Este mes, el día 21, los sindicatos se manifiestan
no para pedir más salarios sino para pedir más industrias. Saben que el
futuro del empleo pasa por promover nuevas industrias, que crean un
empleo más estable y mejor pagado, más inmune a las crisis que el de los
servicios, como se ha visto con el coronavirus. Por eso, la prioridad de los Fondos europeos es relanzar
la industria, junto a la economía
verde y la digitalización. En
España, ya se han aprobado 8 Planes
estratégicos (PERTEs), para apostar por el coche eléctrico, la industria
agroalimentaria, naval y aeroespacial, la economía circular, energías
renovables y microchips, con una inversión estratosférica (66.000 millones),
que espera crear 500.000 nuevos empleos
industriales en 4 años. Parece que esta vez se apuesta por la industria
y no sólo por batir récords de turistas,
bares y comercios. Ahora falta una Ley
de la Industria (es de 1992) y concretar el Pacto de Estado por la
industria, que firmaron (¡en 2016 ¡) sindicatos y patronal. A ello.
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| Enrique Ortega |
La pandemia sumió
al mundo en una grave crisis económica,
que ha afectado sobre todo a los servicios, en especial al turismo y al consumo. Curiosamente, la industria salió mejor parada, a pesar de los cierres durante algunos
meses de las factorías y la interrupción de suministros en el comercio mundial.
Los datos indican que mientras la economía
se desplomaba en el primer año de la pandemia (-10,8% cayó el PIB en España),
la industria ganó peso en la economía en 2020 y también en 2021: pasó de
aportar el 14,5% del crecimiento
(PIB) en 2019 al 14,7% en 2020 y el 15,3%
en 2021. Y los
datos del INE revelan que la industria ha seguido mejorando su peso en el
primer trimestre del 2022, al
aportar ya el 16% del crecimiento total de la economía. Y ello gracias a un menor peso de los servicios y la construcción, más dañados por
la pandemia.
Pero esta ligera mejoría de la industria, por
la mayor caída de los servicios, no puede ocultar que la industria en España está “de capa caída” comparada con hace 50 años: en
1970, la industria suponía más de un
tercio de la economía (aportaba el 38%
del PIB) y todavía en 1980 éramos
la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa
reconversión
industrial, que desmanteló las industrias básicas (ruinosas). En los años 90, el
gobierno Aznar privatizó las empresas públicas más rentables (Telefónica,
Repsol, Tabacalera), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios.
El resultado fue que el peso de la
industria cayó en picado: de aportar el 19,86% del PIB en 1987 al 16,36% en 2007 y
un mínimo del 15,98% en 2013, el
peor año de la crisis. A partir de ahí, siguió perdiendo peso, hasta aportar
sólo el 14,5% en 2018 y 2019. Y sólo
ha mejorado su aportación después (hasta el 16% actual), por la caída de los
servicios con el coronavirus.
Con ello, España
es ahora la
17ª potencia industrial del mundo y compite sobre todo en precio, por
nuestros menores salarios en relación a la mayoría de Europa. Y la industria
tiene un menor peso en España que en Europa: ese 15,3% que aporta a la economía (2021) contrasta con un 19% de media en Europa, el 23,6% de Alemania y el 17,4% de
Italia, aunque supera a Francia (13% aporta la industria) y queda muy por debajo de los paises
de Europa del Este (con más del 20% de peso de la industria), según
Eurostat. Y queda lejos del objetivo europeo para 2020: que la industria
aportara el 20% del PIB.
Lo más preocupante no es sólo que la industria española no
recupere el peso del pasado sino que se
ha perdido mucho empleo industrial, trabajadores que se han cambiado a la
construcción o a los servicios: se ha pasado de 3.244.300 empleos en el verano de 2008 a 2.697.100 ocupados en
el primer trimestre de 2022, según la EPA.
