España, un país de morosos

Es el deporte nacional: no pagar lo que se debe. Instituciones, autonomías, Ayuntamientos, empresas, autónomos y tres millones de particulares registrados como morosos. Somos el tercer país de Europa con más morosidad. El sector público tarda 162 días en pagar y las empresas 98 días. Todos incumplen la Ley contra la Morosidad (2010), que desde este 1 de enero obliga a pagar en 60 días (y en 30 las Administraciones públicas). Los impagos son un virus que contagia a empresas y autónomos sanos y fuerzan a un tercio a cerrar. Ahora, los impagos han llegado a  muchos trabajadores: sus empresas tienen problemas y ellos no cobran su sueldo o lo cobran tarde y mal. Y trabajan sin cobrar para no perder su empleo. La esperanza está en una Directiva europea que entra en vigor en marzo y obligará a España a cumplir con la Ley. Pero no bastará. Hace falta un Plan de choque contra la morosidad. Y salir de la recesión, porque mientras sigamos así, muchos no podrán pagar.

enrique ortega

En julio 2010, el Gobierno Zapatero aprobó una Ley contra la Morosidad, para intentar poner freno a la cadena de retrasos e impagos que arrastraba la crisis. El objetivo era acortar los plazos de pago con un calendario: 85 días en 2010 y 2011, 75 en 2012 y 60 desde el 1 de enero de 2013 (50, 45 y 30 días para el sector público). En paralelo, el acreedor podía reclamar al deudor hasta un 15% de la deuda, como indemnización. Pero las reclamaciones se eternizan en los Juzgados y la morosidad sigue ahí, con plazos de pago escandalosos: 162 días en las Administraciones  públicas (51 de media en Europa) y 98 días entre empresas (78 en la UE), según la Plataforma contra la Morosidad. Y las empresas del Ibex 35 pagaban en 2012 con 215 días de retraso.

España es el tercer país europeo con más retraso en los pagos, tras Italia (a 180 días paga el sector público y a 113 el privado) y Grecia (168 y 110 días), muy alejado del plazo de pago en Europa central (50 y 55 días) y en el norte de Europa (33 y 34 días). Cada año, las empresas dejan de cobrar por impagos un 7,1% de su facturación, perdiendo 42.600 millones. Esta morosidad es un virus que contagia a la economía sana y la tumba: se calcula que un tercio de las 600.000 pymes y 200.000 autónomos que han cerrado ya durante esta crisis ha sido por no poder cobrar sus ventas y servicios.

Siempre se habla del sector público como el mayor moroso: en 2011 debían unos 50.000 millones a empresas y autónomos, a los que autonomías y Ayuntamientos pagaron 27.000 millones en mayo de 2012, gracias a un Plan de pago de facturas con créditos públicos. Pero como les siguen cayendo los ingresos, han vuelto a las andadas: las autonomías debían 13.730 millones a proveedores en octubre de 2012, según Hacienda. Y habrán cerrado el año con 15.000 millones, más otros 5.000 los Ayuntamientos. Una deuda que sufren sobre todo pymes y autónomos, el sector educativo, la Dependencia (ancianos y discapacitados), proveedores sanitarios (3.000 millones sólo a los laboratorios) y farmacias, empresas de limpieza y servicios, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El sector público debe, pero también le deben. Sólo las autonomías tenían pendientes de cobrar a empresas y particulares 5.875 millones a finales de 2012. Y Hacienda, unos 20.000 millones en deudas tributarias (a 1,7 millones de contribuyentes), más otros 6.000 millones que está litigando en los Tribunales. Y la Seguridad Social, aunque no lo publica, podría tener 10.000 millones sin cobrar en cotizaciones. Para frenar los impagos, en julio subió los recargos al 20% aunque sea por un día y eso ha aumentado las peticiones de aplazamientos de pago: 2.000 millones de cuotas aplazadas en 2012, el doble que antes de la crisis. Y luego están los que no se retrasan ni aplazan: simplemente no pagan, por fraude o porque no pueden. Tal es así que la Seguridad Social tiene un “ejercito” de 3.257 funcionarios en procesos ejecutivos, para intentar cobrar cuotas.

