La mitad del crecimiento, por los inmigrantes

El 1 de enero vivían en España 10 millones de personas nacidas en el extranjero, frente a 1,4 millones el año 2.000 y los 7 millones de 2020. Un aluvión de extranjeros que la derecha rechaza pero que han evitado el colapso del país, porque los nacidos en España caen desde 2012. Los nacidos fuera son ya el 21,35% de los trabajadores y eso ha aumentado cotizaciones, ingresos fiscales y el consumo: entre 2022 y 2025, casi la mitad (el 47%) del crecimiento español ha sido por los inmigrantes, que además usan menos la sanidad y otros servicios públicos. Y como la población autóctona seguirá cayendo, seguirán llegando extranjeros: serán el 35% de la población en 2050. Por eso, el Gobierno ha aprobado una regularización (residencia) para 500.000 inmigrantes que ya están aquí e intenta ordenar la entrada legal de inmigrantes (la inmigración ilegal cayó un 42% en 2025). Ahora, el reto es integrar a esta quinta parte de la población, por justicia y por economía. Los necesitamos.

                         Enrique Ortega

España era, el siglo pasado, un país de emigrantes: en 1970, 2,4 millones de españoles trabajaban en Europa y el resto del mundo, mientras aquí sólo vivían unos 250.000 extranjeros. Con el fuerte crecimiento de los años 90, volvieron los españoles y llegaron más extranjeros, hasta 1.472.458 habitantes nacidos fuera en el Censo del año 2.000 (el 3,63% de la población). A partir de ahí, los extranjeros han crecido mucho, en dos oleadas, según los datos del INE. La 1ª oleada de inmigrantes se produjo entre 2003 y 2009, año en que ya había 6.466.278 extranjeros en España (el 13,83% del Censo). Con la crisis financiera y europea, la cifra de inmigrantes se estancó, hasta 6.753.098 en 2019 (el 14,36% de la población). Y a partir de ahí, tras la pandemia y el posterior crecimiento, se produjo la 2ª oleada de inmigrantes, pasando de 7.231.195 habitantes nacidos fuera en 2020 (el 15,23%) a 10.004.581 extranjeros censados el 1 de enero de 2026 (el 20,18% de la población), según el INE.

Así que la población española nacida fuera se ha multiplicado por 6,8 veces en este siglo, pasando de ser 1 de cada 27 habitantes a 1 de cada 5. ¿Quiénes son? El 51% son mujeres y la mayoría jóvenes (dos tercios tienen entre 25 y 44 años), sobre todo de Marruecos (1,17 millones), aunque últimamente crecen más los latinoamericanos: 980.000 de Colombia, 690.000 de Venezuela, 470.000 de Ecuador, 450.000 de Argentina y 430.000 de Perú, además de los 520.000 rumanos. Y donde hay más población extranjera es en Baleares (el 27,7% en 2024, cuando la media nacional era el 18,65%), Cataluña (23,8% de los habitantes, frente al 10,6% en 2004) y Madrid (23,8% frente al 13,1% en 2004), Canarias (22,6%), Comunidad Valenciana (22,5% frente al 11,3% en 2004) y Murcia (19,5% frente al 11% en 2004). De estos 10 millones nacidos fuera de España, 3 millones tienen ya la nacionalidad española (doble nacionalidad).

La llegada de esta población “extranjera” ha evitado un colapso económico en España, porque han suplido la caída de la población española, que sucede desde 2012, porque hay menos nacimientos (por la baja natalidad: 1,10 niños por mujer, cuando hacen falta 2,1 para garantizar el reemplazo generacional) que muertes. Así, en 2011 se produjo el máximo de población nacida en España (40.512.654 habitantes), una cifra que cae después año tras año, hasta los 39.566.144 habitantes nacidos en España en el Censo de 2025: casi 1 millón menos de habitantes autóctonos (-946.510), por el desplome demográfico.

Precisamente, la llegada masiva de inmigrantes ha permitido cubrir con creces esta caída y conseguir que la población total de España crezca: de 47.190.493 habitantes en 2011 a 49.570.725 habitantes el 1 de enero de 2026, según el INE. Y eso ha permitido que España aumente su mano de obra disponible, la base del fuerte crecimiento tras la pandemia. Así, la población activa (personas que trabajan o buscan trabajo) ha aumentado en 1.781.600 personas en los últimos 6 años (2020-2025), pero de ellos, sólo 152.000 nuevos activos son nacidos en España: el 91,4% restante son nuevos activos nacidos fuera (1.628.700).

Esta mayor fuerza laboral ha permitido el fuerte crecimiento de la economía, mayor que en Europa, y la creación de 2.496.400 empleos en estos 6 años, el 40% de todos los empleos creados en Europa. Y dos terceras partes han sido para trabajadores nacidos fuera de España: 1.614.700 empleos han sido para extranjeros (1.106.600) y para foráneos con doble nacionalidad (508.000), mientras los nacidos en España consiguieron 881.700 nuevos empleos. La mayor parte de este nuevo empleo “extranjero” ha sido para jóvenes y personas de mediana edad, con poca formación, que trabajan en la hostelería, la construcción, el comercio, empleadas de hogar y en los cuidados, con contratos más precarios y menores sueldos que los trabajadores nacidos en España.

Tras estas ganancias de empleo, trabajan en España 22.463.300 personas (diciembre 2025), de los que 17.666.400 son empleados nacidos en España (el 78,6%) y 4.796.800 son trabajadores nacidos fuera de España (3.575.900 extranjeros y 1.220.900 con doble nacionalidad), el 21,3% de los ocupados (eran el 14,86% en 2008), según la EPA. Un colectivo de trabajadores “extranjeros” que sufre múltiples discriminaciones laborales, según un estudio del Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones: “se concentran en profesiones con menor cualificación, peores condiciones, mayor temporalidad, mayor riesgo de accidente, jornadas de trabajo más largas y peor remuneradas”, dice textualmente.

Los datos lo corroboran. Por un lado, los salarios medios de los inmigrantes (1.846 euros brutos) son un 26,4% inferiores a la media salarial de los españoles (2.508 euros mensuales) y también menores a los salarios de los trabajadores con doble nacionalidad (2.040 euros brutos), según el decil de salarios del INE. Y otros estudios señalan que los inmigrantes ganan un 29% menos que los nativos, la mayor diferencia en Europa, debido a que tienen peores contratos y jornadas y a que trabajan en los sectores peor pagados. Y la situación es peor para las mujeres inmigrantes (el 51% de los extranjeros que llegan ahora), que sufren una doble penalización laboral: por ser mujer y por ser inmigrante. Además, los inmigrantes sufren más el paro: su tasa de desempleo es del 14,51%, frente al 9,01% los españoles.

