UE: vía "medio libre" a la agricultura transgénica

La noticia ha pasado desapercibida: el Parlamento Europeo aprobó en junio la utilización de semillas y plantas transgénicas, que llevan décadas prohibidas en Europa (por presión de los ecologistas) mientras se utilizan en el resto del mundo (apoyadas por los científicos). Con todo, esta autorización conlleva muchas restricciones y no entrará en vigor hasta julio de 2028. Pero los expertos creen que es un avance histórico que mejorará la competitividad de la economía europea, al permitir nuevas técnicas de edición genética (la tecnología CRISPR) para introducir variantes de plantas más resistentes al calor, la sequía y a distintas enfermedades. Una hibridación o selección de plantas que ha hecho el hombre de forma natural en los últimos 10.000 años de agricultura y que ahora puede hacerse en horas y no en décadas, sin riesgo para la salud y el medio ambiente, según los científicos. España será uno de los paises más beneficiados por los futuros transgénicos, para adaptar mejor nuestra agricultura a la sequía y las altas temperaturas. Y para tener alimentos menos caros.

                       Maíz transgénico más resistente a la sequía, cultivado en España

Las plantas transgénicas son aquellas semillas para cultivo que se han modificado genéticamente para aumentar su rendimiento o su resistencia a las plagas, aumentar su resistencia a la sequía o mejorar sus propiedades nutritivas. Los agricultores de todo el mundo llevan 10.000 años hibridando semillas y seleccionando variedades de forma natural, un proceso que tarda décadas o siglos en alcanzarse. En las últimas décadas, los científicos han descubierto sistemas para modificar genéticamente semillas en el laboratorio (organismos modificados genéticamente, OMG) y en los últimos años se ha descubierto una nueva técnica de manipulación genética, la tecnología CRISPR, que es más fácil de utilizar y que consigue en días una semilla modificada que no se distingue de la natural.

Las primera manipulación genética de semillas la protagonizó, en los años 60 del pasado siglo, el ingeniero agrónomo norteamericano Norman Borlaug : creó una variedad de trigo (“variedad Borlaug”) que se adaptaba mejor a la sequía y a las plagas, semilla que donó gratis a toda América y a los paises en desarrollo de Asia y África, lo que salvó millones de vidas y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1970. En 1983, cuatro grupos de investigación (entre ellos la multinacional Monsanto) anunciaron la creación de plantas transgénicas, en un largo proceso de investigación que se acelera en 2003, con la proliferación de semillas genéticamente modificadas y el posterior escándalo por la operativa de Monsanto: vendía sus semillas modificadas a los agricultores de paises pobres, que mejoraban sus cultivos a costa de pagar altos precios por la licencia, con litigios por reutilizarlas sin permiso.

El auge de las plantas transgénicas y la imposición de su monopolio por un reducido grupo de multinacionales provocó una protesta internacional, que se concentró el 18 de julio de 2013 en 40 paises, promovida por los ecologistas y en especial Greenpeace, que considera a los transgénicos un riesgo para la salud (habla de “comida Frankenstein”) y para el medio ambiente. Enfrente, científicos de todo el mundo y expertos en agricultura y alimentación rechazan estas críticas y consideran que los transgénicos permiten mejorar ciertos alimentos, como el arroz dorado, una variante creada en 1999 para producir un arroz que facilita la creación por el organismo de vitamina A (la OMS señala que su carencia afecta a 250 millones de niños en el mundo, de los que 500.000 se quedan ciegos cada año).

La pelea entre ecologistas (en contra) y científicos (a favor) se agravó tras las protestas de 2013 y en julio de 2016, más de un centenar de Premios Nobel (109) firmaron una carta abierta contra Greenpeace, a la que acusaron de “crímenes contra la humanidad”, por oponerse a la entrada de transgénicos en África, que necesitaba urgentemente el arroz dorado y otras semillas transgénicas. Y reiteraban que, en 20 largos años de usarlos, no se había detectado ni un solo caso de que dañaran la salud o el medio ambiente. “Los ecologistas rechazan los transgénicos porque tienen la panza llena”, apostilló el Nobel Borlaug.

La realidad es que los transgénicos se han ido desarrollando por todo el mundo en este siglo, desde EEUU y Canadá a México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica, para extenderse después por Asia y África. Actualmente China acapara el 70% de las patentes de semillas “editadas” y también avanzan en India, Filipinas, Japón y Australia. En África, en 2024 había una docena de proyectos de edición genética de plantas de cultivo, desde el sorgo (un cultivo esencial para los africanos) a la judía carilla, con proyectos ya aprobados en Kenia, Nigeria y Malawi y otros en trámite en Uganda y Etiopía.

El avance por el mundo de las semillas transgénicas (el maíz resistente a infecciones, el mijo perla que no se oxida al molerlo, los cacahuetes refractarios a los hongos cancerígenos, el arroz que ayuda a incorporar la vitamina A…) se aceleró en 2012, cuando se empezó a utilizar en la agricultura la tecnología CRISPR, que permite apagar o modificar genes propios de la planta (nuevas técnicas genómicas, NGT) y también agregar ADN de otras especies (lo que da un organismo modificado genéticamente o transgénico). La primera modificación produce una semilla idéntica a la natural (indistinguible de la original) y es la más utilizada. Esta nueva tecnología CRISPR ha permitido dar un gran salto a los investigadores de nuevas semillas en  África y otros paises pobres, por dos razones. Una, que es una tecnología barata y fácil de usar. La otra, que no requiere disponer de material genético extraño: puede introducirse en la planta una variante genética que ya existe en la naturaleza. Se trata de hacer en el laboratorio los “cruces de semillas” que llevan haciendo 10.000 años los agricultores de todo el mundo, pero ahora se puede conseguir en el laboratorio esa “hibridación natural” en minutos y no en décadas como ha sucedido a lo largo de la historia. Y así se producen semillas más resistentes a sequía a enfermedades, con más alimento o más productivas.

Europa ha estado al margen de todos estos avances en la producción de nuevas semillas, ha sido “una isla sin transgénicos”, debido a la fuerza de las asociaciones ecologistas, que han contagiado sus recelos a los agricultores europeos y a los despachos de Bruselas. Ya en 2001, la Comisión aprobó una Directiva 2001/18 que prohibía la utilización de semillas transgénicas, a la que siguieron dos Reglamentos en 2003, otra Directiva 2009/41 y otra Directiva 2015/412. La UE sólo permitió, en 2004, el cultivo de un tipo de maíz modificado (el maíz BT, variedad MON 810, resistente a la plaga del “taladro”),  que prácticamente solo se cultiva en España (y un poco en República Checa y Rumania): tenemos sembradas 107.000 hectáreas de este maíz modificado, sobre todo en el Valle del Ebro (el 60% en Aragón) y también en Cataluña, Extremadura y Andalucía,  lo que nos ha permitido ahorrar 193 millones en importaciones, según la Fundación Antama. 

