La Formación Profesional se privatiza

Conocemos bien el auge de la sanidad privada y de la enseñanza privada en colegios y Universidades, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PP. Se conoce menos la privatización de la Formación Profesional (FP): un tercio de los alumnos estudian en España en centros privados, ante la falta de plazas y cursos atractivos en los centros públicos (faltan más de 100.000 plazas).La FP en centros privados ha crecido el doble que la pública, sobre todo los cursos a distancia (online) y tiene un mayor peso en el País Vasco (43,8% alumnos presenciales en la privada), Madrid (37,6%), Aragón (35,9%), Cataluña (35,9%) y Andalucía (33,1%). La gran demanda de FP, porque permite encontrar trabajo mejor, ha atraído al sector a muchas empresas (1.020 sólo en Madrid) y Fondos de inversión, que en ocasiones ofrecen “chiringuitos” educativos sin calidad. Por eso, el Gobierno anuncia un Decreto para reforzar las exigencias a los centros privados de FP y evitar “chiringuitos”, un Decreto similar al aprobado para frenar las Universidades privadas.

                           Enrique Ortega

El salto de la Formación Profesional (FP) en España durante los últimos 15 años ha sido espectacular, con más del doble de alumnos estudiando. Así, en el curso 2010-11 había 582.576 alumnos estudiando FP (el 7,5% de todos los estudiantes no universitarios) y en la década siguiente, en el curso 2021-2022, ya superaban el millón (1.027,367 estudiantes, el 12,4% de todos los alumnos no universitarios). Y han seguido creciendo, hasta alcanzar en este curso 2025-26 la cifra de 1.218.347 alumnos en Formación Profesional (el 14,69% de todos los estudiantes no universitarios), la enseñanza que más crece.

Los estudios de FP se reparten entre 4 niveles. El primero, la FP Básica (86,124 alumnos este curso), formación profesional reglada y gratuita de dos años de duración, diseñada para jóvenes de 15 a 17 años que no han finalizado la ESO y desean aprender un oficio. Permite obtener un título profesional básico y el título de Graduado en ESO. El segundo es la FP de Grado Medio (479.864 alumnos este curso), una enseñanza postobligatoria de dos años (2.000 horas) que capacita técnicamente para un oficio. Dirigida a quienes finalizaron la ESO o FP Básica, combina teoría con prácticas obligatorias en empresas. Al terminar, se obtiene el título de Técnico, facilitando la inserción laboral o el acceso a Grado Superior. El tercer nivel es la FP de Grado Superior (642.584 alumnos este curso), una enseñanza profesional de otros 2 años que ofrece el título de Técnico Superior. Combina teoría y prácticas (FP Dual), enfocada en alta inserción laboral y permite el acceso directo a estudios universitarios. Y hay un 4º nivel, los Cursos de especialización (9.765 matriculados este curso), una especie de “Masters de FP”, que permiten especializarse (estudios de 300 a 900 horas) en áreas profesionales de alta demanda (inteligencia artificial, ciberseguridad, IoT o energías renovables).

La FP se ha disparado en España porque muchos jóvenes han visto que es una enseñanza que ayuda a encontrar empleo (muchos estudios rozan el 90% de colocados) y porque ha servido para “recolocar” a jóvenes que habían abandonado los estudios antes de acabar la ESO o que no quieren estudiar Bachillerato (la FP “gana” al Bachillerato desde el curso 2014-15 y este curso casi le duplica: 1,2 millones de alumnos en FP frente a 707.778 en Bachillerato). Estudiando FP hay más hombres (53,5%) que mujeres (46,5%) y casi un 10% de los alumnos son extranjeros (120.950 este curso). Y dos tercios de todos los estudiantes de FP se concentran en las 4 autonomías más pobladas: Cataluña (228.053 alumnos este curso), Andalucía (207.865 alumnos), Madrid (180.581) y Comunidad Valenciana (134.859).

La mayor parte de estos alumnos de FP estudian en centros públicos (el 66,1% en el curso 2024-25), aunque lo más llamativo es el gran salto que han dado los alumnos de FP que estudian en centros privados (33,9%), ya que la FP privada ha crecido el doble que la pública, como demuestra este estudio de CCOO. Este fuerte aumento de la FP en centros privados se debe a la falta de plazas en la FP pública, que no ha sido capaz de aumentar su oferta al ritmo de la fuerte demanda. Y además, los centros públicos de FP ofrecen ciclos formativos más adaptados a los nuevos empleos, mientras mucha oferta de los centros públicos se ha quedado obsoleta. Y también juega en contra de la FP pública que tiene demasiados alumnos por clase y que en muchos centros hay problemas para hacer prácticas, mientras los centros privados suelen estar más ligados a empresas locales.

Otra razón que explica el auge de la FP privada, según el estudio de CCOO, es que han apostado por ofrecer FP a distancia, online, con menos costes y una gran demanda en zonas rurales y ciudades con poca oferta de FP presencial (en la España “vaciada”), también porque hay menos controles y exigencias. Por todo ello, lo que nació como una FP complementaria se ha convertido en una oferta clave. Y una oferta que lideran las empresas privadas: si en el curso 2018-19 la FP a distancia llegaba sólo a 87.418 alumnos (30.420 en centros privados), en el curso 2024-25, los alumnos a distancia eran ya 223.300 (2,5 veces más) y la mayoría ahora estaban matriculados en centros privados (128.971 alumnos, 4 veces más, frente a 94.323 alumnos online en centros públicos).

El tirón de la FP en centros privados se ha dado sobre todo en las autonomías con más crecimiento económico y más demanda, un proceso también amparado por los gobiernos del PP, que no han reforzado la FP pública. Así, en el curso 2024-25 había 6 autonomías donde el porcentaje de alumnos presenciales en centros privados de FP superaban la media española (28,4% estudian en centros privados presenciales y un 33,9% si contamos toda la FP, presencial y online): País Vasco (43,8% alumnos presenciales estudian en centros privados), Madrid (37,6%), Aragón (35,9%), Cataluña (35,6%), Andalucía (33,1%) y Cantabria (30,2% de los alumnos), según el estudio de CCOO. Y sólo tienen un bajo porcentaje de alumnos en la FP privada Canarias (8,7%), Castilla la Mancha (12%) y Extremadura (13,9%).

Esta fuerte presencia de la FP privada se concentra en las autonomías con más demanda de los jóvenes y donde hay más déficit de plazas públicas (Cataluña y Madrid), concentrándose además en las dos ramas con más dinamismo, la FP básica y la FP a distancia. Pero hay otra razón: la FP privada crece también porque ofrece una serie de ciclos formativos más atractivos y tienen más potencial de empleo, estudios que la FP pública apenas ofrece (por falta de inversión en profesores y ciclos). El estudio de CCOO cita las 8 titulaciones más atractivas que hacen crecer a la FP privada porque no las ofrece o faltan plazas en la FP pública: Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear,  Radioterapia y Dosimetría, Higiene Bucodental, Anatomía Patológica, Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo Aplicaciones Web, Educación Infantil e Integración Social.

