El curso escolar acaba con protestas

Este viernes acaba el curso escolar en colegios e institutos, tras multiplicarse en los últimos meses las protestas de profesores en media España, desde Cataluña y la Comunidad Valenciana a Aragón y Madrid. Los docentes piden cosas para ellos (menos precariedad laboral, menos horas y más sueldos), pero sobre todo piden más medios y recursos para enseñar mejor: menos alumnos por clase, más clases y profesores de refuerzo para alumnos con problemas, menos horas lectivas y menos tareas burocráticas para mejorar su salud mental. Y reducir el desvío de fondos públicos a la enseñanza concertada, que concentra a casi  la mitad de los alumnos en el País Vasco y Madrid. Además, piden más financiación para la enseñanza pública, que gasta menos por alumno que en Europa y donde hay grandes diferencias de gasto por autonomías: 1.608 euros/alumno en País Vasco frente a 910 euros en Madrid. Son problemas que se traducen en una peor calidad de la enseñanza y que podrían llevar a una huelga de profesores en septiembre en toda España.

                  Protestas de profesores en media España y amenaza huelga en septiembre

En los últimos meses han estallado múltiples protestas de profesores en media España, tras años de problemas educativos enquistados y que ahora afloran. En Cataluña hubo una primera huelga de docentes el 11 de febrero, a la que han seguido 23 jornadas de protestas, que se cerraron el 14 de junio con una masiva manifestación de profesores, alumnos y familias, mientras la mayoría de docentes rechazaba un acuerdo firmado por varios sindicatos y la Generalitat para subir los sueldos 400 euros al mes en 4 años e incorporar 6.400 docentes, mejoras consideradas “insuficientes”. También han sido masivas las protestas de docentes en la Comunidad Valenciana, desde el 11 de mayo, con casi un mes de huelga y múltiples manifestaciones, con otro desacuerdo ante las mejoras que propone la Generalitat. También en Aragón se produjeron 2 huelgas de profesores (enero y mayo) más múltiples concentraciones y protestas, que se han producido también en Madrid, el epicentro de una huelga estatal de educadoras de educación infantil (0-3 años) que continúa desde abril.

¿Qué piden los profesores con estas huelgas y protestas? Básicamente, tienen dos grupos de reivindicaciones. Unas, relacionadas con ellos, con mejoras laborales y profesionales: contratos menos precarios, mejores sueldos y menos horas de trabajo efectivo, que en muchos casos les suponen problemas de ansiedad y mentales. Y otras, relacionadas con mejorar su trabajo en colegios e institutos: menos alumnos por clase (ratios), mejora de infraestructuras y aulas, más clases de refuerzo, más profesores de apoyo, menos burocracia y trabajo administrativo (exceso de informes y registros digitales). Y como telón de fondo, una mayor financiación para la enseñanza pública y dejar de desviar recursos públicos a la enseñanza concertada, que no deja de crecer a costa de la pública. Veámoslo.

Los profesores que trabajan en colegios e institutos eran 850.880 el curso 2024-25 (últimos datos de Educación), casi las tres cuartas partes en centros públicos (624.368 docentes), los que tienen más problemas laborales, aunque también empeora la situación de los casi 200.000 docentes que trabajan en la enseñanza concertada. El principal problema de los docentes públicos es su precariedad: el 31% tienen un contrato temporal y muchos ven como les despiden ahora en junio para volver a contratarlos en septiembre. Junto a esta inestabilidad laboral, que se une a muchos cambios de centros, están sus bajos salarios: el sueldo neto de un profesor de Primaria oscila entre 1.700 y 2.200 euros, según antigüedad. Y el sueldo neto en Secundaria oscila entre 2.000 y 2.700 euros. Y en la reciente huelga, las cuidadoras de educación infantil denuncian sueldos de 1.100 euros…

Al margen de sus problemas laborales, la principal queja de los profesores es el exceso de alumnos por clase, que les impide hacer bien su trabajo y les crea problemas de ansiedad y mentales. Actualmente, la ratio en Primaria es de 25 alumnos, en Secundaria de 30 y en Bachillerato y FP de más de 35 alumnos por clase, una ratio superior a las que tienen los docentes europeos y que además varía por autonomías. El 21 de abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Ley para bajar las ratios, de 25 a 22 en Primaria y de 30 a 25 en Secundaria. Pero el proyecto estaba parado en el Congreso, porque Junts y el PNV presentaron una enmienda a la totalidad, aunque hoy 18 de junio se ha decidido que el proyecto siga debatiéndose, también con los votos favorables de PP y Vox. El objetivo de la medida es ir aplicando progresivamente las nuevas ratios, curso a curso, para alcanzar el objetivo en el curso 2031-32. Una medida que está en el aire y que tiene un coste de 28.180 millones en 10 años, para contratar más profesores y construir más aulas.

Otra queja de los profesores es que, con las ratios actuales, no pueden atender como necesitan a los alumnos retrasados o que tienen necesidades especiales, lo que obliga a “dejarles a su ritmo” y acabar perdiéndolos o a bajar el ritmo de toda la clase. Estos alumnos con más necesidades han crecido sobre todo en los colegios públicos, que son los que tienen más alumnos de familias vulnerables y más alumnos inmigrantes, dos tipos de alumnos que la enseñanza concertada “evita”. El problema es que estos alumnos (sobre todo los extranjeros) se concentran más en determinadas provincias de España y en los colegios públicos. Así, el mayor porcentaje de alumnos extranjeros (1.066.875 en toda España en colegios e institutos, el 12,2% del alumnado) se concentran en los centros públicos (17,3% en Primaria, frente al 11,7% en centros concertados y privados, 15,1% en la ESO) y sobre todo en 7 provincias: Alicante (29% de alumnos extranjeros de Primaria en la pública y 16,2% en los concertados), Lleida (27%), la Rioja (26,4%), Castellón (26,1%), Murcia (24,8% en los centros públicos y 8,3% en los privados), Girona (24,7%) y Teruel (24,6%).

Los docentes reiteran que estos alumnos “con más necesidades educativas” (unos porque proceden de familias desestructuradas o vulnerables, otros porque son inmigrantes y en muchos casos tienen la barrera del idioma) necesitan una atención especial, con “aulas de acogida” al principio y clases y profesores de refuerzo, que la mayoría de los centros no pueden ofrecer, lo que agrava “la impotencia” de los profesores. Y aún con pocos alumnos con necesidades especiales, el número de alumnos en cualquier clase es excesivo y dificulta seguir los programas y cumplir objetivos. Y además, obliga a los profesores a ampliar su jornada lectiva (ahora 23 horas lectivas en colegios y 18 horas en institutos), en la que dedican muchas horas a tareas burocráticas y no docentes.

Al final, todas las protestas de profesores inciden en el meollo del problema educativo: faltan medios, recursos y profesores porque hay poca financiación, menos que en la mayoría de los paises occidentales. En 2024, el gasto público en Educación fue de 71.348 millones de euros, el 4,48% del PIB, de los que 50.920 millones se destinaron a la enseñanza no universitaria (infantil, primaria, secundaria, Bachillerato y FP), el 3,19% del PIB español. Un porcentaje del gasto que es algo inferior al gasto en enseñanza universitaria en la OCDE (3,3% del PIB) y algo superior a la media UE-15 (gastan 3% PIB), aunque es inferior al gasto en Francia (3,7%), Reino Unido (4%) o EEUU (3,5% PIB ) y algo superior a Alemania (3,1% PIB). Al concretar este gasto no universitario por alumno, España gastó 10.924 dólares, frente a 11.905 dólares la UE-15, 12.438 dólares la OCDE, 14.503 dólares Alemania, 12.321 dólares Francia y 12.666 dólares por alumno en Italia, según los últimos datos de la OCDE.

Otro problema, junto al menor gasto, es que la gran mayoría del gasto educativo en colegios e institutos lo gestionan las autonomías (les correspondió el 84,3% del gasto en 2024) y hay una enorme disparidad de gasto educativo por regiones. Si la media de este gasto no universitario fue de 1.126 euros por alumno en 2024, hay 10 regiones que gastaron más, encabezadas por País Vasco (1.608 euros/alumno), Navarra (1.492), Extremadura y Murcia (1.264), según el ranking de los Directores de Servicios Sociales. Y otras 7 autonomías gastan mucho menos en educación: Madrid, el farolillo rojo (gasta 910 euros/alumno no universitario), Asturias (1.034), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069), Castilla la Mancha (1.076) y Baleares (1.109 euros/alumno).

