Rajoy y las pensiones: el que venga detrás...

Las pensiones han sido moneda de cambio para que Rajoy asegure la Legislatura: a cambio de los 5 votos del PNV, acepta subir todas las pensiones un 1,6% este año y en 2019, algo que consideraba “imposible” hasta ahora. Y lo más importante: retrasa hasta 2023 la reforma (recortes) que impuso en 2013, “para asegurar el futuro de las pensiones”. Dos “parches” que no afrontan el problema de las pensiones, cuyo déficit se agravará si no se toman medidas. La fundamental: no hacer más recortes sino conseguir más ingresos, entre 20.000 y 50.000 millones extras a 20 años, con ahorros, más cotizaciones y más ingresos fiscales, sobre todo de los que menos pagan (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos). España recauda 81.000 millones menos al año que Europa y así no hay quien financie las pensiones ni lo demás. Urge dejarse de “politiqueos” con las pensiones y afrontar una reforma de fondo. Porque si no, la solución será peor después.

enrique ortega

“Me veo una vez más obligado a pedirle a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto. Porque es muy fácil decir: suba las pensiones, ¿cuánto?, lo que quiera. Pero si luego no hay recursos para pagarlo, lo que estaremos es tomando el pelo a la gente”.
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Mariano Rajoy. Bruselas, 23 febrero 2018

Así pensaba Rajoy hasta hace poco: no se pueden subir más las pensiones. No salen las cuentas. Pero de repente salen: cuando el PNV le ofrece apoyar sus Presupuestos, este año y el que viene, y salvarle la Legislatura. Entonces sí hay dinero: 3.300 millones extras a gastar en las pensiones este año (1.500 millones más de lo dicho) y el que viene (1.800 más), para que todas las pensiones suban lo que el IPC, un 1,6% en 2018 y en 2019, a cobrar con efecto retroactivo desde enero de este año (unos 10 euros extras al mes, de media). Además, se mantiene la subida ya prevista del 3% para las pensiones mínimas (600 millones de gasto extra) y la subida de la base reguladora (del 52 al 56%) de las pensiones de viudedad (otro gasto de 400 millones). En total, 2.500 millones de gasto extra en pensiones en 2018 (y 2.800 en 2019) que hace unos días eran “imposibles”.

Pero hay más. El acuerdo del PP con el PNV, para que le apoye los Presupuestos 2018 con sus 5 diputados, tiene una cláusula de más calado que este dinero extra para las pensiones: se retrasa de enero de 2019 a enero de 2023 (4 años) la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, una reforma que el Gobierno Rajoy aprobó en 2013 para tratar de frenar el importe de las futuras pensiones y recortarlas, hasta un 30% para 2050. En su momento, el Gobierno del PP “vendió” esta reforma como un cambio necesario “para asegurar la sostenibilidad futura de las pensiones”: como los españoles vivimos más años, se trataba de rebajar el importe inicial de las nuevas pensiones, ya que las íbamos a cobrar más años. Según algunos cálculos, eso supondría rebajar desde 2019 todas las nuevas pensiones un porcentaje cada año, de tal manera que serían un 29,8% más bajas para 2050 (la nueva máxima pasaría de 2.561 euros a 1.797 euros y lo mismo las demás.

Ahora, Rajoy tira por la borda su reforma y las nuevas pensiones no se ajustarán hasta 2023. Rajoy ha apostado por salvar esta Legislatura y “el que venga detrás que arree”…No es que los recortes del “factor de sostenibilidad” fueran la solución  al grave problema de las pensiones (la clave está en aumentar los ingresos de sistema de pensiones, no en recortar los gastos), pero el Gobierno Rajoy sí lo creía y lo defendía… hasta que le ha tocado elegir entre mantenerse en el Gobierno o sanear las cuentas de las pensiones. Y con las elecciones de 2019 y 2020 por delante, no quiere perder el voto de casi 9 millones de pensionistas.