La FP privada crece buscando la máxima rentabilidad y para eso se concentra en las autonomías con más demanda (y menos plazas públicas) y en las zonas rurales y ciudades desatendidas por la FP pública (con la FP a distancia). Además, buscan concentrar su oferta en estudios ligados a la industria e innovación (automoción, energía e industria) y a los estudios más demandados. En Grado Medio, los estudios de Sanidad (119.085 alumnos, el 50% en centros privados), Administración y Gestión  (58.371 alumnos) e Informática y Comunicaciones (51.235 alumnos). Y en Grado Superior, Sanidad (108.428 alumnos, el 68% en centros privados), Informática y Comunicaciones (96.215 alumnos, el 35% en centros privados), Servicios socioculturales (77.920 alumnos,34% en centros privados) y Administración y Gestión (76.306 alumnos, 29% en centros privados). Mientras, la FP pública dispersa sus esfuerzos ofreciendo cientos de estudios, muchos obsoletos y con poca demanda.

La consecuencia de este auge de la FP privada es que las familias de los estudiantes se ven obligadas a gastar en la formación de sus hijos, que sería gratis (sólo Madrid y Cataluña cobran 800 euros en los ciclos superiores de FP) si consiguieran una plaza en los centros públicos. En los centros privados, el coste de la FP básica y de Grado medio oscila entre 1.000 y 3.000 euros año (por 2 años) y en Grado Superior y Especialización, el coste oscila entre 3.000 y 6.000 euros año (por 2 años), lo que retrae a muchas familias con bajos ingresos (que son las que más apuestan por la FP) o las obliga a endeudarse.

En definitiva, que la FP crece imparable, porque facilita encontrar empleo, pero los centros públicos tienen pocas plazas (el déficit supera las 100.000, la mitad en Madrid) y por eso crecen cada año los centros privados, que anteponen la rentabilidad a la formación. Y en muchos casos, según denuncia el estudio de CCOO, con menos exigencia y controles educativos, sobre todo en la enseñanza a distancia. Así que la FP ha empezado a ser “otro negocio más”, como la sanidad o la Universidad, por el que están apostando empresas privadas y Fondos de inversión, que llevan años desembarcando en España, con un volumen de inversión en educación de 6.000 millones de euros solo en 2024.

El mayor inversor privado en la FP española es el Fondo norteamericano KKR, que ha forjado un “imperio educativo en los últimos años y facturó 174,5 millones en 2022. Opera a través de Educa Holdco y tiene 17 empresas educativas en cartera, entre ellas Master D, la malagueña Medac (la compró en 2021 por 200 millones), Itep Formación, Implika Educación y Obicex Formación. Otro Fondo, el suizo Crescendo compró el conocido grupo de formación CCC. Otro gigante de la formación (no sólo FP) es E-Magister, en manos de un Fondo que pertenece a Educaedu Group. En 2021, Invertindustrial compró al grupo Planeta las firmas CEAC, Deusto Formación y Deusto Salud. Otra empresa con cursos presenciales y online es Linkia Talentia, cuyo accionista mayoritario es el Fondo Q Impact. Otra empresa con cursos de FP, Ilerna, fue adquirida por el grupo francés Skill&You, propiedad del Fondo IK Partners. Y Metrodora, que controla varios centros de FP tiene detrás al Fondo Magnum Industrial Partners.

El problema de estos Fondos es que invierten en FP como podrían hacerlo en inmuebles, hoteles o empresas tecnológicas, buscando un beneficio rápido: tratan de aumentar los alumnos y la facturación, para vender la empresa en unos años con plusvalías. Por eso, muchos profesionales y expertos piden que se controlen estas inversiones, dado que están ligadas a la formación y el futuro empleo de nuestros jóvenes. CCOO propone reforzar los controles y las auditorias a estos centros privados de FP, siendo mucho más rigurosos en la autorización de nuevos centros y ciclos formativos.

Al hilo de esta explosión de centros privados de FP, sobre todo en Madrid (hay 1.020 empresas que ofrecen ciclos formativos de FP), Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco, el propio presidente Sánchez acaba de anunciar , el 4 de febrero, que el Gobierno “impedirá la entrada de centros privados de FP sin calidad”. Y para ello, anuncia que se aprobará en dos meses un Decreto para frenar la creación de “chiringuitos” en la FP, como se ha hecho con las Universidades privadas. Su idea es exigir una serie de requisitos para que se autoricen esos centros en el futuro, una normativa que no necesita ser convalidada por el Parlamento. Eso sí, lo esperable es que el “Decreto anti-chiringuitos” en FP sea recurrido ante los Tribunales, como han hecho los gobiernos de Madrid, Extremadura y Aragón con el Decreto que establece requisitos mínimos para la apertura de Universidades privadas.

Al final, nos enfrentamos a un problema serio: la FP ha duplicado con creces sus alumnos pero crece sobre todo por el fuerte aumento de la oferta privada, porque los centros públicos están faltos de recursos, medios y profesores y no pueden atender la creciente demanda, lo que alimenta los centros privados (y su negocio). Urge apostar por los Centros públicos de FP, aportando recursos y modernizando su oferta, con el apoyo de las empresas (prácticas en la formación dual). Y eso porque tenemos el doble de paro juvenil (23,4%) que Europa (14,7%) y menos peso de la FP, que debe seguir creciendo: en España, sólo el 39% de los alumnos que han pasado la ESO eligen la FP, frente al 51% en Europa y el 44% en la OCDE. Para ello, hay que apostar por la FP pública, dejando la FP privada como complementaria. Es lo mismo que pasa con la sanidad o el resto de la educación: hay que apostar por lo público y no permitir que la salud o la educación se gestionen como un negocio privado más.

Los becarios ya cotizan (poco)

Desde el 1 de enero, es obligatorio que las empresas e instituciones que contratan a becarios (más de 1,2 millones) coticen por ellos, para su futura jubilación y para cubrirles en caso de accidente de trabajo. Pero su cotización está bonificada por la Seguridad Social, al 100%  los  estudiantes de Formación Profesional (las empresas no pagan nada por ellos) y al 95% los becarios universitarios, por los que empresas e instituciones pagarán ahora menos de 10 euros al mes. Y aún así, protestan, tanto las Universidades (que gestionan las becas) como los que contratan becarios, aunque les costarán menos que una comida. Mientras se ha avanzado con su cotización, está paralizado el Estatuto del Becario, que presentó Yolanda Díaz y los sindicatos en junio, sin que luego lo aprobara el Gobierno y con la oposición de la patronal. Entre tanto, el Europarlamento ha pedido a la Comisión una Directiva para regular las prácticas de los jóvenes europeos. Urge regular el trabajo de los becarios, porque hay demasiados abusos. Y poco empleo real.

