Renta 2024: pagamos los de siempre

Queda hasta finales de junio para presentar la Renta (IRPF), por los ingresos en 2023, aunque a 2 de cada 3 contribuyentes les sale a devolver (les retuvieron de más). Todos pagamos IRPF, pero sobre todo los que viven de un sueldo y las clases medias, quienes ingresan entre 30.000 y 60.000 euros al año. Lo preocupante es que el IRPF gana peso cada año y supone el 44,3% de toda la recaudación, creciendo más que el IVA (mucho fraude), mientras Sociedades (lo pagan las empresas) recauda un 22% menos que en 2007. A lo claro: casi la mitad de los impuestos los pagamos quienes vivimos de un trabajo o pensión, con el IRPF, mientras empresas, ahorradores y ricos pagan poco. Eso explica que recaudemos 52.000 millones menos cada año que la media UE. Bruselas ha pedido a España una reforma fiscal, con cambios en el IVA, impuestos verdes y exenciones, para recaudar más. Pero no está el horno político para acordar una necesaria reforma fiscal.

                    Enrique Ortega

Esta primavera, Hacienda espera recibir 23.281.000 declaraciones de la Renta (IRPF), por los ingresos que tuvimos en 2023, un 1,2% más que en 2023. Pero la mayoría de contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque les sale la declaración a devolver: son 14.610.650 contribuyentes (el 63%), que ya están recibiendo 11.650 millones de euros, porque les retuvieron de más en 2022 (más bien, les retuvieron lo que debían pero ahora se deducen por muchos conceptos, desde hijos a gastos y deducciones autonómicas). Al otro tercio de los contribuyentes, a 7.092.000 declarantes, les sale a pagar el IRPF este año, un total de 18.908 millones de euros: pagarán un +12,2% que el año pasado, porque Hacienda espera que declaren más ingresos por dividendos, intereses, ganancias en Bolsa y mayores salarios.

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades, salvo que se reduce la aportación deducible a los Planes de pensiones (de 2.000 a 1.500 euros) y que las mujeres con niños menores de 3 años que no trabajan pueden cobrar la ayuda por maternidad de 100 euros mensuales por hijo (hasta ahora, sólo la recibían las mujeres que trabajaban). Eso sí, hay una novedad importante en las autonomías, que tienen competencia sobre la mitad de la tarifa del IRPF y las deducciones autonómicas: 7 autonomías gobernadas por el PP (algunas con VOX) han “deflactado” la tarifa del IRPF, la han bajado para compensar la subida de la inflación en 2023 (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana). Y otras dos autonomías (Aragón y Extremadura) han cambiado las tarifas autonómicas del IRPF, bajando el tipo mínimo y subiendo el tipo máximo. Además, la mayoría de las autonomías han retocado deducciones y exenciones en el IRPF.

Estos cambios fiscales autonómicos provocan que el pago del IRPF sea muy diferente según el domicilio fiscal, como revela cada año un estudio del Consejo de Economistas y Asesores Fiscales. El último revela que las rentas más bajas tributan menos por IRPF en la Comunidad Valenciana (29,47 euros paga un soltero que gane menos de 16.000 euros) y Madrid (29,47 euros) y donde más en el País Vasco (960 euros) y Navarra (851,56 euros). Las rentas medias (entre 30.000 y 70.000 euros) pagan más en Cataluña (5.039-19.200 euros), Comunidad Valenciana (4.803-19.213 euros)  o Aragón  (4.882-18.861 euros) y menos en País Vasco (4.547-17.726 euros) y Madrid (4.600-17.981 euros). Y los más ricos (ingresos superiores a 110.000 euros) pagan más en la Comunidad Valenciana (38.741-298.000 euros), Navarra (32.214-286.604), La Rioja (37.258-285.303) o Cataluña (37.087-277.311) y mucho menos en Madrid (35.181-251.768 euros), País Vasco (35.097-272.792 euros) y Murcia (36.387-262.773 euros).

