Paraísos fiscales: Europa no se atreve

El escándalo de los paraísos fiscales estalla periódicamente, desde los Papeles de Panamá a LuxLeaks o los Paradise Papers. En diciembre, la Comisión Europea aprobó una “lista negra” donde sólo incluyó 17 países. Pero en enero, han  sacado de esa “lista negra” a 8 países, entre ellos Panamá (por la presión de España), Barbados, Corea del Sur y Emiratos. Además, Bruselas no incluye entre los paraísos fiscales a 4 países europeos que utilizan las multinacionales para evadir impuestos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta. Mientras, las inversiones a paraísos fiscales se han cuadruplicado y son la vía de entrada del 54% de las inversiones que llegan a España y del 25% de las que salen. Y 34 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales. Son millones de euros que eluden impuestos, mientras 98 países han firmado el acuerdo OCDE para intercambiar datos fiscales. Pero no lo ha hecho EEUU, que releva a Suiza como paraíso fiscal. Urge una “cruzada” mundial contra la los paraísos fiscales, donde se esconde un dinero que nos hace mucha falta.

enrique ortega

Esta historia de la lucha contra los paraísos fiscales cumple casi 10 años. En noviembre de 2008, tras el estallido de la Gran Recesión, los principales países se reunieron en Washington, en la Cumbre del G-20, para “refundar el capitalismo”, con la idea de emprender reformas que evitaran otra gran crisis en el futuro. Y entre ellas, poner coto a la evasión fiscal internacional, apoyada en los paraísos fiscales, encargando a la OCDE que estudiara medidas de control para aplicarlas a nivel mundial. En junio de 2017, el G-20 se reunió en Hamburgo y se felicitó porque casi 100 países hubieran firmado el acuerdo de la OCDE (proyecto BEPS) para intercambiar información fiscal a nivel internacional. Y tras la firma de miles de convenios bilaterales, declaraban que sólo había un “paraíso fiscal”: Trinidad y Tobago, una pequeña república caribeña formada por 2 islas enfrente de Venezuela.

Pero, por desgracia, hay muchos más paraísos fiscales en el mundo, cada vez más activos. De hecho, la inversión mundial hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en los últimos 15 años, según un documentado estudio de Intermón Oxfam, que estima en 170.000 millones de dólares el dinero que quitan sólo a los países en desarrollo. En general, los usan las empresas y multinacionales como “plataforma intermedia” de sus inversiones, creando allí empresas con las que invierten luego en terceros países o que utilizan para sacar sus beneficios de otros países sin pagar impuestos. Y para las grandes fortunas y muchos inversores, son la plataforma ideal para eludir también el pago de impuestos. Por ejemplo, en 2016, las islas Caimán recibieron 5 veces más inversión que China, según Intermón Oxfam. Y Holanda es el 2º país de origen de la inversión extranjera que llega a Latinoamérica y el primer país de origen de la inversión extranjera en Brasil. Son meros “portaviones” donde aterrizan las inversiones de camino entre un país y otro, para no dejar rastro fiscal.

El caso de España es también muy esclarecedor. Más de la mitad de la inversión extranjera que llega a España (el 54%) lo hace a través de un paraíso fiscal, según el informe de Intermón Oxfam. Sobre todo llegan a través de Holanda, Luxemburgo, Barbados, Islas Caimán,  Bahamas, Panamá, Irlanda, Malta, Suiza, Singapur, Hong-Kong, Barbados o Delaware (USA), los paraísos fiscales  más agresivos. Y un 25% de la inversión española que se hace en el exterior se canaliza a través de paraísos fiscales, habiéndose cuadruplicado esta inversión en el último año, según el informe de Intermón Oxfam.  De hecho, la inversión española a través de paraísos fiscales es un 27% superior a la inversión española en Latinoamérica.

Esta inversión española a través de paraísos fiscales es posible porque las empresas y los bancos españoles tienen filiales en esos paraísos fiscales, a través de las que canalizan sus operaciones y las de sus clientes. En 2016, 34 grandes empresas y bancos (todas las empresas del IBEX, salvo Aena) tenían una o varias filiales en paraísos fiscales, 996 filiales en total, encabezando el ranking Banco Santander (225 filiales en paraísos fiscales), ACS (108), Repsol IPF (93), Arcelor Mittal (79), BBVA (64), Ferrovial (64) e Iberdrola (63), según datos de Intermón Oxfam a partir de sus Memorias anuales. Y la mayoría de estas filiales (438) se sitúan en Delaware (un “paraíso fiscal” en el noroeste de EEUU), seguida de Holanda (157), Irlanda (83) y Luxemburgo (80). Lo más preocupante es que estas filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales se han multiplicado por 4 entre 2009 y 2016.

