Despidos "justificados" por la Inteligencia Artificial

En los cuatro primeros meses de 2026, las grandes tecnológicas (Amazon, Meta, Oracle, Microsoft y Dell) han despedido a 92.272 trabajadores, justificándolo por la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA). Y también ha pasado en España (Amazon o Telefónica), donde están cayendo los empleos tecnológicos desde septiembre de 2024 (-48.900 empleos), acogiéndose a la implantación de la IA, una “excusa” para ajustar plantillas con menos coste, según denuncian los sindicatos. La realidad es que 1 de cada 5 empresas españolas utilizan ya la Inteligencia Artificial, lo que pone en peligro muchos empleos: un reciente estudio revela que 1 de cada 5 empleos (entre el 18 y el 22%) están ya expuestos a la inteligencia artificial en España, más entre las mujeres y trabajos como la información, la informática y consultoría, telecomunicaciones, comercio y turismo, logística y transporte, inmobiliarias, administrativos y finanzas y seguros. Frente a este riesgo laboral por la IA (sea “excusa” o “realidad”) sólo queda destinar más recursos públicos y privados a formarse mejor. Ya.

Europa está retrasada en la carrera por la IA, tanto en tecnología como en inversiones, pero los europeos y las empresas se están subiendo al tren de la IA, aunque lo conduzcan los gigantes estadounidenses y chinos. Así, en 2025, 1 de cada 3 europeos de 16 a 74 años (el 32,7%) utilizó herramientas de IA generativa, según los datos de Eurostat. La mayoría los utilizó para fines personales (el 25,1%), aunque también para trabajar (15,1%) y para formarse (el 9,4% para su educación). El mayor uso de la IA se dio en los paises nórdicos y centro Europa (56,3% en Noruega, 48,4% de la población en Dinamarca, 47% en Suiza, 46,6% en Estonia, 46,3% en Finlandia,44,9% en Irlanda, 44,7% en Paises Bajos, 42% en Suecia y Bélgica). España se sitúa en el puesto 16º, con un 37,9% de adultos que la han utilizado, por delante de Francia (37,5%), Alemania (32,3%) e Italia (19,9%).

En cuanto a las empresas, 1 de cada 5 empresas europeas (20%) con más de 10 empleados utilizaron tecnologías de IA para sus negocios en 2025, según Eurostat, lo que supone un gran salto: en 2021 utilizaban esta tecnología el 7,7%, el 8,1% en 2023 y el 13,5% en 2024. Otra vez, los paises con más empresas utilizando la IA son los nórdicos y centro Europa: Dinamarca (42% de las empresas), Finlandia (37,8%), Suecia (35%), Bélgica (34,5%), Luxemburgo (33,61%), Paises Bajos (33,21%), Austria (29,95%), Noruega (28,89%) y Alemania (25,97%). España (con el 20,7% de empresas utilizando la IA) ocupa el puesto 13º en este ranking empresarial, por delante de Irlanda (19,64%), Francia (18,16%) e Italia (16,40%).

En España, la utilización de Inteligencia Artificial (IA) dio un enorme salto en 2025, sobre todo en las grandes empresas, como Amadeus, Indra, Telefónica o Grifols, que están desplegando la IA en procesos críticos. De momento, la IA afecta ya a 1 de cada 5 empleos en España (entre el 18 y el 22%), según un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Valencia. Su mayor o menor utilización depende de sectores y territorios: se utiliza más en servicios avanzados, comercio, educación, sanidad e información y comunicación, especialmente en Madrid y Barcelona (21,5%), siendo baja la exposición en Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón, por el mayor peso de la agricultura, la construcción y la industria tradicional. Y están más “expuestos” a la IA los empleos femeninos, porque se concentran en sectores con más uso de la IA (educación, sanidad, servicios administrativos, comercio y actividades sociales).

El estudio revela que la IA puede aumentar la productividad de las empresas, mejorar los servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, aunque también reconoce que puede intensificar las desigualdades entre trabajadores y empresas. Y, sobre todo, el gran temor que acarrea la IA es que suponga pérdida de empleos, como se ha visto recientemente en Microsoft, Amazon y Telefónica (el ERE se ha justificado por la IA). De hecho, un estudio del FMI (2024) revelaba que el 40% de los empleos del mundo (1.320 millones) se verán afectados por la IA, perdiéndose algunos y modificándose otros. Y otro estudio de 2025, del World Economic Forum, vaticina que se perderán 92 millones de empleos en esta década por la IA, aunque también se crearán 170 millones de empleos, lo que dará un aumento del empleo neto de 78 millones para 2030.

Pero la pérdida de empleo por la IA ya está aquí y se ha agravado en 2026, especialmente en EEUU. Así, entre enero y abril de 2026, varios gigantes tecnológicos han anunciado 92.272 despidos en todo el mundo (básicamente en USA), “justificándolos” por la aplicación de la Inteligencia Artificial: Oracle (30.000 despidos, el 19% de su plantilla), Amazon (28.000 despidos, el 2% de su plantilla mundial), Dell (11.000 despidos, el 10% de sus empleados), Microsoft (8.750 despidos, el 7% de su plantilla USA), Meta (8.000 despidos, el 10% de su plantilla), Block (4.000 despidos, el 40% de la plantilla), Nordea (1.500 despidos, el 5% de su plantilla), Snap (1.000 despidos, el 16% empleados), Majorel (769 despidos, el 60% del personal), Pinterest (700 despidos, el 16% plantilla)… Y algunos de estos “ajustes” afectan a España, como los de Amazon (791 despidos aquí) o la consultora tecnológica Inetum, que ha despedido a 400 empleados en España (5% plantilla), que se suman al último ERE de Telefónica, en noviembre pasado (4.772 despidos, el 35% de la plantilla).

Ha habido más despidos en otras grandes empresas este año (ver listado), pero las señaladas son las que han justificado sus ajustes por la introducción de la IA, aunque los sindicatos denuncian que en muchos casos se ha utilizado como “excusa” para recortar plantillas y trasladar servicios (como Call Centers) a India o Bangladesh. De entrada, los más afectados por estos despidos han sido empleados con tareas administrativas, traductores, programadores y consultores, más empleos de atención a proveedores y clientes, periodistas y, en general, “trabajos en oficina ante un ordenador”.

Muchos expertos dudan de que la IA sea capaz de aportar tanta productividad como para prescindir de tantos empleos y creen que se trata de una “excusa” para reducir costes y aumentar beneficios. Y sobre todo, para poder seguir invirtiendo en IA: sólo en el primer trimestre de 2026 (mientras despedían), los 4 gigantes tecnológicos (Amazon, Alphabet, Microsoft y Beta) han invertido 130.625 millones de dólares en proyectos de IA (Centros de datos, chips e investigación), una cifra mensual que supera la inversión de todo el Proyecto Manhattan ( 1ª bomba atómica). Y se estima que estos 4 grandes inviertan 715.000 millones de dólares en IA en 2026, casi el doble que en todo 2025 (375.000 millones de dólares). Por eso necesitan ajustar al máximo plantillas y costes, así como conseguir capital e inversiones.

