Más juguetes y muchos falsificados

La compra de juguetes se ha recuperado esta Navidad, tras la caída por la crisis, y el sector espera vender este año un 6% más. Pero ojo: 1 de cada 8 juguetes que nos venden están falsificados, lo que resta negocio, empleo e impuestos a España, que es el tercer fabricante de juguetes de Europa. Nuestra industria tiene dos graves problemas: los españoles compramos un tercio de juguetes que los grandes países europeos y además, los compramos sobre todo en Navidad, lo que provoca que suban los precios y los juguetes sean un tercio más caros que en el resto de Europa. Cara al futuro, los padres deberíamos comprar más juguetes durante todo el año (ayudan a la educación de los niños), pero no a cualquier precio: los juguetes “low cost” pueden ser inseguros y falsos. Y las empresas jugueteras españolas deben ganar tamaño, innovación y ventas online, para seguir exportando y poder competir con las falsificaciones. ¡Felices Reyes ¡
 

enrique ortega

La compra de juguetes ha subido claramente esta Navidad y las empresas esperan recuperarse de la crisis, que les llevó a caídas de ventas entre 2009 y 2012, con una ligera recuperación en 2013 (+2,3%) y 2014 (+3,2%), casi exclusivamente por las exportaciones, que nunca han fallado. Este año, las ventas en España iban mejor hasta octubre (+3%) y se espera cerrar una Navidad mucho mejor que ninguna desde 2008, mientras las exportaciones se han duplicado, por la caída del euro, que ha impulsado extraordinariamente las ventas en Gran Bretaña (+130%) y Estados Unidos (+98%), mientras caían en Rusia (lo que afecta mucho a la venta de muñecas de Alicante). En conjunto, el sector juguetero espera cerrar 2015 con un aumento de ventas del 6%, el mayor desde el inicio de la crisis.

Pero el sector juguetero está muy preocupado por las falsificaciones, que roban un 16,6% de las ventas: 1 de cada 8 juguetes vendidos son falsificaciones, juguetes procedentes de China y el sudeste Asiático y que entran en España evadiendo controles e impuestos. De hecho, España es el quinto país europeo con más porcentaje de juguetes falsificados (16,6% frente al 12,2% de media en la UE-28), sólo por detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría, según datos de la Oficina europea para la Armonización del Mercado Interior (OAMI). Se estima que estos juguetes falsificados hacen perder a la industria española 167 millones de facturación, unos 500 empleos y cerca de 50 millones al Estado en impuestos y cotizaciones. Y además, algunos juguetes falsificados pueden ser peligrosos para los niños.

La principal pista para detectar si un juguete es falso es su precio: desconfiemos de los juguetes que son mucho más baratos del precio habitual. Pero descubrir las falsificaciones no es fácil: los juguetes son un producto de temporada, de corta vida, y por eso el consumidor no suele estar familiarizado con marcas y fabricantes. Pero resulta clave fijarse en la marca y origen, en su precio y sobre todo cuidar dónde los compramos, en qué tienda, aunque a veces el distribuidor no sabe que es falsificado (otros “hacen la vista gorda”). El sector pide al Gobierno más controles en frontera, sobre todo con los juguetes de origen chino (el 60% de los juguetes que importamos), y multas más duras, dando publicidad a los sancionados.

Pero el mayor problema del sector juguetero no son las falsificaciones sino el bajo consumo de juguetes en España, un tercio del que tienen los grandes países europeos, tanto en número de juguetes como en el gasto realizado: compramos 8 juguetes de media por niño y año (176 euros), frente a 12 juguetes y 187 euros en Italia, 25 juguetes y 336 euros en Alemania, 20 juguetes y 358 euros en Francia y 39 juguetes y 438 euros en reino Unido, el país líder el consumo de juguetes en Europa, aunque por detrás de Estados Unidos y Japón, según  datos de la consultora NPD.