Pero es todo un parche para salir adelante ahora, sin preocuparse del futuro. Y además, un parche pactado entre Rajoy y el presidente del PNV, al margen del Parlamento y de donde tiene que pactarse la reforma de las pensiones, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (47 miembros). Y como todo parche, no afronta una reforma en profundidad del sistema de pensiones, reforma pendiente desde que se renovó el Parlamento en 2016 (y antes). De momento, Montoro sólo ha lanzado “globos sonda”, como que el gasto extra en pensiones (los 1.500 millones nuevos pactados con el PNV, no los 2.500 millones más presupuestado en 2018) van a salir de “un nuevo impuesto” que quiere poner a las tecnológicas (Google, Apple o Amazon), algo difícil de aplicar en un solo país y que la Comisión Europea estudia pero que está aún “muy verde” para que permita ingresar más este año (y serían sólo 600 millones, frente a 2.500 millones de gasto extra).

El Gobierno Rajoy trata de “ganar tiempo” y no afrontar una reforma a fondo de las pensiones, algo que tampoco agobia a “la oposición”, mientras millones de españoles están muy preocupados por sus pensiones. Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones” en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones. Ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para 2018, los expertos creen que se mantendrá en 17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).

El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos con la crisis. Pero los nuevos trabajadores son precarios, muchos tienen contratos temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (somos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.396 euros las nuevas en marzo 2018). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.

Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los 83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando: 900.000 activos menos en 2025. Así que si ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.

Y eso sin contar que el sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en 2013, las pensiones actuales se revalorizaban (antes del pacto con el PNV) un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea, que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos grandes objetivos que obligan a ingresar para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de las pensiones y con 8,7 millones de pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus pensiones, mientras la oposición tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a tomar, a corto y medio plazo.

Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios.  En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 50% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), haciendo que los  sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales. Y si no se quieren aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos vías: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016), frente al 13,3% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7% del PIB), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7%), según Eurostat . Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000 millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes. Mejor que el dinero extra se lo paguen a la Seguridad Social.

Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque España recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por hacer una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo? La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000 millones más. Otra vía es subir el impuesto al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medio ambientales, como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría ir a las pensiones. Y todavía quedaría, para mejorar la recaudación, que paguen más impuestos tres colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas y bancos, multinacionales y los más ricos.. Si se modifica la legislación y se dota a Hacienda de más inspectores (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos recaudar unos 30.000 millones más a medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.

No son “las cuentas de la lechera”, sino un resumen de las propuestas de muchos expertos para asegurar el futuro de las pensiones. Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho menos bajando los impuestos (Ciudadanos). Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá, con realismo y sin politiqueos. Y sabiendo que cuanto más se tarde en conseguir nuevos ingresos, más fácil será que nos impongan recortes más duros. No pidamos sólo subidas de las pensiones. Exijamos que pacten reformas de fondo ya para asegurar el futuro de las pensiones. No pierdan más tiempo. 

Pensiones y el órdago de los Presupuestos 2018

Mañana 3 de abril, el Gobierno presenta los Presupuestos 2018, sin apoyos para aprobarlos. Un órdago de Rajoy al PNV y al PSOE, con un chantaje claro: a ver si os atrevéis a no apoyar unos Presupuestos que dan “caramelos” a los jubilados, funcionarios, autonomías y familias. Son, una vez más, “trucos”: las ayudas a pensionistas suponen 10 euros de media al mes para 6,7 millones y los funcionarios, autonomías o familias apenas se llevan un pellizco de lo mucho que les han recortado. Y todo el gasto social, desde las pensiones a sanidad o educación, crece menos que la economía. Porque el Gobierno vuelve a recortar el déficit, hasta el 2,2% del PIB, más que Francia o Italia, aunque tengamos el doble de paro. Es un Presupuesto electoralista, con muchas “trampas”, que no consolida la recuperación ni el empleo y no corrige la desigualdad y la pobreza. Habría que recaudar 40.000 millones más (se puede) y gastar mucho más en lo necesario, no repartir “caramelos” electoralistas que a nadie engañan.