Tras la aparición en 2012 de la tecnología CRISPR, muchos científicos y agricultores pidieron a Bruselas que revisara su prohibición a las semillas modificadas genéticamente. Pero no hizo cambios. Es más, en julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE lanzó un jarro de agua fría contra los transgénicos al emitir una sentencia (tras una “consulta” de agricultores franceses, apoyados por su Gobierno) donde señaló que “los organismos editados con CRISPR podían presentar los mismos riesgos para la salud humana y el medio ambiente que supuestamente presentaban los transgénicos” (sin ninguna evidencia).

La comunidad científica rechazó esta sentencia y pidió a la Comisión Europea que revisara su política, porque estaba impidiendo a los agricultores europeos los beneficios que ya reportaba la edición de semillas en el resto del mundo. Finalmente, la Comisión reaccionó 3 años después, en abril de 2021, con un informe donde reconocía por primera vez el problema y anticipaba que debía actualizarse la legislación europea para incorporar nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. Y añadía que debería realizarse una consulta pública entre todos los sectores implicados. Pero la UE no tuvo prisa en reaccionar y hasta julio de 2023 no elaboró una propuesta de normativa, que tardó otros tres años más, hasta abril de 2026, en ser aprobada por el Consejo Europeo. Y finalmente, la apertura a los transgénicos se aprobó en el Parlamento Europeo el 17 de junio, con los votos en contra de Verdes y La izquierda.

La normativa aprobada finalmente permite por 1ª vez el acceso de los agricultores europeos a nuevas plantas modificadas genéticamente, más resistentes al clima y a las plagas, que además requieren menos pesticidas y consiguen mayores rendimientos, como el trigo bajo en gluten, las patatas resistentes a patógenos o el maíz más resistente a la sequía. Pero la Comisión introduce esta normativa con muchas restricciones, no quiere dar el salto de la prohibición al todo. Y por ello, limita la aprobación a dos categorías de plantas modificadas.

Una, las NGT-1, plantas con un número limitado de cambios genéticos (hasta 20 letras), que podrían haberse producido mediante la mejora tradicional (hibridación de semillas por los agricultores) y donde la tecnología CRISPR crea una semilla “indistinguible” de la original (pero con múltiples ventajas sobre ella). Por eso serán tratadas como plantas “convencionales” y los alimentos elaborados con ellas ya no informarán del cambio, aunque se mantendrá un listado público de estas nuevas semillas y alimentos. Además, las plantas diseñadas para que tengan más tolerancia a herbicidas o a producir sustancias de autodefensa (insecticidas) no podrían inscribirse como plantas NGT1, que tampoco podrá utilizar la agricultura ecológica. Dos restricciones que rechazan los científicos y muchos expertos, como la limitación a modificar sólo 20 letras de los genes, por injustificadas y no existir en otros paises.

La segunda variante que se regula, las plantas NGT-2, son plantas que han sufrido modificaciones genéticas más extensas o complejas , por lo que van a tener una regulación mucho más restrictiva: deberán estar sujetas a una evaluación de riesgos y deben obtener una autorización previa antes de comercializarse en la UE. Además, la trazabilidad y el etiquetado informativo seguirán siendo obligatorios en la UE, no sólo para las plantas originarias de Europa sino para las semillas y alimentos importados del resto del mundo.

Así que Bruselas abre la mano para aprobar algunas modificaciones genéticas pero no otras que llevan años realizándose en el resto del mundo. Y además, establece varias salvaguardias, como que cualquier país pueda prohibir la utilización de semillas o alimentos modificados incluso si están autorizados por la UE. Y además, se retrasa 2 años la entrada en vigor de estas normas, que no podrán aplicarse hasta julio de 2028.

A pesar de estas restricciones, los científicos y muchos expertos creen que es un avance histórico para la agricultura en Europa, que podrá ser más innovadora y competitiva sin perder seguridad (aunque habrá que esperar a 2028), permitiendo a los biólogos y agricultores acceder a las herramientas CRISPR para mejorar semillas y plantas, para desarrollar variantes que resistan más la sequía y las plagas o que sean más resistentes a las enfermedades y requieran menos pesticidas (plantas NGT-2). Eso sí, con más limitaciones que los agricultores de otros paises con los que compite Europa y con retraso, ya que no se podrán cultivar estas plantas modificadas antes de julio de 2028.

España va a ser uno de los paises más beneficiados de estos cambios europeos sobre la modificación genética de plantas, no sólo porque somos “la despensa de Europa” (con un récord de 19.500 millones en alimentos exportados en 2025) sino porque nuestra agricultura sufre más los daños del cambio climático, desde la sequía a las lluvias torrenciales o los fenómenos extremos (heladas, pedrisco, etc.). Los expertos reiteran que las nuevas herramientas CRISP permiten crear variedades de frutas y cereales que requieren menos agua y soportan mayores temperaturas, lo que debería aumentar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura (y ganadería: también permite modificar genéticamente vacas para que produzcan más leche a pesar de las olas de calor…). Y también señalan los científicos que se pueden desarrollar plantas más resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría el gasto en productos fitosanitarios (los agricultores gastan 2.500 millones de euros al año), reduciendo su presencia (antibióticos) en los alimentos finales.

Además, España es un país con gran potencial en biotecnología, con numerosos laboratorios y empresas de investigación, que deberían aprovechar estos dos años de “tregua” para investigar nuevas variantes para la agricultura y ganadería, para aprovechar este retraso normativo para tener listas las nuevas variantes en julio de 2028, apoyados por la Administración y las Universidades. Y además, podría abrirse con ello un nuevo mercado de exportación de semillas modificadas, al resto de Europa, África, Asia y Latinoamérica.

En paralelo, Europa y España deben garantizar a agricultores y ganaderos el acceso a las nuevas variantes modificadas de semillas y animales, tanto con unos precios asequibles como con unas condiciones y contratos que no sean “leoninos” (evitar el “ejemplo Monsanto”) y que permitan la reutilización accesible de semillas modificadas. Además, la transparencia debe regular todo el proceso, desde el campo al supermercado, para que el consumidor conozca la trazabilidad y seguridad de los alimentos “transgénicos”, apoyada en informes científicos que nos certifiquen su seguridad para la salud humana y el medio ambiente. Han sido décadas en que ecologistas y agricultores nos han hecho recelar de estos productos como para que ahora los aceptemos a la primera. Europa y España deben hacer campañas públicas a favor de los alimentos modificados genéticamente, sus ventajas y bondades. Y a partir de ahí, avanzar en este segmento de la agricultura innovadora que podría traernos más alimentos y menos caros. Esperemos.

La inflación ha beneficiado a los súper

Los precios se han moderado en febrero, bajando al 2,8%  anual. Con ello, parece cerrarse el ciclo de alta inflación, que ha durado 3 años, el peor 2022 (cuando los precios subieron +6% y hasta +10% en verano). Este ciclo ha beneficiado sobre todo a los supermercados, que ganan cuota de ventas (acaparan el 74,9%), en perjuicio de las tiendas tradicionales, logrando beneficios récord. Y las subidas, sobre todo en los alimentos (17 meses subiendo más del 10%), han cambiado nuestras tendencias de compra: ahora, los consumidores sólo buscan ofertas o marcas blancas y miran más el precio que la calidad o el origen, en perjuicio del campo español. Lo peor es que la inflación ha deteriorado las cuentas de los hogares y comemos peor: menos frutas, verduras, carnes y pescados, sobre todo las familias con menos ingresos. Y hay 550.000 niños que apenas comen carne y pescado. Todavía los alimentos están caros, por lo que seguirá la guerra de precios y ofertas en el súper todo el año 2024.  

