1º Mayo: salarios pierden frente a beneficios

El 1º de Mayo es la oportunidad para cogerse un “macropuente” y no una fecha reivindicativa. Pero podemos aprovecharla para analizar la situación de los trabajadores, tras la pandemia y la superinflación. La conclusión parece clara: quienes se han beneficiado de la última crisis han sido las empresas, que han recuperado ventas, márgenes y beneficios, mientras los trabajadores perdieron poder adquisitivo y sus salarios crecieron la mitad que los márgenes empresariales, según un estudio de CCOO. Y lo más importante: en el reparto del pastel de la riqueza creada los últimos 15 años, los trabajadores han perdido peso, ganándolo las empresas. Por eso, es hora de reequilibrar la balanza y aprovechar estos mejores resultados empresariales para subir ahora más los salarios en España, que siguen estando entre los más bajos de Europa. Sin embargo, suben este año menos del 3%, menos que la inflación. Es hora de un mejor reparto del pastel, no sólo por justicia sino para lograr un crecimiento más equilibrado y sano.

                      Enrique Ortega

Durante la última crisis, tras la pandemia y durante la inflación disparada de 2022 y 2023, las empresas han conseguido aumentar sus ventas, márgenes y beneficios, según un reciente estudio elaborado por CCOO a partir de los datos incluidos en el nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales, creado por el Ministerio de Economía, la Agencia Tributaria y el Banco de España, con datos de cerca de 1 millón de empresas. El valor añadido (VAB) generado por los distintos sectores de la economía (valor de las ventas menos el de las compras) creció un +46,2% entre 2018 y 2023, un aumento inédito antes en nuestra economía: entre 2009 y 2015, el valor de lo producido se estancó (+0,14%), creció un 20% entre 2015 y 2018, con la recuperación, pero el valor añadido se duplicó con creces (+46,2%) en los últimos cinco años, a pesar de la pandemia, la guerra en Ucrania y la superinflación.

¿Qué ha pasado, por qué el valor de lo que ha producido las empresas ha crecido tanto, a pesar de la crisis? . Por un doble efecto. Dos tercios de la mayor producción (del aumento del VAB) se debe a la inflación, a que las empresas han trasladado a los precios finales sus aumentos de costes. Pero otro tercio se debe también a que las empresas han vendido más, a un aumento de la facturación entre 2018 y 2023, a pesar de la crisis. Y eso ha pasado en todos los sectores, no sólo en la energía. De hecho, si excluimos las empresas energéticas, el conjunto de empresas españolas ha aumentado la producción generada (VAB: valor de las ventas-valor compras) en un +35%, más que nunca en este siglo.

Si la facturación y las ventas han sido récord, también lo han sido los resultados de las empresas españolas en el último quinquenio, a pesar de las crisis. Así, los márgenes empresariales, el resultado bruto de explotación (ingresos por ventas menos gastos por compras y costes de personal) también han tenido un crecimiento récord, según el Observatorio de Márgenes Empresariales: de 189.540 millones brutos ganados en 2021 se pasó a 310.527 millones ganados en 2023, un aumento del +63,8%, todo un récord histórico. Y aunque una parte de estos extraordinarios resultados se deben a las empresas energéticas, si las descontamos, los márgenes empresariales del resto de los sectores han aumentado un +40,83% entre 2021 y 2023  (y +25,7% sólo en 2023)…

Está claro que la inflación juega un papel clave en estos buenos resultados empresariales, ya que se vende a precios más altos y eso sube la facturación y los resultados. Pero si deflactamos los datos, si deducimos el efecto de la inflación en este aumento del margen empresarial, todavía subió un +35,8% entre 2018 y 2023. Y eso porque las empresas consiguieron trasladar el aumento de costes a los precios y trasladárselo a los consumidores y a la economía, provocando una inflación adicional, como reflejan con claridad los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales (y como había alertado el BCE).

Este positivo balance de las empresas, al conseguir un aumento histórico de sus márgenes a pesar de la crisis, se ha concentrado sobre todo en el 20% de las empresas analizadas, las más grandes, que concentran el 91% del valor añadido (VAB) y el 98% de los márgenes empresariales, consiguiendo una mayor rentabilidad por sus ventas, según los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales. Las actividades que han salido mejor paradas de la última crisis, que más han conseguido mejorar sus ventas y márgenes entre 2018 y 2023 son las actividades inmobiliarias (su beneficio operativo sobre ventas fue del 32% en 2023), la energía (24%), la hostelería (19%), la agricultura (+12%) y el comercio (+11% de beneficio operativo sobre ventas). La mejora de resultados se concentró en 2022 en la energía y en 2023 en los demás sectores.

Recopilando, las empresas españolas han aumentado sus márgenes brutos (beneficio operativo tras restar compras y costes a la facturación) un +63,8% entre 2018 y 2023, a pesar de las crisis, el doble de lo que subieron los salarios (+29,8% en esos 5 años), según destaca el informe de CCOO, a partir de los datos aportados por el Observatorio de Márgenes Empresariales. Y eso porque los trabajadores no han tenido fuerza para conseguir mayores aumentos de salarios en estos años, cuando han perdido poder adquisitivo: entre 2018 y 2023, los salarios crecieron un 4,75% por debajo de la inflación media.

Ya no se trata sólo de que las empresas mejoren su beneficio operativo y los trabajadores no consigan con sus salarios compensar la inflación. Es que, además, en el reparto de la producción que se crea año tras año, las empresas han aumentado el trozo de pastel que se quedan y los trabajadores llevan años reduciéndolo. Vayamos por partes.

Primero, veamos qué ha sucedido en los últimos 5 años. El valor de la producción generada (Valor Añadido Bruto, VAB: valor ventas menos valor compras) ha aumentado de 394.807 millones a 574.416 millones (ese +46,2%) entre 2018 y 2023. Pues bien, dos tercios  (el 67%) de ese aumento del pastel se ha ido a aumentar los márgenes empresariales y sólo un tercio (el 33%) a mejorar los salarios. Y como eso se viene repitiendo desde antes, el resultado es que las empresas (beneficios empresariales) se llevan ya más de la mitad de la producción generada (VAB): su cuota subió en 2023 al 54% del VAB total, frente al 48% que se llevaron en 2018 y al 45% en 2009. Y en contrapartida, los salarios se han llevado en 2023 un 46% del pastel generado (VAB), frente al 52% en 2018 y al 55% en 2009.

A lo claro: que España ha mejorado lo que produce, pero este crecimiento se lo han llevado más los beneficios empresariales que los salarios de los trabajadores, que año tras año se llevan un trozo menor del pastel, aunque crezca.  Este es el trasfondo de quien ha salido ganando y perdiendo de la penúltima crisis, la de la pandemia y la alta inflación (como también sucedió, y con peores resultados, tras la crisis financiera).