Mientras los despidos “por la IA” se generalizan en EEUU, en España también asistimos a una pérdida de empleo en el sector tecnológico, según revela este estudio de UGT: desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2026 (último año y medio), el empleo “tecnológico” ha caído en España en 48.900 ocupados, una reducción del 4,5% frente al 2,15% que creció el empleo total en ese tiempo (+470.000 empleos). Esta caída contrasta con el impulso al empleo tecnológico en España entre 2020 (menos de 800.000 empleos de este tipo) y 2024 (1.096.700 empleos tecnológicos), un empleo que se ha reducido después, hasta los 1.047.800 empleos tecnológicos registrados en marzo de 2026 (-48.900).

En el primer trimestre de 2026, el último dato de la EPA, el empleo tecnológico ha seguido cayendo, sobre todo en programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (512.100 empleados, 23.400 menos que a finales de 2025), telecomunicaciones  (113.100 empleos, 11.800 menos) y en servicios de información, que incluye procesado de datos y portales web (17.000 ocupados, 8.600 menos que a finales de 2025). Sólo creció ligeramente el empleo en este primer trimestre en los servicios de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos (313.600 ocupados, +7.400 que en 2025) y en investigación y desarrollo (92.000 ocupados, +1.400 que a finales 2025).

Estos despidos “tecnológicos” se han justificado, según los sindicatos, en la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) y han afectado sobre todo a empresas de telecomunicaciones, Call Centers y consultoras, empujadas por el uso creciente del vibe coding (creación de software conversando con una IA). La patronal del sector tecnológico cree que esta caída del empleo señalada por la EPA  es sólo un “ajuste cíclico” tras años de fuerte creación de empleo y se agarran a los datos de afiliación a la Seguridad Social de marzo, que reflejan un aumento de 21.595 afiliados en actividades tecnológicas en el último año (+3,48%), aunque han caído los asalariados “tecnológicos” y han subido los autónomos. Pero los sindicatos replican que los despidos están ahí y que las empresas utilizan la IA como “excusa” para despedir barato: al ser despidos por causas tecnológicas, la indemnización baja a 20 días por año (con límite 12 meses), frente a los 33 días (y 24 meses de límite) por despido improcedente. Además, los despidos “por la IA”  se utilizan como “una perversa señal de prestigio” para las empresas que los hacen, según denuncia UGT.

Para España, es clave que este empleo tecnológico se recupere y aumente, porque sirve para acompañar la modernización de la economía y para conseguir aumentar la productividad, una de nuestras asignaturas pendientes. Y aunque este empleo tecnológico se ha doblado desde 2015, España ocupa todavía el puesto 20ª en Europa (éramos el 21º en 2015) en el ranking de paises con más especialistas tecnológicos: un 4,7% del empleo frente al 5% de media en la UE-27 o el 5,4% en Francia, según el informe de UGT. Y son muy minoritarios (el 11,9%) los trabajos con alta intensidad de tareas tecnológicas, estando a la cola en la OCDE y muy lejos del porcentaje de trabajos muy tecnológicos en Paises Bajos (24,5%), Suecia (23,5%), EEUU (22%), Finlandia (20%), Francia (17%), Alemania (15,5%) o la media de la UE-27 (14,8%). Además, los trabajadores tecnológicos (TIC) tienen más paro en España (hay 54.000 parados con formación en nuevas tecnologías), una tasa del 9,9% frente al 6,5% en la UE-27. Y por último, los salarios de los trabajadores tecnológicos (TIC) en España son un 38% más bajos que en la UE-27, un 71% inferiores a los franceses y un 75% menores a los alemanes.

La conclusión es que España, aunque ha avanzado mucho en empleos tecnológicos (los ha duplicado entre 2015 y 2025), todavía tiene que dar un gran empujón y volver a doblarlos para 2030, lo que supone crear otro millón de empleos tecnológicos, la décima parte de los 10 millones de empleos tecnológicos en Europa que se plantea como objetivo la Comisión Europea. Eso supone hacer un inmenso esfuerzo en la formación de los jóvenes (aumentando los que cursan carreras STEM) y en el reciclaje de los trabajadores (aumentando la escasa inversión empresarial en la formación de sus plantillas), para afrontar los retos de las nuevas tecnologías y en especial la Inteligencia Artificial, que va a trastocar 1 de cada 5 empleos.

Todos los expertos y organismos internacionales coinciden en que la IA va a revolucionar los empleos, suprimiendo algunos (como está pasando), modificando otros y creando otros nuevos que ahora ni se intuyen. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone una mejora de las habilidades y la formación y un aumento de la protección laboral y social, a la vez que se protege a los trabajadores de los algoritmos injustos. El World Economic Forum insiste en que los paises inviertan más en conseguir una mano de obra adaptable y capacitada a las nuevas tecnologías, creando nuevos itinerarios docentes y formativos. Otros expertos hacen hincapié en que paises y empresas multipliquen sus inversiones en capital humano (no sólo en la IA y en Centros de Datos), para re-cualificar a los trabajadores (Paises Bajos ha destinado a formación gran parte de los Fondos europeos recibidos). Y sobre todo, los Gobiernos deben intentar reducir las brechas de empleo y desigualdad (por sexo, edad, formación, sector, tamaño de empresa y región) que provocará la Inteligencia Artificial.

En resumen, la Inteligencia Artificial es la nueva panacea de la economía y muchos apuestan por su futuro, invirtiendo cifras billonarias que hacen temer otra crisis bursátil. Pero la IA ha venido para quedarse y puede suponer un salto económico para el mundo, como lo fue la electricidad , los ordenadores o Internet. Pero una innovación así, además de mejorar la productividad, tiene también costes, en particular el empleo de mucha gente que puede quedar fuera. España no puede perder este tren de la IA, como tampoco Europa, pero aplicándola de una forma proporcionada, sostenible y justa.

España no pierde el tren de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) avanza imparable, con 1,5 billones de inversión, sobre todo en USA y China, alimentando una “burbuja” bursátil que se teme estalle en 2026. Europa está muy rezagada en tecnología e inversiones, pero 1 de cada 3 europeos utilizan ya las herramientas de IA, que aplican en sus negocios 1 de cada 5 empresas europeas. España no ha perdido este tren tecnológico e incluso usan la IA más empresas que en Francia, Italia o Irlanda, más las grandes empresas y poco las pymes. Y somos uno de los tres paises europeos, con Alemania y Polonia, con 2 centros de supercomputación para desarrollar la IA, al amparo de una Estrategia Nacional que gasta fondos europeos. El temor es la pérdida de empleos que acarrea la IA, como se ha visto en Microsoft, Amazon y Telefónica. Por eso, los sindicatos piden negociar su aplicación en las empresas y que la IA pague impuestos para compensar cotizaciones e ingresos perdidos. Y más formación, para no quedarse fuera.