Además de la falta de financiación, otro problema del que se quejan los profesores es que muchas autonomías (básicamente las gestionadas por el PP) llevan años desviando recursos públicos (no sólo dinero, también solares) a la educación concertada, en perjuicio de la pública. Son los famosos “conciertos”, el dinero público que se transfiere cada año a los centros privados, básicamente los concertados, para que acojan alumnos que no tienen ya hueco en la escuela pública (donde apenas se ha invertido las últimas décadas). El gasto en conciertos ha pasado de 5.768 millones en 2014 a 8.342 millones en 2024, el 11,7% del gasto público total. Y eso provoca que los centros concertados ganen en alumnos, sobre todo en algunas autonomías que los apoyan más. Así, los 8.348.000 alumnos matriculados en infantil, primaria, ESO, Bachillerato y FP, el 66,9% acuden a centros públicos, pero un 24,4% acuden ya a centros concertados y un 8,8% a centros privados. Y hay autonomías con mucho más peso de la enseñanza concertada y privada, como el País Vasco (48,6%) o Madrid (46%), también Cataluña (35,3%) y Baleares (35,1%).

Mientras falta financiación para mejorar la enseñanza pública, las familias gastan más en la educación de sus hijos cada año, aunque sea oficialmente “gratuita” de los 6 a los 16 años (Primaria y ESO). El gasto familiar en educación se ha duplicado en los últimos 12 años, pasando de 13.217 millones en el cursos 2011-2012 a 27.806 millones en el curso 2023-24, según los últimos datos del INE. Y la cuarta parte de este gasto familiar, 6.115 millones anuales, se gasta en los hijos que estudian Primaria y Eso, los ciclos “gratuitos”. La estimación es que entre 5 y 9 años, las familias gastan 1.964 euros anuales por estudiante, que suben a 2.414 euros anuales entre 15 y 19 años. Un gasto que se va en actividades extraescolares, servicios complementarios (comedores, transporte y residencia), libros y uniformes y actos extraescolares fuera del centro. Eso sin contar el gasto creciente en academias y profesores particulares, que se ha disparado y alcanza otros 4.052 millones anuales.

Todos estos problemas estructurales de la educación (profesores con contratos precarios, bajos sueldos y “superados” por el trabajo, falta de medios y profesores para el refuerzo de alumnos, infraestructuras obsoletas con calor, frío y cortes de luz, falta de financiación y enorme disparidad de gasto por autonomías más un creciente gasto de las familias en la educación de sus hijos…) conducen a unos resultados educativos preocupantes, que les “duelen” especialmente a los profesores. Lo dejan claro los estudios PISA, que relegan a los alumnos españoles en matemáticas y comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores: el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria 1ª etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Otro, el abandono escolar temprano, el alto porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios sin acabar el Bachillerato o la FP: 12,8% en 2025 frente al 9,4% en la UE-25. Y el tercero, el elevado porcentaje de jóvenes “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 11,5% en España y 11% en Europa.

Y hay otro problema de nuestra educación más preocupante: cada vez hay más distancia educativa entre los alumnos de bajo nivel social y los de clase media y alta. Así, los 120.000 adolescentes de 15 años que viven en hogares más acomodados llevan hasta 4 años de ventaja en matemáticas a los 120.000 adolescentes de esa edad que viven en familias desfavorecidas, según refleja el último informe PISA. Eso confirma lo que señalan muchos expertos: cada vez hay más distancia entre la formación de los alumnos de familias medias y altas, que les ayudan y exigen más, gastan lo que haga falta en clases particulares y tienen más recursos para orientar su futuro. Eso viene a decir que la educación deja de ser “el ascensor social” y que los hijos de las familias más vulnerables salen peor formados y tendrán un peor futuro, básicamente porque la escuela actual  no corrige las desigualdades. 

¿Qué se puede hacer? Parece evidente que hay que gastar más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP, sobre todo en centros públicos. Pero no se trata sólo de gastar más sino de gastar “de otra manera”, concentrando el gasto en los centros y ciudades donde hay más problemas (barrios con más familias vulnerables y más inmigrantes), reforzando la enseñanza de quienes lo más lo necesitan, con clases de refuerzo, desdobles y profesores de apoyo. Y en paralelo, reforzar las plantillas docentes, estabilizando sus contratos y mejorando sus sueldos y su formación (con esa buena idea del MIR educativo, para los profesores que empiezan). Y reforzando los centros públicos, desde las infraestructuras a los equipos, con personal técnico y gestor que quite tareas no docentes a los profesores. Y con una mayor autonomía de los equipos docentes, a cambio de cumplir objetivos auditables.

Pero sobre todo, lo que piden a gritos nuestros colegios e institutos es que se abra un debate público sobre sus problemas y necesidades, que las autoridades educativas autonómicas colaboren con el Ministerio, los profesores y las asociaciones de padres para alcanzar un verdadero Pacto educativo, donde se acuerde una financiación suficiente y medidas para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, hoy con grandes necesidades sin cubrir. Pero no parece que estemos en ese camino de acuerdo y negociación, como demuestran el rosario de huelgas, manifestaciones y huelgas de estos meses. Tenemos la educación, sobre todo la pública, a punto de estallar, con una amenaza de huelga en toda España en septiembre. Hay que tomárselo en serio, sentarse y acordar soluciones para mejorar y homogeneizar la calidad de la enseñanza en España, para conseguir que la educación de nuestros hijos y nietos no dependa de dónde vivan y de los ingresos de sus padres. Nos jugamos el futuro.

Curso 2025-26: menos alumnos y más diversos

Hace una semana que volvieron a clase 8,2 millones de niños y adolescentes, en 28.748 colegios e institutos, para iniciar un nuevo Curso escolar con algunas novedades y viejos problemas. Por segundo año consecutivo, habrá menos alumnos este Curso (-29.939), sobre todo en Infantil, Primaria y la ESO, por la caída de la natalidad. Y vuelven a aumentar los alumnos extranjeros (un tercio latinoamericanos), que ya suponen el 12,9% de los alumnos en Colegios e institutos, aunque concentrados en los Centros públicos y en el este de España. Mientras, sigue la escasez de financiación de la enseñanza pública, mayor en algunas autonomías, que impide reducir los alumnos por clase y contratar más profesores, mientras seguimos con una educación no universitaria de baja calidad, con un exceso de repetidores y abandonos. Y asistimos a un aumento de gastos educativos para las familias. Con todo, el mayor problema es la desigualdad educativa por regiones y centros, que exige medidas concentradas en apoyar a los centros y alumnos con más problemas.

                           Curso 2025-26: menos alumnos y más extranjeros

Este Curso escolar 2025-26 va a ser el segundo en este siglo en que bajará un poco el número de alumnos en colegios e institutos. Ya pasó el Curso pasado (2024-25), cuando hubo 13.245 alumnos menos en las enseñanzas no universitarias (desde infantil a Bachillerato y FP), concretamente 8.319.029 alumnos, según el Ministerio de Educación. Este nuevo Curso escolar se espera una bajada de alumnos mayor, sobre todo en los primeros cursos, por la caída de la natalidad sufrida en España desde 2009: -29.939 alumnos en enseñanzas no universitarias, un total de 8.289.090 alumnos, según el avance publicado por Educación. Eso sí, la mayor caída de alumnos se espera en los Centros públicos (donde estudian el 66,9% de los alumnos): el curso pasado, se perdieron 15.806 alumnos en los Centros públicos y se ganaron 2.561 en los concertados (donde estudian el 24,5% de los alumnos no universitarios) y privados (donde estudian el 8,6% del total de niños y adolescentes).

Yendo por cursos desde el inicio, la educación infantil de 0 a 2 años (que no es obligatoria) va a ser de las pocas donde crezcan los alumnos (se esperan 496.803 niños y niñas, +8.332 que el curso pasado),  debido a que el Gobierno y las autonomías aumentaron su financiación y las plazas públicas para que las familias envíen a los Centros a sus niños más pequeños, lo que hace que la tasa de escolarización a esta edad (0 a 2 años) ronde ya el 50%, una de las más altas de Europa. Siguiendo con el 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años), gratuito y no obligatorio, se espera otra bajada de alumnos este curso  (-18.959 alumnos), con un total de 1.059671 alumnos matriculados en este 2º Ciclo de infantil.

