Las autonomías rebajan el gasto social

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central, como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10 euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social. Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid, Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías, que son como el perro del hortelano…

                              
                          Enrique Ortega 

España lleva más de 4 décadas fortaleciendo el Estado del Bienestar, aumentando el gasto social en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, más el gasto en pensiones, aunque en los últimos años ha caído drásticamente el gasto público en vivienda. Pero este creciente gasto social se vio muy afectado por los recortes impuestos por Bruselas en 2010 y que agravó Rajoy a partir de 2012. La consecuencia es que el gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), que gestionan las autonomías (con las transferencias del Estado y sus propios recursos) , cayó desde un máximo de 116.851 millones en 2009 a un mínimo de 99.937 millones en 2013. Y después se fue recuperando, lentamente, hasta los 122.487 millones de gasto social en 2019, aumentados en 2020 (137.182 millones) por la pandemia y el mayor gasto sanitario y las ayudas. Y en 2023, el gasto social  ya alcanzó los 159.393 millones de euros.

Pero la tendencia ascendente del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios  sociales) se truncó en 2024, año en que el gasto social bajó en 2.364 millones, cerrándose el año con un gasto de 157.029 millones, según un detallado informe recién publicado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta bajada del gasto social de las autonomías contrasta con la subida de sus Presupuestos totales (gastaron +9.753 millones en 2024), aumentando mucho el gasto no social (+11.801 millones) y el pago de intereses de la deuda (+315 millones). A lo claro: que las autonomías gastaron menos en 2024 en sanidad, educación y servicios sociales pero gastaron más en todo lo demás…

El problema no es sólo el recorte de gasto social en 2024. Lo más preocupante es que el gasto social tiene cada vez menos peso en los Presupuestos de las autonomías, según demuestra el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: si en 2010 gastaban dos tercios del Presupuesto (el 67,4%) en gasto social (sanidad, educación y servicios sociales), en 2019 ya había bajado al 61,2% y en 2024 gastaron en las partidas más sociales poco más de la mitad de los Presupuestos autonómicos (el 59,1%). Y si analizamos las diferentes partidas, la que sale peor parada es la sanidad: ha pasado de representar el 36,4% del gasto autonómico en 2010 a representar el 30,9% del gasto en 2024. La educación pasa de llevarse el 23,9% del gasto en 2010 al 20,3% en 2024. Y sólo ganan peso los servicios sociales (por el mayor gasto en Dependencia), que saltan del 7,1 al 7,8%.

Y no sólo tiene menos peso el gasto social en el gasto total de las autonomías sino que, además, este gasto social (en sanidad, educación y servicios sociales) ha crecido menos que el resto de loas gastos autonómicos. Así, entre 2019 y 2024, el gasto social autonómico ha crecido un +25,13%, la cuarta parte que el resto de las partidas de gasto autonómico. Y además, ese mayor gasto se lo ha “comido” casi totalmente la inflación en estos años (+21,3% creció el IPC entre 2019 y 2024). Así que el gasto social “real”, descontando la inflación, apenas ha crecido. Lo más preocupante es la evolución del gasto en educación (que ha crecido un +27,1% entre 2019 y 2024) y en sanidad (el gasto ha crecido un +30,1%), mientras el resto del gasto autonómico no social creció un 42,1% (2019-2024).

Otra cuestión preocupante, además de la caída del gasto social en 2024 y su menor peso en el gasto total en los últimos años, es la desigualdad del gasto social por autonomías. Si el aumento del gasto social autonómico ha sido del +25,13% (entre 2019 y 2024), hay 3 autonomías donde ha crecido mucho menos e incluso ha caído el gasto social en términos reales (descontando la inflación esos años, que fue del 21,3%): Cataluña (gasto social ha crecido +14,9% entre 2019 y 2024), Murcia (+15,07%) y Madrid (+16,43%), según el estudio de los Directores de Servicios Sociales. Y al otro lado, hay 8 autonomías donde el gasto social ha crecido más que la media, por encima del 30%, destacando Extremadura (+37,8%), Canarias (+35,65%), Navarra (+35,31%), Baleares (+33.05%) y la Rioja (33.05%).

Es importante saber que hay autonomías que han hecho un gran esfuerzo estos años en su gasto social, aumentando bastante lo que gastan en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, y otras que apenas han aumentado este gasto social. En conjunto, el gasto social por habitante en España ha aumentado en 658 euros entre 2019 (2.619 euros) y 2024 (3.277 euros). Pero hay 3 autonomías (las mismas) que apenas han aumentado su gasto social por habitante desde 2019: Madrid (+381 euros, la mitad que el conjunto de España), Cataluña (+382 euros) y Murcia (+427 euros) . Y otras autonomías lo han aumentado mucho más que la media: Navarra (+1.174 euros/habitante), Extremadura (+1.132), Asturias (+967), País Vasco (+953), la Rioja (+919) y Castilla y León (+903 euros/habitante).

Al final, las autonomías “se retratan” con el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) que hacen por habitante (datos de 2024). A la cola están, una vez más, Madrid (gasta 2.703 euros/habitante, 574 euros por persona menos que la media española), Cataluña (2.991 euros/habitante), Andalucía (3.158 euros/habitante) y Murcia (3.259 euros/habitante. Y en cabeza del gasto social vuelven a estar Navarra (4.500 euros de gasto social por habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (4.343 euros) y Extremadura (4.124 euros), seguidas de Asturias (3.960) y Cantabria (3.702). Un ranking de gasto social que explica bien los mayores problemas en la sanidad, en la educación y los servicios sociales en algunas autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia). Algo que debería ser clave a la hora de votar.

Si desglosamos el gasto social por habitante, aparece la misma desigualdad por autonomías. En el gasto sanitario, la media de gasto por habitante era de 1.717 euros/habitante en 2024, según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Pero hay 5 autonomías que gastaron mucho menos: el farolillo rojo vuelve a ser Madrid (1.415 euros/habitante de gasto sanitario, 500 euros menos que la media), Cataluña (1.457), Murcia (1.602), Comunidad Valenciana (1.623) y Andalucía (1.659). Y en cabeza del gasto sanitario se repiten Asturias (2.318 euros/habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (2.222), Navarra (2.170) y Extremadura (2.164 euros/habitante).