Las empresas y bancos, españolas y multinacionales, aumentan su presencia en los paraísos fiscales como una forma de “eludir” impuestos (palabra fina, “elusión fiscal”: significa que no defraudan impuestos sino que los “eluden” legalmente…). Y lo hacen porque pueden, porque ni Hacienda ni la normativa europea se lo prohíbe. Sobre todo, porque la mayoría de los países que utilizan como “portaviones” de sus inversiones no son oficialmente “paraísos fiscales”. Y aquí entramos en el tema clave: “la lista” de los paraísos fiscales.

España tiene una lista oficial de 48 paraísos fiscales, que se aprobó oficialmente en 1991 (ver países). Pero no es la que rige hoy, porque en estos años, sobre todo desde 2003, han salido de la lista 15 países: Andorra, Luxemburgo, Singapur, Chipre, Hong Kong, Bahamas, Barbados, Antillas Holandesas, Aruba, Emiratos, Jamaica, Malta, Trinidad Tobago, San Marino, Singapur, Omán y Panamá (salió de la “lista negra” de Hacienda en 2010, a raíz de que Sacyr ganara el mega contrato del Canal de Panamá). Sorprenden muchos de los países que ya no son paraísos fiscales para la Hacienda española, sobre todo cuando 7 de estos 15 países “indultados” forman parte de la lista de los 15 peores paraísos fiscales elaborada por Intermón Oxfam, por este orden de más a menos opacidad fiscal: Bermudas, islas Caimán, Holanda, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curaçao, Hong Kong, Malta, Bahamas, Jersey, Barbados, Islas Mauricio e Islas Vírgenes.

La Comisión Europea, a raíz del “escándalo LuxLeaks” (548 acuerdos fiscales favorables suscritos por el gobierno de Luxemburgo con numerosas multinacionales), destapado en noviembre de 2014, quiso ponerse a la cabeza de la lucha contra los paraísos fiscales. Y ha estado tres años preparando una “lista negra” de paraísos fiscales, que por fin aprobó el 5 de diciembre de 2017, con 19 países, en su mayoría pequeños estados del Caribe, Oriente Medio y Asia, una lista que defraudó a los expertos porque dejaba fuera a muchos de los países “evasores habituales”. Pero la sorpresa saltó el 21 de enero de 2018, cuando la Comisión recortó esta lista, sólo 37 días después de aprobarla. Salieron de la lista de “paraísos fiscales” 8 países: Panamá, Barbados, Granada, Corea del Sur, Macao, Mongolia, Túnez y Emiratos Árabes Unidos, porque “se habían comprometido a ser fiscalmente transparentes”, según Bruselas. La lista se revisará a finales de 2018 y antes, la Comisión Europea establecerá sanciones para los 9 únicos países que, para Bruselas, son ahora “paraísos fiscales: Samoa, Bahréin, Guam, islas Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa y Trinidad Tobago.  Y quizás Hacienda “rehaga su lista” con esta nueva lista UE.

Los expertos consideran que la lista europea de paraísos fiscales es un fiasco, fruto de las presiones políticas y económicas de países y multinacionales. De hecho, España presionó en el Ecofín para que Panamá saliera de la lista europea, según ha reconocido Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional, a pesar de que 2.000 españoles aparecieron con cuentas en los "Papeles de Panamá" (2016). Mientras, los técnicos de Hacienda (Gestha) han elaborado una “lista negra” (ver aquí) de 30 países (donde incluyen a Suiza, Gibraltar, Hong Kong, Aruba y Bahamas, que no están en la lista negra de Hacienda) y otra “lista gris” (donde incluyen Panamá, Andorra, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Malta, Mónaco, San Marino, Turquía o Venezuela). Y Oxfam Intermón ha elaborado una “lista negra” de 39 paraísos fiscales, donde incluye 4 países europeos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta.

Precisamente, la mayor crítica que puede hacerse a las autoridades europeas es que la “lista negra” de la Comisión deja fuera a los paraísos fiscales que hay en Europa. Sobre todo cuando en los últimos años han estallado diversos escándalos que han demostrado que hay países europeos especializados en facilitar la evasión fiscal a empresas y multinacionales. El escándalo LuxLeaks destapó que el Gobierno de Luxemburgo (presidido por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) había firmado (entre 2002 y 2010) acuerdos secretos, para pagar menos impuestos, con 340 multinacionales. Holanda también había firmado acuerdos similares en 2008 con la multinacional Starbucks. También el gobierno de Bélgica, en 2005, con 35 multinacionales. Y el gobierno de Irlanda firmó otro pacto secreto con Apple para que sólo pagara el 2,5% de impuestos.