Tras este análisis, el informe de CCOO señala que la excelente situación contable de las empresas, con unos márgenes y beneficios históricos, es “un buen punto de partida para subir los salarios sin riesgo a generar presiones inflacionistas”. Su idea es que las empresas viven un gran momento de ventas y márgenes, un fuerte dinamismo, que además está mejorando por otros factores que ayudan: la electricidad y la energía sigue con precios bajos (lo que rebaja costes), muchas materias primas se han abaratado y el BCE va a reducir los tipos de interés a partir de junio, lo que debería reanimar la actividad y la inversión. Por todo ello, insiste CCOO, las empresas tienen margen para asumir subidas de salarios.

Pero la realidad no apoya sus deseos. De hecho, los sueldos están subiendo este año 2024 menos que en 2023, a pesar de estos excelentes resultados empresariales: hasta marzo, los 8,4 millones de trabajadores con convenio han pactado una subida media del +2,91%, inferior a la subida de 2023 (+3,60%) y 2022 (+3,02%), según Trabajo. Y una subida salarial inferior también a la inflación anual (+3,3% en abril, según el INE). Así que, de momento, los trabajadores con convenio pierden poder adquisitivo en 2024, tras perder un -8,66% entre 2021 y 2023. Y si los sueldos suben este año en torno al 3% y la inflación oscila entre el 2,7 y el 3% (como esperan el FMI y el Banco de España), poco van a ganar de poder adquisitivo los trabajadores. Sobre todo, los 6 millones que no han firmado convenio. Y de los que han firmado, si la inflación se dispara (por el petróleo, las guerras o nueva crisis), sólo un tercio tienen firmada cláusula de revisión salarial.

A la vista del hecho, probado por el Observatorio de Márgenes Empresariales, de que las empresas han mejorado sus ventas, márgenes y beneficios, es hora de plantearse que los salarios deben mejorar en España, porque las empresas tienen más “colchón” para subirlos, a costa de una parte de sus márgenes, no a costa de disparar otra vez la inflación. Hasta ahora, la estrategia de España ha sido ser la China de Europa, competir fuera (exportaciones) y dentro (ofertas “low cost”) gracias a tener unos sueldos de los más bajos del continente. Los datos son claros: el sueldo por hora de los españoles es  18,2 euros, frente a 24 euros de media en la UE-27, 31,6 euros en Alemania, 28,7 en Francia o 21,5 euros en Italia, siendo sólo menores en Portugal (13,7) o Grecia (12,8 euros), según Eurostat. Y ese dato mide sólo los sueldos en empresas de 10 y más trabajadores, con lo que el sueldo medio real por hora, contando las microempresas, debe ser menor.

Además de ser sueldos muy bajos en el contexto europeo, los trabajadores españoles llevan años con menores subidas de sueldos que el resto de trabajadores europeos. Así, entre 2018 y 2023, el pago por hora trabajada ha crecido un +27% en España y casi el doble en la media europea (+49%), un +45% en Alemania, un +37% en Francia, un 35% en Italia o un 38% en Portugal, según Eurostat. Eso significa que si los sueldos suben menos y la inflación lo mismo o más (en los últimos meses), los trabajadores españoles están entre los europeos que más pierden poder adquisitivo, un -0,4 % desde el año 2.000, según la OCDE.

Y además, esos son datos medios, porque la pérdida de poder adquisitivo ha sido mayor entre los trabajadores que menos ganan, que en España son demasiados. Así, aunque el sueldo medio bruto en España sea de 2.128 euros mensuales (1.800 euros netos), según el INE, un 30% de los asalariados ganan menos de 1.440 euros brutos (1.224 netos) y otro 40% gana entre 1.440 y 2.373 euros brutos  (entre 1.224 y 2.000 euros netos). Así que un 70% de trabajadores tienen sueldos más bajos que la media, sobre todo mujeres y jóvenes (que ganan de media 1.005,21 euros al mes en 12 pagas, según el Observatorio de la Juventud).

Tener los salarios mucho más bajos que el resto de Europa puede ayudar a las empresas a competir (deberían competir por producto y calidad, no sólo por costes), pero tiene dos graves consecuencias. Una, que afecta muy negativamente a muchas familias, que no pueden llegar a fin de mes. De hecho, casi la mitad de las familias (46,4%) tienen problemas: un 8,9% llegan a fin de mes “con mucha dificultad”, otro 12,7% llegan “con dificultad” y un 24,8% más llegan a fin de mes “con cierta dificultad”, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2023. Y otra Encuesta de la OCU eleva al 63% las familias “con dificultades para llegar a fin de mes”. Esto es un riesgo para la economía, porque si los trabajadores y sus familias no pueden consumir, se retrae uno de los motores del crecimiento y el empleo.

Así que este 1º de Mayo tiene todo el sentido relanzar el debate de los salarios, defender que las empresas que pueden (sobre todo las más grandes y rentables) deben subir más los salarios de sus trabajadores, para sostener el consumo y la actividad, siempre que en contrapartida se trate de mejorar la productividad. Una productividad que mejoraría si suben los salarios, porque 4 de cada 10 trabajadores se consideran mal pagados, según una Encuesta del Instituto 40dB para El País publicada en enero pasado.

Cara a lo que queda de 2024, el dilema es claro: o los salarios se moderan (como proponen las subidas ofrecidas por la patronal) o las empresas moderan sus márgenes y beneficios, para poder subir algo más los salarios (el 4% y más) sin que repunte la inflación. Es lo que llaman un “Pacto de rentas”, algo de lo que no quieren hablar la patronal y la derecha. Por eso, otro año más, intentan “moderar” los salarios para no “moderar” los beneficios. Una opción que no sólo es injusta socialmente, sino también perjudicial para la economía: necesitamos que el consumo familiar  siga tirando de la economía, para que no se frenen el crecimiento y el empleo. Y eso será difícil si los sueldos crecen el 3% o menos, como muchos proponen. Así que las empresas deberían pagar salarios más altos (aunque ganen menos) para vender más y que la economía crezca en 2024. Si no, la economía se desinflará y todos perderemos. Un debate para este 1º de mayo.