                   Enrique Ortega

España es un país con muchas empresas e instituciones donde trabajan “becarios”, jóvenes que hacen prácticas durante algunos meses, la mayoría sin cobrar: los vemos en bancos, consultoras, aseguradoras, asesorías, despachos de abogados, medios de comunicación, empresas de marketing y una larga lista de empresas e instituciones que los han utilizado para contar con “mano de obra gratuita” y para “seleccionar personal”. De hecho, España es el 2º país europeo con más becarios universitarios, tras Eslovenia, según un Informe de 2015: el 67% de los titulados universitarios de 18 a 35 años habían hecho alguna práctica como becario, el doble que la media en la UE (33% de titulados han sido becarios). Y según otro estudio europeo de 2017, España era uno de los paises con más becarios que no cobran nada: el 58% no percibían remuneración, aunque un 70% de ellos trabajaban igual que sus compañeros no becarios. Y lo peor: 2 de cada 3 becarios acabaron sus prácticas sin quedarse en la empresa, repitiendo prácticas en otras empresas varias veces más.

Ya en 2012, la Comisión Europea advirtió a España que la mayoría de los becarios españoles hacían prácticas sin contrato ni garantías y pidió al Gobierno que mejorara sus condiciones laborales. Pero sólo lo han hecho algunas grandes empresas, sobre todo bancos, consultoras y multinacionales, que han firmado convenios con Universidades para cubrir cada año plazas de becarios, por unos meses, con un contrato y a veces con un pequeño sueldo (entre 600 y 1.000 euros mensuales). Pero la mayoría de los becarios siguen haciendo prácticas sin cobrar y quejándose de que aprenden poco, porque realizan tareas menores y no tienen un “mentor”, un tutor que les guíe o ayude (y si lo tienen, les dedica poco tiempo). Y en paralelo, las empresas se quejan de que los becarios “les llegan muy verdes”, “sin saber su cometido”, olvidando que van a aprender, no a cubrir un empleo.

Las asociaciones de jóvenes universitarios, los sindicatos y muchas Universidades llevan años pidiendo “regularizar” la situación de los becarios, desde hacerles un contrato a cotizar por ellos. Aprovechando la pasada reforma de las pensiones, el Gobierno Sánchez (el ministro Escrivá) introdujo en el Real Decreto Ley 2/2023, de 17 de marzo de 2023, un compromiso para que las empresas e instituciones que contratan a becarios sin remuneración (los becarios que reciben un sueldo ya cotizan desde 2011) coticen por ellos, una obligación que entró en vigor el 1 de enero de 2024. Eso sí, la cotización ahora obligatoria por estos becarios (en torno a 1.200.000 jóvenes) será nula o muy baja.

Hay dos tipos de becarios no remunerados y habrá dos tipos de cotización. En el caso de los estudiantes de formación profesional (FP) que hacen prácticas formativas en empresas (unos 500.000 el curso pasado, aunque este curso 2023-24 las prácticas/formación dual son obligatorias para todos los alumnos de FP, 1 millón en España), la Seguridad Social bonifica ahora el 95% de su cotización y el Ministerio de Educación paga el 5% restante, con lo que la empresa o institución donde haga las prácticas no cotiza nada por el becario. En el caso de los becarios universitarios (otros 650.000), la Seguridad Social bonifica el 95% de la cotización por contingencias comunes (la mínima) y la empresa o institución que los acoja debe pagar el 5% restante, más la cotización mínima por contingencias profesionales.

¿Cuánto van a pagar las empresas o instituciones por tener uno o varios meses a estos becarios universitarios (los de FP no les cuestan nada)? La cuota por contingencias comunes (excluida la prestación por incapacidad temporal, la baja por enfermedad, que no les cubre) es de 57,87 euros mensuales, pero como se les bonifica el 95%, sólo pagarán 2,89 euros mensuales. Y otros 7,03 euros mensuales por contingencias profesionales (no bonificadas), que cubre al becario en caso de accidente laboral o enfermedad profesional. En total, pues, la empresa o institución que contrate a un becario pagará 9,92 euros al mes, menos de 10 euros durante un periodo que suele ser de 2 a 6 meses. El coste de invitarle a comer… Y a cambio, el becario cotiza estos meses de prácticas (y otros que haga) para su futura jubilación y está más protegido en caso de accidente laboral. Eso sí, no les da derecho a cobrar el paro.

Pero resulta que las Universidades y muchas empresas han puesto el grito en el cielo por tener que cotizar ahora por los becarios universitarios (esos 650.000), por tener que pagar menos de 10 euros al mes por ellos… Ya hay empresas y sobre todo pymes (como farmacias, que tenían becarios estudiantes dos meses) que no van a coger becarios este año, al tener que cotizar por ellos, aunque dicen que no es tanto por el dinero (una miseria…) como por el coste administrativo de darles de alta en la Seguridad Social. En el caso de las Universidades, los rectores se han opuesto frontalmente a la nueva cotización, quejándose de que no tienen una estructura burocrática para afrontar este trabajo (hay Facultades que gestionan 400 prácticas y eso ahora les supone más trabajo).

El problema es que hay dos tipos de prácticas universitarias. Unas, las “curriculares”, son obligatorias, están ligadas a los estudios de grado, máster o doctorado: si el alumno no hace estas prácticas, no obtiene el titulo (caso de Farmacia, Medicina, Magisterio y muchas otras carreras). Las otras prácticas, “extracurriculares”, son voluntarias: los universitarios las pueden hacer o no, para mejorar su currículo y empleabilidad, pero no se exigen para titularse. Ahora, los universitarios que están forzados a hacer prácticas para titularse tienen un doble problema: conseguir una empresa o institución (el 65% de las prácticas se hacen ahora en instituciones públicas) que les coja y que quiera cotizar por ellos (menos de 10 euros al mes). Ya hay Universidades que denuncian el rechazo de empresas e instituciones y que se han visto obligadas a cotizar ellas (las Universidades) por los becarios para “colocarlos”.

Es una vergüenza que alguien rechace a un becario por evitarse papeleo y pagar 10 euros al mes, pero hay que inscribirlo en una vieja tradición de muchas empresas que no ven la necesidad de formar jóvenes (y menos pagando…), aunque luego se quejan de que no encuentran trabajadores… Mientras, los sindicatos creen que la obligatoriedad de cotizar por los becarios tiene una ventaja adicional, además de mejorar su protección laboral actual y su pensión futura: controlar el alcance de las prácticas, el abuso de la figura del becario, saber exactamente cuántos becarios hay, donde están y en qué condiciones. Además, Gobierno, sindicatos y patronal se han comprometido a negociar cómo reconocer la cotización de los becarios que han trabajado en los últimos 5 años, cara a su futura jubilación.

