Las jubilaciones anticipadas, en mínimos

En España, era normal hasta hace poco jubilarse antes de tiempo: hace 20 años, se jubilaban anticipadamente casi la mitad de los jubilados y el 40% en 2019. Pero los distintos Gobiernos, tanto Zapatero (2011) como Rajoy (2013) y Sánchez (en 2021) tomaron medidas para frenar estas jubilaciones anticipadas, que aumentan el déficit de la Seguridad Social. Y este año, han bajado ya al 34,5%, el porcentaje más bajo del siglo. Y aún se van a frenar más, tras aprobarse incentivos para que los trabajadores se jubilen más tarde de la edad legal (hoy 66 años y 4 meses, 67 años en 2027). Pero siguen pendientes 2 problemas. Uno, qué hacemos con los 819.500 parados mayores de 50 años, que hoy esperan 15 años para jubilarse cobrando 480 euros de paro, una forma de “subvencionar” su no jubilación anticipada. Y la otra, aprobar una nueva jubilación parcial de los trabajadores mayores (retirarse horas o días), para rejuvenecer plantillas y dejar paso a los jóvenes. Dos reformas  pendientes.

                 Enrique Ortega

En la mayor parte de este siglo XXI, casi la mitad de los trabajadores se han jubilado antes de tiempo. El récord se dio en 2004, cuando se jubilaron anticipadamente el 49,6% de los jubilados. Y después se mantuvo un alto porcentaje, hasta el 40,5% en 2011. España se lo podía permitir, porque la Seguridad Social tenía superávit (+2.444 millones en 2010). Pero en 2011, aumentaron las jubilaciones y los nuevos jubilados se retiraban con pensiones más altas, tras haber cotizado por salarios mayores. Y con ello, la SS entró “en números rojos”, con un déficit creciente desde 2011 (-487 millones, el 0,06% del PIB) al déficit  récord de 2016 (-18.536 millones, el 1,7% del PIB), para bajar después (-11.096 millones en 2021, el 0,9% del PIB) y hasta hoy (-7.160 millones, el 0,5% del PIB en 2022 y casi el mismo déficit previsto para este año 2023). Son 13 años de déficit de la SS.

Con este “agujero”, todos los Gobiernos han tratado de recortar la factura de las jubilaciones. Primero fue el Gobierno Zapatero quien aprobó, en julio de 2011, una primera reforma de las pensiones, apoyada por los sindicatos, la patronal, el PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía recortes para que España evitara el rescate europeo. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto en pensiones con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años para 2027), elevar el periodo cotizado exigible para recibir el 100% de la pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para poder jubilarse a los 65 años (de 35 a 38 años y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 a 25 años en 2022).

La segunda reforma de las pensiones la aprobó el Gobierno Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario (sin apoyos sociales ni de la oposición), con Bruselas también vigilante en plena época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que subieron un +0,25% entre 2014 y 2017. Y la introducción de un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050), aunque Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV, y retrasar su entrada en vigor (de 2019 a 2023). Pero no tocó las jubilaciones anticipadas, que volvieron a subir (del  38,3% en 2013 al 43,3% en 2018 y al 40% en 2019 (como en 2002).

La tercera reforma de las pensiones la promovió el Gobierno Sánchez, en octubre de 2020, al conseguir que una mayoría política (apoyo de todos los partidos, salvo VOX y la abstención de ERC y Bildu)  y social ( apoyo sindicatos y patronal) aprobara en el Pacto de Toledo (Congreso) 22 medidas de reforma, que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS los gastos impropios (y financiarlos con los Presupuestos), una subida extra de las cotizaciones del +0,6% (para recuperar “la hucha de las pensiones, vacía) y acercar la edad de jubilación real a la oficial. Para desarrollar esta última medida, el Gobierno Sánchez aprobó, a finales de 2021, penalizar las jubilaciones anticipadas e incentivar a los que se jubilen más tarde.

Esta 2ª fase de la reforma de pensiones de  2020 entró en vigor el 1 de enero de 2022 y supuso  un gran cambio en las jubilaciones anticipadas, con 2 medidas, “el palo” y “la zanahoria”. El “palo” es que se desincentivan las jubilaciones anticipadas, al establecer recortes en su pensión a los que se jubilen antes de la edad legal (64 años y 6 meses, en 2023, si ha cotizado menos de 37 años y 9 meses, y 65 años si ha cotizado más, una edad que subirá cada año hasta los 67 años en 2027). Si alguien cumple los requisitos de cotización y edad, podrá jubilarse hasta 2 años antes (a los 63 años si ha cotizado más de 37 años y 9 meses y a los 64 años y 4 meses si ha cotizado menos), pero perderá una parte importante de su pensión de jubilación, según lo que haya cotizado y según los meses antes que ser retire (ver aquí tablas de deducción): perderá un -21% de jubilación si se retira 2 años antes, un -5,5% si lo hace 1 año antes, un -4% si se jubila 6 meses antes, -3,5% en caso de faltarle 3 meses y un -3,2% si le falta un mes (y entre el -19 o -13% máximo y un -3,11 y -2,81 % mínimo si ha cotizado entre 38 y 41 años y 6 meses o más de 44 años y 6 meses).

Así que sigue siendo posible jubilarse antes (hasta 2 años antes), siempre que se haya cotizado lo suficiente, pero se pierde una parte importante de la jubilación el resto de la vida. Un ejemplo: un trabajador con 40 años cotizados, si se jubila a los 65 (podría) cobrará 1.700 euros de jubilación. Pero si se jubila a los 63, cobraría 1.377 euros (-19%) cada mes. Y si vive 20 años, habrá perdido 90.440 euros de pensión… Un “palo” importante, como para jubilarse antes (los despedidos pueden jubilarse 4 años antes de la edad legal).

La “zanahoria” es que el Gobierno Sánchez aprobó, en paralelo a estos recortes, unos incentivos para que los trabajadores retrasen su jubilación, hasta un máximo de 10 años. Son 3 incentivos, para que el trabajador elija (ver cuadro). La 1ª opción (la que se aplica si el trabajador no elige otra), supone cobrar un 4% más de base reguladora de la pensión cada mes por cada año que se retrase la jubilación a partir de la edad legal (65 o 66 años y 6 meses, según lo cotizado). Eso supone entre 40 euros y 113 euros más al mes por cada año de retraso (según lo que uno cotice) en la jubilación futura. La 2ª opción es cobrar una cantidad fija, un “cheque”, al jubilarse con retraso, una cantidad que oscila entre los 6.000 y 12.000 euros por año de retraso (según lo que se cotice). Y la tercera opción, la mixta, es una combinación de ambas: 2% de aumento mensual y una cantidad fija.

De momento, “la zanahoria” está empezando a funcionar y en 2022, un 5,4% de los nuevos jubilados optaron por retrasar su edad de jubilación, según el ministro Escrivá, quien explicó que estos jubilaciones recibirán un incentivo medio de 30.000 euros, aunque algunos llegarán a cobrar un incentivo de hasta 120.000 euros. El Gobierno Sánchez ha comunicado a Bruselas que espera que 500.000 jubilados retrasen su jubilación cada año, lo que supondrá un gran ahorro para la Seguridad Social, dado que por cada año que se retrase la edad real de jubilación (ahora, en septiembre de 2023, está en 65 años y se confía en dejarla en 66,6 años para 2030), la SS se ahorra 14.000 millones anuales.