La Inteligencia Artificial (IA) sacude los mercados y es un imán para los inversores, llevando al máximo a las Bolsas. Este año 2025, el gasto mundial en IA supondrá ya 1,5 billones de dólares, según la consultora Gartner, frente a los 987.904 millones invertidos en 2024. Y apuestan por que se superarán los 2 billones de dólares de inversión en 2026, sobre todo en EEUU y en China, impulsada por la integración de esta tecnología en dispositivos como teléfonos inteligentes, ordenadores y tablets, así como en la necesaria infraestructura de Centros de Datos (CPDs). Sólo las grandes tecnológicas USA tienen previsto invertir en partidas relacionadas con la IA cerca de 3 billones de dólares hasta 2030, nada menos que el 10% del PIB estadounidense. Una cifra que marea y que está creando una “burbuja inversora” que podría estallar si los beneficios no llegan pronto.

Europa está retrasada en esta carrera por la IA, tanto en tecnología como en inversiones, pero los europeos y las empresas se están subiendo al tren de la IA, aunque lo conduzcan los gigantes estadounidenses y chinos. Así, en 2025, 1 de cada 3 europeos de 16 a 74 años (el 32,7%) utilizó herramientas de IA generativa, según los datos recientes de Eurostat. La mayoría los utilizó para fines personales (el 25,1%), aunque también para trabajar (15,1%) y para formarse (el 9,4% para su educación). El mayor uso de la IA se dio en los paises nórdicos y centro Europa (56,3% en Noruega, 48,4% en Dinamarca, 47% en Suiza, 46,6% en Estonia, 46,3% en Finlandia,44,9% en Irlanda, 44,7% en Paises Bajos, 42% en Suecia y Bélgica). España se sitúa en el puesto 16º, con un 37,9% de adultos que la han utilizado, por delante de Francia (37,5%), Alemania (32,3%) e Italia (19,9%).

En cuanto a las empresas, 1 de cada 5 empresas europeas (20%) con más de 10 empleados utilizaron tecnologías de IA para sus negocios en 2025, según Eurostat, lo que supone un gran salto: en 2021 utilizaban esta tecnología el 7,7$, el 8,1% en 2023 y el 13,5% en 2024. Otra vez, los paises con más empresas utilizando la IA son los nórdicos y centro Europa: Dinamarca (42% de las empresas), Finlandia (37,8%), Suecia (35%), Bélgica (34,5%), Luxemburgo (33,61%), Paises Bajos (33,21%), Austria (29,95%), Noruega (28,89%) y Alemania (25,97%). España (con el 20,7% de empresas utilizando la IA) ocupa el puesto 13º en este ranking empresarial, por delante de Irlanda (19,64%), Francia (18,16%) e Italia (16,40%).

El uso empresarial más común de la IA es para analizar el lenguaje escrito (11,8% empresas), seguido de su utilización para generar imágenes y vídeos (9,5%), para generar lenguaje escrito o hablado (8,8%) y para convertir el lenguaje hablado en formato legible para una máquina (7,2%), según Eurostat. Los sectores que más lo están utilizando son las empresas de información y comunicación y los servicios profesionales y científicos, sobre todo en las empresas europeas grandes (el 55,3% utilizan la IA) y menos en las medianas (el 30,6%) y en las pequeñas (usan la IA sólo el 17%). Y su utilización es básicamente para tareas de marketing y ventas (34,7%) y para organización de procesos o gestión (31,05%), destinándose sólo un 6,08% para tareas logísticas.

En España, la utilización de Inteligencia Artificial (IA) ha dado un enorme salto en 2025, sobre todo en las grandes empresas, como Amadeus, Indra, Telefónica o Grifols, que están desplegando la IA en procesos críticos. De momento, la IA afecta ya a 2 de cada 10 empleos en España (entre el 18 y el 22%), según un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Valencia. Su mayor o menor utilización depende de sectores y territorios: se utiliza más en servicios avanzados, comercio, educación, sanidad e información y comunicación, especialmente en Madrid y Barcelona (21,5%), siendo baja la exposición en Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón, por el mayor peso de la agricultura, la construcción y la industria tradicional. Y están más “expuestos” a la IA los empleos femeninos, porque se concentran en sectores con más uso de la IA (educación, sanidad, servicios administrativos, comercio y actividades sociales).

El estudio revela que la IA puede aumentar la productividad de las empresas, mejorar los servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, aunque también reconoce que puede intensificar las desigualdades entre trabajadores y empresas. Y, sobre todo, el gran temor que acarrea la IA es que suponga pérdida de empleos, como se ha visto recientemente en Microsoft, Amazon y Telefónica (el ERE se ha justificado por la IA). De hecho, un estudio del FMI (2024) revelaba que el 40% de los empleos del mundo (1.320 millones) se verán afectados por la IA, perdiéndose algunos y modificándose otros. Y otro estudio de 2025, del World Economic Forum, vaticina que se perderán 92 millones de empleos en esta década por la IA, aunque también se crearán 170 millones de empleos, lo que dará un aumento del empleo neto de 78 millones para 2030.

La pérdida o ganancia de empleo va a depender del tipo de empresas y empleos que tenga cada país y de las políticas de formación y reciclaje que se apliquen. En España, un estudio de Randstad (febrero 2024) estimó el coste laboral de la IA en una década (2023-2033): se perderán 2 millones de empleos (casi el 10%) y se crearán 1,61 millones de empleos nuevos, con un saldo neto de 390.000 empleos perdidos.  Profundizando más, el informe de Randstad refleja que el 9,8% de los empleos actuales (2 millones) corren el riesgo de ser automatizados, mientras otro 15,9% de empleos (3,25 millones) se mantendrán (aumentando su productividad,) y la mayoría (el 74,3% restante, 15,19 millones de empleos) no tendrán cambios significativos por la aplicación de la IA.

El informe concreta los sectores que se verán más afectados negativamente por la IA: el comercio (perderá 158.415 empleos netos), las actividades administrativas (-147.915 empleos netos), hostelería (-112.770) y transporte y almacenamiento (-47.490), teniendo un menor impacto negativo la agricultura, ganadería y pesca, industria y construcción.  Y los sectores más beneficiados por la IA en España, que ganarán empleo neto, serán la programación y consultoría (+76.364 empleos netos), actividades científicas y técnicas (+48.816), telecomunicaciones (+8.995), medios y publicaciones (+3.576) . Mientras, la IA aumentará la productividad del 15,9% de empleos, sobre todo en programación y consultoría (mejorará el rendimiento del 40% de los empleos), los seguros (37% empleos) y finanzas (36%), medios y publicaciones (33%), actividades científicas y técnicas (27%) y telecos (subirá productividad 25% empleos).

El problema es que la IA va muy rápido y los trabajadores tienen menos tiempo para adaptarse que en las revoluciones tecnológicas anteriores, según otro estudio de la consultora Oliver Wyman. Lo que parece claro, añaden, es que la Inteligencia Artificial (IA) “cambiará el papel de los trabajadores”: serán “un complemento” de los ordenadores y robots en la gestión de equipos, transmisión de mensajes y gestión de las emociones, desempeñando un papel más “humano y asistencial”. Parece claro que las máquinas necesitarán al hombre para ser “inteligentes” y que el trabajador seguirá siendo clave en las empresas, pero en muchos casos su papel cambiará radicalmente y en otros serán suplantados por la IA.