Frente a la derecha y la extrema derecha, que culpan a los inmigrantes de quitar empleos a los españoles, la realidad es que la mayoría de los inmigrantes ocupan trabajos que los españoles no buscan o no quieren (o donde los empresarios “prefieren” contratar a inmigrantes para ahorrarse costes). Y la realidad no es sólo que los inmigrantes han permitido aumentar el empleo y mantener el crecimiento, sino que además han sido claves para aumentar los ingresos por cotizaciones sociales. Así, en diciembre de 2025 había 3.135.582 trabajadores extranjeros cotizando, el 14,9% del total de afiliados a la SS (eran el 10,9% en 2019) y casi 1 millón más cotizantes que en 2019.Un balón de oxígeno para la SS, porque cada inmigrante cotiza unos 4.000 euros anuales… Además, los inmigrantes pagan también impuestos (pocos el IRPF, pero todos el IVA y los demás impuestos y tasas). Y gastan, consumen.

Por todo ello, la llegada de estos 10 millones de extranjeros y esos 4,8 millones que trabajan y cotizan han sido un motor clave del crecimiento español estos años. Un reciente informe de Funcas (Cajas) aporta un dato revelador: entre 2022 y 2025, casi la mitad del crecimiento español (el 47%) fue gracias a la inmigración, que aportó el 4,26% del 8,9% que creció el PIB esos 4 años. Un dato que refleja muy bien los efectos positivos de la inmigración. Y añaden que también han sido decisivos para el “boom” del turismo y el despertar de la construcción, además de ayudar a frenar la inflación: el menor coste de esta mano de obra extranjera ha evitado una mayor subida de precios en España.

Y además de ser el principal motor del crecimiento español, los inmigrantes no han empeorado los servicios públicos, como revelan distintos informes. En sanidad, los inmigrantes utilizan menos las visitas al médico de cabecera, consultas y hospitalización, sólo algo más las urgencias (porque sufren más accidentes laborales), según un estudio del Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones. Y otro estudio, de la Revista Clínica de Familia, señala que los extranjeros van menos al médico de familia (78,4% frente al 82,9% los españoles), al especialista (45% frente al 54,9%), a los hospitales (5% frente al 8,5%) y se vacunan menos (34,2% frente al 56%) y se hacen menos mamografías (66,4% frente al 82,8%), utilizando las urgencias como los españoles.

Sobre la educación, las familias inmigrantes concentran a sus hijos más en centros públicos, porque los privados y concertados les “filtran”, aunque no lo reconocen. Y suelen tener más problemas para integrarse en los centros, lo que provoca un mayor abandono escolar temprano, según el estudio de Migraciones: lo sufren un 31% de los alumnos inmigrantes frente a un 11% los españoles. Y los inmigrantes se matriculan más en FP básica, pero menos en FP de grado medio y superior, también en la Universidad. Además, los inmigrantes sufren más los problemas de vivienda, porque tienen menos pisos en propiedad y el 56% viven en alquiler. Y el 7,5% de los inmigrantes viven en la calle, sin un techo, según ese estudio. Además, los inmigrantes suponen el 17,52% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (son el 20% de la población) y el 28,89% de las rentas de inserción autonómicas.

En el futuro, la población nacida en España va a seguir cayendo (porque las mujeres españolas son madres más tarde y tienen menos niños), según las proyecciones del INE: los 39.566.144 habitantes actuales nacidos en España (79,82% del Censo) caerán a 39.013.557 habitantes en 2032, a 37.046.757 habitantes en 2052 (el 70,42%), a 35.134.659 habitantes en 2062 (66,56%) en 2062 y a 33.591.148 habitantes nacidos en España en 2072 (el 63,52% del total). O sea, que entre 2025 y 2072, los nacidos en España serán casi 6 millones menos… 

Así que necesitamos que sigan llegando inmigrantes para crecer y sostener las pensiones y los servicios públicos. La previsión del INE (hecha en 2022) es que los nacidos fuera de España aumenten desde los 10.004.581 censados de 2025 (20,18% de la población) a 11.725.081 censados en 2032, a 13.937.681 en 2042 y a 15.865.207 censados en  2052 (el 30% de la población entonces). Y que sigan aumentado hasta 17.658.512 habitantes de fuera en 2062 a 19.295.222 censados nacidos fuera de España en 2072 (el 36,5% de la población). Otra estimación, del estudio de Funcas, proyecta 18,5 millones de habitantes “extranjeros” en 2050 (el 35% de la población española dentro de 24 años).Y con estos inmigrantes, la población total de España no dejará de crecer, desde los 50 millones a finales de 2026 a 52,5 millones en 2050 y 52.886.370 habitantes para 2072.

En definitiva, que la población española sólo crecerá y mantendrá el crecimiento y el empleo si los inmigrantes siguen llegado, porque la población autóctona seguirá cayendo, un problema que tiene toda Europa. Por eso, las políticas contra los inmigrantes de la derecha y la extrema derecha no son solamente injustas: suponen un “suicidio económico”. Por eso, el Gobierno Sánchez está empeñado en mantener el flujo de inmigrantes, aunque ordenando su llegada y luchando contra la inmigración ilegal (con vigilancia y acuerdos con los paises emisores, como Marruecos, Mauritania y los paises del Sahel), medidas que están dando fruto: en 2025, la inmigración ilegal cayó un -42,6%, hasta los 36.775 inmigrantes, según Interior.

Como se ve, la mayor parte de los inmigrantes (+540.371 netos en 2025) no entran irregularmente (sólo el 6,8%), sino que llegan como viajeros o turistas y se quedan ilegalmente. En estos momentos, se estima que viven en España unos 800.000 inmigrantes irregulares, sin papeles. El Gobierno acaba de aprobar una regularización extraordinaria, para que puedan obtener la residencia los que acrediten que vivían aquí al menos 5 meses antes de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, lo que podría beneficiar a 500.000 inmigrantes irregulares (la mayoría mujeres). Esta sería la 7ª regularización, tras las 3 de Felipe González en 1.986 (38.294 inmigrantes), 1.991-92 (114.423) y 1996 (21.294), las dos de Aznar, en 2000 (264.153) y 2001 (239.174) y la de Zapatero, en 2005 (576.506 inmigrantes). Para que se lleve a cabo, entre abril y junio, el Gobierno tiene que conseguir aprobarla en el Congreso, donde votarán en contra Vox y PP, con la duda de Junts.

La regularización pretende “poner al día” a medio millón de extranjeros irregulares que podrán conseguir una autorización de residencia por un año (y por 5 sus hijos), para incorporarse después a las figuras de integración que contempla la reforma del Reglamento de  Extranjería, aprobada en 2024 y en vigor desde mayo de 2025. Ahí se introdujeron cambios para ordenar y flexibilizar la llegada legal de inmigrantes: concesión de visados, autorizaciones de trabajo y residencia para actividades de temporada (campo), contratación en los paises de origen, ampliación de los supuestos de arraigo y reducción plazos (de 3 a 2 años), simplificación procesos reagrupación familiar y flexibilización de los permisos de trabajo, para favorecer la llegada legal de los inmigrantes que las empresas necesitan. Dos estudios, uno de la Fundación La Caixa y otro de la Universidad de Navarra coinciden en señalar que la anterior regularización (ZP en 2005) “no produjo un efecto llamada” y que sus efectos positivos sobre el empleo, los salarios y la recaudación superan a los posibles efectos negativos.