                   Enrique Ortega

La inflación en febrero (+ 2,8% anual, la más baja desde agosto), anticipada hoy por el INE, parece confirmar una tendencia, tras los datos de enero (+3,4%), diciembre (+3,1%) y noviembre (+3,2%): la inflación se modera, en el entorno del 3%, donde no estaba desde agosto de 2021 (+3,3% anual). Y parece que se cierra un ciclo de alta inflación, que ha durado casi 3 años, con 13 meses de inflación por encima del 6% (todo 2022) e incluso por encima del 10% (junio, julio y agosto de 2022). Ahora, salvo “sustos” por la energía o los conflictos geopolíticos (Ucrania, Palestina y cierre del Mar Rojo), se espera una inflación moderada en 2024, subiendo entre el 3 y el 3,5%, en España (+3,3%) y en toda Europa (+3,2%).

Pero seguirán caros los alimentos: subieron un +7,4% anual en enero y se han "estabilizado en febrero", según el INE, tras 17 meses subiendo más del 10% anual (entre abril de 2022 y septiembre de 2023). Y eso, porque el cambio climático ha reducido drásticamente muchas cosechas, lo que mantiene precios altos, junto al aumento de costes a los agricultores y ganaderos y la recuperación de márgenes en la larga cadena alimentaria. De hecho, llenar el carrito de la compra subió un +30,8% entre septiembre de 2021 y septiembre de 2023, afectado a 9 de cada 10 productos que compramos, según un estudio de la OCU. Y estiman que, sólo en el último año, la cesta de la compra se encareció un +14,1%, afectando al 90% de los productos que compramos, en especial al azúcar (+66%), zanahorias (56%), cebollas (+40%), arroz (+36%) y aceite (+21%). Si la cesta media de una familia es de 502 euros al mes, estamos pagado 118 euros más al mes que hace dos años (384 euros).

Esta subida en la cesta de la compra no va al campo, a los agricultores y ganaderos, que se quejan de que sus precios no cubren costes en muchos productos y que sus márgenes apenas han subido, que las subidas de precios se quedan por el camino: intermediarios, almacenes de distribución, empresas de alimentación, transporte, grandes distribuidores, supermercados y puntos de venta. El sector y los expertos llevan años pidiendo que el Ministerio de Agricultura publique los datos de la cadena alimentaria, pero no se hace de forma transparente y apenas se han aplicado sanciones a los que compran por debajo de coste o disparan márgenes. Pero hay un Observatorio de Precios, el de la organización agraria COAG, que publica mensualmente la diferencia de precios agrícolas y ganaderos entre origen y destino.

En enero de 2024, el último Informe (IPOD) refleja que los productos agrícolas se venden en destino a una media de 4,17 veces más del precio que se paga en origen. Y en los productos ganaderos pagamos 3 veces el precio de origen. Esta enorme diferencia es casi la misma que hace un año (4,50 veces se pagaban los productos agrícolas y 2,93 veces los ganaderos). Hay ejemplos “sangrantes”: limón (se paga el agricultor a 0,20 kg y se cobra al consumidor a 1,96 euros, 9,8 veces más), patata (de 0,32 a 1,83 euros, 5,72 veces más), plátano (de 0,27 a 2,25, 8,33 veces más), naranja (de 0,39 a 2,05, 5,26 veces más), tomates ensalada (de 0,61 a 2,39, 3,92 veces más), ternera (de 5,45 euros a 21,03, 3,86 veces más), pollo (de 1,119 a 3,28, 2,76 veces más), cerdo (de 1,66 a 6,45, 3,89 veces más), huevos (de 1,67 a 2,46, 1,47 veces más) o leche (de 0,52 a 0,92 euros litro, 1,77 veces más).

Los supermercados se defienden diciendo que ellos no han disparado los precios de los alimentos, que su margen de venta es inferior al 5% y que sólo ganan dinero gracias a su volumen, a su aumento de ventas. Una facturación que se les ha disparado a cifras históricas estos años, gracias a la inflación, a esa subida del 30,8% en la cesta de la compra. Y ese tirón de la facturación se ha traducido en beneficios históricos para los supermercados (el sector de la alimentación, desde la agricultura a la industria y la distribución, es el que más ha aumentado sus beneficios con la inflación, según el Banco de España), mientras el campo se queja y los consumidores pagamos más. Pero, además, este ciclo de alta inflación (2021-2023) ha coincidido con una “guerra de precios”, en la que los grandes supermercados han ganado cuota de mercado, en perjuicio de las tiendas pequeñas de barrio.

El proceso de crecimiento y concentración de los supermercados lleva dos décadas, pero se ha acelerado en los últimos años y sobre todo a partir de 2021, con la inflación. Así, en 2002, los supermercados (e hiper) concentraban dos tercios de las ventas de alimentos y droguería y limpieza (62,1%). Saltaron al 69,4% en 2019 y cerraron 2023 con una cuota de mercado del 74,9%, según la consultora Kantar. Y precisamente, del 12,8% que los super han aumentado su cuota, casi la mitad ha sido desde 2019. La mayor ganancia de cuota la tuvieron el año de la pandemia (+2,2% en 2020) y los dos años con mayor inflación, 2022 (+1,7%) y 2023 (+1,3%). En paralelo, estos años han seguido cerrando tiendas tradicionales (fruterías, carnicerías, pescaderías, tiendas de barrio), que no han podido afrontar la mayor competencia y la guerra de precios desatada por los súper.

Los supermercados más grandes son los más beneficiados por la alta inflación de estos años y la consiguiente guerra de precios. Sobre todo, Mercadona, cada vez más líder: cerró 2023 con una cuota de mercado del 26,2%, según Kantar, +0,6% más que en 2022 y +3% más que en 2019. Su poder de mercado es tal que por sus 1.619 tiendas han pasado en 2023 el 95,2% de los compradores españoles… Le sigue, a mucha distancia, la cadena francesa Carrefour, con un 9,9% de cuota (+0,2% que en 2022 y +1,1% que en 2019), que visitan el 65,2% de los compradores. El 3º en el ranking es la cadena alemana Lidl, con un 6,4% de cuota (+0,5% que en 2020 y +0,1% que en 2019), seguida del Grupo Eroski, con 4,4% de cuota (+0,1% que en 2022 y -0,1% que en 2019) y del Grupo DIA, con 4,1% de cuota (la única que perdió cuota en 2023, -0,5%, por la venta de 233 tiendas a Alcampo). Estas 5 grandes cadenas de supermercados controlan más de la mitad del mercado (51%) de alimentación, droguería y limpieza en España, seguidas de Consum (3,4% cuota), la francesa Alcampo (3,1%) y la alemana Aldi (1,5%), aunque el 2º mayor grupo lo constituyen los supermercados regionales (17% del mercado cuota), que siguen ganando cuota.