Los salarios no ganan a la inflación

Finalmente, 2023 acabó con una subida media de la inflación del +3,55%, menos de la mitad que en 2022 (+8,40%). Pero como los sueldos en los convenios subieron un +3,46%, los trabajadores volvieron a perder algo de poder adquisitivo el año pasado. Y van tres años seguidos: entre 2021 y 2023, los salarios han perdido un -8,67% frente a la inflación. Ahora, en 2024, todo apunta a que los salarios perderán algo de poder adquisitivo, por 4ª año consecutivo, con subidas entre el 3 y el 3,5%, algo menos de la inflación prevista. Y también los funcionarios perderán poder adquisitivo, aunque no los que cobran el salario mínimo (+5%) ni los pensionistas (+3,8%), que lo volverán a ganar. Mientras, las empresas suben más que la inflación sus ventas, beneficios, dividendos y sueldos de los ejecutivos, aumentando la desigualdad en el reparto del crecimiento. Ahora, la clave es moderar márgenes y beneficios para subir más los salarios, el requisito para crecer y crear empleo en 2024.

                  Enrique Ortega

La inflación cerró 2023 moderándose algo más, con una subida anual del +3,1% en diciembre, frente al 4,1% que teníamos en abril y el 3,5% de septiembre y octubre. Con ello, la inflación media de 2023 fue del +3,55%, menos de la mitad que en 2022 (+8,40%) y también por debajo de 2021 (+4,43%). Una buena noticia para los consumidores, aunque no podemos olvidar otra: la inflación ha subido más que los salarios de la mayoría de trabajadores en 2023. Y es ya el tercer año consecutivo en que los salarios pierden poder adquisitivo, tras lo perdido en 2021 y, sobre todo, en 2022. Veamos los datos.

En 2023, unos 11 millones de trabajadores asalariados, afectados por 3.512 convenios (con vigencia en 2023) tuvieron una subida media del +3,46%, según Trabajo,  superior a la subida de 2022 (+2,78%) y de 2021 (+1,47%), pero inferior a la subida media del IPC en 2023 (+3,55%, según el INE). Son los asalariados con convenio, porque hay otros (unos 6 millones) que no tienen convenio, porque no se ha firmado o porque trabajan en pymes sin convenio o son autónomos. Y en estos casos, lo habitual es que su subida en 2023 haya sido inferior al 3,46% de los convenios, con lo que esos trabajadores habrán perdido más poder adquisitivo.

Lo mismo les pasa a los 3,5 millones de funcionarios y personal de las Administraciones públicas. Según un acuerdo plurianual pactado con los sindicatos en octubre de 2022, en 2023 tuvieron una subida salarial del +3% (más otro 0,5% en caso de que el PIB supere el previsto, como así podría ser: +2,4% esperado frente al 2,1% estimado en los Presupuestos 2023). De momento, los funcionarios han perdido el año pasado -0,55% de poder adquisitivo, aunque podría acabar siendo sólo el -0,05% si se confirma el mayor crecimiento.

Eso sí, hay dos colectivos que han ganado poder adquisitivo en 2023. Uno, los 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), mayoritariamente mujeres (empleadas limpieza y hogar), jóvenes y trabajadores del campo: el Gobierno Sánchez les aprobó una subida del +3,63% en 2023 (1.080 euros), algo superior a la inflación media final (+3,55%). Y también han ganado poder adquisitivo los 10 millones de pensionistas, cuya pensión sube este año una media del +3,8% (por encima del IPC medio de 3,55% en 2023), con una subida mayor, del 5 al 7%, para las pensiones mínimas.

Con este balance, la mayoría de trabajadores y funcionarios perdieron algo de poder adquisitivo en 2023, aunque mucho menos que en los dos años anteriores. En 2021, los trabajadores asalariados con convenio perdieron -2,96% (1,47% subieron los convenios y 4,43% la inflación media) y en 2022, el año con la inflación más disparada, perdieron -5,62% de poder adquisitivo (2,78% subieron los convenios frente al 8,40% de inflación media). Así que, en los tres últimos años (2021, 2022 y 2023), los 11 millones de trabajadores con convenio han perdido -8,67% de poder adquisitivo. Y 6 millones sin convenio, más.

En paralelo, los 3,5 millones de funcionarios y empleados públicos también han perdido poder adquisitivo estos tres últimos años, sobre todo en 2022 (cuando sus sueldos subieron un 3,5% y la inflación el 8,40% de media), aunque también en 2021 (sus salarios subieron un 1,4%, frente al 4,43% que subió la inflación ese año) y algo en 2023 (entre 0,5% y 0,05%). Sumando los tres años, los funcionarios y empleados públicos habrán perdido -8.43% de poder adquisitivo, en línea con lo perdido por el resto trabajadores (-8,67%).

El balance de estos últimos tres años es más positivo para los 2,5 millones de trabajadores que reciben el salario mínimo (SMI), aunque también han perdido poder adquisitivo: su sueldo les subió un +13,68% entre 2020 (950 euros) y 2023 (1.080 euros), frente al 16,38% que subió  la inflación media entre 2021 y 2023. Una pérdida de poder adquisitivo del -2,70%, que se compensará en parte en 2024, con una subida del +5% que superará la inflación prevista (entre el 3 y el 3,5%).

Los únicos que no han perdido poder adquisitivo estos tres años de alta inflación son los 10 millones de pensionistas. Y eso gracias a que el 1 de enero de 2022 entró en vigor la nueva Ley (21/2021, de 28 de diciembre de 2021), que aprobó la revalorización automática de las pensiones con el IPC (suben cada año la inflación media hasta noviembre del año anterior), que salió adelante con el voto en contra de PP y Vox. Gracias al nuevo sistema, las pensiones han tenido subidas superiores a la inflación: +2,5% en 2022 (la inflación media entre diciembre 2020 y noviembre 2021), +8,5% en 2023 (+8,40% inflación 2022) y +3,8% en 2024 (+3,55% inflación en 2021). Ya antes, entre 2018 a 2021, también mantuvieron su poder adquisitivo: subían según el IPC esperado y luego, si era mayor, el Gobierno aprobaba un complemento (la “paguilla”), que se cobraba en enero siguiente.

En estos tres últimos años, España ha tenido menos inflación que la mayoría de Europa (cerró 2023 con una inflación homologable del 3,3%, frente al 3,4% de media en la UE-27, el 3,8% en Alemania, el 4,1% en Francia y el 0,5% en Italia, según Eurostat),  pero también los salarios han subido algo menos, con lo que los trabajadores españoles están entre los que han perdido más poder adquisitivo: han perdido un -0,4% desde el año 2.000, según la OCDE, y sólo tienen peor balance Grecia (-12,8%), México (-3,6%) e Italia (-0,9%). Y otro reciente informe de la OCDE alerta de la pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores que menos ganan, por lo que piden reforzar los salarios más bajos en la negociación colectiva.

