Menos españoles y más inmigrantes

Este martes, los medios hablaban en portada de la Superliga mientras el INE publicaba un dato que apenas destacaban: España perdió 106.146 habitantes en 2020. La población cayó porque hubo menos nacimientos, más muertes y llegaron menos inmigrantes. Pero la culpa no es sólo de la pandemia. En la última década, la población española ha caído en 5 años (2012, 2013, 2014, 2015 y 2020), porque tenemos un serio problema demográfico (pocos nacimientos y envejecimiento), que provocará que los nacidos en España pasen de 40 millones hoy a 37 millones en 2050 y 33,8 en 2070. Y sólo nos salvarán los inmigrantes, como ya está pasando: el 79% del crecimiento de la población en España entre 2000 y 2020 ha sido gracias a los inmigrantes. Esta caída de población es una grave hipoteca de futuro, para sostener el empleo, las pensiones y el Estado del Bienestar. Por eso urge un doble Pacto, para fomentar la natalidad y regular la entrada de extranjeros, a los que necesitamos. Faltan habitantes.

Enrique Ortega

El menor crecimiento de la población y su envejecimiento se dan en toda Europa, no sólo en España. La población de la UE-27 ha pasado de 440 millones en 2008 a 441 en 2013 y 447 en 2019, según Eurostat, apenas un 1,65% de crecimiento en once años (+ 7,27 millones de habitantes), en contraste con el fuerte crecimiento de la población en América, Asia y África. Esto se debe a que cada vez hay menos nacimientos (4,17 millones en 2019 frente a 4,68 millones en 2008) y más muertes, por el envejecimiento creciente de la población europea. En 2019, la tasa de fertilidad de las europeas era de 1,53 hijos por mujer (1,58 en 2008), con Francia en cabeza (1,86) y España a la cola (1,23 hijos por mujer), sólo mejor que Malta (1,14). Y al aumentar en paralelo la esperanza de vida (81,3 años en la UE-27 y 84 años en España), aumenta la mortalidad, frenando el aumento de población en Europa.

Este panorama, agravado, es el de la población en España. Baja la natalidad, por dos motivos: hay menos mujeres españolas en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la crisis de natalidad de los años 80 y principios de los 90, y tienen menos hijos (1,23 niños por mujer, la mitad que los 2,8 hijos por mujer de 1976). Y entre tanto, la mortalidad ha aumentado más, a partir de 1976 (299.007 defunciones), subiendo a 420.408 defunciones en 2015 y las 466.583 muertes que se esperan en 2020, por la COVID-19. Más muertes debido a que ha aumentado la esperanza de vida de los españoles (de 73,34 años en 1975 a 82,4 años en 2020) y con ello ha envejecido la población (el 19,58% tienen más de 65 años frente al 10,2% en 1975).

Con este panorama, la pandemia ha agravado el problema que ya teníamos con la población, porque ha aumentado la mortalidad en 2020 (50.837 muertos oficiales por COVID-10, según Sanidad), ha caído el número de nacimientos (podrían haberse reducido un -20%, a falta de datos de todo el año) y se ha reducido la entrada de inmigrantes respecto a años anteriores (11.539 frente a 343.289 en 2019), por el cierre de fronteras y las limitaciones a viajar. Estos tres factores explican que los habitantes censados en España hayan caído en 2020 en -106.146 personas (-0,2%), contabilizándose una población de 47.344.649 habitantes el 1 de enero de 2021, según el INE.

Pero esta caída de población no es un hecho aislado por la pandemia sino que es la 5ª caída de población que sufre España en la última década. Así, según los datos del INE, cayó más la población en 2012 (-135.538 habitantes), 2013 (-358.442), 2014 (-146.959) y algo menos en 2015 (-67.374) que en 2020 (-106.146). En estos años de caídas sin pandemia, lo que redujo la población fue la caída de la natalidad, el aumento de la mortalidad y, sobre todo, que llegaron menos inmigrantes, por la crisis. Y es que los inmigrantes son los que han salvado la población en España en las últimas 6 décadas. Así,  han supuesto el 40% del aumento de población total (6,8 millones de 16,9 millones) entre 1960 y 2020. Pero si concentramos el foco en este siglo, la inmigración ha sido responsable del 70% del aumento de la población española entre 2000 y 2020: de los 6,8 millones de nuevos habitantes empadronadas en estas 2 décadas, 5,3 millones nacieron fuera de España, según este interesante informe recién publicado por FEDEA.