No basta con regularizar a los inmigrantes irregulares y canalizar mejor las llegadas. Los expertos insisten que urge integrar mejor a los 10 millones de habitantes nacidos fuera que ahora viven en España, porque sufren una discriminación laboral, salarial, de vivienda, educación y atención social. Y esta discriminación, además de injusta, tiene efectos económicos negativos, penaliza la productividad, el crecimiento y los servicios públicos de todos. De hecho, la discriminación global a los extranjeros está haciendo perder al país 17.000 millones de euros, según el informe del Observatorio español del racismo y la xenofobia. “Acoger al que viene de fuera no es solo un deber, sino un paso para garantizar el Estado del Bienestar”, señaló Pedro Sánchez en 2024, al anunciar un Plan para la integración de los inmigrantes, abierto a consulta pública en 2025 y pendiente de aprobación.

En resumen, los inmigrantes no nos invaden ni nos quitan trabajo o servicios públicos, sino que están sustituyendo a los españoles que no nacen y permiten que el país crezca y cree empleo y riqueza, cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos. Si ya son 1 de cada 5 habitantes y para 2050 serán 1 de cada 3, no queda más remedio que ordenar su llegada e integrarlos mejor, para que colaboren en la mejora del país. Los necesitamos, pero en condiciones de más igualdad con los demás españoles. Se lo han ganado.

Inmigrantes: no quitan trabajo ni servicios

La nueva Comisión Europea pretende endurecer la política migratoria en Europa, presionados por el auge de la extrema derecha. Y la inmigración se ha convertido en la 1ª preocupación de los españoles, alentada por bulos y campañas de VOX y PP. Pero la realidad es otra, según dos recientes informes de Fedea y el Banco de España. Primero, la inmigración es uno de los motores que explica el mayor crecimiento de España. Segundo, los inmigrantes no roban empleo a los españoles, sino que ocupan trabajos que nadie quiere y peor pagados. Y tercero, pagan impuestos y cotizan, no usan más la sanidad y la educación y ayudan a pagar las pensiones y a que crezca la población. Por todo ello, la inmigración beneficia a la economía, en España y en Europa. Por eso, el Gobierno aprobará un Reglamento para regularizar a 500.000 inmigrantes irregulares y facilitará contratar extranjeros para cubrir puestos donde hoy falta personal (construcción, campo, transporte, hostelería, cuidados…). La inmigración legal nos ayuda.

                            Enrique Ortega

En España y en toda Europa, los flujos migratorios han recuperado un fuerte dinamismo, tras los retrocesos de inmigrantes por la crisis financiera (2008-2014) y la pandemia (2020 y 2021). En consecuencia, la llegada de extranjeros permite que Europa y España ganen población en 2022 y 2023, tras perderla cuando llegan menos inmigrantes, por la tremenda caída de la natalidad y el envejecimiento. Así, en 2023, el número de europeos nacidos en Europa bajó en -1.173.700 personas, cayendo la población autóctona en todos los paises (-334.900 en Alemania, -281.300 en Italia, -136.600 en Polonia o -114.000 en España), salvo en Francia (+47.700 autóctonos) y Suecia (+5.700). Pero se compensó con la llegada de extranjeros: +2.821.056 inmigrantes netos (entradas-salidas) en 2023, lo que permitió a Europa aumentar su población en +1.647.300 personas (hasta 449.206.579 habitantes).

La migración exterior hacía Europa se ha duplicado en la última década, pasando de 1.425.507 inmigrantes netos en 2015 a un mínimo de 151.974 en 2020 (en plena pandemia) y un máximo de 3.976.730 en 2022, que bajó en 2023 a 2.821.056 inmigrantes netos (ojo: de ellos, sólo 318.000 entraron en la UE “irregularmente”). Las mayores llegadas netas de inmigrantes en 20223 se dieron en Alemania (+664.000 inmigrantes), seguida de cerca por España (+639.000), quedando a más distancia la inmigración neta recibida por Italia (+273.800), Francia (+181.700), Portugal (+155.700) o Paises Bajos (+136.700 inmigrantes. Con ello, en 2023 eran 59.901.585 los europeos residentes que habían nacido fuera de la UE, el 13,48% de la población censada.

Por paises, los que tienen más porcentaje de extranjeros son Luxemburgo (50,4%), Malta (28,3%) e Irlanda (21,8%, por los británicos), pero por número, el mayor peso de extranjeros se da en Austria (21,6% de la población: 1.963.300), Suecia (20,4%: 2.144.300), Alemania (19,5%: 16.476.400 extranjeros), Bélgica (19,1% población: 2.246.900 extranjeros), Estonia (17,2%: 234.700), España (17,1% población: 8.204.200 extranjeros en 2023), Portugal (16,1%: 1.683.800), Paises Bajos  (15,6%: 2.777.000 extranjeros), Eslovenia (14,6%: 309.300), Dinamarca (13,6%: 804.100 extranjeros) y Francia (13,1% de la población: 8.942.100 extranjeros), según Eurostat.

Si depuramos estas cifras de “extranjeros”, quitando los extranjeros nacidos en otros paises de la UE-27 (son 13.935.200 “extranjeros”, la mayoría rumanos, italianos y polacos que viven en otro país europeo), la cifra de extranjeros de terceros paises (no UE) que viven en Europa se reduce a 41.318.600 habitantes, el 9,23% de toda la población europea.  Y aquí, en este ranking de paises con más inmigrantes no UE destacan Alemania (7.715.000 extranjeros de paises no UE, el 9,1% de la población), España (4.394.900 extranjeros de fuera de la UE, el 9,1% de la población), Francia (4.074.600 extranjeros no UE, el 6% de su población) e Italia (3.746.900 extranjeros no UE, el 6,4% de su población. Pero hay otros paises donde los extranjeros no UE pesan más en el censo, como Malta (17,5%, aunque son 94.800), Estonia (15,6% y 213.700), Letonia (13,6% y 255.200), Luxemburgo (10,2% y 67.300) o Austria (9,3% y 842.600 extranjeros no UE).

 La mayoría de estos extranjeros no UE en Europa son turcos, marroquíes, ucranianos, polacos, , latinoamericanos, sirios, afganos, pakistaníes, indios y chinos. La mayoría de estos inmigrantes extranjeros en Europa son hombres y la edad media 36,5 años, más jóvenes que los europeos (45,7 años). España recibe inmigrantes más mayores (32 años) que Francia (26,1) y  Alemania (29,1), como Italia (32 años), según un reciente estudio del Banco de España. Y también es el país europeo que recibe más inmigrantes mujeres (50,5% del total) y el país europeo que recibe inmigrantes con más nivel educativo: un 43% de los que vienen son universitarios, frente al 38% en Alemania y al 15% en Italia, aunque son casi la mitad en Francia, mientras recibimos menos inmigrantes con bajo nivel educativo. Y otra ventaja de España, según este estudio, es que la mitad de los inmigrantes proceden de Latinoamérica (el 65% de los extranjeros no UE), lo que facilita su integración y trabajo, por lengua y cultura, algo que no les pasa a Alemania y Francia (y menos a Italia).