Son -547.200 empleos industriales perdidos
entre la crisis financiera (-480.600) y la pandemia (-66.600). Esta caída del
empleo industrial preocupa doblemente a
los sindicatos: porque son empleos perdidos y porque los empleos
industriales son “de más calidad” (mejores contratos, bien pagados).
Ahora, en 2022, se
esperaba que la industria siguiera
mejorando, tras haberse superado
lo peor de la pandemia. Pero el 24 de febrero, Putin invadió Ucrania y estalló
una nueva crisis que ha
trastocado otra vez la economía y también a la industria, que sufre
una “tormenta perfecta”: se les han disparado los precios de la energía
(gas, luz y carburantes) y las materias primas, mientras se mantienen los
problemas de suministros en el mercado internacional. De hecho, la industria está siendo el sector más afectado por la alta inflación
(+8,7% en mayo),
sobre todo las industrias más dependientes de la electricidad (cuyo precio se
ha duplicado en 2022), como la siderurgia, el aluminio o el cemento, o del gas natural (cuyo precio se ha
multiplicado por 10), como la industria química o la cerámica.
La consecuencia es que la
industria también “ha pinchado”, como el resto de la economía (+0,3% de crecimiento este primer
trimestre, frente al +5,1% que crecimos en 2021), cayendo en el primer trimestre (-1,4%),
como la agricultura (-2,2%), mientras se mantenían la construcción (+0,3%) y
los servicios (+0,4%). El mayor problema en la coyuntura industrial
lo tienen la fabricación de vehículos, la metalurgia y los plásticos (que caen
en el primer trimestre), mientras aguantan mejor la industria de la madera y
corcho, las refinerías, el textil, los productos electrónicos y farmacéuticos, según
el Índice de producción industrial.
Y otro indicador, el de clima industrial, ha caído en abril
a niveles negativos, por primera vez desde junio de 2021. Lo que preocupa ahora a 3 de cada 4 empresas industriales es
la inflación, la escasez de materiales y la falta de demanda.
Antes de que estallara la guerra de Ucrania, la mayoría de
los paises europeos ya habían aprendido una lección con la pandemia:
que es demasiado peligroso depender de los servicios y que la
industria es menos vulnerable a las crisis. Los datos lo dejan muy
claro: los paises que mejor han aguantado el impacto de la pandemia han sido los paises con más peso de la industria: en 2020, China (la fábrica del mundo) creció un +2,3%, lo mismo que Taiwán (+3,1%), mientras Corea del Sur sólo caía un -1%. Y en Europa, Alemania caía un -4,9%, mientras paises con menos peso de la
industria y más dependientes de los servicios sufrían una mayor crisis: Francia
(-8,2%), Italia (-8,9%) y España (-10,8%).
Esta mayor o menor caída de las economías según el menor o
mayor peso de la industria no es casualidad. Porque la industria ha demostrado, en todas las crisis (en la de 2008-2010
y ahora en la pandemia), que es
menos vulnerable y que mantiene mejor la actividad y el empleo que los
servicios. Ello se debe a que la industria es más innovadora (el 47% de las empresas innovadoras son industriales),
compite mejor fuera (en España, el
83% de todas las exportaciones las
hacen empresas industriales), tienen una mano
de obra más formada y crean empleos
más estables y mejor pagados (cobran un 20% más que en los servicios). Por
todo ello, tener más industria supone disponer de “una red de seguridad” frente a
las crisis. Eso sí, en el caso de Europa y España, la pandemia ha
revelado la excesiva dependencia de China
y Asia, así como de las cadenas internacionales
de suministro (puertos, barcos, camiones), lo que exige ahora buscar una
mayor autonomía industrial.