La cotización obligatoria de todos los becarios, desde el 1 de enero, es un gran paso para dignificar la primera experiencia laboral de los jóvenes, pero no el único que hace falta. De hecho, el 14 de junio de 2023, el Parlamento Europeo reclamó a la Comisión Europea por una amplia mayoría (404 votos a favor, 78 en contra y 130 abstenciones, incluidas las del PP español) que apruebe una Directiva para regular las prácticas formativas en Europa, en materia de duración, remuneración y protección social, dado que la normativa europea vigente es de 2014, tras la crisis financiera y sin el auge de la digitalización.

Un día después, el 15 de junio de 2023, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se quiso apuntar un tanto presentando públicamente el Estatuto del Becario, pactado exclusivamente con los sindicatos (presentes a su lado), un acuerdo que no contaba con el apoyo de los empresarios pero tampoco del resto del Gobierno Sánchez: la vicepresidenta Calviño creía que “estaba muy verde” y la prueba es que no se había aprobado en Consejo de Ministros. Finalmente, se convocaron elecciones y el Estatuto está en un cajón, pendiente de un doble acuerdo: por un lado en el seno del Gobierno y por otro como un tema más a negociar dentro del “diálogo social” con los sindicatos y la patronal. Así que los becarios tienen cotización obligatoria pero no un Estatuto, como pidió el Europarlamento.

El proyecto (no aprobado) de Estatuto del Becario, promovido por Yolanda Díaz y los sindicatos, incluye tres temas polémicos. El primero, restringe las horas de prácticas que puede hacer el becario: las “curriculares” (obligatorias) no podrán supera las 1.500 horas (188 días) y las prácticas “extracurriculares” (voluntarias) se limitan a 480 horas (60 días), la mitad que ahora. El segundo, el que despierta más rechazo patronal, que se pretende obligar a las empresas a compensar gastos al becario (aunque no obliga a remunerarlas), desde gastos de transporte a manutención, compensación que no se aplica si la empresa paga algún tipo de sueldo al becario. Y el tercer punto controvertido, que se aumentarían mucho las sanciones a las empresas incumplidoras, desde 7.501 euros a un máximo de 225.018 euros. Además, el borrador de Estatuto del Becario incluye limitar el número de becarios (no más del 20% de la plantilla), el número de becarios por tutor (no más de 5) y ampliar sus derechos: disfrute de vacaciones y festivos, derecho a los servicios de la empresa y derecho a ausentarse del trabajo por asistencia médica, enfermedad o accidente.

Mientras la Directiva europea del Becario y el Estatuto del Becario en España están “aparcados”, los jóvenes tratan de conseguir una beca con la que poner un pie en el mundo del trabajo. Parece claro que necesitamos una norma que evite abusos y regule estas prácticas, integrando en la regulación los distintos intereses de empresas, Universidades y estudiantes. Parece claro que la clave es separar lo que es formación de lo que es trabajo, para evitar que algunas empresas e instituciones utilicen a los becarios para “ahorrarse mano de obra”. De hecho, UGT estima que las empresas españolas se ahorran 3.300 millones anuales en salarios y otros 1.312 millones en cotizaciones por tener becarios. Esto es lo que hay que regular: que se les pague algo dignamente y que coticen por ellos, para que estén cubiertos ante incidencias y cara a su futura jubilación.

Pero los becarios son sólo una de las vías por las que los jóvenes acceden a un empleo. El alto nivel de paro de los jóvenes españoles (27,9% en menores de 25 años, frente al 14,5% en la UE-27 y el 5,6% en Alemania, según Eurostat) obliga a poner en marcha un abanico de medidas para conseguir que trabajen más jóvenes (sólo trabajan el 38,8% de los jóvenes españoles de 15 a 29 años, frente al 49,2% en la UE-27 y el 61,7% de los jóvenes en Alemania). Por un lado están los contratos en prácticas y para la formación, pero otra vía es el contrato de relevo: un mayor de 60 años trabaja menos horas (jubilación parcial) y es sustituido esas horas por un trabajador joven. Un tipo de contrato que ahora se utiliza poco (sólo hubo 25.131 jubilaciones parciales en 2022), porque hay demasiadas restricciones y las empresas cotizan lo mismo por el trabajador que reduce su jornada para que lo releve parcialmente un joven. Algo preocupante porque tenemos unas plantillas envejecidas (2 millones de trabajadores tienen más de 60 años) y 500.000 jóvenes en desempleo.

Ante el preocupante panorama de los jóvenes en España, la OCDE nos dio en octubre pasado  dos recetas: mejorar su formación, para que aprendan lo que necesitan las empresas (que se quejan de que no encuentran los profesionales que buscan) y ayudarles a colocarse, con una reforma de las oficinas de empleo, para hacer un seguimiento de la empleabilidad de los parados y ayudarles a colocarse, sobre todo a los jóvenes. Ambas vías tienen que ver también con las prácticas, que deberían reconfigurarse no sólo para que no haya abusos sobre los jóvenes sino para que sean eficaces para encontrar un empleo futuro. Eso debería ser el centro de cualquier futura normativa sobre los becarios. Ayudarles a trabajar.

Las plantillas han envejecido

En España trabajan ahora casi tantas personas como en 2007 (20,5 millones). Pero hay una importante diferencia: dos de cada tres trabajadores (64,18%) tienen más de 40 años, mientras en 2007, la mayoría de los que trabajaban tenían menos de 40 años (54,23%) y los mayores de 40 años eran minoría (45,77%). Así que en estos últimos 15 años, las plantillas se han envejecido, básicamente porque los más jóvenes (menores de 30 años) consiguen menos empleos: de ser 1 de cada 4 ocupados en 2007 han pasado a ser ahora 1 de cada 7 ocupados. Y son los que más han perdido empleo con  la crisis financiera, la pandemia y la inflación. Además, los más jóvenes tienen contratos más precarios y ganan menos: 1.123.000 trabajadores jóvenes (menos de 35 años) ganan el salario mínimo. Para mejorar la productividad  de la economía y aumentar el empleo total (menor al de Europa), las empresas deben contratar a más jóvenes y rejuvenecer plantillas, con ayudas públicas. Abran paso a los jóvenes.

Enrique Ortega

En los últimos 15 años, España ha casi recuperado el empleo que tenía antes de la crisis financiera: del récord de 20.510.600 ocupados alcanzado en 2007 (septiembre) se cayó al mínimo de 16.634.700 ocupados en 2013 (marzo), para recuperar una gran parte en 2019 (19.966.900 ocupados en diciembre), perder una parte con la COVID (19.344.300 ocupados a finales de 20020) y ganar empleo en 2021 y 2022, cerrando el año pasado con 20.463.900 ocupados, casi los mismos empleos de 2007, según la EPA. Hemos vuelto a la ocupación histórica de antes de la crisis financiera, pero con un cambio muy importante: hoy, la mayoría de los que trabajan tienen más de 40 años (el 64,18%), cuando hace 15 años no llegaban a la mitad de los trabajadores (45,77%). Y han perdido peso los trabajadores menores de 40 años: eran mayoría en 2007 (54,23%) y ahora son la tercera parte (35,82%).