Con todas estas medidas, se consiguió frenar las jubilaciones anticipadas en 2022 (el 37,3% de las jubilaciones, frente al 40% en 2019) y en 2023: suponen el 34,53% de las jubilaciones hechas de enero a septiembre, el porcentaje más bajo de este siglo. Han sido 82.637 jubilaciones anticipadas (de un total de 239.305 jubilaciones), 7 de cada 10 solicitadas por hombres, que suponen el 57% de los jubilados totales (eso se debe a que las mujeres tienen carreras de cotización más cartas y sueldos más bajos, por lo que no se pueden permitir jubilarse anticipadamente y perder parte de una pensión que es un 31,65% inferior a la de los hombres (1.080 euros frente a 1.580 euros la jubilación media en octubre). Y así, la edad real de jubilación ha subido de 64,4 años en 2019 a 65 años en 2023.

A pesar de esta mejora en las jubilaciones, quedan dos importantes temas pendientes El primero, qué hacemos con los parados mayores de 50 años, que no encuentran trabajo y a los que quedan muchos años para poder jubilarse. A finales de septiembre estaban parados 819.000 personas con más de 50 años, según la EPA, casi el 30% de todos los parados. Y de ellos, 229.400 parados tenían más de 60 años. Estos parados mayores tienen un serio problema para encontrar empleo, pero no tienen la edad para jubilarse, les faltan muchos años (hasta 15 y 17 años algunos). ¿Qué pueden hacer? Pues lo que hacen: buscar trabajo, malvivir con “chapuzas” (economía sumergida) y apuntarse al paro para cobrar algo hasta que se les acaba el desempleo. Y luego, si tienen más de 52 años, cobrar un desempleo asistencial de 480 euros al mes hasta que se jubilen. Eso si cumplen 3 requisitos: haber cotizado al desempleo durante al menos 6 años, estar registrado en las oficinas de paro (y no rechazar trabajos “adecuados” ni cursos de formación) y presentar cada año una declaración de rentas para justificar que ni ingresan más de 1.080 euros.

Hasta 2019, este paro asistencial a los mayores sólo lo recibían los mayores de 55 años. En marzo de 2019, el anterior Gobierno Sánchez rebajó  la edad para recibir este subsidio a los 52 años. Y además, mejoró lo que el Estado cotiza por ellos, ahora el 125% de la base mínima de cotización. En septiembre de 2023, 433.888 parados mayores de 52 años cobraban este “subsidio asistencial” (480 euros al mes), según los datos del SEPE, sólo algo más de la mitad de los parados mayores de 50 años (819.500). Y su futuro es siniestro: esperar entre 11 y 17 años (según los años cotizados) para poder jubilarse a la edad legal...

En realidad, lo que se hace es “subvencionar” a estos mayores para que no se jubilen anticipadamente, ya que no pueden. Ahora que el Gobierno Sánchez ha prometido a Bruselas una reforma de los subsidios de paro (somos el 2º país que más gasta en desempleo, tras Francia, y no conseguimos que los parados encuentren trabajo), sería un buen momento para estudiar qué se hace con los parados mayores de 52 años. Habría que pensar en jubilar anticipadamente a una parte de ellos, por ejemplo a los parados mayores de 60 años (229.400), que tienen casi imposible trabajar. La medida tendría un coste adicional, para asegurarles una pensión “decente”, pero su situación actual es insostenible. Y para el resto de parados mayores, fomentar su reciclaje y las ayudas para recolocarlos.

La otra reforma laboral pendiente es la de la jubilación parcial, la que puede solicitar un trabajador (a partir de los 60 años) para cambiar su contrato por uno a tiempo parcial (con una reducción de jornada del 25 al 50%, e incluso del 75% si al que le releva le hacen un contrato indefinido a tiempo completo ), ligado o no a la contratación de un joven (contrato de relevo), con lo que la empresa le paga un sueldo (menor) y la Seguridad Social una pensión complementaria. Esta jubilación parcial ha perdido “fuelle” en España, pues subió de  23.804 jubilaciones parciales en 2014 a 35.363 en 2018 (el 10,77% de todas las jubilaciones), para bajar después a 25.131 jubilaciones parciales en 2022 (el 7,66% del total) y 18.519 este año 2023 hasta septiembre (7,7%).

Sindicatos y patronal están de acuerdo en promover la jubilación parcial (lo incluyeron en el 5º Acuerdo para la Negociación Colectiva, firmado en mayo de 2023), dado el creciente envejecimiento de las plantillas (4,4 millones de trabajadores actuales tienen más de 55 años, 1 de cada 5 ocupados, y casi 2 millones de ellos tienen más de 60 años) y el abultado paro juvenil (856.400 jóvenes menores de 30 años están sin trabajo, el 30% de todos los parados). Habría que buscar una vía para que los más mayores fueran dejando su puesto (y enseñando) a los más jóvenes, sin perder ingresos. El Gobierno Sánchez se comprometió con sindicatos y patronal a reformar la jubilación parcial antes del 30 de junio de 2023, pero luego se convocaron elecciones y no se pudo hacer. El tema polémico es que, con el sistema actual, las empresas cotizan lo mismo por el trabajador mayor que reduce su jornada y se jubila parcialmente, lo que desincentiva que empresas (y el sector público, que apenas lo utiliza) lo hagan.

En resumen, que los españoles ya no se jubilan anticipadamente como antes, porque las distintas reformas de las pensiones se lo han puesto más difícil, lo que es bueno para las cuentas de la Seguridad Social. Pero los que pueden seguir trabajado después de los 65 (o de los 67), ahora tienen incentivos para hacerlo y mejorar así las cuentas de las pensiones. Eso sí, tenemos 2 problemas que afrontar: qué hacemos con los parados mayores que todavía no pueden jubilarse y cómo ayudamos a las empresas para que rejuvenezcan sus plantillas, en ayuda de los jóvenes. Dos retos claves para el próximo Gobierno Sánchez.

