Recuperación: 1 de cada 5 españoles, excluidos

La economía española lleva 5 años creciendo, pero la recuperación no llega a todos: hay 8,5 millones de españoles “excluidos”, 1,18 millones más que antes de la crisis, según el VIII Informe Foessa (Cáritas). Y de ellos, la mitad son “excluidos severos”, españoles con graves problemas de ingresos, trabajo, vivienda, aislamiento, salud o educación. Y de ellos, 1,8 millones están “expulsados”, con graves problemas para sobrevivir cada día. En conjunto, son 1 de cada 5,5 españoles excluidos económica y socialmente, que “han perdido el tren” y muchos son irrecuperables si no se toman medidas, sobre todo por culpa del paro, la precariedad del trabajo y  la vivienda, los mayores causantes de la exclusión social. Y los más afectados son los jóvenes, las mujeres solas con niños, los discapacitados, los inmigrantes y las familias muy numerosas, sobre todo en Canarias, Extremadura, Baleares y Valencia. Urge intentar recuperarles cuanto antes, porque la exclusión social no sólo es injusta e inmoral: es un cáncer para la economía y la democracia.

enrique ortega

Ya sabíamos que la crisis ha aumentado la desigualdad, a pesar de la recuperación: si en 2008, el 10% más rico tenía 9,7 veces los ingresos del 10% más pobre, ahora, ese 10% tiene 12,8 veces más ingresos, según este informe de Intermón Oxfam. Y España es el 4º país europeo con más desigualdad, tras Bulgaria, Lituania y Letonia, según Eurostat. El  1% más rico concentra el 25,1% de la riqueza española, casi lo mismo que el 70% más pobre (32,1% de la riqueza total). Y el 10% más rico acapara más riqueza (53,8%) que el 90% restante de españoles (46,2% de la riqueza total), según el informe de Intermón Oxfam “La recuperación económica en manos de una minoría”. Y también sabíamos que ha crecido la pobreza: había 12.338.187 españoles pobres en 2017, según la estadística europea AROPE, que incluye personas que ingresan menos del 60% de la renta media española o que sufren privaciones o que trabajan pocas horas. Son 1,4 millones de pobres más que en 2008.

Lo que no sabíamos hasta ahora es que la crisis ha aumentado también la “exclusión social”, a pesar de la recuperación: hay 8.592.000 españoles “excluidos” en 2018, el 18,4% de los españoles, 1,18 millones de excluidos más que en 2007, según el VIII Informe Foessa (Fundación de Cáritas). ¿Qué españoles se consideran excluidos? No son sólo pobres (la mayoría sí). Son personas apartadas de la vida económica, social y política debido a carencias económicas, de vivienda o de salud y a su aislamiento social, personas que se han quedado “fuera” y no consiguen salir de su aislamiento. El VIII Informe FOESA estudia 35 variables (ingresos, paro, empleo, vivienda, salud, educación, aislamiento social y político) y ha realizado 29.000 encuestas en 2018 (viene haciendo informes periódicos desde 1964) para estimar el grado de integración o exclusión social de los españoles.

El VIII Informe Foessa (2018-19) revela que algo menos de la mitad de los españoles están plenamente integrados socialmente: 22.601.832 personas, el 48,4% de los españoles, casi los mismos que en 2007 y más que en lo peor de la crisis (el 34,1% en 2013). Un tercio de la población (el 33,2%, 15.503,736 españoles) están integrados de una forma precaria, inestable, casi los mismos que en 2007 (34,6%) y menos que en 2013 (40,7% precarios). Y luego hay 8.592.000 españoles con problemas de exclusión social, un 18,4% de la población, 1,18 millones más que antes de la crisis (eran el 16,4% en 2007) y menos que en 2013 (25,3% con problemas). Dentro de este grupo con problemas de exclusión, hay dos colectivos que están peor, según el Informe Foessa. Uno, los 4.109.000 españoles (un 8,8% de la población) que están en exclusión social severa: se han cebado en ellos el paro y la precariedad laboral, tienen una vivienda insegura e inadecuada que les cuesta pagar, están aislados o tienen problemas de salud y tienen poca formación y no participan social ni políticamente. Y dentro de  este colectivo, hay 1.800.000 excluidos (eran 600.000 en 2007) que Foessa considera “expulsados” de la sociedad: tienen tal cúmulo de dificultades graves que “malviven” cada día y requerirían ayuda urgente para tener una vida digna.

Centrémonos en esos 8,59 millones de españoles (1 de cada 5,5 habitantes) con problemas de exclusión social en 2018, según Foessa. Los excluidos no son un colectivo uniforme, sino que se reparte de forma desigual. Por un lado, por autonomías. Tienen más exclusión social Canarias (29% frente al 18,4% de media española), Extremadura (23,2% de excluidos), Baleares (21,5%), Comunidad Valenciana (20,3%), Cataluña (18,6%) y Murcia (18,5%). Y menos, La Rioja (11,3% de población excluida), Cantabria (11,8%) y Asturias (14,4%), País Vasco (15,2%), Castilla y León (15,3%) y Navarra (15,9%). Y por otro lado, la exclusión social se ceba con los jóvenes, las mujeres con niños, los discapacitados, los inmigrantes y las familias muy numerosas, según el VIII Informe Foessa.

