El fraude de los
vendedores de coches saltó el 28 de julio y por eso pasó bastante
desapercibido. Pero afecta a mucha gente: la mayoría de los que compraron
un coche nuevo entre febrero de 2006 y agosto de 2013.
En esos años, los concesionarios se pusieron de acuerdo para limitar los
descuentos a compradores de coches y usuarios
de talleres oficiales, que perdieron entre un 5 y un 10% de descuentos adicionales, según el expediente
abierto por la Comisión de la Competencia (CNMC). Entre 900 y 1.800 euros por coche, que ahora quiere reclamar la OCU.
El fraude es más indignante porque lo han
hecho unos vendedores de coches que han sobrevivido a la crisis gracias a las
ayudas públicas del Plan PIVE,
que nos han costado a los contribuyentes 3.363
millones desde 1.999. Un Plan PIVE que además sirve para financiar la
compra de coches importados, ayudando a crear empleo fuera de España. Pero el Gobierno Rajoy ha aprobado más fondos para 2016.
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enrique ortega |
Los concesionarios de coches estaban bajo vigilancia de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) desde principios de 2013, ante la sospecha de acuerdos entre ellos para fijar los descuentos a los compradores de coches. Ante las primeras investigaciones, el grupo líder de ventas (Seat-Volkswagen) se ofreció a colaborar con la CNMV y entregó (abril 2013) documentación clave para demostrar el fraude a cambio de inmunidad. Con este material y una amplia investigación, la CNMV abre un expediente a 23 marcas de coches entre agosto de 2013 y mayo de 2014. Y ahora, el 28 de julio de 2015, ha impuesto una multa histórica, de 171 millones de euros, a 21 marcas de coches (91% de concesionarios) por establecer acuerdos para limitar los descuentos que hacían a sus clientes. De estas multas se ha librado Seat y el grupo Volkswagen (les tocaban 39,4 millones) por haber colaborado con la investigación, aportando pruebas del fraude (por “chivatos”).
En esencia, el fraude consistía en el
intercambio de información entre las marcas de coches, a través de dos empresas
de consultoría (Urban Science y Snap-on), sobre precios y comisiones a aplicar no sólo en la venta de coches (nuevos y usados) sino también en
los servicios oficiales de taller, desde las revisiones y reparaciones
a la venta de piezas. Y eso está probado al menos durante 7 años y medio,
entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Según demuestra el expediente de la CNMC, las marcas se pusieron de acuerdo en limitar los descuentos a
los compradores (no más del 4%) y en no realizar políticas comerciales más
agresivas. La estimación de la CNMC es que los concesionarios podrían haber obtenido con
estos acuerdos una ganancia ilícita del 5 al 10%
del precio de los coches y servicios.
La multa de la CNMV ha sido recurrida por las marcas de coches ante la Audiencia Nacional, argumentando que ellos no han pactado precios y que la competencia entre marcas es un
hecho, como lo demuestra que los precios
de los coches han bajado un 8% en los últimos cuatro años, siendo España el país que aplica los mayores
descuentos en Europa (un 65% más que
los cinco principales mercados). Y se quejan de la elevada multa de 171
millones (aunque sólo sea entre el 0,10
y el 2% del volumen de negocio del sector), argumentado que el sector no se ha
recuperado aún de la fuerte caída de ventas (-60% desde 2007). Además, algunas
multinacionales del automóvil presionan
al Gobierno Rajoy para que intervenga, amenazando en privado con cancelar inversiones. Y hay riesgo de una ruptura en el sector, con todos
frente al grupo Seat-Volkswagen, por haber “delatado” los acuerdos.
Ahora, si la Audiencia Nacional confirma el fraude y la
multa, se abre la vía para que los consumidores
reclamen ante los tribunales por
daños y perjuicios. Se estima que los compradores de coches pueden haber
perdido un descuento adicional del 5 al 10% del precio del coche, entre
900 y 1.800 euros para un vehículo que costara 18.000 euros. La
asociación OCU va a comenzar a interponer reclamaciones
a finales de septiembre. El proceso será
complejo, ya que hay que demostrar el fraude caso por caso, con el
informe de peritos, por lo que una alternativa podría ser promover una acción colectiva que llevara a una
mediación o a un pacto con las empresas investigadas, algo en cualquier caso
difícil y complejo. Pero si ha habido
fraude, las empresas tendrán que indemnizar a los afectados. Es la Ley.
