Más dinero para impulsar la Dependencia

Este Blog lleva 15 años largos clamando por reforzar las ayudas a la Dependencia, que cumplen ahora 20 años con una mínima financiación, escasas ayudas y servicios (“low cost”) y una escandalosa lista de espera: 1 millón de dependientes han muerto estos años sin recibir la ayuda solicitada. Este martes, por fin, el Gobierno (agobiado por la corrupción) ha aprobado una inyección histórica para la Dependencia, 6.200 millones de gasto adicional en 2026 y 2027, para duplicar las ayudas, mejorar los servicios y reducir la lista de espera : 265.503 dependientes esperando valoración o ayudas. Con eso, en 2027, el Estado financiará la mitad del gasto público en Dependencia (ahora financian el 27,4%). Falta ver si las autonomías aumentan su financiación (muy desigual entre ellas), porque cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque (2021-2023) para reforzar la Dependencia, muchas autonomías aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. Urge reducir la burocracia (320 días cada expediente) para reducir las listas de espera  y mejorar ayudas y servicios. Porque cada año habrá más mayores que necesiten ayuda.

                              Enrique Ortega

Este 2026 se cumplen 20 años de aplicación de la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007 para garantizar ayudas y servicios a los dependientes, en su mayoría mayores. Es la 4ª pata del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), pero ha resultado una “pata coja”: ha atendido a 4 millones de personas dependientes, pero otro millón más de dependientes se han muerto sin recibir ninguna ayuda, por una falta de financiación y un exceso de burocracia, que mantiene unas altísimas listas de espera: a finales de mayo, 265.503 dependientes estaban “desatendidos” (+7.293 más que a finales de 2025), a la espera de ser valorados (110.108) o de recibir una ayuda o servicio que tienen legalmente reconocido (otros 155.352 dependientes “en el limbo”). Y este año, hasta mayo, 13.503 de estos dependientes han fallecido esperando…

Los problemas de la Dependencia tienen su origen  en la escasa financiación con que nació la Ley y su falta de recursos en estos 20 años, en que los españoles teníamos “un derecho” (ser atendidos si éramos “dependientes”) pero que no podía hacerse efectivo en muchos casos por falta de financiación, que ha pasado por tres fases. En la primera (2007-2011) hubo un cierto aumento de recursos (de 306,7 millones en 2007 a 1.590 en 2011) para lanzar las ayudas. Pero llegó la crisis financiera y la Dependencia sufrió la peor parte de los recortes de Rajoy: se redujo la financiación 5.400 millones entre 2012 y 2018. En 2021, tras la pandemia, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para reforzar la Dependencia (+3.600 millones entre 2021 y 2023), pasando el gasto estatal de 1.347 millones en 2018 a 3.292,4 millones en 2023. Pero fue insuficiente, porque crecen los mayores dependientes.

En 2025, el gasto público en Dependencia fue de 13.734 millones de euros, pero el Estado central sólo aportó 3.758 millones, el 27,4% del total, más que en 2020 (aportó el 15,6%) pero mucho menos del 50% que se planteó al aprobar la Ley de Dependencia. Ello obliga a las autonomías a aportar el 72,6% del gasto total (9.976 millones). Ante esta falta de recursos estatales y sus múltiples gastos (sanidad, educación, transportes, vivienda…), las autonomías han intentado atender a los dependientes con tres “trucos”: retrasar los expedientes para reconocer su dependencia y retrasar también la concesión efectiva de ayudas y servicios, buscando además que sean servicios “low cost”, que con prestaciones de bajo coste (teleasistencia, ayudas a familias, ayuda a domicilio…) puedan “atender” a más con poco.

La primera medida o “truco” es implantar unos trámites excesivamente burocráticos y complejos para reconocer la dependencia y el grado (I, dependencia “moderada”, II , dependencia “severa” y III, “gran dependencia”) y luego un 2º trámite para reconocerle una ayuda o prestación a la que tienen derecho. El primer trámite, el reconocimiento de la Dependencia (que esperan ahora 110.108 dependientes) tiene una duración media de 320 días (legalmente debían ser 180 días), pero hay autonomías donde se retrasa mucho más: 552 días en Murcia, 448 en Andalucía, 411 en Asturias, 348 en Madrid o 355 en Canarias (y “solo” tarda 110 días en Castilla y León, 122 en Aragón o 131 días en el País Vasco). Y luego está el retraso para decidir la ayuda o servicio a la que tiene derecho el dependiente (otro expediente, salvo en Andalucía, País Vasco, Madrid o Castilla y León, que los unifican). Y por si fuera poco, como los dependientes son mayores, su situación se agrava y en medio de estos procesos, muchos tienen que revisar su grado, lo que provoca más retrasos.

Una vez que tenemos aprobado el grado de dependencia y la ayuda (insisto, dos expedientes en la mayoría de autonomías), hay otro “truco”: retrasar la concesión efectiva de esas ayudas a los dependientes con el derecho reconocido (son esos 155.352 dependientes que esperan la ayuda reconocida “en el limbo” de la Dependencia). Insisto: tienen una ayuda económica o un servicio reconocido legalmente, pero no lo pueden disfrutar hasta que la autonomía se lo haga efectivo. Y como la mitad tienen más de 80 años, muchos se mueren antes.

El tercer “truco” de las autonomías para atender con recursos escasos a más dependientes es buscar ayudas y servicios “low cost”, que permitan contabilizar a más dependientes como “atendidos” con un bajo coste. Ahora mismo, de los 1.682.785 dependientes que reciben una prestación efectiva (mayo 2026), el mayor porcentaje (un 31%) recibe una prestación económica por ser atendidos por su familia, una ayuda mínima: 259,84 euros de media, según un estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado II (que requieren cuidados 24 horas…). Actualmente hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares del dependiente (4 de cada 5 mujeres), que reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte del sueldo de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la reciben el 27%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atendidos (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio: la reciben el 16,5% de los dependientes “atendidos”, con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas al día (ridículo). Y encima hay grandes diferencias por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 25,6 horas en Castilla la Mancha o Cataluña). La 4ª ayuda que más reciben los dependientes (el 10%) es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y pagar poco (entre 100 y 313 euros, de 155 a 445 y de 200 a 747 euros mensuales, según los grados), sólo una parte de lo que cuestan realmente los servicios (las familias pagan la mayoría, el “copago”). Casi la mitad de estos “cheques) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Pasemos a los dos servicios más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben el 7,6% de los dependientes), una ayuda  para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más concedido (al 4,5% de los dependientes) son los Centros de día y noche, costosos y escasos.

Como se ve, las ayudas son escasas y además son incompatibles entre ellas, salvo la teleasistencia: si un dependiente recibe una ayuda económica para los cuidadores familiares, no puede acceder a la ayuda a domicilio ni a un centro de día. Por todo ello, las familias con dependientes tienen que afrontar por su cuenta la mayoría de los gastos (copagos), que en muchos casos son elevados (atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank). De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del gasto total de los servicios de la Dependencia. Mucho más de los copagos o pagos privados que han de hacer las familias en la sanidad y la educación.

Ante este panorama (escasa financiación, listas de espera y ayudas y servicios “low cost”) , que se arrastra desde hace dos décadas, el Gobierno Sánchez aprobó, en enero de 2021 un Plan de choque, para destinar 3.600 millones extras a la Dependencia en 2021, 2022 y 2023. Las listas de espera bajaron (un -51% desde 2020) pero siguen muy elevadas. Y las ayudas y servicios apenas mejoraron, en parte porque muchas autonomías aprovecharon este aumento de la financiación estatal para “hacer caja” y gastar menos ellos en Dependencia: lo hicieron 11 autonomías en 2021, 9 en 2022 y 6 en 2023, según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y eso además, en un mapa autonómico con una gran desigualdad de gasto entre autonomías. Así, la inversión por dependiente atendido es de 8.417 euros en España, pero es menor en Aragón (7.159 euros), Murcia (7.185), Andalucía (7.219), Castilla la Mancha (7.360), Castilla y León (7.507) y Galicia (7.900). Y gastan más por dependiente atendido el País Vasco (14.384 euros, el doble que en Aragón), Navarra (12.672), Extremadura (11.684), Asturias (11.366) y Cantabria (10.661) y  la Rioja (10.282 euros).