Pero la gran diferencia de la inmigración que recibe España frente al resto de Europa es su gran dinamismo: son personas con una gran tasa de actividad (el 78% trabaja o busca trabajo, por encima del 70% en Francia, el 71% en Italia o el 73% en Alemania), mayor incluso que la de los españoles. Y eso ha creado una enorme fuerza de trabajo: en los últimos 5 años, la población activa extranjera ha crecido en 1,2 millones de personas, mientras los españoles “activos” han aumentado en 120.000, según el Banco de España. Por ello, los extranjeros en España han contribuido más al crecimiento del empleo que en otros paises europeos. Y eso explica el mayor crecimiento de España estos años.

Volviendo a las cifras de extranjeros en España, el último Censo del INE (1 julio 2024) revela que viven en España 6.632.064 “extranjeros”, el 13,59% de la población total , lo que supone un gran salto desde los 600.000 extranjeros que vivían en España en 1998: pasaron a ser 2.058.879 en 2002 (el 4,97% de la población) a 5.265.457 extranjeros en 2008 (el 11,45%), para bajar en 2019 (5.033.641 extranjeros, el 10,68%) y subir en 2022 (5.787.013 extranjeros, el 12,11%) y 2023 (6.089.620, el 12,66%). Estas cifras revelan que el porcentaje de extranjeros en España se ha cuadruplicado en este siglo, cambiando el panorama de pueblos y ciudades. Pero ha sido en los últimos años, con el auge de la ultraderecha en Europa y en España, acompañada de bulos y xenofobia por parte de Vox (y el PP siguiendo su “senda”), cuando los inmigrantes preocupan más. Hasta el punto de que en el Barómetro del CIS de septiembre aparecía como “la primera preocupación de los españoles”.

La realidad indica que no es para tanto, que los inmigrantes han dinamizado el empleo y la economía (como revela el estudio del Banco de España) y que no “roban” a los españoles ni el empleo ni los servicios públicos, como demuestra otro estudio de Fedea, que concluye que las oportunidades de empleo de los trabajadores españoles (nativos) “no se ven afectados de forma significativa por la inmigración”, básicamente porque copan trabajos que no quieren los españoles (construcción, campo, hostelería y turismo, transporte, servicio doméstico y cuidados), con peores contratos y salarios. Y además, los inmigrantes tienen más problemas que los españoles para encontrar trabajo en los primeros 5 años desde que llegan y tienen una menor tasa de empleo y más paro (17,43% tasa de paro frente al 10,74% los españoles). Sólo las mujeres inmigrantes consiguen, a los 5 años, tener una tasa de empleo mayor que las mujeres españolas, porque sirven en casas o cuidan a ancianos.

Además, como los inmigrantes que vienen a España están bastante cualificados (43% tienen estudios universitarios), muchos trabajan “sobrecualificados”, en puestos más bajos de los que deberían por su formación: en España les pasa al 50% de inmigrantes (frente al 34% del total de trabajadores), como en Italia, mientras en Alemania y Francia sólo trabajan “sobrecualificados” el 30% de inmigrantes, según el Banco de España. Y además, los datos del INE revelan que los inmigrantes ganan un 30% menos que los trabajadores españoles, porque tienen peores contratos (más temporales y a tiempo parcial) y trabajan en sectores con salarios más bajos (hostelería, construcción, campo, cuidados y servicio doméstico). Aunque si consideramos sólo el factor “nacimiento” (descontando su contrato y trabajo), la discriminación salarial de los inmigrantes bajaría del 30 al  6%, según Fedea.

Lo que está claro es que el impulso del empleo en los últimos años se ha dado gracias a los inmigrantes. Así, de los 1.280.000 nuevos empleos creados en España entre 2019 y 2023, el 43,2% (553.000 empleos) han sido para trabajadores nacidos en el extranjero, 31,2% (465.700 empleos) para trabajadores nacidos en España y el 20,4% restante (261.300 empleos) para trabajadores con doble nacionalidad (extranjeros que ya son españoles), según los datos de la EPA. Y este año 2024, de enero a junio se han creado 295.000 nuevos empleos, de los que el 32,8% se lo han llevado los trabajadores extranjeros, el 25,2% los trabajadores españoles y el 41,62% los que tienen “doble nacionalidad”. Con ello, en junio de 2024 había 21.684.700 ocupados en España, casi el 80% trabajadores (79,96%) nacidos en España (17.340.600), 3.224.900 nacidos en el extranjero (14,87%) y 1.119.200 trabajadores con doble nacionalidad (5,16%).

Este récord de extranjeros trabajando (3.224.900) ha permitido el fuerte crecimiento de la economía española en los últimos años (superior a toda la UE), un tirón del consumo y de la demanda (también vivienda) y el salto que se ha dado en el turismo y la hostelería, la agricultura y la ganadería, el transporte, la construcción y la economía de los cuidados. Y ha ayudado a sanear las cuentas de la Seguridad Social, con un récord de cotizantes extranjeros (2.868.678 en septiembre, frente a 2 millones en 2019). Los cotizantes extranjeros aportan el 9% de los ingresos por cotizaciones y su gasto en pensiones sólo supone el 1% del total, así que su aportación al sistema es muy positiva.

Una queja que se amplifica es que los inmigrantes “quitan servicios” a los españoles, desde la sanidad a la educación o la Dependencia y las ayudas sociales. El estudio de Fedea revela que no es así. En Sanidad, la utilización de servicios por los inmigrantes es similar a la de los españoles, según los datos del SNS, tanto en visitas a médicos de familia y estancias en hospitales, aunque acuden menos a los especialistas y más a urgencias. Y como los inmigrantes suelen ser más jóvenes que los españoles, acuden menos a servicios ligados a enfermedades crónicas y de mayores. Eso no quita, advierte el estudio, que haya zonas de España donde la mayor concentración de inmigrantes tensione más la sanidad (o la educación), algo que sí pasa en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Eso exige reforzar los servicios públicos en estas autonomías, que también se benefician de más ingresos fiscales y cotizaciones por tener más inmigrantes.

La inmigración beneficia a la economía europea y más a la española, según todos los estudios nacionales e internacionales. Y será aún más necesaria cara al futuro, cuando se desplome más la población europea y sean necesarios más inmigrantes para financiar los servicios públicos y las pensiones. La ONU estima que Europa necesita recibir 60,8 millones de trabajadores extranjeros hasta 2050. Y España necesita recibir 7 millones de inmigrantes más entre 2020 y 2050, según el Centro de Desarrollo Global de Washington, mientras el INE prevé que los nacidos en España bajen de 40,20 a 37,10 millones entre 2020 y 2050. Así que “necesitamos a los inmigrantes”, les guste o no a algunos. Eso sí, hay que ordenar y organizar la inmigración, para “canalizar las llegadas” y reducir la inmigración ilegal (en 2023 entraron 56.852 inmigrantes ilegales, menos del 10% del total).