Parece una buena noticia que muchas autonomías bajen la tarifa del IRPF (la “deflacten” para compensar la inflación) y suban las deducciones por distintos temas (vivienda, guardería, libros, uniformes, paneles solares, seguros médicos…). Pero hay dos “peros”. Uno, que rebajar la tarifa del IRPF para compensar la inflación (algo que el PP lleva exigiendo al Gobierno Sánchez desde 2021) es “socialmente injusto”, porque beneficia más a los contribuyentes con más renta, según demuestran los expertos fiscales. Así, la deflactación reduce 100 euros el IRPF que pagan los que ingresan menos de 20.000 euros, 205 euros al que declara 30.000 euros, 345 euros al que ingresa más de 45.000 y ahorra 545 euros al que declara 70.000 euros o más.

El otro “pero” es que estas menores tarifas y mayores deducciones restan muchos ingresos a las autonomías. Los expertos cifran en 5.700 millones la merma de ingresos autonómicos   sólo en 2022 por las rebajas fiscales que aprobaron, una cifra que subirá en 2023. Y esto choca con las necesidades crecientes que tienen las autonomías en sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales. No es casualidad que Madrid, la autonomía que lleva años “bajando impuestos”, sea también la comunidad que menos gasta en sanidad (1.248 euros por habitante frente a 1.538 de media) y en educación (896,98 euros frente a 1028,91) y la 6ª por la cola en gasto social  (323,36 euros frente a 372,23 de media), según los Directores de Servicios Sociales.

¿Quién paga el IRPF? Los datos de la Agencia Tributaria, referidos a la Renta presentada en 2021 (22.048548 declaraciones), lo evidencian: el 84,95% de los ingresos declarados son rentas del trabajo. A lo claro: quienes pagamos la Renta somos los trabajadores, los que vivimos de un salario o de una pensión (100% controlables). El 15% restante procede de rendimientos de viviendas, acciones o inversiones, así como de actividades económicas (empresarios y autónomos). A la hora de concretar quién paga, la mayor parte de la recaudación del IRPF (60,22%) la aportan las rentas medias y bajas, según Hacienda: un 23,05% lo pagan los que ingresan menos de 30.000 euros (16,58 millones de contribuyentes, a los que la declaración les sale negativa o a pagar entre 544 y 3.810 euros) y otro 37,17% de la recaudación la aportan los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros (4,4 millones de contribuyentes, que pagan 8.142 euros de media en el IRPF). Y el resto, los que ganan más de 60.000 euros (1.042.402 contribuyentes) aportan el 39,78% de la recaudación del IRPF. De ellos, la minoría que ganan más de 601.000 euros (12.178 contribuyentes) aportan el 6,74% de la recaudación total (y pagan de media 534.730 euros).

Estos datos, que reflejan como los salarios y las pensiones son los que pagan el IRPF, los intuíamos. Pero lo que quizás no sabemos es que al pagar la Renta, los contribuyentes pagamos casi la mitad de todos los impuestos que se recaudan en España. El IRPF ha ganado peso año tras año y se consolida como el primer impuesto, ingresando en 2023 el 44,23% de toda la recaudación: 120.280 millones de los 271.935 millones recaudados en total, según la Agencia Tributaria. Un porcentaje que ha crecido imparable, desde el 36,18% que aportaba a la recaudación en 2007 al 40,83% en 2019 y al 44,23% en 2023 (el mayor salto se da tras la pandemia). Con ello, la recaudación por IRPF es la que más ha crecido, un +65,64% en 16 años, desde los 72.614 millones en 2007 a los 120.280 recaudados en 2023.

En ese tiempo, la recaudación total ha crecido casi la mitad que la del IRPF, sólo un +35,5%, desde los 200.676 millones en 2007 a los 271.935 millones en 2023. Y eso, porque los demás impuestos han crecido menos que el IRPF. Por un lado, el IVA que pagamos por casi todo, cuya recaudación ha crecido un +46,7% (de 57.287 millones en 2007, cuando aportaba el 28,54% de la recaudación, a los 83.909 millones aportados en 2023, el 30,85% del total). Una recaudación que crece y aporta mucho menos que el IRPF porque se ha reducido el tipo de IVA a muchos productos y servicios (tarifa reducida o baja) y por el alto fraude que existe. Pero el gran problema lo tenemos en el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas: recauda ahora -21,78% que hace 16 años (35.060 millones en 2023, el 12,89% del total de impuestos, frente a 44.823 millones en 2007, cuando aportaba el 22,3%).. Y también ha bajado, más desde 2019, la recaudación por impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco, matriculaciones), que aportan 20.757 millones de ingresos (el 7,7% de la recaudación) y los impuestos medioambientales y otros, que sólo aportan 11.929 millones (el 4,3% del total de la recaudación), según la Agencia Tributaria.