La misma desigualdad autonómica se percibe en el gasto en educación por habitante, cuya media en España fue de 1.126,9 euros (2024). El farolillo rojo en el gasto educativo vuelve a ser Madrid (910 euros gastados por habitante), seguida en este caso por Asturias (1.034 euros/habitante), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069) y Castilla la Mancha (1.076 euros/habitante). Y en cabeza del gasto educativo se repiten País Vasco (1.608 euros/habitante, casi el doble que Madrid), Navarra (1.492) y Extremadura (1.300 euros), seguidas de Murcia (1.264), Comunidad Valenciana (1.255) y la Rioja (1.251 euros).

El tercer gasto social importante (Dependencia y servicios sociales) también es muy desigual por autonomías, con una media en España es de 433 euros/habitante (2024). Aquí, el farolillo rojo es Baleares (273,7 euros/habitante, casi la mitad), seguida de Canarias 8327,8 euros) y los habituales, Andalucía (368,6 euros)) y Madrid (377 euros/habitante). Y en cabeza del gasto en servicios sociales aparecen las regiones más ricas o envejecidas: Navarra (836,9 euros/habitante, más del doble de gasto que Madrid), Extremadura (659,5 euros), Asturias (608), la Rioja (560), País Vasco (512), Cantabria y Castilla y León (505 euros/habitante).

Tras esta avalancha de datos, hay una conclusión clara: el gasto social en España es bajo, pero hay una serie de autonomías que se toman más en serio que otras el gasto en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales. Y que varias autonomías gobernadas por el PP están a la cola del gasto social, mientras recortan impuestos (más a los que más tienen), lo que repercute en un menor gasto social. Y no se pueden quejar de que gastan poco porque el Gobierno les aporta pocos fondos de su recaudación, ya que la aportación del Estado central a las autonomías ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Así, en 2024, el año en que las autonomías han bajado su gasto social (-2.364 millones), las transferencias de la Administración central a las autonomías fueron de 147.412 millones de euros, una cifra récord. Y en los 7 años de Gobierno Sánchez (2018-2024), las autonomías han recibido del Estado central unos 300.000 millones más de lo que recibieron durante los casi 7 años del Gobierno Rajoy (2012-2018).

A pesar de que tienen más recursos (transferidos y propios), las autonomías gastaron menos en sanidad, educación y servicios sociales en 2024. Y desde 2019, el peso del gasto social en sus cuentas es menor. ¿Qué pasa? Básicamente, que muchas autonomías gastan más en otras cosas (transporte, deuda, obras y servicios…) y menos en gasto social  (tampoco gastan  en vivienda, donde las autonomías apenas promueven viviendas ni conceden ayudas con fondos propios). Además, en muchos casos, utilizan parte de las mayores transferencias del Estado para otras cosas, como bajar impuestos. De hecho, en varios años, el Gobierno ha aumentado su financiación a la Dependencia y algunas autonomías han aprovechado estos mayores recursos para gastar ellos menos en Dependencia, como han denunciado los Directores de Servicios Sociales.

El problema que tenemos los ciudadanos es que la gestión del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) está en manos de las autonomías (como tantas cosas, desde los incendios hasta la vivienda) y cada una gasta y gestiona a su aire, con tremendas diferencias que luego se traduce en la deficiente sanidad que tenemos (con listas de espera crecientes y 13 millones de españoles pagando un seguro privado), en la infra financiada educación (un gasto creciente para las familias) y en la insuficiencia de los servicios sociales y la Dependencia (286.861 dependientes están “en lista de espera”, la cifra más alta en 10 años, con una espera media de 342 días).

Las autonomías, sobre todo las 11 gobernadas por el PP, se quejan de falta de recursos  y exigen un nuevo sistema de financiación, pendiente desde 2014. Pero la actual polarización política impide cualquier acuerdo sobre cómo financiar en el futuro las autonomías, de las que dependen la mayoría de los servicios públicos que necesitamos los ciudadanos. A falta de una nueva financiación, el Gobierno va poniendo parches, desde ayudas para paliar los efectos de la COVID a ayudas para la enseñanza (ahora para la educación pública de 0 a 2 años). Y la última medida para aportar más recursos a las autonomías ha sido la condonación (perdón) de parte de su deuda, aprobada por el Gobierno el 2 de septiembre.

El origen de parte de la deuda autonómica se remonta a 2009, cuando la crisis financiera y de la deuda provocaron un desplome de la recaudación, obligando a las autonomías a endeudarse (con los bancos y con Hacienda, a través del FLA): se estima que entre 2009 y 2014, el endeudamiento de las autonomías aumentó en 109.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado una quita de deuda autonómica de 83.252 millones, la cuarta parte de la deuda total que tienen las autonomías. La idea es que esta deuda pase a la Administración Central y la paguemos todos los españoles vía Presupuestos, liberando a las autonomías del coste de esta deuda.

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han dicho que no van a pedir la quita de esta deuda, porque es “una maniobra” del Gobierno para contentar a los nacionalistas catalanes (tanto Ezquerra como Junts habían exigido la quita de la deuda catalana para pactar con Sánchez). Pero Hacienda reitera que la quita es para todas las autonomías (no sólo para Cataluña) y que 7 de cada 10 euros de la quita benefician a las autonomías gobernadas por el PP (18.791 millones de quita a Andalucía, 17104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de quita a Madrid: ver cuadro de reparto de la quita ), por lo que rechazar la quita es “tirar piedras contra su propio tejado”.

Pero este rechazo (político)  del PP tiene una consecuencia más preocupante: la sufriremos los ciudadanos de estas 11 regiones. Porque la quita de esos 83.252 millones de deuda supondría que las autonomías se ahorrarían 6.700 millones anuales en pago de intereses, un dinero que el Gobierno les propone que utilicen para aumentar su gasto social (para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) y en vivienda. Es una cifra importante, el triple del recorte en gasto social que han hecho en 2024 (-2.364 millones). Para la Comunidad Valenciana, aceptar la quita supondría tener 724 millones más al año para gastar, 716 millones para Cataluña, 506 millones para Murcia, 414 millones para Aragón, 348 millones para Madrid o 201 millones más para Andalucía, por ejemplo. Podrían contratar más médicos o profesores o ayudar a más dependientes. Pero rechazan hacerlo “para atacar y desgastar” al Gobierno.

En definitiva, tenemos un serio problema en el Estado del Bienestar, donde faltan medios y financiación en la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero su gestión está en manos de las autonomías, que por tener otras prioridades políticas o por mala gestión, están recortando el gasto social, unas mucho más que otras, configurando enormes desigualdades que sufrimos los ciudadanos. Urge mejorar el gasto social, porque nos importa a todos.