La edad es un factor clave de exclusión social: los menores de 18 años tienen un alto porcentaje de exclusión social (23,3%, de ellos el 12,6% con exclusión severa), lo mismo que los jóvenes de 18 a 24 años (22,6% excluidos, de ellos el 10% con exclusión severa), mientras el resto de la población tiene una exclusión inferior a la media y los mayores de 65 años, la exclusión más baja (11,4% y sólo el 5% sufren exclusión severa), debido a que tienen una pensión (aunque sea baja) y normalmente la casa pagada. Otras que sufren más la exclusión son las mujeres, especialmente las mujeres solas con niños (20% excluidas, 9,4% con exclusión severa), más que los hombres solos con niños (16% excluidos, el 7,5% severos). Y también hay más personas excluidas entre las familias numerosas con 5 o más miembros (36,1% están excluidos, el 18,8% con exclusión severa). La exclusión social se ceba también entre los discapacitados (afecta al 30%) y entre los inmigrantes (43,8% en exclusión social, el 22% en exclusión severa).

¿Qué provoca la exclusión social? Un factor clave es la pobreza, pero no el único, porque el 40% de los excluidos socialmente no son pobres, según el Informe Foessa. Pero el 56% sí y está claro que los  ingresos y la situación laboral son claves para estar excluido socialmente o no. Por un lado, el paro de larga duración y el cobrar o no desempleo (la mitad de los parados EPA no cobran nada). Y por otro, resulta decisivo el tipo de empleo, porque los excluidos suelen  tener empleos precarios: 1 de cada 3 excluidos han pasado por 6 o más contratos o por 3 o más empresas o ha estado 3 meses o más en paro en el último año, según el informe Foessa (y 1 de cada 2 de los que están en exclusión severa). Y lo peor es que el trabajo tampoco es una garantía de integración social: el 12% de los que tienen un trabajo se encuentran en situación de exclusión social. Y muchos no es sólo por su precariedad laboral y bajos salarios, sino porque trabajan pocas horas: el 31% de los excluidos trabaja menos de 20 horas a la semana, están subempleados.

El otro factor clave de la exclusión social es la vivienda, según el informe Foessa, sobre todo en los últimos años en que los alquileres se han disparado, subiendo un 30%. Esto ha llevado a la exclusión a muchas familias, que dedican un tercio o más de sus ingresos a pagar el alquiler : una media del 34% de sus ingresos mensuales en España, que llega al 51% en Madrid y al 49% en Barcelona), según un reciente estudio de Fotocasa e InfoJobs. Además, el VIII Informe Foessa revela que 2.100.000 hogares (el 11% del total) viven en situación de “exclusión residencial”: unos (1,3 millones) porque viven en casas con graves deficiencias  (infravivienda) y sin suministros adecuados (agua, calefacción) y otros (800.000 hogares) porque viven sin contrato de alquiler o con riesgo de que les desahucien o con situaciones de violencia intrafamiliar.

Una tercera causa de exclusión social es la salud, un problema de ida y vuelta: una enfermedad grave, una toxicomanía o cuidar a un dependiente pueden llevar a la exclusión social de una familia y a su vez, la exclusión social deteriora la salud de los afectados, agravando sus problemas y su exclusión. Por un lado, hay todavía un 0,8% de personas que no tienen la tarjeta sanitaria (según el VIII Informe Foessa) y existe un conjunto amplio de servicios sanitarios que no están disponibles para los españoles excluidos (dentista, óptica, ayudas técnicas, prótesis, salud mental…). Y por otro, las familias en exclusión social han dejado de comprar medicinas por los copagos (el 52% de los que están en exclusión severa y el 24,4% en exclusión moderada), interrumpiendo tratamientos.

Un cuarto factor importante de exclusión social es el aislamiento: un 5,4% de los hogares españoles (1 millón de hogares) están formados por personas solas o sin apoyo (familia, amigos, conocidos…) en caso de dificultades o enfermedad. Y es lo que les pasa a muchas mujeres solas y a inmigrantes: no tienen a quien pedir ayuda si enferman, se quedan sin trabajo o les echan de casa. Y pasan de estar integrados a “excluidos”.

Y también cuenta mucho, claro, el nivel educativo, la formación de las personas. Hay 3 factores claves que fomentan la exclusión: el analfabetismo o la falta de estudios de los padres y la no escolarización de los hijos. Lo más preocupante, según el VIII Informe Foessa es que los hogares con exclusión social tienen más dificultades para que sus hijos estudien (8 de cada 10 jóvenes que no terminan la secundaria son hijos de padres que no tienen EGB) y hay un mayor riesgo de que los hijos “hereden” la exclusión, porque tendrán grandes dificultades para trabajar y emanciparse si tienen poca formación.

