Los jóvenes, los grandes perdedores

La subida disparatada de pisos y alquileres está siendo la puntilla para los menores de 30 años, que apenas se benefician de la buena marcha de la economía: sólo un 10% del empleo creado este año ha ido a menores de 25 años, que tienen más del doble de paro que el resto y ganan casi la mitad, por tener contratos más precarios. Eso conduce a que muchos jóvenes no pueden emanciparse y tengan más pobreza que el conjunto de españoles: 2,5 millones de jóvenes viven en situación de “exclusión social”, según el informe Foessa (Cáritas), a pesar de que la mayoría trabajan o estudian. Urge un Plan de apoyo a los jóvenes, con medidas desde la formación a las políticas de empleo y vivienda, para evitar que malvivan y sean utilizados por la ultraderecha. Y no cabe enfrentarlos a los mayores, proponer como solución recortar las pensiones y el gasto a los jubilados. Porque los “boomers” no son unos “privilegiados” como argumentan algunos. Sobre eso escribiré el próximo Blog.

                        Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántos jóvenes viven en España. Son 7.564.300 personas las que tenían entre 16 y 29 años en septiembre, según este informe de Trabajo, más hombres (3.902.100) que mujeres (3.662.300). Suponen ahora el 15,44% de la población total, mucho menos que al principios de siglo (21,6% de la población), cuando había 8.765.195 jóvenes de entre 16 y 19 años (+ 1,2 millones), por la caída drástica de la natalidad en España. Y si contabilizamos los jóvenes de 16 a 24 años, son ahora 4.840.000, unos 600.000 jóvenes menos que el año 2.000.

Sin embargo, los jóvenes han aumentado su peso sobre la población en edad de trabajar, debido al envejecimiento de la población española. Así, esos 7.564.400 jóvenes de 16 a 29 años suponen ahora el 23,6% de las personas en edad de trabajar (16-64 años), 1 millón más de los que había en 2015 (6.583.900, el 21,8%). De este total de jóvenes, el 53% están estudiando, aunque casi la mitad de ellos (el 25,6%) también trabajan, según Trabajo. Y un 14,7% de los jóvenes (16 a 29 años) ni estudian ni trabajan (son “ni-nis”), un porcentaje que ha ido bajando (eran el 20,8% en 2015), aunque es superior al de Europa (11%).

El primer gran problema de los jóvenes españoles es que muchos tardan en encontrar un trabajo (por su baja formación e inexperiencia) y tienen  por ello una baja tasa de empleo: trabajan el 45,9% de los jóvenes de 16 a 29 años (septiembre 2025), más los chicos (48%) que las chicas (43,7%), aún lejos del 68,6% que trabajan en el conjunto de la población (16 a 64 años). Eso se traduce en que trabajan 3.474.000 jóvenes de 16 a 29 años, el 15,51% de todos los ocupados en España (22.387.100 en septiembre de 2025). Son 1 millón más de jóvenes trabajando que hace 10 años (2.463.600 trabajaban en septiembre 2015), pero el conjunto de ocupados ha crecido mucho más (+4,33 millones) en esta década. Y desde 2019, tras la pandemia, el empleo de los jóvenes (16 a 29 años) ha crecido en +701.800, mientras aumentó en +63.900 entre 30 y 49 años y +1,65 millones entre los mayores de 50 años (que se han llevado dos tercios del empleo creado).

Un problema de muchos jóvenes para encontrar trabajo es su bajo nivel educativo (lo tienen el 20% de los ocupados), consecuencia en algunos de que abandonaron sus estudios: el abandono escolar temprano (no terminar la ESO), ha bajado del 20% de los jóvenes de 18 a 24 años (2015) al 13% en 2024, aunque es muy superior a la media UE (9,4%). Y otro millón largo de jóvenes (el 28,7% de los que trabajan) tienen un nivel educativo medio, mientras sólo la mitad de los jóvenes ocupados (1.663.200) tienen un alto nivel de estudios.

Cuando los jóvenes de 16 a 29 años trabajan, generalmente lo hacen en los servicios (2,79 millones hoy, el 81,3% de los jóvenes ocupados), seguidos de la industria (409.400 jóvenes), la construcción (183.600, un 82,7%  más que en 2015) y la agricultura (82.600 jóvenes, un 18,7% menos que hace 10 años). Pero el trabajo de los jóvenes se concentra en unas pocas ramas de actividad: comercio y reparación de vehículos (585.700), hostelería (516.000), industria (375.000), sanidad y servicios sociales (348.500), actividades profesionales y técnicas (237.800) e información y comunicaciones (192.900 jóvenes).

