Vuelve a subir la luz

El recibo de la luz volverá a subir en abril, tras cinco meses bajando, al reponerse el impuesto eléctrico que el Gobierno Sánchez quitó en octubre (por 6 meses), para forzar la bajada de la luz. Y todo apunta a que la luz subirá el resto del año, tras cerrar 2018 con la tercera mayor subida de la década. Ahora, España tiene la 2ª luz más cara de Europa para las familias y la 4ª más cara para las empresas. Un problema que no se resuelve con “parches”, como suprimir temporalmente un impuesto, sino atacando la causa de fondo: que pagamos por la luz más de lo que cuesta, porque las eléctricas cobran el kilowatio nuclear e hidráulico más de lo que vale producirlo y porque los Gobiernos nos cargan en el recibo costes indebidos. En total, pagamos unos 4.500 millones extras al año, que engordan los beneficios de las eléctricas desde hace dos décadas. Otra asignatura pendiente de la democracia que ningún Gobierno ha afrontado. Y de lo que nadie habla en campaña electoral.

enrique ortega

En marzo 2019 bajó el recibo de la luz, por quinto mes desde octubre (todos los meses, salvo diciembre), con lo que la factura de una familia media (4,4kw de potencia y 3.900 kw de consumo) fue de 66,95 euros, 10,18 euros menos que en septiembre de 2018 (77,13 euros), cuando alcanzó el máximo de 2018 y obligó al Gobierno Sánchez a intervenir, suprimiendo durante 6 meses el impuesto a la generación eléctrica. Con todo, el recibo es todavía 2,74 euros más caro que hace un año (64,21 euros era la factura media en marzo 2018) y todo apunta a que seguirá subiendo a lo largo de 2019, sobre todo en verano y otoño, para cerrar 2019 con un coste de la luz superior a 2018, que ya fue el tercer año con la luz más cara de la década (65,33 euros de media al mes), sólo por detrás de 2012 (66,08 euros) y 2015 (64,41 euros), según datos de la CNMC.

Desde el 1 de abril, se vuelve a cobrar el impuesto a la generación de electricidad (7% sobre el coste de producción), suprimido temporalmente el 1 de octubre, un impuesto que las eléctricas nos repercuten en el recibo, lo que hará que la luz suba este mes en torno a 1 euro por recibo. Y algo menos en los meses siguientes. Este impuesto lo introdujo el Gobierno Rajoy en 2012 (Ley 15/2012) para financiar el sistema eléctrico y ayudar a tapar “el déficit de tarifa”, recaudando unos 1.500 millones al año (que pagamos con el recibo). Las eléctricas lo recurrieron en los Tribunales y ahora está pendiente de la decisión del Tribunal Europeo de Justicia: si lo declara “ilegal”, como piden las eléctricas, el Gobierno español tendría que devolverles lo recaudado hasta ahora, unos 9.000 millones. Y piensen de dónde saldría ese dinero: del Presupuesto o del recibo (en ambos casos, de nuestro bolsillo).

A pesar del "parche" de quitar este impuesto durante 6 meses, el precio de la luz en el mercado eléctrico no se ha moderado y en marzo alcanzaba un precio medio de 48,82 euros/kw, más bajo que a principios de año pero un 21,5% más alto que en marzo de 2018. Y eso porque aunque este año hay más aire (eólica) y menos consumo (invierno suave), sigue alta la producción de electricidad con carbón y gas, que pagan una tasa creciente por emitir CO2 (han pasado de pagar 7 euros por tonelada en enero de 2018 a 21,81 euros en abril de 2019). Y no llueve, lo que resta energía hidroeléctrica. Pero además, el mercado eléctrico español es muy estrecho (pequeño) y muy volátil, con grandes altibajos en los precios, lo que hace que producir electricidad en España sea más caro que en el resto de Europa (60 euros por kw en 2018) cuando en 2010 era el mercado más barato.