Por todo ello, la Comisión
Europea lleva varios años impulsando una nueva
política industrial europea, asentada en potenciar los sectores
estratégicos, para lograr grandes compañías que puedan competir con EEUU, China
y Asia, asegurando los suministros y la independencia europea en futuras crisis,
tras las enseñanzas de la pandemia y ahora la guerra de Ucrania. Por eso, la
política industrial es uno de los objetivos claves del Plan de Recuperación europeo (“Next
Generation EU”), junto a la reconversión energética y la digitalización.
En el caso de España,
durante muchas décadas se ha vivido con la idea de que “la
mejor política industrial es la que no existe”. Así que los distintos Gobiernos se han dedicado
a facilitar la inversión de las multinacionales (automóvil, farmacéuticas),
pero sin entrar en una “planificación de la industria”, escaldados por la
historia de las reconversiones de empresas públicas. Hasta que en junio de 2018, el nuevo presidente
Sánchez, crea otra vez el Ministerio de Industria (antes, con Rajoy, estaba dentro
del Ministerio de Economía) y posteriormente, en febrero de 2019, se aprueba las
Directrices
de la Nueva Política Industrial para 2030. Es el primer esbozo de
una apuesta por la industria a medio plazo, que tarda en concretarse por los
cambios políticos, aunque se traduce después en mayores recursos para la
industria en los Presupuestos de 2020 y 2021.
Pero el gran salto, la verdadera apuesta
por la industria se da con el
Plan de recuperación, enviado a Bruselas el 30 de abril de 2021. Ahí se
decide destinar el 17,1% de todos los
recursos del Plan (70.000 millones de subvenciones europeas) a la política
industrial en los próximos cuatro años. El objetivo es modernizar
la industria española para que sea “más verde digital y tecnológica”,
dotando a los programas con 6.106
millones de inversiones públicas entre 2021 y 2023 (3.781 millones con
Fondos UE). La apuesta es apoyar a los sectores industriales claves (“tractores),
como la automoción, la industria agroalimentaria, química, farmacéutica,
aeronáutica y máquina herramienta, apostando además por sectores nuevos, que
quiere impulsar Europa, como las baterías, el hidrógeno verde, la economía
circular (residuos) y los microprocesadores.
Esta apuesta por la industria en el Plan de recuperación se
ha traducido en la aprobación (entre
julio de 2021 y mayo de 2022) de 8
Programas estratégicos (PERTE), que son proyectos industriales a
medio plazo donde se pone dinero público
(de los Fondos UE y del Presupuesto) para
atraer también inversiones privadas: PERTE del vehículo eléctrico (24.000 millones a invertir entre 2021 y 2023,
4.300 públicos), PERTE energías
renovables (16.300 millones, 6.900 públicos), PERTE agroalimentario (3.000 millones, 1.000 públicos), PERTE economía circular (1.200 millones, 492
públicos), PERTE industria naval
(1.460 millones, 310 públicos), PERTE industria
aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos), PERTE digitalización ciclo del agua (3.060 millones) y PERTE microelectrónica y semiconductores
(12.500 millones de inversión pública, el programa más ambicioso). En
total, una inversión industrial histórica,
de 66.000 millones de euros, que
pretende crear 500.000 nuevos empleos.
Ahora, España tiene un Plan para relanzar la industria y abundante dinero público (español y
europeo), que necesita contar ahora con
inversiones privadas y proyectos viables, que hay que ejecutar bien y a
tiempo (si no, perderemos las ayudas europeas). Pero en paralelo a la ejecución
de los nuevos proyectos, la industria
española (toda) tendrá que
reconvertirse y resolver sus
problemas de fondo, sus
debilidades: escaso peso de la tecnología, pequeño tamaño
industrias, escasa financiación, baja formación trabajadores, altos costes de
la energía y el hándicap de la geografía. Y además, hay que reducir la
tremenda disparidad regional:
sólo hay 3 regiones españolas con un peso importante de la industria (más del
20% de su PIB regional: Navarra, la Rioja y el País Vasco), mientras la mayoría
tiene un peso bajo (en torno al 10%) y hay 5 regiones con un peso mínimo de las
industria (del 2 al 7% de su PIB), concretamente Baleares, Canarias, Madrid,
Extremadura y Andalucía.