Autonomías: las 3 Españas siguen ahí

La propuesta de perdonar 83.000 millones de deuda a las autonomías es el último acto del enfrentamiento constante entre el Gobierno Sánchez y las autonomías gestionadas por el PP, que llevan años pidiendo más recursos, mientras bajan impuestos y se deterioran los servicios públicos. Pero nadie habla del tema de fondo: España crece, pero no sirve para corregir las desigualdades entre regiones: ahí siguen las 3 Españas, la rica (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y la Rioja), la pobre (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla la Mancha y Murcia) y la intermedia (el resto). Unas diferencias regionales que se mantienen desde hace 50 años. Urge acordar un nuevo sistema de financiación autonómica y apostar por una política económica dirigida a “repartir” mejor el crecimiento español, porque ahora se concentra (el 72%) en 6 autonomías, las más ricas. Eso exigiría un gran Pacto autonómico, para reducir la brecha entre las 3 Españas y conseguir que nuestro nivel de vida y los servicios públicos no dependan de dónde vivimos.

                            Enrique Ortega

España crece cuatro veces más que la media europea, pero este fuerte crecimiento se concentra en 6 regiones, que son el motor de la economía y el empleo: Madrid (aportó el 19,6% del PIB de 2023), Cataluña (aportó el 18,8%), Andalucía (13,3%), Comunidad Valenciana (9,3%) País Vasco (5,9%) y Galicia (5,2%), según los últimos datos del INE. Estas 6 autonomías aportaron juntas el 72,1% del PIB total de España (1.498.324 millones en 2023), con lo que las 11 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla sólo aportan el 27,9% del PIB español. Una concentración de la producción que apenas ha variado en este siglo, porque en el año 2000, estas 6 autonomías aportaban el 71% del PIB español, casi como ahora. Y un dato más, que revela con claridad la desigualdad en el crecimiento: la aportación de la Comunidad de Madrid al PIB español (19,6% del total) equivale a la de otras 7 regiones juntas, Castilla y León (aporta el 4,7%), Castilla la Mancha (3,6%), Canarias (3,6), Aragón (3,1%), Murcia (2,7%) y Asturias(1,9%). Tremendo.

Madrid se consolida como la región que más produce en España (293.069 millones en 2023, el 19,6%), reforzando su liderazgo frente a Cataluña (281.845 millones producidos en 2023, en 18,8%). Tradicionalmente, la región que mas producía era Cataluña, pero en 2012 la superó Madrid y se mantiene por delante desde entonces. Madrid está ganando la carrera apoyada por un fuerte crecimiento de la población (+405.000 habitantes entre 2019 y 2024, frente a +399.227 en Cataluña y +202.145 en Andalucía), unos menores ajustes durante la crisis, el efecto negativo del procés sobre la economía catalana, el tirón de inversiones y  turismo y el “factor capitalidad” (concentra empleo público, multinacionales y grandes empresas), así como la oferta de servicios de alto valor añadido. Ahora, el president Illa ha aprobado un Plan a medio plazo, que prevé invertir 18.500 millones en infraestructuras, formación, servicios públicos y modernización de su economía para que Cataluña consiga recuperar el liderazgo económico en España en 10 años (“o en 5, si podemos”).

Pero lo importante no es lo que produzca cada región o cada país, sino lo que se produce por habitante (PIB por habitante), el indicador que permite conseguir un mayor o menor nivel de renta. Así, España es el 4º país que más produce en la UE (1.593.136 millones de euros en 2024), tras Alemania (4.305.260 millones producidos), Francia (2.822.455 millones) e Italia (2.128.001 millones de euros de PIB). Pero luego, al tener en cuenta la población de cada país, España baja hasta el puesto nº 15 en PIB por habitante, según Eurostat: produjimos 30.968 euros por habitante (2023), frente a 38.130 euros de media en la UE-27, con lo que “nos adelantan” 14 paises en PIB por habitante, no sólo los tres grandes (Alemania, Francia e Italia, que también tienen más PIB total) sino otros paises más pequeños, como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alta, Finlandia, Chipre y Eslovenia. Producimos menos que ellos por habitante.

Dentro de España pasa lo mismo: hay regiones que producen mucho (como Andalucía o la Comunidad Valenciana) pero que, como tienen mucha población, en realidad son “menos productivas” que otras que producen menos y tienen poca población. La clave es comparar la producción por habitante (el PIB por habitante). Ese es el verdadero ranking de las autonomías: las más productivas (y por ello las más ricas) y las menos productivas (y más pobres), según los datos de 2023 publicados por el INE en diciembre. Y así podemos perfilar el mapa de las 3 Españas: la rica (7 autonomías), la pobre (5 regiones más Ceuta y Melilla) y la intermedia (5 autonomías restantes).

La España rica, la que produce por habitante más que la media (30.968 euros en 2023) la integran Madrid (42.198 euros por habitante, el 136,3% de la media), País Vasco (39.547 euros, el 127,7%), Navarra (37.088 euros, el 119,8% de la media), Cataluña (35.125 euros, el 114,1%), Aragón (34.658 euros, el 111,9%), Baleares (34.381 euros, el 111%) y la Rioja (32.828 euros, el 106% de la media). La España intermedia la componen 5 autonomías que producen por habitante menos que la media española, pero no demasiado: Castilla y León (29.698 euros, el 95,9%), Galicia (28.644 euros, el 92,5%), Cantabria (28.461 euros, el 91,9%), Asturias (28.130 euros, el 90,8%) y la Comunidad Valenciana (26.453 euros, el 85,4%). Y el resto componen la España pobre: Murcia (25.887 euros, el 83,6% de la media), Castilla la Mancha (25.758 euros, el 83,2%), Canarias (24.345 euros, el 78,6%) y sobre todo, Extremadura (23.604 euros, el 76,2%), Andalucía (23.218 euros, el 75% de la media), Ceuta (22.751 euros, el 70,5%) y Melilla (produce 20.479 euros por habitante, el 66,1% de la media).