Así que los trabajadores y pensionistas pagamos muchos más impuestos que en 2007 (y que en 2019), mientras las empresas pagan menos, aunque sus beneficios son ahora mayores (300.000 millones en 2023 frente a 218.000 millones de beneficios en 2007). Este desajuste, que las empresas paguen ahora un 21,87% menos de impuesto de Sociedades que en 2007 (cuando en el IRPF pagamos un 65,4% más) se debe a que los distintos Gobiernos, desde Aznar y Zapatero a Rajoy, han ido reduciendo el tipo efectivo de este impuesto, como también otros paises, para ayudarles a competir. Y lo han hecho por dos vías. Una, con múltiples exenciones y deducciones fiscales, sobre todo para los grandes grupos, los más endeudados y los que operan en el extranjero. Eso ha permitido que las empresas españolas sólo tributen por 3 de cada 5 euros de beneficios (¡me lo pido para el IRPF¡). Y así, el tipo efectivo que pagaron sobre su resultado contable fue del 12,3% en 2023, menor al que pagamos en el IRPF (13,60%), según la Agencia Tributaria. Además, los grandes grupos empresariales (son 143) pagan mucho menos: pagaron un tipo efectivo del 4,98% sobre beneficios (y un 6,67% todos los grupos, no sólo los grandes). Además, usan otra vía: muchas grandes empresas y bancos pagan pocos impuestos porque todavía se benefician de los “créditos fiscales” que les concedió Hacienda por tener pérdidas en la crisis financiera, créditos de los que todavía “echan mano” para pagar menos.

El 60% de los españoles “piensan que los ricos y las grandes empresas pagan muy pocos impuestos”, según una reciente Encuesta de Intermón Oxfam. Los datos anteriores lo demuestran. Y en cuando a los más ricos, utilizan “empresas pantalla”, SICAV (pagan el 1% de las plusvalías generadas) y paraísos fiscales para “eludir” impuestos (es más fino y legal que evadir). Además, los más ricos que presentan el IRPF también pagan menos porque una parte importante de sus ingresos son dividendos e intereses que pagan un tipo del 19 al 28% (según el importe recibido), un tipo mucho menor al tipo máximo del IRFP (del 45 al 54%).

Al final, la Renta y los otros tres grandes impuestos (IVA, Sociedades e impuestos especiales) aportan el 95% de toda la recaudación fiscal (260.006 millones de euros en 2023), pero casi la mitad lo aporta el IRPF.  Y si contamos todos los impuestos, la presión fiscal en España (recaudación/PIB) fue del 24,1% del PIB en 2022, todavía por debajo de la europea (27,1%), aunque la mayoría cree que pagamos más impuestos. No es así ni sumando el pago por cotizaciones sociales: impuestos más cotizaciones suponen un 38,3% de presión fiscal en España (2022), frente al 41,2% en la UE-27 y el 41,9% en la zona euro.

Eso sí, esta presión fiscal no es igual para todos. ¿Quién paga más impuestos? La respuesta es la misma que para el IRPF: las clases medias y medias altas, según este informe de FUNCAS, que revela algo llamativo: el 1% de españoles más ricos (189.000 familias que ingresan 426.228 euros de media) pagan menos impuestos (el 23,9% de sus ingresos) que el 20% de españoles más pobres (3,78 millones de hogares que ingresan 10.884 euros), que pagan el 28,2% de sus ingresos. El 2º grupo más pobre (23.843 euros de renta) paga el 29,4% en impuestos, el 3º (37.636 euros) paga el 33,1%, el 4º (56.606 euros) paga el 36,2%, el 10% siguiente (81.241 euros) y el 9% restante (129.549 euros de ingreso medio) pagan el 39,9% de su renta en impuestos, son los que tienen la mayor presión fiscal.