Los últimos datos disponibles (Eurostat) revelan que tanto en 2022 como en 2023 (los años de alta inflación), las subidas de sueldos en España han sido inferiores a la media europea y de los grandes paises. Así, en 2022, la subida media fue del +3%, frente al +4,4% en la UE-27 y en Alemania, el 3,7% de Francia, el 3,5% de Paises Bajos o el 4,3% de Portugal, siendo sólo menor la subida en Italia (+2,3%). Y en el tercer trimestre de 2023 (último dato), la subida anual de salarios era del +4,7% en España, frente al +6,1% en la UE-27, el 6,2% en Alemania, el 8,1% en Bélgica, , el 7,4% en Paises Bajos o el 4,7% en Portugal, siendo sólo menor la subida Francia (+4,2%) y en Italia (+3,1%).

Estas menores subidas de sueldos en España se arrastran desde 2009, por lo que se mantiene y crece la brecha de sueldos entre España y Europa. Así, en 2022, el sueldo por hora en España era de 17,50 euros, un 24% inferior al de la UE-27 (22,9 euros por hora) y un 42% inferior a Alemania (30,3 euros/hora), siendo también menor al de Francia (27,7 euros), Paises Bajos (30,7 euros), Bélgica (33,4 euros), Dinamarca (41 euros por hora) e Italia (21,2 euros por hora.), según Eurostat. Eso se traduce en que el salario medio mensual en España es de 1.822 euros (2022), frente a 2.302 euros de media en la UE-27, 3.148 euros en Alemania, 2.964 euros en Paises Bajos, 2.574 en Francia y 2.174 euros mensuales en Italia, según el IX Monitor anual de Adecco.

Cara a la negociación salarial en 2024, la ventaja es que se espera una inflación similar o algo menor a la de 2023 (3,55% de media): el Banco de España apuesta porque subirá el 3,3%, pero el Gobierno y Funcas (Cajas) apuestan por una inflación del 3,5 al 3,6%. Todo va a depender de lo que hagan la energía (petróleo y gas), la luz (la factura subirá, por la subida de impuestos y el nuevo sistema de fijación de precios) y los alimentos (clima), lo que dependerá mucho de los conflictos geopolíticos: si persisten la guerra en Ucrania y se colapsa el canal de Suez, por la guerra en Palestina, la inflación podría repuntar…

Suponiendo que no haya “sustos” y la inflación se estabilice entre el 3 y el 3,5% de media anual, los salarios no van a subir más que esa inflación y podríamos ver el 4º año de pérdida de poder adquisitivo (pequeña). El acuerdo salarial pactado en mayo pasado entre la CEOE, UGT y CCOO establece una subida del +3% en 2024, con la salvaguarda de que si el IPC anual supera el 3% (bastante posible), se recuperaría la mayor inflación en 2025 (hasta un 1% adicional). Y lo mismo para 2025. Según CCOO, conforme a este acuerdo,  la subida media ya pactada  para este año es del +4,1%. Pero eso sucede porque algunas grandes empresas contemplan subidas del 4% este año, pero la mayoría de empresas no están ofreciendo más del 3% de aumento. Y muchas ofrecen menos. De hecho, una Encuesta entre empresas hecha por Randstad indica que el abanico de subidas ofrecidas para 2024 oscila entre el +2 y el +3,5%. 

Veamos cómo apuntan las negociaciones en algunos sectores y grandes empresas para 2024. La banca ofrece una subida del +2,25% (mientras sus beneficios podrían haber subido un +24% en 2023) y los seguros un +3,25%. Las grandes del automóvil varían entre el +3,1% de Stellantis y el +3,25% de Ford. En el sector turístico, las subidas ofrecidas varían entre el +2,5 y el +3,5%. En distribución, las subidas llegan al 4,5% (y hasta el 6% Mercadona). En energía, la subida ofertada es del +1,75% (+0,5% en Repsol y +0,7% en Iberdrola). En la industria se ofrecen subidas del +3,6% y en la construcción el +3%. Y tanto Telefónica como Orange ofrecen subir el +3,1%.

Por este camino, no parece que en 2024 los salarios recuperen poder adquisitivo. El Banco de España estima que los salarios no lo recuperarán hasta 2026, cuando la inflación baje del  2% anual. La injusticia es que los salarios crecen moderadamente, por 4º año consecutivo, mientras las empresas han recuperado ya sus ventas, márgenes y beneficios de 2019, antes de la pandemia. En 2022, los ingresos de las empresas crecieron un +27% (y un +43% desde 2020), los resultados de explotación (beneficios brutos) un +23% (el triple que en 2020), los dividendos repartidos a accionistas rozaron los 26.000 millones, los más altos desde 2019) y sin embargo los sueldos medios de las 50 grandes empresas crecieron sólo un +8%, según un reciente Informe de Oxfam Intermón. Y según la Agencia Tributaria, en 2023 (hasta julio), el beneficio empresarial creció un +25% (y +17,5% en todo 2022) mientras los salarios declarados subieron un +8% (y sólo el 3,4% en todo 2022).

No se trata sólo de que los salarios españoles sean de los más bajos de Europa y que suban muy poco en relación al aumento de ventas, beneficios y dividendos de las empresas. Es que además, hay grandes diferencias de sueldos, que se mantienen y agravan año tras  año. En 2022, el salario de 74.258 directivos superó los 260.000 euros, 11 veces más de sueldo que el resto de asalariados (que ganan 23.464 euros de media), según la Agencia Tributaria. Y dentro de los trabajadores “normales”, hay discriminación en dos colectivos: los jóvenes (ganan de media 1.005,21 euros al mes, en 12 pagas, según el último Observatorio del Consejo de la Juventud) y las mujeres, que ganan de media un 20,9% menos que los hombres (22.601 euros brutos en 2021 frente a 27.322 euros, según el INE).

Visto el panorama, España tiene un problema de bajos salarios y una tremenda desigualdad a la hora de repartir la riqueza (el PIB), dado que los sueldos crecen mucho menos que las ventas, los márgenes, beneficios y dividendos de las empresas. Ha llegado la hora de que los salarios recuperen parte de lo perdido entre 2021 y 2023 y los beneficios empresariales se moderen, para poder subir algo más los salarios sin riesgo de que repunte la inflación. Porque en los dos últimos años, la subida extra de la inflación no ha sido por culpa de los trabajadores sino del aumento de costes y los mayores márgenes empresariales, que se ha trasladado a los precios, aumentando beneficios. Lo reconoce el Banco Central Europeo (BCE), al estimar que dos tercios de la inflación en 2022 se debieron a una subida de márgenes y beneficios empresariales. Y también la OCDE ha demostrado que tres cuartas partes de la subida de la inflación en Europa se ha debido a la subida de los márgenes (y beneficios) empresariales y que sólo la cuarta parte restante se debe a los salarios.