Para conseguirlo, el Gobierno Sánchez quiere aprobar en noviembre dos cambios en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Uno, la regularización de unos 500.000 inmigrantes que viven en España sin regularizar, una medida que ya se ha presentado en el Congreso como iniciativa popular y que teóricamente apoyan todos los partidos, salvo Vox, medida que reduciría la economía sumergida y el fraude, mejorando la vida de estos inmigrantes no regularizados. Y la otra, promover la contratación en origen de trabajadores extranjeros (por periodos o campañas), para hacer frente a la demanda no cubierta de mano de obra en muchos sectores, desde el transporte y la construcción al campo y la hostelería. Además, el Gobierno pretende agilizar la homologación de títulos a extranjeros, porque ahora hay un “atasco” de 5.000 solicitudes al mes (se atienden 2.000).

Con ello, el Gobierno quiere facilitar mano de obra a sectores clave donde falta y aumentar el empleo extranjero legal, lo que facilitará que España siga creciendo (será el país occidental que más crezca en 2024, según el FMI. Y por eso, en el último Plan económico enviado por el Gobierno a Bruselas (octubre 2024), se prevé crear 1,5 millones de empleos nuevos entre 2024 y 2026, con lo que España rozaría los 23 millones de ocupados, superando todos los récords históricos (20,7 millones en 2007 y 21,6 en junio de 2024). Y eso será en gran medida gracias a “la ayuda de los inmigrantes”, que empujan nuestra economía, “no nos roban”. Por eso, hay que regularizar su situación, canalizar sus legadas e integrarlos mejor, porque si mejoran sus contratos y sueldos, si se integran mejor en nuestras ciudades y pueblos, si trabajan más a gusto, aumentará su productividad y, con ella, la de toda España, una “asignatura pendiente” de la que depende que produzcamos más y vivamos mejor.

 Así que no hagan caso a bulos y “sensaciones” personales : los datos y estudios revelan que los inmigrantes están salvando la demografía y la economía, en Europa y en España. Y que los necesitamos para seguir creciendo, recaudando y pagando los servicios públicos y las pensiones. No nos “roban” ni trabajos ni servicios: nos ayudan (con precariedad y bajos salarios) a construir el presente y el futuro. No lo olviden.

La economía bien, la política mal

Tras las vacaciones, España afronta un otoño muy complicado, más en los temas políticos que en la economía. Los datos oficiales revelan que hemos superado la triple crisis de la pandemia, la guerra der Ucrania y la hiperinflación, con mejor nota que la mayoría de Europa: crecemos el triple, creamos más empleo (1,7 millones desde 2019) y la inflación ha bajado al 2,2%. Pero mucha gente no nota esta mejora de la economía, porque sus salarios apenas crecen y todo es más caro. Y les agobia pagar un alquiler, el colegio o la universidad y una sanidad privada o una residencia. Y las autonomías piden más recursos, mientras se enquista una reforma de su financiación. Además, persiste el problema de la inmigración ilegal (manipulada por la ultraderecha) y parece imposible que el Gobierno apruebe un Presupuesto para 2025. Al final, la polarización y el enfrentamiento político impiden mejorar la economía y los problemas que preocupan a los españoles. Estamos ante el riesgo de una “Legislatura fallida”. 

  

                            Enrique Ortega

Tras cuatro años y medio de continuas crisis, desde la pandemia a la guerra de Ucrania y la hiperinflación, la economía española parece asentar su recuperación, a juzgar por los datos oficiales. Por un lado, somos el país europeo grande que más crece: +0,8% en el 1º y 2º trimestre de 2024, casi el triple que la zona euro y que la UE-27 (+0,3% de crecimiento los dos primeros trimestres) y también por encima de Francia (+0,3%) o Italia (+0,3% en el primer trimestre y +0,2% en el 2º) y mucho mejor que Alemania (su PIB creció un +0,2% en el primer trimestre y cayó un -0,1% en el 2º), según Eurostat. Y lo mismo pasó en 2021 (España creció un 6,4% y la UE-27 un 6%), en 2022 (+5,8% frente al 3,4%) y en 2023 (un +2,4%, cuatro veces más que el +0,6% UE-27), compensando con creces la mayor caída que sufrimos en 2020 con la pandemia (-11,2% frente a -5,6% de caída en la UE-27). 

Así que ahora (2º trimestre 2024), España crece a una media anual del 2,9%, cuando Europa está estancada y Alemania roza la recesión. La clave del “éxito” económico español está en un fuerte tirón del turismo (que superará este año los 90 millones de visitantes, con un gasto récord de 128.000 millones de euros), en el mantenimiento del consumo de las familias (por la fuerte creación de empleo: +1,7 millones desde 2019, más estable y mejor pagado), en el pulso de las exportaciones, que se mantienen fuertes en los últimos años, a pesar de la caída en 2024 (-2,4%, en España, menos del -3,2% que caen en UE-27) y por el empuje de los Fondos europeos: España ha adjudicado ya el 55% del total asignado (38.604 millones de euros) y puede adjudicar el resto hasta finales 2026.

Además de crecer más que la mayoría, España ha superado también, como el resto de Europa, el grave problema de la hiperinflación: la inflación anual ha bajado al 2,2% en agosto de 2024, según el INE, como la eurozona (2,2%) y muy lejos del 10,5% que subían los precios en agosto de 2022 (tras la guerra de Ucrania y el tirón de los precios de la energía, las materias primas y los alimentos).Y eso, a pesar de unos tipos de interés récord impuestos por el BCE (en el 4,50%, aunque los bajó en junio al 4,25%, todavía el tipo más alto desde 2008), que han encarecido hipotecas y préstamos, debilitando la recuperación más que la inflación.

A pesar de que “la economía va bien”, la mayoría de los españoles “no lo notan”, según las encuestas del CIS. La razón es evidente: tras dos años de fuerte subida de precios (2022 y 2023), todo es mucho más caro ahora. Y a muchas familias les cuesta más llegar a fin de mes, porque sus sueldos han subido menos que la inflación. Es lo que pasa incluso este año: la inflación anual media sube un +3,2% hasta agosto y la subida salarial en los convenios firmados (hasta julio) es del +2,9%. Así que los trabajadores con convenio pierden poder adquisitivo (-0,3%) y los que no tienen convenio más. Y eso ha pasado también en 2022 y en 2021. De hecho, los trabajadores españoles han perdido un -5,16% de poder adquisitivo entre 2020 y agosto de 2024, según los datos del INE y Trabajo.

Eso explica que muchas familias no noten en sus bolsillos “la mejora de la economía”. Eso contrasta con la situación de las empresas, que han mejorado sensiblemente su facturación, márgenes y beneficios en estos últimos cuatro años y medio. El margen bruto sobre ventas se ha disparado: es el 13,5% entre abril y junio, según el Observatorio de Márgenes Empresariales, lo que augura un tercer año récord de márgenes, tras un +12,9% en 2023 y 12,1% en 2021, por encima del 10% de 2020 y 11% de margen en 2019. Así que mientras las familias pierden poder adquisitivo, las empresas suben márgenes (a pesar del aumento de costes), subiendo precios. Y eso les ha permitido aumentar sus beneficios estos años. En 2024, de enero a junio, las empresas cotizadas ganaron 32.099 millones, un +15,22% de aumento, sobre todo las energéticas, eléctricas, bancos y distribución.