La primera debilidad de la industria
española es el escaso peso de la
industria “tecnológicamente avanzada” (sólo el 6,2% del total), frente al
enorme peso de las industrias tradicionales (agroalimentación, química,
farmacéutica, automóvil y transporte suponen el 55% de la industria), lo que se
traduce en menor productividad y competitividad, según
este estudio de CCOO. La segunda debilidad es el
tamaño, demasiado pequeño porque hay
un exceso de pymes en la industria: sólo el 15% de las industrias españolas
tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las industrias alemanas. Y la
cifra media de negocio de las industrias españolas es de 3,42 millones de
euros, frente a 4,17 millones de media que facturan las industrias europeas.
Este menor tamaño redunda en menos inversión, menos tecnología y peor accedo al
crédito. La tercera debilidad es el
atraso tecnológico, por partida doble: España
como país gasta menos en Ciencia (1,41% del PIB frente a 2,32 la UE -27) y
las empresas españolas gastan en tecnología la mitad que las europeas. La
cuarta debilidad es el mayor coste de la
energía en España, lo que debilita su competitividad. La quinta, que las
empresas (todas) tienen más dificultades
para financiarse (la banca española “ha
huido” de la industria). Y luego hay una 6ª debilidad, geográfica: nuestras industrias están en una punta de Europa y
tienen que recorrer 2.300 kilómetros para llegar a los mercados de Centroeuropa.
Con todos estos “hándicaps”, aumentar el peso (y el empleo) de la industria en España no va a ser
fácil. Pero es clave para consolidar una economía más estable en las
crisis. Por eso, sindicatos y patronal ya firmaron el 26 de noviembre de 2016 un Pacto
de Estado por la industria, algo poco usual, acordando un decálogo
de medidas que pidieron entonces al Gobierno Rajoy: rebaja costes
energéticos, digitalización de la industria, aumento tamaño empresas
(fomentando fusiones), mayor inversión en tecnología e innovación, mejora en la
formación, más financiación, unidad de mercado (no 17 regulaciones
autonómicas), reducir los costes logísticos y de distribución, mejorar la
sostenibilidad medio ambiental y ayudar a la expansión internacional de las
empresas (captando más inversiones extranjeras).
Pasaron los años, cambió el Gobierno y las medidas no se
aprobaban. El 22 de marzo de 2021, sindicatos
y patronal volvieron a presentar su Pacto de Estado por la Industria en
la Comisión de Industria del Congreso,
donde todos los grupos lo apoyaron, pero sin más. Y hasta septiembre de 2021 no
se creó el Comité Ejecutivo del Foro de Alto Nivel de la industria española,
integrado por 30 organizaciones, entre ellas el Gobierno, sindicatos y
patronal, que tienen pendiente aprobar formalmente el Pacto otra vez (ojo: ¡ 6
años después ¡), para enviarlo al
Parlamento y que se traduzca en medidas concretas. Entre ellas, una nueva Ley de Industria, que sustituta a
la vigente, que es de 1.992. El Gobierno lanzó
a consulta pública un borrador de esta Ley en abril y quiere aprobarla este
año 2022.
Como se ve, hay muchos motivos para que los
sindicatos se manifiesten este mes para pedir de una vez medidas
concretas para relanzar la
industria española, porque no basta con los Fondos Europeos y los PERTEs.
Hay que aprobar medidas para afrontar las debilidades estructurales de la
industria y reforzarla para afrontar los retos de este siglo,
básicamente la digitalización, el cambio climático y la revolución tecnológica.
Hay que apostar
a tope por la industria, porque es apostar por un empleo estable y de
calidad. No podemos seguir siendo un
país de hoteles, bares, comercios y grúas. Nos faltan industrias.