Estos datos revelan que Melilla produce por habitante menos de la mitad que Madrid (el 48,5%) y Andalucía el 55%. Lo peor no es sólo esta tremenda “brecha” entre dos regiones  (una produce el doble que la otra) sino que esa diferencia apenas ha mejorado desde 2019 (Melilla producía el 49,36% y Andalucía el 53,92%) e incluso desde el año 2.000 (Extremadura, entonces la más pobre, producía el 49,53% que Madrid), según los datos del INE. Y además, las 7 regiones más ricas en 2023 (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Rioja) son las mismas que en 2008 y casi las mismas que en el año 2.000 (Madrid, Navarra, Baleares, País Vasco, Cataluña, la Rioja y Aragón). Y las más pobres de hoy (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Canarias) son las mismas que en 2019, casi las mismas que en 2008 (entraba Castilla la Mancha) y casi las mismas que en el año 2.000 (Melilla, Ceuta, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha).

Pero hay algo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras.

¿Por qué hay tanta desigualdad en el crecimiento de las autonomías? La existencia de 2 o 3 Españas tiene mucho que ver con la estructura económica de cada región (más o menos industria, más o menos servicios y el tipo de agricultura), su población (poca o mucha y nivel de envejecimiento), la educación y formación de sus trabajadores, el nivel tecnológico, la mayor o menor inversión pública o privada, las infraestructuras disponibles o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor “capitalidad”, que aporta un “crecimiento extra” porque las instituciones públicas y ser la capital del país atrae empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por todo ello hay regiones más o menos productivas, aunque el factor que más ha jugado en este siglo para explicar la brecha regional es la desigual creación de empleo.

Pero tras la mayor o menor productividad por habitante, luego entran en juego “los contrapesos”, mecanismos que intervienen para que esas regiones tengan más o menos renta. En principio, las regiones más productivas son también las más ricas, pero hay factores de corrección de esa “brecha económica”: las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la Dependencia), subvenciones y prestaciones sociales, el gasto público en sanidad y educación, las inversiones públicas, impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” destacan las ayudas europeas, que buscan corregir los desequilibrios regionales y que han sido ingentes (España ha recibido 176.000 millones de Fondos estructurales europeos entre 1989 y 2020, muchos para las regiones más desfavorecidas).

Pero estas transferencias y políticas públicas no han conseguido corregir las diferencias de renta entre las autonomías. En consecuencia, nos tropezamos otra vez con 3 Españas, según la renta neta por persona publicado por el INE. En 2023, la media española fue de 14.807 euros, siendo muy diferente según la región donde vivimos. Otra vez nos encontramos con una España rica, con más renta que la media, integrada por 7 autonomías: País Vasco (19.078 euros), Madrid (17.275 euros), Navarra (17.253 euros), Cataluña (16.546 euros), Asturias (16.201 euros), Baleares (15.926 euros) y Aragón (15.747 euros). Son las mismas regiones que tienen un mayor PIB por habitante, salvo Asturias (donde el envejecimiento y las pensiones suben la renta por persona). El mapa de la España pobre, con menos renta por persona, lo integran otras 8 regiones: Murcia (11.967), Andalucía (12.191), Melilla (12.745), Castilla la Mancha (12.357), Extremadura (12.421 euros), Comunidad Valenciana (13.374), Canarias (13.372) y Ceuta (13.403 euros). Coinciden con las autonomías menos productivas, aunque en otro orden (por las compensaciones de transferencias e impuestos). Y quedan las 4 autonomías de la España intermedia: Castilla y León (14.940 euros de renta por persona), Cantabria (14.708), Galicia (14.558) y La Rioja (14.529).

Estos datos significan que la renta media por persona en Murcia es un tercio menor (el 62,6%) que en el País Vasco y en Andalucía un 30% menos que en Madrid. Un problema que llevamos arrastrando décadas: hace casi 50 años, en 1977, un balear (los más ricos entonces) tenía 1,81 veces la renta de un extremeño (los más pobres), según un informe de la Fundación Alternativas. Luego, a lo largo de este siglo XXI, la brecha ha mejorado algo, pero poco: en el año 2000, un aragonés ingresaba 1,53 veces la renta de un extremeño, en 2008 (antes de todas las crisis), un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño y en 2023 (último dato publicado) , un vasco tiene una renta 1,6 veces superior a la de un murciano… Y además, España es el 2º país occidental (tras EEUU) donde más ha crecido la brecha entre regiones entre 2019 y 2022, según la OCDE, por la pandemia, la energía  y la elevada inflación.

¿Qué se puede hacer? Lo primero, gastar e invertir pensando en corregir estos desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos como los Fondos europeos, esos 140.000 millones de euros que van a llegar hasta 2026. El objetivo es regionalizar la mitad de estos Fondos UE, pero la otra mitad, la que gestione el Estado, debería  invertirse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar las inversiones públicas e infraestructuras para fomentar la inversión e instalación de empresas en la España más atrasada, que no debe vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos y evitando “paraísos fiscales” (Madrid). Y en cuarto lugar, urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto, según la Fundación Alternativas), así como a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, curiosamente a 7 de las 11 regiones españolas con más renta…

Mientras parece imposible pactar un nuevo sistema de financiación autonómica, el Gobierno Sánchez pone encima de la mesa “el caramelo” de perdonar 83.000 millones de deuda a las autonomías y traspasarla al Estado, con lo que las evitarían pagar unos 7.000 millones anuales en intereses. Es “un parche”, forzado por ERC, pero supondría “un alivio” para las autonomías, aunque debería aprobarse con 2 condiciones: que se utilice el “alivio” para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales (no para ahorrarse pagos, como han hecho con el IMV y la Dependencia) y que no bajen impuestos (las autonomías del PP se quejan de falta de recursos, pero han perdido 2.856 millones sólo en 2024 por bajadas de impuestos, que benefician a los más ricos).

En cualquier caso, urge aprobar un nuevo sistema de financiación, que tenga más en cuenta la población y su edad, la "España vaciada" y los servicios públicos prestados, contemplando un Fondo de Compensación para que las autonomías más ricas ayuden a las más pobres a reducir la brecha de renta. Y en paralelo, pactar una hoja de ruta, con medidas económicas y sociales, inversiones y fiscalidad que promuevan un mayor crecimiento de las autonomías menos productivas y más pobres, para reducir la brecha de productividad en una o dos décadas. Hay que “repartir geográficamente” el crecimiento. Porque no es de recibo que los españoles tengamos distinta renta y distintos servicios públicos según donde vivamos. Hay que recortar la histórica “brecha” entre las 3 Españas. Este debería ser el gran debate y no el de perdonar la deuda.

