior a la invasión de Ucrania, aunque la agravó. El año 2021 empezó con una inflación del +0,5% anual, pero saltó del 3% en agosto (+3,3%), por el aumento de la demanda y los atascos en las cadenas de suministro, más el tirón de consumo del turismo. Y se cerró el año 2021 con una inflación del +6,5%, que llegó al +7,6% en febrero de 2022. Ya con la guerra en Ucrania, se dispararon los precios de la energía y las materias primas, disparando la inflación al +9,8% en marzo y superando el +10% anual en junio, julio y agosto, para moderarse después (tras las medidas del Gobierno y la excepción ibérica) y cerrar 2022 en el +5,7%. Y ahora, lleva dos meses volviendo a subir, poco, al +5,9% en enero y +6% en febrero. Es una inflación alta, pero inferior a la de finales de 2021, antes de la guerra. Y tenemos la 3ª inflación más baja de Europa (tras Luxemburgo y Bélgica), según Eurostat, muy por debajo de la UE-28 (+9,9%), la zona euro (+8,5), Italia (9,8%), Alemania (+9,3%) y Francia (+7,3%).

El mayor problema lo tenemos en el precio de los alimentos: suben un +16.6% en febrero, más del triple que el resto de la inflación y la mayor subida en los 40 años del IPC. Curiosamente, el precio de los alimentos estuvo muy moderado en 2021, subiendo del +1.7% en julio al +5% en diciembre, por debajo del IPC general (+6,5%). Y así siguió, por debajo, en enero (+4,8%), febrero (+5,6%) y marzo de 2022 (+6,8%). Pero en abril de 2022, los precios de los alimentos asumieron la guerra de Ucrania y subieron un +10,1% anual, poniéndose ya por delante del IPC general (+8,1% en abril 2022) hasta hoy, según el INE. Rondaron el +13% de subida en verano, superaron el 15% desde octubre  (mientras la inflación general se moderaba), cerraron el año 2022 con una subida del +15,7%, hasta el +16,6% actual. Así que seguimos con un grave problema de inflación en los alimentos, que preocupa mucho a las familias españolas, porque supone el 16,4% del gasto familiar, según el INE. Y en el caso de las familias con menos rentas, supera el 20% del gasto total.

Los alimentos también están subiendo más en toda Europa que el resto de gastos, según Eurostat. Así, en febrero 2023 subían una media del +19,1% en la UE-28 (el doble que la inflación global, que subía +9,9%) y un +17,3% en la eurozona, más que en España (+16,6%), que ocupa el lugar nº11 entre los paises con los alimentos más baratos, detrás de Chipre (+9,5%), Irlanda (+13%), Malta (+13,2%), Italia (13,4%), Luxemburgo (+13,9%), Grecia (+14,5%), Dinamarca (+14,8%), Francia (+15,8%), Austria (16,2%) y Finlandia (16,3%).Pero aquí suben menos los alimentos que en 17 paises europeos, entre ellos Suecia (+21,6%), Alemania (+21,2%), Portugal (+21,5%), Bélgica (+19,4%), Paises Bajos (+17,9%) y la mayoría de los paises del Este de Europa. Y suben menos, un +10,1% en EEUU.

Lo preocupante es que los alimentos han seguido subiendo en España este año, a pesar de la bajada del IVA el 1 de enero: bajó del 4 al 0% para alimentos básicos (pan, harinas, queso, huevos, frutas, verduras, legumbres, hortalizas, paratas y cereales) y del 10 al 5% para aceites y pastas. En enero, algunos de estos alimentos bajaron (el índice alimentación bajó del 15,7% al 15,4%), pero luego en febrero volvieron a subir muchos (elevando el índice alimentación del 15,4 al 16,6%). Un “efecto yo-yo”, que demuestran las estadísticas del INE. De hecho, hay 22 alimentos que subieron más en febrero de lo que subían en diciembre: azúcar (+52,6% anual frente a 50,6%), panadería (28,3% frente a 27,5%), lácteos (+27,9% frente a +24,1%), legumbres y hortalizas (+23,6% frente a 12,3%), alimentos para bebé (+23,5% frente a +14,5%), pizzas (+22,3% frente a +12,3%), cacao y chocolate en polvo (+18,6% frente a +15%), helados (+18,5% frente a +13,7%), confituras y mermeladas (+18,4% frente a +16,9%), zumos (+17,9% frente a 17,5%), pescado y marisco seco (+17,6 frente a 13,4%), sal y especias (+17,1% frente a +15,8%), refrescos (+16,5% frente a +11%), otras cervezas (+16,2% frente al +13%), carne de cerdo (+15,4% frente a +13,8%), té (+15,3 frente al +12,1%), legumbres y hortalizas secas (+15,2 frente a +14,9%), cereales de desayuno (+14,2% frente a +11,2%), cerveza sin alcohol (+14,2% frente a +11,6%), cerveza rubia (+14,1% frente a +12,4%), agua mineral (+14% frente a +12,9%), carne de vacuno (+13,7% frente a +13,2%), carne seca (+11,8% frente a +9,5%) y chocolate (+11,2% frente a +6,7%).