¿Cómo se apañan las familias en exclusión social? La mayoría, según el VIII Estudio Foessa, se centran en recortar gastos (de todo menos de vivienda y comida) y pedir ayuda a familia y amigos, aunque cada vez es más difícil porque la mayoría lleva una década pidiendo y muchas “redes de apoyo” están agotadas, en tanto las instituciones (Ayuntamientos o autonomías) y ONG han sufrido drásticos recortes y tienen menos recursos y más demanda. Los que lo están pasando peor son esos 4,1 millones de españoles en exclusión severa, porque su situación “se ha hecho crónica y ha empeorado”, según el VIII Informe Foessa, especialmente los 1,8 millones que están peor, los “expulsados”, que ya han agotado todas las prestaciones y ayudas y no saben qué hacer.

Frente a esta delicada situación de los excluidos, el resto de españoles hemos cambiado de actitud y somos menos solidarios que hace años, según apunta el VIII Informe Foessa. Esto se debe a una cierta “fatiga en la compasión” y a que muchos españoles de clase media se consideran “los perdedores de la crisis” (aunque lo sean más los pobres) y creen que pagan “demasiados impuestos” (aunque pagan menos que en la mayoría de Europa”) y que muchos ingresos se destinan a ayudar “a otros”, sin control. Un sentimiento de crispación, temor e inseguridad ante el futuro que alimenta ideas contrarias a universalizar las ayudas sociales, a veces favorecidas por la xenofobia contra los inmigrantes. Algo que no se corresponde con la realidad: el 80% de los excluidos socialmente son españoles y sólo un 20% son inmigrantes, según aclara el Informe Foessa.

En cualquier caso, el debate está ahí y el reto es cuánto podemos y debemos ayudar a los excluidos socialmente, que son ya 1 de cada 5,5 españoles, en total 8.592.000 personas. Una cifra que podría aumentar si llega otra crisis, porque el VIII Informe Foessa alerta que en el nivel intermedio, los que tienen una integración precaria (33,2% de españoles) hay 6 millones de personas “en la frontera” y muchas podrían pasar de integradas a excluidas si vuelve a fallar el crecimiento o el empleo o se dispara el problema de los alquileres.

Hay que atacar y reducir la exclusión social no sólo por justicia, sino también por razones económicas y políticas. Por un lado, la exclusión social impide que millones de españoles consuman, coticen y paguen impuestos, lo que supone un cáncer para la economía, el crecimiento y el futuro, como han reiterado la ministra Calviño (“la exclusión es uno de los tres grandes problemas de nuestra economía, junto al paro y la deuda”), el FMI, la OCDE y la Comisión Europea, que lleva años pidiendo a España que reduzca la pobreza y la desigualdad y consiga “un crecimiento inclusivo”, que la recuperación llegue a todos.

Pero además, la exclusión social es un grave problema para la democracia, como señala el VIII Informe Foessa: sólo la mitad de los hogares excluidos votan y el 18% no votan nunca, frente al 74,1% de los hogares integrados que votan siempre. Y hay barrios excluidos en algunas ciudades donde el 75% de los ciudadanos no votan nunca. Una marginación política que es caldo de cultivo para populismos y extremismos y que debilita la democracia y las instituciones. Se da la paradoja de que los ciudadanos que necesitan más al Estado no votan y eso reduce los incentivos para que los políticos recojan y defiendan sus intereses, no sólo los de los ciudadanos integrados que sí les votan. Lo que favorece su marginación política.

¿Qué se puede hacer? El VIII Informe Foessa propone crear un nuevo escenario de ayudas con “responsabilidades compartidas” entre las Administraciones públicas, las ONGs, las empresas sociales, los profesionales y las iniciativas ciudadanas, para perfilar la asistencia a los excluidos, fomentando la solidaridad frente al individualismo. Proponen crear consensos sociales y políticos para evitar que 8,59 millones de españoles se queden atrás, afrontando con urgencia la situación de los 1,8 millones de españoles que están peor. Eso pasa por contar con más recursos para la asistencia social y definir las futuras prestaciones sociales, que hoy son no sólo escasas sino ineficaces.

Lo urgente es conseguir más recursos para los excluidos, porque ahora los Ayuntamientos no tienen medios y las ONGs están saturadas. Y esto obliga al futuro Gobierno a aprobar un Plan de choque contra la pobreza y la exclusión social, sobre todo de las familias con niños. Un Plan que exige recursos, para lo que urge aumentar la recaudación fiscal, una reforma que consiga ingresar más (dado que España recauda 80.000 millones menos cada año que la media europea). Y a partir de ahí, pactar un sistema de ayudas que combine las rentas básicas y el seguro de paro con formación y ayudas a la vivienda y becas. Y sin olvidar la urgencia de promover viviendas públicas en alquiler (se hacen 3.500 VPO al año, frente a 100.000 antes de la crisis), para que no aumenten las familias excluidas. Y, por supuesto, mejorar la calidad del empleo y los salarios, junto a la formación y la educación de jóvenes y adultos, para atacar las raíces de la exclusión social.