Menos nuevos jubilados y más mayores

El año 2019 termina con dos novedades en las pensiones: las nuevas jubilaciones han crecido menos que ningún año desde 2006 y los pensionistas se jubilan más tarde que nunca, a los 64 años y 5 meses. Se debe a una caída de las jubilaciones anticipadas y a que los nuevos jubilados esperan para no sufrir recortes. Con todo, la factura de las pensiones ronda los 10.000 millones mensuales y, aunque han subido los ingresos por cotizaciones, no llegan: en 2019, la Seguridad Social tendrá otro agujero de -17.109 millones, similar al de los 4 años anteriores. El déficit hace acuciante la reforma de las pensiones, pero sobre todo este dato, fruto de la caída de nacimientos al nivel de 1941: si hoy tenemos 3,26 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 serán sólo 1,24 activos por 1 mayor, según la OCDE. Eso obliga a atemperar el gasto en pensiones y buscar más ingresos. Urge pactar una reforma en 2020.

enrique ortega

En España hay muchos pensionistas, 8,88 millones (1 de cada 5 españoles), pero 2019 ha sido el año en que menos han crecido desde 2015: sólo crecieron en 76.189 hasta finales de noviembre (8.882.933 pensionistas), mucho menos que en todo 2018 (+101.037), según los datos de la Seguridad Social. Y lo mismo ha pasado con el número de pensiones: han crecido en 87.990 hasta noviembre (9.784.262 pensiones), mucho menos que en todo 2018 (+114.502). Y las pensiones de jubilación, que suponen dos tercios de todas las pensiones, han crecido sólo en 76.751 hasta noviembre (6.076.942), un aumento del 1,65%, el más bajo desde 2015 y 2009.


Las pensiones y pensionistas crecen menos porque en 2019 se han solicitado menos pensiones nuevas que en años anteriores: 476.364 nuevas pensiones hasta noviembre, un 5,22% menos que el año pasado (+586.286 nuevas pensiones en todo 2018) y la mayor caída en la solicitud de pensiones desde 2006. Esto se debe, sobre todo, a que han caído las jubilaciones (256.000 hasta noviembre frente a 328.000 en todo 2018), un -8,20%, la mayor caída desde 2006, aunque también las solicitudes de pensiones de viudedad (114.523 hasta noviembre frente a 135.000 en todo 2018), un -3,24%, y las de orfandad (-0,50%), mientras crecen pensiones por incapacidad permanente (+2,65%), según la SS.


Hay menos jubilaciones porque han caído sobre todo las jubilaciones anticipadas, que son ahora el 40% del total: si en 2018 se jubilaron 141.093 personas con menos de 65 años, en 2019 se han jubilado (hasta finales de noviembre) 102.345. Las otras jubilaciones “normales” (con 65 años y más), que suponen el 60% del total, también han caído pero menos: de 187.066 en todo 2018 a 153.692 hasta finales de noviembre de 2019, según la SS. 


La razón de que crezcan menos las pensiones, los pensionistas y los jubilados es triple. Por un lado, en diciembre de 2018 hubo una avalancha de jubilaciones anticipadas, porque muchos españoles temían que no se prorrogaran las condiciones ventajosas para jubilarse que había hasta el 1 de enero de 2019. El 28 de diciembre, tres días antes del fin de año, el Gobierno Sánchez aprobó la prórroga, pero ya muchos se habían jubilado anticipadamente. Por otro lado, en marzo de 2019, el Gobierno Sánchez aprobó otro decreto por el que ampliaba y mejoraba el subsidio a los parados de más de 52 años (antes 55), con lo que más de 100.000 parados mayores podían seguir trabajando hasta llegar a la edad legal de jubilación (antes, se les obligaba a jubilarse anticipadamente). Y en tercer lugar, muchos mayores esperan a jubilarse a los 65 años para no sufrir recortes en la pensión.


Además, muchas empresas no tienen prisa por jubilar a sus trabajadores, aunque desde diciembre de 2018 pueden obligarles a jubilarse al llegar a la edad legal (en 2019: 65 años para los que han cotizado 36 años y 9 meses o más y 65 años y 8 meses para el resto). Pero para aplicarlo, antes debe incluirse en convenio y muchas empresas no lo han hecho, también por la reticencia de los trabajadores, que, si están bien, prefieren seguir trabajando antes que jubilarse y perder un 12% de su sueldo (o más, por pluses e incentivos).


Por unas cosas o por otras, el aumento de pensiones y pensionistas es menor y se han reducido las jubilaciones anticipadas, como pretendía la reforma de pensiones aprobada por Zapatero en 2011. Eso explica también el otro cambio de 2019, que los nuevos pensionistas se jubilan más tarde, más mayores: la edad real de los jubilados en 2019 ha sido de 64 años y 5 meses, casi dos meses y medio más mayores que en 2018, la edad más elevada en que se han jubilado nunca los españoles (al menos desde 2005 en que existen registros), según la Seguridad Social.  Los datos revelan que las mujeres se jubilan más tarde (64 años y 11 meses) que los hombres (64 años y 1 mes), debido a que tardan más en cumplir los requisitos y porque sus pensiones son un tercio más bajas. Y la edad real de jubilación también varía por ramas de actividad: la más baja se da en la minería (57 años y 10 meses) y la más alta en los autónomos (65 años y 9 meses), también porque cotizan menos y su pensión final es más baja (además, los autónomos no pueden jubilarse anticipadamente).


A pesar de que haya menos pensiones nuevas, el gasto en pensiones sigue subiendo y en noviembre, la factura ha batido otro récord histórico: 9.784,26 millones de euros, un tercio más que en 2009 (pagar las pensiones costaba 6.537 millones), aunque el aumento del gasto es sólo del 1,13% anual, el más bajo de los últimos ejercicios. Y eso, porque está haciendo efecto la reforma de las pensiones de 2011, que pretendía “frenar el gasto”.

La factura de las pensiones crece porque hay más pensiones que pagar (aunque crezcan menos), con una revalorización del 1,6% (y el 3% las mínimas), y porque los nuevos pensionistas tienen derecho a pensiones más altas. Pero las nuevas pensiones de jubilación bajan desde 2015, por efecto de la reforma de pensiones de 2011: si en 2008, la pensión nueva de jubilación fue de 1.051,70 euros y subió a 1.202,07 en 2011 y a 1.392,44 en 2015, cayó en 2016 (por el aumento de jubilaciones anticipadas y el mayor cómputo de años de cotización), a 1.332 euros (-0,79%), en 2017 a 1.318 euros (-1,04%), en 2018 a 1.311,23 euros (-0,55% y más en 2019, a 1.305,62 euros en octubre (-1,82%), según los datos de la Seguridad Social. Con esta menor subida, la pensión media de jubilación que se paga (viejas y nuevas) es de 1.142,67 euros al mes, aunque hay muchas diferencias por regiones: 1.236,91 euros se pagan en el País Vasco, 1.173 en Asturias y 1.169 en Madrid, frente a 828,73 euros en Extremadura, 845,12 en Galicia, 876,90 en Murcia y 891,55 euros en Extremadura. Es el fruto de sueldos y contratos diferentes en sectores distintos.


Al final, aunque el gasto en pensiones crezca ahora menos, eso no arregla el déficit de la Seguridad Social, porque los ingresos por cotizaciones son insuficientes, aunque otra novedad de 2019 es que han crecido más que nunca desde 2008: un +8% de enero a octubre (103.203 millones ingresados por cotizaciones), gracias a que este año han subido algo más los salarios, mucho el salario mínimo (+22,3%) y también el empleo, a la vez que el Gobierno Sánchez subió algunas cotizaciones y a los autónomos.