De momento, los ajustes laborales en España por la IA van despacio: el 89,66% de las empresas confirman que la IA no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación de nuevos trabajadores ni en el despido de los actuales, según un reciente informe de Adecco e Infoempleo. Pero revela dos cuestiones preocupantes. Una, que el 67,19% de las empresas encuestadas reconocen “no estar preparadas para la IA” (aunque el 53,1% “están en ello”). Y la otra, que 9 de cada 10 trabajadores dicen “no han recibido formación sobre el uso de la IA” (aunque al 69,32% “les gustaría”). Y sólo 1 de cada 4 parados reconoce que ha utilizado la IA para buscar trabajo. En general, las empresas españolas que utilizan la IA lo hacen para automatizar tareas administrativas (47,8%), para automatizar la atención al cliente (34,7%), para analizar datos (34,7%), automatizar procesos productivos (28,2%), hacer control de calidad (10,8%) y para selección de personal (el 2,17%).

Aunque las empresas y los europeos usan cada vez más la IA, queda mucho por hacer para no perder el tren de EEUU y China. De hecho, la Comisión Europea ha aprobado una Estrategia de digitalización cuyo objetivo es que el 75% de las empresas europeas utilicen la IA en 2030 (ahora son el 20% de las empresas europeas, según Eurostat). Un salto enorme que exigirá inversiones en tecnología, aplicaciones y formación, cuestiones incluidas en las ayudas del Fondo de Recuperación “Next Generation”.

En el caso de España, en diciembre de 2020 se aprobó la Estrategia Nacional de IA (ENIA), un Plan para destinar 600 millones de fondos europeos a proyectos de Inteligencia Artificial. Y en 2024, se añadieron 1.500 millones más (de Fondos UE) para potenciar los Centros de computación españoles. España ha sido el primer país en crear una oficina para garantizar el uso ético de la IA (en septiembre de 2023, en A Coruña), además de dedicar 10 millones de euros a la creación de un modelo de IA en español, catalán, vasco, gallego, así como la creación de un “chatbot” interno para la Agencia Tributaria (para automatizar la atención al cliente) y un sistema de consulta en el Sistema Nacional de Salud para el diagnóstico precoz de insuficiencias cardiacas. Y somos uno de los 3 paises europeos (con Alemania y Polonia) en contar con dos grandes Centros de Supercomputación: el MareNostrum de Barcelona (uno de los 15 centros europeos elegidos por la Comisión Europea para el desarrollo de la IA) y la Factoría de IA que acogerá Santiago para la innovación en salud.

Todo indica que España no está perdiendo el tren de la Inteligencia Artificial y que incluso somos un país “proactivo”, que cuenta con 2.800 empresas nacidas para desarrollar esta tecnología, que emplean ya a 100.000 trabajadores especializados. España cuenta además con dos ventajas estratégicas de partida, debido a su extensa red de fibra óptica de banda ancha (la tercera del mundo, tras Corea y Japón, superior a la de Francia, Alemania y Reino Unido juntos) y 5G, además de contar con la electricidad más barata de Europa, clave para la instalación aquí de Centros de Datos (CPDs), que ya están proliferando. Pero falta avanzar en dos cuestiones básicas: la penetración de la IA en las pymes y realizar un gran esfuerzo en formación de gestores y trabajadores.

Pero el reto merece la pena porque España es un país de servicios, un sector donde la aplicación de la IA supondrá una mejora de productividad, que debería traducirse en un mayor crecimiento y mejores salarios. Pero la IA tiene dos consecuencias negativas que hay que anticipar y minimizar: su coste medioambiental (los CPDs, que se van a multiplicar, consumen mucha electricidad y agua) y su coste laboral: es evidente que muchos de los empleos actuales van a desaparecer por culpa de la IA, aunque se creen otros. Y eso obliga a contemplar políticas de reciclaje y ayudas públicas a los futuros parados.

Por eso, los sindicatos piden participar en el proceso de integración de la Inteligencia Artificial en las empresas, para que se tenga en cuenta su coste laboral y social, por lo que exigen que su introducción se negocie en las empresas. La propia Confederación Internacional de Sindicatos (CSI) acaba de denunciar que la IA se está aplicando sin consultar a los trabajadores y socavando derechos laborales (horarios, salarios y despidos), exagerando en muchos casos las ganancias de productividad y creando tremendas desigualdades entre trabajadores y paises. En España, los sindicatos reclaman participar en la introducción de la IA en las empresas a través de la negociación colectiva, en los convenios.

Otros expertos alertan de que la IA va a exigir un alto volumen de ayudas a los que se queden fuera (incluso se habla de un ingreso mínimo vital para compensarles) y un enorme gasto en formación y reciclaje, que los Estados van a tener que abordar. Y además, si se reduce el empleo por máquinas, se reducirán también los ingresos por cotizaciones e impuestos, mientras aumenta el gasto público en ayudas y formación. Por eso proponen cobrar impuestos a la IA, a través de un aumento de los impuestos al capital, reducidos en las últimas décadas: el impuesto de sociedades ha pasado en la OCDE del 33% (año 2000) al 25% actual, mientras la fiscalidad sobre el trabajo (cotizaciones más IRPF) apenas bajó (del 36,2% al 34,9%). A lo claro: se ha incentivado a las empresas para que inviertan más en automatización que en empleo. Y con la IA, se agudiza esta tendencia.

En resumen, la Inteligencia Artificial es la nueva panacea de la economía y muchos apuestan por su futuro, invirtiendo cifras billonarias que hacen temer otra crisis bursátil. Pero la IA ha venido para quedarse y puede suponer un salto económico para el mundo, como lo fue la electricidad , los ordenadores o Internet. Pero una innovación así, además de mejorar la productividad, tiene también costes, en particular el empleo de mucha gente que puede quedar fuera. España no puede perder este tren de la IA, como tampoco Europa, pero aplicándola de una forma proporcionada, sostenible y justa.

Telecos: subida de tarifas y muchos cambios

Hoy 13 de enero, Movistar sube sus tarifas, después de subirlas Vodafone el día 1 y antes de que suba MasOrange el 27 de enero. Es el 11º año consecutivo en que las telecos nos suben las tarifas de móvil, Internet y TV de pago, +41,2% de media, casi el doble que la inflación y los salarios. A la vez, las telecos siguen enzarzadas en su “guerra de tarifas”, con ofertas hasta de 15 euros mensuales para los que cambien de compañía. Con ello, sus ingresos se han estancado y les resulta difícil afrontar nuevas inversiones en redes y telefonía, obligándoles a reducir plantillas (5.600 despidos en 2024), buscar nuevos ingresos (alarmas, energía, seguros, banca) y fusionarse: en 2024, MásMóvil absorbió a Orange y creó la 1ª teleco de España, adelantando a Movistar. Además, los saudíes entraron como tercer accionista de Telefónica y Vodafone cambió de dueño. Las “movidas” empresariales seguirán, como las subidas y la “guerra de tarifas”, ahora por el fútbol y la TV, que es donde ingresan más.