Y otro problema, además de que compramos la tercera parte de juguetes, es que los españoles concentramos más las compras en Navidad: diciembre concentra el 53% de las ventas en el mercado español, una estacionalidad mucho mayor que en Italia (36%), Francia (36,5%), Alemania (28,2%) y Reino Unido (25,7%), donde las compras de juguetes están mucho más repartidas a lo largo de todo el año. La consecuencia de ambos factores, menos consumo de juguetes y ventas más concentradas en Navidad, es que los fabricantes y distribuidores suben el precio de los juguetes y son más caros en España: 18,30 euros de precio medio por juguete, frente a 16,29 euros en Francia, 12,07 euros en Alemania, 11,39 euros en Italia y 8,96 euros en Gran Bretaña, según las estadísticas de NPD.

En España, compramos muchos menos juguetes, sólo un mes al año y eso nos encarece mucho el precio de los juguetes de calidad, lo que nos lleva cada vez más a comprar juguetes “low cost”, con gran riesgo de que sean falsos, inseguros o de poca calidad. Es un círculo vicioso que afecta muy negativamente a nuestra industria pero también a los niños, que juegan con juguetes de poca calidad y duración, que pueden incluso ser inseguros. Para evitar este problema, Europa puso en vigor en julio de 2011 la Directiva europea 2009/48, con las normas de seguridad para juguetes más exigentes del mundo. Pero siguen decomisándose cada año juguetes que incumplen la normativa, sobre todo juguetes fabricados en China que burlan los controles de entrada, contienen metales pesados y son peligrosos para los niños.

España es el tercer fabricante europeo de juguetes, con 1.338 millones en ventas (2014) y 5.000 empleos directos (más 20.000 indirectos), sólo por detrás de Alemania e Italia. Y  exportamos un tercio de la producción, sobre todo a Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y Alemania, aunque también a Rusia, EEUU y Japón. El juguete español ofrece una marca de calidad, fruto de un gran esfuerzo de la industria española por innovar: las jugueteras españolas son las empresas jugueteras europeas que más porcentaje de inversión destinan a tecnología e innovación, sólo por detrás de Austria. Y la industria juguetera ocupa el puesto número 8 en el ranking industrial español de registro de marcas.

Pero la industria juguetera española tiene también debilidades. Una de ellas, que las 200 empresas del sector (muy concentradas en la Comunidad Valenciana y Cataluña), son de pequeño tamaño y les resulta difícil competir con las grandes multinacionales del sector, que son estadounidenses (Mattel o Hasbro), japonesas (Bandai o Tomy), danesas (Lego), alemanas (Playmobil), y francesas (Smoby). Baste decir que la juguetera “española” líder, Famosa (vendida en 2010 a la firma de capital riesgo USA Sun Capital), factura 30 veces menos que la líder mundial USA (Mattel) o 15 veces menos que la líder europea (Lego). Otra debilidad de nuestra industria juguetera es que fabrica muchos juguetes “de otros”, bajo licencia, a pesar de su alto nivel de innovación: un 30% de los juguetes son licenciados, frente a un 20% en Alemania o un 28% en Italia, los otros dos grandes fabricantes. Y la tercera, que la industria está en manos de muy pocos distribuidores (entre 10 y 15 híper y grandes almacenes), muy poderosos, que les imponen precios y condiciones.

Los grandes retos de la industria juguetera española son aumentar el tamaño de las empresas (con fusiones), aumentar las inversiones y fabricar más productos propios, vender más fuera de temporada y mejorar sus ventas online, para no depender tanto de los distribuidores. De hecho, las jugueteras españolas son las industrias europeas con menos cuota de comercio electrónico: sólo un 3% de las ventas totales, frente al 4,1% en Italia, el 16% en Francia, el 25,4% en Alemania o el 35,1% de ventas de juguetes por la red que se hace en Reino Unido, según los datos de la consultora NPD. Y, en paralelo, una publicidad no tan basada  en la TV (96% del total) y que no centre las ventas en una docena de juguetes (agotados).

Los consumidores también tenemos que cambiar. No sólo dejando de buscar el juguete más barato, sin preocuparnos de su calidad y seguridad, sino gastando más en juguetes durante todo el año, no sólo en Reyes, lo que nos permitiría comprar más juguetes a menos precio, gastando sólo un poco más, como hacen en otros países europeos. Y eso supone considerar al juguete como un instrumento educativo más, como una ayuda para formar a nuestros hijos, como defienden muchos pedagogos. Algo que nos puede llevar a enfrentarnos a los deseos de nuestros hijos, que a partir de los 7/8 años ya no piden juguetes “tradicionales” sino juguetes electrónicos y sobre todo videojuegos, dominados por la industria japonesa y norteamericana. Por eso, la industria juguetera española y los educadores llevan años unidos en defensa del juguete tradicional, bajo el lema de “aprender jugando”, una batalla perdida sin el apoyo de los padres, que hemos de luchar contra tanta “maquinita alienante”. Y que no sólo tenemos que comprar más juguetes, sino dedicar más tiempo a jugar con nuestros hijos, que ahora es muy escaso según las estadísticas.