La asociación de consumidores FACUA ya denunció en febrero a la Comisión de la Competencia (CNMC) una lista de supermercados por no haber bajado los alimentos a los que se había bajado el IVA, que eran 1 de cada 5 analizados (el 20%), Lo preocupante es que, a mediados de marzo, FACUA ha detectado que han vuelto a subir 1 de cada 3 alimentos básicos (un 30,8%, más que en febrero): en el análisis de 1.000 productos, se han detectado 312 casos de subidas, sobre todo frutas y verduras (127 casos denunciados), aceites de oliva (55 denuncias), leches y lácteos (47), legumbres (34 denuncias), pastas (19 casos), arroces (17), pan y huevos (las 12 denuncias restantes).

Los agricultores y ganaderos se defienden diciendo que ellos no han subido precios estos  últimos meses. La organización agraria COAG publica mensualmente un informe sobre la diferencia entre los precios que cobra el campo y los que paga el consumidor final (ver escandallos IPod últimos meses).Y ahí se ve que, salvo en el pimiento verde y en los tomates, el precio percibido por agricultores y ganaderos apenas han subido, desde luego mucho menos que el precio en el súper. Y esgrimen otro dato: en 2022, el año con la mayor subida de los alimentos en España, la renta agraria ha caído un -5,5%, según el Ministerio de Agricultura, debido a que los costes del campo subieron más que los precios.

Entonces, ¿por qué se ha disparado el precio de los alimentos? Muchos expertos lo atribuyen a los intermediarios de la cadena alimentaria, desde los mayoristas en origen al transporte, la industria alimentaria, los distribuidores y supermercados e híper. Algo difícil de probar porque no se publican los márgenes, como hará Francia. Pero hay un hecho claro: los precios de la energía son ahora mucho más bajos que hace un año: el petróleo cotizaba ayer a 75 dólares barril, más barato que antes de la invasión de Ucrania (97.89 el 23-F), el gas cotiza a 42,40 euros (frente a 88,89 el 23-F) y la luz costaba ayer en España 101,22 euros MWh (un 48% menos que los 195,86 euros del 23-F). Pero esta bajada de costes no se ha repercutido en la producción, transporte y distribución de alimentos.

Hay otras causas que encarecen los alimentos además de los márgenes. Una de ellas son los altos precios que han alcanzado los alimentos en Europa, empujados también por una menor producción en el centro y norte del continente, tras el cierre de invernaderos por la subida del gas. Eso hace que el precio de un tomate en Berlín sea de 4,99 euros kilo frente a los 2,55 euros en Madrid. Lo mismo pasa con casi todos los alimentos, desde las patatas (1,72 euros kilo en Madrid y 1,98 euros en Roma), los huevos (1,2 euros la media docena en Madrid y 2,79 euros en La Haya), la leche (0,92 euros la semidesnatada en Madrid frente a 1,54 euros en París), la pechuga de pollo (4,24 euros el medio kilo en Madrid y 7,28 euros en La Haya) o las naranjas (2,15 euros kilo en Berlín y 1,15 euros en Madrid). Con estos precios, un mayorista de Murcia o Almería prefiere vender alimentos en Alemania o Paises Bajos. Y eso fuerza al alza a los alimentos que los intermediarios compran y venden en España.

La prueba de este “desvío de alimentos” al extranjero (para cobrar precios más altos)  es el tirón de las exportaciones agrícolas de España, que lleva años siendo “la despensa de Europa”: las exportaciones de alimentos casi se han duplicado, de 37.604 millones en 2013 a 64.248 millones en 2022, año en que crecieron un 13,1% (y un +32% sobre 2019), según los datos de Comercio. De esa cifra, un tercio son exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres (21.811 millones, +18,2% sobre 2019), la 3ª mayor exportación de España (tras coches y medicamentos). Y son también muy relevantes las exportaciones de aceites (7.051 millones, un +32,2% en 2022), de carnes  (11.459 millones, +11,9%),  de azúcar, café y cacao (2.508 millones,+20,5%) y lácteos (2.20 millones, +25,3%). Dos tercios de estas exportaciones de alimentos van a la UE, pero el otro tercio se reparte en el resto del mundo, con una subida en 2022 de las ventas a Reino Unido y EEUU (+27%).