El gran problema del trabajo de los jóvenes es la precariedad de sus contratos. Por un lado, siguen teniendo un alto porcentaje de contratos temporales, aunque su peso se ha reducido desde 2022 gracias a la reforma laboral: 48,7% entre los jóvenes de 16 a 24 años y el 35,8% los jóvenes de 16 a 29 años (el doble que en Europa), frente a sólo el 15,6% de contratos temporales el conjunto de los trabajadores. Y casi la mitad de estos contratos temporales de los jóvenes son “involuntarios”: los tienen porque no encuentran un contrato indefinido. Además, el 24,1% de los jóvenes (16-29 años) tienen contratos a tiempo parcial (por horas o por días), el doble que el conjunto de los trabajadores (12,9%). Y de nuevo, casi la mitad de estos jóvenes con trabajos parciales (el 43,4% en España, frente al 18,1% en Europa) los tienen “de forma involuntaria”, porque no encontraron un empleo a jornada completa.

Estos tres factores, la baja formación, el sector donde trabajan y el tipo de contrato explican que los jóvenes tengan unos bajos salarios, según este informe de Trabajo: ganan 15.364 euros de media (2023)  los ocupados con 20 a 24 años (un 45,3% menos que el conjunto de trabajadores, con 28.049 euros) y 21.039 euros los jóvenes de 25 a 29 años (el 25% menos que la media, aún menos las mujeres: -6,9 adicional), según el INE.

Esto los jóvenes que trabajan, porque hay 812.700 jóvenes en paro, el 10,7% de los jóvenes de 16 a 29 años, según Trabajo. La tasa de paro (parados sobre activos) es muy elevada entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 25,4% (casi el doble de la tasa europea, el 14,8% y cuatro veces la alemana, el 6,3%)  y baja al 17,1% entre los de 16 a 29 años, aunque es mucho mayor que la tasa de paro del conjunto de españoles (10,6% en septiembre). De nuevo, la tasa de paro joven depende mucho de la formación: es del 28,9% entre los jóvenes con baja formación, el 19,2% en niveles medios y sólo del 13,5% entre jóvenes con alta formación.

Volviendo a los jóvenes que trabajan, esos 3.474.000 ocupados (el 46% de los jóvenes entre 16 y 29 años), su siguiente problema es que la precariedad de sus contratos y sus bajos salarios no les permiten en muchos casos emanciparse y vivir fuera de casa o formar una familia: 7 de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años con empleo siguen viviendo con sus padres, según el Observatorio de la Juventud. Y esta dependencia se ha agravado en los últimos años, al dispararse el precio de los alquileres: En octubre, el alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, según el portal  Idealista, otro máximo histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en 2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9% anual, que se suma al +81% que subieron los alquileres entre 2014 y 2024. Con ello, un joven, con un sueldo medio bruto de 1.502 euros (INE), no puede pagar un alquiler medio en Madrid (1.700 euros) o Barcelona (2.000).

Los alquileres disparados han aumentado el porcentaje de jóvenes con problemas para llegar a fin de mes. De hecho, ya en 2024, los datos oficiales señalaron que los jóvenes (y los niños) tienen una tasa de pobreza monetaria mayor que el resto de la sociedad: 1 de cada 5 jóvenes (el 20,7%) de 16 a 29 años es “pobre” (ingresa menos del 60% del ingreso medio del país, menos de 827 euros al mes en 14 pagas (o menos de 1.737 euros mensuales si es una familia con dos niños). Así que 1,5 millones de jóvenes (16 a 29 años) están en situación de pobreza monetaria. Pero si se tienen en cuenta más factores, los jóvenes “excluidos” son más: 2,5 millones de jóvenes menores de 30 años están en exclusión social, según el reciente Informe Foessa (Cáritas) que analiza 37 indicadores de empleo, vivienda, educación, salud, participación e integración social. Y de ellos 723.190 jóvenes (el 11%) vive en exclusión social severa, un número que ha aumentado un 83% desde 2007.

Estos 2,5 millones de jóvenes en exclusión social son, para Cáritas y el informe Foessa, “los grandes perdedores del actual modelo socioeconómico”. Y rechaza que se les considere “pasotas” y “al margen de la sociedad”, porque más de un tercio de estos jóvenes trabaja (aunque eso no les saca de “pobres”) y una cuarta parte estudia. Y reiteran que las familias de las que proceden y su código postal están detrás de su precaria situación, porque apenas funciona “el ascensor social”, siendo clave el nivel educativo de padres e hijos.

Además, los datos demuestran que las tres últimas crisis (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación tras la guerra de Ucrania) han dañado especialmente a los jóvenes españoles: hay una llamativa “desigualdad generacional” según la edad del cabeza de familia. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%), según el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a 36.800), los hogares entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100 euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).