Ahora, cara a 2024, el dilema es claro: o los salarios se moderan (como proponen las subidas ofrecidas por la patronal) o las empresas moderan sus márgenes y beneficios, para poder subir algo más los salarios sin que repunte la inflación. Es lo que llaman un “Pacto de rentas”, algo de lo que no quieren hablar la patronal y la derecha. Y por eso, otro año más, intentarán “moderar” los salarios para no “moderar” los beneficios. Una opción que no sólo es injusta socialmente, sino también perjudicial para la economía: necesitamos que el consumo familiar  siga tirando de la economía, para que no se frenen el crecimiento y el empleo. Y eso será difícil si los sueldos crecen el 3% o menos, como muchos proponen. Así que las empresas deberían pagar salarios más altos (aunque porcentualmente ganen menos) para vender más y que la economía crezca en 2024. Si no, la economía se desinflará y todos saldremos perdiendo.

¿Subir o bajar impuestos?: esa no es la cuestión

Con elecciones por delante, vuelve el viejo dilema: subir o bajar impuestos. Es un debate político, no económico: la prioridad de España debe ser recaudar más, porque llevamos décadas recaudando menos que Europa y urge ingresar más para afrontar la crisis. Para conseguirlo, hay que subir impuestos a los que pueden pagarlos, a las empresas con beneficios y a los ricos. Y si podemos, que paguen menos los que ya pagan y necesitan más ayuda, los trabajadores, autónomos y pymes. Es lo que recomiendan la Comisión Europea, OCDE, FMI y hasta el BCE: subir impuestos selectivamente y no hacer bajadas generalizadas. Y menos a los más ricos, como defiende el PP y sus autonomías. Ahora, a falta de una reforma fiscal de verdad, el Gobierno ha aprobado “un parche Robín Hood”: subir impuestos a 3.600 empresas y 23.000 ricos y bajárselos a 4 millones de trabajadores, 400.000 pymes y un millón de autónomos. Y aun así, recaudar 3.144 millones más en 2023. Por economía, no por ideología.

Enrique Ortega

Antes de entrar en el dilema sobre subir o bajar impuestos, veamos dónde estamos, cual es la situación fiscal de España. Y está claro que tenemos un grave problema de fondo, reiterado por la Comisión Europea y todos los organismos internacionales: recaudamos poco, menos que el resto de Europa. Y no es un problema de ahora, de este Gobierno o el anterior: lo arrastramos desde siempre, con Franco y con la democracia. Así, en 2004, en plena “burbuja inmobiliaria”, España recaudó el 37,4% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 53,9% que recaudaba Francia y el 45,2% que recaudaba Alemania. Y con la crisis, entre 2008 y 2012, la recaudación fue menor en España (36,5% del PIB) mientras se mantenía estable en Europa (45%) y quedaba lejos en Francia (50,7%) y Alemania (44,5%, según la Comisión Europea.

No se trata de que nosotros paguemos más o menos impuestos que el resto de europeos. Se trata de que España recauda un porcentaje menor de su riqueza (PIB), que tenemos mucho menos “músculo fiscal”. Si se toma un periodo amplio, la década entre 2011 y 2020, España recaudó el 38,7% de su PIB, frente al 46,1% la UE-28. Significa que hemos ingresado 85.000 millones menos cada año que si recaudáramos como los demás europeos: una pérdida de ingresos de 851.000 millones en la pasada década. Y si tomamos los datos de 2021, la brecha de recaudación con Europa sigue ahí, aunque se ha reducido por la mejora de recaudación tras la pandemia y las subidas de impuestos del Gobierno Sánchez: España recaudó el 43,7% del PIB, frente al 46,9% de media la UE-27, el 47,8% de Alemania, el 48,3% de Italia y el 52,8% de Francia, según Eurostat. Eso significa que si recaudáramos como los demás europeos, España ingresaría entre 38.562 millones (UE-27), 49.407 millones más (Alemania) o 109.600 millones más (Francia)… cada año.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? (sólo Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Malta, Estonia, Letonia y Lituania recaudan comparativamente menos). Porque recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Al final, tenemos unos impuestos similares a los europeos, con tipos algo más bajos, pero que recaudan menos porque son “un queso de gruyere”, están llenos de agujeros por los que se pierde recaudación: las deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales, que además benefician más a los que declaran mayores ingresos (fomentan la desigualdad). Un dato reciente: en 2021 se concedieron 39.049  millones de “beneficios fiscales”, un 17,5% de la recaudación fiscal. O sea, las deducciones suponen 1 de cada 6 euros de ingresos potenciales y son muy abultadas en el IVA (20.491 millones), en la Renta (11.178 millones) y en Sociedades (3.871 millones de deducciones). Con ello, las grandes empresas y las rentas de capital (intereses y dividendos) pagan un tipo efectivo (9,2% sobre beneficios)  inferior a las pymes (17,2%) y trabajadores (12,81%). Y además, España ingresa también menos porque hay mucho fraude fiscal: la economía sumergida (actividades no declaradas) supone el 20% del total, frente al 13% en Europa, según el FMI.

Así que tenemos un serio problema de baja recaudación, que acarrea dos consecuencias. Una, que como ingresamos menos, también gastamos menos que el resto de Europa. Así ha sido en el pasado (en 2003-2007, el gasto público era en España del 38,7% del PIB frente al 46,8% que gastaba Europa), después de la crisis financiera (44,9% del PIB frente a 48,6% entre 2011 y 2020) y el año pasado: en 2021, España gastó el 50,6% de su PIB (por las ayudas a la pandemia y la inflación), todavía menos que la UE-27 (51,6% del PIB) y que Alemania (51,5%), Italia (55,5%) y Francia (59,2% del PIB). Eso significa que gastamos 12.000 millones menos (al año) que si nuestro gasto público fuera como el del resto de los países europeos.

Y la segunda consecuencia es que, como los gastos públicos acucian y hay que pagarlos, cubrimos una parte de lo que no ingresamos con déficit público y nos endeudamos para financiarlo. El resultado de que “la recaudación no nos llegue” es que España tiene el 6º mayor déficit público de la UE-27 (un 6,9% del PIB en 2021) y la 4ª mayor deuda pública acumulada del continente (debemos 1.425.000 millones, el 118,4% del PIB), que nos obliga a gastar cada año 31.675 millones de euros en intereses, más “la herencia” de la devolución del  principal a nuestros hijos y nietos.

