 |
| enrique ortega |
Sanidad acabó el
año 2012 como lo empezó: con recortes y
copagos. El 19 de diciembre pactó con sus autonomías (ante el rechazo de
Andalucía, Asturias, País Vasco y Cataluña) implantar este año cuatro
nuevos copagos en la sanidad pública.
Uno de 5 euros por traslado no urgente en ambulancias,
con un máximo de 10 a 60 euros al año (6 a 60 los enfermos crónicos) según la
renta. El segundo, un copago por prótesis
(audífonos, prótesis, implantes, muletas o sillas de ruedas): se pagará del 10%
al 60% del coste, con un tope de 20 a 60
euros, según ingresos. El tercer copago, para los alimentos
dietoterápicos, que toman pacientes de cáncer y cirugías digestivas,
por los que se pagarán del 10 al 60% del precio (máximo 1 euro por envase).Y el
cuarto, 32
medicamentos que sólo se dispensan con
receta hospitalaria (para cánceres, hepatitis, linfomas y enfermedades
víricas), por los que se pagará un máximo de 4,13 € por envase.
Además, se han
recortado prestaciones de la sanidad pública para 2013: en la prueba
del talón (ahora se utilizará el análisis para detectar 5
enfermedades, frente a autonomías que analizaban 33), en los tratamientos
de reproducción
asistida (se limitan a mujeres menores de 40 años y parejas que no
tengan hijos sanos), implantes oculares,
rehabilitación y genética. Y se revisará
el Catálogo de prestaciones
sanitarias, para recortarlas en 2013 y 2014.
Estos nuevos recortes se suman al gran recorte de gastos de 7.000 millones aprobado en abril
de 2012, con el copago de los
medicamentos, la retirada de financiación
pública a 400 medicamentos (que ahora pagan íntegramente los pacientes) y
la retirada
de la tarjeta sanitaria a emigrantes sin papeles (unos 150.000), medida
cuestionada por una resolución del Tribunal
Constitucional y que no aplican cuatro
autonomías “insumisas” (País Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña),
mientras tratan de “paliarla” otras cinco (Castilla y León, Comunidad Valenciana,
Galicia, Navarra y Canarias) y las 8
restantes lo aplican a rajatabla, con la oposición de médicos y ONGs.
Al copago
farmacéutico en toda España se sumó el 23 de junio otro copago
en Cataluña, de un euro por receta, para medicamentos a partir de 1,67
euros, con un tope de 61 euros al año por paciente y con el que la Generalitat recauda 8
millones al mes. Un re-copago farmacéutico que ha implantado Madrid
el 1 de enero (precipitadamente, en papel), con un tope de 72 euros, para recaudar 83 millones en 2013. El
Gobierno Rajoy impugnó en diciembre el re-copago de Cataluña y dice que impugnará en enero el de Madrid ante el Tribunal Constitucional, que se espera suspenda ambos en unas semanas (o meses),
porque suponen una doble imposición y
vulneran el principio de igualdad de
los españoles, que pagan distinto por los medicamentos según donde vivan. Pero en el camino, Madrid y Cataluña nos habrán sacado a los usuarios unos 20 millones en tres meses (cada una), que la mayoría no vamos a reclamar luego euro a euro.
El copago
farmacéutico estatal ,implantado
en julio, ha servido para frenar algo el despilfarro
en el consumo de medicamentos, sobre todo de los pensionistas, que ahora pagan un
porcentaje con un tope anual (8,18 y 60 euros, según ingresos). De hecho, el gasto
farmacéutico ha caído en 931 millones en los primeros cinco meses de
copago, aunque cae más el gasto (-11,46%) que el número de recetas (-4,62%),
porque lo que más ha caído es el precio
de los medicamentos, forzados laboratorios
y farmacias
por el Gobierno.
Todo apunta a que los
copagos van a seguir en 2013 y 2014, porque las autonomías no
reducen suficientemente su déficit (7 no cumplen, según Hacienda) y la sanidad es su mayor gasto (40%
Presupuestos). Además de recortar
prestaciones, podrían aprobarse nuevos
copagos por acudir a urgencias, por día de hospitalización o comidas, y
ampliar el copago a toda la farmacia
hospitalaria. Ello preocupa a
los médicos, que temen que
el efecto acumulativo de los copagos en los enfermos crónicos y polimedicados
lleve a algunos pacientes a no medicarse.
A nivel económico, la crítica
al copago es que recae más sobre los activos con rentas bajas y que
no hay un límite sobre la renta (en Alemania, los copagos no superan el 2% o el
1% en enfermos crónicos).
Entre tanto, 2013
será el año donde avanzará la privatización
de hospitales en Madrid, Castilla
la Mancha y otras siete autonomías del PP (Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Baleares
y Canarias).Aunque hay un trasfondo
ideológico (“lo privado es mejor que lo público”), la razón básica es que
estas autonomías tratan de quitarse gastos
de funcionamiento, aunque sea en detrimento
de la calidad del servicio y a veces con más gasto final (porque se acaban revisando al alza las concesiones, como pasó en Madrid y como piden ahora los hospitales privatizados en Valencia).
En cualquier caso, el problema
real es que la sanidad española ha
saltado por los aires por un doble efecto: han crecido exponencialmente los gastos (por los nuevos hospitales
y centros, el encarecimiento de las tecnologías y la mayor esperanza de vida) y
han caído por la crisis los ingresos
del Estado y las autonomías, que han
recortado drásticamente el Presupuesto: en 2013 habrá 16.000
millones menos de gasto sanitario que en 2009 (-25%). Y así, no hay sistema que resista.
La solución sólo
puede venir por dos caminos. Uno, conseguir más recursos para la
sanidad pública: España gastaba
menos que la OCDE en 2009 y mucho menos ahora (1.210
euros por habitante en 2012). Ello exige recaudar más, pero no con el céntimo
sanitario (1.800 millones que pagan los automovilistas) ni con copagos (injustos), sino con impuestos,
para que financien más la sanidad los que más tienen (particulares y empresas).
Por otro, hay que gastar
y gestionar mejor, aprovechando al máximo los recursos sanitarios (consultas
mañana y tarde, aparatos y quirófanos funcionando las 24 horas…), con criterios de eficiencia económica y
médica. Y dando más
autonomía a los hospitales y centros, a cambio de rigurosos objetivos
de resultados y calidad y con exigentes auditorías externas independientes.
Con los recortes
no se salva la sanidad pública ni tampoco sin cambios
drásticos en su gestión. Hace falta acabar
con los enfrentamientos y las protestas,
que acaban pagando los pacientes (6.000 operaciones sin hacer y 40.000
consultas pendientes). Es urgente un
gran Pacto nacional para asegurar a la sanidad recursos suficientes para una década y garantías
de que se gastan con eficacia, dejando a los médicos
que se impliquen sin privilegios. Si no, cada vez tendremos una sanidad peor y con más copagos injustos.
