Se prorrogan las ayudas contra la inflación

Hoy hemos sabido que los precios bajaron mucho en junio, hasta el 1,9% anual, la inflación más baja desde marzo de 2021. España tiene así un tercio de la inflación de la zona euro (6,1% en mayo) y somos el tercer país europeo con los precios más bajos. Un buen dato que se debe a la bajada del petróleo, gas y materias primas, pero también a las medidas contra la inflación que lleva aplicando 2 años el Gobierno Sánchez: rebaja del IVA a la luz y el gas, bonificación a los carburantes, excepción ibérica y bajada del IVA alimentos. El martes, el Gobierno prorrogó muchas de estas ayudas hasta diciembre. En total, los 7 paquetes contra la inflación han costado 47.000 millones de euros. Ahora preocupa un repunte de precios este invierno, por la energía y la guerra. Mientras, el BCE, la OCDE y el FMI reconocen que la culpa de la inflación no la tienen sólo la guerra y la energía, sino los disparados márgenes empresariales (beneficios): nadie los frena y lo pagamos caro los consumidores.

Enrique Ortega

Parece que la inflación ha dejado de ser el grave problema que arrastramos desde hace dos veranos, cuando en agosto de 2021 superó el 3% y empezó a subir sin freno hasta marzo de 2022, alcanzando el 9,8% tras la invasión de Ucrania, para superar incluso el 10% de subida el verano pasado (+10,8% en julio 2022). A partir de ahí, la inflación empezó a bajar, cerrando el año 2022 en el +5,7%, y tras un ligero repunte en enero y febrero (por la subida de los alimentos), vuelve a bajar el IPC anual, hasta el +3,2% en mayo, el último dato completo del INE. Y hoy se ha publicado el IPC anticipado de junio de 2023, que refleja una fuerte caída de la inflación en España: +1,9% anual, el nivel más bajo desde marzo de 2021 (+1,3%).

A falta de conocerse el dato anticipado de Europa en junio, España tenía ya una inflación armonizada (homologada con las estadísticas europeas)  del 1,6% en junio, que puede ser un tercio de la inflación media europea. Con los datos de toda Europa, en mayo, España ya tenía ya tenía menos de la mitad de inflación (homologada) que la zona euro: un +2,9% de inflación armonizada en España (el dato homologable con Europa, inferior al 3,2% del IPC), frente al +6,1% de inflación en los 20 paises de la zona euro. Frente a los grandes paises, la inflación anual en España era también menos de la mitad que en Italia (8%), Alemania (+6,3%), Francia (6%), según Eurostat. Y éramos el tercer país con menos inflación de la UE-27, junto a Dinamarca (+2,9%), sólo por detrás de Luxemburgo (2%) y Bélgica (2,7%), con 7 paises europeos donde los precios suben más del 10% (+21,9% en Hungría, 12,5% en Polonia y Chequia).

En resumen, España ha bajado su inflación anual del 10,8% máximo (agosto 2022) al 1,9% actual, mientras la zona euro la ha reducido menos, del 10,6% máximo (octubre 2022) al 6,1% de mayo (último dato). Eso se debe a que España dependía menos del gas ruso que los paises del centro y norte de Europa (tenemos muchas regasificadoras), a un mayor peso de las energías renovables en la generación de electricidad y a un menor consumo de petróleo y gas, ayudado por un invierno suave. Incluso los alimentos, que suben un +12% en España, se encarecen menos que en Europa (+12,5%), según Eurostat. Pero hay otro motivo que explica la mayor caída de la inflación en España: las medidas contra la inflación tomadas desde hace dos años por el Gobierno Sánchez.

Las primeras medidas se aprobaron el 24 de junio de 2021, antes de la guerra de Ucrania: la bajada del IVA de la electricidad del 21 al 10% y  la suspensión del impuesto del sobre la generación eléctrica (7%). En septiembre de 2021, se redujo del 5,11 al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad. En diciembre de 2021, el Gobierno prorrogó hasta el 30 de abril de 2022 estas tres medidas fiscales para reducir el precio de la electricidad. Tras la invasión de Ucrania, el Gobierno aprobó el 29 de marzo de 2022 un Plan Nacional de respuesta a la guerra, con medidas contra la inflación y ayudas a sectores y colectivos más afectados: extensión hasta el 30 de junio de la rebaja del IVA al 10% para la electricidad (más rebaja al 0,5% impuesto electricidad y supresión del impuesto de generación del 7%), bonificación de 20 céntimos en los precios de los carburantes (desde el 1 de abril de 2022) y ayudas a transportistas, agricultores y pescadores, así como a industrias muy consumidoras de energía. Y una bonificación del 30% al transporte público (con otro 20% las autonomías).

El 25 de junio de 2022, el Gobierno Sánchez aprobó otro paquete de medidas contra la inflación, hasta fin de año, donde destaca una nueva bajada del IVA para la electricidad, del 10 al 5% (y al gas), además de mantener la rebaja del impuesto eléctrico y la supresión del impuesto de generación (con lo que se reducían un 80% los impuestos a la factura de la luz). También se amplió el pago de los 20 céntimos a los carburantes, hasta el 31 de diciembre. Y se aprobó un pago único de 200 euros para trabajadores, autónomos y parados con ingresos anuales inferiores a 14.000 euros, que podían recibir 2,7 millones de españoles.