Los dos siguientes ciclos educativos (Primaria y ESO) son los que tienen más alumnos y donde también habrá menos este año, como el pasado, por la caída de la natalidad en las dos últimas décadas. En Primaria (6-12 años), se han matriculado este Curso  2.672.153 niños y niñas, 35.718 menos que el curso anterior (-1,3%, la mayor bajada de alumnos de toda la enseñanza). En Secundaria (12-16 años), la caída de alumnos este año será de -17.687 adolescentes (-0,8%), con 2.071.790 matriculados.

En los siguientes niveles educativos (Bachillerato y FP) se espera este curso un nuevo aumento de alumnos, como el curso pasado, debido a que estos jóvenes nacieron antes de la última caída de la natalidad. En Bachillerato (16-18 años), este curso se han matriculado 3.354 alumnos más (+0,5%), alcanzando los 707.788 alumnos. Y el gran salto se espera este curso en Formación Profesional (FP), “la enseñanza estrella” de los últimos años, debido a que las familias y sus hijos (sobre todo chicos más que chicas) han comprendido que es la mejor puerta al empleo. Este Curso estudiarán FP 1.218.347 alumnos, 28.971 más que el año anterior (+2,4%, el mayor aumento en el alumnado no universitario), porque han aumentado las plazas (más las privadas).

La pérdida de alumnos en la enseñanza no universitaria, por la caída de la natalidad, sería mayor si no fuera por los niños y jóvenes inmigrantes, que siguen creciendo en los Centros de enseñanza no universitaria. El curso pasado (2024-25) asistieron a colegios e Institutos un total de 1.125.860 alumnos extranjeros, el 12,9% del total de estudiantes no universitarios. Una cifra que no deja de crecer desde principios de siglo (205.000 estudiantes extranjeros en año 2000, el 3% del total) y sobre todo tras la pandemia (823.000 extranjeros, el 10% en 2021), según los datos de Educación. En muchos pueblos, este alumnado extranjero (el 38,8% de origen latinoamericano) ha permitido que no cierren colegios públicos y que se mantengan institutos, mejorando “la diversidad” de la enseñanza y la formación, aunque en otros lugares, este aluvión de alumnos extranjeros supone una carga adicional para Centros y profesores, complicando la enseñanza y deteriorando su calidad en algunos casos.

El problema del aumento de alumnos extranjeros es que están mal repartidos, tanto por regiones y ciudades como por Centros de enseñanza. Así, se concentran especialmente en el este de España, en zonas con gran peso de los servicios, el turismo y las tareas agrícolas (en las que trabajan sus padres): tienen un mayor porcentaje de alumnos extranjeros Baleares (19% del total), Comunidad Valenciana (18,5%), la Rioja (17,6%), Aragón (16,7%), Cataluña (16,5%), Murcia y Madrid (15,5%), mientras su porcentaje es bajo en Ceuta (3,6%), Extremadura (4,5%), Galicia (6,3%), Andalucía (7,5%), Melilla (8,2%(, Asturias (8,3%) y Castilla la Mancha (9%), según los datos de Educación.

Pero la mayor disparidad se da en la titularidad de los Centros donde estudian, dado que la mayoría lo hacen en Centros públicos, lo que parece consecuencia de una actitud discriminatoria ante los alumnos extranjeros de los centros concertados (que cobran cuotas, aunque dicen que no son obligatorias) y los privados. Los datos oficiales son muy concluyentes: en Primaria, los centros públicos tienen un 17,3% de alumnos extranjeros frente a un 11,7% los concertados y privados. Y en la ESO, el porcentaje de alumnos extranjeros es del 15,1% en los Centros públicos y el 11,4% en los privados. Y  por provincias, en Primaria hay 7 provincias donde el porcentaje de alumnos extranjeros en centros públicos es muy superior a la media (17,3%): Alicante (29% alumnos extranjeros en la pública y 16,2% en centros concertados), Lleida (27%), La Rioja (26,4%), Castellón (26,1%), Murcia (24,8% en centros públicos y 8,3% en privados), Girona (24,7%) y Teruel (24,6%).

Visto el panorama de alumnos esperado para este Curso 2025-2026 (menos alumnos pero más “diversos”, con más extranjeros), se esperan además algunas novedades educativas. Una de ellas, que será el 4º Curso en que se aplique la nueva Ley de Educación, la Lomloe (aprobada en 2020 y que se empezó a aplicar en el Curso 2022-2023), con lo que se graduarán de la ESO los primeros estudiantes educados con la nueva Ley, que pretende una educación menos “memorística” y más basada en potenciar habilidades, como defienden los expertos educativos y el Informe PISA, aunque los expertos creen que apenas se notará el cambio, porque hará falta más tiempo y el reciclaje de los profesores. 

Una novedad importante de este curso será que se evaluará el nuevo sistema educativo (la Lomloe), con la celebración de un examen (en la primavera de 2026) a una muestra de 35.000 alumnos de 6º de Primaria (elegidos en 1.000 Centros) para ver su "competencia" en Lengua, Matemáticas, Ciencia y Digital. Una especie de "Informe PISA español", que se repetirá en la primavera de 2027 con otra muestra de alumnos de 4º de la ESO. Otra novedad relevante es que empiece a aplicarse el Plan de refuerzo de matemáticas, anunciado en enero de 2024 y retrasado por la formación del profesorado y la escasez de recursos : este Curso se aplicará en 2.500 Centros de Primaria y Secundaria, desdoblando aulas y reforzando las clases con más profesores y una formación más personalizada. 

Además, en este Curso escolar se generaliza la prohibición del uso de móviles en infantil y Primaria en toda España, después de que ya lo estaban aplicando la mayoría de las autonomías, algunas incluso extendiendo la prohibición a la ESO, tras la propuesta aprobada en 2024 por el Ministerio y el Consejo Escolar del Estado. Una medida que busca mejorar la calidad de la enseñanza y reducir el acoso escolar, dado que el 76% de los niños españoles de 10 a 15 años tiene un móvil (y el 96% de los adolescentes de 15 años). Ahora, las autonomías estudian regular el uso de las tablets y portátiles en las aulas. 

Y en la Comunidad de Madrid se estrena este Curso una experiencia piloto interesante: se implanta en 300 colegios públicos una política de “patios y bibliotecas abiertas”: tras el final de la jornada lectiva, se permitirá a los alumnos proseguir en el centro (patio y biblioteca), vigilados por personal no docente que aportarán los 84 municipios donde se aplica (ojo: sólo se probará en un Centro educativo de Madrid capital, en Carabanchel).

Entre tanto, este nuevo Curso escolar arrastraremos los viejos problemas de la enseñanza no universitaria en España. El primero y fundamental, la falta de medios, derivada de una escasa financiación. El gasto en educación Primaria en España (10.181 dólares por estudiante) es un 15,4% inferior a la media europea (12.043 dólares) y en Secundarios es un 5.17% más bajo (12.541 dólares por estudiante frente a 13.225 dólares la UE-25 o 17.077 en Alemania), según el informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2024”. Y además de gastar menos en educación no universitaria, hay enormes diferencias en el gasto educativo por autonomías (879 euros por habitante en Madrid, 1015 en Cataluña y 1.592 euros el País Vasco). Eso obliga a las familias a gastar cada año más en educación (cuotas, material, comidas, transporte, extraescolares). Tal es así, que España es el país europeo donde las familias financian un mayor porcentaje de la educación de sus hijos: el 11,6% en Primaria (frente al 4,4% en Europa) y el 9% en Secundaria (frente al 5,4% en la UE-25).

La escasez de recursos se traduce en los altos ratios de alumnos por clase (20,7 en Primaria), 24,5 en la ESO, 25,7 en Bachillerato y en torno a 20 en FP) y en la falta de profesores: los sindicatos señalan que faltan unos 100.000 para apoyar a los 800.000 docentes que enseñan hoy en Colegios e institutos. Pero estos profesores no universitarios tienen otro problema más grave: su inestabilidad laboral, que acaba repercutiendo en la calidad de la enseñanza: 1 de cada 5 profesores no universitarios es interino, una tasa del 21,06% que supera el límite del 8% de interinos obligado ahora por Ley. Esta precariedad ya provocó huelgas y protestas en la enseñanza no universitaria el curso pasado y se esperan nuevos conflictos este curso, máximo cuando las recientes oposiciones (en junio 2025) a profesor de Secundaria han sido un fiasco: 1 de cada 4 plazas (16.647 convocadas) ha quedado desierta. Esto plantea la necesidad de cambiar el sistema y acelera la necesidad de aprobar el esperado Estatuto del docente, donde los sindicatos siguen esperando una propuesta del Gobierno.