Pero el grueso de la morosidad se da entre empresas y entre particulares. Más de la mitad de las empresas (56%) han sufrido un impago significativo en el último año, según el IV Estudio de Crédito y Caución. Y una de cada diez soporta impagos que ponen en riesgo su futuro. En el sector del transporte, por ejemplo, dos de cada tres facturas se cobra a más de 75 días. Y dos de cada tres empresas admiten tener contratos con clientes que les exigen pagarles a 85 días, cláusulas abusivas que prohíbe la Ley contra la Morosidad. La banca ha batido récords históricos de morosidad: un 11,23 % de los créditos concedidos hasta octubre, sobre todo créditos a promotores inmobiliarios (46.703 pueden ser fallidos), a empresas (36.810 millones pueden perderlos) y a particulares (24.800 millones, entre créditos consumo e hipotecas). Y un dato curioso: el 22% de las comunidades de propietarios tienen recibos impagados, por importe de 1.600 millones, de vecinos, inmobiliarias y bancos.

Al final, muchos trabajadores están sufriendo en sus carnes los impagos: sus empresas tienen problemas de liquidez o no cobran y a ellos no les pagan el sueldo, extras, horas o atrasos (o se los pagan con retraso). Se ha visto en empresas de limpieza o en trabajadores de la Dependencia y ONGs. Y no pueden hacer nada, salvo trabajar sin cobrar, porque si reclaman pueden verse en la calle. Otros, ya sin empleo, no han podido  pagar su hipoteca (siendo desahuciados) o sus deudas y han acabado en el registro de morosos de ASNEF, donde en 2009 había 2,7 millones de españoles (que hoy serán 3 millones). Y acabar fichado como moroso es una lacra que inhabilita para muchas cosas, desde abrir una cuenta bancaria a contratar la luz o el móvil. También hay mucho abuso de empresas (sobre todo de móviles) que llevan sin motivo a este fichero y otras que persiguen ilegalmente a los morosos.  

El  16 de marzo entrará en vigor una Directiva europea que obliga a pagar en 60 días (30 en el sector público), estableciendo un  recargo del 8,75%. Muchos creen que eso obligará a España a cumplir la Ley de Morosidad de 2010, empezando por la Administración. El ministro Montoro asegura que para este verano, el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos pagarán a 30 días, gracias a las ayudas del Fondo de Liquidez autonómico (23.000 millones para 2013). Además, estudia que las empresas puedan cobrar sus facturas directamente de Hacienda, que luego las descontaría de las transferencias públicas a autonomías y Ayuntamientos. Pero no basta. Las empresas piden sanciones más duras por impagos (de 6.000 a 900.000 euros), establecer la figura del mediador (funciona en Francia) y agilizar los trámites judiciales: hay 39 procedimientos y se tarda 515 días de media  para resolver disputas comerciales.

Con todo, hace falta un Plan de choque para reducir los impagos públicos y privados, con ayudas y créditos del ICO, además de quitas para las deudas con la Administración. Pero el fondo del problema de los impagos y la morosidad es la crisis: no se vende, no se cobra, no se puede pagar a todos. Mientras no se cambie de política y se acelere la salida de la recesión, habrá empresas y particulares en apuros que no podrán pagar. Y muchos morosos serán fallidos. Seguro.

Una década perdida para España

Estamos en el quinto año de la crisis y habrá que esperar hasta 2014 para volver a crecer: seremos el único país de la UE-27 que decrezca en 2013, según la Comisión Europea. Y el FMI prevé que no recuperaremos el crecimiento de antes de la crisis hasta 2017. Una década perdida que impedirá crear empleo suficiente para los 6 millones de parados, sobre todo los mayores de 55 años y los jóvenes con menos formación. La crisis provocará empleos precarios y bajos salarios, lo que agravará la pobreza y la desigualdad. Y con poco empleo y pocos ingresos, se reducirá más el sector público y el Estado del Bienestar, obligando a nuevos recortes en las pensiones futuras. Hay que cambiar cuanto antes de política y reanimar la economía, para que España no pierda más de una década.