Este martes 23 de junio, un día después de la sentencia contra Ábalos y Koldo, el presidente Sánchez se reunió con dependientes y les anunció un nuevo Plan de choque para gastar  6.200 millones más en Dependencia en 2026 y 2027 (“seguimos en política para esto, para mejorar la vida de la gente”, les dijo). El Plan, aprobado después en el Consejo de Ministros, prevé subir la aportación del Estado a 5.513 millones en 2026 y a 7.239 millones en 2027, una cantidad que duplica el gasto estatal de 2025 (3.757 millones) y multiplica por 5,3 la aportación en 2018 (1.347 millones). Además, con este gasto extra, la aportación del Estado supondrá el 50% del gasto total en Dependencia en 2027, como pedían las autonomías.

El Plan de choque (un real Decreto Ley) tiene que debatirse ahora en el Congreso, pero la idea es que las nuevas ayudas entren en vigor el 1 de julio, que desde el mes que viene lo noten todos los dependientes que reciben ayudas (1.682.785). Lo que ha aprobado el Gobierno es aumentar “el nivel mínimo” de la Dependencia, que es lo que transfiere el Estado a las autonomías por cada dependiente. Para los de Grado III (“grandes dependientes”), la ayuda actual  subirá de 290 euros mensuales a 660 euros (+128%). Para los de Grado II (“dependencia severa”), la ayuda  pasará de los 130 euros actuales a 260 euros al mes (+100%). Y para los de Grado I (“dependencia moderada”), la ayuda pasará de los 76 euros actuales a 90 euros (+18%). El Grado III+ (ELA) seguirá en 4.930 euros mensuales.

Son subidas importantes, pero ahora queda ver qué hacen las autonomías, si aumentan su gasto en Dependencia o hacen como en 2021, cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque y muchas aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. El segundo nivel que financia la Dependencia es el “nivel acordado”: el Estado central aporta una 2ª cantidad para la Dependencia, pero con la condición de que las autonomías aporten otro tanto. Y además, esa cantidad del “nivel acordado” (783,19 millones en 2024,2025 y 2026, la misma de 2023 los tres años al no tener Presupuestos) se reparte entre las autonomías a cambio de que cumplan una serie de condiciones de población dependiente y gestión. Y si no cumplen, el Estado les aporta menos de este “nivel acordado”: es lo que les pasará este año a 8 autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, la Rioja, Cantabria, Aragón y Madrid), que perderán recursos estatales (-42,3 millones entre las 8).

La tercera fuente de recursos de la Dependencia, tras el “nivel mínimo” (Estado) y el “nivel acordado”(Estado y autonomías, a medias) es el “nivel autonómico”, el gasto propio que hace en dependencia cada autonomía con cargo a sus Presupuestos. Aquí está una de las claves del futuro, porque el Estado puede hacer un esfuerzo puntual, como este nuevo Plan de choque que asegura el 50% der la financiación, pero falta asegurar el otro 50%. Y muchas autonomías no tienen la Dependencia como una prioridad, como puede verse en su inversión en Dependencia por habitante: es alta en País Vasco (479 euros/habitante), Extremadura (411), Castilla y León (388), Asturias (366), Cantabria y Navarra (325) pero baja en Canarias (178 euros/habitante), Murcia (225), Cataluña (247), Madrid (251) y Aragón (255).

El Plan de choque para duplicar el gasto estatal en la Dependencia tiene 3 objetivos, según el Gobierno: reducir las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados a los dependientes y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, en casa y en los centros. Además de ser una exigencia social, el Gobierno reitera que la nueva inversión aprobada para la Dependencia es económicamente muy rentable: por cada euro invertido se generan 1,6 euros, además de retornar 3.000 millones a las arcas públicas (cotizaciones e impuestos) y crearse 100.000 nuevos empleos.

Los Directores de Servicios Sociales creen que la inyección de 6.200 millones extras es una buena noticia que “permite pasar de la retórica a los hechos”, pero piden además otros cambios: procedimientos más agiles en las autonomías para acortar los trámites, mejora de las ayudas y prestaciones (sobre todo la ayuda a domicilio y las prestaciones para residencias), autorizar la compatibilidad (poder recibir varias ayudas a la vez), aumentar las prestaciones a los cuidadores familiares y mejorar los contratos y salarios de los que trabajan en la Dependencia. Y les preocupa “cómo va a garantizar la Administración del Estado que este aumento de gasto mejore realmente la vida de los dependientes y sus familias”.

Al final, la Dependencia nos afecta a todos, porque antes o después podemos necesitar ayuda. Sobre todo si tenemos en cuenta el progresivo envejecimiento de la población española: si hoy tenemos 3 millones de mayores de 80 años, en 2050 serán 5,8 millones y muchos necesitarán que les cuiden. Como les dijo Sánchez a los dependientes el martes: “la grandeza de una sociedad se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan”. No seamos rácanos.

Los cuidados, el gran reto social pendiente

Siguen las protestas de profesores y médicos por las deficiencias en la sanidad y educación, pero nadie protesta por la desatención de nuestros mayores, que esperan meses para recibir una mínima ayuda o servicio para su dependencia. Y muchos se mueren antes de recibirla. A punto de cumplirse los 20 años de la Ley de Dependencia, el balance es muy preocupante: 3 de cada 4 mayores dependientes no reciben una atención efectiva y tampoco 2 de cada 3 con limitaciones severas. Los expertos reiteran que falta financiación para la Dependencia y que para ampliar las ayudas y que sean más eficaces, habría que gastar en los cuidados 12.000 millones más al año, el doble que ahora. Un reto que hay que afrontar porque España es uno de las paises más envejecidos de Europa y cada año habrá más dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán casi el doble (5,8 millones) y muchos necesitarán cuidados. No podemos dejarles tirados.

                               Enrique Ortega

España tiene un grave problema estructural del que casi nadie habla: el envejecimiento creciente de la población, propiciado por el aumento de la esperanza de vida, que es la más alta de Europa: 84,3 años de media, frente a 81,7 en la UE-27. Y esa esperanza de vida seguirá aumentando, hasta alcanzar los casi 87 años en 2050 y los 88 años en 2071, según las previsiones del INE. Con ello, tenemos y tendremos cada vez más personas mayores, muchas de ellas dependientes y necesitadas de cuidados. Así, si hoy hay 10,2 millones de mayores de 65 años, en 2050 serán ya algo más de 16 millones. Y los mayores de 80 años, un tercio de los cuales pueden ser dependientes, pasarán de ser 3 millones ahora (2025) a ser casi el doble en 2050 (5.811.396 personas mayores de 80 años, de ellos, 95.095 mayores de 100 años).

Estas elevadas cifras de mayores y ancianos suponen un gran reto para el país y sus familias. Desde hace décadas, todas las políticas públicas reconocen que el cuidado de los mayores dependientes no es una responsabilidad privada (de sus familias) sino “un derecho social”, un servicio público para la cohesión social y el propio funcionamiento del sistema económico. Y por eso, los paises desarrollados han implantado “políticas públicas de cuidados”, como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. En España, en 2006 se aprobó la Ley de Dependencia (295 votos a favor, 15 en contra y una abstención), que entró en vigor el 1 de enero de 2007 y cumplirá ahora 20 años.

El balance de esta Ley de Dependencia tiene claroscuros, siendo más negativo que positivo, según el reciente estudio de CENIE. Por un lado, en estos 19 años largos se ha atendido a 4 millones de dependientes (la mayoría mayores), aunque otro millón se ha muerto antes de recibir alguna ayuda. En líneas generales, hay un exceso de burocracia en el reconocimiento de la dependencia y en la concesión de las ayudas (la espera media era en abril de 325 días, cuando la Ley marca 180 días), lo que provoca que muchos dependientes se mueran antes de recibirlas (4 de cada 5 tienen más de 80 años). Y además, las autonomías (que gestionan las ayudas a la Dependencia) ofrecen cada vez más ayudas y servicios “low cost” (escasas y de poca calidad), para llegar a más dependientes con un gasto que apenas crece. Y además, existen grandes diferencias en la atención a la dependencia por autonomías, unas con más dependientes desatendidos que otras. Como problema de fondo, los expertos denuncian la infrafinanciación del sistema, la falta de recursos públicos desde su nacimiento y ahora.