Además de la inestabilidad laboral, los profesores se quejan de otro problema que también afecta negativamente a la enseñanza: la excesiva burocratización de la docencia. Por un lado, los profesores tienen un exceso de tareas no docentes y los equipos directivos de Colegios e Institutos dedican hasta el 70% de su tiempo a gestiones administrativas, restando tiempo a la labor docente y a la planificación de una enseñanza de más calidad. Y se quejan de que les faltan medios, recursos y profesores para centrarse en reforzar a los alumnos que más lo necesitan, sobre todo en Centros públicos con más niños y adolescentes de familias con menos recursos, desestructuradas o de origen extranjero.

Al final, todo este panorama se traduce en que tenemos una enseñanza no universitaria “manifiestamente mejorable”, de una calidad muy desigual, según el tipo de Centros y alumnos. Pero a nivel global, los resultados no son buenos. Lo indican los estudios PISA, que relegan a España en matemáticas y comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores: el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria primera etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Dos, el abandono escolar temprano, el altísimo porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios sin acabar Bachillerato o FP: 13% en España frente al 9,5% en la UE-25. Y tercero: el elevado porcentaje de jóvenes “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 17,8% en España y 12,9% en Europa.

¿Qué se puede hacer? Parece claro que hay que gastar más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP. Pero no sólo se trata de gastar más, sino de gastar “de otra manera”, gastando más en los Centros y ciudades donde hay más problemas, o bien por la situación socioeconómica de los padres o bien por el porcentaje de alumnos extranjeros, que necesitan una mayor atención (empezando por el idioma). Se trata de concentrar el gasto, los medios y los profesores en los alumnos con más problemas (hay más de 1 millón que necesitan apoyo, un 75% más que hace seis años, según CCOO) y en los Centros con un alumnado más “problemático”, para que no se queden atrás y acaben abandonando la enseñanza.

Eso exige que si algún día se debate un nuevo modelo de financiación autonómica, se tenga en cuenta no sólo la población de cada autonomía y su edad (el número de alumnos), sino el perfil de estos alumnos y los Centros, con una mayor colaboración entre Centros públicos y concertados o privados, que muchas veces discriminan a los alumnos más problemáticos. Hay que potenciar las clases de refuerzo y apoyar al profesorado, reduciendo al mínimo su precariedad laboral, con mejores sueldos y más tiempo para la docencia real. Y, sobre todo, debería haber una mayor colaboración entre el Ministerio de Educación y las autonomías, para homogeneizar la calidad de la enseñanza en España y que la educación de nuestros hijos y nietos no dependa de dónde vivan y de los ingresos de sus padres. Nos jugamos el futuro.

Curso escolar 2023-24: más alumnos y costes

Unos 8,3 millones de niños y adolescentes han vuelto a clase en 28.500 colegios e institutos, en un Curso escolar con novedades. La primera, que estudiarán 20.000 alumnos más, a pesar de la caída de la natalidad, por el aumento de la educación infantil (0-3 años), los alumnos hijos de inmigrantes y el récord en Formación Profesional (que supera por tercer año el millón de alumnos). Además, este curso se aplica totalmente la nueva Ley de Educación (Lomloe), con cambios en los contenidos de todos los cursos y la obligación de que todos los alumnos de FP hagan prácticas en empresas (algo complicado). Pero siguen faltando profesores y recursos para la enseñanza no universitaria, lo que obliga a que las familias españolas sean las que más gastan de Europa (aportan el 12% del gasto educativo), en un año donde sube la factura de libros, uniformes, transporte y comedor. Este menor gasto repercute negativamente en la calidad de la enseñanza, manifiestamente mejorable. Nos jugamos el futuro.

                 Enrique Ortega

Este nuevo Curso escolar  2023-24 marcará un récord de alumnos en las aulas de colegios e institutos, donde estudiarán unos 8.330.000 niños y adolescentes, 20.000 más que el curso pasado y una cifra récord desde el curso 1990-91 (cuando estudiaron 8.378.935 alumnos en las enseñanzas no universitarias, de infantil a Bachillerato). Se rompe así una tendencia de recorte de alumnos en los últimos cursos, por la caída de la natalidad en este siglo, lo que ha supuesto la pérdida de 450.000 alumnos de 0 a 15 años (en infantil, primaria y la ESO) en la última década, entre 2013 y 2023. Ahora, este curso se interrumpe la caída por tres causas: el aumento de la educación infantil (de 0 a 3 años), la presencia creciente de hijos de inmigrantes en los centros (sobre todo públicos) y el boom de la Formación Profesional (FP). 

El primer factor que aumenta los alumnos este curso es la mayor asistencia a los centros de enseñanza regulados de niños de 0 a 3 años, para cursar educación infantil: se esperan unos 475.000 niños escolarizados, lo que supone un empujón, dado que con la pandemia cayeron de 472.625 en 2019 a 388.974 en 2021. En los últimos 3 años, el Gobierno Sánchez ha distribuido 670 millones de euros entre las autonomías para que crearan 65.000 plazas de educación infantil gratuita (de 0 a 3 años, una franja en la que la educación no es obligatoria), en centros públicos y concertados. La consecuencia es que, ya en el curso anterior, España alcanzó un récord histórico de escolarización infantil (0 a 3 años) en centros autorizados, al margen de las guarderías: un 45,6% de los niños de 0 a 3 años. Con ello, somos uno de los paises con más tasa de escolarización infantil (23% en la UE y 27% en la OCDE), lo que resulta clave para el futuro: cuanto antes empiece la escolarización de los niños, mejores resultados educativos, según los expertos. 

El segundo factor que aumenta los alumnos este curso es que siguen creciendo los alumnos hijos de inmigrantes, con una mayor natalidad que las familias españolas. El curso pasado, los alumnos extranjeros en colegios e institutos ya rondaron el millón (944.992 en el curso 2022-23), cerca del 12% del total de alumnos, cuando sólo 5 años antes (curso 2017-2018) eran 687.774, el 8,5% del total (y sólo había 100.000 alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias, el 2% del total, en el curso 2000-2001). Sólo en Primaria, se han incorporado en los últimos 6 años casi 116.000 niños extranjeros. Esta mayor afluencia de alumnos extranjeros aporta una gran riqueza a la educación, al incorporar otras experiencias y culturas, pero también crea problemas por el idioma y la segregación. Sobre todo, porque estos alumnos extranjeros están concentrados en centros públicos  (el 76% del total: los centros concertados y privados acaban “segregándoles” por distintas vías) y en unas pocas autonomías (Levante, Cataluña, Madrid, Aragón, la Rioja Baleares y Canarias concentran un porcentaje de alumnos extranjeros superior al 15% del total de alumnos). 

Y el tercer factor de aumento de alumnos este curso es que sigue creciendo la matrícula de jóvenes en Formación Profesional, unos porque la prefieren al Bachillerato (son ya 7 años consecutivos en que se matriculan más jóvenes en FP que en Bachillerato) y otros porque habían dejado de estudiar y vuelven a hacerlo para estudiar FP, porque ofrece más garantías de empleo futuro. La realidad es que este será el tercer curso escolar en que la FP superará el millón de alumnos matriculados, con 1.132.364 alumnos matriculados, un 35% más que hace 4 años (se matricularon 838.764 en 2018-19). Dos tercios de estos alumnos de FP se han matriculado en centros públicos (unos 775.000), pero lo que más crece es la matrícula de FP en centros privados (más de 300.000 alumnos ya), ante la falta de plazas en los centros públicos. De hecho, los centros concertados se están volcando en ofrecer nuevas titulaciones de FP, con un alto coste, ante la escasez de plazas públicas. E incluso hay Fondos de inversión que apuestan por crear centros de FP, como un gran negocio educativo, mientras los sindicatos denuncian que hacen falta 300.000 nuevas plazas públicas de FP. 