No podemos mirar para otro lado: 1 de cada 5,5 españoles se han quedado atrás mientras el resto vivimos como si no existieran. No les podemos dejar tirados. Es una cuestión moral, pero también económica y política: sin ellos no podemos construir un país sano y con futuro. Hay que ayudarles a recuperarse, a integrarse económica y socialmente. Por el bien de todos.

Dependencia: más beneficiarios "low cost"

Año nuevo, problemas viejos: hay 310.951 dependientes, ancianos y discapacitados, que tienen reconocida una ayuda, pero no la reciben por falta de recursos públicos. Están en “lista de espera”, pero muchos morirán sin recibirla (100 ancianos al día). Y aunque las nuevas autonomías han recortado las listas de espera desde 2015, la mejora tiene “truco”: dan prioridad a los dependientes “moderados” (más baratos) frente a los graves: de 38.189 dependientes que salieron de las listas en 2017, sólo 1.567 eran graves. Y otro “truco”: se opta por darles ayudas baratas, como la tele asistencia, antes que una residencia. Y todo porque, tras los recortes de 2012, la Dependencia ha perdido 4.000 millones. Ahora, el Gobierno Rajoy presume que sube la aportación para 2018 (+63 millones), pero paga por dependiente un tercio menos que en 2012. Urge un Plan de choque para acabar con las listas de espera y asegurar ayudas dignas a 1.265.000 dependientes. Costaría 2.700 millones extras al año. Hay que sacarlos como sea. Nuestros ancianos lo merecen.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 11 años, con los mismos problemas para financiarse que siempre, aunque las nuevas autonomías, gobernadas mayoritariamente por la izquierda, han hecho un mayor esfuerzo desde 2015. Así, en 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había 752.005 dependientes con ayuda y cuatro años después, en 2015, sólo se habían ganado 44.109 (hasta 796.109 beneficiarios). En los dos últimos años, los beneficiarios  han aumentado el triple (+158.722), hasta los 954.831 a finales de 2017, según los datos del IMSERSO. Un avance que no puede esconder el grave problema de la Dependencia, las “listas de espera”: ancianos y discapacitados que tienen oficialmente reconocida una ayuda, pero que no la reciben por falta de recursos públicos para dársela. A finales de 2017, eran todavía 310.120 dependientes en “lista de espera”, 1 de cada 4 dependientes (el 24,5%), un dato escandaloso aunque la lista se haya reducido un 19,3% en los dos últimos años (había 384.326 dependientes “en espera” a finales de 2015).

La “lista de espera” de la Dependencia es grave por dos razones. Una, porque es muy desigual por autonomías y en algunas es mucho más escandalosa, como es el caso de Cataluña (el 37,10% de los dependientes reconocidos no recibe ayuda), Canarias (36,62%), la Rioja (32,25%), Andalucía (31,81%) y Extremadura (27%), mientras hay otras donde casi no hay problema, como Castilla y León (sólo el 1,41% dependientes “en espera”), Ceuta (5%), Melilla (5,28%), Murcia (13,54%) y Asturias (13,85%). Y la otra, más preocupante, porque la mayoría de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y muchos se mueren antes de que les llegue la ayuda que tienen oficialmente reconocida. Así, en 2016, hubo 40.647 dependientes en lista de espera que murieron sin recibir la ayuda, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y en 2017 estiman que habrán muerto sin recibir la ayuda otros 34.000, una media de 100 dependientes al día de la lista de espera.

La “lista de espera” se ha reducido en 38.189 dependientes durante 2017, pero esta reducción tiene “truco”: las autonomías, que gestionan la Dependencia, han optado por dar prioridad a los dependientes más moderados (Grado I), que son “más baratos”, para así recortar más la lista de espera, relegando a los dependientes grandes (Grado III) y severos (Grado II), que son más caros de atender, según han denunciado los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las estadísticas del IMSERSO son muy evidentes: de los 38.189 dependientes que han salido de las listas de espera, sólo 1.567 son dependientes más graves (Grado III y II) y la casi totalidad (36.622) son dependientes moderados (Grado I). Así que encima de ser los ancianos y discapacitados que más necesitan ayuda, son los que tienen menos prioridad al reducir las listas de espera.