Otro factor que explica la subida de los alimentos, junto a los márgenes y las exportaciones, es el Cambio Climático, las malas cosechas provocadas por el clima (olas de calor, heladas, sequía, inundaciones…). Es lo que explica el tirón de precios del aceite, cuya última cosecha ha caído en España un -51,8% (de 1.412.000 Tm en 2021-22 a 680.000 Tm en 2022-23, la peor campaña desde 1.995-96). El clima ha dañado también la campaña de cítricos (-15,6%), afectando sobre todo a las naranjas (-19,9% producción 2022-2023). Y también el clima (heladas primavera pasada y lluvias intensas después) ha reducido un -10% la producción de frutas y hortalizas, siendo mayor la caída en algunas zonas y productos.

Un factor clave son los precios internacionales de los alimentos, que nos afectan directamente. Es el caso del azúcar (+52,6% de subida anual), cuyo precio es el más alto de los últimos 6 años, por la revisión a la baja de la cosecha en India y el desvió en 2022 de una parte de la caña de azúcar de Brasil a la producción de bioetanol. En España, el problema es que muchos agricultores han dejado de sembrar remolacha (el 80% se produce en Castilla y León), por la caída de precios en los años anteriores, que les han llevado a cambiarse al cultivo de maíz. Y además, la sequía ha recortado también la cosecha.

Otro factor más para explicar la subida de los alimentos es el abandono de explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas. Ya asistíamos a una falta de reemplazo en el campo, con los jóvenes poco interesados en relevar a sus padres, pero el aumento de costes y la caída de la renta agraria sigue reduciendo el número de explotaciones. Un ejemplo: las granjas lecheras, donde se cierran 700 por año. Si se reduce la producción agrícola y ganadera y buena parte de lo que se produce se exporta, lo lógico es que los alimentos no paren de subir. Y más si el Cambio Climático avanza imparable: para 2050, los cultivos agrícolas de los paises mediterráneos van a reducirse un -17%, según el IPCC (ONU). Y el Cambio Climático es responsable de la caída de la producción sufrida ya en el maíz, el trigo y el arroz, los tres principales cultivos que alimentan al mundo.

Ahora, marzo puede dar una pequeña tregua al precio de los alimentos, pero subirán en abril y este verano, por la mayor demanda del turismo. Un factor clave será el clima esta primavera, porque si no llueve, volverá a haber problema con el ganado y muchos cultivos. Con todo, la previsión es que los precios de los alimentos pueden bajar más después del verano, aunque seguirán altos, por los recortes en la producción (clima) y la alta demanda (China y otros paises de Asia y Latinoamérica están aumentado su consumo). La estimación del Banco Mundial es que los precios internacionales de los alimentos den una tregua en 2023 y se estabilicen en 2024, pero que no bajarán hasta 2025. Todo va a depender de la evolución de los precios de la energía, de la guerra de Ucrania y del clima. Pero no parece que los alimentos vuelvan de momento a los precios de hace un año.

Ante el panorama de unos alimentos que no bajan, el Gobierno pide paciencia y esperar unos  meses. Y el sector pide nuevas bajadas del IVA, esta vez a todos los alimentos. Pero ya se ha visto que no son eficaces, porque no existen mecanismos para vigilar los precios de 7.000 productos en 30.000 establecimientos y evitar que los intermediarios mejoren márgenes con nuevas rebajas. Pero además, la bajada del IVA ha sido criticada por todos los organismos internacionales, desde la OCDE y la Comisión Europea al BCE, porque supone “gasolina para la inflación”. Y también por otra razón clave: la rebaja del IVA alimenta la desigualdad, porque beneficia más a los que más tienen. Según un reciente estudio de FEDEA (Cajas de Ahorros), el IVA aumentó la desigualdad un +2,72% en 2020 (y +2,87% en 2019), mientras el IRPF la reduce. En los hogares con menos ingresos, el pago efectivo del IVA se lleva un 13% de su renta bruta, mientras que en los hogares con más recursos, este impuesto les supone menos del  2% de sus ingresos.