La economía bien, la política mal

Tras las vacaciones, España afronta un otoño muy complicado, más en los temas políticos que en la economía. Los datos oficiales revelan que hemos superado la triple crisis de la pandemia, la guerra der Ucrania y la hiperinflación, con mejor nota que la mayoría de Europa: crecemos el triple, creamos más empleo (1,7 millones desde 2019) y la inflación ha bajado al 2,2%. Pero mucha gente no nota esta mejora de la economía, porque sus salarios apenas crecen y todo es más caro. Y les agobia pagar un alquiler, el colegio o la universidad y una sanidad privada o una residencia. Y las autonomías piden más recursos, mientras se enquista una reforma de su financiación. Además, persiste el problema de la inmigración ilegal (manipulada por la ultraderecha) y parece imposible que el Gobierno apruebe un Presupuesto para 2025. Al final, la polarización y el enfrentamiento político impiden mejorar la economía y los problemas que preocupan a los españoles. Estamos ante el riesgo de una “Legislatura fallida”. 

  

                            Enrique Ortega

Tras cuatro años y medio de continuas crisis, desde la pandemia a la guerra de Ucrania y la hiperinflación, la economía española parece asentar su recuperación, a juzgar por los datos oficiales. Por un lado, somos el país europeo grande que más crece: +0,8% en el 1º y 2º trimestre de 2024, casi el triple que la zona euro y que la UE-27 (+0,3% de crecimiento los dos primeros trimestres) y también por encima de Francia (+0,3%) o Italia (+0,3% en el primer trimestre y +0,2% en el 2º) y mucho mejor que Alemania (su PIB creció un +0,2% en el primer trimestre y cayó un -0,1% en el 2º), según Eurostat. Y lo mismo pasó en 2021 (España creció un 6,4% y la UE-27 un 6%), en 2022 (+5,8% frente al 3,4%) y en 2023 (un +2,4%, cuatro veces más que el +0,6% UE-27), compensando con creces la mayor caída que sufrimos en 2020 con la pandemia (-11,2% frente a -5,6% de caída en la UE-27). 

Así que ahora (2º trimestre 2024), España crece a una media anual del 2,9%, cuando Europa está estancada y Alemania roza la recesión. La clave del “éxito” económico español está en un fuerte tirón del turismo (que superará este año los 90 millones de visitantes, con un gasto récord de 128.000 millones de euros), en el mantenimiento del consumo de las familias (por la fuerte creación de empleo: +1,7 millones desde 2019, más estable y mejor pagado), en el pulso de las exportaciones, que se mantienen fuertes en los últimos años, a pesar de la caída en 2024 (-2,4%, en España, menos del -3,2% que caen en UE-27) y por el empuje de los Fondos europeos: España ha adjudicado ya el 55% del total asignado (38.604 millones de euros) y puede adjudicar el resto hasta finales 2026.

Además de crecer más que la mayoría, España ha superado también, como el resto de Europa, el grave problema de la hiperinflación: la inflación anual ha bajado al 2,2% en agosto de 2024, según el INE, como la eurozona (2,2%) y muy lejos del 10,5% que subían los precios en agosto de 2022 (tras la guerra de Ucrania y el tirón de los precios de la energía, las materias primas y los alimentos).Y eso, a pesar de unos tipos de interés récord impuestos por el BCE (en el 4,50%, aunque los bajó en junio al 4,25%, todavía el tipo más alto desde 2008), que han encarecido hipotecas y préstamos, debilitando la recuperación más que la inflación.

A pesar de que “la economía va bien”, la mayoría de los españoles “no lo notan”, según las encuestas del CIS. La razón es evidente: tras dos años de fuerte subida de precios (2022 y 2023), todo es mucho más caro ahora. Y a muchas familias les cuesta más llegar a fin de mes, porque sus sueldos han subido menos que la inflación. Es lo que pasa incluso este año: la inflación anual media sube un +3,2% hasta agosto y la subida salarial en los convenios firmados (hasta julio) es del +2,9%. Así que los trabajadores con convenio pierden poder adquisitivo (-0,3%) y los que no tienen convenio más. Y eso ha pasado también en 2022 y en 2021. De hecho, los trabajadores españoles han perdido un -5,16% de poder adquisitivo entre 2020 y agosto de 2024, según los datos del INE y Trabajo.

Eso explica que muchas familias no noten en sus bolsillos “la mejora de la economía”. Eso contrasta con la situación de las empresas, que han mejorado sensiblemente su facturación, márgenes y beneficios en estos últimos cuatro años y medio. El margen bruto sobre ventas se ha disparado: es el 13,5% entre abril y junio, según el Observatorio de Márgenes Empresariales, lo que augura un tercer año récord de márgenes, tras un +12,9% en 2023 y 12,1% en 2021, por encima del 10% de 2020 y 11% de margen en 2019. Así que mientras las familias pierden poder adquisitivo, las empresas suben márgenes (a pesar del aumento de costes), subiendo precios. Y eso les ha permitido aumentar sus beneficios estos años. En 2024, de enero a junio, las empresas cotizadas ganaron 32.099 millones, un +15,22% de aumento, sobre todo las energéticas, eléctricas, bancos y distribución.

Las familias españolas tampoco notan que “la economía va bien” porque siguen con problemas económicos preocupantes en su día a día. Por un lado, los servicios públicos esenciales se han deteriorado y les siguen costando dinero. Es el caso de la Sanidad, donde crecen las listas de espera, no sólo para el especialista, sino para ver al médico de familia, lo que se traduce en que contratan cada vez más un seguro médico privado: 12,4 millones de españoles lo pagan cada mes, 1 de cada 4 personas (un 38,7% en Madrid y un  32,4% en Barcelona). Y también es costosa (y complicada) la educación de los hijos, desde la guardería y el colegio (con gastos crecientes en los concertados) a la Universidad y la FP (cada vez más privada). Y lo mismo el atender a los dependientes (mayores), muchos en espera de ayuda (331 días de media y 130.643 con derecho reconocido y en “lista de espera”)  y otros sin atención y obligados a pagar caras residencias (la mayoría privadas).

Así que tres servicios claves, Sanidad, Educación y Dependencia funcionan “tensionados”, faltos de recursos y personal, lo que obliga a las familias a gastarse dinero en cubrir sus necesidades sanitarias, educativas y dependencia. Y estos servicios los gestionan las autonomías, que se quejan de falta de recursos de la Administración Central. Pero el Gobierno asegura que les anticipará 147.412 millones de euros en 2025, a cuenta de los ingresos que les corresponden por impuestos, un +9,5% sobre 2024 y la mayor aportación de la historia. Y recuerdan que han transferido a las autonomías 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2023) que los recibidos con los Gobiernos de Rajoy (2013-2017).