Pero esta mejora de cotizaciones es insuficiente y el Gobierno comunicó a Bruselas en octubre que espera un déficit de la Seguridad Social de -17.109 millones en 2019, casi como el de 2018 (-17.369), 2017 (-16.775 millones) y 2016 (-17.720 millones). Y será ya el 10º año consecutivo de déficit de la SS, un “agujero” acumulado de -118.000 millones de euros desde 2010, tras 11 años de superávit continuo desde 1999 (ver gráfico). Para “tapar” estos déficits continuados, los Gobiernos han tirado de la hucha de las pensiones (de 66.815 millones en 2011 quedan ahora sólo 1.500 millones) y han hecho distintos préstamos del Tesoro a la Seguridad Social, que cerrará el año con 54.833 millones de deuda. 


La situación de las pensiones es preocupante, porque año tras año generan un abultado déficit, que hay que financiar. Pero el problema se va a agravar en las próximas décadas, a partir de 2027, cuando se jubilen las generaciones del “baby boom” (nacidas entre 1960 y 1975). La consecuencia será que los 9,88 millones de pensiones actuales se convertirán en 15 millones de pensiones para 2050. Y será todavía más difícil pagarlas que hoy, porque la población joven se reduce (el número de nacimientos en la primera mitad de 2019, 170.074 niños, ha sido el más bajo desde 1941, según el INE) y el empleo no crecerá tanto como los mayores, no superará los 20 millones de españoles trabajando para 2050 (hoy hay 19,87), según estima la Comisión Europea.


Consecuencia: el problema de las pensiones en España se va agravar en las próximas décadas, según alertó la OCDE a finales de noviembre con este dato: si hoy, en España hay 30,6 mayores de 65 años por cada 100 españoles en edad de trabajar, en 2050 habrá 77 mayores por cada 100 activos. A lo claro: si hoy tenemos 3,26 españoles en edad de trabajar por 1 mayor de 65 años, en 2050 habrá sólo 1,29 activos por cada pensionista. Y así no salen las cuentas. El tema es tan serio que España será en 2050 el 2º país del mundo con peores cuentas, sólo detrás de Japón (tendrá 1,28 activos por mayor), según el informe “Panorama de las pensiones 2017”, que analiza 40 paises. En Europa, en 2050 estarán casi tan mal como nosotros (muchos viejos y pocos trabajando) Grecia (1,36 activos por mayor), Portugal (1,37) e Italia (1,38). Y mejor, Reino Unido (2,08 activos por mayor), Francia (1,91) y Alemania (1,69), con una media europea de 1,79 activos por mayor de 65 años (UE-28), según la OCDE.


El dato es espeluznante y debería obligar a nuestros políticos a acelerar la reforma de las pensiones, aunque no parecen tener prisa. Pero indica claramente que la reforma es urgente y que no basta con retoques. Hay que actuar en varios frentes: fomentar la natalidad (conseguir al menos 100.000 nacimientos más al año en una década), aumentar el empleo (tenemos1,8 millones menos de personas trabajando que la media de empleo en Europa), mejorar salarios e ingresar más por cotizaciones (aumentando algo todas y subiendo las de los sueldos altos y las de los autónomos, que cotizan poco en España, como denuncia el informe de la OCDE) y dedicar una parte de los impuestos (recaudando más) a pagar las pensiones. Pero aún con todas esas medidas, es obligado proponer otra que no gusta a nadie: “atemperar” el gasto en pensiones, lo que obliga a contener y moderar las pensiones iniciales y a subirlas poco (salvo las mínimas), dado que ahora se van a tener que pagar durante 22 años o más (la gente vivirá hasta los 88 años y más). Y si no lo hacemos, el problema lo tendrán nuestros hijos y nietos.


El último informe de la OCDE refleja un problema del que nadie quiere hablar, pero que es un hecho: comparativamente, las pensiones en España son más altas que en la mayoría de paises. El dato de la OCDE es concluyente: las pensiones suponen aquí de media (para un trabajador con un salario medio y carrera laboral completa, no para los muchos “precarios”) el 84,3% del último salario que cobraba, frente a un 63,5% de media del último salario que suponen en Europa (UE-28) o el 58,6% de media en los 36 paises de la OCDE. Sólo en Turquía (93,8%), Italia (el 91,8% del último salario), Austria (89,9%), Portugal (89,6%) o Hungría (84,3%) la pensión es más “generosa” que en España, siendo peor en Holanda (80,2%), Francia (73,6%), Dinamarca (70,9%), Bélgica (66,2%), Suecia (53,4%), Alemania (51,9%), Grecia (51,5%), EEUU (49,4%), Japón (36,8%), Polonia (35,1%) y Reino Unido (28,4% del último sueldo).


En definitiva, que si pensamos que las pensiones españolas son bajas (muchas lo son: un tercio reciben menos de 650 euros al mes), es porque hemos cotizado por sueldos bajos, ya que el sistema es más generoso que en la mayoría de Occidente. Otro dato lo corrobora, este de la española FEDEA: los que cotizan 37 años se pagan con ello 13,2 años de la pensión media. Así que si viven más y cobran 8 años más de pensión (21-22 años, la media), son años que cobran sin haber cotizado por ellos. 


No se trata de recortar las pensiones sino de que el gasto crezca menos, para asegurar que el sistema no quiebre en el futuro. Eso implica un conjunto de medidas para “atemperar” el gasto en pensiones: aumentar la edad “real” de jubilación (de los 64 años y 5 meses actuales a 67 o 68 años, como plantea la OCDE y muchos expertos), computar más años de cotización (de los 25 años previstos para 2017 a 35 años primero y luego toda la vida laboral) y frenar más las jubilaciones anticipadas. Todo ello rebajaría algo las nuevas pensiones, pero se trataría de asegurar un mínimo y luego revalorizarlas “lo posible”, sabiendo que hay que pagarlas durante 22 años y más. Y en paralelo, conseguir más ingresos, por cotizaciones e impuestos, sobre todo para asegurar unas pensiones mínimas dignas. 


La clave es recortar el déficit actual y mejorar las cuentas a medio plazo, para que el gasto no colapse el sistema y aseguremos las pensiones de las futuras generaciones, no sólo las nuestras. Hacer las cuentas (sin demagogias) para ver cuánto se puede ingresar y cuánto pagar, con equidad y solidaridad entre generaciones. No pensar sólo en subir las pensiones actuales y “el que venga detrás que arree”. Urge pactar una reforma de las pensiones que valga al menos hasta 2050. Y, como pasa con el Cambio Climático, hay que actuar cuanto antes y con rigor, porque cuanto más se tarde en enderezar el sistema, más duros serán los ajustes. Salvemos las pensiones, no sólo las nuestras, sino las de nuestros hijos y nietos. Es una de las grandes tareas de España en 2020.