                              Enrique Ortega

Otro año más, las telecos suben las tarifas de móviles, internet y TV de pago. Empezó Vodafone, subiéndolas el 1 de enero un +3% (menos que el +4,38% de 2024), justificándolo por la subida de la inflación. Es el tercer año que Vodafone aplica su cláusula de “revisión automática anual” de tarifas conforme al IPC, introducida en sus contratos en 2022.Ahora, la subida media es de 1,5 euros al mes por cliente, aunque será mayor en los contratos de fibra y móvil (+2,5 euros mensuales) y menor en contratos de sólo móvil (+0,6 euros). Y como contrapartida, ofrecen regalos y rebajas en suscripciones de antivirus y plataformas.

Movistar sube este 13 de enero sus tarifas, desde 0,10 céntimos (Mi Movistar base) a 3,10 euros (Mi Movistar Max) y hasta 4 euros el paquete de TV. Además, Movistar también sube sus tarifas de fútbol a los bares y locales de ocio. Y justifica estas subidas (algo mayores que en 2024, cuando subió de 1 a 3 euros mensuales) en “el aumento generalizado de costes” que ha tenido, especialmente de los proveedores de TV (Netflix subió sus tarifas en octubre y también han subido el resto de plataformas). Eso sí, Movistar da opción a sus clientes de darse de baja sin penalización, mientras Vodafone establece que los clientes con permanencia deben pagar una penalización si se dan de baja por estas subidas.

Los clientes de MasOrange, la compañía líder tras la fusión de MásMóvil y Orange (operativa desde abril), también tendrán una subida de tarifas, a partir del 27 de enero. Los paquetes convergentes Love, de fibra, móvil y TV, suben entre 2 euros mensuales (los más básicos) y 6 euros (los que incluyen TV y fútbol), mientras su marca Simyo sube entre 2 y 3 euros sus paquetes convergentes. En contrapartida, MasOrange duplicará la velocidad de la fibra más baja (de 300 a 600 Mbps) e incorporará en todos los contratos el servicio de ciberseguridad que ofrece el grupo. Las restantes telecos, como Digi, Avatel, Finetwork o Adamo no se suman a esta subida anual de las grandes telecos y seguirán con sus ofertas “low cost”.

2025 será el 11º año consecutivo en que las telecos suben las tarifas de móvil, Internet y TV. Empezaron en 2015, tras las fuertes bajadas hechas entre 2009 y 2014, tras la liberalización de las telecomunicaciones. En estos 11 años (contando la subida de 2025), las telecos han subido sus tarifas mensuales entre 30 y 44 euros de media, con lo que ahora pagamos entre 360 y 528 euros más al año por estar conectados, aunque no nos demos cuenta porque han sido muchas pequeñas subidas consecutivas (hasta hace poco, dos al año). En conjunto, las tarifas de móviles, Internet y TV han subido una media del +41,2% en estos 11 años, casi el doble de lo que han subido los precios (+26,3%Y y los salarios (+20%).

Lo peor no es que llevemos 11 años pagando más por utilizar los móviles e Internet, sino que los usuarios sufrimos una política de tarifas “de locos”, que perjudica a los clientes antiguos “fieles” en beneficio de los clientes nuevos, que consiguen mejores tarifas de entrada al cambiarse de compañía. Lo que sucede desde 2015 es que los clientes antiguos sufren subidas anuales (+41,2% en 11 años), mientras las mismas telecos se dedican a lanzar “ofertas low cost” a través de segundas marcas, con las que “tiran precios” para conseguir nuevos clientes y sustituir a los cientos de miles que les roban cada año las nuevas telecos. Y así pagamos 85 euros al mes por un paquete de móvil, Internet y TV (más de 100 euros con fútbol), mientras esa misma teleco (a través de sus marcas low cost: O2, Lowi, Simyo) ofrece por 38 euros (y menos) un servicio básico de móvil e internet. Y mientras, hay compañías que “rompen el mercado”, como la rumana Digi, que sacó en octubre un Plan de fibra y móvil a 15 euros mensuales (y luego un Plan TV, con 100 canales) a 7 euros más al mes…

Esta “locura de tarifas” y las “ofertas” habituales en Navidad o verano (que complican aún más el mercado) son fruto de la tremenda competencia entre las telecos, tanto entre las tres grandes (MasOrange, Movistar y Vodafone) como entre ellas y las nuevas operadoras (Digi, Avatel, Finetwork o Adamo), que no tienen casi red y alquilan las redes de las grandes telecos para competir con ellas, aprovechando que tienen menos inversiones, costes y personal. Eso provoca cada año una espectacular “fuga” de clientes, de las grandes telecos a las pequeñas, las llamadas “operadoras móviles virtuales”.

En 2023, Vodafone perdió 598.000 clientes, Movistar otros 273.000 y Orange 176.000 más, ganándolos MásMóvil (+57.000) y sobre todo Digi (+598.000 clientes). En 2024, las cifras provisionales señalan que “la fuga” se ha intensificado: Vodafone cedió 518.000 líneas (414.000 contratos de móvil y 104.000 de banda ancha, Internet), MasOrange perdió 490.000 clientes (439.000 líneas de móvil y 51.000 contratos de Internet) y Movistar sólo perdió 82.000 clientes (-122.000 en Internet pero +40.000 contratos de móviles). Y la gran ganadora fue la teleco rumana Digi: ganó cerca de 1 millón de clientes (+737.000 contratos de móvil, donde opera a través de la red de Movistar, con quien renovó contrato por otros 16 años, y +183.000 contratos de banda ancha fija, donde tiene una red propia).

Además de perder clientes, la otra consecuencia negativa de la “guerra de tarifas” para las grandes telecos es que sus ingresos se estancan. Los datos son muy explícitos: los ingresos totales se han “estancado” entre 2017 (34.097 millones de euros) y 2023 (34.631 millones, según la Comisión de Competencia (CNMC). Y si vemos sólo los ingresos minoristas (de los clientes particulares), los ingresos percibidos por las telecos han caído, de 25.122 millones en 2017 a 24.336 millones en 2023. Y en 2024, los ingresos minoristas de las telecos volvieron a caer en el segundo trimestre (5.509 millones, -2,4%) y en el 3º (5.525 millones, 0,6% sobre 2023), según los datos de la CNMC.

Y las telecos, con esta caída de ingresos (tremenda en el negocio minorista), han tenido que afrontar enormes inversiones en redes de telefonía (5G) y fibra, que han soportado endeudándose. Pero el estancamiento de la facturación (y su caída “real”, contando la inflación) les ha obligado a buscar otras vías de salida:  reducir plantillas, vender activos, buscar nuevos negocios y, al final, fusionarse o vender la empresa para sobrevivir.