Estos datos y otros sobre el menor patrimonio de los jóvenes han llevado a algunos expertos a plantear un cambio en las políticas públicas: destinar menos recursos a los mayores y más a los jóvenes, una especie de “enfrentamiento generacional” que apoyan expertos neoliberales y  políticos de ultraderecha, que se apoyan en que la pensión media de jubilación (por la que los jubilados han cotizado 35 años o más) era en noviembre de 1.511,51 euros, poco menos que el salario mediano de 2024, que era de 2.001 euros brutos (y un 30% de los asalariados ganaban menos de 1.582 euros. Lo que no dicen es que el 48,37% de todas las pensiones (y el 38,88% de las jubilaciones) cobran menos de 1.000 euros…

Pero cada vez que se da el dato mensual del gasto en pensiones (27.119 millones en noviembre, por la extra de Navidad) o la revalorización para 2026 (+2,7% subirán en 2026), muchos expertos y organismos aprovechan para hablar del “disparatado gasto en pensiones” y lo mal que están los jóvenes. Incluso la OCDE ha presentado un informe donde propone medidas para frenar el gasto futuro en pensiones (ampliar la edad y el periodo de cotización y recortar las pensiones futuras como hizo Rajoy) y destinar una parte del ahorro a vivienda, para ayudar a los jóvenes. Otra vez un enfrentamiento generacional tan injusto como injustificado. Porque los problemas de los jóvenes no se solucionan recortando pensiones y dañando a sus padres y abuelos. Es una demagogia sin fundamento.

Afrontar la preocupante situación de los jóvenes exige de tomar medidas en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y en mejorar las prácticas y becas (el Estatuto del Becario acaba de aprobarse por el Gobierno, tras anunciarse con los sindicatos hace casi 17 meses). Y hay que mejorar la conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a los jóvenes, con ayudas que hoy son escasas e ineficaces.

Pero además, hay que poner a los jóvenes como una de las prioridades de todas las políticas económicas y sociales, algo que no viene pasando, quizás porque los distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país, hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y  tecnológico que nos hagan más productivos y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.

Pero todo esto, sin caer en la tentación de una “guerra entre generaciones”, sin culpar a los mayores (“boomers”) de la situación de los jóvenes, como parece estar de moda. Primero, porque “no se viste a un santo desvistiendo a otro”. Y segundo, porque los mayores en España no son unos privilegiados, ya que chocan con serios problemas en su empleo (a partir de una edad, ninguna empresa los contrata), en el paro, en las condiciones de su jubilación (muchas pensiones por debajo de 1.000 euros), en su salud  y en su ancianidad, sobre todo si son dependientes (27.217 mayores han muerto este año hasta octubre sin recibir las ayudas a la Dependencia a las que tenían derecho). En definitiva, que los “boomers” no somos unos privilegiados y menos a costa de los jóvenes, de los hijos y nietos. Algo sobre lo que escribiré el próximo Blog.

Las Navidades de la inflación

Tras las dos últimas Navidades marcadas por la pandemia, este año las fiestas están condicionadas por la subida de precios, sobre todo de los alimentos, que encarecen aún más las celebraciones de Navidad, los regalos y los viajes. Aún así, los españoles vamos a gastar más en estas fiestas, sobre todo en ocio y regalos, una media de 634 euros por persona. Eso sí, no todos, porque la pandemia dejó una secuela de 2 millones de personas más en situación de máxima precariedad, un total de 6 millones de españoles ya, a los que la inflación está asfixiando y obligando a recortar gastos y pedir ayuda y alimentos. Son la cara oculta de esta Navidad, donde un 31,5% de hogares tiene graves problemas para atender sus necesidades básicas, según Cáritas. Son, sobre todo, mujeres solas con niños, mayores dependientes, inmigrantes y parados, muchos de ellos vecinos y conocidos nuestros. Aprovechemos estas Navidades para ayudarlos. Y pedir más medidas contra la pobreza en 2023. ¡Feliz Navidad 2022!

Enrique Ortega

Esta podría ser una Navidad “como las de antes” del COVID-19, tras dos años marcados por un repunte de contagios que impidieron celebrar con normalidad las Navidades de 2020 y 2021. De hecho, el 83% de los españoles espera reunirse en estas fiestas con familiares y amigos, cuando en 2021 sólo lo hicieron el 67%, (por el repunte de contagios) y aún menos en 2020, en lo peor de la pandemia. Pero esta Navidad tampoco será “normal”, por la alta inflación, que se está “comiendo” parte de los ingresos de las familias, que pierden poder adquisitivo por 2º año consecutivo, recortando su gasto. Aunque la inflación anual lleva bajando 4 meses consecutivos (del +10,8% en julio al +6,8% en noviembre) y se acerca a la de hace un año (+6,5% anual en diciembre 2021), el problema es la gran incertidumbre actual, con altibajos en los precios de la energía, y, sobre todo, los altísimos precios de los alimentos: suben un +15,3% anual, el triple que hace un año (+5% en diciembre 2021).