Esta desigualdad fiscal, la caída de recaudación en Sociedades y el bajo aumento en  el IVA (frente a lo mucho que crece en el IRPF) explica el problema fiscal de fondo que tiene España, ahora y hace décadas: recaudamos menos que la mayoría de Europa, en relación con lo que producimos (PIB). Entre 2015 y 2019, recaudábamos el 38,7% del PIB y la UE-27 un 46,2% (-7,5% de “brecha fiscal”). En 2023, subió el porcentaje de recaudación en España (al 42,8% del PIB) y se mantuvo en Europa (45,9%), lo que mantiene la “brecha fiscal”, aunque ahora es menor (-3,6% frente a la UE, -3,3% frente a Alemania , -5% frente a Italia y -9,1% frente a Francia, que recauda el 51,9% de su PIB). Eso significa que el año pasado, España recaudó -52.632 millones de euros menos que la media europea. Y -48.246 millones menos que Alemania, -73.100 menos que Italia o -133.042 millones menos que Francia.

España recauda menos y por eso podemos gastar menos y tenemos más déficit. De ahí que todos los organismos internacionales, desde la OCDE y el FMI a la Comisión Europea llevan años pidiendo a España que recaude más, por tres vías: revisando los tipos de IVA (hay demasiados productos y servicios pagando el tipo reducido del 10% y el mínimo del 4%) y reduciendo el fraude, suprimiendo deducciones y exenciones en el IRPF y Sociedades y aprobando nuevos impuestos verdes y aumentando los ambientales y especiales. Y en abril pasado, el vicepresidente de la Comisión Europea (Valdis Dombrovskis) le recordó al Gobierno que “España debe recabar apoyos para reformar la fiscalidad”, no sólo porque es una de las reformas comprometidas (para este año) a cambio de recibir los Fondos Europeos, sino porque España sólo podrá reducir su déficit y su deuda a medio plazo si aumenta su recaudación (o recorta el gasto), lo que exige aprobar una reforma fiscal.

La reforma fiscal que nos exige la Comisión ya la perfiló en marzo de 2022 un Comité de Expertos independiente, que elaboró un informe (por encargo del Gobierno) sobre los cambios que habría que hacer en todos los impuestos para aumentar la recaudación y mejorar su progresividad y eficacia, propuesta que Hacienda metió en un cajón por la invasión de Ucrania. Podría ser un buen punto de partida para elaborar esa necesaria reforma fiscal, pero hay un obstáculo que parece insalvable: la polarización política y los duros enfrentamientos entre la oposición y el Gobierno, que imposibilitan cualquier acuerdo de reforma fiscal. Para desgracia de los que sí pagamos impuestos.

No más recortes: recauden 50.000 millones más

La Comisión Europea y la OCDE han dinamitado la estrategia económica de Rajoy: la recesión en España será mayor de la esperada y no cumpliremos los objetivos de déficit público ni este año ni el que viene ni en 2014, según sus últimas previsiones. Y como Bruselas no dará marcha atrás en sus delirios de austeridad, nos tememos lo peor: que nos obligarán a hacer más recortes, este año, el próximo y en 2014. Una receta que nos llevará a más recesión, más paro y… más déficit. Pero hay otro camino, con dos vías. Por un lado, retrasar dos años más, hasta 2016, el objetivo de déficit del 3%, como dice el FMI y sugiere la OCDE. En paralelo, recaudar más: se pueden conseguir 50.000 millones extras luchando contra el fraude y haciendo que paguen más impuestos las empresas con beneficios y los más ricos. Así también baja el déficit.

enrique ortega

Las previsiones de otoño de la Comisión Europea no se creen las previsiones del Gobierno Rajoy: estiman que la recesión será más profunda en 2013 (-1,4% frente al -0,5%), con una mayor pérdida de empleo (-500.000 frente a -37.000) y más paro (26.6% frente a 24,3%). En consecuencia, caerá la recaudación y España no podrá recortar el déficit lo previsto por el Gobierno, ni este año (estiman un déficit del -8,0% del PIB frente al 6,3% de los Presupuestos), ni el que viene (-6% frente al 4,5% presupuestado) ni en 2014 (-6,4% frente a -2,8%). Y lo mismo señalan las previsiones de la OCDE publicadas ayer: menos crecimiento en 2013 (-1,4%), más paro (26,8%, unos 6,2 millones de parados) y más déficit público (-6,3% en 2013 y -5,94% en 2014).

