Morirse es cada vez más caro y quizás por eso 21 millones de españoles pagan cada año
un seguro
de decesos, que ya cubre el 60%
de los entierros. Un seguro que es el segundo más popular en España, tras
el del automóvil, y que no se conoce en el resto de Europa. Y que supone pagar al
final de prima el triple de lo que cuesta
un entierro. Los seguros de decesos y el aumento de la mortalidad en España
alimentan un negocio boyante, el de la muerte, que cada vez factura más y donde se mueven aseguradoras y
fondos de inversión extranjeros. Y que ha alimentado una verdadera “burbuja”
de instalaciones: España es el país de Europa con más tanatorios y hornos crematorios, la mayoría vacíos. Este “despliegue
de la muerte” hay que pagarlo, mientras pocas empresas (cinco) imponen
condiciones y precios, sin transparencia ni competencia, a falta de una Ley que no llega. Hasta de la muerte abusan algunos.
La muerte es un negocio seguro y con futuro. 2016 fue el 2º año consecutivo (desde la Guerra Civil) en que hubo en España más muertes (409.099) que nacimientos (408.384). Ello se debe a la caída de la natalidad y a que crecen los fallecimientos desde 1976 por el progresivo envejecimiento de los españoles, que cada vez viven más años: si en 1941, la esperanza de vida era de 50 años, ahora supera los 83 años y para 2060 será de 90 años, el doble de vida que a comienzos del siglo XX. Vivimos más años y hay cada vez más viejos que acaban muriendo, claro. Si en 2015 se superó ya la barrera de los 400.000 fallecimientos al año, las previsiones son que sigan creciendo en las próximas décadas: se superarán las 500.000 muertes al año en 2050 y se llegará a 559.858 en 2063, según las previsiones demográficas del INE. O sea, que pasaremos de los 1.120 entierros diarios en 2016 a 1.534 entierros diarios (un 37% más) dentro de cincuenta años. Lo dicho: un negocio con futuro.
Para los españoles, la
muerte de un familiar supone un
gasto elevado y creciente, que no sólo provoca dolor sino que también trastoca el bolsillo. El coste medio de un entierro oscila entre 3.500 euros (estudio OCU 2013) y 5.000 euros, dependiendo de la ciudad donde
se muera, de los traslados y de los servicios que se contraten: es más cara una
sepultura (unos 18.000 euros) que un nicho (desde 1.500 euros) y más barata una
incineración (unos 700 euros de media). Y luego están los “extras”, desde las flores a las esquelas y las ceremonias que
se contraten, cada vez más sofisticadas.
Actualmente, sólo la mitad del coste de un entierro (49%) es el entierro en sí (ataúd, traslados, tanatorio, gestiones) y la
otra mitad se reparte entre el coste de la incineración y el cementerio (19%),
los complementos que se contraten (15% del coste se lo llevan las coronas,
lápidas, esquelas, certificados e iglesia) y los impuestos (17% del coste, por
el pago del IVA: Hacienda ingresa 650 millones al año por los entierros), según
un reciente estudio de la patronal funeraria Panasef.
En la España de las autonomías, también morirse cuesta distinto según
donde pase, a tenor de un estudio de la OCU. Las ciudades más caras
para un entierro son Barcelona (más de 6.000 euros) y Tarragona) y las más
baratas, Cuenca y Canarias. Incluso dentro de una misma ciudad, hay mucha diferencia de tarifas (cuando se
puede “elegir” funeraria, algo poco habitual, porque hay muchos lugares con
“monopolio” de una sola empresa): hay hasta
900 euros de diferencia, según la OCU. Y además, hay ciudades y pueblos en España donde no hay casi “sitio” en los cementerios
para conseguir una tumba o un nicho. Y si lo hay, a precios disparados (pasa como
con la vivienda: poca oferta y cara…).
Al final, para
afrontar este gasto, muchos españoles tienen contratado un seguro de entierro o “seguro de decesos”, algo “tipical spanish”, desconocido en el
resto de Europa, donde las familias pagan un seguro para que les abonen los
gastos funerarios pero no un seguro para que una empresa se ocupe de todo a la
hora de la muerte. El origen de este seguro tan español está en los años sesenta, cuando millones de españoles emigraron del campo a la
ciudad: contrataban una póliza de decesos para asegurarse de que cuando
murieran alguien se iba a ocupar de llevarles a enterrar a su pueblo. Y
después, ha seguido la costumbre de pagar este seguro, que ha dado un salto enorme en España: si en 1979
había 5.060.514 pólizas de decesos, en 2016 eran ya 8.029.472 pólizas, que cubrían a 21 millones de personas (2,6 por póliza), un 44,5% de los españoles, según Unespa. Con ello, el seguro de
entierro es el 2º seguro más popular en España, tras el seguro del automóvil (que es obligatorio) y por delante del seguro de salud, que tienen 11,4
millones de españoles.