En el último año, Mercadona ganó mercado a partir de abril, cuando estaba perdiendo cuota y decidió recortar el precio de 500 productos. Las otras dos cadenas con fuerte crecimiento han sido las alemanas Lidl y Aldi, que se dedican a abrir nuevas tiendas y gastan mucho en publicidad (sobre todo en TV). Y también crece más Carrefour, apoyada en sus promociones y su programa de fidelización, en tanto aguanta Eroski en la zona norte y se sostiene Alcampo, con más tiendas y promociones. Lo que más sorprende es el fuerte crecimiento de los súper regionales, asentados en marcas locales y una buena oferta de frescos, que en algunas zonas superan el 20% de cuota de mercado.

Para 2024, todas las cadenas de supermercados apuestan por seguir ganando cuota a costa de mayores ventas de productos frescos, que son la esencia de las tiendas tradicionales de barrio, que sólo tienen un 24,1% del mercado de alimentos y limpieza pero que todavía acaparan el 32,5% de las ventas de productos frescos, sobre todo frutas y verduras (40% ventas en tiendas tradicionales) y pescado fresco (34,1% cuota). Y también hay una pelea de los súper por los alimentos para mascotas (el 37,8% en tiendas especializadas) y por la venta de platos preparados (21% en tiendas especializadas).

La alta inflación de los tres últimos años ha provocado un cambio en muchos hábitos de compra de los consumidores, según refleja la consultora Kantar. El primero y fundamental, que cada vez compramos más por precio, no por calidad ni por origen. Es algo que se ha consolidado en 2023, el primer año en que las compras por precio (38%) han superado a las compras por calidad (29%), según la Encuesta de hábitos de consumo de MPAC.  Eso provoca que los consumidores hayamos aumentado las visitas para comprar, llenando la cesta entre distintos supermercados y tiendas, para aprovechar precios, ofertas y promociones: casi la cuarta parte de todo lo vendido en 2023 han sido productos en oferta, según la consultora Nielsen. Eso sí, en cada visita, la mayoría (un 74% de los consumidores) compra menos y con una lista escrita, para evitar “caprichos” y disparar el ticket.

Otra tendencia clara en la compra de estos años es el auge de las marcas blancas, las marcas de distribuidor, que ganan peso: en 2023 supusieron el 43,4% de la cesta de la compra, frente al 38,3% en 2021, según la consultora Kantar, con lo que los españoles somos los europeos que más compramos marcas blancas, mientras bajan las marcas de fabricantes. Y hay supermercados, los líderes, donde el peso de las marcas blancas (propias) en las ventas es abrumador, como es el caso de Mercadona (74,5% en 2023), Lidl (81,9%), Aldi (69,3%) o Día (56,3%), mientras también crece en otras cadenas donde tienen menos peso, como Carrefour (31,4%), Eroski (28,4%), Alcampo (24,3%) o incluso El Corte Inglés (un 15,2% de las ventas son ya marca blanca ECI). Sin embargo, el empuje de los supermercados regionales se hace con marcas de fabricantes (y frescos).

En las compras de alimentos, limpieza y droguería, la venta online ganó terreno en 2023, pero lentamente, aunque creció en el 23% de las categorías. Y se espera que este canal siga creciendo, sobre todo para ventas de productos no frescos y de mucho peso o volumen, aunque en Mercadona, por ejemplo, los clientes apuestan más por los pedidos a domicilio que las compras online, que prefieren solo algunos clientes más jóvenes.

Cara a 2024, aunque los precios suban menos, los expertos creen que seguirá la “guerra de precios”, en base a promociones, ofertas y formulas de “fidelización” (puntos canjeables). Y la otra batalla de los supermercados serán los frescos, conseguir que el cliente cargue en el carrito frutas, verduras, carnes y pescados no congelados. Es la gran asignatura pendiente que no acaba de aprobar Mercadona (tampoco Alcampo, Lidl, Dia y Aldi) y en la que triunfan muchas cadenas regionales. Pero, a pesar de ofertas, promociones y marcas blancas, la alimentación seguirá con precios altos en 2024 (la subida anual fue el +7,4% en enero, según el INE, más del doble que el IPC general, +3,4%), por las malas cosechas, las subidas de costes en el campo y los altos márgenes a lo largo de la cadena alimentaria (al menos hasta que haya información y multas ejemplares).

Otra consecuencia de los altos precios de los alimentos es el cambio en los hábitos alimenticios de los españoles: comemos menos frutas, verduras, carnes y pescados que antes, porque son los alimentos que más han subido estos años. Y, además, el 63% de las familias consume ahora alimentos de peor calidad, según un estudio de Facua. Se ha reducido la dieta de ternera (-15% en dos años) e incluso de pollo (el 60,7% lo consumen una vez por semana), de frutas y verduras (sólo el 62% de los encuestados las consume 4 de 7 días, frente al 77,7% que lo hacían antes) y de pescado (el 60,9% familias lo consume sólo 1 vez a la semana). Una peor alimentación, por la inflación, que es malo para la salud.

Pero hay más. La alta inflación y los elevados precios de los alimentos ha dañado más a las familias con menos ingresos, las más vulnerables, que han tenido que reducir otros gastos o no pagar recibos para poder comer. Y para poder comer peor. La alta inflación ha provocado que el 9,3% de los españoles llegara a fin de mes con mucha dificultad en 2023 (el 8,7% en 2022), según la última Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Y que un 6,4% de la población (más de 3 millones de españoles) no hayan podido comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. Además, como la inflación ha aumentado la pobreza, hay un 6,9% de niños y adolescentes (556.000 menores de 18 años), que tienen problemas para comer cada 2 días carne, pollo o pescado, según la ONG Educo. No es sólo que los alimentos sean caros, es que muchos españoles se ven obligados a comer peor.

En resumen, parece que lo peor de la inflación ha pasado, pero todavía será cara la comida, en especial los productos frescos, los más necesarios para una dieta sana. Y como reacción, comprar será otro año más una dura tarea, que nos obligará a comparar precios y buscar ofertas y promociones. Y seguiremos comprando más por precio que por calidad o por origen, lo que perjudicará a nuestros agricultores y ganaderos, porque los distribuidores y supermercados buscarán lo más barato, venga de donde venga. Es lo que hay.