El cambio en la edad de los que trabajan lo resume muy bien este dato, en 2007, había 11,12 millones de trabajadores menores de 40 años y hoy son sólo 7,33 millones (-34%). Y los mayores de 40 años, que eran 9,3 millones de trabajadores en 2007, han subido hoy a 13,13 millones (+40%), según la EPA (INE). Un cambio silencioso en la estructura por edades del empleo, causado por el envejecimiento de la población y por el menor peso del empleo joven, por la pérdida de ocupación de los jóvenes en las últimas crisis y sus menores posibilidades para conseguir los nuevos empleos creados.

Otra vez más, los datos de la EPA son muy explícitos sobre la caída del empleo de los más jóvenes. Si en 2007, casi 1 de cada 4 trabajadores tenía menos de 30 años (eran 4.952.700 ocupados, el 24,14% del total), a finales de 2022, los trabajadores jóvenes sólo suponían 1 de cada 7 trabajadores (2.875.100, el 14,03% del total). Y así, ahora trabajan 2 millones menos de jóvenes que en 2007 (-41,94%). Por el otro lado, los mayores de 45 años han pasado de ser un tercio de los trabajadores en 2007 (6.621.100 ocupados, el 32,27% del total) a ser ahora casi la mitad (10.145.700 trabajadores, el 49,55% del total). Y así, ahora trabajan 3.524.600 mayores de 45 años más (+53,23%) que en 2007. Y eso se traduce en un envejecimiento generalizado de las plantillas: si la edad media de los que trabajaban en 2007 eran 39,7 años, ahora roza los 45 años.

¿Qué ha pasado? Además del hecho evidente de que los jóvenes de 2007 tienen hoy 15 años más, el problema es que los más jóvenes han perdido mucho empleo con las tres crisis que hemos sufrido y además, no han conseguido la mayoría de los nuevos empleos creados en estos años, que han ido sobre todo a los mayores de 45 años. Veámoslo crisis a crisis.

En la crisis financiera de 2008-2013, España perdió 3.875.900 empleos. Dos tercios de estos empleos suprimidos los perdieron los más jóvenes: -2.663.300 empleos perdieron los trabajadores que tenían entre 16 y 29 años, según la EPA, una caída de su empleo del -53,7%, que fue mayor entre los más jóvenes (-85,3% del empleo perdieron los que tenían entre 16 y 19 años y -60,42% los que tenían entre 20 y 24 años). Los trabajadores con edades medias (entre 30 y 44 años) perdieron -1.345.800 empleos (-15,06%, una caída un tercio menor a la de los más jóvenes). Y los mayores de 45 años acabaron ganando empleo a pesar de la dura crisis: a principios de 2013 ya trabajaban +133.800 mayores que en 2007, perdiendo sólo algo de empleo (-3,5%) los de 45 a 49 años.

En el siguiente ciclo, la recuperación económica de 2013 a 2019, España ganó 3.332.200 empleos, el 86% de los perdidos con la crisis financiera. Pero otra vez, los más jóvenes salieron peor parados: las personas de 16 a 29 años recuperaron 482.800 empleos, sólo el 18,12% de los perdidos antes. Los trabajadores de edad “mediana” (30-44 años) ganaron 308.000 empleos, el 22,8% de los perdidos. Y el tercer bloque, los mayores de 45 años, volvió a salir ganando: aumentan 2.541.400 empleos. Y como también habían ganado empleo durante la crisis (+133.800), resulta que, a finales de 2019, hay 2,67 millones de trabajadores mayores de 45 años ocupados que en 2007 (aumentan su empleo un +40%).

Seguimos. En 2020 estalla la 2ª crisis, por el COVID 19, y España pierde -622.600 empleos en 2020 (-3,11%). Pero otra vez, el balance es muy desigual por edades. Los más jóvenes (16 a 29 años) son porcentualmente los que más empleos pierden: -288.800 empleos, el -10,4% del empleo que tenían a finales de 2019. Los trabajadores de edad “mediana” (30-44 años) perdieron -465.600 empleos, un -5,89% de los que tenían en 2019. Y de nuevo, los mayores de 45 años ganaron empleo en vez de perderlo (salvo los de 50 a 54 años): +131.800, un +1,4% del empleo que tenían antes de la pandemia, según la EPA.

Y vayamos al cuarto ciclo, la crisis de la inflación y la guerra de Ucrania, que se superó con  la recuperación del empleo en 2021 y 2022, año que España cerró con 497.000 empleos más que antes de la pandemia (en 2019), rozando los 20,5 millones de empleos de 2007. Esta vez, los más jóvenes (16 a 29 años) tuvieron que esperar a 2022 para recuperar el empleo de 2019 (porque en 2021 seguían con menos). Y ganaron +102.900 empleos sobre 2019 (+3,71%). Una novedad  es que los trabajadores de edad media (30-44 años) no han conseguido todavía recuperar el empleo de 2019: pierden aún -355.300 empleos (-4.49%). Y los que vuelven a ganar empleo son los mayores de 45 años: a finales de 2022 trabajaban +849.400 mayores más que antes de la pandemia (+9,13%, el triple de aumento que los más jóvenes). Así que llevan 15 años ganando empleo, pase lo que pase, y por eso ahora los mayores de 45 años suponen dos tercios de los trabajadores.

Al final, la reflexión es que los jóvenes son los primeros que pierden empleo con las crisis y los que tienen más difícil recuperarlo y ganar empleos nuevos. Por eso, además, la tasa de paro de los más jóvenes (29,6% entre 19 y 25 años)  duplica con creces la tasa de paro española (13,1% en diciembre). Y somos el país europeo con más paro juvenil, duplicando la media europea (15% de paro juvenil en la UE-27) y multiplicando por 6 la tasa de paro juvenil de Alemania (5,8% en diciembre de 2022), según Eurostat.

No es sólo que los jóvenes en España tengan el doble de paro que en el resto de Europa sino que además tienen una menor tasa de empleo, trabajan porcentualmente menos jóvenes aquí: sólo están ocupados el 36,2% de los jóvenes de 15 a 29 años, frente al 47,4% que trabajan en la UE-27 y el 68,1% de los jóvenes en Alemania, según Eurostat. O sea que si España consiguiera que los jóvenes trabajaran como en el resto de Europa, habría 703.500 jóvenes (15 a 29 años) más trabajando. Y si la ocupación fuera como en Alemania, deberían trabajar aquí 2 millones más de jóvenes que los que trabajan (son 2.875.100).