En paralelo, el Gobierno español negoció en Europa, con Portugal, la excepción ibérica, un sistema para poder rebajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista, al fijar un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad (de tal manera que no contagia al precio del resto de energías). Esta “excepción ibérica” ha sido clave para rebajar el precio de la electricidad en España y podría haber reducido un 2% la inflación anual. Se empezó a aplicar el 15 de junio de 2022 y pronto se notó en el precio mayorista de la electricidad: pasó de costar 165 euros/MWh  a 109,66 euros en noviembre y 36,41 euros el 24 de diciembre. Y el 29 de diciembre, el precio mayorista (con compensación) costaba 16,15 euros MWh. El Gobierno Sánchez estima que los usuarios de tarifa regulada nos hemos ahorrado con la “excepción ibérica”, prorrogada hasta diciembre de 2023, 5.106 millones de euros hasta finales de febrero.  Y estiman que en el recibo final de la luz, cada español habrá ahorrado una media de 100 euros por hogar en los primeros 8 meses del nuevo sistema.

El 27 de diciembre de 2022, el Gobierno aprobó otra prórroga de las medidas contra la inflación, hasta mediados de 2023: se mantuvo la bajada del IVA y de los impuestos a la luz y el gas, el tope al precio del butano, las ayudas al transporte público y el tope a los alquileres (2%). Y se suprimió la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, manteniéndola para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Pero la medida más importante fue la rebaja del IVA a los alimentos desde el 1 de enero de 2023 : se bajó del 4% al 0% el IVA de los alimentos básicos (pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales). Y bajó del 10 al 5%,  el IVA de aceites y pastas.

Esta rebaja del IVA tardó en surtir efecto y transmitirse a los 7.000 alimentos afectados, en 24.000 establecimientos. De hecho, los alimentos subieron, del 15,7% anual de diciembre y el 15,5% de enero al 16,6% en febrero y el 16,5% en marzo, empujados por las malas cosechas de algunos productos (aceites, azúcar, cereales) y el retraso en el efecto de la bajada del IVA. Pero los alimentos bajaron en abril (12,9%) y mayo (12%). El efecto global de la bajada del IVA en los alimentos beneficia más a las rentas altas: 70 euros de ahorro (en 6 meses) a las familias que ganan más de 215.000 euros y sólo 27 euros a las familias más humildes (que ganan menos de 16.000 euros), según FEDEA. Pero porcentualmente sobre sus ingresos, el ahorro es mayor entre los que menos ganan.

Este martes 27 de junio,  el Gobierno Sánchez (en funciones) aprobó una nueva prórroga de las medidas contra la inflación, hasta finales de 2023. Mantiene la rebaja del IVA en los alimentos. Mantiene la bonificación de los transportes públicos, un 30% (si las autonomías bonifican otro 20%). Mantiene la subvención al combustible de transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, pero será de 10 céntimos hasta septiembre y 5 céntimos después. Mantiene el IVA del 5% y los impuestos rebajados a la luz y el gas, así como el tope máximo al precio de la bombona de butano. Y mantiene la prohibición de desahucios a familias vulnerables, aunque no mantiene el tope del 2% en la renovación de alquileres (algo que sí hace la Ley de Vivienda). Como novedades, incluye 2 nuevas ayudas: una a la compra de coches eléctricos o la instalación de postes de recarga (que contarán con un 15% de desgravación fiscal en el IRPF) y la otra, un aval del ICO para que los jóvenes y familias con niños puedan acceder a la compra de una vivienda.

Con este último paquete, el Gobierno Sánchez ha aprobado 7 paquetes de medidas contra la inflación, destinando 47.000 millones de ayudas públicas en dos años. A finales de mayo, la Comisión Europea pidió a España y al resto de paises europeos que comenzaran a reducir las ayudas contra la inflación y por la guerra de Ucrania, para poder destinar esos ahorros a reducir los déficits públicos, disparados en toda Europa por las necesarias ayudas aprobadas estos años. De hecho, España y otros 13 paises europeos (Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) van a cerrar 2023 con un déficit superior al 3% del PIB (España prevé un 3,9% de déficit). Y la Comisión ya ha dicho que obligará a todos a cumplir con el Pacto de Estabilidad en 2024, no superando el 3% de déficit, para lo que pide ir haciendo ajustes.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha justificado este 7º paquete de ayudas en que la inflación no está controlada y que la guerra en Ucrania sigue provocando incertidumbre sobre el futuro. Y a la vez, ha prometido a Bruselas que España cumplirá, que rebajará su déficit al 3% del PIB en 2024, gracias al mayor crecimiento económico (España crece al 4,2% anual, cuatro veces la media de la UE) y a la fuerte creación de empleo (2 millones más de afiliados a la SS en los últimos 5 años), lo que permitirá aumentar la recaudación y reducir el déficit,  aunque se mantengan las ayudas este año. En  cualquier caso, el ajuste de las cuentas públicas, para no superar ese déficit del 3% en 2024, será uno de los retos del próximo Gobierno español. Y si gana las elecciones el PP (y Vox), podría haber recortes. Sobre todo si persisten en su política de bajar impuestos.

Entre tanto, la inflación se ha moderado pero no está controlada. Preocupa sobre todo en el resto de Europa, donde la inflación sube el doble que en España. De hecho, el BCE insiste en que está “demasiado” alta y que eso “le va a obligar” a subir los tipos otra vez en julio y quizás de nuevo antes de fin de año (hasta el 4,5%). Y que los tipos seguirán altos hasta 2025, año en que la inflación podría bajar del 2% en otoño: el BCE prevé un 5,4% de inflación en la zona euro en 2023, un 3% en 2024 y un 2,2% en 2025. Mientras, el Banco de España estima que España tendrá menos inflación: 3,2% en 2023, 3,6% en 2024 y 1,8% en 2025.