Protestas del campo: razones y sinrazones

Los agricultores han sacado sus tractores por toda España y media Europa para protestar por su difícil situación y pedir ayudas y cambios. Tienen muchos motivos razonables para quejarse: bajos ingresos, producir a pérdidas mientras los precios engordan camino del súper, importaciones masivas de alimentos más baratos y con menos controles, daños por la sequía y competencia de grandes empresas. Otras quejas son menos razonables: exigencias medioambientales y de bienestar animal, abandono de Europa y los Gobiernos (la PAC gasta en el campo un tercio del Presupuesto UE), exceso de burocracia (las ayudas hay que controlarlas) y negativa a acuerdos comerciales con terceros paises (que facilitan exportaciones europeas). El problema de fondo es que el campo necesita una profunda reconversión, que exige incorporar jóvenes, inversiones, tecnología y cambios en los cultivos y la gestión, agrupándose en cooperativas fuertes que negocien precios. Y, además, que agricultores y ganaderos se sientan valorados y no abandonados por la cultura urbana dominante. Los móviles no se comen. 

              Protesta agricultores febrero 2024

En los últimos 70 años, España ha pasado de ser un país agrícola a uno de servicios, con el campo perdiendo peso en la economía y el empleo. Basten tres datos. Uno, la caída drástica de la aportación de la agricultura al PIB español: de suponer el 29,9% de la economía en 1950 cayó al 11,3% en 1970, al 5% en 1990, al 4% en el año 2000 y al 2,34% en 2022. Dos, otra caída drástica en el número de explotaciones agrarias: de tener 2.690.000 en 1976 se pasó a 1.420.300 en 1990, a 1.289.451 en 1999, a 989.796 en 2009 y a 914.871 explotaciones agrarias en 2020. Y tres, la caída del empleo en el campo, incluso en este siglo: de 813.200 ocupados en 2008 (de ellos, 432.300 asalariados) se pasó a 793.900 en 2019 (499.300 asalariados) y a 770.700 ocupados en el campo en 2023 (477.000 asalariados).

Aunque los agricultores paralicen carreteras y ciudades con sus tractores y protestas, su poder real en la economía es cada vez menor y lo saben, mientras el resto de españoles no valoran suficiente que nos den de comer cada día. Pero, sobre todo, los agricultores y ganaderos saben que trabajan 365 días, sin horarios ni vacaciones, y que sus ingresos son más bajos que los del resto del país. Por un lado, la renta agraria es un 40% inferior a la media española. Y por otro, hay una gran desigualdad (en toda Europa) entre la renta de la población rural (el 75% de la media) y la renta de los que viven en las ciudades (125% de la renta media). Así que el campo sufre “un agravio de ingresos”. Pero además, sienten “un agravio subjetivo” frente a la ciudad, se sienten “abandonados” por la sociedad y los políticos, por unas élites urbanas que no valoran su papel económico y social. Dos agravios, económico y vital, que están detrás de estas protestas del campo.

Pero, además, hay problemas concretos que sufren en su trabajo y que han sacado a las calles en pancartas y declaraciones: sus “razones” para la protesta, unas más justificadas que otras, según analiza este excelente artículo de Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y profesor del CSIC. Repasémoslas.

La primera razón de las protestas agrarias es que las cuentas del campo se han deteriorado en los dos últimos años, con la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Los datos revelan que los costes (energía, fertilizantes, forraje, financiación, sueldos…) les han subido mucho más (un 20% de media) que los ingresos, porque apenas han podido repercutirlos en los precios que cobran y además han producido mucho menos, por la sequía y las malas cosechas. La producción agraria cayó un -5,5% en 2022 y ha crecido un +11% en 2023, gracias a que los costes se han moderado y han subido algunos precios. Pero sigue habiendo agricultores y ganaderos que producen “a pérdidas” o con una mínima rentabilidad. Y mientras, los consumidores pagamos los alimentos en los súper mucho más caros.

Los que tienen ganado o un cultivo protestan con razón de que los alimentos suben y ellos no reciben más por su trabajo, porque el beneficio se queda por el camino, entre los grandes distribuidores, el transporte, las fábricas de alimentos y los súper. Por eso piden que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021 para regular el proceso e impedir que agricultores y ganaderos vendan a pérdidas. Se quejan de que no se cumple y que la Agencia de Información y Control alimentario no publica datos de costes y precios ni inspecciona suficiente ni pone multas ejemplares. Quien publica datos mensuales es la organización agraria COAG, cuyo Observatorio de Precios revela que, este enero, los precios agrícolas que pagamos en el súper fueron 4,17 veces los que cobraban los agricultores. Y 3 veces los productos ganaderos. Hace un año, en enero de 2023, pasaba algo parecido: pagábamos los alimentos 4,50 veces más y las carnes 2,93 veces más que pagan al campo. Hay ejemplos escandalosos: el limón (nos cuesta 9,8 veces lo que cobra el productor), el plátano (8,33 veces), la patata (5,72 veces), el tomate (3,92 veces), la ternera (3,86 veces), el cerdo (3,89 veces), el pollo (2,76 veces), la leche (1,77 veces) o los huevos (1,47 veces).

El segundo motivo de las protestas es la competencia “desleal” de los alimentos que se importan de fuera de Europa “sin control”, una pancarta con “razones” y “sinrazones”. Por un lado, es verdad que las importaciones agrícolas se han disparado (de 28.700 millones en 2013 a 54.100 millones en 2022, un +88,5%), pero la mayoría son alimentos que vienen de Francia (4.734 millones), Paises Bajos (3.583 millones), Alemania (3.185 millones), Portugal (3.007 millones) e Italia (2.407 millones) y son menores las compras a Brasil (3.973 millones), China (2.130 millones), EE. UU. (2.033 millones), Marruecos (2.108 millones) y Ucrania (1.890 millones). Y no dicen que, en paralelo, España se ha convertido en el 4º mayor exportador de alimentos de Europa: hemos pasado de vender fuera 37.600 millones en 2013 a 68.000 millones de euros en 2022, un +80,85%), alimentos producidos en el campo español y que se venden en Europa, pero también en USA, China y Marruecos (1.063 millones).

Además, no es verdad que estos alimentos extranjeros entren en España “sin control”: Agricultura controla las importaciones, el origen, la calidad y los productos fitosanitarios que contienen, que han de cumplir las normas europeas. Concretamente, en el puerto de Algeciras, donde llegan un tercio de los alimentos importados, se controlan cada día contenedores y camiones (ver noticia TVE). Una crítica justificada es que este control es menor en Europa, donde apenas se controlan las entradas masivas por Holanda y donde la mayoría hacen controles a los alimentos importados en los mercados, no en frontera como España.

Otra petición de los agricultores estos días es que Europa no firme acuerdos de libre comercio con terceros paises, porque perjudican a los agricultores al facilitar (bajando o suprimiendo aranceles) la llegada de alimentos extranjeros. Las organizaciones agrarias europeas presionan para que la Comisión no firme el Tratado de libre Comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), tras haberse ratificado en diciembre el Tratado con Nueva Zelanda y mientras se negocian otros Tratados de la UE con Chile, México, Kenia, India o Australia. Y critican el Acuerdo de Asociación con Marruecos, que entró en vigor en 2020, y las facilidades de entrada a los productos de Ucrania, tras la invasión rusa.