Pero el problema no son sólo los acuerdos secretos con multinacionales. Lo más grave es que muchas grandes compañías utilizan algunos países europeos, con su consentimiento, para aplicar una “ingeniería fiscal” que les permita eludir (legalmente) el pago de impuestos, unos 70.000 millones de euros al año (8.250 millones en España). El sistema más utilizado es transferir beneficios a filiales de países donde se pagan menos impuestos, utilizando para ello compras y ventas entre filiales. Una variante más sofisticada es lo que se llama el “sándwich holandés” y el “doble irlandés”, los sistemas que utilizan Google y Apple: facturan su negocio en España, por ejemplo, a través de una filial en Irlanda, que transfiere ese dinero a una filial en Holanda (que no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial en Irlanda (por gestión del uso de la marca), que tampoco paga impuestos y que transfiera los beneficios a una filial de Bahamas (paraíso fiscal). Al final de este periplo, Google y Apple sólo han pagado un 2,4% de los beneficios, la media que pagan las multinacionales USA fuera de EEUU.

Otra vía de “elusión fiscal” son las marcas y patentes (royalties): las multinacionales registran la propiedad de sus marcas en paraísos fiscales y desde otras filiales transfieren allí dinero como pago por uso de la marca. Es lo que hace Starbucks con el dinero del café que nos tomamos: una parte va a una filial en Irlanda que gestiona su marca y que no paga por este dinero desviado. Ikea hace lo mismo a través de una filial en Holanda. Y McDonald’s creó una filial en Luxemburgo donde desvía el 5% de su facturación en España y lo que se ha ahorrado de pagar aquí 68,5 millones en 5 años. El caso más llamativo es Inditex, que a través de dos filiales en Holanda y Suiza, factura al resto por la compra de ropa en Asia y por la gestión de marca y consultoría. Así ha “eludido” el pago  a la Hacienda española de 585 millones de euros entre 2011 y 2014, según un informe de los verdes en el Parlamento europeo. Y todavía hay más vías de “elusión” fiscal: préstamos entre filiales de una multinacional, trasvase de dividendos o aprovechar las diferencias fiscales dentro de Europa.

Es un escándalo porque, en estos casos, los paraísos fiscales no están en el Caribe o en Asia, sino en el corazón de Europa. Los gobernantes europeos trataron de “salvar la cara” aprobando, en julio de 2016, una Directiva europea para luchar contra la elusión fiscal de las grandes empresas y multinacionales. El problema es que se ha retrasado su entrada en vigor, dado que los países tienen hasta diciembre de 2018 para modificar sus normas fiscales y en algunos casos, se les da de plazo hasta el 1 de enero de 2020. Luego, habrá que ver cómo se aplican los cambios, porque ningún país se va a arriesgar a perder multinacionales, que ya estarán preparándose para burlar las nuevas normas fiscales aprobadas por Bruselas.

En paralelo, este año 2018, Hacienda y los responsables fiscales de todo el mundo van a disponer de más datos sobre dónde tienen el dinero sus empresas y sus ciudadanos, porque ha entrado en vigor el acuerdo de la OCDE (Proyecto BEPS) para intercambio mundial de información fiscal, acuerdo que han firmado ya 98 países (Panamá en enero 2018). El problema es que no es un acuerdo vinculante y cada país decidirá con qué países intercambia información fiscal. España ha aprobado intercambiarla con todos los países, pero ahora falta ver si Suiza o Panamá le mandarán a Hacienda los datos fiscales de españoles y empresas que tengan inversiones en su territorio. Unos países lo tenían que enviar antes de  septiembre de 2017 (con datos al 1 de enero 2016) y otros tienen hasta septiembre 2018 (Andorra, Suiza, Panamá, Bahamas, Mónaco, Indonesia, Singapur, Qatar, Arabia Saudí o Turquía entre ellos).