Todo sube desde hace meses y por eso estas son “las Navidades de la inflación”. Ya no nos agobia tanto la factura de la luz (que ha bajado un -22,4% en el último año (según el INE), gracias a la bajada de impuestos y a la excepción ibérica que implantó un tope al precio del gas para producir electricidad), mientras sube menos el gas natural (+10,6% anual) y los carburantes: +18,9% anual el gasóleo y +0,4% la gasolina, gracias a la bajada temporal del petróleo y a la ayuda de 20 céntimos del Gobierno, que terminará a fin de año. Del resto de gastos, las mayores subidas se dan en los muebles (+9,1% anual), el turismo y la hostelería  (+7,8%), el transporte (+7,7%, aunque el transporte público urbano cae un -20%) y, sobre todo la mayoría de los alimentos (+15,3% anual).

De hecho, las subidas de precios más preocupantes se están dando en la comida, con 18 alimentos básicos que suben más del 10% anual, según el INE: azúcar (+50,2%), harinas y otros cereales (+37,6%), mantequilla (+37,5%), leche entera (+30,9%), huevos (+27,1%), aceite de oliva (+25,9%), patatas (+20,5%), queso (+20,3%), carne de ave (+16,6%), pizza (+16,4%), arroz (+15,3%), pan (+14,9%), legumbres y hortalizas (+14,6%), sal y especias (+14,3%), pescado congelado (+13,6%), carne de vacuno (+13,2%), carne de cerdo (+13,2%) y pescado fresco (+10,4%). Ahora, con la Navidad, aún están subiendo más (del 10 al 27%) el pescado, los mariscos, las carnes, algunas verduras y todos los dulces, además del resto de los alimentos, que no se espera empiecen a bajar hasta enero.

Visto el panorama de la inflación, la mayoría de las familias restringen su gasto, aunque estos días de Navidad harán una excepción: se espera que un 40% de los españoles gasten más que el año pasado, mientras un 30% gastarán menos y el resto lo mismo, según una Encuesta realizada por la consultora Deloitte. La mayoría de las familias, aunque están preocupadas por la inflación, va a celebrar estas fiestas con más gasto, tirando de sus ahorros (quedan más de 100.000 millones de ahorro familiar “embolsado” en 2020 y 2021) y con la mayor seguridad que les da tener más empleo (hay 360.000 personas más trabajando que en la Navidad de 2021) y además un empleo más estable (ahora, casi el 80% de los asalariados tiene un trabajo fijo, gracias a la reforma laboral). Y además, el 67% de los encuestados espera mantener o mejorar su situación financiera en 2023, con lo que su incertidumbre personal es menor que la incertidumbre de los precios.

El resultado es que los españoles gastarán casi igual esta Navidad (+0,4%), una media de 634 euros por persona, según la Encuesta de Deloitte. El mayor gasto lo destinarán a regalos (270 euros, un 12,4% más que en 2021), seguidos de comida y bebida (165 euros, +3,3%), en ocio y restaurantes (140 euros, +29%) y en viajes (59 euros, -51,6%), el único gasto que realmente baja estas Navidades, dónde recortan las familias para poder aumentar el resto de gastos. Los españoles que van a gastar más que la media son los que viven en Madrid, Cataluña, Baleares y Cantabria, mientras gastarán menos que la media estas Navidades en las dos Castillas, Aragón, la Rioja, Navarra, País Vasco, Asturias y Murcia. Y otra novedad es que suben las ventas en las tiendas (el 75% del total), tras el auge de las compras online con la pandemia, con preferencia por los comercios locales, salvo en electrónica y productos de lujo, donde predominan las compras en grandes almacenes. Eso sí, más de la mitad de las compras se pagarán con tarjetas, créditos o pagos online, sólo un 48% con efectivo.

Otra Encuesta, de la OCU, sube el gasto en esta Navidad a 735 euros por persona, un 14,66% más que la pasada. Sus respuestas indican que la mitad de los españoles (57%) gastarán igual, un 28% menos y el 15% restante más, destinando más de la mitad de su presupuesto a regalos (393 euros, 203 de ellos para los niños), 103 euros para celebraciones (comidas y fiestas), 101 euros para viajes, 70 para lotería y 32 euros para ocio. También esta Encuesta refleja la vuelta a las tiendas físicas y la bajada del comercio online. Y refleja que 1 de cada 3 personas están “estresados” por las compras de Navidad, mientras casi un tercio se queja de que los regalos que recibe son “poco útiles”.

Como siempre, hay tantas Navidades como familias y el gasto depende de la situación económica y laboral de cada uno, empeorada ahora por la alta inflación y unos salarios y pensiones que apenas han subido en 2022. Por eso, no deberíamos olvidar que en esta Navidad hay muchas familias vulnerables que lo pasan mal. De hecho, en los dos años largos de pandemia (2020 y 2021) aumentaron en 2 millones las personas vulnerables en España, según el último Informe Foessa encargado por Cáritas: pasaron de 4.036.378 personas en exclusión severa en 2018 (el 8,6% de la población) a 6.019.066 personas en 2020, españoles que están afectados por 5 de los 37 indicadores analizados.