Además de tener más alumnos, otra novedad de este Curso escolar 2023-24 es que se completa la aplicación de la nueva Ley de Educación (la Lomloe, Ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006, la LOE), la 8ª Ley de Educación de la democracia, aprobada en diciembre de 2020, con los votos en contra de Ciudadanos, Vox, regionalistas y el PP, que amenaza con derogarla si llega a la Moncloa. A pesar de las reticencias de las autonomías gobernadas por la derecha, la Lomloe avanza y se aplica: el curso pasado se revisaron los contenidos de los cursos impares de Primaria, ESO y FP básica y este curso 2023-24 se aplicará a los contenidos de los cursos pares (2º,4º y 6º).

El cambio que pretende la nueva Ley (Lomloe) es modificar el anterior sistema de enseñanza, para que ahora se base menos en la memoria y más en aprender competencias y habilidades, donde los alumnos españoles están a la cola de la OCDE, según el informe PISA. Por ello, se han cambiado los contenidos de las asignaturas, para que los centros cambien lo que hay que enseñar y cómo evaluarlo (reglas para suspensos y repeticiones de curso). El problema ahora es que los contenidos serán diferentes entre regiones, porque los distintos Gobiernos autonómicos aprueban ahora entre el 40 y el 50% de los temarios, siendo el resto de contenidos (comunes) elaborados por el Ministerio de Educación. Ahora, con la derecha (y Vox) gestionando los gobiernos de 11 autonomías, ya se han planteado polémicas por los contenidos de algunas asignaturas (Historia, Valores Cívicos, Sostenibilidad…). 

Otro cambio importante en este curso 2023-24 se va a dar en Formación Profesional, al aplicarse ya totalmente la nueva Ley de FP, que se aprobó en septiembre de 2021, con el voto en contra del PP y Vox y la abstención de ERC. Además de reformularse los cursos de FP, este año se hace obligatoria la formación “dual” para todos los alumnos de FP. Eso significa que el millón largo de alumnos de todos los cursos tendrán que cursar entre el 25 y el 35% de sus estudios (unas 500 horas anuales) haciendo prácticas en empresas, algunas remuneradas. Eso puede crear este curso “un tapón”, ya que hace falta que los Centros firmen acuerdos con cientos de miles de empresas para que colaboren con las enseñanzas de FP. Pero a la vez es la gran esperanza de reducir el paro juvenil (casi un 30% en España).

Además de estos cambios, preocupa otra vez este Curso escolar  2023-24 la falta de profesores y la tremenda precariedad de un tercio de sus contratos. En julio de 2023 fueron despedidos 110.000 profesores interinos, para no pagarles las vacaciones. Y ahora en septiembre, ha habido retrasos para recontratarlos y configurar las plantillas, lo que ha provocado que muchos centros iniciaran este curso sin toda la plantilla, sobre todo en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla la Mancha. Y los sindicatos reiteran que faltan profesores, que se han perdido parte de los docentes de refuerzo contratados por la pandemia: CCOO pide un aumento del 15% de las plantillas, 100.000 docentes más. Y sobre todo, piden reducir la enorme precariedad: un tercio de los 760.000 profesores de colegios e institutos son interinos o tienen un contrato temporal (además de estar mal pagados). 

Además de la falta de profesores, urge atajar la deficiente calidad de la enseñanza no universitaria en España, sobre todo en los centros públicos. Los indicadores revelan que tenemos un serio problema educativo: alto porcentaje de repetidores, un 7,6% en ESO (la tasa más alta en Europa donde sólo repiten el 2,2%), que es del 9,2% en los centros públicos y del 4,3% en los concertados y privados, un alto porcentaje de fracaso escolar temprano (17,8% de jóvenes de 18 a 24 años que no han terminado la ESO obligatoria, frente al 9,3% en la UE-25) y un altísimo porcentaje de “ni-nis”, jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan (17% en España frente al 13,7% en la UE-25). Y unos peores resultados educativos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, según todos los informes PISA.

Unos mediocres resultados educativos, muy dispares por autonomías, que contrastan con el hecho de que los estudiantes españoles den más horas de clase que sus compañeros europeos, según el último informe de la OCDE 2022: +7,3% de horas en Primaria y un +30% en Secundaria. Los expertos critican que este exceso de horas de clase, para cumplir temarios demasiado extensos, quita recursos (profesores y horas lectivas) para dedicarlos a refuerzos y desdobles, a reducir los alumnos por clase y ampliar las extraescolares. En general, los recursos se concentran en los alumnos sin problemas y no hay posibilidad de atender mejor a ese porcentaje creciente de alumnos que necesitan más seguimiento y atención y que son el núcleo que genera repetidores y abandono escolar. Sobre todo en los centros públicos, dotados de menos recursos y de más alumnos problemáticos. 

Y entramos en el meollo del problema, la falta de recursos y Presupuesto. En líneas generales, España gasta menos en educación que la mayoría de Europa y la OCDE, también en la enseñanza no universitaria: gastamos un 3% del PIB (1,3% en Primaria y 1,7% en Secundaria) frente al 3,2% de media en la UE-22. El gasto total por estudiante de Primaria es de 8.580 euros en España, frente a 10.141 euros en la UE-22 (10.622 en Alemania y 9.312 en Francia). Y en Secundaria el gasto educativo por alumno es de 10.706 euros, frente a 11.673 de media en la UE-22 (14.930 euros en Alemania y 13.475 en Francia), según el Informe 2022 de la OCDE. Y encima de gastar menos en colegios e Institutos, el gasto es muy desigual por autonomías: sólo gastan 899 euros por alumno no universitario en Asturias y 938 en Madrid, frente a 1.489 en Euskadi y 1.294 en Navarra, según la AIREF. 

Además, hay varias autonomías que apuestan por financiar y apoyar la enseñanza concertada, en perjuicio de la enseñanza pública, que está perdiendo alumnos en colegios e institutos. Así, en el último curso con datos oficiales (2020-21), el 67,3% de los alumnos no universitarios (de infantil a Bachillerato) estudiaban en centros públicos (frente al 71,5% en 2008), un 25,2% en concertados y un 7,6% en centros privados. Pero hay autonomías donde los alumnos en centros concertados y privados casi llegan a la mitad: País Vasco (48% en concertados y 1% en privados), Madrid (29,6% en concertados y 15,8% en privados), Navarra (32,8% en concertados y 1,5% en privados) o Cataluña (25,9% en concertados y 9,1% en privados). Y otras autonomías donde los alumnos en centros públicos rondan o superan el 80%, como Castilla la Mancha (83,2%), Extremadura (80%) o Canarias (76,4%). 

Este menor gasto en educación en España, sobre todo gasto público en los centros públicos, se compensa con un mayor gasto de las familias: España es el país europeo donde aportan más, un 12% del gasto educativo total (de Primaria a Bachillerato), frente a sólo el 5% en la UE y el 7% en la OCDE, según el informe Education at a Glance 2022. Además, en los últimos años, estos pagos educativos de las familias se han disparado con la inflación. Y este curso, el gasto por niño de la vuelta al cole ha rondado los 500 euros, según la OCU, por la subida de libros, material escolar y uniformes, a los que sumar las subidas en el transporte escolar, extraescolares y comedor escolar. Aquí tenemos un grave problema, según Save the Children: sólo el 11,2% de los colegiales reciben ayudas para el comedor escolar cuando hay un 27,4% de niños en situación de pobreza. Eso sí, el Presupuesto para becas (2.520 millones), que reciben un millón de estudiantes, creció en 1.000 millones desde 2018.

Hasta aquí el panorama educativo y los problemas de fondo con los que ha empezado este nuevo Curso escolar 2023-2024: cambios educativos, falta de medios y profesores, escasez de Presupuesto y muchas desigualdades por autonomías, con un resultado educativo manifiestamente mejorable. ¿Cómo mejorarlo? El Gobierno le pidió a la OCDE que analizara nuestro sistema educativo y propusiera soluciones, que se presentaron en junio: identificar los centros educativos con más peso de familias desfavorecidas y con bajas rentas y concentrar en ellos más recursos (dinero y profesores), premiando a los docentes que los elijan, mejorar la formación y reducir la precariedad del profesorado, reforzar horarios y atención del alumnado más vulnerable y potenciar al máximo la Formación Profesional. Acciones concretas que habrá de aplicar el próximo Gobierno, aunque ya será el curso que viene. Mientras, la urgente mejora de nuestra deficiente educación está en manos de las autonomías, que han de gastar más y mejor en educación, apostando por la enseñanza pública. Nos jugamos el futuro.