Jubilaciones duras y blandas

En diciembre, la industria del automóvil recibió un regalo de Reyes anticipado: el Gobierno Sánchez les permitió seguir rejuveneciendo sus plantillas, facilitando la jubilación parcial de sus trabajadores mayores a cambio de contratar a un joven. Suena bien. El problema es que sólo la industria puede hacerlo. El resto de españoles tienen que esperar a jubilarse a los 65 años y 8 meses en 2019, dos meses más tarde que en 2018. Y también suben 3 meses los años de cotización exigidos para cobrar el 100%. Pero como hay muchos mayores en paro y otros no se fían de lo que pase, siguen creciendo  los que se jubilan anticipadamente, aún perdiendo parte de pensión, sin los privilegios del automóvil: serán 146.000 los que se jubilen en 2018 con menos de 65 años, el 42,7% del total. Urge facilitar la jubilación a los parados mayores de 60 años (154.300) y fomentar el rejuvenecimiento de todas las plantillas. Pero antes, hay que asegurar más ingresos para las pensiones, porque su factura alcanzó un récord histórico en diciembre y ya cuestan un 35% más que en 2010.

enrique ortega

La mayoría de españoles con más de 50 años siguen muy preocupados por lo que va a pasar con su pensión. Y por eso, en cuanto pueden se jubilan, sin esperar a los 65 años, aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que viene pasando desde 2012, cuando el total de jubilaciones saltó a 308.400, tras la “reforma” (recortes) de Zapatero en 2011 (año con sólo 286.143 jubilaciones). Y luego dieron otro salto en 2013 (314.204, el récord), a raíz de la “nueva reforma” (más recortes) aprobada por Rajoy. Y así ha seguido, rondando las 300.000 jubilaciones anuales hasta 2017, año en que alcanzaron la segunda mayor cifra de la década: 309.709 jubilaciones. Y todo apunta a que este año 2018 se batirá el récord de jubilaciones, unas 330.000, a la vista de que van 309.472 jubilaciones hasta noviembre, según los últimos datos de la Seguridad Social. 

Crecen las jubilaciones pero sobre todo porque casi la mitad son jubilaciones anticipadas, hechas antes de los 65 años: concretamente 132.275 jubilaciones hasta noviembre, el 42,74% de las jubilaciones hechas en 2018, un porcentaje que ha crecido en los últimos años (eran el 41% de las jubilaciones en 2014, llegaron al 44,3% en 2016 y se mantuvieron en el 43,13% en 2017). El grueso de prejubilaciones se da a los 61 años (55.084 hasta octubre), 63 años (41.675) y 64 años (20.621), pero también las hay antes (3.225 personas se han jubilado en 2018 con menos de 60 años), por trabajadores despedidos por EREs. Con ello, la edad media de jubilación en España está en 64,2 años (igual que en 2014), por debajo de la media de los 35 paises industrializados de la OCDE, que se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y como además vivimos más años que el resto de occidentales (salvo Japón), nos crece más el gasto en pensiones año tras año.

Las causas de este aumento de las jubilaciones son básicamente tres. Una, el envejecimiento de la población: los mayores de 65 años han aumentado del 16,6% de los españoles en 2007 al 19,2% de la población en 2018. La segunda, que muchos mayores están sin trabajo y sin perspectiva de que les contraten por su edad, con lo que se jubilan en cuanto pueden. En septiembre de 2018 había en España 838.900 mayores de 50 años en paro, según la EPA, el triple que antes de la crisis (281.600 parados mayores de 50 años en 2007). Y de ellos, hay 154.300 parados con 60 a 64 años, muchos de ellos sin cobrar el paro (algunos parados con más de 55 años pueden cobrar 430 euros al mes hasta jubilarse), que son los primeros que buscan jubilarse anticipadamente como sea.

Pero hay una tercera razón que dispara las jubilaciones: el miedo a lo que pueda pasar con las pensiones, a la vista de lo que se comenta y de la entrada en vigor de las reformas de 2011 y 2013. En 2018 han crecido más las jubilaciones porque se sabía que el 1 de enero de 2019 entraba en vigor un nuevo sistema de cálculo, el llamado “factor de sostenibilidad”, aprobado por Rajoy en 2013: se vincularán las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece cada año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año (“menos pensión durante más años”). Este “factor de sostenibilidad” iba a recortar ya las nuevas pensiones en 2019 un 0,5%, según los expertos del BBVA. Y otro tanto en 2020 y 2021, para recortarlas entre un 4 y un 6% hasta 2029. Al final, en abril de 2018, Rajoy firmó un pacto de pensiones con el PNV y se acordó retrasar este recorte hasta 2023. Pero no impidió que las jubilaciones crecieran un 22,7% en abril (el miedo previo al acuerdo) y luego un 10,3% en octubre y un 14,43% en noviembre.

Lo que no se ha cambiado es el endurecimiento de las jubilaciones en 2019, otro acicate más a que haya habido récord de jubilaciones en 2018, para evitarlo. A partir de enero, se amplía en 2 meses la edad de jubilación, hasta los 65 años y 8 meses, que irá aumentando paulatinamente hasta los 67 años en 2027. Y se endurece también en 3 meses el periodo de cotización exigible para cobrar el 100% de la pensión: 36 años y 9 meses. Esto repercute en los que se quieran jubilar anticipadamente, porque este año tendrán que tener 63 años y 8 meses (2 meses más que en 2018), además del requisito de haber cotizado un mínimo de 35 años y de ellos 2 al menos en los últimos 15 años. Y por supuesto, los que se jubilen anticipadamente deben saber que pierden entre un 6,50% y un 8% de pensión (según los años cotizados) por cada año que anticipen su jubilación (ver requisitos exigidos).

Estas son las condiciones de las jubilaciones y prejubilaciones de la gran mayoría de españoles, que se van a endurecer año tras año con las reformas de 2011 y 2013 (jubilarse más tarde y con menos pensión). Pero hay dos excepciones. Una, los afectados por los ERES de la pasada década (empleados de Telefónica, banca y grandes empresas), que han  estado cobrando el paro estos años y que se pueden jubilar este año 2019 sin los recortes aprobados por Rajoy en 2013, gracias a un decreto-ley que ha aprobado el Gobierno Sánchez a finales de diciembre para darles un año de prórroga. Algo que no convence a los afectados, porque fueron despedidos con unas condiciones de paro y jubilación (muy beneficiosas) que se les cambiaron después, con la reforma de Rajoy de 2013: se fueron pensando en poder jubilarse a los 63 años, por ejemplo, y de no haberlo cambiado ahora el Gobierno, tendrían que esperar a tener 66 años en 2021… Pero sufrirán el problema en 2020.

La otra excepción, menos justificable, es el regalo que hizo en diciembre el Gobierno Sánchez a la industria del automóvil: otro decreto ley  les permite seguir 4 años más con los contratos de relevo, una modalidad que se terminaba el 1 de enero de 2019 y por la que pueden seguir rejuveneciendo plantillas a costa de la Seguridad Social. Estos contratos de relevo eran muy habituales en España y suponen que un trabajador mayor reduzca su jornada y a cambio entre a trabajar uno joven al que forma antes de jubilarse. Lo normal es que el trabajador mayor coja una jubilación parcial, por la que cobra un 25% de sueldo y el 75% restante como pensión. El “truco” es que, a raíz de una sentencia del Supremo, podrían concentrar las horas en unos meses o años, con lo que el trabajador mayor se acababa jubilando antes, como si fuera una jubilación anticipada, sin ninguna penalización (con el 100% de pensión) y sin tener que formar al joven que le “releva”. Y con ello, muchas industrias utilizaban este sistema para cubrir con esos jóvenes vacaciones y picos de producción.