Los últimos datos de la Dependencia, del IMSERSO, en abril de 2026, concretan estos problemas estructurales del sistema. Primero, la persistente desatención: había 268.850 dependientes desatendidos a finales de abril (+6.897 que en diciembre), 116.762 pendientes de que se les reconozca una dependencia y su grado (I,II y III, los “grandes dependientes”) y otros 152.088 dependientes que tienen reconocida alguna ayuda o servicio pero que están “en lista de espera” para recibirlos (en el “limbo de la Dependencia). Una parte de ellos mueren esperando esta ayuda que tienen reconocida: murieron esperando 8.996 dependientes en el primer trimestre de este año y 32.704 en todo 2025, según los Directores de Servicios Sociales. El problema no es sólo que estas “listas de espera” hayan crecido en 2026, sino que son muy desiguales por autonomías. Primero, en el tiempo de resolución de expedientes (325 días de media): son 551 días en Murcia, 457 en Andalucía,391 en Asturias, 354 en Canarias o 350 en Madrid, frente a 117 en Castilla y León o 117 en Aragón. Y la lista de espera de las ayudas (esos 152.088 dependientes) se concentra en Cataluña (48.695), Andalucía (32.888), Comunidad Valenciana (16.129), Madrid (12.914) y Murcia (10.399).

El 2º problema de fondo, tras los retrasos y esperas, es que las ayudas son escasas y de poca calidad, ayudas “low cost”, para tratar de llegar a más dependientes con poco coste. A finales de abril, había 1.708.812 dependientes “atendidos”, la mayor cifra de estos 19 años, pero la mayoría recibía una ayuda económica escasa: 760.432 dependientes (el 30,87% del total) recibían una prestación económica por ser atendidos por sus familias, una prestación muy insuficiente: 259,84 euros mensuales de media, según el estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado III (que requieren cuidados las 24 horas…). Actualmente, hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares, fundamentalmente mujeres (4 de cada 5 cuidadores), que han tenido que dejar sus trabajos y reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la recibían 659.786 dependientes en abril, el 26,78%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atención (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio : la reciben 406.880 dependientes (el 16,52%), con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas diarias. Y encima hay grandes desigualdades por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 53,5 horas en Galicia o 25,6 horas mensuales en Castilla la Mancha y Cataluña). Y casi todas incumplen las horas mínimas que fijó un Decreto en 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 horas para Grado II y de 65 a 94 horas para Grado III).

El 4º servicio o ayuda que reciben más dependientes es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten ellas el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y de pagar poco (entre 100/313 euros, 150/445 euros y 200/747 euros, según los Grados), sólo una parte del coste real de  los servicios: el resto lo pagan las familias (son los “copagos” de la dependencia). Reciben este “cheque”  242.168 dependientes, el 9,83% del total, aunque la fórmula ha ido creciendo y es muy mayoritaria en Extremadura (la reciben el 45% de los dependientes), Castilla y León (25,50%) y  Canarias (36,71% dependientes). Casi la mitad de estos cheques (106.568) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Sigamos con otros servicios y ayudas a los dependientes, los más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben 188.002 dependientes, el 7,63%), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentran: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más ofrecido son los Centros de día y noche (lo reciben 111.632 dependientes, el 4,53% del total).

Al final, el balance de estos 19 años de Ley de Dependencia refleja que se trata de “un derecho cojo”, que deja a muchos dependientes desatendidos (el 11,5% esperan que les reconozcan un grado o les llegue la ayuda reconocida, porcentaje que alcanza al 24% en Canarias, el 19,2% en Cataluña, el 18,8% en Murcia , el 15,8% en Asturias y el 14,4% en Extremadura) y que concede escasas ayudas económicas y servicios “low cost” a los atendidos. Pero lo más preocupante es que el sistema de la Dependencia, la 4ª pata (coja) del Estado del Bienestar deja a muchos dependientes fuera: casi las tres cuartas partes (el 72,4%) de los mayores de 65 con alguna limitación no reciben ayudas y 2 de cada 3 mayores con limitaciones severas (el 63,1%) carecen del apoyo público adecuado, según el estudio de CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento).

Esta desatención a los mayores dependientes obliga a realizar un enorme esfuerzo a sus familias, tanto económico como de tiempo, especialmente a las mujeres que tienen que cuidar a sus padres, esposos o hijos dependientes (recordemos: 4 de cada 5 cuidadoras son mujeres), lo que hunde en muchos casos sus carreras profesionales y sus pensiones. El coste para una familia de atender a un dependiente supone unos 10.105 euros anuales, según un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona, pero el coste es mayor en muchos casos: atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank, que estima que las familias asumen el 87% de este gasto (20.880 euros), financiando el sistema el 13% restante. En los últimos años, las familias con dependientes han visto que, a pesar de las ayudas, tienen que hacer copagos más altos. De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del coste total de los servicios de la Dependencia (11.847 millones). Mucho más que los copagos en educación y sanidad.

Visto lo visto, el estudio de CENIE y los balances de los Directores de Servicios Sociales (DGSS) coinciden en un punto: la principal causa de la desatención a los dependientes es la falta de financiación a la Dependencia, desde 2007 que se inició el sistema hasta hoy (agravado por los recortes de Rajoy, -6.321 millones a la Dependencia entre 2012 y 2020). Y como en las próximas décadas se van a duplicar los dependientes (recordemos: habrá 5,8 millones de españoles mayores de 80 años en 2050), hay que plantearse aumentar el gasto en Dependencia. El estudio CENIE propone duplicar el gasto actual en Dependencia (12.000 millones en 2025, el 0,71% del PIB) para 2030, hasta los 24.000 millones de euros anuales, el 1,3% del PIB, todavía menos de lo que se gastan ahora en Dependencia los 38 paises de la OCDE (1,7% del PIB), en Paises Bajos (4,1%) o en Suecia (3,7%). Y aunque supone duplicar el gasto, todavía queda lejos de lo que España gasta ahora en pensiones (190.000 millones), sanidad (105.000 millones) o educación (75.000 millones).

Los expertos reiteran que el coste de la Dependencia no es un gasto sino una inversión, porque tiene un gran impacto en la economía : por cada euro destinado a la Dependencia, el impacto en la economía (en sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la industria, energía y actividades profesionales) es de 1,6 euros, según el estudio de CENIE. Y además, por cada euro gastado en Dependencia retornan 0,49 euros en ingresos por cotizaciones sociales e impuestos. Actualmente, el sector de los cuidados emplea a 770.760 trabajadores  (328.544 en atención residencial) y se estima que podría dar trabajo a 440.000 más para 2030 si se mejora y generaliza la atención a la Dependencia. Además, los cuidados informales (en el hogar) a los dependientes suponen una importante “economía invisible”, que no se cuantifica en el PIB (aporta entre 60.000 y 79.000 millones anuales).

Pero no se trata sólo de gastar más en Dependencia. El estudio de CENIE y los expertos coinciden en que urge hacer dos cambios de fondo en el sistema. Uno, mejorar la gobernanza, reduciendo la excesiva burocracia actual (hay dos procesos, uno para reconocer la dependencia y otro para evaluar y aprobar las ayudas) y simplificando los expedientes, para “universalizar” la atención,  estableciendo además unos estándares mínimos para reducir las desigualdades regionales. Y el otro, cambiar el modelo de asistencia y ayudas, para priorizar los servicios profesionales frente a las ayudas económicas, aumentado coberturas y calidad, impulsando la asistencia personal y fomentando la atención en el hogar frente a las residencias, que deben ser más pequeñas y atractivas. Y en este camino, resulta clave reducir la precariedad y mejorar la formación, profesionalidad y salarios del personal que atiende a los dependientes.

En resumen, ante un envejecimiento imparable en España, urge avanzar hacia un sistema de cuidados universal, equitativo y sostenible, lo que exige duplicar el gasto actual y modificar radicalmente la gestión actual de la Dependencia, para hacerla más ágil y eficaz, un cambio que exige pactarlo entre el Gobierno y las autonomías (algo hoy inviable). Hay que tomárselo en serio y crear un sistema de atención a la Dependencia más eficaz, que afronte el reto de duplicarse los dependientes para 2050. Hoy tenemos un derecho social que no se garantiza, por falta de medios. Si queremos reforzar el Estado del Bienestar, no sólo hay que pensar en la sanidad, la educación o las pensiones. Hay que pensar en el futuro de nuestros mayores. No podemos dejarles “tirados”.