Además de trabajar menos los jóvenes (menos que hace 15 años y menos que en Europa), sufren también otro problema: tienen peores contratos. Por un lado, son líderes en contratos temporales: a finales de 2022, había 1.049.900 jóvenes (16-29 años) con contrato temporal, el 36,5% de los que tenían trabajo asalariado, cuando en el conjunto de España, los contratos temporales los tenían solo el 17,92% de los asalariados. Y eso que la reforma laboral ha conseguido aumentar los contratos fijos de los jóvenes, 359.700 más que hace un año (en 2021, el 51,55% de sus  contratos eran temporales). Y además, hay 756.000 jóvenes (16 a 29 años) con contrato a tiempo parcial, por días o por horas: lo tienen 1 de cada 4 jóvenes ocupados (el 26,4%), sobre todo mujeres jóvenes (un tercio con contrato a tiempo parcial),  cuando en el conjunto de empleados sólo lo tienen el 13,6% de los ocupados.

En definitiva, los más jóvenes tienen más contratos precarios y por eso tienen sueldos más bajos que el resto de trabajadores. Eso se debe a que tienen más proporción de contratos temporales (cobran un 70% del sueldo que tienen los contratos fijos, según el INE) y de contratos a tiempo parcial (que cobran el 36% de un contrato a jornada completa). Además, la mayoría de los más jóvenes que trabajan tienen poca antigüedad en su empleo, que es un componente clave de los salarios: los que llevan menos de 1 año trabajando ganan el 57% del sueldo de los que llevan 10 años o más, según el INE.

El resultado es que los salarios de los jóvenes son mucho más bajos que los del resto de trabajadores, según la estadística del INE (2021): el sueldo medio de los que trabajan con 16 a 24 años es de 1.234,9 euros brutos, 1.037 euros netos al mes, 393 euros menos (-27,5%) que el salario mediano de todos los trabajadores. Y dos tercios de los asalariados menores de 25 años ganaban un salario neto inferior a 1.147 euros netos mensuales. Eso se traduce en que 1 de cada 3 jóvenes menores de 24 años cobran el salario mínimo. Y también 1 de cada 5 trabajadores de 25 a 34 años. En total, 1,35 millones de trabajadores jóvenes (menores de 35 años) cobran el salario mínimo, que ha subido a 1.080 euros en 14 pagas.

Con este bajísimo nivel de ingresos y un tercio de contratos precarios, resulta casi imposible que los jóvenes se emancipen, aunque tengan trabajo (menos aún los 486.000 menores de 25 años que están en paro). De hecho, sólo el 15,9% de los jóvenes españoles (de 16 a 34 años) están emancipados, viven fuera de la casa de sus padres, la mitad que en Europa (donde la tasa de emancipación alcanza el 32,1%). Y eso, porque además de tener menos empleo y peores sueldos, chocan con el problema de los altos precios de los alquileres y la dificultad para conseguir y pagar una hipoteca, lo que retrasa el formar una familia y ser padres, agravando así la baja natalidad en España.

Este evidente envejecimiento de las plantillas en España, del que no se habla tiene unas consecuencias muy negativas sobre la economía y la protección social: tener menos porcentaje de jóvenes trabajando hace más difícil la necesaria transición tecnológica y agrava un problema estructural de Espala, la baja productividad. Además, si España tuviera la tasa de empleo juvenil de otros paises, contaría con más trabajadores para cotizar y pagar impuestos, lo que despejaría el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar.

¿Qué se puede hacer? A corto plazo, incentivar la contratación de jóvenes en las empresas, bonificando sus contratos. El 10 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto-Ley para destinar 1.821 millones a bonificar la contratación de colectivos con problemas: discapacitados, mujeres, mayores de 45 años y jóvenes. La idea es concentrar las ayudas y dirigirlas a crear empleos fijos. En el caso de los jóvenes, la medida estrella es bonificar con 275 euros al mes (durante 3 años) la contratación de jóvenes de menos de 30 años con baja cualificación. Además, se bonifica también (con 366 euros al mes) la contratación de jóvenes desempleados para sustituciones por embarazo, lactancia o cuidados. Y se bonifica la cotización de los nuevos contratos de formación en alternancia para la Formación Profesional (compatibilizan trabajo y formación en las empresas). Y se bonifican también los contratos formativos y de relevo (un joven por un mayor) que se hagan indefinidos, así como los contratos de investigadores. El problema es que estas ayudas no entrarán en vigor hasta el 1 de septiembre…

A medio y largo plazo, hacen falta otras medidas. Primero en el campo de la formación y la educación, porque España tiene demasiados jóvenes poco formados (por la lacra del abandono escolar, que afecta al 13,3% de los jóvenes de 18 a 24 años): un 27,7% de los jóvenes (25 a 34 años) tienen la ESO o menos, frente al 11,8% de media en Europa y el 14,2% en Occidente, según la OCDE. Eso obliga a reformar la educación, desde la escuela a la Universidad, promoviendo más la Formación Profesional (sólo un 12% de los jóvenes españoles están matriculados en FP, frente al 25% en la UE-27 y el 40% en Alemania) y reformando las enseñanzas universitarias, para que se adapten mejor al mercado de trabajo. Porque igual que tenemos más jóvenes en paro, también tenemos más licenciados en paro y un alto porcentaje de universitarios en trabajos básicos: un 34,5% de los universitarios realizan trabajos para los que están “sobrecualificados”, frente a un 21% en la UE-27.

Y además de facilitar su contratación y mejorar su formación, España necesita más jóvenes, fomentar la natalidad, para aumentar el número de empleados, cotizantes y contribuyentes. Porque cada año nacen menos niños (337.380 en 2021 frente a 397.632 en 2000) y hay menos jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo: si en 1.995 entraron 750.000 jóvenes mayores de 16 años, en 2005 entraban sólo 450.000 y ahora rondan los 200.000. Así, ya tenemos un problema de falta de mano de obra (que cubren los inmigrantes), pero se agravará para 2050, con la baja natalidad y el menor empleo por la tecnología. Así que urge aumentar la natalidad y los jóvenes en edad de trabajar, con ayudas a las familias, a la vivienda y a la conciliación laboral de las mujeres, que ayudarían a rejuvenecer plantillas.

Al final, la reflexión es que España crea empleo pero se reparte mal, beneficiando más a los que tienen más edad, que están “taponando” su relevo con jóvenes, a los que se destina ahora para cubrir vacantes y empleos de temporada, desde las rebajas a la Navidad o el verano. No se fomenta ni la formación adecuada ni el empleo de los jóvenes y acabamos contando con una “generación perdida”, desmotivada, que ha sufrido muy negativamente las últimas tres crisis. Hay que abrir paso a los jóvenes.