Estos 6 millones de españoles que ya sufrían un alto nivel de precariedad son también los más afectados por la fuerte inflación actual, iniciada en el verano de 2021 y agravada con la guerra de Ucrania, según otro informe de Cáritas sobre los efectos de la inflación en las familias, presentado en noviembre de 2022. En conjunto, refleja que el gasto en vivienda, energía y alimentación, lo que más sube, se lleva el 50,3% de los ingresos de las familias españolas. Pero en las familias que ingresan menos de 1.000 euros mensuales, estos gastos básicos (los que más suben ahora) representan casi el 70% de sus ingresos. Y las que ganan de 1.000 a 2.000 euros gastan ahí más del 50% de sus ingresos. Y sólo el 42,2% las familias que ganan más de 5.000 euros mensuales.

Este estudio de Cáritas fija un Presupuesto mínimo de referencia para que las familias paguen sus necesidades básicas de energía, alimentación y transporte, que ya suponen el 71% del gasto total para el conjunto de familias españolas. Y sobre ese coste mínimo de referencia, concluyen que el 31,5% de las familias (6 millones de hogares) tienen hoy “graves dificultades” para pagar esas necesidades básicas. Son las llamadas “familias más vulnerables”, las que están en una situación verdaderamente precaria ante la inflación. Y que han tomado dos decisiones, según la experiencia de Cáritas: recortar gastos (incluso de alimentación, ropa y calzado, medicinas y comedor escolar) y buscar ayuda entre familiares, amigos y ONGs. Sólo Cáritas atiende a 3 millones de personas en España y Cruz Roja a 3,5 millones, mientras el Banco de Alimentos facilita comida a 1,5 millones de personas.

Este núcleo de 6 millones de españoles más vulnerables, los más precarios, forma parte de los 10.269.765 “pobres” (“en riesgo de pobreza o exclusión social”) que hay en España (+550.000 que en 2019) un 21,7% de la población total, personas así consideradas por las estadísticas oficiales (INE) por ingresar menos del 60% de la renta media española en 2021 (menos de 9.535 euros anuales las personas solas y menos de 20.024 los matrimonios con dos niños).  Sobre este grupo de españoles “vulnerables” (10,2 millones, 1 de cada 4 personas) o “muy vulnerables” (6 millones, 1 de cada 7,5 españoles) son a quienes hace más daño la actual inflación (tras sufrir también más la pandemia)  y los que tienen más difícil llegar  a fin de mes y ahora, afrontar la Navidad 2022. Son sobre todo, según Cáritas, mujeres solas con niños, familias con varios hijos o dependientes, algunos mayores y jóvenes, inmigrantes y personas en paro o con trabajo precario y a tiempo parcial.

Caritas, Cruz Roja y el resto de ONGs dan una importancia creciente a corregir los dos factores claves de pobreza: el desempleo (o empleo intermitente y precario) y los alquileres, un factor básico de generación de pobreza en los últimos dos años. Por eso piden medidas públicas para promover la formación y el empleo de las personas más vulnerables, a la vez que crear un parque de vivienda pública en alquiler (hoy casi inexistente: el 1,1% del parque total, frente al 38% en Países Bajos, 17,4% en Reino Unido o el 14% en Francia). Además, insisten en pedir cambios en los requisitos del Ingreso Mínimo Vital (IMV), demasiados restrictivos, lo que ha provocado que sólo cuente con 535.732 perceptores y beneficie a 1.495.128 personas, cuando el Gobierno Sánchez prometió que llegaría a 2 millones de beneficiarios. Y además, falta una mayor coordinación entre las ayudas públicas (IMV, rentas mínimas de las autonomías y seguro de desempleo), para sacar el máximo partido al dinero público y ligarlo más a la formación y empleabilidad de los beneficiarios y sus familias.

En definitiva, volvemos a estar ante unas Navidades difíciles, esta vez no por la pandemia (que sigue ahí, estancada y silenciosa: 156 casos por 100.000 habitantes entre mayores de 60 años y sin estadísticas del resto) sino por la inflación y el temor a una recesión en Europa en los próximos meses, con una guerra en Ucrania que dura ya 10 meses. Los españoles, como el empleo aguanta, no han desplomado su consumo y tratan de disfrutar de esta Navidad, gastando más el que puede. Pero no olvidemos a esa cuarta parte de la población que lo siguen pasando más, que sufrieron más la pandemia y sufren más la inflación. Necesitan que se prorroguen las actuales ayudas públicas y que haya una ayuda nueva para afrontar su alimentación. Pero también que cada uno de nosotros les ayudemos en lo posible, con donaciones a ONGs y ayudas directas a quien podamos. No les olvidemos.

¡Feliz Navidad!