Las telecos son y han sido una fuente de despidos: sólo en 2024, redujeron sus plantillas en 5.600 empleados: 3.420 salieron de Telefónica, 900 en Vodafone (que hizo el 5º ERE en 11 años, tras la venta a Zegona), 650 personas en MasOrange (tras la fusión) y otros 674 trabajadores despedidos en Avatel, la 5ª teleco. Pero estos 5.600 empleos suprimidos en 2024 se inscriben en los despidos  hechos en la última década, unos 15.000. Y en total, desde la liberalización de 1997, se estima que las telecos han perdido 60.000 empleos.

La 2ª vía de “escape” a la caída de ingresos es vender lo que pueden, desde torres de telefonía a redes, además de firmar acuerdos con telecos competidoras para compartir redes o fibra. La tercera vía ha sido diversificar, meterse en nuevos negocios para “sacarles más partido” a sus 54 millones de clientes: venderles alarmas, energía (luz y gas), seguros de salud, banca y créditos.

Y la cuarta vía son las ventas y fusiones, con importantes operaciones cerradas en 2024. La más importante, la fusión de Orange y MásMóvil (que la absorbió), dando lugar a MasOrange. La operación se anunció en julio de 2022, pero se ha retrasado mucho por el permiso de Bruselas, que no llegó (condicionado) hasta el 20 de febrero de 2024. Y tras la autorización del Gobierno español (12 de marzo), las dos compañías empezaron a operar como una sola, MasOrange, el 1 de abril de 2024, consolidándose como la 1ª teleco española, adelantando a Movistar, con más de 30 millones de clientes (30 millones de líneas móviles, más de 7 millones de clientes de Internet y más de 2 millones de clientes de TV de pago. Y un 43% del mercado, frente al 28% de Movistar y el 22% de Vodafone.

La otra gran operación de 2024 ha sido la venta de Vodafone a Zegona, un fondo de inversión británico,  que compró en octubre de 2023 el 100% de Vodafone España por 5.000 millones de euros. Otra operación que se ha retrasado por la autorización de Bruselas, la CNMC y el Gobierno español, que la autorizó el 14 de mayo de 2024. Desde el 1 de junio, los ejecutivos de Zegona gestionan formalmente Vodafone España, imponiendo nuevos despidos (un ERE a 900 empleados, el 27% de la plantilla) y poniendo en marcha una agresiva política de tarifas y promociones, que ha frenado pero no impedido la fuga de clientes.

En 2024 se ha cerrado también la entrada en Telefónica de la operadora saudí STC (controlada por el Fondo soberano PIF) , anunciada en septiembre de 2023. Antes de autorizar esta entrada extranjera en una empresa estratégica, el Gobierno aprobó (diciembre 2023) la compra del 10% de Telefónica por la SEPI (la empresa pública que controla las participaciones estatales en empresas privadas), que ha costado unos 2.000 millones de euros. En paralelo, el 2º accionista de Telefónica, Criteria CaixaBank, ha aumentado su participación, del 6,03 al 9,99%, al que se suma el 4,83% del BBVA para asegurar mayoría española (24,82%). Y así, el 28 de noviembre pasado, el Gobierno autorizó a la saudí STC a tomar el 9,97% del capital de Telefónica (ampliando el 4,4% que tiene ahora), lo que la convertirá en el tercer mayor accionista de Telefónica, con un puesto en el Consejo.

Con todas estas “movidas”, el sector ha sufrido en 2024 un gran cambio empresarial, con un nuevo liderazgo, de MasOrange (MásMóvil, el 4º operador de 2023 es ahora el 1º), otro intento de “salvar Vodafone España” (tras varios cambios de gestión y tentativas de venta) y un nuevo rumbo para Telefónica, que ya no lidera en España y tiene que buscar su hueco en Europa y el mundo, evitando que su bajísimo precio en Bolsa (cotiza a 3,90 euros por acción, frente a los 30 euros de principios de siglo) le haga presa fácil de otra OPA (su valor total es bajo: 22.600 millones de euros). Y luego está la carrera imparable de la rumana Digi, que opera desde 2008 y que cerró 2024 con 8 millones de clientes (la tercera parte que Movistar) y una gestión muy agresiva, aunque le cueste bajos beneficios y un alto endeudamiento. 

Y detrás le siguen otros operadores virtuales, con cuentas complicadas pero que crecen a costa de arriesgadas ofertas “low cost”. Avatel, la 5ª mayor operadora, fundada  hace 13 años por un pequeño operador de la Costa del Sol y que ha crecido absorbiendo 155 pequeñas operadoras regionales, con 1,43  millones de clientes (760.000 de Internet y 670.000 de móviles). O Finetwork, la 6ª mayor, propiedad en un 50% de un empresario de Elda (Alicante), que cerró 2024 con 1,3 millones de clientes (1 millón de móviles y 330.000 de Internet), coincidiendo con el cese de su consejero delegado. Y Adamo (200.000 clientes), controlada por el fondo francés Ardian, especializada en instalar fibra en zonas rurales.

Un mercado, las telecos, que sobrevuelan los fondos de inversión, buscando entrar y salir a corto plazo y conseguir plusvalías. Y un mercado donde van a seguir las fusiones, en España y a nivel europeo, porque no salen las cuentas si las telecos no ganan tamaño y clientes. De hecho, las empresas se quejan de que hay 98 empresas de telecomunicaciones en Europa, mientras en EEUU, China y Japón sólo hay 3 grandes, por lo que Deutsche Telecom, líder europea, tiene 40 millones de clientes, frente a 114 millones Verizon en USA y 900 millones China Mobile. Por eso, piden a la Comisión que facilite las fusiones europeas y a los Gobiernos que no favorezcan la entrada de nuevos operadores y limiten la competencia “desleal”.

Pero la “guerra de tarifas” va a seguir. Incluso las grandes telecos hacen polémicas ofertas “low cost”: en diciembre, Movistar quiso “robar clientes” a Vodafone ofreciéndoles (sólo a ellos) una tarifa de “todo fútbol” por 44,90 euros, 90 euros menos de lo que costaba al resto (incluidos sus clientes). Ahora, con ofertas de Internet y móvil a 15 euros, la gran batalla comercial está en la TV de pago y el fútbol: los operadores han visto que los usuarios cada vez gastan menos en móvil e Internet, por lo que los paquetes cuádruples (fijo, móvil internet fijo y móvil) cuestan una media de 42,10 euros al mes, el precio más bajo desde 2015. Pero con TV de pago (series, cine y fútbol), el precio medio de los paquetes “quíntuples” es ahora de 80,3 euros, la tarifa más alta por estos servicios desde 2022, según la CNMC. Porque dos de cada tres internautas utilizan plataformas de TV de pago Ahí está el negocio.