Con todo, hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la inflación. Los precios de los alimentos (que han subido menos en junio) podrían repuntar este verano, sobre todo en España, por la mayor demanda (29 millones de turistas entre julio y septiembre) y los efectos negativos de la sequía y la ola de calor en aceites, cereales, frutas y hortalizas. Y luego, en invierno, podrían dispararse los precios del petróleo y gas natural, presionando la factura de la luz, la calefacción y los carburantes. El cambio climático y la mayor demanda de los paises en desarrollo disparan los precios de alimentos y materias primas. Y, sobre todo, se mantiene la guerra en Ucrania y los choques geopolíticos entre EEUU y China, que no favorecen la mejora de expectativas .Por todo ello, hay temor de que la inflación alta de mantenga.

El debate está en quien es culpable de esta alta inflación. Hasta ahora, se culpaba a la guerra de Ucrania, a los mercados del petróleo y gas, a los mercados de alimentos y materias primas. Pero hay otras causas. El propio BCE lo reconoció a finales de marzo: dos tercios de la subida de la inflación en Europa ha sido por la subida de los márgenes empresariales (beneficios) sobre todo en la energía, agricultura, industria, construcción, hostelería y restauración. Algo que contrasta con las subidas de precios entre 1.999 y 2022, cuando sólo en una tercera parte se debieron a subidas de los beneficios.

Esta misma tesis la defienden estos días la OCDE y el FMI. En su último informe, del 7 de junio, la OCDE advertía que las empresas y sus márgenes son los principales culpables de la inflación en Europa y sobre todo en Francia, Italia y España. Concretamente, estiman que de la subida de precios en España en 2022 (+8,4%), las tres cuartas partes (+6%) es responsabilidad de las empresas y sus márgenes y sólo un 1,5% se debe a los salarios. La OCDE lo llama “Greed-flation” o “inflación de la codicia”. Y se explica porque algunas grandes empresas (energéticas, bancos, materias primas) tienen un gran “poder de mercado” e imponen sus márgenes y precios, sin que haya competencia, en perjuicio de los consumidores. Y otro estudio posterior, del FMI, va en la misma línea: los beneficios empresariales fueron responsables del 45% de la inflación en Europa en 2022.

En definitiva, que si tenemos una alta inflación no es sólo por la guerra de Ucrania, el petróleo, el gas y las malas cosechas, sino sobre todo porque algunos sectores y empresas han hecho su agosto, disparando precios, márgenes y beneficios. Y sólo hay dos salidas: o se hacen  transparentes costes y márgenes, (la vicepresidenta Calviño ha propuesto crear un Observatorio de márgenes empresariales y la patronal la plantó en la reunión), pactando beneficios y salarios (el famoso “pacto de rentas”), o se imponen impuestos extraordinarios a beneficios  extraordinarios, conseguidos a costa de la alta inflación (algo que rechaza también la patronal y el PP, que estudia suprimir los impuestos aprobados a las eléctricas, energéticas y bancos). O pacto o más impuestos. Pero no quieren tomar medidas, sólo aprovecharse de la situación para elevar precios y márgenes. Así nos va.

España: las ayudas contienen la inflación

La inflación agobia a toda Europa, pero en España lleva 3 meses bajando y tenemos la 2ª menor inflación de la UE, el 7,3% (un tercio menos que en julio). Ello se debe a las ayudas aprobadas para compensar las subidas de la luz, carburantes y gas, pero sobre todo a “la excepción ibérica”: el tope al gas para producir electricidad, que cumple mañana 5 meses, nos ha ahorrado 3.000 millones en la factura de la luz. Ahora, el Gobierno estudia la prórroga de las ayudas para 2023, pero hay 3 problemas: son muy costosas (18.000 millones), alimentan las emisiones de CO2 (consumimos más carburantes y gas) y son injustas (ayudan más a los que más tienen), por lo que muchos defienden concentrarlas en los 6 millones de familias que más sufren la inflación. Mientras, Europa no aprueba un tope al gas ni extiende la excepción ibérica. Y cada país aumenta sus ayudas, más los ricos (+200.000 millones Alemania). Urge un Fondo UE contra la inflación.

Enrique Ortega

La inflación amenaza todas las economías, acercándonos a la recesión, especialmente en Europa, que apenas crecerá el año próximo (+0,3%), cayendo Alemania (-0,6%) y creciendo España sólo un +1%, según el último pronóstico de la Comisión Europea. La fuerte dependencia del gas ruso y de una energía disparada (gas y petróleo), más el repunte de la demanda y los embudos en las cadenas de producción, han provocado que la inflación lleve 16 meses consecutivos subiendo en la zona euro: pasó del 1,9% en junio 2021 al 2,2% en julio y el 5% en diciembre, para escalar al 7,4% en marzo (tras la invasión de Ucrania) y el 10,7% en octubre, la inflación más alta en los 20 años de historia del euro. En España, la inflación también se disparó, del 2,7% en junio de 2021 al 6,5% en diciembre, el 9,8% en marzo de 2022 y un máximo del 10,8% en julio, pero desde entonces lleva ya tres meses bajando, hasta el 7,3% en octubre, según el INE, algo que sólo ha pasado en otros tres países europeos (Estonia, Chipre y Eslovenia). Y tenemos la 2ª menor inflación de la zona euro, sólo algo mayor que Francia (+7,1%) y mucho menor a la de Holanda (16,8%), Bélgica (13,1%), Italia (12,8%) o Alemania (+11,6%), según Eurostat. Y menor que Reino Unido (+9,9%) o EEUU (+7,7%).