Este otoño volverá con fuerza el tema de la reforma de la financiación autonómica, la petición urgente de todos los Gobiernos regionales para contar con más recursos para atender a los servicios públicos que gestionan (sanidad, educación, dependencia, ayudas y servicios sociales, vivienda…). Una petición justificada porque el actual sistema de financiación se aprobó en 2009 y debía haber sido reformado en 2014. El Gobierno Sánchez promete presentar una reforma a las autonomías este año, pero el problema es la falta de acuerdo político entre el PP (que gobierna en 11 autonomías, más Ceuta y Melilla, aunque no tienen todas una postura común) y el Gobierno. Y eso, porque lo que está en juego son los criterios de reparto de los ingresos que corresponden a cada autonomía.

En el sistema de financiación actual, lo que prima es la población de cada comunidad: las más pobladas reciben más ingresos en el reparto de la recaudación total (también las autonomías más ricas contribuyen con más ingresos). Y eso perjudica a autonomías con menos población, que piden ahora un nuevo sistema de reparto de la financiación que prime más el porcentaje de población mayor o la diseminación de la población y el peso de la España vaciada. Según los criterios que ser fijen, habrá autonomías que reciban comparativamente más dinero que ahora y otras menos (aunque todas ingresarán más).

Con la financiación autonómica actual, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media). Estas autonomías son las que más se quejan de falta de recursos, porque llevan 10 años ya recibiendo menos de lo que les correspondería con un sistema “más justo”. Las 10 autonomías restantes están “sobre financiadas”, reciben más que la media (3.365 euros por habitante). Las 4 regiones que se benefician más del actual sistema son La Rioja (recibe 3.954 euros por habitante, 898 euros más que Murcia), Cantabria (3.944 euros), Baleares (3.877 euros) y Extremadura (3.809 euros por habitante), seguidas de lejos por Canarias (3.696 euros), Castilla y León (3.573 euros), Aragón (3.529 euros), Asturias (3.584), Galicia (3.448) y Cataluña (3.396 euros).

Otro problema clave de este otoño, que afectará a las autonomías y a todos nosotros, será la aprobación de los Presupuestos para 2025. El Gobierno promete presentar un proyecto este mes de septiembre, pero no cuenta con mayoría para sacarlo adelante, a la vista de que Junts (el partido de Puigdemont) ya votó en contra del techo de gasto que aprobó el Gobierno en julio (y amenaza con sumarse al PP y Vox en el veto a los Presupuestos de 2025). Si el Gobierno no consigue el apoyo de Junts (y de ERC, el PNV, Bildu o Podemos), tendrá que prorrogar los Presupuestos actuales de 2024 (que ya prorrogaron los de 2023) para 2025, al igual que se prorrogaron los de 2018 (en 2019 y 2020). El problema es que la prórroga obligaría a gastar menos (-22.288 millones), porque el techo de gasto sería el de 2023 (173.065 millones) y no el propuesto para 2025 (195.353 millones). Así que no aprobar el Presupuesto para 2025 supone gastar 22.288 millones menos, que se traduce en menos recursos públicos para sanidad, educación, Dependencia o inversiones que tanta falta hacen…

Con todo, la pelea más “sonora” de este otoño será la inmigración, no porque sea lo que más preocupa a los españoles sino porque la derecha y la ultraderecha creen que es la bandera que les da más votos. Hay un dato preocupante: la inmigración ilegal hacia España se ha disparado: 56.852 inmigrantes ilegales entraron en España en 2023 (39.910 por Canarias), un 82% más que en 2022. Y en la primera mitad del año 2024 han llegado 26.585 inmigrantes ilegales, un 90% más que en 2023. Está claro que hay que frenar este ritmo de llegadas, sobre todo con acuerdos con los paises de salida (ahora Mauritania, Senegal, Mali y Gambia, muchos con conflictos bélicos) y con medidas internas (el Gobierno expulsó a 2.515 inmigrantes irregulares en el primer trimestre).

Pero no se puede hacer demagogia, porque la mayoría de la inmigración se hace por cauces controlados: en 2023, España recibió 639.000 inmigrantes netos, lo que permitió aumentar la población y proveer de mano de obra a muchos sectores (el 40% del nuevo empleo lo consiguen extranjeros). Y en España viven (censados) 4.394.900 extranjeros de fuera de la UE, el 6,4% de la población total (en Europa, los extranjeros no comunitarios son el 9,1%).

Está claro que hay que regular la inmigración, facilitando la llegada de extranjeros de forma legal y limitando la vía de la inmigración ilegal (que no parará). De hecho, España necesita la llegada de  200.000 extranjeros cada año para cubrir trabajos claves, en el campo, el turismo,  la construcción y muchas industrias y servicios. Y para pagar impuestos, cotizar y financiar las pensiones y los servicios públicos, algo de lo que no se habla cuando se identifica a la inmigración con inseguridad y costes. Un debate que debería no ser político y sectario, para  primar la humanidad, los derechos humanos y la economía.

Otro debate clave, más prioritario, es la grave situación de la vivienda en España, que no sólo afecta a los que buscan un techo (jóvenes y nuevas familias) sino a toda la economía, porque hay muchas actividades muy afectadas por la falta de vivienda para sus trabajadores (turismo, industrias, sanidad, colegios y Universidades, servicios…). El problema de fondo está claro: faltan viviendas para vender y alquilar y eso está disparando los precios. Sobre todo del alquiler. Su precio se ha disparado un 30% desde 2019 y cuesta 1.206 euros de media (13,4 euros/m2 en junio), según Idealista, llegando a 1.800 euros en Barcelona y 1.782 euros en Madrid. Cantidades imposibles de pagar para muchos sueldos y que revelan el problema de fondo: la falta de oferta (se ha reducido un 41% desde 2019, por el trasvase a pisos turísticos y de temporada, más ventas) y el tirón de la demanda (se ha duplicado con creces estos años).

La solución pasa por aumentar la oferta de viviendas, aumentando la promoción de viviendas nuevas (se terminaron 80.473 viviendas “libres” en 2023, frente a 356.000 en 2009) y facilitando a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler (no “asustándoles” con controles). Y sobre todo, alcanzar un gran Pacto entre Gobierno, Ayuntamientos, autonomías, promotores y bancos para promover 150.000 nuevas viviendas al año, la mayoría para alquilar.