Este no es el único
fraude que ha salpicado a los concesionarios. Hace años que se denuncia el acuerdo entre concesionarios y empresas de desguaces para aprovechar las
ayudas del Plan PIVE: los vendedores
ofrecían al comprador buscarle un coche
inservible para entregarlo a cambio de las ayudas (2.000 euros, 1.000 del
Presupuesto y 1.000 de las marcas) por cambiar un coche viejo por otro nuevo. Por 500 euros, los vendedores ofrecían
poner el coche del desguace a su nombre y cumplir con las normas del Plan PIVE,
en connivencia con los desguaces. Así fue entre 1999 y junio de 2014, cuando el
Plan PIVE 6 empieza ya a
pedir que el comprador haya abonado el impuesto de circulación del año
anterior. Y hasta el PIVE 7, en febrero de 2015, no se acaba de verdad con este fraude, al exigir que
el titular del vehículo que se sustituye por uno nuevo lo sea al menos desde un
año antes.
El fraude masivo de
los concesionarios, pactando los descuentos a los compradores durante 7
años y medio, es más grave porque este
sector ha sobrevivido a la crisis gracias a importantes ayudas públicas (Plan PIVE), que han salido del bolsillo de los
contribuyentes. Las ayudas se iniciaron
en 1.999, primero con el Plan PREVER, luego con el Plan VIVE y el Plan
PIVE, del que en mayo de 2015 se ha aprobado la última entrega, el PIVE 8, con 225 millones de euros del
Presupuesto, cuyos fondos se espera agotar en octubre. En total, han sido 3.363 millones de euros de dinero público,
entre 1999 y 2015, para reanimar las ventas de coches. Y gracias a este dinero de todos, se han
sustituido 1.200.000 coches viejos y se han recuperado las ventas de coches, que se habían desplomado con la
crisis: si en 2004-2007 se vendían 1,6 millones de coches, las ventas cayeron a
722.000 en 2012-2013 y luego se han recuperado a 855.000 en 2014, con el
objetivo de superar el millón de coches vendidos
este 2015. Y todo ello, gracias a las
ayudas pública del Plan PIVE, que han mantenido abiertos la mayoría de los concesionarios, mientras ellos, a cambio, pactaban recortar las rebajas
a los compradores de coches.
El Gobierno Rajoy
ha incluido en el Presupuesto para 2016 nuevas ayudas públicas
para reanimar la venta de coches, recursos para un Plan PIVE 9, aunque eso va a depender de quien gane las elecciones
de diciembre. En cualquier caso, el mantenimiento de estas ayudas es muy
discutible. Primero, porque
son muchos los que piensan que las ventas de coches ya se han recuperado y no necesitan más ayudas, que podrían destinarse a otras cosas (como a la
investigación o a la reindustrialización). Y segundo, porque las ayudas públicas
del Plan PIVE han servido para mantener empleo en la industria del automóvil en
España pero también en otros países: de los 10 coches más vendidos en España en 2015, cinco se fabrican fuera (el DS4 de Citroën
en Francia, el VW Golf en Alemania, el Dacia Sandero en Rumanía y Marruecos, el
Renault Clío en Francia y el Nissan Qashqai en Reino Unido). Así que con
nuestros impuestos, el PlanPIVE mantiene empleo en otros países. Y fomenta las importaciones
de coches, que se han disparado en 2014 y 2015.
Está claro que el automóvil
es una industria
clave en España (la tercera, tras el turismo y la agroalimentaria), que
aporta un 10% del PIB y mantiene el 12% del empleo, siendo España el 9º fabricante mundial de automóviles (2,4 millones en 2014) y el 2º europeo
(tras Alemania). Pero ya recibe extraordinarias ayudas por otras
vías, además del Plan PIVE: el sector ha recibido 5.836 millones de
créditos blandos y ayudas desde 2009, además de los 3.363 millones del Plan
PIVE. Más de 9.000 millones en 15 años, una cantidad superior al resto de la
industria, más ayudas laborales (a
los EREs temporales). Y todo ello para un
sector que es muy dependiente del exterior (el 87% de los vehículos se exportan) y cuyas decisiones se toman fuera de España, por multinacionales
(alemanas, francesas, japonesas, americanas o italianas) que cualquier día pueden decidir cambiar una fábrica de España a México, Rumanía, Turquía, Indonesia o Marruecos,
a pesar de las millonarias ayudas recibidas.
No se trata de quitar
ayudas a la industria del automóvil, sino clarificarlas,
para que promuevan sobre todo el empleo
en España y sirvan para afianzar nuestro tejido industrial y nuestra
tecnología, no para financiar empleo y ventas fuera de España. Y sobre todo, la
industria del automóvil debe cumplir la
Ley, como todos, y no justificar acuerdos ilegales contra la libre competencia, en perjuicio de los usuarios. Y menos cuando reciben cuantiosas ayudas públicas. Es un escándalo. Deberían indemnizar
a los afectados y competir de verdad en la venta de coches, en beneficio de los
compradores. No más fraudes.