Quien no ha firmado este acuerdo internacional ha sido Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que se va a convertir en el mayor paraíso fiscal, si no lo es ya, porque cada día se registran más empresas y fortunas en Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Miami, los estados que están atrayendo el dinero opaco que hasta ahora estaba en Suiza, Luxemburgo, Panamá o el Caribe. Así que la Hacienda española y del resto de Europa no pueden esperar colaboración de EEUU, mientras se da el contrasentido de que los bancos europeos están obligados a dar puntual información de las inversiones de empresas y ciudadanos estadounidenses, porque desde 2013 está en vigor la FATCA, una Ley que obliga a los demás países a darles los datos de los ciudadanos USA (sean residentes o no) pero que no les obliga a dar los datos fiscales de las empresas  extranjeras en USA, sólo de las personas físicas.

Así está el panorama fiscal en el mundo: se multiplican por cuatro las inversiones en paraísos fiscales y aumenta la sofisticación de las multinacionales para eludir impuestos, pero Europa responde con una lista negra inútil y una Directiva complicada de implantar. El fraude fiscal se hace global y la vigilancia mundial es poco efectiva, con lo que muchos millones de euros se pierden por el camino, en beneficio de los más ricos, lo que aumenta la desigualdad (como se ha reflejado en la Cumbre de Davos) y penaliza las inversiones y servicios públicos y sociales, que pierden recursos por el aumento del fraude fiscal, con la inestimable ayuda de los paraísos fiscales, donde está nuestro dinero. “Saca a la luz un dinero que no ves”, nos pide Intermón Oxfam en esta campaña contra los paraísos fiscales. Están bien las firmas, pero lo que hace falta son Leyes y vigilancia para que se cumplan. En Europa y en España. 

Empresas,bancos y fortunas en paraísos fiscales

Los casos de corrupción, desde Bárcenas a la Gürtel o la familia Pujol,  y la lista Falciani han puesto de moda  los paraísos fiscales, sobre todo Suiza y Andorra. Pero no son sólo ellos: hay cientos de millonarios, empresas y bancos españoles que tienen cuentas y compañías fantasmas en paraísos fiscales de Europa y América. Concretamente, 34 de las 35 empresas y bancos del IBEX tienen 810 filiales en paraísos fiscales, sobre todo en USA, Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Suiza. Y 136.000 grandes fortunas han declarado cuentas en el extranjero. Unos y otros evaden así más de 12.000 millones de euros, lo que costaría erradicar la pobreza. La OCDE y el G-20 han aprobado medidas para que en 2017 se intercambie información sobre  las cuentas en paraísos fiscales y las multinacionales informen de lo que hacen en cada país. Mientras, en España, la inspección tiene pocos medios para vigilar a bancos, grandes empresas y multinacionales, que sólo pagan “legalmente” un 5,3% de impuestos.
 

enrique ortega

Cada año, las grandes fortunas, bancos, grandes empresas y multinacionales “eluden” el pago en España (legalmente) de 40.000 millones de euros en impuestos, según la asociación de inspectores Gestha y de Fedea. Y al menos un tercio de estos impuestos perdidos (más de 12.000 millones) se deben a sus operaciones en paraísos fiscales, que les permiten ocultar ingresos o beneficios y rebajar impuestos. Un informe de Fedea de 2013 cifraba en 144.000 millones de euros lo que los españoles ocultan en paraísos fiscales, más de la mitad sólo en Suiza (80.000 millones, según un libro de Gabriel Zucman).

Incluso podría ser mucho más. A raíz de la amnistía fiscal de Montoro en 2012, se dio la posibilidad a los contribuyentes con cuentas en el extranjero a que  las regularizaran, sin pagar nada, entre enero y abril de 2013. Al final, fueron 134.310 contribuyentes los que presentaron el Modelo 720 con datos de cuentas, valores e inmuebles en el extranjero por valor de 88.665 millones. En 2014, la cifra bajó a 53.170 declarantes, de los que 32.000 eran nuevos y afloraron otros 20.615 millones en el extranjero. Luego, son 109.200 millones los declarados fuera (10% del PIB) y no parece descabellado pensar que hay una cifra aún mayor sin declarar, con lo que el dinero fuera sólo de particulares superaría los 200.000 millones. Baste ver que había 2.694 españoles (nombres muy conocidos, con 1.700 millones de euros opacos) entre los 106.000 clientes de 206 países incluidos en la lista Falciani, sólo en la filial suiza del HSBC.