enrique ortega

El Gobierno Rajoy aprobó en diciembre la prórroga para 2018 de los Presupuestos 2017, como ya hizo en 2017, prorrogando los de 2016 antes de que aprobara, en junio de 2017, unos Presupuestos para medio 2017. Pero en enero, el ministro Montoro empezó a decir que el Gobierno quería aprobar unos Presupuestos para 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis de Cataluña. Y lanzó un doble chantaje al PSOE: los Presupuestos eran la garantía de una mayor subida para los funcionarios (como querían los sindicatos) y de mayores recursos para las autonomías (escasas de fondos y muchas gobernadas por el PSOE). Pero no consiguió apoyos. Y en esto, los pensionistas se lanzan a las calles y el Gobierno Rajoy ve una posibilidad de “matar dos pájaros de un tiro”: calmar a los pensionistas con algunas subidas y meter estas mejoras en los Presupuestos, para forzar a los demás partidos (sobre todo al PNV y al PSOE) a apoyarlos.

Y así, el Gobierno aprobó el viernes 27 de marzo unos Presupuestos en solitario, apoyados sólo por Ciudadanos y sin el apoyo de los grupos canarios y el PNV, imprescindibles para  sacarlos adelante (como hizo en 2017). Es un órdago en toda regla, que juega con 4 cartas marcadas incluidas en estos Presupuestos 2018: ayudas extras a los pensionistas, los funcionarios, las autonomías, las familias y los jóvenes. “Son unos Presupuestos que benefician a todo el mundo y los que no los apoyen tendrán que explicar por qué lo hacen”, señaló el ministro Montoro tras el Consejo de Ministros.

El primer “caramelo” de estos Presupuestos 2018 son las ayudas a los pensionistas. Se trata de una subida extra, con efectos desde el 1 de enero, para 6.730.000 pensionistas (dos tercios del total), que varían según su pensión: un 3% para las pensiones mínimas (2.400.000) y las no contributivas (450.000), un 2% a las viudas (500.000), un 1,5% para las pensiones de menos de 700 euros (1.500.000 pensionistas) y un 1% de aumento para las pensiones de 700 a 860 euros (1 millón). En total, el “caramelo” supone un gasto extra de 1.000 millones de euros, lo que, repartido entre los 6,73 millones de pensionistas beneficiados da… 148 euros por pensionista, o sea unos 10 euros más que van a cobrar en 14 pagas este año 2018… si se aprueban los Presupuestos. Y para casi la mitad, la subida del 1,5% o menos se la comerá la inflación prevista (1,5%). El tercio restante de pensionistas, casi 3 millones, no reciben nada nuevo, sólo la mísera subida del 0,25% aprobada antes.

El segundo “caramelo” de los Presupuestos se dirige a los 2,5 millones de funcionarios, a los que ya no les subirán el sueldo un 1%, como en 2017, sino un 1,75% en 2018, tras un pacto con los sindicatos que contempla una subida del 6,9% al 8,79% entre 2018 y 2020. Pero al final, la mayoría de los funcionarios cobrarán unos 50 euros más de media cada mes y la inflación (1,5%) se llevará la mayor parte de la subida, tras haber perdido un 14% de poder adquisitivo desde 2010. Además, el Presupuesto incluye otra extra para la Policía Nacional y los guardias civiles: en 3 años cobrarán lo mismo que los Mossos d´Escuadra, aunque este año sólo se paga una parte (500 millones) y se deja el grueso (701 millones) para 2019 y 2020.

El tercer “caramelo” son 4.230 millones más de aportación del Estado a las autonomías, no porque Montoro se sienta “espléndido”  sino porque se prevé recaudar más y las autonomías se llevan entonces más en su reparto de los impuestos. Un dinero que llevan varios meses esperando, ante la falta de un Presupuesto, y con el que el Gobierno presiona a las autonomías socialistas, muy necesitadas de estos fondos, tras 6 años de recortes y sin que Rajoy haya aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, como prometió en 2016.