Los organismos internacionales defienden que los Gobiernos aprueben ayudas directas a los más vulnerables, como el cheque de 200 euros que aprobó el Gobierno (se puede solicitar hasta el 31 de marzo). Ahora, la UGT ha hecho una propuesta que parece razonable: sustituir la rebaja del IVA (ineficaz) por un cheque para alimentos que las familias podrían canjear en los supermercados, una medida que lleva años aplicándose en muchos paises y que, con la vigilancia adecuada, podría ser eficaz para que las familias con menos recursos se alimenten mejor (ha caído el consumo de carnes, pescados, frutas y verduras)  y lleguen a fin de mes. Pero en paralelo, habría que elaborar un listado oficial de márgenes de precios alimenticios, multiplicar las inspecciones oficiales  y aplicar multas ejemplares a los especuladores. Está claro que los alimentos van a ser caros a medio plazo, pero eso no impide evitar beneficios injustificables a costa de todos. Con la comida no se especula.

La penúltima reforma de las pensiones

El Gobierno ha aprobado la 2ª fase de su reforma de las pensiones, pactada con Bruselas y los sindicatos, rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Mientras las anteriores reformas (Zapatero 2011, Rajoy 2013) estaban centradas en recortar el gasto, esta reforma (con medidas ya implantadas en 2022 y otras aprobadas ahora) se centra en aumentar los ingresos, 15.000 millones anuales hasta 2050, que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo de los sueldos más altos: subirá sólo 37 céntimos el coste por hora trabajada, de los más bajos de Europa. Y deja para 2044 la subida del periodo de cotización de 25 a 27 años (que recortará pensiones). Esta reforma, que también mejora las pensiones mínimas, pretende contener el gasto en pensiones hasta 2050. Importante: fija un mecanismo de seguimiento: si el gasto se dispara, obliga a futuros Gobiernos a tomar medidas. Si no lo hicieran, subirían automáticamente las cotizaciones. Casi seguro que necesitaremos futuras reformas. Lo importante es apostar por garantizar las pensiones futuras.

Enrique Ortega

El futuro de las pensiones preocupa a la mayoría, porque sabemos que el gasto se ha disparado en los últimos años y tememos que un día no haya dinero para pagarlas. Los datos demuestran que el gasto en pensiones ha crecido de forma exponencial: si en el año 2000, España gastó 52.451 millones del Presupuesto en pagar pensiones, en 2008 eran ya casi el doble (98.011 millones) y en 2019 casi el triple (144.834 millones). Y a partir de ahí, el gasto ha crecido hasta 171.165 millones en 2022 y 190.687 millones destinados a pagar pensiones en el Presupuesto 2023, casi el doble que hace 15 años. Hay otra forma muy visual de ver el salto en la factura de las pensiones (ver cuadro): en enero de 2008, pagar las pensiones costó 5.947 millones de euros mensuales (4,13 millones por minuto) y ahora, en enero de 2023, han costado 11.902 millones (8,26 millones de gasto por minuto)…

El problema no es sólo que el gasto en pensiones se ha disparado, sino que todo apunta a que va a crecer más rápido y con más intensidad en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubile la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). Hay varias causas que forzarán ese mayor gasto. Una, la revalorización de las pensiones con el IPC, aprobada por Ley desde 2022, que ya ha supuesto un coste adicional de las pensiones de 13.600 millones en 2023 y que se irá consolidando año tras año. La segunda, que las nuevas pensiones son más altas y lo serán más en el futuro, por la subida de salarios y los años cotizados. Así, la pensión media era de 932 euros el 1 de febrero de 2018 y ha subido a 1.191 el 1 de febrero de 2023 (+27,7% en 5 años). Y en ese periodo, la jubilación media ha pasado de 1.077 a 1.370 euros (+27,2%). Y la tercera causa, la más importante, es que van a aumentar mucho los pensionistas: han pasado de 7.587.389 en febrero de 2008 a 9.067.267 pensionistas en febrero de 2023. Y serán casi 16 millones en 2050, según la AIReF. Además, vivirán más años (86,8 años en 2050 frente a 83 años ahora y 81,3 años en 2008), con lo que habrá que pagarles pensión más años (20 de media).

Todos estos factores van a disparar el gasto en pensiones, en España y en el resto del mundo, con dos “hándicaps” para nosotros: seremos el país más envejecido de Europa y nuestra población está cayendo más, por la baja natalidad (7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes frente a 9,3 de media en la UE, 9,5 en Alemania y 11,2 en Francia), con lo que tendremos menos gente trabajando (28 millones en edad de trabajar en 2050, frente a 30 millones ahora) y cotizando para pagar las pensiones futuras. El dato es escalofriante: en 2050 habrá 1,75 trabajadores cotizantes por cada pensionista, frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007). Así que vislumbramos mucho más gasto con menos cotizantes para pagarlo.