En definitiva, que por culpa de recaudar menos que el resto de europeos, tenemos más déficit y encima gastamos menos en lo que hace falta. Así, España gasta menos en sanidad (7,6% del PIB frente al 8% de media en la UE, el 8,5% en Alemania y el 9% en Francia), en educación (3,5% España frente al 3,9% la UE, el 4,5% Francia y el 5,2% Suecia), en gastos sociales (suponen el 16,9% del PIB frente al 19,2% en Europa) o en Ciencia (España gasta en I+D+i el 1,41% del PIB, la mitad que el 2,32% de la UE y un tercio del 3,14% que gasta Alemania). Y lo mismo podría decirse de una lista larga de necesidades públicas: vivienda,  infraestructuras, obras hidráulicas, protección civil, lucha contra incendios, formación… Todo menos en pagar el desempleo, donde gastamos más que el resto de Europa porque tenemos más del doble de paro.

Visto así, no parece que subir la recaudación sea una opción ideológica (de “izquierdas”) sino una necesidad económica, de puro sentido común. Recaudamos y gastamos menos en lo que hace falta que el resto de europeos y con este menor colchón de ingresos hemos tenido que afrontar dos crisis seguidas, la pandemia y la inflación disparada con la guerra en Ucrania. En la anterior crisis, de 2008 a 2011, Europa y el gobierno Rajoy optaron por “la mayor subida de impuestos de la democracia” (2012-2014) y los recortes. Ahora, Europa y el Gobierno Sánchez optan por el camino contrario: más ayudas, gastar más, con un Plan de recuperación (850.000 millones, 140.000 para España)  y 500.000 millones en ayudas a empresas y familias contra la inflación: España es el 4º país con más ayudas públicas (35.500 millones, el 2,9% del PIB), tras Alemania (100.200 millones, el 2,8%), Francia (71.600 millones, el 2,9%) e Italia (59.200 millones, el 3,3% de su PIB), según Bruegel.

Con este panorama, y el temor a que la guerra en Ucrania y la inflación se prolonguen y exijan más ayudas en los próximos meses, no está el patio para bajar impuestos sino para recaudar más. Es lo que defienden desde hace meses el FMI y la OCDE, y más recientemente la Comisión Europea y el BCE, organismos poco sospechosos de ser “de izquierdas”. Todos reiteran que hacen falta ayudas, no generalizadas sino selectivas (a las familias y empresas más afectadas) y que hay que recaudar más, poniendo impuestos a las empresas que se benefician de la crisis, como las energéticas. Incluso el economista jefe del BCE, Philip Lane acaba de defender “subir impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Por pura estrategia económica, no por ideología: es hora de recaudar más para gastar más, no menos. Y España, que recauda poco, con más motivo.

La excepción internacional ha sido la nueva ministra británica, la conservadora Liz Truss, que aprobó un plan para bajar los impuestos… a los ricos: los que ganan más de 150.000 libras al año (172.500 euros) pagarían el 40% en vez del 45%. La medida provocó un desplome de la libra, porque los inversores temían que Reino Unido no pudiera financiar sus ayudas contra la crisis (lleva gastados 178.400 millones de euros, el 6,5% de su PIB) si reduce su recaudación. Incluso sus colegas conservadores estaban en contra, forzando a Truss a retirar esta rebaja concreta, aunque sigue con su Plan: "bajar impuestos es lo correcto, moral y económicamente", reiteró ayer. La otra excepción en Europa es el PP español, con Feijoo defendiendo desde hace semanas la bajada de impuestos, como medida estrella para luchar contra la inflación. Ideología antes que realismo.

Y en medio de este panorama, Andalucía y Madrid, dos autonomías gobernadas por el PP anuncian bajadas de impuestos en 2023, año de elecciones. Ambos aprueban “deflactar” la tarifa de la Renta, lo que supone descontar la inflación a lo que se ha ganado en 2022, lo que hará que se pague menos. Pero ojo, la medida reducirá la recaudación (que tanta falta hace para sanidad, educación, gastos sociales y en Andalucía, contra la sequía) de forma desigual: pagarán menos los que más tienen. En Madrid, por ejemplo, la deflactación ahorrará 19 euros anuales a las rentas más bajas y 110 euros a las más altas. Además, Andalucía se suma a Madrid y también suprime el pago por el impuesto de patrimonio  a sus 20.660 contribuyentes más ricos, con lo que perderá 120 millones de recaudación. Madrid lleva desde 2011 sin cobrar patrimonio y beneficiando a 19.508 declarantes más ricos (250 con más de 30 millones), perdiendo 905 millones de recaudación al año.

Tras las rebajas de Andalucía y Madrid, las demás autonomías gobernadas por el PP  (Murcia, Galicia, Castilla y León) se han lanzado a prometer rebajas de impuestos en 2023, por la vía de deflactar la tarifa o suprimir el impuesto de sociedades. Incluso tres comunidades gobernadas por el PSOE, Valencia, Baleares y Castilla la Mancha, se suman a las rebajas, aunque de otra manera: proponen bajar impuestos a las familias con menos ingresos y subirlas a los más ricos, con un saldo de pérdida de recaudación.

Esta rebaja autonómica de impuestos es injusta por partida triple. Injusta con Europa, cuyos contribuyentes no entenderán que algunas regiones españolas bajan impuestos cuando nos han prometido 140.000 millones (77.200 millones a fondo perdido), que saldrán de sus bolsillos. Injusta con otras autonomías, porque con el sistema de financiación autonómica actual, hay regiones que ingresan de más y otras menos: Madrid recibe el 101,2% de la media (es de las sobre financiadas, junto a Cantabria, la Rioja, Canarias, Extremadura y Baleares), mientras otras reciben menos en el reparto (Valencia, Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía están infra financiadas). Y sobre todo, injusta con la mayoría de los ciudadanos: las autonomías que bajan impuestos son las que menos gastan en sanidad (Madrid, Cataluña, Murcia y Andalucía tienen el menor gasto por habitante), en educación (Madrid es la que menos gasta) y gastos sociales (Murcia, Madrid y Andalucía entre las 5 que menos gastan). No es casualidad: si se bajan impuestos, se recauda menos y se gasta menos.

El Gobierno ha querido cortar de raíz esta “carrera de rebajas fiscales”, aprobando varios cambios fiscales para 2023 y 2024, que son un “parche”, un sucedáneo de la reforma fiscal a fondo que España necesita, pero que es imposible pactar en víspera de un año electoral. Es una “estrategia fiscal Robín Hood”: bajar impuestos a una mayoría de familias y empresas con más problemas, a cambio de subirlos a una minoría, buscando que el saldo sea positivo: +3.144 millones de recaudación entre 2023 y 2024.