Dependencia: un derecho pendiente tras 19 años

Mucha gente protesta por los problemas en sanidad, educación, vivienda o transportes. Pero no hay un clamor social para mejorar la situación de los mayores dependientes, que esperan años para recibir ayudas ridículas: hay 258.167 dependientes esperando que les valoren o recibir una ayuda reconocida. Y como son muy mayores, 32.704 fallecen cada año sin ser atendidos (90 cada día). Un dato escandaloso, que refleja los graves problemas de la Dependencia, tras 19 años de vigencia de la Ley. Problemas causados por  la falta de financiación del Estado y las autonomías, que reaccionan (desigualmente) a la falta de recursos con retrasos y ayudas “low cost” (264,55 euros mensuales de media a las familias con un dependiente). Los Directores de Servicios Sociales proponen un Pacto para gastar el doble en Dependencia y reducir en dos años las listas de espera, ofreciendo ayudas dignas. Un reto urgente y necesario, porque aumentarán los dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán 6 millones. Ayudémosles.

                             Enrique Ortega

El pasado 1 de enero se cumplieron 19 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones), que regula las ayudas públicas a los dependientes, en su mayoría mayores. Tras estos años, el balance de la Ley es agridulce, como reflejan dos datos: se han atendido a más de 4 millones de dependientes, pero 900.000 dependientes mayores han muerto sin recibir ninguna ayuda, por el retraso en los expedientes o en la concesión de ayudas y servicios. Los expertos consideran que la Ley de Dependencia nos ha concedido un nuevo derecho pero que está pendiente de ser efectivo, por falta de financiación, exceso de burocracia, escasa cuantía de las prestaciones y servicios “low cost” de baja calidad, que además son muy desiguales por autonomías, según donde vivan los dependientes.

El gran problema de la Ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, es que aprobó derechos para los dependientes y sus familias pero no aseguró la financiación necesaria para cumplirlos. Y tras la crisis financiera y de la deuda, los dependientes sufrieron duramente los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy: se estima que la financiación a la Dependencia se redujo -6.321 millones entre 2012 y 2020, con una baja aportación del Estado central y las autonomías. En 2021, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para la Dependencia, aportando 600 millones extras al año en 2021, 2022 y 2023, además de aumentar los Presupuestos: la inversión del Estado en Dependencia alcanzó los 3.478 millones en 2024, el triple que en 2014 (1.130 millones). Las autonomías aumentaron algo su aportación, pero varias aprovecharon el aumento del Estado para aportar menos. Y en 2025, tras dos años sin Presupuestos, la financiación pública a la Dependencia apenas aumentó: se destinaron 13.506 millones de euros, el 0,8% del PIB, la mitad del gasto medio que hacen los paises europeos, según los Directores de Servicios Sociales (DGSS).

Casi dos tercios de esta financiación pública a la Dependencia (el 60,5%) procedió en 2025 de las autonomías, mientras el Estado central aportó el 39,5% restante, aunque la Ley fijaba que el reparto iba a ser 50%/50% (en 2009, antes de los recortes, el Estado central aportaba el 52,5%). Pero la mayoría de las autonomías no tienen a la Dependencia como una prioridad y por eso gastan poco y de forma muy desigual. De hecho, en 2025, hubo 9 autonomías que recibieron del Estado Central menos recursos que en 2024 porque incumplieron los compromisos de gestión acordados: Aragón (-8,3 millones), Castilla y León (-5,8), Madrid (-3,6), Canarias (-2,3), Castilla la Mancha (-1,3), Cataluña (-1,18), Baleares (-899.000 euros), Asturias (-363.000 euros) y Murcia (-323.000). Y hay una gran diferencia regional en el gasto en dependencia por habitante: gastan más que la media (6.015 euros anuales) la Rioja (7.537 euros/habitante), País Vasco (6.567) y Castilla la Mancha (6.432 euros), mientras están a la cola del gasto Aragón (4.020 euros/habitante), Asturias (4.045), Ceuta y Melilla (4.418) Castilla y León (4.418), Madrid (5.821) y Cataluña (5.918 euros/habitante).

Ante una escasa financiación, mientras crecen los dependientes (por el envejecimiento de la población), las autonomías (que gestionan la Dependencia)  llevan casi dos décadas utilizando 2 vías de salida, dos “trucos” para conseguir que el sistema medio funcione: retrasar la concesión de las ayudas y dar servicios más baratos (“low cost”) para atender con poco dinero a más dependientes: en 2025 había 1.677.042 dependientes atendidos con ayudas, más del doble que en 2011 (752.005). Veamos cómo lo hacen.

Por un lado, retrasan la entrada de nuevos dependientes, multiplicando la burocracia en un proceso larguísimo para reconocer las ayudas: revisión documentos e informes, valoración de cada persona, valoración provisional, resolución de grado de dependencia (I, II y III, los dependientes más graves), trámite para proponer una ayuda o servicio, cálculo de los ingresos y lo que tendrá que pagar el dependiente (copago), resolución y entrega de los servicios, que aún se retrasan porque los han de prestar los Ayuntamientos (más demora). En total, la tramitación de un expediente, desde que se solicita la ayuda hasta que se concede son 341 días de media, según los Directores de Servicios Sociales, cuando la Ley fija un plazo máximo de 180 días. Y hay una gran desigualdad de plazos por autonomías: tres superan el año (559 días Murcia, 496 días Andalucía y 430 días Canarias), mientras sólo 6 autonomías cumplen la Ley (113 días tardan los expedientes en Castilla y León, 129 en el País Vasco,141 en Aragón, 151 en Ceuta y Melilla, 165 en Castilla la Mancha y 174 en La Rioja).

Pero los retrasos no acaban ahí. A veces, las autonomías revisan un expediente ya aprobado, para modificar el grado. En total, a finales de 2025 había 109.260 expedientes pendientes de valoración, con los dependientes y sus familias esperando… Y hay otro retraso posterior, también para reducir el gasto: no dar las ayudas a los dependientes que las tienen reconocidas: a finales de 2025 había 148.907 dependientes (+6.461 que en 2024) “en lista de espera” para recibir una ayuda o servicio que ya tienen reconocido. Es lo que se llama “el limbo” de la Dependencia y afecta al 8,3% de los dependientes reconocidos, un porcentaje que es mucho mayor en algunas autonomías, las peor gestionadas: Canarias (28,6% de los dependientes con derecho reconocido no reciben ayudas ni servicios), País Vasco (15%), Cataluña (13,4%), Murcia (13,3%), Extremadura (11,9%), Baleares (10,1%) y Ceuta y Melilla (10,6%). Y que es bajo en Aragón (sólo el 1,3% dependientes en el limbo), Galicia (1,5%), Cantabria(2,3%), Navarra (3,4%), Asturias (3,9%) y Castilla y León (4%).

Sumando los expedientes pendientes de valoración (109.260) y los dependientes reconocidos que esperan la ayuda o servicio (148.907 en el limbo), da un total de 258.167 dependientes “desatendidos” a finales de 2025, según el estudio de los Directores de Servicios Sociales (DGSS). Una cifra que baja algo cada año pero que se mantiene demasiado alta. Y la peor consecuencia es que muchos de los dependientes desatendidos son muy mayores (4 de cada 5 tienen más de 80 años) y se mueren antes de que les reconozcan las ayudas o se las concedan: el reciente estudio de DGSS cifra en 32.704 los dependientes que murieron en 2025 esperando que les valorasen (17.994) o que les llegue la ayuda o servicio reconocido (otros 14.710 fallecidos). Son 90 muertes diarias, el gran fracaso del sistema de Dependencia.

El otro camino (junto a los retrasos) que utilizan las autonomías para afrontar la falta de financiación es conceder ayudas y servicios baratos (“low cost”) para poder “atender” así a más dependientes (en las estadísticas). La principal ayuda que conceden son las prestaciones económicas por cuidados familiares, que reciben ahora 728.851 familias (el 45% de los dependientes atendidos) por cuidar ellos a sus dependientes en casa. Y la ayuda es ridícula: 262 euros al mes de media (385 para los Dependientes de Grado III, que necesitan ayuda 24 horas…). Y encima, hay varias autonomías que pagan mucho menos de media: 171 euros Navarra, 185 Asturias, 200 euros Castilla y León, 203 Cantabria, 221 Aragón, 223 euros mensuales Extremadura. Y la que más paga Galicia, son 377 euros.