Así que nuestra inflación es muy alta (7,3%, la más alta desde 1986), pero es menor que la de la mayoría de Europa. Eso se debe a varios factores, desde una menor dependencia del gas ruso a un mayor peso de las energías renovables (somos el 2º país que genera más electricidad con renovables, tras Alemania), a la contención de los salarios (las subidas pactadas en los convenios, hasta octubre, han sido del 2,6%) y, sobre todo, a las medidas tomadas estos meses por el Gobierno para frenar la subida de los precios de la energía: bajada del IVA y los impuestos a la electricidad, supresión de cargos en el recibo de la luz, bajada del IVA del gas, bonificación de 20 céntimos a los carburantes y ayudas a distintos sectores (transportes, pesca, industria), subvenciones al transporte público y, sobre todo, la aprobación de la “excepción ibérica”, el tope al gas para producir electricidad aprobado por Bruselas.

Mañana se cumplen 5 meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica, el 15 de junio de 2022, tras aprobarlo la Comisión Europea sólo para España y Portugal (durante un año), por su avance en las energías renovables y el escaso peso de las importaciones eléctricas (una “isla” eléctrica). La medida suponía poner un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (40 euros MWh al principio y hasta 70 euros al final, en junio de 2023), de tal manera que el resto de energías (hidráulica, carbón, térmicas de fuel y renovables) no se beneficiaban de cobrar más de ese tope (los “beneficios caídos del cielo”) y el coste de la electricidad en el mercado mayorista se abaratara drásticamente. Y aunque los consumidores tenían que compensar a las eléctricas de la diferencia en el precio del gas (precio mercado-tope), aun así la factura se abarataba.

Veamos el positivo balance de la “excepción ibérica estos 5 meses. Por un lado, el precio mayorista de la luz se ha mantenido bastante estable, al toparse el precio del gas natural  costase lo que costase en el mercado: de tener “picos” que sobresaltaban al consumidor (360 euros MWh el 22 de diciembre o 545 euros el 15 de marzo, tras la invasión de Ucrania) se ha pasado a un mercado más estabilizado (ver curva de precios), con precios en origen de 165,59 euros el 15 de junio a un máximo de 200 euros el 3 de octubre y 121,18 el viernes 11 de noviembre. Y eso se ha traducido en que la media mensual del precio mayorista de la luz ha pasado de 283,3 euros en marzo 2022 a 169,63 euros en junio y 126,68 euros en octubre de 2022, el precio en origen más bajo desde agosto de 2021.

Y aunque el consumidor ha tenido que pagar más por la luz (al sumar a este precio mayorista la compensación a las eléctricas por el tope al gas), el precio final de la factura también es menor que si no hubiera existido el tope al gas: se ha pasado de pagar 225 euros el 15 de junio (con compensación)  a 475 euros con el precio más alto del gas (30 de agosto), para bajar luego a un mínimo de 80,44 euros en octubre y 128,86 euros el viernes (con compensación al gas). Y si miramos la factura final, a los consumidores con tarifa regulada (11 millones en el sistema PVPC), el recibo ha bajado de 143 euros que pagaron de media en marzo de 2022 (tras la invasión) a 98,8 euros en mayo, para subir luego a 114 en julio, 131 euros en agosto (el 2º peor mes) y 85,63 euros en octubre 2022, la factura de la luz más baja desde agosto 2021 (78,31 euros), según la OCU.

El Gobierno estimó en octubre que “la excepción ibérica” había ahorrado a los españoles 3.000 millones en la factura de la luz, una media de 17 euros al mes por recibo. Y con ello, España está pagando la luz un 35% más barata que los franceses, un 40% más barata que los italianos y un 25% menos que los alemanes, razón por la que la mayoría de países quieren extender esta “excepción ibérica” a toda Europa. Sin embargo, el PP y Feijóo siguen hablando de “timo ibérico” y se agarran a un dato que es falso: que los consumidores españoles “estamos financiando con 1.000 millones a los consumidores franceses”. La realidad es que las “rentas de congestión” (para compensar la diferencia de precios entre dos zonas) entre el 15 de junio y el 17 de octubre han sido positivas para España, más de 700 millones, de los que 414 millones se han inyectado a las centrales, para reducir la compensación a pagar al gas. Y en octubre, la renta de congestión ha sido de 99 millones, el 50% para España, según la OMIE…

Otra medida que ha sido muy efectiva para bajar la inflación los últimos 3 meses ha sido la  subvención al transporte público, tanto la gratuidad en los servicios de cercanías, rodalies de Cataluña y media distancia (que beneficia a 2 millones de usuarios y que se va a extender a todo 2023) como la subvención al 30% en los bonos del transporte público de grandes ciudades. Y también han sido decisivos los 20 céntimos de subvención a los carburantes, que hacen que los conductores paguen ahora por la gasolina (1,51 euros, descontando la bonificación) y el gasóleo (1,76 euros de media la semana pasada) menos de lo que pagaban en marzo (1,81 euros el litro de gasolina y 1,83 el gasóleo). Y por supuesto, también han moderado las subidas de la energía la bajada de impuestos a la luz y el gas.