El cuarto “caramelo” son rebajas fiscales varias y ayudas a la familia y a los jóvenes, un “caramelo” que quiere apuntarse Ciudadanos y que cuesta unos 2.000 millones de euros en el Presupuesto 2018. Por un lado, se sube el mínimo exento del IRPF de 12.000 a 14.000 euros, con lo que 3.500.000 españoles no tendrán ya que declarar IRPF (1 millón de ellos, pensionistas). Además, pagarán menos Renta los que ganan entre 12.000 y 18.000 euros. Por otro, se dan deducciones fiscales a familias  para guarderías (hasta 1.000 euros anuales) y a familias con dependientes, ampliando los permisos de paternidad de 4 a 5 semanas. Y al margen del tema fiscal, el Presupuesto 2018 incluye el pago de 430 euros a los jóvenes que trabajen y se formen, aunque esto lo pagan los Fondos europeos, no Montoro. Y también se “vende” que estos Presupuestos aumentarán el gasto en becas, Dependencia y Ciencia, un “pequeño caramelo” tras los drásticos recortes hechos entre 2012 y 2016.

En principio, estos “caramelos” del Presupuesto 2018 “suenan bien”, deberían gustar a todo el mundo, aunque sean insuficientes. El problema es que “esconden” la otra parte del Presupuesto, el resto de los gastos, que suben muy poco o nada. Y eso porque este Presupuesto 2018 es otro Presupuesto de ajuste, el 7º de Rajoy, se venda como se venda (“son los Presupuestos más sociales de la historia del PP”, dicen en Génova). Y eso porque el gran objetivo es reducir otra vez el déficit público, del 3,07% en que cerró en 2017 al 2,2% prometido a Bruselas en 2018. Eso significa, a lo claro, que la diferencia entre gastos e ingresos públicos se reducirá otros 10.000 millones en 2018.

¿Cómo se puede a la vez gastar más en “caramelos” y otras partidas y a la vez rebajar el déficit público, reducir el agujero de las cuentas públicas? Pues creciendo más , recaudando más y gastando poco. Por un lado, Rajoy ha subido el crecimiento previsto en 2018 del 2,3 (octubre) al 2,7%, con lo que espera ingresar 12.000 millones más en 2018 (algo "increíble", según los técnicos de Hacienda GESTHA). Y además, va a subir el gasto en la mayoría de las partidas menos del crecimiento nominal de la economía, menos del 4,2% (2,7% del PIB+1,5% inflación), para poder recortar el déficit.

Así, nos venderán subidas en casi todo, pero inferiores al 4,2%, con lo que en realidad esas partidas de gasto pierden peso. Un ejemplo, las pensiones: el gasto crece año tras año y en 2018, pero el peso del gasto en pensiones está cayendo: en 2013, España gastaba un 10,6% del PIB en pensiones y en 2017 gastamos un 9,9%. Menos, aunque sean más euros. Y lo mismo pasa en sanidad (baja gasto del 6% del PIB en 2017 al 5,8% en 2018), educación (baja del 3,9% al 3,8%) y gastos sociales (bajan del 16,5% del PIB en 2017 al 16,2% en 2018): llevan años creciendo el gasto menos que la economía, perdiendo peso y deteriorándose así el Estado del Bienestar en España. Otro ejemplo: en Dependencia, el Presupuesto 2018 sube sólo 46 millones (fueron +100 millones en 2017), casi los que se dejaron de gastar en 2017 (44 millones) porque las autonomías no pudieron poner su parte (ahora tendrán que poner 184 millones en seis meses y como no podrán, tampoco esos 46 millones extras se gastarán), según denuncian los Directores de Servicios Sociales.