La 2ª ayuda más concedida es la teleasistencia, la más barata, que reciben 628.736 dependientes, el 55% de los dependientes atendidos en su domicilio (hay autonomías como Madrid donde el 51% de los dependientes graves son “atendidos” con teleasistencia). Además de ser “vergonzoso” que la teleasistencia se considere como una “ayuda”, en 2023 se aprobó un Decreto para que la teleasistencia llegara al 100% de los dependientes, pero todas las autonomías lo incumplen.

Otro servicio que se concede es la ayuda a domicilio (71.028 prestaciones), más una ayuda sobre el papel que real, por su escasa intensidad: la media son 37,5horas al mes, lo que supone una media de 1,24 horas diarias (2 horas y 15 minutos diarios para los grandes dependientes…). Y aquí hay también una gran desigualdad en las autonomías: en Navarra se ofrecen 76,9 horas al mes o 53,5 en Galicia, mientras sólo se conceden 18,6 horas al mes (37 minutos diarios) en Aragón, 24,8 en el País Vasco o 25,6 en Castilla la Mancha y Cataluña. Y casi todas las autonomías incumplen las horas mínimas que fijó el Decreto de 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 para Grado II y de 65 a 94 para Grado III).

Seguimos con otros servicios, los más caros y que menos se conceden. Uno son los centros de día (que sólo se conceden a 33.701 dependientes). Y el otro, la atención residencial (la tienen 108.015 dependientes), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y lo mismo pasa con otras prestaciones por servicio: la autonomía da una ayuda (un cheque) y las familias “se buscan la vida” para contratar el servicio con una empresa o cuidadora y paga la diferencia. Son los famosos “copagos” que pagan las familias. En conjunto, del coste total de los servicios de la dependencia (11.847 millones en 2025, el resto hasta los 13.506 millones es el coste de gestión), las familias pagan ya 2.326 millones, casi el 20%.

Como se ve, tras 19 años, el sistema de la dependencia “hace aguas”: mantiene a muchos dependientes en lista de espera y los que reciben ayudas, son mínimas y sus familias tienen que buscarse ayuda por su cuenta (contratar una cuidadora) o dejar de trabajar para atender a padres, hijos o familiares dependientes (el 72,3% de los cuidadores familiares son mujeres), lo que trunca sus carreras profesionales. Por eso, expertos como los Directores de Servicios Sociales (DGSS) dicen que la Dependencia “es un derecho pendiente”, que está sobre el papel (la Ley) pero que no se cumple con eficacia tras 19 años. Y que a este ritmo, tardaríamos 20 años en acabar con las listas de espera de la Dependencia.

En diciembre de 2016, los Directores de Servicios Sociales (DGSS) consiguieron que la mayoría del Parlamento (salvo el PP y PNV) firmaran un Pacto por la Dependencia, para mejorar su financiación y sus resultados. Pero ha sido papel mojado. En febrero de 2025, el Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Dependencia que está parada en el Congreso. Esta reforma mejora algunos de los problemas actuales de la dependencia, según reconocen los expertos de DGSS, pero tiene un problema de fondo: no asegura más financiación para la Dependencia. Por eso, los Directores de Servicios Sociales hacen varias propuestas: duplicar la financiación a la Dependencia (aportar a medio plazo el 2% del PIB, 32.000 millones frente a los 13.500 millones de gasto en 2025), simplificar los trámites y la burocracia, mejorar la calidad y cuantía de las ayudas y servicios, universalizar la teleasistencia, reformar las residencias y mejorar la economía de los cuidados, con más personal y mejores salarios.

Además, lanzan otra propuesta: aprovechar que este año 2026 se cumplen los 20 años de la Ley de Dependencia para alcanzar un nuevo Pacto por la Dependencia, con 5 puntos: aumentar la aportación del Estado hasta el 50% del coste total, reducir  a cero en dos años las listas de espera (el “limbo” de la Dependencia), aprobar medidas para mejorar la intensidad y la calidad de los servicios apoyando más a las familias, comprometerse a que no se recortará la Dependencia y que los cambios se aprobarán por Ley y apostar por una mayor transparencia, para conseguir una información actualizada y completa, con mayor seguimiento y control.

En las actuales circunstancias políticas, será difícil conseguir este Pacto por la Dependencia, pero es una necesidad urgente, porque la población española envejece y aumentarán año tras año los mayores dependientes. De hecho, hoy hay 3 millones de personas con más de 80 años (el 6% de la población), que acabarán necesitando ayuda, pero en 2050 habrá ya 6 millones con más de 80 años (el 11%) y necesitaremos un sistema de Dependencia que sea eficaz y no tenga listas de espera ni servicios low cost. O nos preparamos desde ahora, con financiación, personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las mujeres.

Dependencia: 900.000 muertos esperando ayuda

Se cumplen 18 años de la Ley de Dependencia (2007-2024), con un balance agridulce. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, en su mayoría mayores, y ahora reciben ayuda 1,5 millones. Pero ofrece ayudas escasas y servicios “low cost”, que tardan un año o más en recibirse: hay casi 300.000 dependientes esperándolas. Y el gran punto negro: casi 900.000 dependientes han muerto esperándolas estos 18 años. Todo porque la Dependencia cuenta con pocos recursos públicos (sólo 11.500 millones al año, 8,6 veces menos que la sanidad y 5,5 veces menos que la Educación) y no es una prioridad para las autonomías, que las gestionan pero sólo financian la mitad del gasto, con grandes desigualdades de atención según donde vivan los dependientes. Urge afrontar el futuro de la Dependencia con muchos más recursos, simplificando y agilizando trámites, liquidando las listas de espera y ofreciendo a los dependientes unos servicios de calidad, ayudando más a sus familias. Porque cada vez hay más viejos y más dependientes.  

                             Enrique Ortega

El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba en el Congreso, con el apoyo del PSOE y el PP, la Ley de Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y las Pensiones públicas. Era el principal legado del primer Gobierno Zapatero, que pretendía  incorporar a España a la pequeña lista de paises europeos que tenían una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos: Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los paises nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho a los ciudadanos.

La Ley de Dependencia arrancó el 1 de enero de 2007 con un problema de partida que ha lastrado su evolución: la falta de una financiación específica, algo que no preocupaba entonces porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. En estos 18 años de rodaje, pueden distinguirse 6 fases diferentes, según el exhaustivo balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la 1ª fase, de “despegue” (2007-2011), el avance fue lento, porque había que implantar un nuevo sistema y su aplicación fue muy desigual por autonomías, quienes gestionan solicitudes y ayudas, financiando la mitad del sistema. Pero se avanzó y a finales de 2011 había más de 1 millón de dependientes con derecho reconocido, aunque sólo 740.000 recibían atención.

La 2ª fase, entre 2012 y 2015, fue “un auténtico desastre para la Ley”, por los recortes impuestos por Europa y ejecutados por Rajoy, que no creía mucho en la Ley: en noviembre 2011, tres días antes de ganar las elecciones, declaró en El País: “la Dependencia no es viable”. Y menos lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema (hasta julio de 2015) a los dependientes “moderados”(Grado I), recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y aprobó un Decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los Dependientes, les bajó un 15% su ayuda mensual (55 euros sobre 400) redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Tras estos recortes del Estado (-2.825 millones entre 2012 y 2015) y de las autonomías (otros 1.000 millones), la Dependencia vio desplomarse sus recursos. Y los gobiernos autonómicos se tuvieron que “buscar la vida” para atender a los dependientes, recurriendo a distintas vías. La primera, “retrasando” los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la adjudicación de las ayudas, aumentando las “listas de espera”. La segunda, endureciendo los requisitos: redujeron el número de “grandes dependientes” (Grado III), los más caros de atender, aumentando “los más baratos”, los  dependientes “severos” (Grado II) y los “moderados” (que no había que atender hasta 2015). La tercera vía de “ahorro” fue revisar “de oficio” (a  la baja) valoraciones ya hechas, lo que multiplicó las denuncias de las familias ante los Tribunales. Y sobre todo, buscaron “rebajar el coste de las ayudas”, tanto las económicas como los servicios: menos ayudas para residencias (las más caras) y más ayudas a domicilio o teleasistencia (“low cost). Objetivo: atender a más dependientes gastando poco.