Aquí, las pretensiones agrarias de volver al proteccionismo alimentario no son razonables. Primero, porque la producción agrícola europea no alcanza para alimentarnos y necesitamos importaciones. Y en el caso de Ucrania, ha sido otra forma de ayudarles. Segundo, porque esos Acuerdos comerciales que firma la UE con terceros paises permiten a las empresas europeas invertir y vender fuera, manteniendo empleos europeos no agrarios, desde la industria a los servicios. Y tercero, porque cuando hablan de “competencia desleal”, están hablando de alimentos que son más baratos, básicamente, porque los sueldos en el campo en esos paises son mucho más bajos: un trabajador en Marruecos, por ejemplo, gana 300 euros (los niños, que allí trabajan, menos) y en España 1.134 euros de SMI .Y el 70% del coste de un tomate es mano de obra. Se puede intentar poner “clausulas espejo”, obligar a que los fertilizantes, pesticidas y las condiciones laborales de paises terceros sean similares (algo difícil de conseguir), una medida que apoyan España, Francia y paises del Este, pero no la mayoría de Europa (priorizan el abastecimiento) ni la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otra queja de los agricultores es que Europa y los Gobiernos “les abandonan”, no les ayudan. Tampoco es razonable. Si hay un sector “mimado” por los Presupuestos europeos es el campo, desde que en 1962 se puso en marcha la PAC (ver historia y objetivos), para asegurar el suministro alimentario y consolidar las zonas rurales. En 2021, la PAC aportó al campo europeo 98.107 millones de euros en ayudas directas (55.713 millones) e indirectas, el 33% de todo el Presupuesto UE. España fue el 2º país receptor (ver reparto por paises) de todas estas ayudas agrícolas europeas (11.871 millones, el 12,1% del total), tras Francia (16.092 millones, el 17,1%) y por delante de Alemania (11,2%), Italia (10,5%) y Polonia (8,8%). Para el periodo 2021-2027, la PAC aportará al campo europeo 386.602 millones de euros (45.000 para España), un 31% del Presupuesto UE.

Así que no están abandonados. De hecho, un tercio de los ingresos que obtienen los agricultores europeos (y españoles) vienen de la PAC. Otra cosa es que esta ayuda básica haya estado mal repartida: hasta 2022, en España, el 20% de agricultores más ricos se han llevado el 80% de las ayudas PAC. Y el 2% de agricultores se llevan las ayudas más altas (entre 50.000 y más de 500.000 euros), mientras el 70% de agricultores y ganaderos reciben menos de 5.000 euros. Algo que se pretende cambiar desde 2023, con una reforma de la PAC, que vincula más las ayudas a los rendimientos y características de las explotaciones agrarias.

Una queja generalizada en estas protestas agrarias ha sido la crítica a las “exigencias medioambientales” desmedidas que se imponen al campo europeo: restricciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios, rotación de cultivos, 4% de tierras en barbecho, obligación de dejar pastos permanentes, no quema de rastrojos, protección de humedales, bienestar animal… En general, muchos agricultores se quejan (apoyados por VOX y parte de la derecha “negacionista climática”) del papel que les obligan a tomar en la defensa del medio ambiente (a cambio de las ayudas de la PAC), exigencias que consideran “exageradas” y que les obliga a dedicar tiempo a tareas burocráticas, como el llevar al día un “cuaderno digital de la explotación”, para facilitar el seguimiento de la PAC (y controlar las ayudas).

Veamos por qué algunas de estas posturas no son “razonables”. En primer lugar, los agricultores deberían ser los primeros interesados en cuidar el medio ambiente, porque el campo europeo está muy deteriorado, por la desertificación y la falta de lluvias: entre el 60 y 70% del suelo europeo está muy deteriorado, según la Agencia Europea del medio Ambiente, y la aridez ha aumentado un 84% en España, con un tercio de los suelos desérticos en Murcia y Almería. Se están perdiendo cultivos y especies y la falta de agua es un mal endémico en todo el sur de Europa. Por ello, parece razonable reducir el uso de productos químicos y fertilizantes, apostar por cultivos que utilicen menos agua y cuidar al máximo los ecosistemas, sobre todo ante la imparable crisis climática. Y para ello, agricultores y ganaderos deben ser protagonistas claves, los primeros “agentes ecológicos”. Otra cosa es ayudarles en su tarea, flexibilizando exigencias y tareas burocráticas, para lo que deberían agruparse. Y en el caso de la sequía, modificar el sistema de seguros agrarios, para que abarquen a más cultivos y a más explotaciones, con ayudas públicas y reconversión de cultivos.

Y luego hay un tema que el campo no destaca en sus protestas, la necesaria reconversión y modernización del campo español (y europeo). De las 914.871 explotaciones existentes, el 51,5% son muy pequeñas, de menos de 5 hectáreas, y les resulta muy difícil competir con grandes explotaciones agrícolas y ganaderas (las “macrogranjas), que tienen cada día más poder en la elección de cultivos y en la fijación de precios. Además, 7 de cada 10 explotaciones tienen al frente a un hombre, en su mayoría mayor (el 41% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años), con lo que hay pocas mujeres y jóvenes. Urge una renovación generacional del campo, que modernice explotaciones y aporte las ventajas de la digitalización y las nuevas tecnologías, mejorando la baja productividad de las explotaciones (1.183 euros por Ha., 400 euros menos que en Francia o Alemania). Un “nuevo agricultor”, más profesionalizado y que invierta más, con ayuda de otros: el cooperativismo, la agrupación de productores es clave para competir mejor con los grandes y con los intermediarios.

Hasta aquí el análisis de las razones y sinrazones de las protestas del campo. Pero no olvidemos que es una protesta “patronal”, de empresarios y autónomos, no de los trabajadores del campo, que están mucho peor que los dueños para los que trabajan. En España hay 477.800 asalariados del campo, una cuarta parte extranjeros (22,9%) o con doble nacionalidad (2,9%), que trabajan en condiciones muy precarias: muchas horas (39,6 frente a 36,7 el resto trabajadores), con más contratos temporales (37,6% frente al 16,5% de media), peores sueldos (1.477 euros de media, los terceros más bajos tras la hostelería y las empleadas del hogar) y más muertes (72 en 2023). Y muchos inmigrantes trabajan en el campo, como temporeros, en condiciones penosas y sin contrato, denunciadas por la ONU.

En resumen, muchas de las protestas del campo pueden y deben ser atendidas, con las propuestas que España llevará al Consejo de Agricultura europeo del 26 de febrero: más información de precios y costes, más control importaciones y más flexibilidad con “el cuaderno digital de explotación” y algunas exigencias medioambientales de la PAC. Pero cuando vuelvan con sus tractores a casa, agricultores y ganaderos tendrán que afrontar el problema de fondo: rejuvenecer y modernizar sus explotaciones, agruparse más en cooperativas, renovar cultivos y producciones, adaptándose a la sequía y el medio ambiente. No podemos seguir cultivando aguacates en el país con menos lluvia de Europa. Hay que profesionalizar más las tareas agrícolas, con más tamaño e inversión, para aumentar la productividad y mejorar la calidad de los alimentos, que necesariamente tendremos que pagar más caros. No es de recibo que dos tomates cuesten menos que un café o una cerveza. Habrá que pagar la comida por algo más de lo que valga producirla con calidad y ecología. Hagámonos a la idea.  