Así que el Gobierno Rajoy no sólo echa un órdago a los demás partidos con el Presupuesto 2018 sino que hace de “trilero” con las cuentas: sube unas partidas ostensiblemente, para frenar protestas con pequeñas mejoras en vísperas de las elecciones 2019, y aumenta poco otras, para poder seguir recortando el déficit público por debajo del 3%, algo difícil y sin sentido. Difícil, porque el Banco de España no se cree que el Gobierno rebaje el déficit este año al 2,2% (creen que será del 2,5%), como tampoco Bruselas (creen que será del 2,4%). Y eso porque Montoro siempre exagera al hacer el Presupuesto y contempla más recaudación de la que luego consigue, con lo que ningún año ha cumplido el déficit (salvo en 2017). Y además, es un esfuerzo sin sentido porque, inicialmente, el tope del déficit para los países euro es del 3%. Y hay países como Francia e Italia que han hecho un Presupuesto 2018 con una previsión de déficit del 2,6%. ¿Tiene sentido que España se sacrifique en tenerlo más bajo cuando tenemos menos renta, más pobreza y desigualdad y el doble de paro? No, salvo para que Rajoy presuma “de rigor” ante los fundamentalistas del déficit de Bruselas.

El problema de fondo de estos Presupuesto 2018 no son los “caramelos” que incluye para forzar a apoyarlos. La clave es que no son los Presupuestos que necesita España. Básicamente, porque hacen falta unas cuentas públicas que consoliden la recuperación y el empleo, que permitan crecer más en un año en que no tendremos “ayuda externa” como en el pasado, porque están subiendo el petróleo, el dólar y los tipos, que juegan en nuestra contra. Lo que la economía necesita no son más recortes ni gastos “maquillados”, sino un impulso desde los Presupuestos, con más gasto en lo que nos hace falta: un Plan de choque contra el paro (5.000 millones), un Plan de empleo para los jóvenes (3.000 millones), una mayor financiación de las pensiones (25.000 millones, para tapar los 17.000 millones de déficit y permitir unas subidas dignas), una recuperación de la sanidad, la educación y la Dependencia (con 10.000 millones más de gasto mínimo), un Plan contra la pobreza (2.000 millones) un empuje a la Ciencia y a la industrialización (2.000 millones) y un programa de inversiones públicas (3.000 millones) que modernice infraestructuras y potencie la inversión privada. En total, unos 50.000 millones extras, no los pequeños “caramelos” que nos venden ahora.

Y estos gastos se pueden afrontar, en dos años, si los Presupuestos afrontaran su principal reto: recaudar más. El gran problema de España, como insisten los expertos, la Comisión Europea, la OCDE y el FMI, es que tiene muchos menos ingresos públicos que el resto de Europa: en 2018, según datos de Bruselas, recaudaremos un 38% del PIB mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recaudará este año 72.000 millones de euros menos que la media europea. Una cifra que permitiría gastar mucho más. Y recaudamos menos, según la Comisión Europea, porque recaudamos menos por IVA (demasiadas excepciones al 21%), por carburantes (Montoro se niega a subir impuestos al gasóleo, por le pide Bruselas), por impuestos medioambientales, por IRPF (demasiadas deducciones) y por sociedades (demasiadas exenciones).

No se trata de subir los impuestos a la mayoría que ya pagamos (asalariados, pensionistas y familias pagan el 83% de los impuestos) sino de reducir el fraude fiscal y subir los impuestos a los que pagan poco (“legalmente”): grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Pero de esto no quieren oír hablar el PP y Ciudadanos, que se pelean por ver “quien baja más los impuestos”. Y lo que hace falta es subir la recaudación, acercarla a niveles europeos, no bajarla. Porque sólo recaudando más se puede gastar más y hace mucha falta hacerlo para que la recuperación llegue de verdad a la mayoría. Y para que las mejoras a los pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias sean de verdad y no "cosméticas", con reformas de fondo que no se afrontan, como la de las pensiones o la reforma fiscal. 

Ya tenemos Presupuestos 2018 y a finales de abril, cuando se voten las enmiendas a la totalidad, se verá si salen adelante (con “caramelos” de verdad para vascos y canarios: cupo, inversiones AVE, recortes tarifa eléctrica industrias, régimen especial canario, inversiones y ayudas al transporte)  o si se devuelven al Gobierno, que podría entonces aprobar las mejoras a pensionistas, funcionarios, autonomías y familias con varios Decretos-leyes, como ha hecho otras veces. Pero se habrá perdido una oportunidad  de oro para debatir y aprobar unos Presupuestos que de verdad ayuden a la economía y no busquen votos. Unas cuentas públicas que consigan más ingresos públicos y los gasten en lo que hace falta. Unos Presupuestos que consoliden la recuperación y apuesten por un país menos desigual y más justo.