Pero hay otro “truco más”, este para aumentar los beneficiarios de las ayudas (+158.722 entre 2016 y 2017): dar ayudas más baratas a más dependientes, dando prioridad a los servicios más baratos, a los servicios “low cost”. Basta ver las estadísticas de ayudas del IMSERSO para detectar el aumento de la “tele asistencia”, la ayuda más barata (cuesta 35 euros al mes): ha pasado del 2,32% de las ayudas en 2008 al 15,81% en 2017 (y en Andalucía es ya la ayuda que más se da, al 31,7% de dependientes, al igual que en Madrid, al 22,5%). Y también ha aumentado el peso de las ayudas económicas a las familias, para que atiendan al dependiente en casa: por una prestación que va de 442,59 euros al mes a 286 euros y 153 euros, según el grado de dependencia), las autonomías “se quitan de encima” el problema de atender a los ancianos y discapacitados dependientes. Si en 2008 recibían estas ayudas el 25,85% de los dependientes, en 2017 las recibían ya el 37,72%. Y suponen más de la mitad de las ayudas totales en Baleares (60% de las ayudas), Navarra (57%) y Murcia (54%). Además, muchas autonomías han priorizado otro sistema de ayuda económica, dar un cheque a las familias para que busquen la ayuda de forma particular (se llama “prestación económica vinculada a servicio”). Es una manera de “privatizar la Dependencia”, que supone ya el 9,39% de todas las ayudas pero mucho más en algunas autonomías: Extremadura (39,8%, es la ayuda más utilizada), Castilla y León (24,80%, la ayuda con más peso también), Canarias (18,64%), Aragón (18,39%) y Comunidad Valenciana (15,42%).

Mientras, se estancan las ayudas más caras a los dependientes, sobre todo las plazas en una Residencia (el 13,94% de las ayudas en 2008 y son el 13,34% en 2017)  y los Centros de Día (de ser el 2,90% de las ayudas en 2008 pasaron al 8,46% en 2015 y han bajado al 7,72% en 2017, según los datos del IMSERSO. Eso sí, ha crecido la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 16,53% de las ayudas en 2017), pero es también una ayuda “barata” y que muchas veces controla la situación de los dependientes más que ayudarlos de verdad.

La “lista de espera” y las “ayudas low cost” son la forma que tienen las autonomías de mantener un sistema de asistencia social que cuenta hoy con 4.000 millones menos de financiación que en 2012, según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, tras los recortes hechos por el Estado central (-2.865 millones) y las autonomías (-1.100 millones). Antes, estos recortes ya supusieron un deterioro del servicio para los dependientes y sus familias. Así, en 2012, el Gobierno Rajoy dejó fuera a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó su paga mensual, redujo servicios, simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias. Y las autonomías, que sufrían el recorte del Estado y sus propios recortes, trataron de gastar menos a costa de retrasar los expedientes de ayuda, endurecer los requisitos y revisar “de oficio” (a la baja) las valoraciones ya hechas. Todo, en perjuicio de los dependientes y sus familias.

El origen del problema actual de la Dependencia es que el Estado central se ha ido “desentendiendo”, reduciendo drásticamente su aportación financiera a la Dependencia: si en 2009 aportaba el 39,2% del coste, en 2016 (último año certificado) sólo aportaba menos de la mitad, el 17%, según el balance de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y por eso, las autonomías han pasado de financiar el 46,2% de la Dependencia a costear el 63%, mientras los usuarios (las familias) han pasado de costear el 14,7% de los servicios a pagar el 20% de la atención recibida (copagos). Esta situación provoca las protestas de las autonomías, que denuncian que “el Gobierno Rajoy incumple la Ley de Dependencia”, que establecía que la aportación pública se repartiría al 50% entre Estado Central y autonomías (en 2016, las autonomías aportaron el 82,6% y el Presupuesto el 17,4% restante).

La solución al grave problema de la Dependencia está en que el Estado central aporte más dinero. Pero Rajoy, que nunca ha creído en la Dependencia (“no es viable”, dijo tres días antes de ganar las elecciones de 2011), no está por la labor. En diciembre de 2017, el Gobierno aprobó una subida de la financiación estatal a la Dependencia del 5,31% para 2018, que calificó de “histórica”, aunque sólo son 63 millones de euros más (ni siquiera los 100 millones extras pactados con Ciudadanos), frente a los 4.000 recortados antes. Una subida tan mínima que lo que pagará el Estado central a las autonomías por dependiente en 2018 (190, 84 y 47 euros, según el grado de dependencia) es entre un 28% y un 38% menos de lo que aportaba antes de los recortes de 2012. Y para igualar el resto que pagan las autonomías (para pagar el 50% del coste público de la dependencia), el Gobierno central tendría que pagar por dependiente más del doble de lo que van a pagar este año (418,195 y 104 euros, según el grado), según los cálculos hechos por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Así que nada de subida “histórica” a la Dependencia en 2018: pagan por dependiente un tercio menos que antes de 2012. Y encima, este pago no se gasta totalmente, porque para que Hacienda lo abone, la autonomía tiene que pagar su parte al dependiente (ese 82% del coste que debería ser el 50%). Y como la mayoría de las autonomías tienen problemas financieros, muchas no pueden poner su parte y los dependientes se quedan sin ayuda (en la lista de espera). Y la ayuda del Presupuesto estatal, encima que es poca, se pierde en parte: en 2017, 90 millones (de los 1.260 que iba a aportar el Estado a la dependencia) se habrán quedado sin gastar, porque las autonomías no han podido poner su parte. 90 millones que han perdido los dependientes y sus familias. Otro sinsentido.