A 1 de enero de 2021, hay censados en España 47.344.649 habitantes, de los que 41.936.827 personas son españoles (el 88,6%) y 5.407.822 extranjeros (el 11,4%). Y de esos 41,9 millones de habitantes españoles, 39.529.175 nacieron en España (94,3%) y 2.407.652 (5,7%) son personas nacidas en el extranjero y con nacionalidad española. De los “extranjeros” (5,4 millones de personas con otra nacionalidad), algo menos de un tercio son comunitarios (1.580.066) y más de dos tercios (3.827.756) son de fuera de la UE, donde se incluye ya a los británicos. Entre los “extranjeros” censados en España  destacan los marroquíes (869.661), rumanos (639.261), colombianos (290.053), británicos (280.022), italianos (256.115), chinos (228.584), venezolanos (197.615), hondureños (128.922), ecuatorianos (123.148) y búlgaros (117.265), según el INE. En 2020, a pesar de la pandemia, han aumentado los censados de Reino Unido (+17.137, para anticiparse al Brexit), Colombia (+17.003), Venezuela (+8.505), Honduras (+6.959) y Perú (+4.522), mientras cayeron los rumanos (-28.117), bolivianos (-7.994), ecuatorianos (-7.771), búlgaros (-5.108), brasileños (-3.843) y ucranianos (-3.756 censados).

En España, si quitamos los extranjeros de la UE, el porcentaje de inmigrantes baja al 7% de la población (enero 2020), por encima de la media europea (5%), por debajo de Austria (8%), Luxemburgo (9%) o Malta(10%), en línea con Alemania y Grecia (7%), por encima de Francia, Italia y Suecia (6%), Bélgica y Dinamarca (5%) o Portugal (4%) y Holanda (3%) y muy lejos del bajo porcentaje de extranjeros de la Europa del Este (1% en Polonia, Hungría o Bulgaria, por ejemplo), según el último dato de Eurostat. Al final, la mayor llegada de inmigrantes se ha producido en dos oleadas: una antigua de marroquíes y chinos y  otra más reciente (este siglo) de latinoamericanos (a los que no se les exigía el visado hasta hace poco) y rumanos y búlgaros (regularizados tras su ingreso en la UE en 2007).

En los próximos años, se va a mantener una elevada presión migratoria sobre España, según el estudio de FEDEA, debido a la alta presión demográfica en los paises origen de nuestros inmigrantes, básicamente África y Latinoamérica, aunque bajará la presión de los inmigrantes de Europa del Este (por su envejecimiento). Este factor explica el 40% de la inmigración, otro 26 % la atracción de inmigrantes que ya están, un 25% son factores bilaterales fijos y sólo un 9% de la inmigración viene por la situación económica de España, según el estudio , que estima llegarán 5,8 millones nuevos inmigrantes para 2050: 2 millones de Latinoamérica (sobre todo de Perú, Colombia y Venezuela, los paises con más jóvenes), 2 millones del norte de África y Oriente Próximo y 1 millón del resto del mundo.

Volviendo a la población, las previsiones para las próximas décadas anticipan que la población seguirá creciendo poco en Europa y en España. Las últimas proyecciones de la Comisión Europea (junio 2020) señalan que la población europea seguirá estable, con poco crecimiento en las próximas dos décadas (449 millones de habitantes entre 2025 y 2030), para decrecer a partir de 2030 y llegar a 2070 con 424 millones de europeos (-5% sobre hoy). Y habrá 20 paises europeos que perderán población entre 2020 y 2050, según un estudio del Finantial Times, encabezados por Italia (de 60,5 a 54,4 millones), Rumanía (de 19,2 a 16,3), Polonia (de 37,8 a 33,3), Bulgaria (de 6,9 a 5,4 millones) Hungría (de 9,7 a 8,5), Portugal (de 10,2 a 9,1) y Grecia (de 10,4 a 9 millones de habitantes).

España no va a perder población total pero crecerá muy poco, según las últimas proyecciones del INE: pasará de los 47,32 millones de hoy a 49,91 en 2050 y a 50,58 millones de habitantes en 2070, 3,26 millones más en 50 años (la mitad de los 6,83 millones de habitantes ganados entre 2000 y 2020). Pero este aumento encubre un hecho: el número de españoles nacidos en España caerá drásticamente: de 40,33 millones en 2020 a 37,10 en 2050 y 33,79 millones en 2070, según el INE. Habrá 6.540.263 españoles menos dentro de 50 años. Si luego la población total no cae así es porque “nos salvarán los inmigrantes”, como en las dos últimas décadas: la población extranjera residente pasará de 5.407.822 en 2020 a 12.801.714 en 2050 y a 16.795.740 extranjeros (el 33% del total) en 2070.