En consecuencia, España tendría que recortar aún más de lo presupuestado para cumplir con el objetivo de déficit del 3% en 2014: 17.000 millones más este año, otros 15.000 extras en 2013 y lo peor, 34.000 millones de recortes en 2014. Algo imposible, ya que no hay mucho más margen de recortes en pensiones, desempleo, sanidad, educación, servicios sociales y empleo público sin crear una fractura social similar a la de los desahucios. Y suicida porque si se hicieran esos recortes, la economía entraría en una recesión más profunda, con aún menos consumo e inversión, más paro y menos recaudación. O sea, más déficit.

Antes de que Bruselas nos fuerce a más recortes, hay que buscar otro camino: recaudar más, algo que es posible. En  2007, España ya recaudaba menos que el resto de Europa: un 41,6% del PIB frente al 46% de media UE. Y con la crisis, España es el país europeo donde más han caído los ingresos fiscales: al 35,1% del PIB en 2011, frente al 46% que se han mantenido en Europa. Eso quiere decir que el país recauda un 11% menos del PIB que el resto, 110.000 millones que se pierden cada año por no recaudar como los demás. Y no es porque los que pagamos impuestos paguemos menos (pagamos igual o más, según países), sino porque hay mucho fraude y se recauda menos por empresas, IVA, multinacionales y grandes fortunas.

La recaudación por sociedades (empresas) ha caído a la tercera parte con la crisis (de 44.823 millones en 2007 a 16.601 en 2011) y no sólo porque a las empresas les vaya peor, sino porque en 2006 y 2010, el Gobierno Zapatero les dio una serie de “regalos fiscales” en forma de exenciones, deducciones, desgravaciones y libertad de amortización. El resultado es que aunque el tipo nominal de sociedades es el 30%, el tipo efectivo ha caído del 23,1%(2005) al 15,3%(2010). Y los grandes grupos (unos 3.000) pagan un 5% de impuestos sobre beneficios, menos que un mileurista, mientras las pymes pagan del 21 al 25%. Y aunque el Gobierno Rajoy les ha quitado muchos beneficios fiscales, aún pagan menos que la mayoría de los contribuyentes por el IRPF. Y las multinacionales, españolas y extranjeras (como Google o Apple, que facturan desde Irlanda), no pagan apenas impuestos en España : sólo con las tecnológicas, Hacienda deja de ingresar 1.000 millones al año (Montoro acaba de crear una oficina especial para fiscalizar multinacionales). Un mal que sufren EEUU y toda Europa, según acaba de denunciar el G-20.

En IVA, sólo el 42% de los bienes están gravados al tipo general del 21%, frente el 82% en Alemania o el 56% en Italia. En el IRPF, aún hay muchas deducciones y desgravaciones discutibles: por planes de pensiones, loterías, compra de vivienda (sólo se quita en enero para las nuevas compras y nos cuesta 5.000 millones anuales). Las SICAV son una vía legal para que escapen de pagar impuestos las grandes fortunas (pagan el 1%) y los millonarios tienen muchas vías de “evasión legal”, como Rafael Nadal, que sólo pagó un 1% de impuestos por 56 millones de activos al tener domicilio fiscal en San Sebastián hasta 2011.

Al final, el Gobierno podría ingresar 50.000 millones más al año, por tres vías. La primera, reduciendo el fraude fiscal: la economía sumergida supone en España un 23,3% del PIB, un 10% más que en países como Francia o Alemania. Sólo recortar un  tercio el fraude fiscal permitiría ingresar 20.000 millones más, aunque para ello, además de la nueva Ley contra el fraude (31 de octubre), hacen falta más medios: más inspectores (tenemos un funcionario por 1.928 personas frente a 1 por 712 en Alemania) y más presupuesto (España gasta la quinta parte que Alemania y la tercera parte que Francia en combatir el fraude), que ha sufrido también los recortes (-72 millones entre 2012 y 2013).