Con la subida de la aportación estatal para 2018, sólo se podrá reducir un 4% la “lista de espera”, que quedará anclada en 300.000 ancianos y discapacitados. Urge poner en marcha un Plan de choque, para dejar a cero la “lista de espera”, y una reforma del sistema de financiación, para asegurar unas ayudas decentes en el futuro. Acabar con las “listas de espera”, atender a esos 310.000 dependientes, costaría unos 1.700 millones extras al año hasta 2020, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y harían falta otros 1.000 millones más al año para recuperar el pago por dependiente de antes de 2012 y hacer frente a los dependientes futuros (se van a duplicar en 2050, por el aumento del envejecimiento y la esperanza de vida, según el CSIC). En total, unos 2.700 millones más de gasto al año, no los míseros 100 millones extras vendidos “a bombo y platillo” en el acuerdo de investidura entre  PP y Ciudadanos.

Es un aumento del gasto asequible, sobre todo si España redujera el fraude fiscal y recaudara como el resto de países europeos (ingresar como la media UE supondría recaudar 72.000 millones más cada año, según los datos de la Comisión Europea). Además, supondría gastar en Dependencia 9.800 millones anuales, una factura mucho más asequible que los 126.000 millones que gastamos en pensiones, los 80.000 millones que gastamos en Sanidad, los 50.000 en Educación o los 18.000 millones en desempleo. Y además es un gasto “rentable”, porque crea empleo (se podrían crear 100.000 empleos en una década) y una parte del gasto se recupera en forma de cotizaciones e impuestos. Pero sobre todo, es “un gasto que les debemos” a nuestros mayores y a los discapacitados.

No puede pasar más tiempo sin resolver la financiación de la Dependencia, “el cuarto pilar” del  Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones). Pero no parece que el problema preocupe al Gobierno ni a la “oposición”, sólo a las autonomías y a las familias de los dependientes. Ha pasado más de un año desde la firma en el Congreso, el 14 de diciembre de 2016, de un “Pacto por la dependencia”, apoyado por todos los grupos políticos, salvo el PP y PNV (por un tema de competencias), un intento de “blindar” un sistema de financiación estable a medio plazo. Y aquí estamos en 2018, con la misma penuria financiera, ofreciendo ayudas “low cost” y con 310.000 dependientes en espera, de los que mueren 100 cada día sin recibir la ayuda. Es “un escándalo social”, una grave injusticia con nuestros ancianos y discapacitados. Y casi nadie se inmuta. ¡Qué vergüenza¡   

Prioridad a los dependientes más "baratos"

La recuperación no ha llegado (tampoco) a los dependientes, ancianos y discapacitados. Tras cumplirse en enero 10 años de la Ley de Dependencia, el balance sigue siendo pobre, por falta de financiación: hay 310.000 dependientes (1 de cada 4) con el derecho reconocido y que no reciben ayudas. Y cada día, 100 de estos dependientes se mueren sin recibirla. Un drama que el Gobierno Rajoy desoye, después de haber recortado 2.865 millones a la Dependencia. Y las autonomías, que gestionan las ayudas, se ven obligadas a prestar servicios “low cost”, ayudas baratas (como la tele asistencia) para atender a más dependientes con menos dinero. Lo último: dan prioridad a los dependientes leves (más “baratos”) mientras se estancan las ayudas a los más graves, más “caros” de atender. Así tratan de rebajar la lista de espera. Urge aprobar un Plan de choque para atender ya a todos los dependientes con derecho y aumentar el Presupuesto para prestar una atención “decente” a mayores y discapacitados. Es lo mínimo.


 
                                                                                              enrique ortega

La atención a los dependientes (ancianos y discapacitados que no pueden valerse por sí mismos, unos 3 millones en España) es uno de los grandes puntos negros de la política social del Gobierno Rajoy. En enero de 2017 se cumplieron los primeros 10 años de la Ley de Dependencia, aprobada por Zapatero, que ha chocado con una financiación escasa, sobre todo a partir de 2012, cuando los recortes de Rajoy le quitaron 2.865 millones de euros hasta 2.015, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales . En el otoño de 2015, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados en su mayoría por la izquierda) trataron de revertir la situación, mejorando algo la atención a la dependencia. Pero se han encontrado con pocos recursos propios y menos financiación del Estado.