Los alimentos siguen subiendo

La inflación volvió a bajar en noviembre, por 4º mes consecutivo, hasta el +6.8% anual, el nivel de principios de año y la menor inflación anual en Europa. Esta bajada se debe a la menor  subida de la luz y los carburantes, pero los alimentos siguen subiendo, más del doble que el IPC: +15,4% en octubre, el mayor aumento desde 1994. Y hay 19 alimentos que suben más del 10% anual (ojo: azúcar, harinas, mantequilla, legumbres y hortalizas, leche y huevos suben más del 20%). Todo apunta a que la cesta de la compra se disparará en diciembre, por la Navidad. Un grave problema para la economía de las familias, sobre todo las más vulnerables, donde la comida se lleva el 20% del gasto. Y no se toman medidas para frenar esta subida, como se ha hecho con la luz y los carburantes. Urge pactar un recorte de márgenes, que se quedan en el camino del campo al súper. Y algún tipo de cheque comida para las familias más pobres.

Enrique Ortega

La inflación sigue siendo un grave problema en toda Europa, aunque se ha moderado algo  en noviembre (bajando del 10,6 al 10% en la zona euro). En España ha bajado mucho más, por 4º mes consecutivo, del 7,3% en octubre al 6,8% en noviembre, según el IPC adelantado del INE, que nos sitúa como el país de la zona euro con menos inflación anual (cercana al 6,5% con que empezamos 2022), ya por detrás de Francia (7,1%) y muy por debajo del nivel de precios de Italia (+12,5%), Alemania (+ 11,3%), Países Bajos (+11,2%), Bélgica (+10,5%) o Portugal (+10,3%), según el indicador adelantado de Eurostat.

La nueva bajada de la inflación en España en noviembre se debe a las menores subidas en la luz y los carburantes, por el efecto positivo de las bajadas de impuestos a la electricidad y el tope al precio del gas para producir luz que autoriza la excepción ibérica y por la bajada de los precios internacionales del petróleo y los carburantes en noviembre, ayudados por los 20 céntimos de subvención del Gobierno al repostaje. Pero lo que no bajan son los alimentos, que, a falta del dato concreto de noviembre, llevan ya 10 meses consecutivos subiendo, desde febrero de 2022: subieron del +4,8% de enero 2022 al +5,6% de febrero, se dispararon al +10,1% en abril y siguieron su carrera ascendente, alcanzando una subida del +12,9% en junio, que se aceleró en verano, para alcanzar un aumento anual del +15,4% en octubre, el último dato detallado del INE, a falta de concretarse la subida de noviembre.

Una subida anual de los alimentos inédita en la historia reciente (desde 1994, que hay datos del IPC) y que dobla con creces la subida del IPC general, que era del 7,3% en octubre (y el 6,8 % en noviembre). Pero esa subida media esconde que hay 19 alimentos básicos que han subido más del 10% en el último año. Y entre ellos, hay 6 alimentos que suben ya más del 20% anual, hasta octubre: azúcar (+42,8% de subida en el último año), harinas y cereales (+37,8%), mantequilla (+34,1%), legumbres y hortalizas (+25,7%), leche (+25,6%) y huevos (+25,5%), según el IPC de octubre (INE). Y le siguen muy cerca las subidas de las patatas (+19%), queso (+18,7%), pollo (+18,3%), arroz (+16%), aceite de oliva (+15,7%), pan (+14,9%), vacuno (+14,9%), pizzas (+14%), sal y especias (+13,1%), frutas (+12,8%), pescado congelado (+12,7%), cerdo (+12,3%) y pescado (+11%).

Con todo, esta subida histórica de los alimentos en España es también inferior a la subida de los alimentos en la mayoría de Europa: hay 16 países UE donde la subida de los alimentos ha sido mayor que en España, según los últimos datos de Eurostat, que revelan cómo la subida del +15,4% en España es inferior al +19,3% que han subido los alimentos en la UE-27, a la subida en Alemania (+20,3%), Portugal (+18,6%) y los tres países nórdicos (+15,7 al 17,2% de subida), aunque han subido más aquí que en Grecia (+14,8%), Italia (+13,6%), Francia (+12,9%), Irlanda (+10,6%) y la mayoría de los países del Este.

¿Por qué siguen subiendo tanto los alimentos? Hay tres tipos de causas. La primera y fundamental, el aumento de los costes de producción a agricultores y ganaderos: fuerte subida de la luz y el gas, del gasóleo, de los cereales y piensos para alimentar el ganado (la comida para gallinas, pollos, cerdos o vacas ha subido entre un 30 y un 40% en el último año), de los fertilizantes  (+70%). Y a ello se suma el encarecimiento de los costes de transporte y los envases de los alimentos. Un segundo factor clave han sido el clima y las malas cosechas, que han reducido la producción de cereales y aceite (entre un -30% y un -40%). Y luego hay causas específicas, ligadas a alimentos concretos. Es el caso del azúcar (subida del +42,8%), cuyo precio internacional se ha disparado por las menores exportaciones de Brasil (que ha desviado parte de la caña de azúcar a producir bioetanol para aprovechar la subida de los carburantes) y la India (que se ha reservado más producción propia). O de la leche, cuyo precio se ha disparado (+25,6%) no sólo por el aumento de costes sino por el cierre de ganaderías (-7% en el último año). O la subida del pollo (+18,3%) y los huevos (+25,5%), donde han jugado también, junto al aumento de costes, la gripe aviar y el cambio de producción de jaula al suelo (que encarece un 18% el coste de las granjas).

Otro factor clave en la subida de los alimentos ha sido la depreciación del euro, que encarece todos los productos importados que hay que pagar en dólares. Con esta crisis, el dólar ha vuelto a comportarse como “un valor refugio”, apoyado en su remontada por la diferencia de tipos de interés entre EEUU (4%) y Europa (2%), que atrae capitales y refuerza aún más el dólar. Entre el 23-F (el día antes de la invasión de Ucrania) y hoy, el euro se ha depreciado un -7,7% respecto al dólar, lo que significa que los alimentos importados (cereales, harinas, piensos, pescados, carnes o azúcar) cuestan un 7,7% más al pagarlos en euros, además de la subida que hayan podido tener en dólares.

Pero hay otro factor clave del que se habla poco: los márgenes que se van sumando a los alimentos, desde el campo al súper, en una cadena que tiene muchos intervinientes: mayoristas que compran al agricultor y ganadero, cadenas logísticas de transporte y distribución, mercados mayoristas (Mercas), grandes distribuidores y tiendas y supermercados minoristas. En general, los consumidores finales tenemos pocos datos de cuántos márgenes se van sumando al precio inicial y acabamos pagando al comprar los alimentos. Veamos las pistas que nos dan los datos publicados.