En julio de 2015 empieza la 3ª fase, de lenta recuperación, con la incorporación de los Dependientes “moderados” (Grado I), que dispara las listas de espera (de 139.297 en junio de 2015 a 442.356 en septiembre de 2015). Los recortes del Estado se mantienen pero el sistema recobra pulso con una mayor aportación de las autonomías, tras las elecciones de mayo de 2015 (el PSOE pasó a gobernar en 7 autonomías), afianzada en 2019 (el PSOE gobierna ya en 8 autonomías). En 2019 se entra en una 4ª fase de “ralentización”, porque el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se ve obligado a prorrogar los Presupuestos 2018 de Montoro (restrictivos). Y en 2020 se entra en una 5ª fase, de “retroceso” del sistema de Dependencia por la pandemia: caen las nuevas solicitudes y se reducen los beneficiarios, retrocediendo servicios y prestaciones.

En enero de 2021 empieza la 6ª fase de esta historia de la Dependencia, al aprobarse un Plan de Choque 2021-2023, con el que el Gobierno Sánchez se compromete a “inyectar” 1.845 millones de euros extras a la Dependencia (615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes. Un Plan que ha mejorado la situación, pero que tiene un gran punto negro: muchas autonomías (ahora gobernadas por el PP, con VOX) han aprovechado esta mayor aportación estatal para “hacer caja” y reducir su gasto en Dependencia. En 2022 lo hicieron 10 autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones (que gastaron en otras cosas). Y en 2023 han vuelto a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia en otros 186 millones… Y en 2024, con los Presupuestos prorrogados, el Gobierno no ha podido aumentar la aportación estatal a la Dependencia.

Lo más positivo de estos 18 años de Ley es que se ha atendido a 3.699.000 personas, según los Directores de Servicios Sociales, aunque a finales de 2024 eran 1.644.518 las personas que tenían reconocida su dependencia y 1,5 millones los que recibían alguna ayuda o servicio. Pero el sistema sigue con problemas de fondo, provocados básicamente por los recortes (-6.321 millones de euros entre 2012 y 2020) El 1º, los enormes retrasos en el reconocimiento de la dependencia: la media de resolución de los expedientes es de 330 días, cuando la normativa establece que no deberían demorarse más de 180 días. Y hay 5 autonomías con gran demora: Andalucía (618 días), Canarias (574), Murcia (514), Galicia (387) y Asturias (339 días), según los Directores de Servicios sociales. Y sólo cumplen el plazo legal Ceuta (57 días), Castilla y León (126) y País Vasco (128 días).

Pero los dependientes y sus familias esperan mucho más para recibir una ayuda o un servicio, porque después de que les reconozcan su derecho, todavía esperan a que sea efectivo su Plan de atención (PIA) y a que les llegue efectivamente la ayuda o servicio (el “limbo de las listas de espera”. Así, a finales de 2024, hay 291.649 dependientes en espera, “desatendidos”: 136.954 pendientes de valoración, otros 23.612 con un Plan aprobado pero no efectivo y 131.083 con derecho reconocido pero sin recibir una ayuda o servicio (en “el limbo” de las listas de espera), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Eso supone que están “desatendidos” el 13,3% de los dependientes que han solicitado ayuda. Pero el problema es mucho más grave en 4 autonomías: Canarias (el 41,78% de los dependientes solicitantes no tienen ayuda), Murcia (22,75%), Asturias (20,46%) y Cataluña (18,86%). Y son bastante eficientes Navarra (sólo un 2,24% dependientes desatendidos), Galicia (3,40%), Madrid (5,41%) y Cantabria (7,57% desatendidos).

Lo grave de esta desatención es que 4 de cada 5 dependientes tienen más de 80 años, con lo que muchos se mueren antes de recibir la ayuda a la que tienen derecho. Este año 2024, los Directores de Servicios Sociales estiman que morirán 35.920 dependientes esperando que les reconozcan su dependencia o recibir una ayuda o servicio reconocido. Son 98 dependientes que mueren cada día desatendidos. Y  haciendo balance de estos 18 años, estiman que han muerto casi 900.000 dependientes sin la ayuda a la que tenían derecho: 473.268 mayores a los que no se reconoció a tiempo su dependencia y otros 388.932 que sí la tenían reconocida pero que fallecieron en las listas de espera. Una cifra dramática que muestra el gran fracaso del sistema, a pesar de sus avances.

El 2º grave problema es que el sistema de Dependencia no ofrece una ayuda o servicio de calidad a los dependientes que sí las reciben. Año tras año, las autonomías han buscado vías para atender a más dependientes gastando poco, con servicios “low cost”. Tras estos 18 años, la ayuda más extendida es la prestación económica a las familias con un dependiente: se les paga una cantidad mensual (baja) y “así se cumple”. La reciben 627.450 beneficiarios, el 41,4% de las personas atendidas, aunque sólo supone el 15,8% del coste total. Y eso, porque la ayuda oscila entre los 180 euros mensuales (Grado I), los 315,90 euros (Grado 2) y los 455,40 euros de media (Grado III), aunque hay grandes diferencias por autonomías. El 2º servicio que más se presta (y el más barato) es la teleasistencia, que reciben unos 500.000 dependientes. El tercero, la ayuda a domicilio, que reciben unos 350.000 beneficiarios. Y crece la prestación vinculada al servicio, un cheque (de 100 a 200 euros, según autonomías) para que las familias contraten servicios: lo reciben el 15% de dependientes, pero casi la mitad en Extremadura , un tercio en Castilla y León y el 27% en Canarias.

En cambio, el servicio más demandado, la ayuda para una residencia, sólo la reciben el 12,2% de los dependientes, básicamente porque es la asistencia más cara (supone el 42,2% del gasto total). Y eso que no sale barata para el dependiente: si la financia totalmente, paga el 86% de sus ingresos (pensión). Y si tiene ayuda, el pago se reparte entre la autonomía y el Dependiente (mínimo 950 euros/mes y máximo 1.911 euros). Aunque el mayor problema es que no hay plazas concertadas en muchos lugares y han de esperar y recibir otra ayuda.

Esta penuria de ayudas y servicios se explica porque cada vez se gasta menos por dependiente, para “atender a más con poco”: el gasto por dependiente atendido ha bajado de 8.145 euros en 2010 a 7.341 en 2015, 6026 en 2020 y 5.982 euros por persona en 2024, a pesar del fuerte aumento de la inflación estos años. Y aunque cada vez hay más viejos y dependientes, España sólo gasta 181,31 euros por habitante en Dependencia, el triple que en 2009 (61,91 euros), pero poco más que en 2019 (151,24 euros). Y hay sólo 4 autonomías que gastan en Dependencia más que la media: Castilla y León (250 euros/habitante), País Vasco (209), La Rioja (207) y Andalucía (199). Están a la cola Canarias (91), Navarra (109), Baleares (112), Murcia (119), Asturias (127), Aragón y Galicia (128 euros/habitante).

Al aprobarse la Ley de Dependencia, el objetivo era que el gasto publico se repartiera entre el Estado central y las autonomías, mitad cada uno. Así fue en 2009 (52,5% Estado y 47,5% autonomías), pero con los recortes se rompió el equilibrio y el Estado sólo aportó el 25,6% de la financiación pública en 2012 y el 19,5% en 2019 y 2020. Con el Plan de Choque, la aportación del Presupuesto estatal subió al 28% en 2021 y al 39,6% en 2024 (las autonomías todavía aportan el 60,4% público restante). Con todo, los usuarios, las familias de los dependientes, cada vez pagan más (copagos): si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del gasto total en Dependencia, en 2024 pagan ya el 20,2% del gasto (las autonomías pagan el 49,6% y el Estado central el 30,1% restante).

Con todo, el gasto total en Dependencia, tras 18 años de Ley, es bajo: 11.073 millones de inversión en 2024, sólo el 0,8% del PIB. Una cifra mínima si se la compara con las otras tres “patas” del Estado del Bienestar: 190.687 millones gastados en Pensiones, 99.347 millones en Sanidad o 63.380 millones en Educación). Y además, la inversión en Dependencia (mínima) es muy rentable en empleo (se han creado 355.000 empleos y por cada millón invertido en dependencia se crean 40 empleos) y en ingresos para el Estado (revierte el 40,7% del gasto hecho en impuestos y cotizaciones: 3.550 millones sólo en 2024).