En definitiva, que hemos de pensar todos que el juguete no es un capricho por Reyes sino que debería ser una herramienta imprescindible para el juego y la educación de los niños, a lo largo de todo el año. Y que no sólo debemos comprar lo más anunciado, sino buscar juguetes seguros y de calidad, que formen y diviertan, aunque tengamos que pagar más por ello. Si no, corremos el riesgo de comprar juguetes falsificados, inseguros y que no duren ni un día. Como siempre, lo barato es caro. ¡Felices Reyes para todos ¡

Guarderías más caras y más privadas

Las parejas con niños menores de 6 años han vuelto a tener problemas para encontrar una guardería donde dejar a sus niños en septiembre. Las guarderías públicas han subido mucho sus precios por los recortes  y faltan en muchas ciudades, mientras se privatiza su gestión dejándola en manos de empresas de servicios. Y las privadas, que ganan terreno por las ayudas que reciben (cheque guardería), son más caras y ofrecen unos servicios de menos calidad, para rebajar costes. El mayor problema son los niños de 0 a 3 años, donde sólo uno de cada cuatro va a guardería (menos en la España pobre). Además, hay una gran diferencia de precios en las guarderías públicas: en Madrid se paga más del doble que en Andalucía o Cataluña. Faltan unas 300.000 plazas de guarderías en España, algo necesario  para que las mujeres puedan trabajar y las parejas tengan más hijos, algo urgente para un país envejecido.

enrique ortega

En España, la enseñanza de los niños de 0 a 6 años no es obligatoria ni gratuita. El curso pasado, 1.884.886 niños menores de 6 años iban a guarderías y escuelas infantiles (443.489 eran menores de 3 años y 1.441.397 de 3 a 6 años), una cifra que baja cada año por la caída de la natalidad desde 2009.  Con ello, la tasa de escolarización en los niños de 0 a 6 años ha bajado con la crisis y está en el 26,73%, por debajo del objetivo europeo (33%).

El problema está en la baja escolarización de los más pequeños, los de 0 a 3 años, ya que entre 3 y 6 años España tiene escolarizados al 99,1% de los niños, por encima de la media europea (77,2%) y de Reino Unido (79%) o Alemania (88%), aunque no de Francia (100%). Sin embargo, en la franja de 0 a 3 años, se ha dado un gran salto (de 88.926 en 1999 a 443.000 el curso pasado) pero estamos por debajo de Europa: 7,6% van a guardería con menos de un año, 27,8% entre 1 y 2 años y 44,8% entre 2 y 3 años. Y además, hay grandes disparidades por autonomías, con menos bebés escolarizados en la España pobre y rural.

Precisamente, el mayor problema de los padres es encontrar una guardería para estos niños menores de 3 años, porque en los de 3 a 6 hay más plazas en los colegios, aunque caras. En las guarderías públicas (dos tercios dependientes de los Ayuntamientos), se llevan sufriendo cuatro años de recortes (autonómicos y municipales), que han obligado a subir las tarifas a los padres, entre un 25% y un 175% (Madrid) en  los últimos años. Además, existe una gran disparidad de precios por autonomías. Así, el precio de una guardería pública para un niño menor de un año es en Madrid de 336 euros al mes y de 300 euros en Barcelona mientras cuesta la mitad en Andalucía (167 euros) y aún menos en Extremadura (155 euros) o Castilla y León (121 euros). Y si la familia gana el salario mínimo, no paga nada por la guardería (si encuentra plaza) en Andalucía, Aragón, Asturias o Canarias, poco en Galicia (16,86€) Castilla la Mancha (30€), Castilla y León (35€), Extremadura (47€)  o Murcia (47€) y bastante en Madrid (208 €), La Rioja (202€), Navarra (125€), País vasco (118€) o Barcelona (90 €).