COVID 19: más pobreza y desigualdad

El coronavirus no sólo ha causado enfermedad, muertes y la mayor crisis económica del último siglo, sino que ha agravado la pobreza y la desigualdad, en el mundo y en España, que ya era antes el 6º país europeo con más pobreza y desigualdad. Ahora, 700.000 españoles se han sumado a los 10 millones que ya estaban en riesgo de pobreza, según Oxfam. Y Cáritas advierte que las peticiones de ayuda han aumentado un 77%, una cuarta parte de personas que nunca la habían pedido antes. Ojo: hablar de pobreza y desigualdad no es “de izquierdas”: el gobernador del Banco de España dijo hace una semana en el Congreso que uno de los 5 grandes retos de España es reducir la desigualdad, porque hace peligrar un crecimiento sostenible. Urge aprovechar la pandemia para revisar el gasto social, “escaso e inútil” según la OCDE, el FMI y la Comisión Europea. Y volcarse en conseguir empleo decente, formación, vivienda y ayudas a las familias, las recetas contra la pobreza.

enrique ortega

Empezaré con un poco de historia, para situarnos. Las pandemias han acompañado a la humanidad desde siempre, como uno de “los cuatro jinetes” que han reducido la desigualdad a lo largo de los siglos, junto a las guerras, las revoluciones y los colapsos de los Estados, según relata Walter Scheidel en su excelente libro “El Gran Nivelador”, que recomendé leer hace dos veranos. Su tesis es que las muertes masivas de la Peste Negra del siglo XIV (se llevó del 25 al 40% de la población) o de “la Gripe española de 1918” (40 millones de muertos, el 2% de la población) sirvieron para reducir la mano de obra y subir los salarios, reduciendo la desigualdad, igual que han hecho las guerras y revoluciones. Pero ahora, el coronavirus no es tan letal (500.000 muertos sobre 7.800 millones de personas) y los expertos consideran que no servirá para reducir la desigualdad en el mundo, sino que la aumentará. Y eso, porque afecta más a unos paises que a otros (España e Italia o Latinoamérica) y, sobre todo, porque ha afectado más a los que ya eran más pobres, agravando la desigualdad.

El coronavirus no conoce fronteras y clases sociales, pero ha contagiado de forma desigual, cebándose más entre los más pobres, según demuestran varios estudios. En España, los contagios se han concentrado en los barrios más pobres de Madrid y Barcelona. Y lo mismo se ha detectado en Inglaterra o Gales o en Nueva York, donde los contagios se han duplicado entre los negros e hispanos del Bronx respecto a los blancos de Manhattan. Y también en las favelas de Brasil o en los barrios marginales de Lima o México DF. Y eso porque las familias pobres tienen más enfermedades previas (sobrepeso, hipertensión, diabetes), más dificultad para estar confinados (más hacinamiento) y teletrabajar, empleos más precarios (los primeros que se pierden) y dependen más de la economía sumergida y de trabajos que no entran en ERTEs ni cobran desempleo. Y la recesión del coronavirus también afecta de forma desigual a los paises, agravando la crisis en los paises que viven del turismo y los servicios (España e Italia) y donde hay más economía sumergida (Latinoamérica).

Además, el coronavirus ha encontrado un terreno favorable para avanzar porque “la mitad de la población mundial carece de servicios sanitarios esenciales y tiene poca o ninguna protección social”, según señala la ONU en un informe de mayo donde estima que el coronavirus empujará a la pobreza extrema a 100 millones de personas más (736millones de personas ya vivían en la pobreza extrema, con menos de 1,90 dólares al día, antes de esta pandemia). El efecto del coronavirus en el mundo es doble, según el Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD). Por un lado, deteriora el sistema sanitario y educativo de los paises, junto a su renta y calidad de vida, sobre todo en los paises en desarrollo. De hecho, el PNUD considera que la pandemia tiene un impacto mayor que la crisis de 2008 y podría hacer retroceder el desarrollo humano global, por primera vez desde 1990. Por otro, el coronavirus está ampliando la desigualdad en el mundo, porque afecta más a los paises pobres y en desarrollo, con una sanidad y educación más débiles y con más brecha digital.

En España, el gobernador del Banco de España señaló en el Congreso, el 23 de junio, que “la crisis del COVID 19 supondrá un deterioro adicional en los niveles de desigualdad de nuestro país”. Y se hizo eco de la evidencia internacional, que revela cómo “los más afectados por la pandemia son los que ya partían de una situación más vulnerable: mujeres, jóvenes y grupos con bajo nivel educativo”. El Gobernador recordó a los diputados que los más afectados por la pandemia son los trabajadores más precarios y con bajos salarios, la mitad de ellos muy vulnerables porque no tienen ahorros para soportar la falta de ingresos o su recorte. De hecho, un tercio de los hogares españoles (6,3 millones de familias) no tenían “hucha” para aguantar tres meses sin ingresos  y un tercio (2,4 millones) ni siquiera podían aguantar un mes, según un estudio de  BBVA Research. De ahí que muchos no hayan podido resistir y hayan acabado en las colas del hambre o pidiendo ayuda.