El curso escolar de la mascarilla

Esta semana vuelven a las aulas la mayoría de los 8,25 millones de niños y adolescentes que estudian en colegios e institutos. Será otro curso “extraño”, donde los alumnos irán con mascarilla y los 30.000 centros se reconvertirán para reducir contagios. Pero lo hacen sin medios: no les han llegado los 2.000 millones prometidos por el Gobierno ni han contratado más profesores (sólo 20.000 de los 30.000 prometidos, cuando faltan 70.000) y sin material informático para impulsar la enseñanza online (hasta finales de septiembre no les llegan los 500.000 ordenadores prometidos). Y con un reparto de alumnos por aula diferente en cada autonomía. Así que la vuelta a clase será un riesgo más de contagios, que intentarán paliar los centros y familias, que esperan nuevas ayudas para cuidar niños en cuarentena. Al final, el coronavirus revela lo vulnerable que es nuestra educación, tras años de recortes: sin medios, sin inversión, sin digitalización. Hay que aprovechar la pandemia para volcarse en los colegios y cambiar el modelo educativo (manifiestamente mejorable).

enrique ortega

Por una vez, íbamos a ser un país previsor: el 11 de junio, el Ministerio de Educación y las 17 autonomías fijaron unas normas comunes para abrir los colegios este curso (sólo con la oposición o abstención de Madrid, Euskadi y Cataluña). Se publicaron en el BOE el 24 de junio, dos meses y medio antes del comienzo de curso, con tiempo para que las autonomías y los colegios se prepararan. La recomendación era crear grupos de 15 niños hasta 4º de Primaria (grupos “burbuja”, aislados del resto) y 20 alumnos por clase en el resto, lo que suponía hacer desdobles de clases y buscar nuevos lugares para colocar los nuevos grupos. Y en los casos de alumnos más mayores, una enseñanza presencial y online. Y para facilitar esta reconversión, el Gobierno prometía a las autonomías un Fondo de 2.000 millones de euros, a repartir según el número de alumnos de cada región (ver reparto del Fondo por autonomías).

Hasta ahí todo bien. El problema han sido los rebrotes y la segunda oleada de contagios en julio y sobre todo agosto, con lo que la vuelta al cole se complica: porque cuando se publican las normas (finales de junio) hay 141 nuevos contagios diarios y el 14 de agosto tenemos ya 2.987 contagios diarios (22 veces más). Y las familias y la opinión pública se asustan sobre la vuelta al cole en estas condiciones. Y sobre todo los centros, porque directores y profesores saben que no se ha hecho casi nada: ni se han preparado los desdobles, ni se han hecho nuevas contrataciones ni han mejorado las plataformas informáticas. Las autonomías no han avanzado en los protocolos y los 2.000 millones no han llegado.

El 25 de agosto, el presidente Sánchez comparece para llamar a la calma, para comprometerse a que la vuelta al cole será “segura”. Y el Gobierno (ministerios de Educación y Sanidad) y las autonomías vuelven a reunirse, el 27 de agosto, para aprobar otras normas de vuelta al colegio (como si no estuvieran las del 11 de junio), a la vista de la 2ª oleada de contagios y de los medios realmente disponibles. Y aprueban 29 medidas y 5 recomendaciones (verlas aquí) que, en esencia, son las de junio más una importante: la obligación de que los alumnos lleven mascarilla a partir de los 6 años. Y normas más estrictas de distanciamiento e higiene, más test masivos a profesores. Pero ya no se habla de 20 alumnos por clase, porque se sabe que es imposible conseguirlo en días, dado que no se han contratado los 30.000 nuevos profesores previstos ni ha llegado el dinero para los desdobles y el reforzamiento de la enseñanza digital.

Con estas segundas normas, que ahora apoyan todas las autonomías, cada Gobierno regional aprueba unas normas propias, con criterios comunes pero con muchos otros diferentes (ver aquí). En especial, los ratios, el número de alumnos por clase. Así, Madrid aprueba 20 alumnos por clase en infantil y primaria (en junio se recomendaban 15), lo mismo que Asturias, la Comunidad Valenciana o Murcia, mientras Galicia, Murcia, Navarra y Castilla y León aprueban 25 (y Castilla y León entre 22 y 25). Y en el caso de 1º y 2º de la ESO, bajan los alumnos de 30 a 23, mientras otras autonomías los dejan entre 25 y 30 (cuando en junio se recomendaban 20). El problema es que las autonomías y sus centros educativos no han preparado los “desdobles” (hacer de 2 clases 3, por ejemplo), porque eso exige invertir en obras en los centros y contratar más profesores.

Para eso estaba destinado el Fondo de 2.000 millones (a fondo perdido, sin tener que devolverlos) que el Gobierno Sánchez aprobó el 16 de junio. Pero ese Fondo no ha llegado y todo apunta a que Hacienda no lo transferirá hasta finales de septiembre. Con ese dinero, las autonomías iban a promover obras de trasvase y contratar 30.000 nuevos profesores para los centros públicos y concertados (1,5 profesores por centro, muy poco). Y ahora, cuando el curso comienza, sólo se han contratado unos 20.000 profesores de refuerzo (con cargo a las debilitadas cuentas autonómicas), básicamente en la Comunidad Valenciana y Asturias (Madrid prometió contratar 10.000, pero no han llegado).

Sin desdobles y sin más profesores, los centros educativos han tirado de imaginación para repartir alumnos y guardar distancia de seguridad, a costa de un mayor trabajo de los profesores y la colaboración de alumnos y padres. La mayoría tampoco puede contratar una enfermera/o, que ayudaría a la prevención: en Madrid, por ejemplo, sólo el 20% de los centros educativos cuentan con un enfermero/a. Y los centros han tenido que pedir a los Ayuntamientos ayuda para la limpieza y desinfección continua que necesitan.

Otra inversión que no se ha hecho en la mayor parte de centros es en crear plataformas online para la enseñanza a distancia, que podría complementar la enseñanza presencial a partir de 2º de la ESO. Muchos centros carecen de los medios necesarios, al igual que muchos alumnos, sobre todo los de familias más desfavorecidas. De hecho, España está a la cola de la OCDE en accesibilidad a la educación online: ocupamos el puesto 24º en un estudio sobre 30 paises desarrollados, con un 78,4% de alumnos que tienen ordenador en casa, frente al 95% en Noruega, el 97,6% en Holanda, el 92,9% en Alemania, el 84,1% en Francia o el 72,5% en Italia. Y además, somos el 14º país con el acceso a Internet más caro. Para paliar este retraso digital, el Gobierno aprobó el 16 de junio el Plan Educa Digital, para dotar a los colegios de 500.000 ordenadores y tablets. Pero no ha llegado ninguno y se retrasarán hasta finales de septiembre o en octubre, por problemas en los contratos de suministros.

Al final, mejorar la seguridad de los centros educativos ante el COVID 19 no es sólo cuestión de mascarillas y distancia de seguridad: exige invertir. Para reducir los alumnos por clase a 20, habría que contratar 70.746 profesores (no los 30.000 previstos), según un reciente estudio de CCOO. Y además, hay que invertir en renovar físicamente los centros, en crear plataformas digitales, comprar equipos informáticos y ordenadores para los alumnos más vulnerables, una factura total que CCOO estima en 4.666 millones de euros.

Y no basta con esto. La pandemia y la vuelta a clase va a afectar mucho a las familias, sobre todo cuando aparezcan brotes en algunas aulas y centros, que obliguen a la cuarentena de alumnos y al posible cierre temporal de clases y centros. Por eso, se va a ampliar el Plan MeCuida, que hasta el 20 de septiembre permite a los padres negociar con la empresa una reducción de horario (incluso hasta el 100%) en caso de que se tengan que quedar en casa para cuidar un hijo que está en cuarentena. Y también es posible reducir la jornada laboral (reduciendo el salario). Pero el Gobierno estudia ir más allá y quiere aprobar pronto una medida nueva: que los padres se cojan una baja laboral en caso de cuarentena de sus hijos (aunque tengan PCR negativa). La medida exigirá que esa baja la pague la Seguridad Social (ahora la pagan las empresas los primeros días y no quieren) y puede crear un problema a los médicos de familia que la dan y que están hoy saturados de trabajo.