Ante este panorama, los paises y Gobiernos han tratado y tratan (Francia) de hacer reformas de las pensiones, básicamente para recortar gastos. En España, la primera reforma de pensiones la hizo Zapatero, en julio de 2011, apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027), elevar el periodo cotizado para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).

La segunda reforma de pensiones la implantó Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las pensiones un +0,25% entre 2014 y 2017, y un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la entrada en vigor del Factor de Estabilidad.

En 2020, la mayoría progresista que apoyaba al Gobierno Sánchez, promovió en la Comisión del Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación, el 27 de octubre, de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del 0,6%. Con este amplio acuerdo político, el Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la 1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en 2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En 2022 transfirieron otros 18.396 millones y 22.567 millones más en 2023, lo que suprimía el déficit del sistema.

La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de jubilación era 64 años y 6 meses en 2021), lo que supone un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida, aprobada en 2022 y la única no apoyada por la patronal CEOE, fue implantar una cotización extra, del +0,6% (+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023 y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI), para reforzar los ingresos a partir de 2032, cuando se dispare el gasto con las jubilaciones del “baby boom”.

Estas 4 medidas (ya en marcha) de la 1ª fase de la reforma de pensiones del Gobierno Sánchez, recibieron en 2022 el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada (como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en España. Pero no les bastaban: creían que se había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones. Y pedían más medidas, como requisito para que España siga recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que esta vez, el Gobierno ha empezado la 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas los cambios ineludibles y luego tratando de conseguir apoyos en España.

Las autoridades europeas insistían en que España recortara gastos y aumentara ingresos para asegurar el futuro de las pensiones. La petición más polémica era aumentar los años de computo para calcular la pensión (los que ZP aumentó de 16 a 25 años), lo que supondría una pensión menor. Pero aquí, el Gobierno chocaba con el rechazo frontal de los sindicatos (y de Podemos). Así que al final se ha optado por una vía intermedia: se subirán los años de cómputo, de los 25 actuales a 27, pero con dos cautelas, para “suavizar” el ajuste. La primera, que los futuros pensionistas podrán elegir (ojo: hasta 2044) entre tomar los últimos 25 años o los últimos 29 quitando los dos peores. Y la otra, que el nuevo sistema de cómputo será progresivo, desde 2026: los años de cómputo alternativo (y los meses a descartar) irán aumentando progresivamente hasta 2038, primer año en que se podrían elegir los últimos 29 quitando los dos peores. El Gobierno reitera que el nuevo sistema es “neutro”, no ahorra gasto, aunque puede beneficiar a algunos futuros pensionistas. Además, en paralelo, la reforma ayudará a los trabajadores con “vacíos de cotización”, sobre todo a mujeres que dejaron de trabajar por atender a hijos y padres. Pero ojo, a partir de 2044, ya no habrá “paños calientes”: el periodo de cotización será de 27 años, lo que supondrá un ligero recorte de las pensiones a partir de entonces.

Una vez asumido este recorte “diferido”, la 2ª fase de esta reforma de pensiones se centra en aumentar los ingresos, algo nada polémico para los sindicatos pero sí para la patronal. Para conseguirlo, se han aprobado tres medidas. Una, eliminar el tope de cotización a los salarios más altos (la parte del salario superior a 4.495 euros no cotiza ahora) y subir ese tope cada año (el IPC más un 1,2%). A cambio, estos altos sueldos tendrán ahora una pensión máxima de jubilación mayor (hoy es de 3.058 euros), aunque proporcionalmente crecerá menos (por solidaridad). La segunda medida aprobada es crear una cuota de solidaridad, que se aplicara a la parte de los sueldos altos que no coticen (hay 35.000 millones en salarios que no cotizan nada hoy): empezará con una cuota del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25% al año hasta alcanzar el 6% en 2045, cuota de la que se excluye a los autónomos. Y la tercera medida consiste en reforzar el Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional (MSI) aprobado en la 1ª fase de la reforma y aplicado desde enero de 2023: esa cotización extra del 0,6% se aumenta ahora, año tras año, hasta duplicarse (1,2%) en 2029.