Al plantearse la reforma de las pensiones de 2011 y 2013, se acordó acabar con esta jubilación parcial encubierta porque era muy costosa. Baste decir que se han acogido a ella unos 340.000 trabajadores entre 2003 y 2018 (el 70% en los servicios, no sólo en la industria), con un coste para la Seguridad Social de 30.000 millones de euros, según un estudio de FEDEA. Por ello, se dio a las empresas una prórroga para acabar con estas jubilaciones parciales el 1 de enero de 2019. Y así ha sido, con una excepción: la industria y principalmente la industria del automóvil, a la que un decreto ley aprobado el 7 de diciembre permite seguir con estas jubilaciones parciales 4 años más, hasta enero de 2023. El resto de empresas españolas ya no pueden hacer estas jubilaciones anticipadas sin penalización.

La industria del automóvil llevaba meses pidiendo esta excepción, siempre con el mismo argumento: la necesidad de rejuvenecer las plantillas para que “no se ponga en riesgo la competitividad futura de las plantas de fabricación y montaje”, como hace suyo el propio texto del decreto-ley. En realidad es “un chantaje” en toda regla: o nos dejáis cambiar mayores por jóvenes a costa de que la SS pague un 75% de sus horas o nos podemos llevar la fabricación de los nuevos modelos a Europa del Este, Asia o México. Y lo pueden hacer. Además, es un “detalle” del Gobierno Sánchez ante una industria que se siente amenazada por el fin del diesel y la gasolina en 2040. La medida, que salió adelante en la convalidación del Congreso gracias a la abstención del PP, Ciudadanos y Podemos, podría beneficiar a 24.015 trabajadores jóvenes hasta 2026 y costará 1.778 millones a la Seguridad Social, aunque otros cálculos estiman que será más (sólo en 2017, el contrato de relevo en el automóvil costó a la SS unos 2.200 millones de euros).

Los sindicatos apoyan este contrato de relevo, pero critican que rompe la equidad de trato con el resto de empresas y han pedido por carta al presidente Sánchez que se extienda a todas las empresas del país, como herramienta para luchar contra el elevado paro juvenil (hay 934.500 parados con menos de 30 años, el 28% del total). Está claro que rejuvenecer plantillas y cambiar empleados mayores por jóvenes en paro bien formados sería una buena medida para mejorar la competitividad de la economía y reducir el paro juvenil de España, el 2º mayor de Europa. Y no sólo en la industria, sino en sectores muy envejecidos, como la sanidad, la educación y las plantillas públicas (los Ayuntamientos tienen un personal con 60 años de media), así como en el transporte, el comercio, la hostelería, las oficinas y los trabajadores de la limpieza, sectores donde la mayoría de trabajadores tienen más de 50 años.

Pero hay un gran problema para generalizar este contrato de relevo: su elevadísimo coste. Se estima en 120.000 euros de media por jubilado, lo que significa que relevar a 100.000 trabajadores mayores costaría a la Seguridad Social 12.000 millones de euros. Y probablemente, si se abriera la mano, se querrían ir más de un millón, lo que haría quebrar a la Seguridad Social. Así que la medida es buena, pero no se puede pagar y menos con una SS que tiene un déficit crónico (será de -17.000 millones de euros en 2018). Así que lo lógico sería no hacer excepciones (automóvil) y si se hacen sea con un Plan para todos los sectores, estableciendo prioridades y haciendo que las empresas beneficiadas paguen una parte. Y en paralelo, dar una salida a los españoles que necesitan jubilarse anticipadamente, en especial a los parados de 60 a 65 años (154.300 en septiembre, según la EPA).

Y no olvidarse de los parados de 52 a 55 años, que siguen sin poder cobrar un subsidio de paro desde que se lo quitó Rajoy en 2013. Ya hay un acuerdo, incluido en el pacto del Gobierno y Podemos, para que esos 114.000 parados puedan cobrar un subsidio asistencial (430 euros al mes) hasta que se jubilen, como hacen los parados mayores de 55 años, y para que se cotice por ellos el 120% de la base mínima hasta que se jubilen (Rajoy lo bajó al 100%), dos medidas que cuestan 323 millones al año. Pero el problema es que para aplicarlo, al Gobierno Sánchez no le vale un decreto Ley sino que necesita incluirlo en el Presupuesto para 2019, cuya aprobación es casi imposible.

Recopilando, vemos que las jubilaciones siguen creciendo y que casi la mitad se anticipan, antes de los 65 años y 8 meses legales, porque la gente tiene miedo de esperar y mañana jubilarse peor. Y mientras, la industria del automóvil se beneficia en solitario de unas ayudas para jubilar parcialmente a sus trabajadores mayores que vendrían bien a todas las empresas e instituciones del país, pero no se puede pagar. Por eso, rejuvenecer plantillas y dar empleo a los jóvenes exige aumentar los ingresos de la Seguridad Social, no sólo para pagar unas pensiones dignas y asegurar las futuras sino para que más trabajadores mayores, empleados o en paro, puedan jubilarse. Está todo unido y pasa por aumentar cotizaciones (empresas y trabajadores pagan menos que la media europea) y por transferir más ingresos públicos a la SS, lo que exige una reforma fiscal, no para que paguemos más la mayoría, sino para que paguen más los que pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y ricos.

Pero iniciamos nuevo año, con la factura de las pensiones en máximos históricos (9.317 millones en diciembre 2018, un 35,6% más que en diciembre de 2010) y sin que nadie aporte soluciones ni se aborde una reforma de las pensiones, sólo “parches” como la subida del 1,6% o la “paguilla” para compensar la deviación del IPC en 2018 (3.000 millones más de gasto extra en pensiones para 2019). Es irresponsable dejar pasar los meses sin abordar la reforma de las pensiones, mientras los españoles “se buscan la vida”, jubilándose en cuanto pueden por lo que pueda pasar. Si hay elecciones, 2019 será otro año perdido para las pensiones. Y si no las hay, el ambiente de enfrentamiento político constante impide cualquier pacto, la única salida posible. Hagan algo, por favor.