Las familias españolas tampoco notan que “la economía va bien” porque siguen con problemas económicos preocupantes en su día a día. Por un lado, los servicios públicos esenciales se han deteriorado y les siguen costando dinero. Es el caso de la Sanidad, donde crecen las listas de espera, no sólo para el especialista, sino para ver al médico de familia, lo que se traduce en que contratan cada vez más un seguro médico privado: 12,4 millones de españoles lo pagan cada mes, 1 de cada 4 personas (un 38,7% en Madrid y un  32,4% en Barcelona). Y también es costosa (y complicada) la educación de los hijos, desde la guardería y el colegio (con gastos crecientes en los concertados) a la Universidad y la FP (cada vez más privada). Y lo mismo el atender a los dependientes (mayores), muchos en espera de ayuda (331 días de media y 130.643 con derecho reconocido y en “lista de espera”)  y otros sin atención y obligados a pagar caras residencias (la mayoría privadas).

Así que tres servicios claves, Sanidad, Educación y Dependencia funcionan “tensionados”, faltos de recursos y personal, lo que obliga a las familias a gastarse dinero en cubrir sus necesidades sanitarias, educativas y dependencia. Y estos servicios los gestionan las autonomías, que se quejan de falta de recursos de la Administración Central. Pero el Gobierno asegura que les anticipará 147.412 millones de euros en 2025, a cuenta de los ingresos que les corresponden por impuestos, un +9,5% sobre 2024 y la mayor aportación de la historia. Y recuerdan que han transferido a las autonomías 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2023) que los recibidos con los Gobiernos de Rajoy (2013-2017).

Este otoño volverá con fuerza el tema de la reforma de la financiación autonómica, la petición urgente de todos los Gobiernos regionales para contar con más recursos para atender a los servicios públicos que gestionan (sanidad, educación, dependencia, ayudas y servicios sociales, vivienda…). Una petición justificada porque el actual sistema de financiación se aprobó en 2009 y debía haber sido reformado en 2014. El Gobierno Sánchez promete presentar una reforma a las autonomías este año, pero el problema es la falta de acuerdo político entre el PP (que gobierna en 11 autonomías, más Ceuta y Melilla, aunque no tienen todas una postura común) y el Gobierno. Y eso, porque lo que está en juego son los criterios de reparto de los ingresos que corresponden a cada autonomía.

En el sistema de financiación actual, lo que prima es la población de cada comunidad: las más pobladas reciben más ingresos en el reparto de la recaudación total (también las autonomías más ricas contribuyen con más ingresos). Y eso perjudica a autonomías con menos población, que piden ahora un nuevo sistema de reparto de la financiación que prime más el porcentaje de población mayor o la diseminación de la población y el peso de la España vaciada. Según los criterios que ser fijen, habrá autonomías que reciban comparativamente más dinero que ahora y otras menos (aunque todas ingresarán más).

Con la financiación autonómica actual, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media). Estas autonomías son las que más se quejan de falta de recursos, porque llevan 10 años ya recibiendo menos de lo que les correspondería con un sistema “más justo”. Las 10 autonomías restantes están “sobre financiadas”, reciben más que la media (3.365 euros por habitante). Las 4 regiones que se benefician más del actual sistema son La Rioja (recibe 3.954 euros por habitante, 898 euros más que Murcia), Cantabria (3.944 euros), Baleares (3.877 euros) y Extremadura (3.809 euros por habitante), seguidas de lejos por Canarias (3.696 euros), Castilla y León (3.573 euros), Aragón (3.529 euros), Asturias (3.584), Galicia (3.448) y Cataluña (3.396 euros).

Otro problema clave de este otoño, que afectará a las autonomías y a todos nosotros, será la aprobación de los Presupuestos para 2025. El Gobierno promete presentar un proyecto este mes de septiembre, pero no cuenta con mayoría para sacarlo adelante, a la vista de que Junts (el partido de Puigdemont) ya votó en contra del techo de gasto que aprobó el Gobierno en julio (y amenaza con sumarse al PP y Vox en el veto a los Presupuestos de 2025). Si el Gobierno no consigue el apoyo de Junts (y de ERC, el PNV, Bildu o Podemos), tendrá que prorrogar los Presupuestos actuales de 2024 (que ya prorrogaron los de 2023) para 2025, al igual que se prorrogaron los de 2018 (en 2019 y 2020). El problema es que la prórroga obligaría a gastar menos (-22.288 millones), porque el techo de gasto sería el de 2023 (173.065 millones) y no el propuesto para 2025 (195.353 millones). Así que no aprobar el Presupuesto para 2025 supone gastar 22.288 millones menos, que se traduce en menos recursos públicos para sanidad, educación, Dependencia o inversiones que tanta falta hacen…

Con todo, la pelea más “sonora” de este otoño será la inmigración, no porque sea lo que más preocupa a los españoles sino porque la derecha y la ultraderecha creen que es la bandera que les da más votos. Hay un dato preocupante: la inmigración ilegal hacia España se ha disparado: 56.852 inmigrantes ilegales entraron en España en 2023 (39.910 por Canarias), un 82% más que en 2022. Y en la primera mitad del año 2024 han llegado 26.585 inmigrantes ilegales, un 90% más que en 2023. Está claro que hay que frenar este ritmo de llegadas, sobre todo con acuerdos con los paises de salida (ahora Mauritania, Senegal, Mali y Gambia, muchos con conflictos bélicos) y con medidas internas (el Gobierno expulsó a 2.515 inmigrantes irregulares en el primer trimestre).

Pero no se puede hacer demagogia, porque la mayoría de la inmigración se hace por cauces controlados: en 2023, España recibió 639.000 inmigrantes netos, lo que permitió aumentar la población y proveer de mano de obra a muchos sectores (el 40% del nuevo empleo lo consiguen extranjeros). Y en España viven (censados) 4.394.900 extranjeros de fuera de la UE, el 6,4% de la población total (en Europa, los extranjeros no comunitarios son el 9,1%).

Está claro que hay que regular la inmigración, facilitando la llegada de extranjeros de forma legal y limitando la vía de la inmigración ilegal (que no parará). De hecho, España necesita la llegada de  200.000 extranjeros cada año para cubrir trabajos claves, en el campo, el turismo,  la construcción y muchas industrias y servicios. Y para pagar impuestos, cotizar y financiar las pensiones y los servicios públicos, algo de lo que no se habla cuando se identifica a la inmigración con inseguridad y costes. Un debate que debería no ser político y sectario, para  primar la humanidad, los derechos humanos y la economía.

Otro debate clave, más prioritario, es la grave situación de la vivienda en España, que no sólo afecta a los que buscan un techo (jóvenes y nuevas familias) sino a toda la economía, porque hay muchas actividades muy afectadas por la falta de vivienda para sus trabajadores (turismo, industrias, sanidad, colegios y Universidades, servicios…). El problema de fondo está claro: faltan viviendas para vender y alquilar y eso está disparando los precios. Sobre todo del alquiler. Su precio se ha disparado un 30% desde 2019 y cuesta 1.206 euros de media (13,4 euros/m2 en junio), según Idealista, llegando a 1.800 euros en Barcelona y 1.782 euros en Madrid. Cantidades imposibles de pagar para muchos sueldos y que revelan el problema de fondo: la falta de oferta (se ha reducido un 41% desde 2019, por el trasvase a pisos turísticos y de temporada, más ventas) y el tirón de la demanda (se ha duplicado con creces estos años).