Cara al futuro, los expertos coinciden que la Ley de dependencia necesita un impulso político, para dotarla de más recursos y menos burocracia. Sólo acabar con las listas de espera costaría 1.750 millones de euros. Pero además, el Estado central y las autonomías deben aportar más, para cubrir la demanda potencial: hay 2 millones de personas que han solicitado ayuda a finales de 2024, pero 6,3 millones de españoles son potencialmente dependientes. A medio plazo, habría que gastar 20.000 millones en Dependencia (frente a los 11.000 actuales). Pero no es sólo cuestión de dinero: urge agilizar “el disparatado proceso burocrático en las solicitudes” creado por las autonomías, con más personal y menos burocracia, reduciendo los procesos administrativos y el papeleo que se exigen ahora a las familias de los dependientes.

A final, mucho hablamos de los problemas de la sanidad, la educación y las pensiones y poco de la Dependencia, de una Ley que reconoce unos derechos pero que no puede garantizarlos, por falta de recursos y voluntad política. Urge dar un impulso a las ayudas a los dependientes, para que sean dignas y suficientes, para que no sigan muriéndose mayores sin ser atendidos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

Dependencia: las autonomías racanean

Media España protesta por la preocupante situación de la sanidad pública, pero apenas se oyen quejas por los graves problemas de la Dependencia, que tiene desatendidos a 353.965 dependientes, la mayoría mayores, lo que condujo a que 45.360 ancianos murieran en 2022 sin recibir la atención que les correspondía. Y encima, en 2021, el Gobierno aprobó un Plan de Choque, con el que ha duplicado su aportación, mientras 10 autonomías aprovecharon que había más recursos estatales para reducir ellos su financiación, para “hacer Caja” y gastar 309 millones menos en Dependencia. Además, las autonomías intentan atender más dependientes con los mismos recursos, ofreciéndoles pequeñas ayudas y servicios low cost, que obligan a las familias a copagos y muchas horas para atender a sus dependientes. En resumen: la Dependencia es un derecho social sin recursos y donde las autonomías, que la gestionan y medio financian, “racanean”, mientras hay 6.230.000 españoles potencialmente dependientes. Urge forzar a las autonomías a que atiendan mejor a nuestros mayores. Piénselo al votar el 28-M.   

Enrique Ortega

La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado de Bienestar en España, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Echó a andar en enero de 2007, con la Ley de la Dependencia, pero ha sido siempre “la pariente pobre” del sistema de protección social, con una escasa financiación desde el origen, que se agravó a partir de 2012, cuando el Gobierno Rajoy y las autonomías aprobaron drásticos recortes: entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en -6.321 millones, lo que ha provocado retraso en los expedientes, una abultada lista de espera y ayudas y prestaciones escasas, para tratar de atender a más dependientes con menos recursos públicos. Si la sanidad o la educación sufren falta de recursos y medios, en la Dependencia la escasez es la norma.

Para afrontar esta persistente falta de recursos, en enero de 2021, el Gobierno y las autonomías pactaron un Plan de Choque, para relanzar la Dependencia, con un compromiso del Estado central de aportar 1.845 millones extras (+600 al año) para Dependencia de 2021 a 2023. Eso suponía más que duplicar la aportación estatal a financiar la Dependencia, pasando de 1.348 millones que aportó el Estado en 2020 a 3.229 que aporta en los Presupuestos de 2023. En contrapartida, las autonomías se comprometían también a aportar más recursos y a agilizar la gestión de la Dependencia, que es de su competencia. Pero apenas lo han hecho. En 2021, sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y en 2022, a falta de datos de cierre, su gasto habrá sido similar. Con un agravante: hay autonomías que han aprovechado la mayor aportación del Estado a la Dependencia para “hacer Caja”, para ahorrar ellos y gastarse menos.

Lo ha denunciado la Asociación de Directores de Servicios Sociales: 10 autonomías aprovecharon el primer año del Plan de choque (2021) para gastar menos en Dependencia del aumento que les aportaba el Estado, “ahorrándose” en conjunto 309 millones, que gastaron en otras cosas (no en los dependientes). Son Castilla y León (recibieron 52,17 millones más y gastaron 39,02 millones menos: 91 millones “ahorrados”), Galicia (58 millones “ahorrados”), Aragón (26), País Vasco (36 millones), Navarra (10), Murcia (18), Extremadura (22), Canarias (17), La Rioja (6 millones) y Castilla la Mancha (la única que gastó más, 1,94 millones, pero una cifra menor a los 27,98 millones extras recibidos: “ahorro” de 25 millones). Sólo 3 Gobiernos autonómicos aumentaron más su presupuesto en Dependencia que el dinero extra que recibieron del Estado central: Comunidad Valenciana (recibió +43,38 y gastó +51,40), Cantabria (gastó 8 millones más de los recibidos) y Asturias (+16 millones).

Por si esto fuera poco, las autonomías no se han gastado todo el dinero recibido del Estado para financiar el nivel mínimo (la aportación fijada a cada dependiente, según su Grado). En 2002, se han quedado sin gastar 55 millones (según los Directores de Servicios Sociales), que se suman a los 75,77 millones para la Dependencia que tampoco se gastaron en 2021. Consecuencia: Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero no gastado por las autonomías a Hacienda. El sistema establece que el Estado central aporta una cantidad por dependiente  (nivel mínimo) y la autonomía tiene que completarla con otra aportación similar. Si no lo hace, porque busca ahorrar o “hace Caja”, esa ayuda presupuestaria se pierde y el dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.

La escasa financiación de la Dependencia, ahora sobre todo por las autonomías, sigue provocando problemas a los dependientes y sus familias. Los gobiernos autonómicos llevan años tratando de “estirar el chicle” de los recursos escasos, con varios “trucos” para frenar gastos. El primero es “retrasar” las valoraciones de los dependientes que solicitan ayuda, para así retrasar los pagos y ayudas. Los datos del IMSERSO son claros: a finales de 2022, había 1.982.018 solicitudes de dependencia (casi 90.000 más que un año antes) y sólo se habían valorado 1.850.208 solicitudes, por lo que había 131.810 dependientes “pendientes de valoración”, “aparcados” y en espera, una cifra que se mantiene alta desde 2009 (120.213 en espera de valoración) y que apenas bajó en los últimos años (141.556 en espera de valoración en 2019). El tiempo de espera para ser valorado, según la Ley de Dependencia, son 180 días, pero el tiempo medio real era de 344 días (a finales de 2022). Y hay autonomías donde esta espera media se duplica o triplica, como Canarias (977 días), Andalucía (544) o Murcia (486 días), según los Directores de Servicios Sociales.  

Segundo “truco”, tras “embolsar” solicitudes sin resolver: retrasar la entrega de ayudas y servicios a dependientes a los que ya se ha reconocido una dependencia (grado I, II o III, la más grave). En enero de 2023, había 1.490.860 dependientes con un grado reconocido, pero sólo 1.313.437 eran beneficiarios de alguna prestación o servicio. Así que había 177.423 dependientes en “lista de espera” de atención, dependientes que tienen legalmente reconocida una ayuda (prestación o servicio), pero que no la reciben, porque la autonomía en cuestión utiliza esta demora para frenar gastos.

Esta lista de espera de atención se ha reducido en los últimos años (era de 310.120 dependientes con derecho reconocido en enero de 2017, bajó a 269.834 en enero de 2019, a 193.436 en enero de 2021 y a 177.423 ahora), pero aquí también hay “truco” de gestión: las autonomías están reduciendo más las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I, 96.561 en lista de espera, los más “baratos” de atender) y menos la de los dependientes más graves (grado II y II, 80.862 en lista de espera, con derecho a prestaciones y servicios más caros). Además, hay gran diferencia en las listas de espera por autonomías. Si la media es del 11,90% (dependientes en espera/total dependientes con derecho), es más del doble en Cataluña (27,08%: 1 de cada 4 dependientes con derecho no reciben nada) y superan la media en la Rioja(18,94%), País Vasco (17,53%), Canarias (16,93%), Extremadura (17,53%), Murcia (17,43%) y Andalucía (11,91%). Y apenas es un problema en Castilla y León (0,18% dependientes en lista de espera), Castilla la Mancha (3,71%), Aragón (4%), Galicia (4,58%), Cantabria (4,74%), Navarra (4,80%) y Madrid (5,38%), según datos del IMSERSO.