El problema es que aunque los precios hayan bajado un tercio estos tres últimos meses, hay muchas familias que apenas lo notan, porque sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes: son 6 millones de familias, el 32% de los hogares, que no ingresan lo suficiente para pagar la vivienda, la energía, la educación y los alimentos, según el último informe Foessa publicado por Cáritas. Y encima, estos datos son de finales de 2021, con lo que hoy serán muchas más de 6 millones las familias vulnerables, las que están sufriendo especialmente la actual subida de precios. Son, según Cáritas, las familias con 2 hijos que ingresan menos de 2.208 euros al mes, las mujeres solas con niños con ingresos inferiores a 1.816 euros y los que viven solos con menos de 1.136 euros al mes. Es sobre estas familias más vulnerables (en alquiler, con hijos o con trabajos y sueldos precarios) sobre quien cae lo peor de esta crisis de la inflación, aunque nos afecte a todos.

Ahora, la inflación podría estar bajando o estabilizada en noviembre, dado que el gas, el petróleo, la luz y los carburantes no suben apenas, aunque sí los alimentos. Pero todo apunta a que, cuando llegue el frío, la energía, el gas y la luz volverán a subir, dificultando más los problemas de las familias vulnerables y del resto. Y por eso, el Gobierno Sánchez estudia estos días prorrogar las ayudas contra la inflación para 2023, al menos hasta abril. Una decisión que choca con tres problemas, que se están evaluando.

El primer problema es el elevado coste de las ayudas contra la inflación. El Gobierno estima que todas las ayudas aplicadas en 2022 han costado ya 38.500 millones de euros, el 3,19% del PIB. Y ampliar sólo las medidas para frenar los precios de la luz, el gas y los carburantes costaría 18.528 millones en 2023, según FEDEA. Además hay que sumar las ayudas directas a las familias más vulnerables: aumento ingreso mínimo vital, bono social, complemento de becas, ayuda 200 euros personas con bajos ingresos, rendimientos trabajo IRPF…), otra cifra que rondará otros 20.000 millones. La cuestión es que la mayoría de estos costes no están incluidos en los Presupuestos 2023, aunque el Gobierno le ha comentado a Bruselas que cuenta con un “colchón” de 20.000 millones de recaudación extra que espera ingresar en 2023. Pero la AIREF y muchos expertos alertan de que España, con su alto déficit y muchísima deuda, debe mirar mucho lo que gasta en ayudas, sobre todo porque llevamos “tirando del Presupuesto” desde 2020, primero por la pandemia y ahora por la inflación.

El segundo problema que plantea prorrogar algunas ayudas es que favorecen el consumo de energía y las emisiones de CO2, agravando el Cambio Climático. De hecho, entre abril y octubre, la bonificación a los carburantes ha aumentado su consumo, aunque todo el mundo se queje del alto precio: el consumo de gasolina ha crecido un +6,2% y el de gasóleo A un +1,77%, según CORES.Y el consumo español de gas ha crecido un +0,66% entre abril y agosto. Solo ha bajado el consumo de electricidad, un -3%, y más por el buen tiempo que porque ahorremos luz. Así que mantener la bonificación a los carburantes (costaría 4.269 millones), la bajada de impuestos y cargos a la luz (10.452 millones de coste) o la rebaja del IVA al gas (800 millones), tendría un alto coste económico y climático.

El tercer problema es más de fondo: muchas de las ayudas en vigor son injustas, socialmente regresivas, porque benefician más a los que más tienen. Sobre todo las que no son ayudas directas a las familias vulnerables, como las bonificaciones a los carburantes (benefician más a los que tienen más coches, más caros y que gastan más), la bajada de impuestos a la luz y al gas, o incluso la gratuidad y rebaja en los transportes públicos, según demuestra un estudio de la AIReF y ya habían alertado la OCDE y el FMI.

En definitiva, que hay que pensarlo bien antes de prorrogar las ayudas actuales, porque son muy costosas, contaminantes y benefician más a los que sufren menos la inflación. Por eso, la AIReF y muchos expertos, incluyendo la Comisión Europea, defienden concentrar las ayudas en las familias más vulnerables, en esos 6 millones de hogares que sufren más esta crisis, según Cáritas. FEDEA ha lanzado una propuesta concreta: si se centran las ayudas en los que ganan menos de 2.000 euros al mes, podrían recibir un cheque de 1.900 euros anuales con el mismo coste (y más eficacia) que hoy tienen las ayudas vigentes para todos. Eso tiene dos dificultades. Una técnica: perfilar estas familias y poner en marcha un sistema que sea ágil y flexible (algo difícil, como se ha visto con el ingreso mínimo vital). La otra "pega" es política: es difícil que un Gobierno, en un año electoral, prefiera concentrar las ayudas en un tercio de las familias en lugar de generalizarlas a todos los ciudadanos (y votantes).

Probablemente, la decisión del Gobierno será híbrida: más ayudas directas a los más vulnerables y mantener las ayudas generalizadas, con cambios en la subvención a los carburantes (más restrictiva). Con todo, el Presupuesto no es de chicle y habrá que ver qué pasa si la guerra se prolonga mucho y hay que mantener las ayudas todo 2023. De momento, ya vemos lo que ha pasado: que los países ricos de Europa están gastando mucho más que los pobres, según Bruegel: 264.200 millones en ayudas lleva Alemania (7,33% del PIB), 97.000 Reino Unido (3,66%), 71.600 Francia (2,86% PIB), 62.600 Italia (3,51%), 38.500 España (3,19% PIB), frente a 12.400 millones Polonia (0,47% PIB), 10.500 Grecia (5,77%), 7.000 Portugal (3,2%) o 1.800 millones Bulgaria (1,29% PIB).