El Gobierno estima que con estas tres medidas, los ingresos del sistema de pensiones aumentarán en 15.000 millones anuales para 2050, sobre todo por "destopar" los salarios altos (50% nuevos ingresos) y por duplicar la cotización extra intergeneracional (aporta otro 40%), una medida con la que se espera llenar “la hucha de las pensiones” (que ahora tiene 3.000 millones)  con hasta 130.000 millones de euros para 2040. La reforma contempla que la SS pueda “tirar de esta hucha” desde 2032 (no antes), para pagar la mayor factura de las pensiones que se espera hasta 2044, por la jubilación del “baby boom”.

Ante este aumento de ingresos vía cotizaciones (que pagan empresas, 23,60% del salario, y trabajadores, 4,70%), la patronal CEOE ha mostrado su rechazo, acusando al Gobierno de “voracidad recaudatoria” y de “lastrar el talento” y “la competitividad de las empresas españolas”. Pero el Gobierno ha recibido el visto bueno de Bruselas porque las autoridades europeas saben que los costes laborales (sueldos más cotizaciones sociales) en España son de los más bajos de Europa y “hay colchón” para subirlos. Y más cuando su impacto es bajo, según insiste el ministro Escrivá: la subida de cotizaciones repercutirá 37 céntimos en los costes laborales de las empresas españolas en 2050 (10 céntimos en 2023, 13 entre 2024 y 2030, 6 entre 2031 y 2040 y 8 céntimos entre 2041 y 2050). Con ello, tendrán un coste total (sueldos más cotizaciones) de 23,8 euros por hora trabajada en 2050 (frente a 23,40 hoy), todavía un 30% por debajo de los costes laborales de la zona euro (33,8 euros por hora hoy) y muy inferiores a los costes laborales de Francia (39,2 euros por hora trabajada), Alemania (38,3 euros) e Italia (29,9 euros). Y además, las cotizaciones que más suben, las de los salarios altos, las pagan sólo 1,2 millones de trabajadores, el 7% de todos los asalariados.

Además de subir los ingresos y retrasar la subida del periodo de cómputo, la reforma incluye una subida de las pensiones mínimas, hoy demasiado bajas. Las mínimas contributivas subirán más cada año para que en 2027 lleguen al 60% de la renta media (y alcancen 1.178 euros al mes en 14 pagas, un 22% más que hoy). Y lo mismo las mínimas no contributivas (asistenciales), que subirán de los 457 euros actuales (en 14 pagas) a 593 euros en 2027. Algo bastante justo, que aumentará el gasto en 2.500 millones anuales.

Al final, el objetivo de esta reforma es que el gasto en pensiones no se dispare en las próximas décadas y, aunque crezca (por el envejecimiento), no supere el 15% del PIB,  frente al 12% actual. El ministro Escrivá cree que, con las medidas aprobadas (entre 2021, 2022 y ahora), será posible consolidar los ingresos y “embridar” los gastos, para no superar ese tope, que es la exigencia de la Comisión Europea. Lo más importante no es sólo que se aprueba esta reforma, sino que incluye un mecanismo de seguimiento y control, que ha convencido a Bruselas. Por un lado, cada tres años habrá un informe de evaluación de ingresos y gastos, que elaborará la Agencia estatal independiente AIReF, la primera en marzo de 2025. En cada evaluación se hará un seguimiento y si se dispara el gasto, la AIReF propondrá al Gobierno de turno que tome medidas, enviando propuestas al Pacto de Toledo (Congreso). Y la reforma establece que las Cortes deberán aprobar esas medidas antes de finales de año. Pero ojo, si el Parlamento o el Gobierno no lo hacen, entraría en funcionamiento un mecanismo de ajuste automático: subirían las cotizaciones para compensar desde enero el 20% del exceso del gasto y el resto en los años siguientes.

La verdad es que el sistema de pensiones sale más robusto de esta reforma, aunque es muy probable que sea insuficiente en una década, lo que obligará a futuras reformas, que incidirán sobre el gasto (recortes) y los ingresos (cotizaciones y quizás un impuesto específico para las pensiones). Con todo, España debería avanzar en otras dos vías de las que apenas se habla: aumentar la natalidad y la población (la población “española” está cayendo y sólo van a salvar las pensiones los inmigrantes) y aumentar el empleo, avanzar en la modernización y competitividad de la economía para que trabajen (y coticen) más personas: deberían trabajar entre 1,7 y 4 millones de españoles más si nuestra tasa de empleo fuera como la media de la UE-28 y la de Alemania. Esos dos factores, más población y más gente trabajando, son las verdaderas garantías de las futuras pensiones.