El seguro de entierro
es más popular en el sur de España y
entre las familias de rentas medias y
bajas, destacando su éxito en Extremadura (lo tienen el 70,2% de la
población), Asturias (64,1%) y Andalucía (60,5%), así como en Cádiz (78% de los
gaditanos tienen seguro de decesos), Ávila y Badajoz (71%). Y hay pocos seguros de entierro en la España rica, donde
menos en Baleares (22% población) y Navarra (23,2%), según la patronal aseguradora Unespa. La mayoría de los que tienen una póliza de
decesos superan los 45 años, pero
como muchas pólizas son familiares, también hay jóvenes “cubiertos”. Hay varias modalidades de póliza (básicamente una prima fija que se actualiza o
una que crece con la edad) y la prima media está hoy en 269 euros al año. El coste varía mucho según la edad y donde se
viva y para un matrimonio maduro con 2 hijos jóvenes puede oscilar entre 95 y
175 euros al año (con 45 años) y entre 150 y 282 euros (con 52 años), según los comparadores.
Contratar un seguro de deceso no parece recomendable, porque se
acaba pagando durante toda la vida el
triple de lo que acaba costando el entierro, según un estudio del Instituto de Empresa. Y además, muchos asegurados se quejan de que las compañías les
suben la póliza con la excusa de ampliarles coberturas y servicios que no
necesitan (asesoría legal, salud, asistencia en viaje), una estrategia parecida
a la de las telecos y los móviles. Pero lo que está claro es que, sea o no
recomendable, el seguro de decesos es un gran negocio: facturó 2.162,6 millones en primas en 2016 y es
el 4º seguro que más dinero mueve, tras el automóvil (10.565 millones), el
de salud (7.736 millones) y los multirriesgos (6.772 millones). Y además, es el
seguro que más crece (+4,85% este año 2017) y el que más ha crecido con la crisis: ha pasado de facturar 1.141 millones
en 2011 a casi el doble ahora (2.162,6 en 2016).
En los últimos años, con la crisis, muchas aseguradoras que no ofrecían seguros de decesos se han lanzado a este creciente negocio,
lo mismo que la mayoría de cajas y
bancos, que buscan mejorar sus cuentas haciendo seguros (ofrecen seguros de pago único a mayores de 70
años sin póliza de entierro: un pago único que sale caro, 6.262 euros para asegurar un capital/entierro de
4.785 euros). Pero el sector está muy concentrado y sigue
controlado por “ las dos aseguradoras de
decesos de siempre”, Santa Lucía
(37,2% del mercado) y Ocaso (23,1%),
seguidas de lejos por la aseguradora líder, Mapfre (13,7%), y repartiéndose entre estas 3 aseguradoras el 70% del mercado de los seguros de entierro, según datos de Unespa. Les siguen, de lejos, Catalana de Occidente (5,5% del mercado) y Mutua Madrileña/Adeslas (5,3%).
Estos seguros de
decesos cubren ya casi el 60% de los entierros (el 58,84%), pagando el resto
directamente las familias a las empresas
funerarias. Otro negocio ligado a la muerte, como los
seguros de decesos, que ha
crecido de forma imparable en España desde los años 60, cuando se abrió
en Barcelona el primer tanatorio. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego
invirtieron en ellas constructoras,
pequeños empresarios locales y más recientemente, fondos de inversión extranjeros. Y ya en este siglo, con los
ingresos del boom inmobiliarios, los
Ayuntamientos. El resultado es que no hay ningún pueblo de más de 5.000
habitantes (y menos) sin tanatorio o crematorio. Una “burbuja de la muerte” que no se justifica por el número de entierros.
Así, en España hay 2.429 tanatorios, con 7.050 salas de velatorio para 1.120 entierros
diarios, lo que significa que casi 6.000
salas (el 82%) están vacías y no se utilizan, según los datos de la patronal funeraria Panasef. Y eso significa que los demás usuarios
tienen que pagarlas, con un “sobreprecio” en su entierro. Este número de tanatorios triplica los que hay en Europa,
donde los ciudadanos saben que tienen que recorrer 100 kilómetros para velar a
un muerto mientras aquí vamos “al lado de
casa”. Las autonomías con más tanatorios son Andalucía,
Cataluña y Castilla León, aunque donde hay más por fallecido
es en Navarra (1 tanatorio por 56), Extremadura (1 por 64) y Castilla y León (1 por 98 fallecidos),
mientras hay porcentualmente menos tanatorios en Madrid (1 por cada 867
fallecidos), Baleares (1 por 547) y País Vasco (1 por 257), según Panasef.
Y lo mismo pasa con los hornos
crematorios. En España hay 380
crematorios frente a 165 en Alemania
(con casi el doble de población), 163 en Francia (con un tercio más de
habitantes) o 18 en Portugal, aunque aquí sólo se incinera al 40% de los
fallecidos frente al 54% en Alemania o Portugal y el 70% en algunos paises,
según datos de la patronal funeraria Pasasef. Las instalaciones españolas permiten
1.520 cremaciones al día, pero como sólo se hacen 452, significa que el 71,3%
de la capacidad instalada no se utiliza. Eso sí, los que la usan tienen que
pagar este exceso de inversión (800
millones de euros en los últimos años).