Y cara al futuro, Alemania ya ha anunciado que va a gastar otros 200.000 millones en ayudas, limitando desde febrero 2023 el precio que pagan hogares e industrias por el gas, la calefacción y la electricidad (subvencionará un 40% los precios). Y mientras, en diciembre, el Gobierno alemán asumirá el 100% de la factura de gas de familias y empresas. Así que el país más rico de Europa se niega a poner un tope al precio del gas europeo y extender la “excepción ibérica” a todo el continente, pero mientras subvencionará a sus hogares y empresas, que tendrán menos costes energéticos para afrontar la recesión y ejercerán una “competencia desleal” con el resto de Europa. España y otros países se han quejado de estas anunciadas ayudas alemanas, pero no las retirarán. Así que a los demás no les queda otro camino que seguir su estela, mantener y aumentar si pueden las ayudas, aunque se carguen las cuentas públicas, salvo que quieran enfrentarse a protestas sociales y a perder las próximas elecciones.

La alternativa europea debería ser otra, por un doble camino: tomar medidas eficaces para frenar los precios de la energía (tope al gas, desechado por Alemania, Holanda y la Comisión Europea, y extender "la excepción ibérica", que nos ha funcionado) y, en paralelo, crear un Fondo europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con la pandemia, para homogeneizar las ayudas públicas entre los 27 y repartir su coste y financiación (problema: los países ricos pagarían más e ingresarían menos). Dos caminos en los que Europa no avanza, mientras la recesión amenaza a la vuelta de la esquina.

La amenaza de la inflación

Los precios suben un 4% anual hasta finales de septiembre, la mayor inflación en España desde hace 13 años (2008). La culpa es doble: una subida récord de la electricidad en el mercado mayorista (máximo histórico de 189,83 euros para hoy) y precio récord de los carburantes (gasolina y gasóleo), el más alto desde 2014, con el petróleo en máximos desde hace 3 años. Pero también suben los alimentos, hoteles y restaurantes, transportes y muchos productos industriales, por el encarecimiento internacional de las materias primas (desde el maíz, aceite y trigo a los metales) y la falta de microchips. La altísima inflación preocupa en todo el mundo (+5,3% en EEUU y +3,2% en UE-27) y se teme que fuerce a la Reserva Federal USA y al BCE a retirar la liquidez extra y subir los tipos de interés, asfixiando la incipiente recuperación. Además, esta fuerte subida se está comiendo pensiones (subieron +0,9%) y sueldos (+1,5%), lo que puede frenar el consumo y el crecimiento. Urge “vigilar” los precios.

Enrique Ortega

La pandemia, al provocar la mayor recesión de la historia reciente, enfrió los precios: si la inflación estaba ligeramente por encima del 1% en 2019, en 2020 empezó a bajar, se estancó en marzo (+0%) y empezó a caer en abril (-0,7%) y hasta diciembre (-0,5%), 9 meses con inflación negativa. Pero en 2021, con la vacunación y el repunte de la actividad, los precios volvieron a subir (+0,5% enero) y se dispararon desde abril (+2,2%), alcanzando una inflación del 3,3% en agosto y un 4% en septiembre, según anunció ayer el INE, el mayor nivel de precios conocido en España desde hace 13 años (septiembre 2008).

Este repunte de la inflación se está dando en todo el mundo, desde Estados Unidos (+5,3% de inflación en agosto, la más alta en 13 años) a Europa (3,2% de subida de precios hasta agosto, la mayor inflación de los últimos 10 años), alimentada por la subida de la energía, los alimentos y muchas materias primas, así como por la mayor actividad económica. En la UE, las mayores subidas de precios se dan en Alemania (+3,4% en agosto), paises bálticos (del +5% en Estonia al +3,6% en Letonia), Luxemburgo (+3,5), Polonia (+5%) y Hungría (4,9%), todas por delante de España (+3,3% en agosto), mientras tienen menos inflación Italia (+2,6%), Francia (+2,4%), Portugal (+1,3%) y Grecia (+1,2%), según Eurostat.

En España, el último dato detallado publicado por el INE (IPC de agosto: +3,3% anual) indica los dos componentes que suben más que la media: vivienda (+11,5% anual) y transporte (+8,8%). Analizando los 222 componentes del IPC, destaca la tremenda subida anual de 3 renglones: +34,9% de subida de la electricidad, +20,9% de subida anual de la gasolina y +18,5% el gasóleo. Además, suben bastante en el último año los hoteles (+10,6%), los alimentos (+1,9%), en especial los aceites (+22,9%), agua y refrescos (+7,1%), huevos (+3,6%) y ovino (+3,5%) y los restaurantes (+1,3%). En septiembre, el dato adelantado del IPC publicado ayer por el INE, eleva la inflación anual al 4%, señalado que este nuevo aumento se debe a la subida de la electricidad y los carburantes.