Este flujo migratorio “salvará la población total en España, que no caerá gracias a los inmigrantes. Pero ojo, con extranjeros y todo, habrá 10 regiones españolas que perderán población entre 2020 y 2035, , según el INE: Castilla y León (-10% y -239.064 habitantes), Asturias (-10% y -101.436 habitantes), Extremadura (-8,3% y -88.404 habitantes),Galicia (-6,6% y -178.257 habitantes), Cantabria (-5,3%), Ceuta (-3,9%), Castilla la Mancha (-3,3% y -66.756 habitantes), País Vasco (-1,7%), Aragón (-0,9%) y la Rioja (-0,3%). O sea, que la España vaciada se va a vaciar aún más. Las restantes regiones ganan población, sólo gracias a la inmigración, en especial Baleares (+14,9% y +179.921 habitantes), Madrid (+9,1% y +614.049 habitantes), Canarias (+8,4% y +182.272 habitantes), Murcia (+6,1% y +91.512 habitantes), Cataluña (+5,4% y +414.061 habitantes), Navarra (+4,5%) y la Comunidad Valenciana (+3% y +152.724 habitantes).

La caída de población (o el bajo crecimiento) y su envejecimiento son una preocupante hipoteca para toda Europa y más para España, donde el 31,4% de la población (15,6 millones de personas) tendrá más de 65 años en 2050. Varios son los problemas a afrontar. Por un lado, habrá 3 millones menos de jóvenes en edad de trabajar: pasaremos de tener 28,8 millones de personas en edad de trabajar (20 a 64 años) en 2020 a 25,9 millones en 2050, según el INE. Y eso será un problema serio para recaudar los impuestos necesarios para sostener el Estado del Bienestar (sanidad, educación dependencia, ayudas sociales) y para ingresar las cotizaciones con las que pagar las pensiones futuras. Baste un dato: si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá sólo 1,65 activos por cada jubilado. Y además, al tener casi un tercio de la población mayor de 65 años en 2050 y vivir más (por encima de 85 años en 2050), subirá el gasto en sanidad y en dependencia, siendo menos a trabajar y pagar impuestos y cotizaciones.

Con este panorama, se entiende que muchos expertos consideren la población como el tercer gran problema del siglo XXI, junto al cambio climático y la revolución tecnológica. Por eso urge tomar medidas cuanto antes, a pesar de los agobios de la pandemia, porque actuar sobre la población tarda décadas en dar frutos. De ahí que dentro del paquete de reformas a medio plazo se debía hacer más hincapié en afrontar el gran reto de la población, alcanzando un doble Pacto político, económico y social: un Plan de fomento de la natalidad y un Plan para organizar los flujos de inmigración, ambos de cara a 2050.

El Plan de fomento de la natalidad debería asentarse en 4 patas. Una, establecer más ayudas a las familias para que tengan más hijos, desde ayudas directas a más guarderías y plazas públicas en educación infantil. Dos, favorecer el trabajo de la mujer (tiene más paro y peores empleos y sueldos), con planes específicos para facilitar su colocación y políticas de conciliación en las empresas, para que las mujeres no tengan que dejar de trabajar por ser madres. Tres, descargar a las mujeres de las tareas de “cuidados”, mejorando la atención a la dependencia. Y cuatro, establecer una fiscalidad de apoyo a la natalidad, mejorando las pensiones de quienes tengan hijos (Campaña “Más hijos, más pensión”) o contabilizando como tiempo cotizado los años en que las madres cuidan a sus hijos.

Y hay que pactar un Plan sobre la inmigración, a nivel europeo y en España. No existe una política migratoria y España (como los demás paises del sur) se dedican a “tapar agujeros”, mientras la opinión pública sólo ve los cayucos, que son una insignificancia mediática en el flujo migratorio: 41.094 entradas ilegales por tierra y mar en 2020 (según FRONTEX) frente a 712.734 inmigrantes que entraron en 2019, según el INE… Y el Gobierno español, como los demás, se encuentra “superado” ante este fenómeno y reacciona con “racanería”. Dos ejemplos. Uno, el stock de inmigrantes irregulares, que ha pasado de 100.000 en 2013 a 500.000 a finales de 2019, sin que se les dé una salida (en Italia o Portugal ha habido regularizaciones con la pandemia). Otro, las solicitudes de asilo: España es el 2º país de Europa con más solicitudes (88.530 en 2020), tras Alemania (102.500) y por delante de Francia (81.800), Grecia (37.900) e Italia (21.200), según Eurostat. Y en 2020 sólo se concedieron el 5% de las estudiadas, 5.758 concesiones de asilo, muy por debajo de las que concede Alemania (44%), Bélgica (35%), Italia (23%) o Francia (22%), según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Canalizar y ordenar la inmigración sería una gran ayuda para taponar la pérdida de población española y para aumentar el empleo, la recaudación y las cotizaciones. Hay que tener presente que un tercio de los inmigrantes que llegan ahora son universitarios. Y que cada inmigrante regularizado supone una media de 3.400 euros de cotizaciones, según FEDEA: regularizar a 300.000 inmigrantes supone un ingreso extra de 1.020 millones de euros anuales a la SS. Y además, la pandemia ha revelado que muchos inmigrantes realizan tareas esenciales: si un 35% de todos los trabajadores son “esenciales”, el 15% de ellos son inmigrantes. Sobre todo en la sanidad, la dependencia y los cuidados, los servicios o el transporte. Por eso, el Gobierno va a aprobar un Plan de choque para homologar los títulos de 15.000 extranjeros, que llevan esperando hasta dos años, lo que podría integrar a muchos profesionales extranjeros que nos hacen falta (médicos, enfermeras, maestros, científicos…). No hay que verlos como personas que quitan el trabajo a españoles, sino personas que ayudan a que haya más gente trabajando, cotizando y pagando impuestos, que falta nos hace.