La solución pasa por aumentar la oferta de viviendas, aumentando la promoción de viviendas nuevas (se terminaron 80.473 viviendas “libres” en 2023, frente a 356.000 en 2009) y facilitando a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler (no “asustándoles” con controles). Y sobre todo, alcanzar un gran Pacto entre Gobierno, Ayuntamientos, autonomías, promotores y bancos para promover 150.000 nuevas viviendas al año, la mayoría para alquilar.

En resumen, “la economía va bien”, pero las familias españolas lo podrían notar más si la política se preocupara de resolver sus problemas cotidianos, desde la mejora de los salarios y el empleo de los jóvenes a la sanidad, la educación a la vivienda y la lucha contra el cambio climático. Pero estamos metidos en una política de “polarización” y enfrentamientos constantes que perjudican a la economía, como la  peligrosa deslegitimación del Gobierno y las instituciones democráticas. Y así resulta imposible sentarse y tratar de buscar una solución a la sanidad, la vivienda, la financiación autonómica o la inmigración, aprobar medidas entre todos que mejoren la vida de la gente. Todo apunta a que, si no hay Presupuestos 2025 ni acuerdos en los problemas básicos, estamos ante “una Legislatura fallida”. Y ante un “parón” político que acabará dañando la economía.

Elecciones europeas 2024: mucho en juego

Este domingo 9 de junio, 360 millones de europeos elegimos el gobierno de la Unión Europea para los próximos 5 años. Unas elecciones cruciales, porque en Bruselas se deciden temas claves para nuestro día a día y nuestro futuro: la lucha contra el Cambio Climático, la energía, el control de la inmigración, la seguridad europea y, sobre todo, la supervivencia económica de Europa frente a Estados Unidos y China, además de mantener a Europa como el continente más libre y socialmente avanzado del mundo. En las últimas décadas, el gobierno europeo lo ha gestionado una alianza de demócratas cristianos, socialdemócratas y liberales, pero ahora, la extrema derecha (Le Pen, Meloni, Vox…) pugna por ser el tercer bloque político, promoviendo una coalición con la derecha más conservadora (parte del PPE) para dar marcha atrás en muchas políticas, desde el negacionismo climático a la inmigración, nuevos ajustes o el recorte de libertades. Y defienden más poder de los paises frente a más Europa. Nos jugamos el futuro. Vota avanzar, no retroceder.

                    Enrique Ortega

Son las décimas elecciones europeas, desde las primeras de 1979. En las anteriores, en mayo de 2019, el temor político estaba centrado en los efectos del Brexit (salida del Reino Unido de la UE, tras el referéndum de junio de 2016), el riesgo de avance de la ultraderecha nacionalista en Francia, Holanda, Italia y Alemania. Ahora, en estas elecciones del 9 de junio, está en juego el propio proyecto europeo: si avanzamos hacia “más Europa” o si retrocedemos a posturas nacionalistas, con más peso de los Estados y menos avances en la integración económica, financiera, fiscal y política en Europa. De nuevo, elegimos entre “avanzar” o “retroceder” en los Estados Unidos de Europa.

Con todo, el gran temor es que se produzca “un cambio político de fondo” en la gestión de la política europea, en el Parlamento Europeo y luego en la Comisión, el gobierno de los 27. En las últimas décadas, el proyecto europeo lo ha liderado una coalición integrada por conservadores socialcristianos (177 diputados en 2019), socialdemócratas (140 diputados) y los liberales y centristas  (102 diputados en el grupo Renew Europa), que tienen la mayoría, con los Verdes (72) y La Izquierda europea (37 escaños), en el Parlamento de Estrasburgo (705 escaños tras la salida del Reino Unido). Pero en los últimos años han crecido los grupos de extrema derecha, muy poderosos en Francia (Le Pen), Italia (Meloni y Salvini), Polonia (PiS), Hungría (Fidesz), (Alemania (AfD) y Holanda (Partido por la Libertad), aunque están presentes en todos los parlamentos europeos, salvo en Irlanda, Eslovenia y Lituania.

Si los grupos de extrema derecha ya consiguieron un 21,8% de los votos en las elecciones europeas de 2019 (19,29% si restamos a la ultraderecha británica), ahora se espera que crezcan en las elecciones del 9-J. Y con ello, la extrema derecha podría convertirse en el tercer grupo político de Europa, ampliando los diputados que ya tienen los 2 grupos ultraderechistas presentes en Estrasburgo: 73 diputados de Identidad y Democracia (Le Pen, Alternativa para Alemania, Salvini y Partido por la Libertad de Holanda) y 68 diputados de ECR, Conservadores y Reformistas (Meloni, el polaco PiS, el francés Reconquista y el español VOX). Y podrían unírseles los futuros eurodiputados del húngaro Víktor Orban, cuyos 13 eurodiputados fueron expulsados en 2021 de las filas del grupo popular europeo (PPE), tras múltiples encontronazos políticos.

La derecha europea, el PPE (donde está el PP español) es consciente del “cambio político” y ha querido anticiparse con un “cambio de estrategia”: la candidata del PPE a presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen (líder de la CDU, democracia cristiana alemana), enfrentada desde hace años con el presidente del PPE (Manfred Weber, líder de la CSU, los socialcristianos alemanes), está dispuesta a compensar la pérdida esperada de diputados propios (el PPE bajará a 170), socialdemócratas (entre 130 y 140) y sobre todo de centristas y liberales (esperan bajar a 85), más verdes (43) y de izquierdas (30) con una alianza futura con parte de la extrema derecha, a la que hasta ahora los conservadores europeos han impuesto “un cordón sanitario”, sobre todo en Alemania.

En concreto, Von der Leyen dice que está dispuesta a gobernar con los diputados de Meloni, porque aunque sea de extrema derecha, es “europeísta” y está contra Putin (y contra los inmigrantes ilegales, a los que deporta a Albania, contra el aborto y la homosexualidad, además de contra muchas libertades, siendo su aliado en España el líder de Vox, Santiago Abascal). Este cambio de los conservadores europeos ha sido criticado por el líder de los socialdemócratas, el luxemburgués Nicolas Schmit, que amenaza con romper la coalición con Von der Leyen si pacta con Meloni.

Así que en estas elecciones se juega si sigue gobernando la alianza conservadora-social- liberal o si el gobierno de Bruselas se escora a la derecha, empujado por la ultraderecha y los populistas, que tienen en común ser más “nacionalistas”, apostar por mantener el poder de los paises en muchas cuestiones y frenar los avances en la integración europea en temas claves como el Cambio Climático, la independencia energética, la inmigración, la política de seguridad y, sobre todo, los avances en el mercado único y la integración económica, fiscal y financiera, para conseguir unos Estados Unidos de Europa. Los grandes retos de Europa.