Los precios de producir la electricidad en el mercado eléctrico han subido en el último año y los precios futuros (“compras a plazo”) auguran que serán más altos a finales de 2019, lo que encarecerá nuestro recibo, porque estos precios de la luz en origen suponen un 35% de la factura eléctrica. Y aunque esto tiene que ver con el clima (el viento y la lluvia), el consumo y la emisión de CO2, la clave es que el mercado eléctrico ibérico (MIBEL) funciona con un sistema que paga de más la generación de electricidad con algunas energías, según permite la Ley Eléctrica de 1997, aprobada por Aznar: cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante es el del kilovatio más caro, al que se paga al resto de las energías. Lo habitual es que la energía que falta (y más cuando no llueve o falta viento) se cubra con centrales de carbón o gas, que producen a 60 euros/kilowatio, el precio final que se paga a las centrales hidroeléctricas (a las que producir luz les cuesta 10 euros/kw) o nucleares (22 euros/kw), que además ya están amortizadas (después de 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos toda a precio de chuletón. Así funciona el mercado eléctrico.

Aparte de fijar un precio de la electricidad por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, que nos repercuten) y el sistema promueve el fraude, como ya ha detectado la Comisión de la Competencia (CNMC) en varias ocasiones. En diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, para provocar una falta de oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar las centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). En enero de 2018, la UCO (Guardia Civil) descubrió en Iberdrola correos y archivos que demuestran el fraude. Y en junio de 2018, la CNMC ha multado con 6 millones de euros a otra eléctrica, Viesgo, por “manipular su oferta” de la central de los Barros (Cádiz), excluyéndola del mercado diario para luego vender su electricidad en el mercado a precios más elevados.

Al final, la manipulación y los extracostes del mercado eléctrico (“pool”), donde se cotiza la electricidad cada día, es una de las tres causas de que nos suba tanto la luz, porque este precio de la luz en origen supone el 35% de nuestro recibo. Pero hay dos partes más: otro 40% del recibo son costes que fija el Gobierno, lo que se llaman “peajes”, que no suben en 2019 (por 5º año consecutivo). Y el 25% restante del recibo son impuestos.

Los “peajes”, la segunda parte del recibo (40%), son una especie de “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes. Unos son costes “justificados”, aunque demasiado elevados, como los de transporte de la electricidad (el 2,96% del recibo) y su distribución (10,04%). Y otros son costes “discutibles”, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a las renovables, cogeneración y residuos (20,6%), por el parón nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir electricidad en Baleares y Canarias (4,2%), para compensar a las grandes industrias del riesgo de cortarles la luz (no ha ocurrido nunca, pero se llevan un 3% del recibo), ayudas para que las centrales de gas estén siempre disponibles (este pago se eliminó el 30 de junio de 2018), el pago para abaratar la luz a las industrias vascas (se ahorrarán 100 millones al año , una contrapartida del apoyo del PNV a los Presupuestos 2018 de Rajoy) y otras partidas más, como la recién aprobada ayuda (41 millones) a grandes empresas consumidoras de electricidad, como Alcoa, para que no se vayan de España…

La tercera parte del recibo de la luz (un 25%) son impuestos: pagamos un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto). Y aquí también pagamos impuestos de más, porque España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25% IVA), Finlandia (24%) y Portugal (23%), pero muy por encima del IVA que se paga en Reino Unido (5%), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o Alemania (19%).

Como hemos visto, los consumidores pagamos costes de más en las tres partes del recibo, por el coste de producir electricidad (35% del recibo), por los peajes que nos incluye el Gobierno (40% recibo) y en los impuestos que pagamos (25% recibo). El resultado de estos “extracostes” es que la luz en España es de las más caras de Europa, según Eurostat (junio 2018). El consumidor doméstico paga la 2ª luz más cara de Europa: 0,1873 euros/kw sin impuestos, sólo por detrás de Bélgica (0,1898 €/kw), un 44% más cara que en Europa (0,1297 €/kw en la UE-28), un 65% más cara que en Francia (0,1134 €/kw) y un 26% más cara que en Alemania (0,1379 €/kw). Y las empresas pagan la 4ª luz más cara de Europa, tras tres islas (Malta, Chipre e Irlanda): 0,1008 euros/kilowatio sin impuestos, un 31% más cara que la electricidad industrial en Europa (0,0797 €/kw en la UE-28), un 36% más cara que en Francia (0,0737 €/kw) y un 30,7% más cara que en Alemania (0,0771 €/kw).