Rey en Davos: hablen en español si quieren apoyarlo

Este miércoles 24 de enero, el presidente Rajoy hablaba en un acto en Madrid de que “tenemos la obligación de custodiar y legar el español”, anunciando un Plan para promocionarlo por el mundo. Una hora antes, el Rey Felipe VI intervenía por primera vez en la Cumbre de Davos y lo hacía… en inglés. Ese mismo día, intervenían también en Davos el presidente Macron (la mitad en inglés y la otra mitad en francés, bien sûr) y la canciller Merkel (en alemán, natürlich). Todo un ejemplo para el Rey y para tantos dirigentes políticos y empresariales que se pasean por el mundo presumiendo de su inglés y no dándose cuenta que el español se defiende… hablándolo, no con Planes y campañas de promoción. Y hay que saber que el español, la segunda lengua del mundo, es también un gran valor económico, que se resiente con tantos anglicismos como usamos cada día. Hablen en español, por favor.

Hace menos de dos años publiqué un blog titulado “No apreciamos el valor del español”. Y ahí señalaba que nuestro idioma no es sólo el segúndo más hablado del mundo (570 millones de personas y podría llegarse a 700 millones en 30 años), tras el inglés, sino que tiene también un gran valor económico: aporta un 15% del PIB por las actividades educativas, audiovisuales o de edición y su ayuda en el comercio y las inversiones internacionales. Pero se trata de un idioma que no apoyamos, ni dentro ni fuera de España. Y ponía como ejemplo el auge de los anglicismos en la publicidad y en los medios, así como el contrasentido de que nos presentáramos a Eurovisión 2016 con una canción en inglés (“Say Yay), que además quedó en el puesto 22 de 26 países... Y la consecuencia es que el español es una lengua minoritaria en las instituciones internacionales, desde la Unión Europea (el español es un idioma marginal en las reuniones y documentos oficiales) a la UEFA (somos una "potencia futbolística", pero los tres idiomas oficiales son el inglés, el francés y el alemán, no el español).

Y en este contexto, el rey Felipe VI se descuelga en Davos, un “escaparate mundial", hablando en inglés, curiosamente para promocionar “la marca España”. Vale, tenemos un rey “preparado”, con un inglés de Georgetown (donde se graduó en 1995), pero así no se promociona el español. Sería impensable un discurso importante de un presidente francés en inglés, como demostró Emmanuel Macron en Davos (aunque intervino la mitad en inglés). Y lo mismo hizo Ángela Merkel, pronunciando su discurso en alemán. Defienden  su lengua, más minoritaria que el español.

De poco vale que una hora después, en Madrid, el presidente Rajoy presentara un “ambicioso Plan” para promover el español por todo el mundo, anunciando la creación de un Erasmus latinoamericano y desgravaciones fiscales para empresas y multinacionales que se impliquen en fomentar el español por el mundo. “El español es un patrimonio que tenemos obligación de custodiar y legar”, dijo muy solemnemente. Dígaselo al Rey. Den ejemplo. Cuiden el español.

El segundo rescate de las autopistas de peaje

El viernes pasado, mientras media España huía de vacaciones, el Gobierno aprobaba el rescate de 9 autopistas de peaje privadas en liquidación, que ahora serán públicas. El Estado cargará con su deuda y las reflotará con ayudas varias, con la idea de privatizarlas a finales de 2018, cuando estén saneadas con dinero público. Y eso tras haberles inyectado ya, Zapatero y Rajoy, más de 5.200 millones de ayudas públicas entre 2010 y 2021, para evitar su quiebra actual. El Gobierno Rajoy dice que este nuevo rescate “no costará dinero a los contribuyentes”, pero la factura estará entre 3.400 y 5.000 millones de euros y la mayoría no se recuperará. El escándalo no es sólo que estemos ante un nuevo rescate de errores privados (Cajas, déficit eléctrico, moratoria nuclear, almacén gas Castor…) sino que la historia se repite: en 1984, Felipe González tuvo que nacionalizar 6 autopistas en apuros y en 2003, cuando ya ganaban dinero, Aznar las privatizó (perdiendo dinero). Doble escándalo.