Al final, los colegios, las familias, las autonomías y el Gobierno “cruzan los dedos” para que la vuelta a las aulas no dispare los contagios. Hay dos cosas claras. Una, que las medidas de prevención tomadas en los colegios son incluso mayores que en otros ámbitos, desde la calle a los centros de trabajo a los transportes y la hostelería. Y la otra, que los contagios en niños son bajos: sólo el 3,4% de los niños diagnosticados de COVID 19 contagiaron a sus familiares, según un reciente estudio realizado por el Hospital Vall D´Hebron. En cualquier caso, son 8.250.000 niños y adolescentes, junto a sus familias, un colectivo demasiado grande como para no preocuparse seriamente. Pero la otra opción, cerrar los colegios, es demasiado drástica y les afectaría muy profundamente. Así que hay que elegir entre los riesgos y la necesidad ineludible de educar a nuestros hijos.

Eso sí, habría que aprovechar esta pandemia para cambiar la educación que tenemos  porque es claramente mejorable: somos líderes en Europa en abandono escolar,  tenemos el tercer mayor porcentaje de alumnos repetidores y estamos en el puesto 17 de 19 paises europeos en el informe PISA. Y todo ello, por nuestra baja inversión en educación (el 4% del PIB frente al 5% de media en Europa: 11.000 millones menos de gasto cada año) y por el modelo de enseñanza que tenemos, demasiado “memorístico” y asentado en enormes temarios más que en desarrollar habilidades y fomentar el razonamiento. Quizás ahora, cuando los colegios se plantean cómo rehacer los temarios (el tercer trimestre del curso pasado no se dio completo, al estar los colegios cerrados y hacer la enseñanza online), sea el momento de reajustar los programas, centrándose en enseñar lo fundamental y desarrollar que los alumnos busquen, discurran, piensen, no sólo memoricen. Y a todo eso puede ayudar la enseñanza online, en las edades superiores: trabajos conjuntos, investigaciones, análisis… Una enseñanza más útil para lo que les van a exigir mañana los nuevos trabajos.

Pero, sobre todo, hay que aprovechar la pandemia para volcarse en la educación, que ha estado desatendida estos años y ha sufrido especialmente los recortes (como la sanidad): la educación perdió 9.000 millones de euros entre 2008 y 2015, con 2.214 docentes menos que hace una década y un 62% más de profesores precarios que en 2009. Y además de gastarse poco en educación, se gasta de forma muy desigual por autonomías: el País Vasco invierte 6.502 euros por alumno, un 60% más que Madrid (3.945 euros por alumnos). Es hora de negociar  un Pacto de Estado por la Educación, para acordar un suelo de gasto (el 5% del PIB), más medios y más profesores, y sobre todo pactar un nuevo modelo de enseñanza, al margen de la política. De hecho, en el Congreso se está debatiendo la nueva Ley de Educación, la LOMLOE (la 8ª de la democracia), aprobada por el Gobierno el 3 de marzo, y cuenta con la oposición del PP, Vox y Ciudadanos. Habría que intentar acuerdos políticos para que si se aprueba, ya para el curso 2021-2022, sea por casi unanimidad.

En definitiva, que hay que volver al cole, aunque la seguridad al 100% sea imposible y los riesgos parezcan enormes. Pero hay que exigir al Gobierno y las autonomías que se coordinen más, que doten a los centros de medios, profesores y equipos informáticos y que ayuden a las familias a conciliar el trabajo con ser padres. Tenemos muchos retos como país, pero las 2 prioridades deben ser la salud y la educación. En eso hay que volcarse.

Curso escolar 2018-19: cambios retardados

Esta semana, casi 8,2 millones de niños y jóvenes empiezan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán 21.700 profesores más, aunque un 30% serán interinos, el doble que en 2011. Y no se han superado los recortes: hay menos gasto en educación que en 2009, con grandes diferencias entre autonomías. Y siguen faltando plazas en guarderías públicas, lo que dificulta que las mujeres trabajen. Lo nuevo será que el Gobierno Sánchez aprobará este viernes14 de septiembre un proyecto de Ley educativa que derogue los recortes ligados a la LOMCE (aprobada en solitario por el PP en 2013), como los alumnos por clase, el horario docentes o la religión. Pero los cambios de esta nueva Ley educativa (la 8ª de la democracia), no entrarán en vigor hasta el próximo curso 2019-2020. Y eso si se aprueba, porque si no consigue mayoría o convocan elecciones, no habrá cambios educativos hasta 2020. Un drama para un país líder en abandono escolar, baja formación de adultos y desempleo. Urge un pacto educativo, sin perder dos años más.

enrique ortega

Otro curso más, aumentarán poco los alumnos de enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta rondar los 8.178.000 niños y jóvenes en colegios e institutos este curso 2018-2019, unos 723.000 más que hace 10 años. Volverán a bajar los niños en educación infantil  (unos 1.768.000), sobre todo por la caída de la natalidad en 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Se mantendrá la cifra de los que estudian en primaria, los más numerosos (2.945.000), aumentarán sobre todo los alumnos de la ESO (1.945.000) y seguirán bajando los alumnos de Bachillerato (675.000), que, otro año más, serán superados por los alumnos que estudian Formación Profesional (FP), unos 845.000 alumnos.

Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este curso en colegios e institutos públicos (el 67,26% de los centros educativos), aunque año tras año sigue ganando peso la enseñanza concertada y la privada (sobre todo en enseñanza infantil y en la ESO), especialmente en algunas comunidades: País Vasco (el 49,2% de los centros de enseñanza son concertados o privados), Madrid (45,9%), Navarra (35,6%), Cataluña (34,7%) y Baleares (33,1%), mientras hay autonomías con bajo peso de la enseñanza privada o concertada, como Canarias (24,4%), Andalucía (26,2%), Galicia (27,7%), Asturias(28,5%) y Cantabria (29,3%), según los datos 2017-18 del Ministerio de Educación. En los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada/privada han ganado unos 50.000, según un informe de CCOO, gracias a las ayudas y subvenciones de algunas autonomías.

La mayor novedad de este curso 2018-19 es que los alumnos van a encontrar 21.700 nuevos profesores, que aprobaron oposiciones en junio y julio, aunque casi 2.000 quedaron fuera, un 8,94% de los presentados, mientras en algunas autonomías el porcentaje de no admitidos fue tremendo: 29,6% en Ceuta, 26,8% en Euskadi, 24,7% en Melilla o 20,4% en Madrid (449 de 2.200 plazas). Con estos nuevos docentes, habrá en España unos 720.000 profesores en colegios e institutos, de ellos 535.000 en centros públicos, unos 40.000 más que en 2009. Pero este dato es engañoso, porque las plantillas de profesores han crecido estos años con contratados (de 77.718 en 2011 a 150.210 en 2017), mientras se recortaban drásticamente los profesores con plaza fija: de 425.668 a 365.683, casi 60.000 menos. En definitiva, que los chavales tienen más profesores pero un 29,12% son interinos, según el último informe de CCOO. Y un 40% dan clase media jornada, mientras 32.000 son despedidos cada mes de junio para contratarles en septiembre. Mucha precariedad.

Pocos más alumnos, pocos nuevos centros y más profesores para un curso escolar 2018-19 con pocas novedades para alumnos y familias. El Gobierno Sánchez ha prometido aprobar en el próximo Consejo de Ministros, el 14 de septiembre, un proyecto de Ley  que revierta los principales recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en abril de 2012 (Real decreto 14/2012) y los cambios educativos aprobados luego en la LOMCE (la Ley de educación aprobada en solitario por el PP en 2013). Pero los cambios no entrarán en vigor (si logra mayoría simple para aprobarlos) hasta el próximo curso 2019-2020, según ha reconocido la ministra de Educación.

Los dos principales cambios son para revertir los recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en 2012, con el real decreto14/2012. Por un lado, se reducirán otra vez los alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% en 2012 (de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en la ESO), siendo las autonomías las que fijarán los alumnos por aula, recorte que ya han puesto en marcha este curso Andalucía y Extremadura y que podrían hacer otras más este curso. Por otro, se reducirán las horas de clase de los docentes, tras haberse aumentado en 2012 (25 horas semanales en infantil y primaria  y 20 horas mínimas en ESO, Bachillerato y FP). El tercer cambio, que habrá que sustituir a los profesores que se cojan la baja al día siguiente y no a los 10 días como ahora, será el único cambio que podría implantarse en el momento de aprobarse la nueva Ley (a principios de 2019), sin tener que esperar al próximo curso.