La bajada de impuestos no es generalizada (en línea con Europa) sino que afecta a tres grupos. El primero, entre 4 y 5 millones de trabajadores con menos ingresos, que ganan menos de 21.000 euros anuales (el salario mediano en España): no se toca su tarifa en el IRPF pero se extiende la deducción por el trabajo, con lo que pagarán menos en Renta (entre 331 euros un matrimonio con dos hijos, 689 menos un pensionista medio y 746 euros un soltero). El segundo, los autónomos, a los que se rebaja un 5% adicional el rendimiento neto de los módulos por los que pagan (beneficiará a 577.000) y se les permite aumentar del 5 al 7% los gastos deducibles sin justificar (beneficia a 956.000 autónomos). Y el tercero, la rebaja de tipos (del 25 al 23%) a las pymes que facturan menos de 1 millón de euros (son 407.384). Y baja el IVA de las compresas al 4%. En total, un ahorro fiscal de 2.505 millones.

Para compensarlo, se suben los impuestos a dos pequeños grupos. Uno, a los grandes grupos empresariales, a los que se limita un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de sus filiales (pagarán más 3.600 grandes empresas). Y otro, a los más ricos, con la creación de un nuevo impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas, que afectará sólo a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, que pagarán este impuesto vivan donde vivan. Además, se sube el impuesto a los que ingresan más de 200.000 euros anuales en intereses y dividendos (del 26 al 27 y 28%, según la cuantía), lo que subirá los impuestos a 17.814 contribuyentes. En total, entre grandes empresas y los más ricos, se espera ingresar 5.649 millones más entre 2023 y 2024. Restando los 2.505 millones que se rebajan a trabajadores, autónomos y pymes, se recaudará 3.144 millones más. Que falta van a hacer.

Estos cambios fiscales se suman a los dos nuevos impuestos, a los beneficios extraordinarios de las energéticas (en línea con lo aprobado por Europa) y la banca, para recaudar 7.000 millones extras en dos años, que el Gobierno pondrá  en marcha en 2023, con una Ley ad hoc que tampoco apoya el PP. En conjunto, se busca recaudar más, porque hará falta “con la que está cayendo”. Es una necesidad económica, no ideológica. Por eso digo que subir o bajar impuestos es un falso dilema: ahora, en esta coyuntura económica, hacen falta más ingresos, no menos. Es puro sentido común, no ideología. En España, ya nos faltaban ingresos antes y más ahora, para afrontar esta nueva crisis por la inflación, tras la pandemia. Y urge reforzar la sanidad, la educación, la lucha contra la desigualdad, la modernización del país, que buena falta nos hace. Que no les engañen.

"La Gran Renuncia": el trabajo no convence

España ha creado 1.262.000 nuevos empleos en los últimos 15 meses, de más calidad. Pero algunos expertos alertan: aumentan los empleados fijos que dejan su trabajo (40.064 este año). Temen que pase como en EEUU, donde hablan de “La Gran Renuncia”. No tiene nada que ver: en EEUU abandonaron su empleo en agosto 4,2 millones de trabajadores, frente a 7.490 en España. Y eso pasa porque allí hay mucha rotación laboral: 11,2 millones de empleos disponibles (2 por cada parado), mientras en España sólo hay 145.053 vacantes (1 por cada 20 parados). Lo que sí tenemos en España (y en el mundo) es “una gran insatisfacción” con el trabajo: la mitad de los trabajadores están desmotivados y querrían cambiar de empleo. Como no pueden, trabajan “pasando”, cumpliendo sin más: es “La Gran Dimisión”. Un problema serio, que baja la productividad. Recetas: mejores sueldos, más flexibilidad y menos jefes “tóxicos”. Urge modernizar el trabajo y las relaciones laborales, ancladas en el “ordeno y mando”.

Enrique Ortega

“Quien del trabajo huye, su porvenir destruye”. Refranero

Desde pequeños, nos han enseñado la necesidad de trabajar (“ganarás el pan con el sudor de tu frente” ) y que trabajar es el único camino para labrarse un futuro (“el trabajo y la economía son la mejor lotería”). Además, los más mayores hemos conocido épocas donde se podía tener un trabajo decente de por vida. Con la crisis de 2008, el mundo cambió drásticamente y llegaron los despidos masivos y, después, la recuperación de los trabajos precarios, sobre todo para los jóvenes. Y con el parón de la pandemia, muchos trabajadores “reflexionaron sobre sus empleos”: ¿merece la pena malvivir para trabajar por 1.000 euros o menos? Y eso ha provocado en muchos países que algunos trabajadores (ojo, los que podían) dejen sus trabajos o los cambien por otros menos agobiantes. Es lo que algunos llaman “La Gran Renuncia”: trabajadores que dejan sus empleos. Un tema que agrandan y explotan algunos empresarios y expertos en España para quejarse de que ahora no encuentran trabajadores.

Pero “La Gran Renuncia” es otra cosa. El concepto lo inventó Anthony Klotz, profesor de la Universidad de Texas, en mayo de 2021, tras conocerse el dato de que, en abril, casi 4 millones de norteamericanos (el 2,7% de los empleados) habían dejado su trabajo, la mayoría para buscar otro. Y se ha seguido hablando del tema, porque en todo 2021 han sido casi 50 millones los norteamericanos (el 33% de los ocupados) que han dejado sus trabajos. Y también se ha hablado del “problema” de “la Gran renuncia” en Reino Unido (más de medio millón) y Francia (523.000 en el primer semestre de 2023). En España, la alarma saltó en abril de este año, con 5.467 empleados fijos que dejaron su trabajo, un récord desconocido. En mayo, la ministra de Trabajo convocó incluso a sindicatos y patronal para hablar del tema, pero la reunión acabó sin ningún acuerdo ni medida.

Y la verdad es que “La Gran Renuncia” de la que se habla en EEUU poco tiene que ver con la de España. Allí, este mes de agosto ha habido otros 4,2 millones de trabajadores que han renunciado a sus empleos (un 3% de los trabajadores), mientras en España, la cifra de agosto, con ser otro récord (7.490 “renuncias”), apenas supone el 0,0004% de los asalariados. Y, sobre todo, los norteamericanos que dejan sus empleos voluntariamente no lo hacen para irse a su casa (una minoría) sino para cambiar de trabajo, dado que ahora hay “un boom” de empleo y resulta fácil cambiarse: había 11,2 millones de empleos vacantes en EEUU a finales de julio, el doble que parados (5,66 millones). Así que hay una enorme “rotación”, que explica “La Gran Renuncia”. En España, por desgracia, no pasa esto: a finales de junio había 145.053 empleos vacantes, para casi 3 millones de parados, según el INE. Con ello, el porcentaje de “vacantes” en España es el más bajo de Europa (0,9% de los empleos), según Eurostat: menos de un tercio que en la UE-27 (3% de vacantes), mucho menos que Alemania (4,5% vacantes) y sobre todo que en Estados Unidos (7,5% de los empleos están vacantes).