Al final, los expertos de la Asociación de Directores de Servicios Sociales suman las dos listas de espera, las de los dependientes que esperan ser valorados y los dependientes ya valorados que no reciben ayudas para hablar de una “lista de espera de dependientes desatendidos”, la lista de espera real, que estiman en 353.965 dependientes: 131.810 en espera de valoración, 177.423 en espera de recibir la ayuda reconocida más otros 21.903 solicitudes que estiman no grabadas (increíble) y otras 22.829 con prestación reconocida pero no efectiva. En total, casi un 18% de dependientes “desatendidos”.

Lo grave no es sólo que estén desatendidos 1 de cada 5,5 dependientes (de una u otra forma), sino que muchos de los dependientes en espera son muy mayores, el 80% con más de 80 años. Y bastantes se mueren antes de recibir ninguna ayuda. Sólo en 2022, 45.360 dependientes fallecieron a la espera de ser atendidos: 19.961 en espera de valoración y otros 25.699 muertos a la espera de recibir una ayuda que tenían legalmente reconocida (ojo, 17.490 de ellos muy vulnerables, con dependencia severa Grado II o gran dependencia Grado III). Son 124 dependientes muertos cada día sin recibir atención. Tremendo.

El tercer “truco” que utilizan las autonomías para frenar el gasto en Dependencia, junto al retraso en la valoración y en la concesión de ayudas, es atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 10 autonomías que “hicieron Caja” en 2021). Para eso, en la última década han apostado por dar ayudas económicas (bajas) a las familias que atienden a sus dependientes en casa y por aumentar los servicios “low cost”, la atención más barata, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los Centros de día, mientras se estancan las ayudas para ir a una residencia, la atención más costosa. De hecho, el gasto por dependiente atendido ha bajado, de 8.145 euros en 2010 se bajó a 7.346 euros en 2015 y a 6.066 en 2021, quedando en 6.124 euros en 2022, según los Directores de Servicios Sociales. Pero aquí, como en las listas de espera, hay una gran desigualdad por regiones: hay autonomías que gastan más, como La Rioja (7.159 euros por dependiente), Castilla la Mancha (6.835 euros) y País Vasco (6.752 euros), y otras mucho menos, como Asturias (4.101), Aragón (4.155), Castilla y León (4.377) y Baleares (4.537 euros).

La ayuda que llega a más Dependientes es la prestación económica a los familiares que los cuidan, que reciben casi el 30% (517.053 beneficiarios de los 1.1313.437 que reciben ayudas). El importe medio que se paga es bajísimo (234,96 euros en 2022, variando entre 139,40 para dependientes con Grado I, 240,70 los de Grado II y 334,80 euros los de Grado III). La 2ª ayuda más utilizada por las autonomías es la teleasistencia, la que menos les cuesta y la que más ha crecido: la reciben 351.993 dependientes, el 20,38% del total. La 3ª más usada es la ayuda a domicilio, que reciben 322.595 dependientes y que supone una atención mínima, que va de 15,2 horas al mes a los de Grado I a 57,1 horas al mes (una media de 2 horas y media diarias de lunes a viernes, claramente insuficiente para ayudar a la familia con un dependiente que no se puede valer). Le sigue la prestación vinculada a servicio (187.214 beneficiarios, el 10,84% del total), un cheque que se entrega a las familias para que contraten una ayuda a domicilio, un centro de día o noche o una residencia, aportando una parte y teniendo que pagar la familia el resto (en el caso de una residencia, se les aporta 513 euros de media, menos de la tercera parte del coste). En 5º lugar está la concesión de una plaza en una residencia, donde sólo hay 175.756 dependientes, el 10,19% del total. Y la 6ª ayuda, que reciben 97.929 dependientes (el 5,67% restante) es una plaza en un centro de día, otra prestación barata y donde se han perdido plazas desde 2019.

Estas ayudas son también muy desiguales entre autonomías, porque unas utilizan más el cheque (supone la mitad de prestaciones en Extremadura y un tercio en Castilla y León y Canarias) y otras la teleasistencia o los centros de día, apostando todas por las ayudas económicas a las familias, con importes muy diferentes. El resultado es que las familias de los dependientes cada vez pagan más servicios y más porcentaje del gasto total en Dependencia: si en 2009 aportaban el 14,7% de la financiación total (572 millones), en 2019 ya aportaban el 20,7% y en 2022 siguen financiando el 20,5% del gasto total (aportaron 1.994 millones). El Estado central ha pasado de aportar el 15,5% en 2019 (menos que las familias) al 26,5% en 2022, tras el Plan de Choque. Y las autonomías, que financiaban el 63,8% de la Dependencia en 2019 ahora financian el 53% (y será menos en 2023). El objetivo es aumentar la aportación del Estado central y que los Presupuestos y las autonomías financien al 50% la mayor parte del gasto en Dependencia.

De momento, el Plan de Choque ha ayudado algo, pero no ha tenido éxito por la escasa mayor aportación de las autonomías, con 10 de ellas “haciendo Caja”. Su primer objetivo, reducir la lista de espera en 60.000 personas en 2021 no se ha cumplido: se redujo en 38.807 personas y otras 15.923 en 2022. Tampoco han mejorado mucho las prestaciones: se buscaba que el 100% de los dependientes tuvieran acceso a teleasistencia y el 69% de los dependientes atendidos en domicilio no la tienen. Tampoco han mejorado lo previsto (+17%) las horas de atención domiciliaria (+0,6%). Ni se ha logrado la mejora en las prestaciones económicas (+17%): de hecho, han caído un -1,7% (de 239 euros en 2020 a 234,96 euros de media en 2022). Solo el Presupuesto estatal ha cumplido, duplicando la aportación del Estado central a la Dependencia (de 1.383 millones en 2020 a 2.575 en 2022).

A pesar del Plan de Choque, la realidad es que la gestión de la Dependencia está en manos de las autonomías y cada una va a su aire, desde el presupuesto que dedican hasta la gestión de las valoraciones y listas de espera, las ayudas y los servicios que prestan y sus modelos de organización y gestión. Teniendo en cuenta todos estos factores, la Asociación de Directores de Servicios Sociales lleva valorando cada autonomía y dándoles una nota desde 2008. En el último ranking de 2022, suspenden la gestión de la Dependencia 10 autonomías: Murcia (2,4 puntos sobre 10 y ya era el farolillo rojo en 2008), Canarias (2,9), Cataluña (3,5), Cantabria (3,5), Asturias (3,5), País Vasco (3,8 puntos, ojo: tenía un notable en 2014 y 5,3 puntos en 2021), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7). Aprueban otras 9 regiones, destacando el notable de Castilla y León (8,5 puntos), Castilla la Mancha (7,9) y Andalucía (7,6), con aprobados altos de Madrid (6,5) y Comunidad Valenciana (6,2, una autonomía suspendida hasta 2020 y que era la 2ª peor en 2008).

Ahora, todo dependerá del resultado de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, aunque las campañas están más centradas en la sanidad y la Educación que en la Dependencia. Tras los resultados y las elecciones generales de diciembre, haría falta otro Plan de Choque para la Dependencia, donde el próximo Gobierno y las nuevas autonomías pactaran de verdad un empujón de fondos y mejor gestión. Acabar con las listas de espera tiene un precio: aumentar +1.086 millones anuales el gasto en dependencia, según estiman los Directores de Servicios Sociales. Se puede, porque el gasto total en  Dependencia es asumible, 10.495 millones en 2022, el 0,8% del PIB, la mitad que los paises de la OCDE y muy por debajo del gasto en pensiones (12% del PIB). Y hay que reforzarlo porque se estima que hay 6.230.355 españoles potencialmente dependientes (y hoy atendemos sólo a 1.313.437). Habrá que gastar más en Dependencia en el futuro y por eso urge reforzar los ingresos del sistema y mejorar su gestión. No podemos desatender a nuestros ancianos y jóvenes dependientes.