La segunda vía sería reducir “el fraude legal”: subir el tipo efectivo en sociedades (+10.000 millones), ampliar los productos que pagan el IVA general (+5.000) y recortar deducciones en renta (+5.000). Y la tercera, introducir nuevos impuestos, para que paguen más los que pueden hacerlo: un impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin), apoyado por la mayoría de Europa (+4.000 millones), un impuesto sobre grandes fortunas alternativo al impuesto sobre el patrimonio (+4.500 millones) e impuestos verdes (+1.000 millones).

En total, los 50.000 millones más. Los técnicos de Hacienda (GESTHA) creen incluso que se podrían recaudar 70.000 millones más, sin tocar los impuestos de la mayoría. Con ello, el déficit público que espera Bruselas para 2013 (6%), se quedaría en el 1%. Y quedaría un margen (sobre todo si nos dan dos años más, hasta 2016, para cumplir con el 3%, como ha sugerido el FMI y la OCDE) para gastar más en tres frentes ineludibles: bajar impuestos a los que ganan menos de 25.000 euros (para reanimar el consumo), gastar más en formación de parados y empleados (para reciclarlos hacia sectores con futuro) y aumentar las inversiones públicas en tecnología, educación, industria, exportaciones, infraestructuras, energías renovables, Dependencia, ayudas a las pymes y al empleo. Invertir en el futuro, en preparar la salida de la crisis.

No es un cuento de hadas. Es posible recaudar más, para recortar el déficit y en paralelo ayudar a salir de la crisis, reanimando la inversión y el empleo. Y con más crecimiento y más gente y empresas trabajando, más recaudación y menos déficit. Hay que romper el círculo vicioso actual: más recortes, más recesión, más déficit. Buscar otro camino: menos recortes y más recaudación para salir del túnel de la recesión. Se puede y se debe.

La luz sube por quintuplicado

Mirar el recibo de la luz en los próximos meses va a darnos varios sustos, ya que se van a acumular las subidas, hasta por cinco conceptos distintos. Y si el Gobierno aprueba finalmente en agosto nuevos impuestos a las eléctricas, también nos los acabarán repercutiendo en el recibo. De momento, la luz ya ha subido un 24 % en los dos últimos años y medio y es la más cara de toda Europa, salvando Chipre y Malta. Y encima, nos dicen que debemos 25.000 millones a las eléctricas, una hipoteca a quince años que también les pagamos con el recibo. Al final, el problema es que se ha creado una burbuja eléctrica, con más del doble de producción de electricidad que necesitamos y a unos costes desorbitados. Alguien tendrá que pincharla para que no nos destroce el bolsillo.  

enrique ortega

La primera subida que nos toca es el 3,95 % que subió la luz el 1 de julio, lo que supondrá pagar 3,20 euros más en un recibo medio (80 euros, según Facua). La segunda subida será en agosto, que será cuando las eléctricas empiecen a cargar la subida de la tarifa eléctrica de abril (un 7%), retrasada por dificultades técnicas en la refacturación de las sentencias del Supremo cliente a cliente. La tercera subida, que nos cargan desde marzo, es que ahora somos los 29 millones de usuarios los que pagamos el bono social (tarifa congelada) a los 3 millones de usuarios más necesitados (familias numerosas, parados y pensionistas con bajos ingresos): son 300 millones al año (acaban de recortarlo un tercio, con el Superajuste de Rajoy) que pagaban las eléctricas, pero lo recurrieron y ganaron en el Supremo. La cuarta subida vendrá porque el Gobierno acaba de autorizar a las eléctricas para que nos repercutan los impuestos verdes que les cobran siete autonomías (unos 200 millones), con lo que la luz costará más en unas regiones que en otras. Y la quinta, la subida del IVA del 18 al 21%, que pagaremos en el recibo que nos llegue en septiembre (2 euros más de media).

Y eso no es todo. El Gobierno quiere aprobar en agosto nuevos impuestos a la generación de electricidad, tanto a la hidroeléctrica, gas y nuclear como a las renovables, impuestos que antes o después notaremos en el recibo. Y además, también va a aprobar un recargo a las familias que consuman más electricidad.