Así que aunque pueda parecer que en España tenemos el problema de “La Gran Renuncia” (46.064 trabajadores con empleos fijos han dejado su trabajo hasta finales de agosto), no es así, porque son pocos y porque no hay puestos vacantes (y mucho paro) como para que los españoles puedan pensar en cambiar de trabajo, como hacen los norteamericanos. En EEUU,  hay ahora un gran dinamismo económico y laboral tras la pandemia y las empresas se ven con el “problema” de tener que competir para que sus trabajadores no se les vayan y atraer a los que necesitan. Ojalá tuviéramos aquí ese problema USA… “Páguenles más” (“Pay them more”) fue la receta que les dio Biden a sus empresarios.

El problema que sí ternemos en España (y en todo el mundo) es que ha aumentado “la insatisfacción en el trabajo”, tras el paréntesis de la pandemia, donde los trabajadores tuvieron tiempo para reflexionar sobre sus vidas. Tener que dejar sus hogares y familias, el teletrabajo y volver a las largas jornadas laborales y a ambientes laborales tóxicos, a cambio de bajos salarios (y contratos precarios) ha dado que pensar a muchos trabajadores, en todo el mundo y en España. Los que pueden (en España una minoría) han optado por cambiar de empleo y trabajar menos (o “de otra manera”), poniendo su vida y su familia por delante del trabajo (nada de “vivir para trabajar”). Pero la mayoría han tenido que volver a sus rutinas y aguantar un trabajo que no les convence, por falta de alternativas mejores.

Lo que está claro es que la pandemia ha sido “un punto de inflexión” para los trabajadores en todo el mundo y que hay una gran “insatisfacción”, como revela una encuesta hecha por la consultora PwC en 44 países: 1 de cada 5 trabajadores tiene previsto “renunciar” a su trabajo (irse) en 2022, ya sea para buscar otro o dejarlo. Y dan tres razones básicas: el bajo salario, no “realizarse” en el trabajo y carecer de futuro profesional. Otra encuesta de la consultora McKinsey, hecha en 6 países, releva que el 40% de los trabajadores consultados “no están contentos con su trabajo y están pensando en dejarlo cuando puedan”. Y citan como causas los salarios, la falta de flexibilidad y su bienestar.

En España, el último informe Hays, de 2022, señala que más de la mitad de los trabajadores están “desmotivados en su trabajo”: un 54%, frente al 47% en 2021. El primer motivo de descontento señalado es el sueldo, algo normal en un país donde los sueldos medios han subido un +10,2% entre 2007 y 2020, según la Agencia Tributaria, la mitad que la inflación (+20,3%), con lo que los ingresos “reales” de los trabajadores son menores (-10,1%) que antes de la crisis de 2008. Y recordemos que el salario medio en España son 1.751 euros brutos (unos 1.400 euros netos), un 20% por debajo del sueldo medio europeo. El segundo problema señalado son las condiciones de trabajo: contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral. Y el tercero, señalado por muchos encuestados, “tener un jefe tóxico”, que dificulta o impide la carrera laboral. Ojo a este dato: 3 de cada 5 trabajadores aseguran haber sufrido “discriminación en su trabajo”, por género, edad, apariencia física o inclinación política, según un recientísimo informe de Cegos.

Con esta “insatisfacción” de más de la mitad de los trabajadores, lo que tenemos en España no es “La Gran Renuncia” que preocupa en USA (trabajadores que se van a otro empleo) sino lo que algunos llaman “La Renuncia Silenciosa”: trabajadores insatisfechos que como no encuentran otro trabajo, se quedan en el que tienen y “cumplen a secas”. Hacen su horario estricto y no se implican en su trabajo, “pasan”, sin hacer nada que pueda justificar su despido. No están motivados y trabajan “lo indispensable”. Es un fenómeno que se da cada vez más en trabajos que no son vocacionales: en el campo, la hostelería, la construcción y el comercio. Como sienten que la empresa “les da poco”, ellos también aportan lo mínimo. Y eso daña seriamente la productividad de las empresas y del país.

Urge tomar conciencia de este problema laboral, el “pasotismo”, agravado tras las reflexiones durante la pandemia. Es hora de que las empresas reestructuren a fondo sus políticas laborales y dejen de quejarse del absentismo para intentar detectar su origen y combatirlo con eficacia. Hay que cambiarla gestión de los recursos humanos, en cuestiones básicas: procesos de selección, contratos, salarios, formación, organización del trabajo, conciliación  e integración laboral. Yo siempre digo que la democracia ha entrado en España en las instituciones y en la política, pero no en las empresas: hay demasiadas empresas donde rige el “ordeno y mando” del dueño. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta…

Además, la mala organización del trabajo y la escasa integración de los trabajadores en la marcha de la empresa no sólo empeora los resultados de las compañías sino que es uno de los factores que explican la baja productividad de España (la menor entre los grandes países europeos), junto al modelo económico (demasiado peso de los servicios), la baja tecnología, el exceso de pymes y la falta de formación de los trabajadores. Así, “los jefes” en España ejercen más control sobre sus subordinados (un 41% frente al 24% en Alemania), sólo un 26% de las empresas encuestan las opiniones de sus empleados (un 51% en Alemania) y sólo el 17% toman las decisiones “en equipo” (el 35% en Alemania), según revela un estudio de CaixaBank Research. En definitiva, que tiene un gran peso la gestión del “ordeno y mando” y eso no ayuda a mejorar la productividad de las empresas y el país.

Frente a estos problemas, la mayoría de las empresas no modifican su gestión de personal y la patronal aprovecha para quejarse de que “no encuentran trabajadores para contratar”: en el campo dicen que les faltan entre 50.000 y 100.000 jornaleros (a los que “mal contratan” y “mal pagan”, obligándoles a “malvivir” en chabolas de temporeros que denuncia la ONU), en la construcción dicen que les faltan 700.000 trabajadores, 50.000 en la hostelería y otros 20.000 camioneros… Parece que “la gente no quiere trabajar”. No es así: la gente quiere trabajar con contratos, sueldos y condiciones dignas, no de cualquier manera. Y en otros casos, no encuentran trabajadores formados, porque las empresas y el país no apuestan por formar empleados más capacitados. Así que el problema no es “La Gran Renuncia”, sino “La Gran Desilusión”, que el trabajo ya no es lo que era. Paguen más y traten mejor a los trabajadores: verán como tienen más. Están a tiempo.