En definitiva, la pandemia ha dejado al descubierto otro problema más que ya teníamos antes: una caída de la natalidad y una pérdida de población, que irá a más en las próximas décadas, acuciando nuestros problemas de empleo, pensiones y Estado del Bienestar. Es hora de afrontarlo de una vez, sin prejuicios ideológicos contra la inmigración, que nos ha “salvado” en las últimas décadas y puede ayudarnos más si lo hacemos bien. Hay sitio para todos.

Menos hijos: la cigüeña está en crisis

La crisis, que ha cumplido cinco años, tiene unas consecuencias inmediatas y palpables: paro, menos sueldo, precariedad laboral, recortes sociales y más pobreza y desigualdad. Otras se notan a medio plazo, como la caída de la natalidad: los nacimientos llevan cuatro años seguidos cayendo, con la crisis, y ahora nacen dos tercios de los niños que en 1976. Con ello, los hijos por mujer han caído a 1,32, cuando harían falta 2,1 niños por familia para cubrir el efecto sustitución, para asegurar las pensiones y el Estado del Bienestar : tendrían que nacer 280.000 niños más cada año. Para eso, hace falta una política de ayudas a la familia (como otros países) y no recortes, como está haciendo el Gobierno Rajoy con becas, ayudas, desempleo, pensiones y Dependencia. Y apoyar el trabajo de la mujer, la conciliación laboral y familiar y más ayudas fiscales a las familias. Sin más niños no hay futuro.
 

enrique ortega

En 1976, a poco de morir Franco, en España nacieron 677.456 niños, 1.856 al día. Después de tres décadas largas de crecimiento, en 2008 ya sólo nacieron 517.779, 1.424 al día. Y con la crisis, llevamos cuatro años seguidos de caída fuerte de la natalidad, con 453.637 nacimientos en 2012, 1.242 al día, un tercio menos que en 1976, según el INE. En consecuencia, hemos pasado de 18,7 nacimientos por  1.000 habitantes (1976) a la mitad, a 9,7 (2012). Y con varias autonomías muy por debajo de esa media: Asturias (7,1 hijos por 1.000 habitantes), Castilla y León (7,5), Galicia (7,6), Canarias (8,2), Extremadura (8,5) y Cantabria (8,6).

Dos son las causas inmediatas de esta caída de la natalidad. Una, obvia, que las mujeres tienen menos hijos: 1,32 hijos de media, la mitad que en 1976 (2,80 hijos por mujer) y menos que la mayoría de mujeres europeas (1,59 hijos de media en la UE, 1,8 en Reino Unido y 2 hijos en Suecia o Francia). Además, los tienen más tarde: a los 31,6 años de media (en 1976 a los 28 años). Y la otra, demográfica, que ahora hay menos mujeres en edad fértil (15-49 años, según el INE), porque estamos pagando la crisis de natalidad de los años 80 y primera mitad de los 90. Y además, hay menos mujeres inmigrantes, que tienen más hijos (1,44 hijos de media frente a 1,28 hijos las españolas).