Vistos los datos del IPC, hay dos culpables claros de este repunte histórico de la inflación en España: la subida de la electricidad y la de los carburantes. Veámoslos en detalle. La subida de la luz a los consumidores se produce porque se está disparando el precio de la electricidad en el mercado mayorista de electricidad (en origen): ha saltado de 43,49 euros por megavatio hora en septiembre de 2020 a 84,85 euros/MWh a principios de junio y a 189,83 euros/MWh para hoy 30 de septiembre, un récord histórico, que se refleja en una subida de la mitad del recibo de 11 millones de consumidores (los que están en el mercado regulado) y también en los 16 millones restantes (los que están en el mercado “libre”).

Esta subida descontrolada de la electricidad, en toda Europa, pero más en España (frente a los 189,83 €/MWh de España hoy, en Francia cuesta 165,57 euros, en Alemania 112,57 y en Paises Bajos 133,80, aunque cuesta 206 euros en Italia) se debe a dos factores. Uno, la subida disparada del gas natural, por el mayor consumo en Asia y en el resto del mundo, la menor venta de Rusia a Europa, el recorte de producción en EEUU (por el último huracán en el golfo de México) y el conflicto entre Argelia y Marruecos (que podría afectar mucho a España) : el precio del gas natural, que se utiliza en las centrales térmicas de electricidad, ha saltado de 10,49 euros/MWh hace un año a 40 euros en julio 2021 a 82,75 euros/MWh ahora, que se espera suban a 86,04 euros en diciembre. Y el otro factor, la subida también disparada de los derechos de CO2, que han de pagar las eléctricas que producen luz con energías contaminantes (carbón, fuel o gas) y que luego nos trasladan a los precios mayoristas: su coste ha pasado de 27,81 euros/Tm hace un año a 62,58 €/Tm ahora. Un coste que seguirá al alza. Máxime cuando hay Fondos y bancos de inversión que especulan con estos derechos en el mercado secundario.

El otro componente de la altísima inflación que sufrimos son los carburantes, que suben en toda Europa pero también más en España (somos el 3º país europeo con la gasolina más cara, deducidos los impuestos, tras Dinamarca y Alemania, y el 9º con el gasóleo sin impuestos más caro), por la menor competencia y transparencia en el mercado petrolero (controlado, como el eléctrico, por dos o tres compañías). A finales de septiembre, la gasolina cuesta ya 1,437 euros/litro (incluso un 2,1% más que a finales de julio, en plenas vacaciones) y el gasóleo 1,291 euros/litro (+2,1% que a finales de julio), según el Boletín Petrolero UE. Unos precios de los carburantes en España que son los más altos desde 2014. Básicamente, porque el petróleo está en máximos desde octubre de 2018: hoy cotiza a 79 dólares por barril, después de caer a 19,5 dólares con la pandemia (abril 2020) y subir un +51% este año 2021, básicamente por el aumento de la demanda, problemas de suministro (huracanes) y estabilización de la producción OPEP.

Pero la inflación no se dispara solo por la subida de la electricidad, el petróleo y los carburantes. Hay otros dos factores muy importantes: la subida de precios de las materias primas y la falta de microchips. El aumento de la demanda de muchos suministros  para la industria, con el inicio de la recuperación, ha chocado con una escasez de oferta, provocada por la pandemia y por fenómenos naturales (desde huracanes e incendios a sequías). Con ello, se ha disparado el precio de muchas materias primas, desde los alimentos (maíz, trigo, soja, carnes, aceites, café…) hasta la energía, los metales, la madera o el aluminio, lo que crea “cuellos” de botella en el abastecimiento de muchas empresas y les encarece los costes, que trasladan  a los precios a los consumidores.

De hecho, la última Encuesta de la Comisión Europea (julio 2021) revela que el 22% de las empresas europeas sufrían problemas de restricciones de producción por la escasez de materias primas o equipos, siendo las más afectadas las empresas de caucho y plásticos (53% tienen problemas de suministro), material eléctrico (48%) automoción (43%), productos metálicos (39%), madera y corcho (35%), informática y electrónica (33%). Un ejemplo llamativo de esta falta de componentes son los microchips, cuya escasez está asfixiando a toda la industria europea (más a la fabricación de automóviles y electrónica), que depende en un 70% de los chips que se fabrican en Asia y donde habrá escasez todavía un año más.

Y también hay otro problema que reduce los suministros y encarece las materias primas y los costes de las empresas: la escasez de mano de obra tras la pandemia, al haberse producido “trasvases” de empleos. Así, la falta de personal ha rebajado la producción de café en Brasil, de arroz en Vietnam o de aceite de Palma en Malasia, mientras faltan transportistas no sólo en Reino Unido (cierre de gasolineras) sino en toda Europa (unos 400.000). Y hay muchos empresarios en España que se quejan de que no encuentran trabajadores para la construcción (faltan 700.000, dicen) y para la hostelería, los sectores castigados por las 2 crisis, lo que provoca un encarecimiento de costes al contratar ahora.

Vistas las causas de la elevada inflación actual, resulta difícil prever qué va a pasar ahora, aunque la mayoría de expertos creen que la inflación seguirá subiendo este otoño. De momento, los precios del gas natural, el carbón y el petróleo siguen en máximos y todo apunta a que seguirán altos, por la mayor demanda ante el invierno. Y los cuellos de botella en las materias primas y los suministros tardarán meses en resolverse. Así que la inflación anual podría mantenerse entre el 3,5% y el 4% hasta finales de 2021, superando todas las previsiones hechas por el Gobierno (+1,9% de inflación anual).