Subida telecos y pelea por Telefónica

Movistar sube hoy sus tarifas de móviles e internet, como hizo Vodafone el 1 de enero y harán después los demás. Es el 10º año consecutivo de subida de tarifas, entre 28 y 40 euros al mes desde 2015, un aumento (+38%) muy superior al del IPC y los sueldos. Mientras, las telecos tienen “una gran movida” en España: esperan que Bruselas autorice la fusión de Orange y MásMóvil (anunciada hace año y medio), un fondo británico es el nuevo dueño de Vodafone y un Fondo saudí se ha convertido (sin previo aviso) en el primer accionista de Telefónica, la empresa que controla las comunicaciones de nuestras Fuerzas armadas y de seguridad. Por eso, el Gobierno ha reaccionado, aprobando la entrada del Estado en Telefónica (10%) y promoviendo un frente de accionistas españoles (con BBVA y la Caixa), para salvaguardar una empresa estratégica, como hicieron Alemania, Francia o Italia, accionistas de sus grandes telecos. Son “movidas” que revolucionan el sector, aunque las subidas de tarifas seguirán.

                 Enrique Ortega

Otro año más, nos suben las tarifas del móvil, internet y TV de pago. Hoy 15 de enero, Movistar  aplica la subida a sus 22,8 millones: entre 1 y 3 euros más al mes, según tarifas (y un 1 euro adicional en los contratos con TV de pago). Una subida media del +3,1%, inferior a la aplicada a principios de 2023 (entre 6 y 13 euros, un +6,18%). Como ya ocurrió en la subida de 2023, en esta de 2024 no hay una mejora de servicios, no se amplía a cambio ni la velocidad de conexión ni los datos. Y se justifica por el aumento de la inflación y costes. Otra teleco, Vodafone, ya subió el 1 de enero las tarifas a sus 11 millones de clientes: entre 0,70 y 4,30 euros más al mes, una subida media del +4,38% (inferior al 8,1% que subió Vodafone sus tarifas en 2023). Mientras, Orange no ha anunciado una nueva subida, aunque ya el año pasado se desmarcó y aumentó sus precios en marzo de 2023, dos meses después que Movistar y Vodafone. Y además, está pendiente de que Bruselas apruebe su fusión con MásMóvil, que en 2023 no subió tarifas (aunque sí las subió a finales de 2022 al 20% de sus clientes). Y Digi no va a subir tarifas este año, como tampoco lo hizo en 2023.

La subida de este año 2024 es la 2ª que no se justifica por una mejora de servicios (“más por mas”: más velocidad o más datos), como tampoco la de 2023, sino por la subida costes de las operadoras. Vodafone ya cambió sus contratos en 2022 para introducir una clausula de revisión automática anual de tarifas, según la subida del IPC entre octubre del año anterior y septiembre de cada año. Y también Movistar ha incluido una clausula para subir las tarifas por tres posibles motivos: subida del IPC, cambios normativos o aumento de costes del servicio (energía, licencias, impuestos). Eso sí, Movistar da la opción a sus clientes de darse de baja sin penalización, mientras Vodafone establece que los clientes con permanencia deben pagar una penalización si se dan de baja.

Con estas subidas de enero, es ya el 10º año consecutivo en que las telecos nos suben el precio del servicio. Las subidas empezaron en 2015, tras las fuertes bajadas de precios hechas entre 2009 y 2014, en medio de una batalla salvaje por el recién liberalizado mercado de las telecomunicaciones. En estos 10 años, las tarifas de las telecos por los servicios de móvil e Internet (más TV de pago) han subido entre 28 y 40 euros al mes desde 2015, lo que supone que ahora pagamos entre 336 y 480 euros más al año, lo que significa que pagamos casi el doble por estar conectados, aunque no nos demos cuenta porque han sido muchas pequeñas subidas consecutivas. Una subida media global del +38,1% desde 2015, muy superior a lo que ha subido la inflación en estos años  (+23%) y mucho más de lo que han subido los salarios (+16,86 subieron los convenios).

Lo peor no es que llevemos 10 años pagando más por utilizar los móviles e Internet, sino que los usuarios sufrimos una política de tarifas “de locos”, que perjudica a los clientes antiguos “fieles” en beneficio de los clientes nuevos, que consiguen mejores tarifas de entrada al cambiarse de compañía. Lo que sucede desde 2015 es que los clientes antiguos sufren subidas anuales (+38,1% en 10 años), mientras las mismas telecos se dedican a lanzar “ofertas low cost” a través de segundas marcas, con las que “tiran precios” para conseguir nuevos clientes y sustituir a los cientos de miles que les roban cada año las nuevas telecos. Un “doble rasero” que ya hemos visto en las aseguradoras: subidas anuales a los clientes antiguos y ofertas a mitad de precio a los clientes nuevos. Y así pagamos 85 euros al mes por un paquete de móvil e Internet (y más de 100 euros con fútbol), mientras esa misma teleco (a través de sus marcas low cost: O2, Lowi, Simyo) ofrece por 38 euros (y menos incluso) un servicio básico de móvil e internet…

Esta locura de tarifas (y las “ofertas” por Navidad o verano, que complican aún más el mercado) es fruto de la tremenda competencia entre las telecos, tanto entre las cuatro grandes (Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil) como entre ellas y las nuevas operadoras (Digi, Finetwork, Avatel o Adamo), que no tienen casi red y alquilan las de las grandes telecos para competir con ellos, aprovechando que tienen menos costes e inversiones. Esto provoca una espectacular “fuga de clientes” entre las telecos: en 2021, las tres grandes (Movistar, Orange y Vodafone) perdieron 1,5 millones de clientes y en 2022 perdieron otro millón, según los datos de la CNMC), en beneficio de Más Móvil y Digi. Y en 2023, los datos provisionales indican que Vodafone perdió 598.000 clientes, Movistar otros 273.000 y Orange 176.000, ganándolos  MásMóvil (+57.000) y sobre todo la rumana Digi (+598.000 clientes), que ya supera los 6,1 millones de clientes.

Esta guerra de tarifas y la fuga constante de clientes ha hundido las cuentas de las principales telecos en España: las compañías tienen más clientes (varios contratos por persona), cada vez más conectados, pero ingresan menos que hace una década: la facturación del sector se ha reducido un -25%, cayendo de un máximo de 44.080 millones en 2008 a 32.693 millones en 2021. Ingresan menos por cliente, porque las tarifas reales de móviles (por la guerra del “low cost”) han caído un -32% desde 2008, según la CNMC. En 2022, las telecos congelaron sus ingresos por servicios minoristas, que sólo crecieron un 0,96%. Y en 2023, las tres grandes telecos (Movistar, Orange y Vodafone) ingresaron en España 15.734 millones de euros, de enero a septiembre, sólo un 0,2% más que en ese periodo de 2022 (MásMóvil facturó un 3% más y Digi un +30,5%), según la CNMC. Como además de ingresar lo mismo, tienen que invertir en redes, sus beneficios se resienten: Telefónica ganó 2.011 millones (-40%), Orange 1.111 millones (-4%), Vodafone 947 millones (-1,1%) y MásMóvil 1.199 millones (+26%).