En resumen, “la economía va bien”, pero las familias españolas lo podrían notar más si la política se preocupara de resolver sus problemas cotidianos, desde la mejora de los salarios y el empleo de los jóvenes a la sanidad, la educación a la vivienda y la lucha contra el cambio climático. Pero estamos metidos en una política de “polarización” y enfrentamientos constantes que perjudican a la economía, como la  peligrosa deslegitimación del Gobierno y las instituciones democráticas. Y así resulta imposible sentarse y tratar de buscar una solución a la sanidad, la vivienda, la financiación autonómica o la inmigración, aprobar medidas entre todos que mejoren la vida de la gente. Todo apunta a que, si no hay Presupuestos 2025 ni acuerdos en los problemas básicos, estamos ante “una Legislatura fallida”. Y ante un “parón” político que acabará dañando la economía.

El empleo desigual, clave de las 3 Españas

En los últimos 6 años, la recuperación ha creado 3 millones de empleos. Pero dos tercios han sido sólo para 10 provincias (Madrid, Sevilla, islas y litoral mediterráneo), mientras que en 30 provincias (del norte e interior) apenas se ha creado empleo. Y sólo 3 autonomías (Madrid, Baleares y Canarias) tienen hoy más empleo que antes de la crisis. Este reparto tan desigual del empleo ha sido el factor decisivo para que la brecha entre la España rica y la pobre se mantenga. Y la diferencia entre la región más rica (Madrid) y la más pobre (Extremadura) sólo se ha reducido a la mitad desde 1955, según un reciente estudio, que alerta de que, a este ritmo, se tardarán 80 años para reducir esa brecha a la mitad. Algo habrá que hacer para corregir mejor la tremenda desigualdad entre regiones: además de actuar sobre la financiación autonómica, los impuestos y las inversiones y ayudas públicas, habrá que repartir mejor el empleo. No puede haber 3 clases de españoles según donde vivan.

enrique ortega

Todo el mundo sabe que hay 2 Españas, una rica y otra pobre, aunque quizás sería más preciso incluir una 3ª, la España intermedia. La clasificación se hace con la riqueza que genera cada región por habitante (PIB por habitante) y el último dato del INE, de 2018, refleja claramente esas 3 Españas. Una, la España rica, integrada por 7 autonomías: Madrid (35.041 euros/habitante), País Vasco (33.323 euros), Navarra (31.389), las tres con más riqueza que la media europea (30.960 euros/habitante), Cataluña (30.426), Aragón (28.151), Baleares (27.682) y la Rioja (27.225), las 7 regiones con más riqueza que la media de España (25.727 euros/habitante). La segunda, la España pobre, compuesta por 6 autonomías: Melilla (18.533 euros/habitante, que le ha quitado el último puesto a Extremadura (18.769 euros, casi la mitad que Madrid), Andalucía (19.107), Ceuta (20.120), Castilla la Mancha (20.363) y Canarias (20.892 euros/habitante). Y queda una tercera España, la intermedia, integrada por otras 7 autonomías, la mitad cerca de las pobres y la otra mitad acercándose a las ricas: Murcia (21.269 euros por habitante), Comunidad Valenciana (22.426), Galicia (23.183), Cantabria (23.757) y Castilla y León (24.031 euros por habitante).


Lo que quizás mucha gente no sepa es que este retrato de las 3 Españas es muy similar al de hace 60 años e incluso, similar al de hace siglos. De hecho, esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde  hace siglo y medio, al menos, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez-Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). La desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y aumentó desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta agravó las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras. 


Al final, un reciente estudio de FEDEA revela que la brecha entre regiones ricas y pobres se redujo sólo a la mitad entre 1.955 y 2018. Y que los ricos y pobres son casi los mismos. En 1.955, las cuatro regiones más ricas eran el País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra, las mismas que en 2018, aunque Madrid ha subido al nº1 y Cataluña baja al 4º. Y las cuatro regiones más pobres en 1.955, Extremadura, Galicia, Castilla la Mancha y Canarias (de peor a mejor), son también hoy pobres, salvo que sale Galicia y entran Andalucía, Ceuta y Melilla. Y la brecha entre el nivel de la región más rica y más pobre ha bajado de 124 puntos en 1995 (País Vasco tenía el 182% de la renta media y Extremadura el 58%) a 64,17 puntos (Madrid tiene el 136,20% de la renta media y Melilla el 72,03%). O sea que tras 64 años de crecimiento y políticas públicas, la desigualdad regional se ha reducido a la mitad.


Eso es la comparación entre los extremos. Pero el estudio de FEDEA  nos indica que en estos últimos 63 años, el crecimiento en España ha sido muy desigual por regiones. Así, ha habido 7 autonomías que han perdido renta relativa, que producen en 2018 un porcentaje menor sobre la renta media española del que producían en 1955: Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco. Han perdido “peso económico sobre el que tenían hace 63 años, lo que es “bueno” para corregir desigualdades en el caso de las regiones ricas (y malo para Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana). Y otras dos regiones se mantienen igual: la Rioja (rica) y Andalucía (pobre). Y son las 9 autonomías restantes (casi todas pobres, salvo Aragón, Galicia, Castilla y León y Murcia) las que han ganado peso económico, aunque no sea suficiente para recortar toda la brecha con los ricos, sólo la mitad de esa distancia. 


¿Qué hace que unas regiones sean más ricas que otras? Básicamente, su estructura productiva y la mayor o menor creación de empleo, el peso de la industria (más productiva y resistente a las crisis), el mayor o menor peso de la construcción y los servicios (empleo con menos valor y más vulnerable), el peso de las exportaciones, la población (las regiones que más han crecido, como Madrid o País Vasco, han ganado población, española e inmigrante), el nivel educativo y la formación de los adultos, la inversión pública y las ayudas de las distintas administraciones, los impuestos, la financiación autonómica, el reparto de los fondos europeos y, en la última década, las pensiones, que han supuesto ingresos extras en las regiones más envejecidas. Además, hay un caso especial que es Madrid, la región española más productiva entre 2010 y 2018 y la que más crece (en 2018 ya superó a Cataluña), sobre todo por “el factor capitalidad”: ser capital  de un país aporta un crecimiento extra (atracción de empresas, inversiones y población) en toda Europa, donde las regiones que tienen dentro la capital son las más ricas en 25 de los 28 paises UE.