Con ello, muchas familias han tenido que sacar a sus hijos de las guarderías públicas para dejarlos con sus abuelos, su madre (a quien no compensa trabajar para pagar guardería y transportes) o su padre en paro. Y así, en muchas guarderías públicas ya no hay listas de espera y se reducen plazas, mientras los Ayuntamientos temen por su futuro. Además, muchas guarderías públicas han pasado a tener una gestión privada, por ideología de Ayuntamientos y autonomías y como fórmula para reducir costes: se ha subastado la gestión, con una rebaja de costes del 24% y eso ha atraído a empresas privadas de servicios (como Eulen, Kidsco o Clece), que han ganado muchos concursos frente a cooperativas de profesores que denuncian que a esos precios no pueden ofrecer un servicio profesional. Y así, han empeorado los estándares (más niños por clase, menos espacio y menos medios) y se ha deteriorado la educación infantil, con profesores peor formados y con contratos precarios.

Mientras se deterioran las guarderías públicas, muchas autonomías, sobre todo las dirigidas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia…) han multiplicado las ayudas a las guarderías privadas, con convenios y el pago de un “cheque guardería” a los padres (de 100 a 160 euros al mes en Madrid). Con ello y el continuado recorte de costes, hay guarderías privadas que ya les salen a los padres más baratas que las públicas, lo que está provocando un trasvase de niños a las privadas. De hecho, el curso pasado, el 48,66% de los niños de 0 a 3 años acudían a guarderías privadas y todo apunta a que este año igualarán a las públicas. Pero ya hay cuatro autonomías donde hay más niños de 0 a 3 años en las guarderías privadas que en las públicas: Comunidad valenciana (60,12% niños en privadas), Madrid (54,9%), la Rioja (50,2%) y, curiosamente, en Andalucía (59,99%).

El problema guarderías públicas-privadas no es ideológico sino educativo: si se abre una guardería como un negocio, las empresas buscan reducir costes y eso se traduce en peores instalaciones (1,5 y 2,5 m2 por niño frente a los 7,6 recomendables), niños hacinados y poco personal (España, con 27-28 niños en el segundo ciclo de infantil, 20 niños en 2-3 años, 14 en 1-2 años y 8 bebés por profesor, no cumple las exigencias europeas), con profesores poco formados. Y con horarios excesivos (de 7 a 19 horas), una deficiente programación educativa (niños viendo la tele o saliendo al patio con los mayores), que convierte a muchos centros en lugares de “aparcamiento de niños” (“guarderías”) en vez de escuelas de educación infantil. Y además, se estima que hay un 10% de “guarderías piratas”, sin control oficial.

Lo más grave, según la Plataforma estatal en defensa de la educación 0-6 años, son las grandes diferencias normativas y de funcionamiento (ayudas, precios, infraestructuras) entre autonomías, al no existir una legislación estatal. Y así, hay guarderías que educativamente funcionan muy bien (Baleares) y otras bastante mal (Madrid). Y critican además el trasvase de ayudas y niños a las guarderías privadas, el deterioro de los centros públicos y la creciente precariedad de los profesores de educación infantil, cada vez más mujeres. Y plantean que hacen falta 300.000 nuevas plazas en educación infantil (0-3 años) en España.

Pero el Gobierno Rajoy no va por ahí. En 2012 ya eliminó del Presupuesto el Plan Educa-3, puesto en marcha por Zapatero en 2008 para crear 300.000 nuevas plazas hasta 2012, con una inversión de 1.087 millones financiados a medias por el Estado y las autonomías (se crearon sólo 71.000 hasta 2010). Y año tras año sigue forzando a autonomías y Ayuntamientos a recortar el gasto en guarderías, para cumplir el déficit. Ahora, con la reforma local aprobada en solitario por el PP, los Ayuntamientos, dejarán de ofrecer guarderías municipales, un servicio que pasará a las autonomías (y no se sabe qué harán con ellas, asfixiadas como están por los recortes, actuales y futuros).