Antes de conocer el dato de la inflación en septiembre, en el resto de Europa y EEUU, los bancos centrales (Reserva Federal USA y Banco Central Europeo) decían que el repunte de la inflación es “temporal” y que no exige tomar medidas extraordinarias para frenar los precios. Pero el temor de muchos expertos es que las autoridades monetarias “se asusten” y den marcha atrás en sus políticas de estímulos para reanimar la economía inyectando liquidez (comprando deuda), iniciadas en marzo de 2020 y que han servido para evitar una recesión más profunda. Y que además, luchen contra la inflación subiendo los tipos de interés.

La Reserva Federal USA y el BCE quieren esperar un poco más para decidir si dan o no marcha atrás. Pero de momento, ya han lanzado el mensaje de que podrían tomar medidas pronto, recortando la compra de deuda pública (“el gota a gota” para reanimar la economía durante la pandemia): la Reserva Federal reduciría los 120.000 millones de dólares que compra al mes (inyectando liquidez al sistema) y el BCE sus 80.000 millones de euros de compras mensuales, además de suprimir antes esas compras (previstas hasta marzo 2022). Y también estudian si subir los tipos de interés (al encarecer el dinero, se gasta e invierte menos y deberían bajar los precios), que están planos en el 0% (0 al 0,25% en USA).

Si la inflación no se frena este otoño (y no parece fácil), todo apunta a que la Reserva Federal USA  recortará sus ayudas a primeros de noviembre y el BCE en diciembre. Y que ambos podrían anunciar una subida de tipos para 2022. Dos medidas que suponen un riesgo de frenar la recuperación post-COVID, más en Europa (que crece menos) que en EEUU. Y sobre todo, sería un grave riesgo para España y la Europa del sur, que tendrían menos ayuda del BCE para colocar su deuda, ahora que se ha disparado por las ayudas COVID: 1,42 billones de deuda pública española en junio 2021, el 122% del PIB. Quedaríamos más en manos de “los mercados” para financiarnos, con lo que sería más caro y más peligroso (no olvidemos la crisis de la deuda de Grecia, Portugal, España e Italia de 2010 a 2012).

Así que los bancos centrales tienen un dilema: frenar la inflación poniendo en peligro la recuperación o ser flexibles para no dañar al crecimiento y el empleo. Y mientras la Reserva Federal y el BCE se lo piensan, nosotros, los consumidores, ya sufrimos en nuestros bolsillos el embate de la inflación (luz, gas, carburantes, alimentos, transportes…), que se está comiendo parte de nuestra pensión y nuestro sueldo.

De momento, los 9 millones de pensionistas ya han sufrido una fuerte pérdida de poder adquisitivo: en 2021 las pensiones han subido un +0,9% (+1,8% las no contributivas), mientras la inflación media rondará este año el 3%, lo que supone perder un 2,1%. Eso llevará al Gobierno a compensarles con una “paguilla” en enero de 2022, que podría ser de unos 300 euros para los jubilados (tienen una pensión media de 1.192 euros), con un coste para la Seguridad Social que rondará los 2.500 millones de euros. Y además, como la aprobada reforma de las pensiones prevé revalorizar las pensiones en 2022 con la subida media del IPC este año 2021 (del 2,5 al 3%, el dato que salga en noviembre), la subida de las pensiones será mucho mayor que este año (0,9%), para evitar perder poder adquisitivo.

Los 2,8 millones de funcionarios públicos también pierden este año poder adquisitivo, ya que su subida media ha sido del 1,5% (frente a una inflación media del 2,5 al 3%). Eso supone una pérdida de 36 a 45 euros al mes de media (3.000 euros de sueldo bruto), con lo que será el primer año desde 2013 en que los funcionarios pierden poder adquisitivo (han ganado +5,14% en los últimos 8 años). Para 2022 está previsto que los sueldos públicos suben un 2%, con lo que si la inflación crece más (del 2,2 al 2,4%), volverán a perder poder adquisitivo, por lo que ya han pedido revisar sus salarios.

El resto de trabajadores, más de 16 millones de asalariados, también están perdiendo poder adquisitivo, dado que los convenios firmados hasta ahora (datos de Trabajo hasta agosto) han pactado una subida salarial del +1,5%, frente a un 4% de inflación anual en septiembre (que será un 3% de subida media). Eso supone una pérdida media de 31 euros al mes y 376 euros al año de media (2.091 euros brutos es el sueldo medio en el sector privado). Y muchos trabajadores, los recién contratados con sueldos muy bajos perderán aún más. Y esta alta inflación va a endurecer la negociación colectiva para 2022, donde los sindicatos pedirán aumentos superiores al 2% y la patronal tratará de frenarlos con la justificación de que las empresas no se han recuperado aún de la pandemia

En definitiva: tenemos un serio problema de inflación, que ya afecta seriamente a nuestros bolsillos y que puede afectar a toda la economía si los bancos centrales retiran antes de tiempo los estímulos y suben tipos, dos medidas que frenarían la débil recuperación. Además de pedir a la Reserva Federal y al BCE que sean moderados en sus decisiones, hay que pedir a los gobiernos que actúen, aprobando medidas que frenen la subida de la luz, como ya han pedido España y el BCE a la Comisión Europea. Y presionar a la OPEP y a los paises productores de petróleo y gas para que no especulen y disparen los precios, porque ponen en riesgo la recuperación mundial. Además, en España, el Gobierno debería encargar a la Comisión de la Competencia (CNMC) que supervise las subidas de precios y evite que haya poca transparencia y manipulaciones en los mercados (electricidad y carburantes, pero también en los intermediarios de los alimentos). Hay que “vigilar” los precios.