Un reciente estudio de Oxfam Intermón pone cifra a estos “nuevos pobres” que ha traído la pandemia: 700.000 personas más que han caído en la pobreza y se suman a las 10.065.967 personas que ya eran oficialmente pobres antes, según las estadísticas europeas. Un 21,5% de españoles en situación de pobreza monetaria en 2018, según Eurostat, porque sus ingresos eran el 60% de la media: ingresan menos de 8.871 euros anuales (739 euros al mes) los solteros y menos de 18.629 euros anuales (1.552 euros mensuales) las familias con dos hijos. Eso ya nos colocaba como el 6º país europeo con más pobreza (21,5%), tras Rumanía (23,5% de pobres monetarios), Letonia (23,5%), Lituania (22,9%), Bulgaria (22%) y Estonia (21,9%), lejos del 16,5% de la UE-28, según Eurostat. Y ahora, con la pandemia, esa tasa de pobreza monetaria ha subido al 23,1% de la población, según Oxfam.

Además de agravar la pobreza, la pandemia va a agravar la desigualdad entre españoles, porque ha afectado de manera diferente según el tipo de empleo (más a los temporales y a tiempo parcial), el sector (más al turismo, hostelería y comercio), al tipo de empresa (peor las pymes y autónomos) y las regiones (peor las islas Baleares y Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid). Y esto es más preocupante porque España ya era, antes de la pandemia, el 5º país de Europa con más desigualdad, según Eurostat: el 20% más rico tiene 6,03 veces más renta que el 20% más pobre, sólo por detrás de Bulgaria (7,66 veces), Rumanía (7,21 veces), Lituania (6,78 veces) e Italia (6,09 veces), lejos de la media UE-28 (5,12 veces más renta los ricos que los pobres).Y lo peor es que esta desigualdad creció con la crisis y la recuperación (era 4,94 veces en 2008) y crecerá ahora con la pandemia.

Todo esto son estudios de organismos serios sobre cómo la pandemia agrava la pobreza y la desigualdad. Pero la realidad de cada día es más impactante, como lo atestigua Cáritas: las peticiones de ayuda les han aumentado un 77% en los últimos tres meses. Y las personas que han podido atender han aumentado un 57%, tras multiplicar por 2,7 los fondos destinados a ayudas para alimentos, pago de alquileres, dispositivos para seguir la enseñanza durante el confinamiento, apoyo para hacer trámites online y apoyo psicológico y afectivo. Lo más llamativo es que 1 de cada 4 personas que han solicitado ayuda a Cáritas durante la pandemia no habían pedido ayuda nunca antes, no son las habituales que atienden, donde lo más grave ha sido el deterioro de las personas sin hogar. Lo que indica que esta pandemia ha creado “nuevos pobres” en España, personas y familias que tenían una situación desahogada y que de repente se han quedado sin ingresos.

La Fundación FOESSA, ligada a Cáritas, ha publicado en junio un nuevo Informe donde alerta que la pandemia ha anulado en dos meses los años de recuperación y que hemos vuelto, para muchas familias, “a lo peor de la última crisis, al año 2013”. Destacan que la pobreza extrema (personas que ingresan menos del 30% de la media: 2.661.809 españoles, el 5,7% de la población en 2018) ha aumentado con la pandemia y que hoy, 3 de cada 10 personas en situación de pobreza carecen de algún ingreso. Y que sólo 1 de cada 4 hogares pobres se puede sostener con su trabajo. Y advierten que lo que se va a ver ahora es “una emergencia habitacional”, porque la mitad de los hogares en situación de pobreza extrema no pueden pagar su alquiler ni sus facturas más urgentes.  De hecho, las ejecuciones hipotecarias ya habían aumentado un 9,3% en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, tras 20 trimestre descendiendo. Y el problema vendrá cuando se acabe la moratoria de pagos de hipotecas y alquileres aprobada coyunturalmente por el Gobierno. También alertan sobre la exclusión educativa (hogares pobres tienen más difícil enseñanza online) y el empeoramiento de la salud, por menos gasto en medicinas (copago) y atención bucodental.

¿Qué se puede hacer para afrontar este aumento de la pobreza y la desigualdad? La ONU ha propuesto a los paises reforzar los sistemas de protección social y proteger al máximo a los empleos y a las empresas más vulnerables, con ayudas como los ERTEs y subsidios. En el caso de España, el 29 de mayo se aprobó el ingreso mínimo vital, que ya cobraron el viernes 26 de junio los primeros 74.119 beneficiarios, a los que se abonó de oficio 32 millones de euros (una media de 431 euros), que han llegado a 250.000 personas (136.000 menores), sobre todo en Madrid (7.382 beneficiarios), Sevilla (6.455), Cádiz (4.696), Valencia (4.343) y Barcelona (4.001 beneficiarios). El resto, hasta 830.000 familias (2,2 millones de personas beneficiarias, la mitad niños) que pueden recibir este ingreso mínimo vital (entre 462 y 1.015 euros mensuales según la familia), tienen de plazo para solicitarlo hasta el 15 de septiembre y lo cobrarán con efectos retroactivos desde el  pasado 1 de junio.