El resultado es que la Dependencia no acaba de despegar. Si en los primeros 5 años de la Ley, hasta diciembre de 2011 (cuando Rajoy llegó a la Moncloa), había 738.587 dependientes con ayudas, 5 años después, en diciembre de 2016, sólo había 126.977 dependientes más atendidos (865.564). Y aunque este año 2017 han aumentado los beneficiarios, todavía eran 915.929 a finales de agosto, frente a 1.668.950 solicitudes de ayuda. Pero lo peor es que todavía hay una “lista de espera” muy elevada: 310.809 dependientes que, a finales de agosto, tenían reconocido el derecho a recibir una ayuda (se les había aprobado su solicitud) pero que no la recibían, por falta de presupuesto y medios de las autonomías para dársela. Son ancianos y discapacitados que están en “el limbo de la Dependencia”. Nada menos que 1 de cada 4 dependientes (el 25,33%) con derecho reconocido a ayuda, según los datos oficiales del IMSERSO (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Si es grave que la cuarta parte de los dependientes reconocidos no reciban ayuda, más lo es que la situación sea aún peor en casi media España, en 6 autonomías donde el porcentaje de dependientes en espera de ayuda es más elevado que la media, según los últimos datos del IMSERSO: Canarias (40% dependientes reconocidos están esperando ayuda), Cataluña (37,2% en espera), Andalucía (31,7%), Rioja (31,5%), Aragón (27,6%) y Extremadura (26,8%). En contrapartida, hay 3 autonomías casi sin listas de espera, Castilla y León (1,03% dependientes), Melilla (3,4%) y Ceuta (4,6%), y otras tres con muy poca, Baleares (12,2%), Asturias (12,6%) y Murcia (15,8%).

Resulta más grave aún que haya dependientes en espera de ayuda cuando la mayoría (54%) tienen más de 80 años de edad, según el IMSERSO,  y pueden morirse antes de que les llegue la ayuda que tienen legalmente reconocida. De hecho, en 2016, hubo 40.647 dependientes con ayuda reconocida que murieron sin recibirla, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y este año  ya se han muerto 21.000 de los 310.809 de la lista de espera y la estimación es que mueran 34.000 dependientes en espera en todo 2017, una media de 100 dependientes de la lista de espera al día.

En los dos últimos años, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados mayoritariamente por la izquierda y los nacionalistas) han recortado la lista de espera, de 421.335 dependientes en agosto 2015 a 310.809 dependientes en espera en agosto de 2017. Pero lo han tenido que hacer casi con los mismos recursos, porque el Presupuesto del Estado para dependencia apenas ha subido en 2016 y 2017 y lo mismo el gasto autonómico. Y lo que la mayoría de las autonomías han buscado es atender a más dependientes con casi el mismo dinero ¿Cómo? Gastando menos por dependiente, utilizando más “servicios low cost”, como denuncian los Directores y gerentes de Servicios Sociales.

Así, en los dos últimos años, las ayudas a la dependencia que más han crecido son las más baratas: la ayuda por prevención y promoción de la autonomía (muy importante en Asturias, donde supone el 21,8% de las ayudas, en Castilla y León, con el 12% y Aragón, el 10%), la teleasistencia (la que más ha crecido: cuesta sólo 25 euros al mes por dependiente y supone ya el 16% de todas las ayudas, pero un 32% en Andalucía, un 23,5% en Madrid y un 20,5% en la Rioja) y la ayuda a domicilio (16% de todas las ayudas). Y también han crecido mucho las ayudas que se dan a los familiares para que cuiden en casa a los dependientes: por unos 300 euros al mes (y bajando), las autonomías se quitan de en medio el problema de tener que abrir centros de día o residencias para ancianos y dependientes. Esta es la ayuda que tienen más dependientes, el 33,35% del total de ayudas, y llega al 65,7% en Baleares, el 57,4% en Navarra, el 54,06% en Murcia, el 50,7% en la Comunidad Valenciana, el 49,8% en Cantabria y el 46,3% en Cataluña, según datos del IMSERSO. Eso sí, el porcentaje de dependientes que tienen ayuda para residencias, el servicio más caro, se ha reducido.

Así que en la mayoría de autonomías, el “truco” para bajar las listas de espera es atender a más dependientes con los servicios más baratos. Pero hay otro “truco” que acaban de denunciar los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: dar prioridad a los dependientes leves (Grado I, que tienen derecho a ayuda sólo desde el 1 de julio de 2015) y retrasar la ayuda a los dependientes severos (Grado II) y graves (grandes dependientes, el Grado III), “los más caros” de atender (no basta con la teleasistencia, como los leves, por ejemplo). Los datos oficiales del IMSERSO son muy explícitos: si la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 37.600 dependientes el último año (agosto 2016-agosto 2017), casi todos son personas con dependencia leve (34.800 tienen Grado I) y sólo 2.800 son dependientes más vulnerables (Grado II y III). Y de los 310.809 dependientes en lista de espera, 119.150 son más vulnerables (grado II y III), casi los mismos que hace un año (122.600), mientras los 191.652 restantes son dependientes leves (Grado I: 246.000 hace un año).

Así que no es sólo que la lista de espera se rebaja a base de una atención más mediocre a los dependientes, sino que además se busca atender primero  a los dependientes “más baratos”. Y todo ello porque las autonomías, que gestionan la dependencia, están económicamente “asfixiadas”. Primero porque están mal financiadas (les faltan recursos y les sobran competencias), pero sobre todo porque cada vez tienen que aportar más a la Dependencia porque el Estado central aporta cada vez menos. Los datos oficiales, aportados por los Directores y Gerentes de Servicios sociales, son otra vez muy explícitos: si en 2009, el Estado central financiaba el 39,2% del gasto en Dependencia, en 2017 financia menos de la mitad, el 15,9%. Y por eso, las autonomías tienen que financiar mucho más (del 46,2% al 63,7% del gasto), a costa de sus maltrechos presupuestos. Y además, los usuarios, las familias de los dependientes, tienen que pagar más: si en 2009 aportaban el 14,7% del gasto, en 2017, las familias financian con el copago el 20% del gasto en Dependencia.