Otro cambio en la LOMCE que estudia aprobar el Gobierno Sánchez es que la religión no sea una asignatura evaluable y no cuente para la nota media, mientras se aprueba una nueva asignatura obligatoria: “Valores cívicos y éticos”. Además, se confirma que no habrá reválidas (en 4º ESO y final de Bachillerato), aunque se mantiene la prueba de acceso a la Universidad. Además, la ministra de Educación ha prometido derogar los itinerarios segregadores a los 13 años (elegir Bachillerato o FP), recuperar las ayudas a alumnos con problemas y mejorar la formación de profesores, recuperando la participación de la comunidad educativa en los Consejos escolares y modificando los criterios de selección de directores de centros públicos, dos temas claves de organización docente que cambió la LOMCE del ministro Wert.

Otro cambio que se anuncia para el siguiente curso (2019-2020) es el sistema de becas, dado que la reforma impuesta por el ministro Wert en 2013 (más becas con menos importe y nuevos requisitos) ha provocado protestas de alumnos y familias. Mientras, este curso 2018-2019, el Gobierno Sánchez aprobó en julio 10 millones de euros más para becas (unos 1.400 millones en total), lo que supone un aumento de 100 euros anuales por becario. A esas ayudas hay que sumar las becas de las autonomías, una oferta muy dispar, donde algunas subvencionan la compra de uniformes mientras en otras faltan recursos para comedores, libros y transporte.

Mientras docentes, alumnos y familias esperan que se apruebe o no otra Ley educativa (sería la 8ª de la democracia), el gran problema de fondo de la educación en España sigue siendo la falta de recursos públicos, sobre todo de las autonomías, que financian el 85% de la educación pública en España. Este año 2018, el gasto público en educación rondará los 48.000 millones de euros, todavía menos dinero que en 2009, antes del ajuste (53.374 millones en educación), a pesar del esfuerzo de algunas autonomías por subir su presupuesto educativo estos tres últimos años. Con ello, España ha bajado drásticamente su esfuerzo educativo, pasando de gastar el 4,99% del PIB en 2009 al 4,32% en 2014 y el 4,1% en 2018, según Educación. Un gasto educativo que queda muy por debajo de la media europea (4,7% del PIB en la UE-28), de países punteros como Dinamarca (6,9%), Suecia (6,6%), Finlandia (6,1%) y Francia (5,4%) e incluso de Reino Unido (4,7% del PIB) o Alemania (4,2%).

Los recortes han supuesto menos dinero para la educación pública (menos profesores con plaza y más precariedad laboral, pocos centros nuevos y recorte del gasto en educación compensatoria y para alumnos con problemas educativos), pero han aumentado las dotaciones públicas a la escuela concertada, vía subvenciones y cheque escolar para educación infantil y FP, según un informe de CCOO. Y todas las autonomías, mientras recortaban sus presupuestos, han aumentado el porcentaje del gasto que dan a la enseñanza concertada: 5.915 millones anuales, un 14,1% del gasto público en educación, un porcentaje que aumenta en el País Vasco (un 24,4% del gasto público en educación va a los centros privados y concertados), Navarra (21,1%, Madrid (19,6%), Baleares (19,3%) y Cataluña (17%), mientras es un porcentaje bajo en Extremadura (8%), Canarias (8,1%), Castilla la Mancha (9,1%) y Andalucía(10%), según Educación.

Pero quizás el mayor problema es que los recortes en educación han mantenido las diferencias de gasto entre autonomías, configurando una España con 17 sistemas educativos, desigualmente financiados. Así, el País Vasco gasta en educación no universitaria 8.973 euros por alumno, casi el doble que Madrid (4.593 euros), una diferencia que ya se daba en 2009 (9.530 euros frente a 4.842). Las otras 9 autonomías que, junto a Euskadi, gastan más que la media española (5.436 euros/alumno) son  Navarra (6.951 euros), Asturias (6.679), Cantabria (6.595), Galicia (6.460), Castilla y León (6.399), Extremadura (6.255), Baleares (5.917), La Rioja (5.863) y Aragón (5.631), según las estadísticas de Educación (con datos 2015). Y gastan menos que la media, además de Madrid, Andalucía (4.735 euros/alumno), Castilla la Mancha (4.885), Murcia (5.074), Canarias (5.102), Cataluña (5.197) y la Comunidad Valenciana (5.246). Y un dato preocupante: sólo 3 de las 17 autonomías gastan más hoy en educación que en 2009: Madrid, Aragón y Extremadura.

El recorte del gasto público en educación se ha traducido en un aumento del gasto educativo de las familias: ha subido de 9.013 millones en 2009 a 12.290 millones en 2016, un 36% más, según los datos de Educación. Esto se debe a un aumento de los costes de matrícula, libros, comedor, transporte y diversas actividades escolares y extraescolares, junto al recorte de becas y ayudas. Y mucha de la factura se debe al elevado coste de las guarderías, de la educación de 0 a 3 años, donde faltan plazas públicas subvencionadas y han subido mucho las guarderías privadas. El resultado es que más de 200.000 familias no pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil, según los datos de la Asociación AMEI.

En definitiva, tenemos una educación con recursos recortados, pocos profesores y una oferta muy dispar, por autonomías y tipos de centros. No basta con cambiar la LOMCE, si se consigue. Habría que alcanzar de una vez un pacto educativo basado en recursos y reformas. Un pacto que garantizara un gasto público educativo del 5% del PIB, lo que supondría gastar en educación 10.000 millones más, en un plazo por ejemplo de 5 años (2.000 millones más al año). Eso exige subir la recaudación (no bajar impuestos como defienden PP y Ciudadanos) y modificar el sistema de financiación autonómica, creando un Fondo de compensación para que todas las autonomías gasten lo mismo y no haya “educación de primera y de segunda”.

Pero no sólo hace falta más dinero para la educación. Hacen falta más profesores, unos 150.000 más en cinco años según los sindicatos, para reducir la precariedad (bajar los interinos del 29 al 8%), cubrir los despedidos y los jubilados. Y, sobre todo, gastarse más en formar mejor a los profesores, volviendo a la idea de “un MIR para docentes”. Y conseguir que tengan empleos estables y bien pagados, porque su trabajo es básico para el futuro. Y hace falta pactar una reforma educativa estable, para varias décadas, atendiendo a las propuestas de la comunidad educativa (docentes, centros, alumnos y familias). Una reforma que ayude a los alumnos con problemas y se centre en una educación de calidad, ligada al empleo y a la revolución tecnológica que nos amenaza.

Todo el mundo dice que “la educación es la clave del futuro”, pero los políticos son incapaces de alcanzar un pacto educativo, que España necesita más que el resto de Europa, al menos por tres razones de peso. Una, porque somos líderes europeos en abandono escolar, tras Malta: el 18,3% de los jóvenes abandonan sus estudios, frente al 10,6% en Europa, según Eurostat. Dos, que el nivel de competencias de nuestros jóvenes, en matemáticas o comprensión lectora, son bajos, según el informe PISA. Y tres, que los españoles tienen un bajo nivel educativo: el 41,7% de los adultos tiene un nivel educativo bajo (sólo la ESO o ni siquiera) frente al 20,3% en Europa, un 22% tiene formación media (Bachillerato y FP básica) frente al 46,4% en Europa y un 35,7% alta (universitarios o FP Superior) frente al 33,4% en Europa, según el informe Education at a Glance 2017 de la OCDE. Tres datos que explican bien por qué España tiene el doble de paro, general (15,1% frente a 6,8%) y juvenil (33,4 frente a 16,6%), que Europa.

Recapitulando. Otro curso escolar atados a la polémica LOMCE y otro curso escolar sin pacto educativo, sin los recursos y profesores suficientes para que nuestros hijos y nietos reciban una educación de calidad. Con los políticos en sus peleas, mientras las familias tratan de pagar la educación de sus hijos y que aprueben y los centros educativos tratan de hacer equilibrios para tapar agujeros y cubrir deficiencias, con profesores precarios y mal pagados. No podemos permitirnos seguir así, jugarnos el futuro con una educación deficiente. Sobre todo la pública, cada vez más devaluada. Otro curso más, urge mejorar la educación. Una demanda de todos, que no puede demorarse uno o dos años.