Con estas cuentas tan deterioradas, no sorprende que las telecos necesiten subir cada año las tarifas a sus clientes. Además, han buscado otras vías para ajustar sus cuentas. La primera vía, recortar plantillas año tras año, en perjuicio de la atención a los clientes: desde 2002 a 2021, las telecos que operan en España han recortado 38.252 empleos, un 46% de las plantillas. Y no paran. En enero de 2024, Telefónica ha pactado con los sindicatos un ERE para despedir a 3.421 empleados mayores de 56 años, el 21% de la plantilla (tras haber salido 11.000 empleados desde 2015). Y se teme que los cambios accionariales en Vodafone España traigan más despidos este año a su plantilla (4.000 trabajadores), lo mismo que a Orange y MásMóvil tras la fusión. La 2ª vía para ajustar cuentas ha sido la venta de activos, desde redes y clientes a torres de telefonía. La tercera vía, diversificar y meterse en nuevos negocios, para aprovechar sus 54 millones de clientes, a los que intentan vender alarmas, energía, seguros de salud, banca y créditos. Y la cuarta vía son las fusiones, intentar “ganar tamaño” para conseguir “economías de escala” (más ingresos y menos costes).

Las telecos españolas llevan años quejándose de que en Europa hay demasiada competencia, porque los Gobiernos han fomentado la entrada de nuevos operadores (sin red ni inversiones), para forzar a la baja los precios. Y denuncian también que hay demasiados operadores: Europa tiene 98 empresas de telecomunicaciones, mientras EEUU tiene solo 3 grandes (Verizon, T-Mobile y ATT), igual que China (China Mobile, China Unicom y China Telecom) y Japón (Softbank, NTT y KDDI). Y este enorme tamaño de norteamericanos y asiáticos (Verizon tiene 114 millones de clientes y China Mobile 900 millones frente a 40 millones de clientes Deutsche Telecom, la teleco líder en Europa) es lo que les permite ingresar más, invertir más, ofrecer más servicios y competir mejor con Europa. Y encima, en España hay 8 operadores de telecomunicaciones, frente a tres o cuatro en los principales paises europeos.

Por todo ello, las telecos que operan en España llevan años defendiendo las fusiones, mientras la Comisión Europea no las apoya. En 2016, bloqueó la venta de la filial británica de Telefónica, O2, a la china Hutchinson Whampoa. Y ahora, la Comisión Europea está retrasando la autorización de la fusión de Orange y MásMóvil, anunciada en julio de 2022 y pendiente de que Bruselas se pronuncie en febrero, tras varias dilaciones y exigencias. Esta fusión Orange-MásMóvil creará la primera teleco en España, con 31 millones de clientes (el 43% del mercado, por delante del 28% de Movistar y el 22% de Vodafone).

Mientras el sector espera la luz verde a esta fusión, este mes de enero se ha concretado otro cambio importante en Vodafone España, la 3ª mayor operadora (fruto de la compra de Airtel en el año 2000 y de Ono en 2014): ha tomado las riendas de la gestión su nuevo propietario, el fondo británico Zegona, que compró en octubre el 100% de Vodafone España por 5.000 millones, una operación pendiente de aprobar por el Gobierno, la CNMC y Bruselas. Al ser Zegona un fondo de inversión y no una teleco, algunos expertos temen que utilice su control para desmantelar Vodafone (vendiendo redes y clientes), mientras los sindicatos temen más despidos. Y los nuevos gestores anticipan que van a utilizar su marca low cost, Lowi, para promover una política de tarifas más agresiva y recuperar clientes.

En medio de la “movida” por la fusión de Orange y MásMóvil  y el cambio de propietario en Vodafone España, el sector se ha visto impactado por otra compra, la que anunció el 5 de septiembre la teleco saudí STC (controlada por PIF, el Fondo soberano de Arabia Saudí): había comprado (por sorpresa, sin avisar antes) el 4,9% del capital de Telefónica y tenía intención de comprar otro 5%, para convertirse en el primer accionista de la compañía. Esta compra hizo saltar todas las alarmas, en Telefónica y en el Gobierno Sánchez. Primero, porque ya había un precedente “poco edificante”: otro fondo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Etisalat, compró entre 2022 y 2023 un 14,6% de la multinacional Vodafone, con la intención de controlar el 25%. Y en octubre de 2023, decidió vender la filial Vodafone España al fondo de inversión Zegona. Y segundo y más importante, porque Telefónica es la compañía que presta servicios estratégicos de comunicaciones a las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas españolas, que ahora controlaría un fondo soberano saudí. No por casualidad, es Defensa quien tiene que autorizar la 2ª compra de STC, el 5% pendiente.

El Gobierno Sánchez decidió apostar por el carácter estratégico de Telefónica y aprobó en Consejo de Ministros, el 19 de diciembre de 2023, la compra del 10% de Telefónica por la SEPI (la empresa pública que controla las participaciones del Estado en empresas públicas como Correos, Navantia, Mercasa, Hispasat o Tragsa y en empresas privadas como Indra, Red Eléctrica, Enagás o Iberia), con lo que el Estado se convertirá en el primer accionista de Telefónica. Algo que, a pesar de las críticas del PP,  sucede ya en otros paises europeos, cuyos Gobiernos controlan su principal teleco, por motivos estratégicos: el estado alemán posee el 13,8% de Deutsche Telecom, el francés controla el 13,4% de Orange y el gobierno italiano aprobó en agosto aumentar al 20% el control público en Telecom Italia. Además, el Gobierno promueve un frente de accionistas españoles en Telefónica, sumando al 10% de la SEPI el 6,03% de la Caixa y Criteria y el 4,87% que tiene el BBVA. En total un 20,9% de capital español, frente al 9,9% de STC (si se autoriza el 5% pendiente), más las participaciones de fondos extranjeros (4,48% de Black Rock, 3,14% de Vanguard Group y 1,95% de Norges Bank).

Este mes de enero, el Gobierno y la SEPI contratarán a un banco para organizar la compra de ese 10% de Telefónica entre inversores y Bolsa, que hoy costaría 2.136 millones (la acción cotiza a 3,71 euros), algo más de lo que les costó a los saudíes (2.000 millones, porque la acción de Telefónica estaba en agosto a 3,68 euros). Y a partir de ahí, el Estado y los inversores españoles pasarán a controlar la gestión de Telefónica, al cumplir 100 años de crearse, el 19 de abril de 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera y controlada por la norteamericana ITT. En 1945, Franco nacionalizó Telefónica, que se privatiza después, entre 1995 (Felipe González vende un 10,7%) y 1997, cuando Aznar privatiza el 20,96% restante y pone al frente a directivos afines (Villalonga, Alierta), iniciándose su internacionalización, con 315 millones de clientes en 20 paises.

Como se ve, el sector de las telecos está en medio de “una gran movida” accionarial y de poder, con los Gobiernos europeos intentando promover una independencia estratégica frente a fondos especulativos y multinacionales extranjeras. Todo apunta a que habrá más fusiones y menos empresas ofreciendo servicios, lo que puede ser bueno para competir pero malo para los usuarios: tendremos menos operadores, más fuertes, que impondrán tarifas y condiciones, como se ha visto con los bancos, las petroleras y las eléctricas. Es lo que viene. Y pagaremos lo que nos cobren, porque no podemos vivir sin estar conectados. Cueste lo que cueste.