Tenemos la luz más cara de Europa porque pagamos costes de más. Y estos extracostes que pagamos, desde la electricidad en origen a los peajes e impuestos, benefician sobre todo a las eléctricas, que ganan el doble que las eléctricas europeas en relación a su negocio, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad. Las 3 grandes eléctricas, que controlan el 80% del mercado eléctrico, ganaron en 2018, un total de 5.770 millones de euros, un 14,3% más que en 2017 cuando la demanda eléctrica, su negocio, sólo creció un 0,4%.

No sólo tenemos la luz más cara de Europa sino que además es una luz más sucia, porque producirla supone emitir cada año más CO2, aunque en 2018 España bajó sus emisiones totales de CO2 un -4,6%, gracias a un menor uso del carbón y fuel en la generación eléctrica. Pero sólo un 38,5% de la electricidad es renovable, según Red Eléctrica, y todavía  un 28,4% de la electricidad se produce con carbón, fuel o gas. Y en consecuencia, de las 10 industrias españolas que emitieron más CO2 en 2018, 6 fueron centrales eléctricas (y 11 centrales entre las 20 industrias más contaminantes), según la Comisión Europea.

Si el próximo Gobierno quiere bajar el precio de la luz, no valen los “parches”, como quitar un impuesto durante 6 meses. Hay que actuar sobre los problemas de fondo, recortando los costes de más que pagamos con el recibo. En la primera parte del recibo, los costes de generación de electricidad, habría que hacer una auditoría de costes y pagar cada kilowatio por lo que cuesta producirlo, más un margen razonable. No podemos seguir pagando “sardinas a precio de caviar”, como dijo gráficamente el director del IDEA. Porque al pagar la electricidad de origen hidráulico y nuclear (ahora también la eólica) más cara de lo que cuesta, estamos pagando unos 4.500 millones de más al año en el recibo, según una reciente estimación de Natalia Fabra. Y sobre la 2ª parte del recibo, los costes regulados, una parte se podrían reducir (REE cobra demasiado por el transporte y los costes de distribución son muy elevados) y otras deben cargar sobre los Presupuestos o suprimirse. Y en cuanto a los impuestos, algunos expertos y FACUA piden bajar el IVA de la luz del 21 al 4% (bajaría el recibo un 14,11%), pero esta medida  es “peligrosa”: Hacienda perdería 4.400 millones al año, 4.400 millones menos para sanidad, educación, empleo, tecnología…y tantas cosas que hacen falta.

Pero sí se pueden reducir costes en las otras dos partes del recibo, en el coste de producir electricidad y en los costes regulados que se cargan al recibo. Quitando extracostes no justificados, se podría reducir la factura de la luz un 40% en unos años, según los expertos. Además, cada familia puede tomar 2 medidas adicionales para reducir su factura. La primera, ajustar la potencia contratada, porque uno de cada cinco consumidores contratan más potencia de la que necesitan. Y bajarla sólo 0,5kw nos permite ahorrar 26 euros al año. La otra medida es contratar la tarifa con discriminación horaria (si lo permite nuestro contador), porque supone ahorrar (mire abajo en su recibo: en letra muy pequeña “encontrará”  la tarifa que pagaría cada mes con discriminación horaria). Eso sí, el cambio de potencia o de tarifa tiene un coste para el consumidor (injustificable) de 9 euros más IVA.

Al final, el elevado coste de la luz (que perjudica a familias y empresas) es otra asignatura pendiente de resolver desde la Transición y los distintos Gobiernos han ido poniendo “parches” cuando la luz se disparaba pero sin atajar los problemas de fondo: básicamente, que los consumidores estamos pagando de más en beneficio de las eléctricas, que tienen un enorme poder económico, político (“puertas giratorias”) y mediático. Y nadie se “atreve a “poner el cascabel al gato”, tampoco el Gobierno Sánchez, que ha planteado un Plan energético 2021-2030 donde se mantienen los extracostes para la electricidad hidráulica, nuclear y eólica. No puede ser. El próximo Gobierno debería hacer una “auditoría de costes” y aplicar “luz y taquígrafos” a la tarifa eléctrica, sin más "parches" para salir del paso de subidas impopulares. Pero de esto, tampoco oirá hablar en esta campaña electoral.