El ingreso mínimo vital es un gran avance pero no es suficiente para combatir la pobreza y la desigualdad. España necesita otra política social, porque el gasto social es escaso y está mal hecho, es ineficaz, según han reiterado la Comisión Europea, la OCDE y el FMI. Es escaso porque España, el 6º país UE con más pobreza, destina el 16,6% del PIB al gasto social frente al 18,8% que gasta la UE-28, el 19,8% de la zona euro, el 22,4% que gasta Dinamarca, el 19,2% que gasta Alemania, el 24,3% de Francia, el 20,9% de Italia o el 15,2% de Reino Unido. A lo claro: destinamos 25.700 millones menos que los europeos a gasto social  cada año, según Eurostat. Ahora y también antes de la crisis, en 2008. Y dentro de ese gasto social, somos el país UE que menos gasta en ayudas a la familia, según la Comisión Europea) y uno de los que menos gasta en sanidad, educación, dependencia y pensiones. Sólo gastamos más en desempleo, porque tenemos el doble de paro que Europa.

El problema  no es sólo que el gasto social en España sea escaso, sino que además, es ineficaz, está mal hecho, como alertó en enero de este año el FMI: el 40% de las familias españolas más pobres apenas reciben el 30% de las ayudas sociales, que benefician sobre todo a las familias con recursos medios y altos y a los jubilados, en perjuicio de los más pobres y los jóvenes. La propia Comisión Europea ya alertó, en enero de 2018, que “España es, con Italia, el país en el que las prestaciones sociales menos ayudas a las rentas bajas”. Y eso, porque se distribuyen mal y, además, porque los impuestos no benefician a los más pobres sino que “benefician más a las rentas media y altas” (por el exceso de deducciones y exenciones), según otro informe de la OCDE, de noviembre de 2018, que aporta este dato muy explícito: el 20% de los hogares con menos ingresos reciben en España el 55% del pago medio que reciben todas las familias (en la OCDE reciben el 119%) mientras el 20% de los hogares con más ingresos reciben el 160% del pago medio (en la OCDE reciben el 95%). Al final, la OCDE dice que de sus 34 paises, sólo Portugal, Italia y Grecia hacen una política social peor que España.

Así que urge hacer otra política social, máxime ahora que ha aumentado la pobreza y la desigualdad con el coronavirus. No es un objetivo “de izquierdas”, que defiendan sólo “los rojos de siempre”: el gobernador del Banco de España dijo a los diputados en el Congreso, el pasado 23 de junio, que 1 de los 5 retos estructurales que España debe afrontar era la lucha contra la desigualdad, junto a la mejora de la productividad, la elevada tasa de paro, el envejecimiento de la población y el cambio climático. Y eso, porque tener una desigualdad excesiva “supone con frecuencia un lastre al crecimiento económico y a su sostenibilidad”. No hace falta saber mucho de economía para entender que si 1 de cada 4 ciudadanos está en situación de pobreza, ni consume ni crea riqueza y así no se crece de forma estable. Sin olvidar que la pobreza y la desigualdad deterioran la democracia, porque desalientan la participación política y alimentan el populismo y la extrema derecha.

Reducir la pobreza y la desigualdad exige  no sólo consolidar el ingreso mínimo vital y cambiar radicalmente la política social, también hacer reformas económicas para conseguir una economía más competitiva, que cree más empleo estable y de calidad. Y poner en marcha un Plan de choque por el empleo, centrado en los jóvenes, mujeres, inmigrantes y mayores de 45 años, los más afectados por el empleo precario y mal pagado, la antesala de la pobreza y la desigualdad. Y resulta urgente implantar una política eficaz de vivienda, porque el encarecimiento de los alquileres afecta más a las familias más vulnerables, según les dijo también el gobernador del Banco de España a los diputados. No en vano, son las familias más pobres las que tienen que destinar el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. Y hay que dedicar más recursos a mejorar la formación y la enseñanza de las familias más vulnerables (becas, refuerzos, tecnología), porque el paro es mayor entre los menos formados. Y apoyarles en los gastos sanitarios crecientes, como medicinas (copago) o atención dental.

Al final, la pandemia agrava la pobreza y la desigualdad, esas 3 Españas que estaban ahí antes del coronavirus y cuyas diferencias se han agravado. Se trata de volcarse para ayudar a los más vulnerables, no con caridad sino con medidas para que mejoren su formación, su empleo, su vivienda y su nivel de vida. Conseguir de verdad que nadie se quede atrás.