Fomentar unas escuelas infantiles de calidad y a precios asequibles es una necesidad, no sólo para que las mujeres puedan trabajar (el 23% dejan su empleo para atender a sus hijos menores de 5 años), en un país donde el 48% de las mujeres (9,2 millones) son inactivas  (frente al 42% en Europa), sino también para que haya una mayor igualdad social desde la cuna, al margen de la situación económica de los padres: los niños que han ido a preescolar obtienen mejores notas de mayores, según un informe de la OCDE.

Habría que volcarse en un Plan de guarderías, para conseguir a medio plazo la escolarización total de los niños de 0 a 3 años, a un coste asumible por las familias. Con ello, se mejoraría el rendimiento académico de estos niños después y se facilitaría que más mujeres pudieran trabajar, como en otros países. Pero sobre todo, fomentar las guarderías ayudaría a mejorar la natalidad en España, el segundo país más envejecido del mundo (tras Japón). Algo clave para poder crecer y pagar las pensiones futuras. Por todo ello, no apoyar la educación infantil (como hace el Gobierno y muchas autonomías) es un suicidio económico y social. Lo pagaremos.

España, un país de mileuristas (y minieuristas)

Cuatro de cada diez españoles son mileuristas, ganan menos de 1.000 euros al mes. Son más de 15 millones de trabajadores, autónomos, parados y pensionistas, según el resultado de un laborioso buceo que he hecho en las estadísticas oficiales. Y lo peor es que más de la mitad, 8,5 millones de españoles, ganan incluso menos, entre 400 y 860 euros. Hay una nueva palabra para ellos: minieuristas, a los que ya les gustaría llegar a ser mileuristas. Si les sumamos los parados que no cobran nada y los ancianos sin pensión, llegamos a 18,4 millones de españoles que viven en precario, que malviven. Son 4 millones más que antes de la crisis, por culpa del paro, la caída de salarios, los impuestos  y la inflación. Urge poner en marcha un Plan de choque contra la precariedad en que viven ya casi la mitad de los españoles.

enrique ortega

Los salarios llevan tres años sin apenas subir e incluso bajando, por la presión de la crisis y el paro. Con ello, el salario “más común” en 2010, según el INE, era mileurista: 941 euros netos al mes (hoy sería menos). Y en 2011, el 30% de los 14.233.300 asalariados españoles era mileurista, ganaba menos de 1.218,20 euros brutos al mes (unos 1.000 netos), según la encuesta de salarios del INE. Son 4.528.830 trabajadores mileuristas. Este sería su retrato-robot : mujer (42,2% son mileuristas, frente a un 18,3% los hombres), joven (61,5% menores 25 años son mileuristas y un 31,9% entre 25 y 34 años), con contrato temporal (48,1% son mileuristas), trabajan en el servicio doméstico (84,4% son mileuristas), el campo (60,9%), la hostelería (50,1%) y el comercio (40,6%) o son administrativos(47,9%), en pymes de menos de 10 empleados (51,4% mileuristas) y viven en Extremadura (con 40,5% asalariados mileuristas), Canarias (37,6%), Andalucía (36,8%), Murcia (36,2%) o Comunidad Valenciana (34,8%).

Entre los autónomos, unos 3 millones, también hay mileuristas. En principio, lo serían casi todos, ya que declaran a Hacienda un rendimiento medio de 950 euros al mes. Y la mitad que declaran por módulos confiesan unos ingresos medios de 10.602 euros al año. Si descontamos el posible fraude, no es arriesgado decir que un millón de autónomos, uno de cada tres, son mileuristas.

Vayamos a los parados. De los 5.778.100 españoles sin trabajo (EPA tercer trimestre), sólo cobran algún subsidio 2.927.530, la mitad (50,6%). Y todos estos parados son mileuristas: 1.368.106 cobran la prestación contributiva (848,30 euros de media) y el resto (prestaciones asistenciales y renta activa de inserción) reciben 426 euros mensuales.

Y llegamos a los 8,3 millones de pensionistas, la mayoría mileuristas: la pensión media es 834,99 euros (a 1 de octubre). Y de las 8.957.176 pensiones, tres de cada cuatro reciben menos de 1.000 euros al mes: 6.643.168 pensiones mileuristas, el 74,16% del sistema. En la pensión de jubilación, dos de cada tres son de menos de 1.000 euros (3.520.887, el 65,7%). En viudedad, casi la totalidad: 9 de cada 10 viudas reciben menos de 1.000 euros (2.129.017, el 91,5%). En incapacidad, tres de cada cuatro pensiones (674.035, el 71%). En orfandad, casi todas: un 97,3% de los huérfanos (283.508) cobran menos de 1.000 euros. Y en favor familiar, el 93% de las pensiones (35.721) son mileuristas.