Y luego están los bancos y grandes empresas, con numerosas filiales en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales: 34 de las 35 empresas y bancos del IBEX (todas menos Indra) tienen 810 filiales en paraísos fiscales (2013), según un reciente estudio de Intermon Oxfam a partir de las memorias de estas entidades. El Banco Santander es el líder en paraísos fiscales (182 filiales), seguido de Iberdrola (66 filiales), Abengoa (63), BBVA (52) y Repsol (49). Y sus destinos preferidos son Delaware (en USA, con 352 filiales españolas), Holanda (122 filiales), Luxemburgo (62), Irlanda (56) y Suiza (25). La inversión española en paraísos fiscales representa el 24% de toda la inversión española en el exterior y el 56% de la inversión extranjera en España proviene de paraísos fiscales (el 12,4% es inversión  española encubierta: sale y vuelve a entrar, tras pasar por un paraíso fiscal).

Los bancos tienen filiales en paraísos fiscales para ofrecer cuentas y asesoramiento a empresas y grandes fortunas, mientras las grandes empresas y multinacionales utilizan los paraísos fiscales para su “ingeniería fiscal”, para pagar menos impuestos “legalmente”. Los sistemas son variados. En unos casos, abusan en los precios de transferencia: venden con pérdidas a una filial que vende a otra en un paraíso fiscal (donde se quedan los  beneficios) para vender luego a otra con pérdidas y así indefinidamente. En otros casos, una empresa o banco presta a una filial y se deduce por ello (hasta 2012, el 100% de los gastos financieros; ahora el 30%): el 26% de la financiación española al exterior son préstamos de matrices a sus propias filiales. Otra fórmula es trasvasar los beneficios a filiales en paraísos fiscales, bajo la fórmula de “pagar por la marca”: Inditex tiene dos filiales en Holanda y Suiza que facturan por consultoría y marca a la matriz española. Entre 2009 y 2013 han “trasladado”  2.000 millones de dólares de beneficios a Holanda y Suiza (“legalmente”), ahorrándose 325 millones en impuestos a la Hacienda española, según Intermón Oxfam. Y lo mismo hacen Ikea o Starbucks con Holanda.

Otra fórmula es lo que se denomina “doble irlandés” y “sándwich holandés”, que es lo que hace Google (y Apple). Facturan en España, a través de una filial en Irlanda, que trasfiere este dinero a una filial de Holanda (donde no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial en Irlanda (por gestión del uso de la marca) que tampoco paga impuestos y transfiere los beneficios a una filial en Bahamas (paraíso fiscal). Al final de este periplo fiscal, Google sólo paga el 2,4% de todos los beneficios que genera fuera de EEUU. Y así muchas otras.

Como se ve, los “paraísos fiscales” son claves en la ingeniería fiscal de bancos, grandes empresas y multinacionales para eludir el pago de impuestos. Por eso, su importancia es creciente: al menos la mitad del comercio mundial pasa por un paraíso fiscal y los activos en estos paraísos se estiman entre 20 y 32 billones de dólares, una cifra superior al PIB de EEUU y China juntos, según datos del FMI (2014), recopilados por Intermon Oxfam.

La lista de “paraísos fiscales” no es única y la OCDE, que era quien fijaba la “lista oficial”, ha sacado de ella a países que son verdaderos “paraísos” por haber firmado “acuerdos de transparencia” que no evitan la opacidad y la elusión de impuestos. Es el caso de Suiza, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Delaware, Andorra, islas del Canal, Bermudas o islas Caimán, que no están ya en la “lista negra” de la OCDE. En el caso de España, Hacienda publicó en 1991 una lista de 48 “paraísos fiscales”, donde no estaba Suiza ni Delaware. Y en 2013 publicó la lista actual, con 33 países, en la que ya no figuran como “paraísos fiscales”  Andorra, Luxemburgo, Holanda (tres países clave para la “elusión fiscal” de los españoles), Bahamas, Barbados, Bermudas, Trinidad Tobago, Jamaica, Barbados, Panamá, Mónaco, San Marino, Hong-Kong, Malta, Gibraltar ni las islas del Canal (Jersey, Guernesey, isla de Man)…

Con la crisis, los líderes mundiales vieron la necesidad de conseguir más ingresos fiscales y ya en 2009 plantearon una revisión de la fiscalidad internacional. En la Cumbre del G-20 en México (junio 2012), se encargó a la OCDE medidas contra los paraísos fiscales y la elusión de impuestos de las multinacionales. En febrero y julio de 2013 se perfiló  el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), con 15 medidas para asegurar que los países informaran de las cuentas opacas y que bancos y grandes empresas sean más transparentes en su operativa multinacional. Siete de estas medidas se aprobaron en el G-20 de San Petersburgo (septiembre 2013) y el resto deben aprobarse en el G-20 en Turquía (noviembre 2015), para entrar en vigor en 2016. Es un gran avance, pero si no se cambia al final, la exigencia de transparencia internacional solo obligará a las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales: afectaría a multinacionales, bancos y empresas del IBEX35, pero sólo a 183 de las 24.000 grandes empresas que declaran en España, según Intermon Oxfam.