Desde que vivimos en democracia, España ha sufrido tres crisis. En la primera (1978-82), la economía sólo cayó en 1981(-0,2%) y en la segunda (1992-94), en 1993 (-1,2%). Ahora, con la gran recesión, que empezó en España en el verano de 2008, estamos en el quinto año de la crisis y todo apunta a que no volverá el crecimiento hasta 2014. La Comisión Europea estima que España será el único país de la UE-27 que no crecerá en 2013 (-0,3%) y la OCDE apuesta por una caída mayor (-0,8% en 2013), aunque el Gobierno Rajoy sí espera crecer (+0,2%). Y cuando lo hagamos, será poco: del 1,1%  al 1,8 entre 2014 y 2017, según el FMI, que estima que España estará entre los 6 países europeos con recuperación más lenta (junto a Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia e Irlanda).

El FMI estima que España no recuperará el crecimiento de antes de la crisis hasta 2017, por lo que habla de “década pérdida”. Para crear empleo suficiente y empezar a reducir los 6 millones de parados, España necesita crecer más del 2%. Por eso, el FMI prevé que el empleo no empiece a crecer de forma significativa hasta 2018. De hecho, el propio Gobierno Rajoy prevé cerrar su legislatura (2012-2015) perdiendo 469.500 empleos netos. Además, el FMI no ve el paro por debajo del 20% hasta 2017. Y cree que los 2,5 millones de empleos perdidos con la crisis no se recuperarán hasta 2023. Quince años perdidos.

Quince años es mucho esperar para los parados, sobre todo para los que tienen más de 55 años (474.200 parados), una generación perdida,  y para los jóvenes, sobre todo los que no han trabajado nunca (456.000 parados) y los que tienen baja formación (un 22% de los parados carece de formación y otro 36% no tiene Secundaria o FP). Eso puede agravar el llamado paro estructural, parados que tienen casi imposible encontrar un empleo (la mitad de los parados llevan más de dos años buscando) aunque la economía se recupere.

Recuperación tardía, lenta, con empleos más precarios y con bajos salarios. El Gobierno Rajoy ha propuesto a Bruselas, en el Programa de Estabilidad 2012-2015, que las empresas recuperen competitividad a costa de no subir apenas los salarios: +0,2% en 2012, -0,4% en 2013, +0,2% en 2014 y +0,3 en 2015. Como los precios subirán más, eso supone una pérdida de poder adquisitivo del 5,6 % en estos próximos cuatro años, menos dinero para consumir, lo que desacelerará el ritmo de la recuperación (y la reducción de deuda de las familias).

Esta década perdida, con poco empleo, bajos salarios y bajas cotizaciones, pone en entredicho el futuro de los jóvenes, la generación de la crisis, casi 7 millones de españoles de 18 a 30 años que aunque llegue la recuperación van a tener complicado independizarse, formar una familia, tener una casa y cotizar los años necesarios para tener un a pensión digna. Una posible generación perdida, teme la OIT.Y además, como la población envejece y hay 150.000 nuevos pensionistas cada año, con menos trabajadores en activo por cada pensionista, podría haber nuevos recortes de derechos en las pensiones futuras (además de los de la reforma de 2011).    

Con poco empleo y bajos salarios, el sector público tendrá pocos ingresos, lo que obligará a  duros recortes de gastos y  reducirá aún más el Estado del Bienestar en el resto de la década perdida. De hecho, el Gobierno Rajoy ha prometido a Bruselas reducir el déficit del 8,5% de 2011 al 1,1% en 2015 (algo que la Comisión Europea no se cree), lo que supondría  un recorte de 74.000 millones de euros en la legislatura, siendo los ajustes más duros este año (-32.000 millones) y en 2013 (-23.000 millones). Los recortes se darán en la inversión pública, en los gastos sociales (sanidad, educación y ayudas a la dependencia) y en el empleo público. Eso supondrá una caída drástica del sector público, que pasaría de suponer el 43,6% del PIB (2011) al 37,7% (2015), con lo que el peso del Estado retrocederá al nivel de los años 80 y España tendría el sector público menor de toda Europa, salvo los antiguos países del Este. Y eso, en un país donde el gasto social público (educación, sanidad, pensiones, desempleo, ayudas sociales) ya estaba por debajo de la media europea antes de los recortes.