Pero hay otras causas vinculadas a la crisis: el temor al futuro es el mayor anticonceptivo. Y con 6 millones de parados, una de cada 5 familias con la mitad de sus miembros en paro y una de cada 10 sin ningún ingreso, los salarios congelados o bajando, los precios y los impuestos subiendo, pocas familias se animan a tener hijos ahora. Y si 4 de cada 10 familias sobreviven gracias a las prestaciones sociales, los recortes de los tres últimos años han sido la puntilla a la natalidad: menos becas y ayudas (comedor, libros de texto, transporte), subidas de tasas y guarderías, copago de recetas y servicios sanitarios, recortes en el subsidio de desempleo, recortes en las ayudas a la Dependencia, limitaciones al  bono social de luz y agua para las familias numerosas, recortes de ayudas autonómicas y municipales a las familias y pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que ayudan a muchas familias. En total, menos ingresos y mucha incertidumbre como para plantearse traer más hijos al mundo.

Y un factor clave, la penosa situación de la mujer en España: hay dos millones menos de mujeres trabajando que hombres (para una población similar), debido entre otras cosas a que la maternidad juega en su contra para encontrar trabajo. Y un 23% de mujeres dejan su trabajo para cuidar a sus hijos pequeños, por culpa de la falta de guarderías (o su alto precio), de ineficaces políticas laborales de conciliación y de la escasa ayuda de sus maridos. Y con la crisis, las empresas han reducido un 40% sus ayudas para conciliación laboral. En consecuencia, tener hijos tiene un alto coste para las mujeres y cada vez se lo piensan más si quieren hacer una carrera profesional.

Por todo esto (demografía, crisis y penalización a la mujer), la natalidad cae y seguirá cayendo, según el INE, que estima 14,6 millones de nacimientos en España en los próximos 40 años, un 24% menos que en los 40 años anteriores. Por ello y por la marcha de los inmigrantes, la población española ha caído en 2012, por primera vez en la historia reciente, y seguirá cayendo: España perderá 4,7 millones de habitantes en los próximos 40 años. Y además, como crece la esperanza de vida, seremos menos españoles y más viejos: en 2052, un 37% de la población tendrá más de 64 años. Menos niños y más jubilados, un grave problema: menos a cotizar (en 2052 habrá una persona en edad de trabajar por cada niño o jubilado) y a pagar impuestos, en perjuicio de las pensiones y el Estado del Bienestar (sostener la educación, la sanidad, la atención a la Dependencia y los servicios sociales).

El problema es serio porque para mantener el equilibrio y cubrir el efecto sustitución (padres por hijos) haría falta tener 2,1 hijos por mujer, frente a los 1,32 actuales. Eso exige que nazcan 280.000 niños más cada año para asegurar el relevo generacional, según el Instituto de Política Familiar. Algo difícil en España, que está a la cola de Europa en gasto social destinado a las familias y uno de los pocos que no tiene una prestación universal por hijo: muchos países conceden 110/120 euros mensuales por hijo (en Alemania, 180 euros al mes) y aquí sólo 24 euros al mes para familias que ganen menos de 12.000 euros. Y además, se ha recortado el catálogo de ayudas (estatales, autonómicas y municipales).

El Gobierno, que prometió el oro y el moro para las familias en la campaña electoral, ha anunciado un Plan integral de apoyo a la Familia para 2013, aunque parece que se retrasa hasta 2014, mientras sigue haciendo recortes que penalizan a las familias. Frente a promesas más ideológicas que concretas, hace falta una política decidida de ayuda a la familia y fomento de la natalidad, asentada en cuatro patas. Una, establecer un Plan de ayudas a las familias, desde guarderías y enseñanza o sanidad al transporte, la vivienda, la luz, el agua o el cobro del desempleo o las ayudas a la Dependencia. Dos, establecer una fiscalidad de apoyo a la familia y a la natalidad, incorporando propuestas como la de mejorar la pensión de los que tengan más hijos (campaña de recogida de firmas “Más hijos, más pensión”) o que cuente como tiempo cotizado los años en que las madres cuidan a sus niños pequeños. Tres, avanzar en las políticas de conciliación laboral en las empresas, ampliando el permiso de paternidad (de 2 a 4 semanas, como prometieron ZP y Rajoy), creando más guarderías y racionalizando horarios. Y cuatro, dar prioridad a las familias más vulnerables: familias numerosas, familias monoparentales con hijos y familias con algún discapacitado.

España y la Europa del sur, que siempre habían tenido más hijos, están ahora por detrás de la Europa rica del norte, que apoya más a la familia y a la natalidad. Apuestan por el futuro. Porque un día saldremos de la crisis y nos encontraremos con que nos faltan jóvenes para trabajar y cotizar, para sostener las pensiones y las prestaciones del Estado del Bienestar. Y aumentar la población no se improvisa, hay que pensar en mejorar la natalidad a veinte años vista. Empezar ya, sin demagogias, con ayudas de verdad. Apostar porque nazcan más niños es garantizarnos el futuro. Penalizar los nacimientos, como ahora, es un suicidio.