                                                                            Enrique Ortega

La historia de este segundo rescate de las autopistas se inicia a principios de este siglo, con tres protagonistas claves: el presidente Aznar, el ministro de Fomento Álvarez Cascos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, empeñada en tener tantas autopistas cerca de la capital “como los catalanes y como París”. Para eso, embarcaron a las principales constructoras y bancos en un macro-proyecto de 10 autopistas de segunda generación, que se construyeron entre 1999 y 2003, en pleno boom económico (ver mapa): las 4 radiales de acceso a Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la M-12 a Barajas y la Madrid-Toledo (AP 41), junto a Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y Alicante-Cartagena (la única que queda ahora fuera del plan de rescate aprobado el viernes).

El problema es que se diseñaron pensando en un tráfico irreal, que se desplomó con la crisis, máxime cuando hay autovías gratuitas que circulan en paralelo. Y además se multiplicó por siete el coste de las expropiaciones, gracias a la ley del Suelo aprobada por Aznar en 1998. Pero no importaba: el negocio de las autopistas estaba en construirlas (sus dueños son las grandes constructoras: ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC, ferrovial y Globalvía) y en financiarlas (los bancos participantes, Santander, Bankia, La Caixa y Sabadell más algunos extranjeros cobraban de 10 a 20 millones al año en intereses), sin poner apenas capital. Un ejemplo: en la R-2 (Madrid-Guadalajara), inaugurada con toda pompa por Aznar en 2003, los socios solo pusieron el 12% de inversión y el 88% restante eran créditos (424,5 millones).

Una vez construidas las autopistas de peaje, si luego no pasaban coches y no salían las cuentas, el problema era del Estado. Sí, porque Aznar pactó con las concesionarias incluir en los contratos la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): si había problemas y las concesionarias no pagaban la deuda, debía hacerlo el Estado. Negocio redondo.

Con la crisis, el tráfico y los ingresos de estas autopistas cayeron en picado y amenazan entrar en quiebra. Para evitarlo, el Gobierno Zapatero salió en su ayuda (con apoyo del PP) en los Presupuestos de 2010 y 2011, con 800 millones de créditos blandos a devolver al final de la concesión (65 años) más un adelanto de dinero (80 millones anuales) para cubrir la caída del tráfico. Al llegar Rajoy, mantiene las ayudas en 2012 y las amplía hasta 2021 (ZP las estableció hasta 2018). Y para 2013, duplica el adelanto de dinero (de 80 a 150 millones anuales). En conjunto, estas autopistas que ahora se rescatan ya tenían garantizadas ayudas públicas por 5.200 millones de euros hasta 2021. Y eso sin contar las ayudas indirectas que supone subvencionar el 50% del peaje a los camiones que vayan por autopista (el Gobierno destinó 10 millones del Presupuesto en 2015 y otros 32,7 millones en 2017). Y además, Zapatero y Rajoy se comprometieron a subirles los peajes por encima del IPC entre 2011 y 2015, otra ayuda más a costa de nuestro bolsillo. Y eso sin contar con los 1.098 millones recibidos por las autopistas (todas) entre 1999 y 2011, como compensación por haber subido menos las tarifas para que España entrara en el euro (Real Decreto 6/1999).