Al final, el escaso crecimiento, alto paro, bajos salarios y modestas pensiones configuran una sociedad con más desigualdades, donde una década de crisis habrá agravado la pobreza, ya ahora escandalosa: en España está en riesgo de pobreza el 21,8% de la población, 10.278.874 habitantes, 1.374.329 personas más que antes de la crisis (19,7% en 2007). Y somos el séptimo país de Europa con más pobres, por detrás de Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Grecia. El problema, advierten los expertos, es que los aumentos actuales de pobreza se pueden convertir en crónicos, incluso cuando llegue la recuperación.

Como se ve, si la crisis provoca una década perdida, sus efectos serán devastadores y por muchos años más. Por eso es urgente cortar la sangría de los recortes, “salir de la trampa de la austeridad” como dice la OIT, evitar el suicidio económico de Europa. Empezar a reanimar la economía para no perder en vez de una década dos. Bruselas tiene la palabra.

La salida de la crisis se retrasa hasta el 2012

Empiezo con una buena noticia económica (y mira que hay pocas): las grandes empresas españolas, las 130 que cotizan en Bolsa, han aumentado sus ventas hasta septiembre un 12 % y sus beneficios un 22%, cuando hasta junio ganaban sólo un 5% más. Todo apunta a que las grandes empresas han hecho ya su ajuste, tras dos años reduciendo deuda, vendiendo lo que han podido, recortando costes (y plantillas) y pagando casi los mismos salarios.

Hasta aquí bien, porque el ajuste de las empresas es la primera condición para salir de la crisis. Pero estamos hablando de las grandes empresas, que han tenido una válvula de escape para salir del túnel: exportar, vender fuera más que dentro en muchos casos. Y ese no es el caso de los millones de empresas restantes, medianas y pequeñas, ya que sólo 40.000 empresas exportan habitualmente en España. A la mayoría, aunque también están más saneadas que hace dos años (las que no han cerrado por el camino), les falta algo fundamental para salir adelante y crear empleo: vender.

Y aquí, la última noticia es muy mala: el consumo ha caído en el tercer trimestre, por primera vez en un año. No es extraño, ya que los españoles con trabajo se han encontrado con una subida del IVA en julio y con que sus sueldos o han bajado (un 5 % para 4 millones de funcionarios) o han subido menos que la inflación (1,3 % este año, frente a un IPC del 2,3%), con lo que han perdido poder adquisitivo. Además,  se han quitado las ayudas a la compra de coches y el sector público ha recortado también sus gastos por el ajuste fiscal.

Con el miedo al paro, los salarios bajos (el 58% de los ocupados gana 1.000 euros al mes o menos) y que apenas van a subir (o que bajan),  las pensiones  congeladas y 4,600.000 personas desempleadas, no parece que el  consumo se vaya a reanimar en lo que queda de año. Ya se anticipan las terceras Navidades en crisis, con un 11% menos de ventas. Y tampoco se ve una recuperación del consumo en 2011. Las ventas fuera de España tampoco ayudarán mucho, porque Europa y Estados Unidos están creciendo menos de lo esperado.

Sin consumo, ni de las familias ni del sector público (con los Ayuntamientos y autonomías en números rojos), resulta difícil que las empresas, aunque estén más saneadas, vendan e inviertan. Y menos con el dinero  caro y escaso, aún más en 2011, porque el BCE está cerrando el grifo a los bancos y persiste la crisis de la deuda y la falta de credibilidad económica de España. Por eso, la OCDE nos acaba de dar la peor noticia del año : España apenas crecerá en 2011 (0,9 %) y habrá que esperar a 2012 para crecer algo más (1,8%) y crear empleo, quizás para el verano, aunque no creen que empecemos a bajar el paro de forma significativa hasta finales de 2012. O sea que tenemos año y medio más de crisis, por lo menos.