El estudio de FEDEA analiza los tres factores que son claves en la riqueza o producción de las distintas regiones: la productividad y precios, el empleo y la población. Y destaca que el primero, la productividad, ha ayudado a reducir la brecha entre la España rica y la pobre (en este indicador, ha pasado de 97 a 30 desde 1955 a 2018), gracias a que las regiones industriales han perdido productividad relativa, mientras la ganaba el sur y noroeste y se estancaba en la zona del Ebro y en la Comunidad Valenciana. El tercero, la población, también ha ayudado a las regiones más pobres, sobre todo durante la crisis, especialmente a  Canarias y  Andalucía, que se han beneficiado de tener población más joven, mientras el envejecimiento ha perjudicado sobre todo a Asturias, Aragón y Cataluña. Pero el factor decisivo que ha impedido reducir más la brecha regional ha sido el empleo, la ocupación.


El estudio de FEDEA concluye que la desigualdad en el empleo creado ha sido el factor clave que explica la brecha de renta entre regiones, sobre todo desde 2004 y más a partir de la crisis de 2008. Y en 2018, el reparto desigual de la ocupación explica ya dos tercios de la desigualdad de renta entre autonomías. Y eso porque las regiones más ricas han captado más empleo y la ocupación se ha deteriorado (entre 2007 y 2019) en las regiones pobres (-9% en Extremadura, -6,6% en Castilla la Mancha, -3,42% en Andalucía)  y sobre todo en las regiones intermedias (-12% en Asturias, -9,8% en Galicia, -8,6% en Castilla y León, -7,5% en Cantabria, -6,07% en la Comunidad Valenciana). En definitiva que, según el estudio de Funcas, la desigualdad territorial es ahora un problema de empleo más que de productividad.


Si buceamos en la EPA del INE con lo que ha pasado con el empleo entre 2007 y 2019, se confirma este comportamiento desigual, por autonomías y provincias. Así, de los 3.016.300 empleos creados (un +17,8%) entre marzo de 2014 y diciembre de 2019, casi dos tercios (1.922.500 empleos) se los han llevado 10 provincias: Madrid (+538.400 empleos, un +20,42% de aumento), Barcelona (+367.000, un+16,66%), Valencia (+161.700, un +17,68%), Alicante (+154.100, un +24,36%), Baleares (+151.600, un +36,22%, el mayor crecimiento de empleo), Málaga (+151.200, un +30,44%), Sevilla (+134.400, un +21,86%), Murcia (+89.000 empleos, un +17%), Las Palmas (+88.500, un +22,5%) y Cádiz (+86.600, un +17%), según la EPA (INE). Básicamente, es la España del litoral mediterráneo más Madrid y Sevilla. Y mientras, la España del interior y el norte, un total de 30 provincias (todas las de Castilla y León, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, Lugo y Orense, todo el Cantábrico salvo Vizcaya, Navarra, La Rioja, Teruel, Huesca, Cáceres, Córdoba, Huelva y Jaén), han creado sólo 440.000 empleos en la recuperación. O sea, poco empleo para la España vaciada y pobre.


Y al final, sólo en 3 autonomías trabaja hoy más gente que antes de la crisis (2007). Son Madrid (+22.700 ocupados) y Baleares (+28.800 ocupados), dos regiones ricas, junto a Canarias (+54.200 ocupados), una región pobre, a las que había que sumar a Ceuta (+3.700 ocupados que en 2007) y Melilla (+2.200), las tres muy probablemente por su peculiar situación geográfica (inmigración) y fiscal. Y en paralelo, las 14 regiones restantes no han recuperado aún el empleo que tenían en 2007, en especial la Comunidad Valenciana (-136.200 empleos, un -6,07% de pérdida neta de empleo), Galicia (-119.400 empleos, un -9,8%), Cataluña (-118.700 empleos, un -3,27%), Andalucía (-111.300 empleos, un -3,42%), Castilla y León (-94.400 empleos, un -8,6%), Castilla la Mancha (-58.300 empleos, un -6,6%) y Asturias (-53.700 empleos, un -12%, la autonomía que tiene un mayor porcentaje de empleo que recuperar). Como se ve, el balance final del empleo es peor para la España intermedia que para la España pobre, lo que ha llevado a “aproximarlas” desde 2007.


Ahora, la perspectiva es que, al ritmo que vamos, la brecha entre las regiones ricas y las pobres no se reducirá a la mitad hasta el año 2.100, según el estudio de FEDEA. O sea, que si han hecho falta los últimos 63 años para reducir a la mitad la brecha entre las dos Españas que había en 1955, para volver a reducirla sólo a la mitad (no suprimirla) habrá que esperar aún más, 80 años. Algo social y políticamente impresentable.


Por eso, este estudio de FEDEA debería forzar un gran Pacto político y social por acabar con las 3 Españas en unas décadas, en paralelo con todas las políticas prometidas para acabar con la España vaciada (que es la España pobre e intermedia). Y eso empieza por reforzar el papel reequilibrador del Estado, desde el BOE y los Presupuestos, de tal manera que todas las políticas públicas tuvieran como uno de sus objetivos (la igualdad de la mujer debe ser otro) el reequilibrio territorial, reducir a medio plazo  las diferencias de renta entre las regiones. Eso obliga a reequilibrar las inversiones públicas, las infraestructuras y servicios públicos, la educación, la tecnología y la digitalización, la reindustrialización y los incentivos regionales europeos. Y, sobre todo, fijar este reequilibrio regional en el futuro sistema de financiación autonómica, con un potente Fondo de compensación interterritorial pagado por las regiones más ricas. Y a nivel fiscal, incentivos a las inversiones y personas que se dirijan a las regiones más desfavorecidas de España.


Además, a la vista del balance del empleo y de su tremendo peso en la desigualdad regional, según ha alertado FEDEA, urge aprobar un Plan de empleo regionalizado, centrado en esas 30 provincias que apenas han notado la recuperación y que son el centro de la España vaciada y más o menos pobre. Un Plan con recursos e incentivos para la formación y empleabilidad de jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, el epicentro de la España pobre. Y con acuerdos explícitos con las empresas de esas regiones y con sus Gobiernos autonómicos, porque reducir la brecha entre las 2 ó 3 Españas debe ser una prioridad de todos, al margen de las ideologías. No se trata de cuestionar las autonomías o dar marcha atrás en las competencias (como defiende la extrema derecha) sino de reconocer que tenemos un problema grave (tenemos más o menos renta según donde vivamos) y que necesitamos resolverlo antes de que pase otro siglo. Con medidas eficaces y sin politiqueos.