En total, suman  más de 15 millones de españoles mileuristas (15.099.528) Una cifra que esconde otra realidad: más de la mitad de ellos ingresa mucho menos de 1.000 euros, entre 400 y 860 euros. Se les puede poner un nuevo nombre : minieuristas. Son 8.492.304 españoles. Una parte son asalariados: 2.830.517 trabajadores, el 18,7%, gana menos de 820 euros netos al mes .Y casi la mitad, el 10% de los trabajadores, gana el salario mínimo (641,40 euros al mes) o incluso menos (porque trabajan a tiempo parcial). Otro medio millón  de minieuristas son autónomos, muchos en la economía sumergida. Hay 1.559.424 parados que cobran 426 euros mensuales. Y 3.602.363 pensiones, cuatro de cada diez, están por debajo de 600 euros al mes.

A los 15 millones largos de mileuristas habría que añadir los que no ganan nada: los parados sin subsidio (2.850.570, el 49,4% de los parados EPA) y los ancianos sin pensión (un 5% como mínimo, 450.000 personas más). Con ello nos daría un colectivo de 18,4 millones de españoles en precario, cifra que los técnicos de Hacienda (Gestha) suben a 20,6 millones. Son casi la mitad de los 38,4 millones de españoles mayores de 16 años. Una cifra terrible, que ha crecido en 4 millones millones con la crisis, por culpa del paro, la caída de salarios, la inflación, la subida de impuestos y los recortes, que afectan más a los que menos tienen.

La consecuencia de esta gran bolsa de precariedad es el aumento de la pobreza y la desigualdad: hay casi 10 millones de pobres, una de cada cinco familias. Somos el país con más pobreza de la Europa del euro. Y en paralelo, hay más desigualdad: los ricos se han hecho más ricos. Y España es también el país del euro con más desigualdad, porque tenemos más paro, familias con muchas deudas y una protección social insuficiente (que se recorta cada año). Una pobreza y desigualdad que ha creado dos Españas, con una gran brecha social entre ellas. Que afecta especialmente a los niños (2,2 millones son pobres) y a su futuro (educación y sanidad), así como al presente de muchas familias, que no pueden afrontar sus deudas, con un récord de desahucios. Y que hipoteca su futuro: tienen baja formación y les será difícil encontrar empleo cuando llegue la recuperación y cotizan poco o nada, con lo que tendrán peores pensiones .

Tener 15 millones de mileuristas no sólo es un drama social, sino también económico: no pueden consumir y eso profundiza la recesión y el paro. Y mas que ayudar a competir a sus empresas, sólo las hace más ricas, ya que un trabajador mal pagado no es competitivo y vender más depende de que la economía crezca, haya demanda y la producción sea competitiva en organización del trabajo, innovación y tecnología , calidad y precio, no de que los salarios sean tercermundistas. No podemos aspirar a tener salarios chinos en Europa.

Ser líderes en mileuristas (y minieuristas) no nos hace un país más competitivo y la prueba es que somos líderes europeos en paro y recesión. Pero si puede profundizar la brecha social entre las dos Españas. Salir de ahí exige crear un Fondo contra la precariedad, con recursos obtenidos de una mayor recaudación sobre la riqueza y las grandes empresas con beneficios. Bastarían 5.000 millones para atender a los colectivos más en precario (parados, pensionistas, mujeres y jóvenes), mejorando la asistencia social (muy recortada), reduciéndoles impuestos y cuotas sociales, creando un parque de viviendas en alquiler (con los pisos del banco malo, que recibirá cuantiosas ayudas públicas) y lanzando verdaderos programas de formación para que los desempleados puedan reciclarse cara al futuro.

Y como telón de fondo, hacer otra política, abandonar los recortes y fomentar el crecimiento y el empleo, la única receta de verdad contra el mileurismo y la precariedad. Así no podemos seguir.