Pero ni con estas importantes ayudas públicas han podido salir a flote estas autopistas de peaje. Y las concesionarias se encontraron con que no podían pagar la deuda ni conseguían refinanciarla. Y así, en 2013, suspendieron pagos una tras otra, mientras constructoras y bancos le recordaban al Gobierno que el problema era suyo, que la cláusula-regalo de Aznar obligaba al Estado a hacerse cargo de la deuda. Han sido tres años largos (2014-2016) en que el Gobierno, los bancos acreedores y las constructoras han tratado de renegociar una salida, sin conseguir un acuerdo. Y ahora, en julio, cuando los Tribunales han liquidado las primeras autopistas, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a tomar una decisión y rescatarlas.

El ministro de Fomento dice que no es una decisión política sino una obligación de los Tribunales. Es verdad. Pero se olvida decir que si las autopistas no quiebran y se cierran sino que se cargan ahora sobre el bolsillo de todos los españoles  es por una decisión política que tomó su partido a principios de siglo. También dice que “no tendrá coste” para los españoles, porque la idea es nacionalizarlas de nuevo a finales de 2018 y recuperar el coste del rescate, que subirá el déficit público de 2018, sobre todo. Pero está claro que coste habrá para los contribuyentes, como pasará con el rescate bancario.

Por un lado, el Estado tendrá que hacer frente a la deuda bancaria, unos 3.400 millones de euros. Además, tendrá que afrontar el pago de indemnizaciones aún pendientes por expropiaciones a algunos propietarios de terrenos, demandas que suman otros 1.200 millones. Y cargar con los costes de mantenimiento, conservación y personal de las 9 autopistas rescatadas (748 kilómetros, el 22% de toda la red de autopistas) y traspasadas a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (SEITTSA), unos 65 millones más al año. Además, seguro que aprobarán una subida extra de los peajes para ayudar a subir sus ingresos y sanearlas, además de la subvención a los camiones (otros 40 millones en 2018). Redondeando, el rescate nos costará unos 5.000 millones, según la patronal SEOPAN. Y luego, una vez que estas autopistas estén saneadas, sin deuda y con más ingresos, pues a buscar una sola empresa que compre las 9 autopistas (barato). Incluso no se descarta que puedan volver a una de las concesionarias que las tenían hasta ahora. Negocio redondo.

Lo más sangrante es que muchas de estas autopistas pertenecen a concesionarias y constructoras con elevados beneficios, como Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr, Azvi, Isolux o Comsa. Y que varias de ellas explotan autopistas muy rentables (como saben catalanes y levantinos), en especial Abertis con Acesa, Aumar e Iberpistas. Lo lógico hubiera sido forzarles a “cargar con el error” de estas inversiones, o bien liquidando estas empresas o fusionándolas con otras autopistas rentables. Pero no, nos han cargado sus pérdidas a todos, al Estado, gracias a la cláusula de responsabilidad que les regaló Aznar.

Y lo peor es que la historia se repite. En marzo de 1984, el Gobierno de Felipe González creó la empresa pública ENA para nacionalizar seis autopistas en apuros (de Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones, menos de lo que aportó el Estado a ENA (1.700 millones). Y antes, las autopistas, habían gozado de importantes privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del Estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos costó a los españoles unos 8.000 millones de euros. Ahora, de momento, nos costarán otros 6.300 millones más acordados por Aznar, Zapatero y Rajoy, más lo que nos cueste la empresa pública SEITTSA.

Ayudas públicas con dinero de todos para resolver los problemas creados por decisiones políticas erróneas y compromisos polémicos con empresas poderosas. Es una historia que se repite una y otra vez: déficit eléctrico (Aznar), moratoria nuclear (Felipe González), rescate bancario (Rajoy), el rescate del almacén de gas Castor (Zapatero-Rajoy) y ahora las autopistas. Dinero y más dinero público para ayudar a grandes empresas privadas (¡Viva la economía de mercado…¡), mientras 185.000 empresas españolas han tenido que cerrar con la crisis sin que nadie les haya ayudado. Y mientras los españoles hemos sufrido  los recortes de unos 30.000 millones de gasto público en educación, sanidad, desempleo, dependencia, ayudas sociales  I+D+i, cultura, Cooperación… Doble rasero. Es un escándalo.