En definitiva que el Estado, con los recortes de Rajoy, se ha desentendido de la Dependencia y aporta menos incluso que las familias. Y eso obliga a las autonomías a hacer malabarismos para mantener el sistema y aumentar los beneficiarios, a cambio de retrasar la concesión de ayudas (listas de espera) y atenderlos peor. Y ese peor servicio lo sufren no sólo los dependientes y sus familias sino también el empleo del sector, que se ha estancado este año 2017 (201.000 empleos directos), cuando venía creciendo imparable desde 2009 (93.000 empleos), porque la ayuda a los dependientes es uno de los grandes nichos de empleo, presente y  futuro, al ser España un país envejecido. El CSIC estima que los dependientes (ancianos y discapacitados) se van a duplicar con creces, pasando de los 3 millones actuales a 7 millones en 2050.

El Gobierno y Ciudadanos pactaron que este año 2017 habría 100 millones más para la Dependencia, un aumento ridículo tras los recortes pasados (-2.865 millones entre 2012 y 2015). Pero el problema además es que ese mayor dinero podría no gastarse, como han denunciado los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y eso porque ese Presupuesto del Estado (1.220,28 millones en 2017) se destina a pagar a las autonomías un nivel mínimo por cada dependiente: 55,11 euros a los de Grado I, 85,71 euros a los de Grado II y 195,52 euros a los de Grado I, según el reciente decreto-Ley, que incluye los nuevos pagos de este año, todavía un 30% menores a los que se pagaban en 2011 (antes de los recortes de Rajoy). Pero luego, las autonomías tienen que aportar otra cantidad (mayor) para cada dependiente, para cubrir su propio nivel de atención. Y si no aportan esa cantidad, porque no tienen Presupuesto, no reciben el nivel mínimo que aporta el Estado. Luego “el dinero de Madrid” no llega (y se pierde) si no se concede la ayuda con dinero autonómico. De momento, este año, hasta junio, sólo se han gastado 587 millones del nivel mínimo del Estado y se podría acabar el año gastando 1.170 millones, 90 millones menos de los previstos en el Presupuesto, según los cálculos de los Directores y Gerentes de servicios sociales. Serían 90 millones, de los 100 extras, que no se gastarían en los dependientes.

Sería una vergüenza: que se mueran 100 ancianos cada día antes de recibir ayuda y que encima sobre dinero. La alternativa es subir el nivel mínimo que aporta el Estado, pagar a las autonomías más del doble que ahora por cada dependiente (104,40 euros al Grupo I, 195,09 el Grupo II y 418,86 al Grupo III, según la propuesta de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales), con lo que el esfuerzo del Estado en financiar a la Dependencia volvería a ser la mitad del gasto público en Dependencia (hoy es sólo el 20% y el otro 80% lo aportan las autonomías). Y así, las autonomías podrían conceder ayudas a más dependientes y reducir drásticamente las listas de espera, porque les costaría menos hacerlo. Claro que esa medida supone que el Estado se tendría que gastar unos 5.100 millones en suprimir las listas de espera, según estiman los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, unos 1.700 millones cada uno de los tres años que quedan de Legislatura. Y otros 1.000 millones más para recuperar el nivel acordado (que suprimió Rajoy en 2012) y hacer frente al mayor aumento futuro de dependientes, por el envejecimiento. Unos 2.700 millones más al año, no los míseros 100 millones más vendidos “a bombo y platillo” por Ciudadanos y el PP.

Es mucho dinero, pero al final, sería gastar unos 9.800 millones anuales en Dependencia, una factura mucho más asequible que los 125.000 millones que gastamos en pensiones, los 88.000 millones que gastamos en sanidad, los 50.000 en educación o los 23.800 millones que gastamos en desempleo. Y además de ser un gasto que “les debemos” a nuestros mayores, es un gasto “rentable”, porque una gran parte se recupera vía impuestos, cotizaciones y empleo creado en la Dependencia: se podrían crear 100.000 empleos más en unos años, en personal para atender a mayores y discapacitados.

Urge alcanzar un Pacto de Estado por la dependencia, que ya firmaron el 14 de diciembre pasado en el Congreso todos los grupos políticos, salvo el PP (y el PNV, por un tema de competencias). Blindar un sistema para financiarlo de forma estable a medio plazo, asegurando una mayor aportación del Estado para garantizar de verdad este derecho, “la cuarta pata” del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones y dependencia). Las “listas de espera” y los dependientes que mueren sin ayuda son una vergüenza. Acaben con ello de una vez.  Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros mayores.