Al final, más de 10 euros de subidas por recibo en unos meses, que se sumarán al 80%  que ha subido la luz desde 2004. Con ello, los españoles pagamos la luz más cara de Europa, tras Chipre y Malta, según Eurostat: 16 céntimos por kilovatio a principios de año frente a 12 de media en la UE. Y las empresas pagan una tarifa industrial (35% del consumo) que es la sexta más cara de Europa (tras Italia, R. Checa, Eslovaquia, Chipre y Malta).

Y aun así, aunque nos achicharran con  el recibo, les debemos mucho dinero a las eléctricas, porque llevamos más de una década con subidas que teóricamente no cubren los costes que tienen reconocidos desde la Ley Eléctrica de 1997 (Aznar). El resultado es que la deuda eléctrica supera los 25.000 millones de euros, una bola de nieve que crece cada año y que pagamos los consumidores, como una hipoteca a 15 años: la deuda se convirtió en títulos, “papelitos”, que compran los inversores y cuyos intereses y amortizaciones pagamos los usuarios en el recibo, unos 3 euros cada mes hasta 2025.

El Gobierno Rajoy trató de reducir esta deuda, aprobando en marzo una subida de tarifas (1.640 millones) y un recorte de 940 millones a las eléctricas. Y ahora, tras la subida de julio (otros 1.400 millones), esta estudiando un impuesto a las eléctricas, por la generación de electricidad (4.580 millones), para ayudar a reducir la deuda. Pero lo está retrasando, por presiones del sector eléctrico (dicen que el nuevo impuesto se va a comer sus resultados):   Aznar es asesor de Endesa, el ex-ministro  Acebes consejero de  Iberdrola y Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Hacienda y ex socio de despacho de Montoro es consejero de Abengoa). A cambio de que paguen más  impuestos, el Gobierno les ofrece ampliar 10 años más las centrales nucleares (de 40 a 50 años, empezando por los 7 años más concedidos a Garoña) y otros 20 años las hidroeléctricas (de 75 a 95 años).

Mientras se concreta el nuevo impuesto, que pagaremos también en el recibo, hay que recordar que sólo el 45% de la factura refleja el coste de la luz (24,8% producirla, 4,6% transportarla y 16,2% distribuirla). Del resto, un 22% son ayudas a las renovables, un 20% de impuestos, 6% para pagar la deuda eléctrica, 3% para pagar hasta 2015 la moratoria nuclear (1983), 3% para compensar del mayor coste de producir en las islas, Ceuta y Melilla y un amplio resto donde compensamos a los grandes consumidores, el transporte y el ahorro.

Al final, un galimatías de costes, poco transparentes, que encarecen la luz cada mes. Por eso, la reforma más urgente es recortar unos costes excesivos, garantizados por Ley a las eléctricas y que disparan el recibo y la deuda: sobrecoste de las nucleares e hidroeléctricas ya amortizadas (3.478 millones anuales), sobrecoste en el transporte y la distribución, sobrecoste de las centrales de gas (funcionan sólo un tercio de su capacidad, cuando no hay aire para los molinos eólicos), sobrecoste de las compensaciones a la liberalización del mercado (3.396 millones), extracostes por compensación a las grandes empresas consumidoras (600 millones), extracostes por ayudas a las renovables (otros 2.000 millones)… Y así sumando.

El otro problema  es el exceso de capacidad: sobra electricidad, hay una potencia instalada de 100.000 Mw cuando el consumo diario está en 40.000. Los extracostes, las subvenciones encubiertas y el dinero barato han creado una gran burbuja eléctrica, a costa de ordeñar el recibo. Sobran centrales y falta eficiencia y ahorro energético. Vivimos en un país donde sobra luz y pagamos por centrales que no funcionan o por renovables no competitivas. Hay que poner orden ya, antes que la reconversión eléctrica se nos caiga encima, con su deuda y sus desajustes de costes, como la banca. Y no puede ser que el ajuste del todopoderoso sector eléctrico lo paguemos los usuarios, con un rosario de subidas. Pero hasta ahora, es lo que hay.