Esta “burbuja” de instalaciones se debe al “boom” del negocio de la muerte,
que factura ya 1.430 millones de euros (2016) y donde operan ya 1.404 empresas funerarias, según la patronal del sector, aunque 1.205 son pequeñas empresas locales que
facturan menos de 1 millón de euros. La tendencia de los últimos años ha sido
una mayor concentración del sector funerario,
con grandes empresas y fondos de inversión lanzados a comprar funerarias
locales para ganar cuota de mercado. Así, hay 5 empresas funerarias que hoy controlan más de un tercio del
negocio (el 34%), según la patronal: Memora (153
millones de facturación: fundada por la constructora Acciona, fue comprada por
varios fondos de inversión extranjeros y acaba de ser vendida al Fondo de pensiones de los profesores de Ontario, en
Canadá), Funespaña (filial de
Mapfre, factura 104,3 millones), Albia
(80 millones de facturación (ligada a la aseguradora Santa Lucía), Servisa ( factura 67 millones y está
ligada a la aseguradora Ocaso) y ASV
(60,5 millones, propiedad de la familia alicantina Payá).
Esta concentración
del mercado en pocas grandes funerarias se acrecienta con su cuasi monopolio en las zonas donde
operan, alimentado por una normativa de hace 40 años, que dificulta o impide que una funeraria opere
fuera de su zona. Así, se exige que una funeraria esté autorizada a
operar en el lugar donde se recoge al fallecido y existe la obligación de
esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos requisitos legales que de hecho impiden
que una funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido
en Madrid o Barcelona, por ejemplo. Dos exigencias que suprimía la ley de Servicios Funerarios aprobada en junio de 2011 por el Gobierno Zapatero y que no llegó a
aprobarse en el Congreso, al acabar antes la Legislatura. Y después, el Gobierno Rajoy no ha vuelto a pensar
en ella, a pesar de que cada año promete a Bruselas
reformar la normativa de servicios funerarios, para fomentar la competencia.
De hecho, son múltiples las denuncias de pequeñas funerarias contra las
grandes y usuarios que denuncian abusos
(ver esta web). Y la situación es
tan preocupante que la Comisión de la Competencia (CNMC) ya denunció
en 2014 la “connivencia entre
empresas y Ayuntamientos” para impedir la libre competencia en los
cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya antes, un informe del Tribunal de Cuentas
denunciaba en 2006 grandes diferencias de precios entre ciudades y la falta de
transparencia del sector, dominado por las grandes
funerarias, que imponen condiciones y precios, para pagar sus desmesuradas
inversiones en instalaciones vacías.
En los dos últimos años, los nuevos Ayuntamientos surgidos de las elecciones de 2015 se han
planteado qué hacer con los servicios funerarios municipales, que suponen
un 30% del total. Con la crisis
económica, muchos Ayuntamientos optaron por privatizar la gestión de
sus instalaciones, a veces con corruptelas, y ahora se plantean si municipalizarlos de nuevo, aunque no todos lo ven claro,
porque les sale muy caro, dado que tendrían que indemnizar a las funerarias privadas que los gestionan. Con todo, hay dos novedades recientes. Por un lado,
el Ayuntamiento de Madrid municipalizó en septiembre de 2016 la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, que el
PP privatizó en 1992, adjudicándosela por 100 pesetas a Funespaña (Mapfre), con
la excusa de que tenía 84 millones de deuda. Tras un larguísimo proceso judicial,
los Tribunales concluyeron que fue un fraude, condenando al entonces teniente de alcalde y al gerente,
también vicepresidente de Funespaña, empresa que pide ahora una indemnización
al consistorio de 53,8 millones. En Barcelona, el Ayuntamiento también privatizó el 85% de la funeraria municipal (en 1998 y 2011I), que controla
ahora Mémora, la líder del sector. En vez de anular la concesión, el
consistorio de Colau aprobó, en diciembre de 2016, crear
una nueva empresa de servicios funerarios, con pocos medios e
instalaciones, para “ofrecer a los barceloneses entierros entre 2.400 y 4.700 euros, frente a los 6.400
de media que están costando”.
En definitiva, que dos
tercios del negocio funerario está controlado por unas pocas empresas privadas muy fuertes, que
operan en régimen de cuasi-monopolio y poca transparencia, mientras el tercio
restante son servicios municipales
gestionados en su mayoría por empresas privadas y sin capacidad para que
vuelvan a ser de gestión pública, salvo en algunas ciudades. Y en medio estamos los ciudadanos,
obligados a pagar de más en los entierros para costear unas instalaciones
excesivas y por una falta de competencia y de supervisión pública, sin que ni
el Gobierno ni la oposición se planteen cambiar las normas y poner orden. Así
que abusan de nosotros y pagamos de más hasta al morirnos.