El miedo acelera las jubilaciones

En 2017 se jubilaron cada día 848 españoles, la 2ª cifra más alta de la historia, tras el récord de 2013, el año de la reforma (recortes) de Rajoy. En ambos años, el miedo al futuro de las pensiones disparó las jubilaciones anticipadas, aunque se pierda dinero. Y en  2018 puede batirse otro récord de jubilaciones, porque en enero de 2019 entran en vigor dos cambios que van a recortar las nuevas pensiones, un 5% cada década. Así que muchos mayores optan por anticipar su jubilación y más si están en paro (casi un millón). Mientras, el Gobierno Rajoy miente con las pensiones (“no han perdido poder adquisitivo”/ “han mejorado las cuentas”) y lanza “globos sondas” (“tener en cuenta toda la vida laboral, quitando 5 años malos”) que esconden nuevos recortes. Y la oposición se empeña en un impuesto a la banca, insuficiente y poco eficaz. Todos han perdido un año sin aprobar medidas. Pero recuerden: si no deciden aumentar ingresos, lo demás que propongan serán más recortes. Que no les engañen.

enrique ortega

La mayoría de españoles con más de 50 años están muy preocupados por su pensión y por eso, en cuanto pueden, se jubilan sin esperar a cumplir  los 65 años aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que ha pasado en 2017: hubo 309.709 nuevas jubilaciones, 848 al día, la segunda cifra más alta de la historia tras las jubilaciones de 2013 (314.204), un récord provocado por la reforma de las pensiones (recortes) aprobada por el Gobierno Rajoy. El salto anterior en las jubilaciones se había dado en 2012 (308.400 jubilaciones desde las 286.143 de 2011), debido también a las reformas (recortes) aprobadas por Zapatero en 2011.

De las 308.400 jubilaciones de 2017, casi la mitad (133.602, el 43%) se produjeron con 64 años y menos, a pesar de que el año pasado, la edad oficial de jubilación era ya de 65 años y 6 meses. Una parte importante de las prejubilaciones fueron a los 61 años (56.518) y otras a los 63 (41.175) y 64 años (41.175). Con ello, la edad media de jubilación en España está en 62 años, por debajo de la media de los 35 países de la OCDE, que se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y como además vivimos más años que el resto de los occidentales (salvo Japón), pues aumenta más el gasto en pensiones.

Es indudable que el envejecimiento es una de las causas del récord de jubilaciones en 2017, pero todavía juegan más otros dos factores. Uno, el miedo, la preocupación por el futuro de las pensiones, que impulsa a jubilarse cuanto antes aunque se pierda dinero. Actualmente, todavía se puede uno jubilar a los 63 años si ha cotizado 35 años (o incluso a los 61, con 33 años cotizados, si uno viene de un ERE o un despido improcedente), aunque pierde un porcentaje de pensión por cada año que anticipe el retiro: le quitan entre el 8% y el 6,5% por año anticipado, según los años cotizados (ver la normativa). Pero muchos no lo dudan: prefieren jubilarse cuanto antes y perder un 14% de pensión que esperar y sufrir más recortes.

Sobre todo si esa espera le pilla al mayor en paro, el segundo factor que dispara las jubilaciones anticipadas. A finales de 2017, había en España 949.100 mayores de 50 años sin trabajo, según la EPA, más del triple que antes de la crisis (281.600 en 2007). Y de ellos, 170.400 parados tienen entre 60 y 64 años, el único grupo de parados que no ha notado la recuperación, sino que ha aumentado (eran 169.800 parados de 60 a 64 años en 2013). Así que si un mayor está en paro y la mitad encima no cobra desempleo, en cuanto puede se jubila: deja de pagar una cotización al mes y empieza a cobrar algo, aunque sea un 14% menos que si espera a los 65 años y 6 meses.

Así que ya entendemos por qué hay un récord de jubilaciones, sobre todo entre funcionarios (3 de cada 4 son prejubilaciones voluntarias). La cuestión es que el récord se va a superar este año 2018. Primero, porque sigue la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones, gracias a la inacción y los “globos sonda” de nuestros políticos. Pero sobre todo, porque el 1 de enero de 2019 se van a producir dos cambios, por la reforma de pensiones de Rajoy (2013), que van a recortar las nuevas pensiones a partir del año que viene. Así que los expertos se temen una avalancha de jubilaciones este año, para evitar esos recortes.

El primer recorte vendrá de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, del llamado “factor de sostenibilidad”: se vincularán las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece año tras año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año (menos pensión durante más años). Este factor de sostenibilidad no está todavía fijado (el Gobierno espera a saber la cifra oficial de fallecimientos en 2017), pero los expertos del BBVA ya han determinado que supondrá un recorte del 0,5% en las nuevas pensiones de 2019: si la pensión media de jubilación es de 1.074 euros (2017), perderían 75 euros al año. Y así, año tras año, las nuevas de 2020, 2021 y siguientes. Los expertos estiman que las nuevas pensiones serán entre un 4 y un 6% más bajas en una década, para 2029. Así que cuanto más tarde se jubile uno, peor, lo que presiona a acelerar las jubilaciones estos años.

El otro factor que aumentará las jubilaciones en 2018 será que en enero de 2019 se endurecen las jubilaciones anticipadas, porque la reforma de Zapatero, que daba un plazo hasta 2024 para beneficiarse de las actuales condiciones ventajosas para prejubilarse, fue endurecida por Rajoy, que redujo ese plazo a enero de 2019. Así que todo el que esté pensando en jubilarse antes de los 65 años y se informe, aprovechará este año para hacerlo porque luego le exigirán más tiempo cotizado y peores condiciones.

Estos son recortes ciertos y a plazo fijo en las nuevas pensiones, pero hay más que sufrirán los futuros pensionistas y los actuales. Por un lado, los recortes derivados de la reforma Zapatero de 2011, básicamente dos: ampliar la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027) y ampliar los periodos de cotización exigidos (de los 36 años y 6 meses actuales a 38 años y 6 meses en 2017). Y por otro, los recortes derivados de la reforma de Rajoy en 2013: revalorizar las pensiones sólo un 0,25% (probablemente hasta 2040) y fijar la pensión en función de la esperanza de vida (factor de sostenibilidad). Estos recortes ya están haciendo efecto: así, en 2017, la pensión inicial fue de 1.318 euros, un 1% inferior a la de 2016. Y así será cada año: caerá el importe de las nuevas pensiones. La consecuencia será que los españoles que se jubilen en 2050 (los nacidos en 1983) cobrarán un 40% menos de los que se han jubilado en 2017, según estimaciones sindicales. O sea, 790 euros de los de entonces.

Esta es la realidad: con las dos reformas ya en vigor, las pensiones futuras serán casi la mitad de las actuales. Y la inflación se comerá además parte de las pensiones de hoy. Así que el problema es doble. Por un lado, asegurar que habrá dinero para pagar esas pensiones recortadas casi a la mitad. Y por otro, intentar buscar recursos para mejorarlas. En total, para tapar el déficit actual de las pensiones, asegurar el futuro y mejorarlo, haría falta ingresar entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Frente a este gran reto, ni el Gobierno ni la oposición proponen medidas serias. Y encima, la ministra de Empleo miente a los pensionistas y al país. Miente cuando dice que “en 2017 se revertió por primera vez la tendencia de deterioro de las pensiones…”. Es falso: el déficit de las pensiones aumentó en 263 millones, hasta los -18.800 millones y si bajó en términos relativos (del 1,67% al 1,61% del PIB) es porque la economía creció. Además, si los ingresos crecieron más que los gastos (5,3% frente al 3%), por primera vez, fue porque se empezaron a notar los efectos de los recortes de 2011 y 2013, no porque el sistema se haya saneado. Y miente cuando dice que “las pensiones no han perdido poder adquisitivo”, manipulando las cifras con la subida especial de las pensiones mínimas hecha entre 2008 y 2011: realmente, las pensiones perdieron un -2,2% con la crisis (2007-2017), según datos oficiales.