En paralelo, La Comisión Europea  aprobó en 2013 una Directiva que exige a los bancos comunitarios a que informen de sus actividades país por país (hoy sólo lo hacen los franceses), aunque la obligación no entrará en vigor hasta 2017. Y a partir de 2016, Bruselas obligará a los países europeos a hacer públicos sus acuerdos fiscales con las multinacionales (como el de Luxemburgo, el escándalo Luxleaks), pero no los limita ni prohíbe. A nivel mundial, en 2017, la mayoría de los países estarán obligados a informar de las cuentas bancarias, valores e inmuebles que tengan los ciudadanos extranjeros, tras el acuerdo firmado en Berlín, en octubre de 2014, por el G-20, la OCDE y 53 países, entre ellos Luxemburgo, Holanda, Gibraltar, islas del Canal, islas Vírgenes, islas Caimán, Bermudas, Andorra y Suiza (esta última dará información a partir de 2018). Con ello, Hacienda y las autoridades fiscales de los demás países recibirán, desde 2017, un listado anual de todas las cuentas de extranjeros abiertas a finales de 2015 y las que se abran después, con saldos e importes recibidos.

Es un gran salto adelante en la transparencia, aunque todavía queden dos años de opacidad. Pero habrá que ver si además de saber qué personas, bancos y empresas tienen cuentas y filiales fuera de España, se consigue que paguen más impuestos. Porque ahí está el problema: la mayoría del fraude fiscal, estimado en España en 60.000 millones de euros anuales, corresponde a las mayores fortunas, bancos y grandes empresas, según Gestha, que pagan menos impuestos, muchas veces “legalmente”. Basta ver los datos de Hacienda: en 2013, el tipo efectivo que pagaron al Fisco las grandes empresas fue del 5,3% sobre sus beneficios, mientras las pymes pagaron un 16% (Informe Intermon Oxfam, página 32). Y todo gracias a las exenciones y desgravaciones fiscales en el impuesto de Sociedades, muchas veces gracias a filiales y operaciones en paraísos fiscales. Una vergüenza.

La crisis ha arrasado las arcas públicas de todo el mundo, mientras las grandes fortunas, bancos, grandes empresas y multinacionales ganan más y pagan menos impuestos. Por eso proliferan las peticiones de una reforma a fondo de la fiscalidad internacional, para que la globalidad no suponga eludir impuestos. Intermon Oxfam va más allá y pide una Cumbre Fiscal Mundial, en julio de 2015, que cree incluso un cuerpo de vigilancia fiscal internacional (como el FMI o la OMC, que vigila el comercio mundial). Y en España, piden a todos los partidos que pacten una Ley contra la evasión fiscal, que vigile estrechamente las cuentas e inversiones en el exterior. Además, hacen falta más medios. Hacienda creó en 2013 la Oficina de Fiscalidad Internacional, con sólo 50 personas, que poco pueden hacer frente a los grandes bufetes que asesoran a bancos, grandes empresas y multinacionales. Y en España sólo hay 1 inspector fiscal por cada 1928 contribuyentes, frente a 1x860 en Francia, 1x729 en Alemania o 1x900 de media en la OCDE. Y lo peor: sólo el 20% del trabajo de inspección de Hacienda está centrado en los más ricos, grandes empresas y bancos, donde está la mayoría del fraude, según los técnicos de Hacienda (Gestha). El propio presidente de los inspectores acaba de reconocer que Hacienda centra sus investigaciones en los asalariados. Así nos va.

En resumen: sabemos  que multinacionales, empresas, bancos y grandes fortunas utilizan los paraísos fiscales para pagar menos impuestos y que por eso hay déficit público, recortes y pagamos más impuestos de lo que deberíamos. Teóricamente, unas nuevas normas internacionales les van a poner más difícil ocultar ingresos fuera y eludir impuestos desde  2017. Pero ya estarán buscando otras vías para pagar menos. Por eso, la única garantía de justicia fiscal es tener nuevas leyes y más recursos contra el fraude, vigilar mejor a los que tienen medios para defraudar más, no a la mayoría de contribuyentes. Así de fácil.