Queja patronal: les faltan trabajadores

El reelegido presidente de la patronal ha dicho que la falta de trabajadores será   “el principal problema para las empresas en 2023”. No la inflación, la energía, la subida de tipos o la temida recesión…: la falta de trabajadores, sobre todo cualificados. Y se queja de que las empresas tienen que “gastar más para retener el talento”. Oculta Garamendi que España es el país europeo con menos empleos “vacantes”. Y olvida decir que las empresas apenas gastan en formación, que cada año queda sin gastar la mitad del dinero para formar trabajadores y parados y que apenas hay empresas que impartan formación dual en FP. Tampoco dice que un tercio de asalariados están “sobrecalificados”, trabajan en puestos donde les sobra formación porque no les ofrecen otros. Menos “culpar” a los trabajadores y más aumentar el gasto empresarial en formación, reformar las oficinas de empleo y los cursos de formación y colaborar con la FP y la Universidad para una enseñanza dirigida al empleo. Ganarían ellos y todos.

Enrique Ortega

La queja de Garamendi se produjo en la presentación de un informe, elaborado por la patronal CEOE y Randstad, sobre cómo ven las empresas españolas 2023. Y lo primero que sorprende, ante el pesimismo económico reinante, es cómo se ven esas empresas hoy: casi 8 de cada 10 empresas encuestadas se ven “recuperadas” respecto a 2019 (15% plenamente recuperadas y otro 64% en buena situación, quedando sólo un 21% sin recuperar todavía). De cara a 2023, un año muy difícil en toda Europa, el 48% de las empresas creen que la situación española empeorará. A pesar de ello, 2 de cada 3 empresas contratarán nuevos trabajadores el próximo año. Y para contratar, lo que más preocupa a la mayoría  (53% empresas) es “el déficit de talento”, la falta de trabajadores, sobre todo cualificados, y el esfuerzo que tendrán que hacer para evitar que los mejores trabajadores se vayan (rotación). Esto es lo que hace decir al presidente de la patronal que “en España no hay trabajadores y muchas pymes están en riesgo de desaparecer” por ello y por el gasto que exige retener trabajadores.

El empleo lleva creciendo 28 meses, desde junio de 2020 (+1.928.500 empleos), tras lo peor de la pandemia, pero la patronal lleva todo este tiempo quejándose de que “no encuentran trabajadores”: el sector de la construcción habla de un déficit de 700.000 trabajadores, los empresarios del campo indican que les faltan entre 50.000 y 100.000 temporeros,  la patronal del transporte señala un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros y los empresarios del turismo y la hostelería reiteran que no encuentran personal formado para cubrir unos 50.000 empleos. Y sobre todo, se quejan de que faltan “trabajadores cualificados”: hay 120.000 empleos digitales sin cubrir, según la Asociación Digital ES.

Sin embargo, este presunto déficit de empleos apenas se registra en las estadísticas: sólo había 145.053 empleos “vacantes” en junio de 2022 (el último dato del INE), pocos más que antes de la pandemia (101.009 empleos vacantes). Y de ellos, sólo se contabilizan 5.252 vacantes en la construcción (1.055 menos que a finales de 2021), 9.653 en la industria y 130.147 en los servicios (18.888 en la sanidad, donde las vacantes se han duplicado), 14.153 en el comercio, 9.257 en la hostelería y 3.382 en el transporte), según la EPA, que no recoge las vacantes en el campo. Las vacantes se dan más en las empresas pequeñas y medianas, especialmente en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Sorprenden las reiteradas quejas de la patronal sobre la falta de trabajadores cuando España es el país europeo con menos porcentaje de empleos vacantes, lo que parece lógico dado que tenemos el doble de paro que el resto del continente: tenemos un 0,9% de empleos por cubrir (145.053), igual que Rumanía y Bulgaria, muy lejos del porcentaje de empleos vacantes de la UE-27 (el 3%), de Holanda (5,1%), Bélgica (5%), Alemania (4,9%), Suecia (3,6%), Francia (2,4%) e Italia (2,3%), según los datos de Eurostat. Y EEUU tiene el 6,2% de empleos vacantes, por la enorme rotación y su bajísimo desempleo (3,7%).

¿Por qué  hay empleos sin cubrir? “La falta de trabajadores tiene mucho que ver tanto con la aptitud como con la actitud”, señaló hace unos días Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, “culpando” así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Pero sindicatos y expertos creen que hay otras causas. La  primera y fundamental, los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales en algunos empleos, que disuaden a los trabajadores. No es casualidad que los sectores donde dicen que faltan trabajadores sean los que cobran sueldos inferiores a la media (25.165 euros brutos anuales): hostelería (14.136 euros), construcción (23.104 euros) y transporte (25.033 euros), según la última estadística de salarios del INE (2021). Y que estos trabajos tengan además horarios más largos y se hagan muchas horas extras sin cobrarlas (11% trabajadores en hostelería, 9% en construcción y transporte, según un informe de CCOO), sin olvidar las penosas condiciones de trabajo de los temporeros del campo. Y también influye el elevadísimo coste de los alquileres, que hace que sea muy difícil encontrar trabajadores en  Baleares, Barcelona, Madrid y Comunidad Valenciana. También influye, en la construcción, la práctica de la subcontratación en cascada, que deja a las empresas en manos de subcontratas que no cuidan su oferta laboral.

Lo que sí resulta un problema evidente es la falta de algunos empleos cualificados: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente, empleos donde 6 de cada 10 empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, según Manpower. Y aquí se plantea el 2º gran problema señalado por la patronal para 2023: las empresas tendrán que gastar más para retener el talento, para evitar que los trabajadores se vayan. Ya se lo dijo Biden hace meses a sus empresarios: “Páguenles más” (“Pay more them”). Es lo mismo que les ha dicho en España la ministra Yolanda Díaz y los sindicatos.

Sobre todo porque España tiene unos bajos salarios, que dificultan “atraer y retener talento”: el coste laboral es de 22,9 euros por hora, un -21,3% inferior a la media de la UE-27 (29,1 euros), un  -30,2% inferior a la zona euro, y un -38% inferior al coste laboral en Alemania (37,2 euros) y Francia (37,9 euros), quedando también por debajo de Italia (29,3 euros por hora), según los datos de Eurostat (2021). Y esa son medias, porque 4 de cada 10 trabajadores ganan menos de 1.000 euros al mes, según la Agencia Tributaria.

Pero la solución para encontrar trabajadores cualificados no es sólo pagarlos más: es que hay pocos. España tiene un problema estructural e histórico de baja formación de los adultos: un 36,1 % de los españoles (25 a 64 años) tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (16,4% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo 14,7% adultos poco formados), según el Informe de la Educación OCDE 2022. Y si nos fijamos sólo en los jóvenes (25 a 34 años), persiste este problema de baja formación: tenemos un 27,7% de jóvenes con la ESO o menos, frente al 11,8% en Europa. Ambos datos indican que tenemos un problema de baja formación laboral, fruto de muchos años de abandono escolar. Y además, en España hay pocos jóvenes matriculados en Formación Profesional (12% frente al 25% en la UE-27 y el 40% en Alemania), estudios que son los más demandados por las empresas.