Además de mentir y tratar de ocultar el grave problema de las pensiones, el Gobierno Rajoy se dedica a lanzar “globos sonda” en TVE y declaraciones, mientras no ha hecho todavía ninguna propuesta oficial de reforma donde debe hacerlo, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que se reúne desde diciembre de 2016 sin tomar medidas. La primera idea que lanzó la ministra Fátima Báñez, en enero pasado, fue ampliar el plazo de años que se consideran para determinar la pensión (ahora son 21 años y serán 25 años en 2027), hasta toda la vida laboral del trabajador, pero “pudiendo quitar los 5 años peores” (como un “caramelo” para endulzar la propuesta). Se diga lo que se diga, para la mayoría de trabajadores, considerar toda la vida laboral (en vez de los 21 o 25 últimos años) supone tomar en cuenta cotizaciones más bajas (las de hace 30 o 40 años) y por tanto, rebajar la pensión resultante, entre un 15% y un 35%, según los expertos del Instituto Santa Lucía.

Otra “propuesta milagro” adelantada por la ministra Báñez es permitir que los mayores de 65 años puedan trabajar estando jubilados, para que así coticen y mejoren las cuentas de la Seguridad Social. Actualmente sólo se permite seguir trabajando si se cobra el 50% de la pensión y la idea sería permitir trabajar y cobrar el 100% de la pensión, una propuesta que también ha hecho la OCDE, donde sólo hay 7 países de los 35 que restringen trabajar a los jubilados. La iniciativa “suena bien”, pero tiene dos graves problemas de fondo: uno, que muchos mayores no tienen fácil seguir trabajando e incluso trabajar a secas (recordemos: hay casi un millón de mayores de 50 años en paro). Y el otro, que un 37,4% de los jóvenes españoles está en paro y hay que darles una oportunidad, dejarles paso.

Mientras la ministra Báñez lanza “globos sonda”, el Gobierno Rajoy utiliza el BOE para aprobar por decreto ley, una medida que refleja su forma de pensar: apoyar a los Planes de pensiones privados, aprobando el viernes pasado que los Planes se puedan rescatar en 10 años, para “quitar el miedo” a que los trabajadores los contraten por ser un dinero “cautivo”. Y además, le bajan las comisiones, a ver si así evitan que los Planes de pensiones privados sigan decayendo : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Así que Rajoy trata ahora de reanimarlos.

Si el Gobierno no propone medidas para salvar las pensiones públicas y sólo aprueba un decreto (muy criticado por los expertos) para salvar los Planes de pensiones privados,  la oposición tampoco hace mucho. El PSOE se descolgó en enero con imponer un impuesto especial a la banca, similar al que propuso antes Podemos, una propuesta que “suena bien” a muchos pero que no deja de ser una “ocurrencia populista”. Primero, porque es insuficiente: sólo aportaría 1.860 millones, el “chocolate del loro” para lo que necesitan las pensiones. Y, sobre todo, porque se penaliza a un sector frente al resto, la banca, que nos trasladaría a los clientes ese mayor coste, en forma de comisiones y tipos, además de penalizar a la banca española frente a la del resto del mundo.

Es hora de dejarse de “globos sonda” y “propuestas populistas”, para afrontar con seriedad el grave problema de las pensiones, que es estructural: los ingresos por cotizaciones no crecen lo suficiente (aunque haya 2 millones más de españoles cotizando, pero con sueldos bajos) para hacer frente al aumento de las pensiones, que pasarán de los 9,5 millones actuales a 15 millones en 2050, con menos activos que hoy (por la caída de la población) . Un problema que es doble: poder pagar las pensiones futuras y tratar de revertir los recortes aprobados por Zapatero y Rajoy, porque si no, las pensiones futuras serán un 40% más bajas que las actuales.

Para afrontar ambos retos hace falta ingresar esos 50.000 a 80.000 millones más en 20 años de los que antes hablaba. ¿Cómo? No hay una solución mágica y los expertos coinciden en abordar un abanico de medidas a medio plazo, en dos frentes: por un lado, quitar lastre, costes, a la Seguridad Social, y por otro, conseguir más ingresos.

La Seguridad Social puede conseguir ahorros importantes por cuatro vías. Una, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas”: son 3.700 millones anuales de pérdida de cotizaciones, que deberían suprimirse o pagarse con cargo a los Presupuestos. Y lo mismo el coste del Ministerio de Empleo, 4.000 millones, que paga la Seguridad Social. Otra fuente de ingresos sería pagar el subsidio de desempleo a más parados (el 49,5% no lo cobra) y cotizar por ellos a la SS, lo que le aportaría 1.000 millones más. Y en cuarto lugar, subirla cotización a los sueldos más altos (hoy tienen un tope en 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), con lo que se podría ingresar 7.500 millones más. En total, con estas 4 medidas, se conseguirían 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y poder subir más las pensiones actuales. Y si no queremos aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos caminos: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir cotizaciones a empresas y trabajadores, es viable porque tenemos unas cotizaciones más bajas que en Europa: ingresan el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo de Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Igualarnos a las cotizaciones de la zona euro permitiría a la SS ingresar 34.000 millones más cada año. Y si se aprobara una subida menor, para no penalizar tanto el empleo, podrían ingresarse 20.000 millones más en un horizonte de 4 años. Es defendible que empresas (ahora con beneficios) y trabajadores coticen más, sobre todo si se defiende que ahorren para pagar un Plan de pensiones: mejor que peguen ese extra a la Seguridad Social.

Y quedaría recaudar entre 12.000 y 42.000 millones más, por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer porque, como reiteran la Comisión Europea y los expertos fiscales, España recauda mucho menos que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media europea (UE-27) recaudará el 44,6% del PIB, según Bruselas. Traducido, eso significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería recaudar 72.000 millones de euros más al año. Eso pasa por reducir el fraude fiscal y hacer que paguen más los que ahora pagan poco, las grandes empresas, multinacionales y los más ricos. Con esa mayor recaudación, esos 72.000 millones, podríamos destinar una parte a asegurar las pensiones y el resto a bajar el déficit y aumentar los gastos públicos necesarios, desde Planes contra el paro y la pobreza a mejorar la sanidad, la educación, la Dependencia y los gastos sociales.

Al final, el PP y Ciudadanos no quieren ni oír hablar de aumentar los ingresos, sino que prometen bajarlos, lo que complica aún más el futuro (de las pensiones y del gasto social). Y por eso, todas sus propuestas van dirigidas a la otra parte de la ecuación, a reducir el gasto con más recortes, como sería considerar toda la vida laboral para calcular la pensión. No se engañen: todos los que no propongan aumentar ingresos, vía ahorro de costes en la SS, cotizaciones y mayor recaudación fiscal, están proponiendo más recortes. Que lo sepan.