El Ministerio de Agricultura publica el índice de precios nacionales, con el precio en origen y el precio en los Mercas. Pero no publica todos los precios, sólo algunos. Y ahí vemos que los precios en origen, los que se pagan al agricultor, han subido: un 16,3% la ternera entre la primera semana del año (4,40 euros kilo) y mediados de octubre (5,11 euros), un 34,3% el pollo, un 53,7% los huevos, un 69% la patata, un 54,2% el tomate, un 33,7% las naranjas o un 31,7% el plátano. Luego hay que ver la subida, en esas mismas fechas, en los Mercas, aunque falta mucha información. En las patatas, el precio en el Merca sube menos (+64,9%) que al agricultor, en las judías verdes sube el doble (+99,4% en los Mercas frente al 38% al agricultor), en el tomate también sube más en los Mercas (+63,9%) y muchísimo más en el caso de las naranjas (+422% de enero a octubre) y el plátano (+117%).

Es sólo una muestra, porque lo ideal sería tener “un escandallo” del precio de cada alimento, con el detalle del margen que se carga en cada fase, entre el agricultor y ganadero y la tienda final. Lo más parecido es el índice IPOD que publica desde hace años la organización agraria COAG. El de octubre indica que los productos agrícolas multiplican su precio 4,26 veces entre el agricultor y el consumidor. Y carnes, leche y huevos, se encarecen 2,76 veces, lo que da un aumento general de los alimentos de 3,95 veces. Y aporta ejemplos muy ilustrativos: el ajo sube 9,20 veces (de 0,65 euros kilo que se paga al agricultor a 5,98 euros kilos que paga el consumidor, la patata 4,71 veces (de 0,34 a 1,64 euros kilo) , los tomates 2,51 veces (de 0,84 a 2,11 euros kilo), la lechuga 7,13 veces (de 0,16 a 1,14 euros kilo), el melón 3,73 veces (de 0,49 a 1,83 euros kilo), la ternera 3,71 veces (de 5,12 a 18,99 euros kilo), el pollo 2,33 veces (de 1,38 a 3,21 euros kilo), la leche 1,98 veces (de 0,47 a 0,93 euros litro) y los huevos 1,39 veces (de 1,47 a 2,05 euros docena).

El sector agroalimentario, desde los mayoristas a los grandes distribuidores, híper y súper niegan que ellos estén subiendo sus márgenes. Incluso algunos dicen que no están repercutiendo al consumidor todos los aumentos de costes. Pero hay un dato cierto: los precios de la energía (luz, gas, carburantes) llevan 4 meses consecutivos cayendo y los alimentos siguen subiendo, a pesar de la reducción de una parte importante de los costes (energía y transportes). Por ello, muchos consumidores se temen que esta rebaja de costes se está llevando a los márgenes y no a bajar los precios finales. El problema es que el Gobierno, niega que los alimentos suban porque suben los márgenes: “Dejémoslo claro: la cadena alimentaria está funcionando de forma correcta en España (…) Tenemos un problema de costes, no de márgenes”, declaró el ministro de Agricultura, Luis Planas, en  noviembre.

También dijo el Ministro de Agricultura que los precios de  los alimentos “no van a bajar a corto plazo”, sino que “subirán muy probablemente de aquí a Navidad: no lograremos reducirlos, aunque espero que a principios de año disminuyan de forma significativa”. Es lo que cree también el Banco Mundial, que augura una subida mundial de los alimentos del +18% este año, que subirían sólo el +6% en 2023 y se estabilizarían en 2024, aunque reconoce que la previsión depende de que se moderen los precios de la energía (no hay garantías) y de que no se repitan los problemas climáticos extremos, que hunden las cosechas.

En definitiva, que el Gobierno “ha tirado la toalla” y no toma medidas para frenar los precios de los alimentos, tras haber dedicado muchos recursos a bajar los precios de la energía. ¿Se puede hacer algo para frenar la subida de los alimentos? Las organizaciones agrarias insisten en controlar los márgenes, que les arruinan a ellos y a los consumidores. Y el sector agroalimentario, apoyado por el PP, pide bajar el IVA a los alimentos, como se ha hecho con la luz y el gas. Suena bien, pero sería injusto y problemático. Veamos por qué.

En primer lugar, el sector agroalimentario (y el PP) no dicen que España es de los paises con más alimentos al tipo superreducido del IVA del 4%. Por un lado, este tipo superreducido sólo existe en 4 paises europeos: España (4%), Francia (2,1%), Irlanda (4,8%) y Luxemburgo (3%). Y además, ese tipo superreducido ya se aplica en España a la mayor parte de los alimentos básicos: pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. De hecho, España es el país europeo, tras Italia, con más productos al 4%. En Alemania, la mayoría de alimentos pagan un IVA del 7% y en Francia un tipo superreducido del 5,5%. Se podría extender el tipo del 4% a alimentos que ahora pagan el 10% (aceites, carne, pescado, agua, conservas y productos de higiene). Pero eso tiene 2 problemas. Uno, que sería injusto, porque favorecería más a las familias con más ingresos. Y la segunda pega: tendría un alto coste para el Estado, que ya ha gastado 38.500 millones en medidas contra la inflación. Tanto la Comisión Europea como el FMI y la OCDE le han dicho a España que tiene que controlar las ayudas y centrarse en las familias más vulnerables.

Así que bajar el IVA de los alimentos no es la panacea, ya que es injusto y costoso para las arcas públicas (podría obligar a recortes en 2023), además de acarrear otro problema: que las tiendas no repercutan esa bajada del IVA en una rebaja de los precios finales al consumidor. Es difícil controlar todos los establecimientos y ya vimos lo que pasó al rebajar el IVA de las entradas de cine: muchas empresas no bajaron el precio final y lo llevaron al margen.

Hace unos meses, Yolanda Díaz se reunió con algunas grandes distribuidoras, como Carrefour, Alcampo, Lidl, Mercadona o Día para intentar un acuerdo para limitar voluntariamente los precios de algunos productos básicos. Incluso Carrefour se adelantó con una cesta de 30 productos a 30 euros (sin leche, huevos ni carnes), como ha hecho en Francia y Bélgica. Pero no se ha avanzado más y no hay “autocontrol” de precios en los supermercados, que insisten en que “están ayudando a contener los precios”. Pero la realidad es que los precios suben semana a semana y lo harán más en diciembre, por la Navidad.

La subida de la cesta de la compra es un problema muy serio para las familias, porque los alimentos suponen entre el 15% y el 16% del gasto de los hogares y supera el 20% en las familias más vulnerables. Y a diferencia de la luz, la calefacción o los carburantes, no es fácil ahorrar en comida, un gasto diario y semanal recurrente. Por eso, urge tomar medidas para frenar las subidas, ahora de cara a diciembre y la Navidad, con un control exhaustivo de los “escandallos” de precios y con multas ejemplares a los que abusen. Y en paralelo, el Gobierno debería aprobar ya un cheque comida, a entregar directamente a las familias con bajos ingresos, en colaboración con Cáritas, Cruz Roja y otras ONGs. No se puede permitir que los precios multipliquen las colas del hambre. Y menos en Navidad. Hagan algo.