Y junto a este déficit de formación, vinculado a fallos en el sistema educativo, España tiene el problema contrario: un mayor porcentaje de universitarios que el resto de Europa (40,7% de los adultos frente al 38,3% en la UE y el 31,3% en Alemania. Y como la economía española está más centrada en los servicios (turismo, hostelería y comercio) y menos en la industria y las actividades innovadoras, la mayoría de nuestros universitarios (sobre todo los jóvenes) no trabajan en empleos cualificados, sino en  “lo que encuentran”. Y así, tenemos un país donde faltan trabajadores cualificados y a la vez, el 29,2 % de todos los asalariados del sector privado (ojo: 3.925.951 trabajadores)  están “subempleados”, están “sobrecalificados” para el trabajo que hacen (universitarios en un bar, un comercio o un supermercado). Y somos el tercer país europeo con este problema, que afecta al 38,8% de los jóvenes universitarios, frente al 24,1% de media en la UE y el 18,7% en Alemania.

Así que faltan trabajadores cualificados y sobran empleos poco especializados ocupados por personal cualificado. Un desajuste que sólo se puede corregir con la formación, desde la escuela y la Universidad a las empresas. Pero aquí chocamos con dos problemas. Uno, que la educación ha estado al margen de las necesidades de las empresas durante demasiados años. Y el otro, que las empresas españolas (que ahora se quejan) no se han preocupado por la formación de sus trabajadores. Primero, porque gastan en la formación de sus empleados la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte de esta formación la hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10% del total. Y segundo, porque las empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y ha seguido cayendo hasta los 60,51 euros en 2021, según la última encuesta de coste laboral del INE. Y esa caída es más llamativa si la vemos en porcentaje del coste de un trabajador: si en 2011, las empresas dedicaban a formación el 0,35% del coste laboral, ahora es el 0,18%.

El problema no es sólo que las empresas gasten poco en formación. Es que además, el sistema vigente para formar a los trabajadores y parados no funciona. Existe una cuota de formación que pagan cada año las empresas (0,6% de las nóminas) y los trabajadores (0,1%), para destinar estos recursos (2.200 millones de euros) a formar parados (la mitad del dinero, que gestionan las autonomías y sus oficinas de empleo) y trabajadores ocupados (una parte a través de las autonomías y la SEPE, y la mayor parte gestionado por la Fundae, una Fundación tripartita (patronal, sindicatos y Estado), que ofrece cursos gratuitos y financia cursos que hacen las empresas. El problema es que la mitad del dinero que gestiona la Fundae no se gasta en formación (sólo 513 millones de los 968 asignados en 2021), bien porque las empresas no solicitan cursos (son desconocidos y muchos son muy generalistas y poco atractivos), bien porque tienen que adelantar el 40% del importe y tardan en recuperarlo, o bien por no dar permisos retribuidos para hacerlos a sus empleados.

El problema es tal que sólo entre 2015 y 2020 se han quedado sin gastar 2.635 millones de las cuotas pagadas por empresas y trabajadores para formación, según datos del Ministerio de Trabajo. No pasa  sólo con los cursos de la Fundae, sino que tampoco la SEPE y las autonomías gastan lo que tienen para formar a los parados. Y las empresas muestran tan poco interés como que en 2021, sólo 322.767 empresas hicieron cursos subvencionados, el 10% de las existentes. Y se formaron 4.841.385 trabajadores, un tercio del total de asalariados del sector privado. 

Así que las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados y no se quejan del desastre de la formación con sus cuotas (el sistema lo reformó el PP, en 2015, pero sigue sin funcionar). Y tampoco funcionan los cursos para parados que hace el SEPE: solo 65.389 desempleados (el 2%) hicieron cursos en 2021, según el SEPE. Urge reformar el sistema y las oficinas de empleo (SEPE), para que trabajadores y parados hagan los cursos ligados a los empleos para los que no se encuentran trabajadores (construcción, transporte, hostelería y turismo) y para mejorar la cualificación de los trabajadores que han de reciclarse.

En paralelo, hay que volcar la enseñanza, de la escuela a la Universidad, y sobre todo la Formación Profesional, hacia los empleos del futuro, lo que exige dotar de medios, centros y profesores (este curso, ha habido una falta de más de 50.000 plazas en Centros públicos de FP, sobre todo en  Madrid y Cataluña). Y ahora que existe una Ley para promover la Formación Profesional (entró en vigor el 20 de abril de 2022), es fundamental que las empresas colaboren, porque se ha puesto en marcha la FP dual, que supone derivar a las empresas una parte de la formación de los alumnos (entre un 25 y un 35% a nivel general y del 35 al 50% en los cursos intensivos). Eso exige que las empresas organicen programas de formación y tutores, lo que les supone medios, costes y tiempo (que recuperarán si contratan luego a los alumnos formados). El problema que se está dando este curso, el primero con la nueva Ley de FP, es que los Centros no encuentran empresas colaboradoras. Un ejemplo: en Aragón hay apuntadas a la formación dual 252 empresas, de un censo de 88.000. Y luego se quejan de falta de trabajadores cualificados…

Además de mejorar la formación, para conseguir los trabajadores formados que hacen falta, hay que mejorar las relaciones laborales, no sólo los salarios y condiciones de trabajo, sino también “el trato” y la consideración al trabajador, que muchas veces se siente “poco integrado”.  Porque todavía hay demasiadas empresas con una gran rigidez y escasa flexibilidad laboral, donde los trabajadores no se sienten cómodos y eso facilita que se vayan a otra empresa, no siempre por dinero. De hecho, más de la mitad de los trabajadores (un 54%) se sienten “desmotivados” en su trabajo, según el último informe Hays 2022. El primer motivo de descontento es el sueldo (que lleva años perdiendo poder adquisitivo, un -4,6% este año, el doble que la media en la OCDE), pero también se señalan otros factores: tipo de contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral, tener un jefe "tóxico", no poder tener una carrera laboral en la empresa o sentirse discriminado laboralmente. Razones que están detrás de los cambios de trabajo y del “pasotismo” del que se queja Garamendi.

En definitiva, no tenemos tanto un problema de empleos vacantes como de empleos que muchos no quieren por su baja remuneración y su dureza. Y sí tenemos un problema grave de falta de trabajadores cualificados, que exige modificar el sistema educativo, potenciar la FP y, sobre todo, apostar por la formación y cualificación permanente de empleados y parados. Una tarea en la que las empresas necesitan gastar más en formar a sus trabajadores ante las nuevas exigencias tecnológicas. Menos "culpar” a los trabajadores y más arrimar el hombro para conseguir una mano de obra preparada y competitiva. Ganarían ellos y todos.