El primer gran reto de Europa (y del mundo) es afrontar la Crisis Climática. Hasta ahora, el continente ha sido el líder en la lucha contra las energías fósiles y en el desarrollo de las energías verdes, aprobando en 2019 el Pacto Verde Europeo, con un objetivo pionero en el mundo: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55% hasta 2030 y dejarlas en cero emisiones netas para 2050. Para ello, la Comisión ha aprobado estos años múltiples Planes e inversiones, pero le ha costado aprobar en el Europarlamento la Ley de Restauración de la Naturaleza, que salió adelante el 24 de febrero de 2024, con los votos en contra de la extrema derecha europea y parte de los conservadores. Ley duramente criticada por los agricultores europeos y que ahora debe ser ratificada por los paises, en el Consejo de Medio Ambiente del 17 de junio, tras las elecciones del 9-J.

Si la ultraderecha y la derecha más conservadora y negacionista (como el PP español) avanzan en estas elecciones europeas, podría haber una marcha atrás en las políticas medioambientales, a pesar de que el 80% de los hábitats europeos están en mal estado (la Ley sólo pretende restaurar el 20% que está peor para 2030). Si avanza la derecha negacionista, cobrará fuerza la resistencia económica y empresarial contra los impuestos verdes y las normas anti-emisiones, con la “excusa” de que el liderazgo medio ambiental de la UE pone en peligro la competitividad y los empleos de las empresas europeas. Y eso sería especialmente grave para el sur de Europa, muy afectado por la Crisis Climática.

El segundo gran reto es regular la inmigración a Europa. El problema es serio, porque en 2023 llegaron a la UE un total de 255.332 inmigrantes irregulares, una cifra elevada pero muy distante de los 1,04 millones que llegaron en 2015, tras la guerra de Siria. Eso sí, Europa sigue siendo un continente atractivo para los millones de jóvenes sin futuro de África, Oriente Medio, Asia y América, como lo demuestra que las solicitudes de asilo se hayan vuelto a disparar: el récord fue en 2015 (1.216.868 solicitudes), bajó a menos de la mitad en 2018 (564.115) y luego ha crecido año tras año, hasta llegar a 1.049.020 solicitudes de asilo en 2023, según Eurostat (320.025 en Alemania, 160.460 en España, 145.095 en Francia, 130.565 en Italia y 55.605 en Austria). Un problema, la llegada de inmigrantes, que hay que canalizar aunque Europa necesita empleo extranjero, por su alto envejecimiento: el 21% de los europeos tienen más de 65 años y en 2050 serán mayores el 29,5%. De hecho, la ONU ha alertado que Europa necesita 60,8 millones de inmigrantes para 2050.

Los gobiernos europeos han intentado tomar medidas para regular la inmigración, tras la avalancha de 2015, sin conseguirlo: han puesto “parches” a las llegadas, que han sufrido Grecia, Italia y España, junto a Alemania, entre el desinterés del resto, mientras 3.000 inmigrantes morían en el Mediterráneo. Finalmente, la Comisión y los paises han buscado aprobar un Pacto sobre Migración y Asilo antes de estas elecciones, temiendo que luego sea más difícil lograrlo. Se aprobó el 10 de abril en el Europarlamento, con muchas críticas tanto de la derecha como de la izquierda (322 votos a favor, 266 en contra y 31 abstenciones). Y el Consejo ratificó el 14 de mayo este Pacto migratorio que endurece la entrada y el asilo de inmigrantes, permitiendo que los paises del norte puedan comprar su insolidaridad pagando 20.000 euros por los inmigrantes que les toquen y no acojan.

Pero este Pacto migratorio in extremis, manifiestamente insolidario, no resuelve el problema: dos días después del acuerdo del Consejo Europeo, el 16 de mayo, 15 paises europeos enviaron una carta a la Comisión en la que pedían que “explorara acuerdos para crear Centros de acogida fuera de la UE para inmigrantes rescatados en el mar”, al igual que quiere hacer el británico Rishi Sunak en Ruanda (la carta de la vergüenza la enviaron Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Paises Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia). Si en esos paises y en el resto de Europa avanza la extrema derecha, el endurecimiento de las políticas migratorias será una realidad. A pesar de que el porcentaje de extranjeros sólo supera el 10% de la población en 7 paises UE:  Suecia (20,4%), Alemania (19,5%%), España (17,1%), Francia (13,1%), Portugal (16,1%), Grecia (11,3%) e Italia (10,9%). En total, hay 63,6 millones de europeos nacidos en el extranjero, el 13,3% del total (15,3% en EE. UU.).

El tercer gran reto europeo es la defensa y seguridad, sobre todo tras la invasión de Ucrania por Putin (febrero 2022) y ante el temor de que Trump gane la presidencia de EEUU. Parece claro que Europa no puede dejar la defensa y seguridad del continente en manos de la OTAN, una organización financiada en un 67% por EEUU. Ya en 2020, la Comisión y los paises aumentaron el gasto europeo en Defensa, que pasará de 214.000 millones (2021) a 284.000 millones en 2025. Y se creó, en 2021, un Fondo Europeo de Defensa, dotado con 7.921 millones hasta 2027 para promover la investigación y desarrollo de nuevas armas, dentro de una Política de Defensa Europea, que contempla fomentar una industria armamentística europea y un Mercado Común de la Defensa, para evitar que pase lo que ahora: el 80% del gasto que ha hecho la UE para defender Ucrania ha servido para crear empleos en USA, Turquía o Corea, no en Europa.

Cara al futuro, los paises tendrán que afrontar la creación de un Ejército Europeo, que complemente a la OTAN, aumentando el gasto en Defensa y Seguridad. Actualmente, sólo 11 de los 31 paises de la OTAN gastan más del 2% del PIB en Defensa (3,90% Polonia, 3,50% USA, 3,01% Grecia, 2,73% Estonia, 2,54% Lituania, 2,45% Finlandia, 2,44% Rumania, 2,43% Hungría, 2,27% Letonia, 2,07% Reino Unido y 2,03% Eslovaquia), mientras Francia gasta 1,90%, Alemania 1,57%, Italia 1,46% y España 1,26% del PIB en 2023. Ya este 2024, la OTAN espera que dos tercios de los paises gasten más del 2% en Defensa, una prioridad, como la Seguridad (física y cibernética) para el próximo Gobierno europeo.

Y llegamos al cuarto gran reto europeo, el fundamental: mejorar su competitividad, asegurar su lugar en un mundo cada vez más complejo y dominado por Estados Unidos y China. “Europa puede morir”, alertó el presidente Macron en la Sorbona, al abrir la campaña de las europeas. El temor es que Europa pierda el tren del futuro, desde la tecnología y la digitalización a los chips y la inteligencia artificial, que las empresas europeas no sean capaces de competir en los mercados mundiales con los gigantes norteamericanos y chinos. Hay dos datos preocupantes. Uno, que el déficit comercial de la UE con China se ha duplicado: de -182.300 millones en 2020 saltó a -396.800 millones en 2022, aunque ha bajado a -291.600 millones en 2023. El otro, que la mayor parte del ahorro europeo lleva años “fugándose” del continente, a inversiones punteras en Estados Unidos y China.

Europa necesita buscar su lugar en el mundo, ser más competitiva y con empresas punteras para sobrevivir en un siglo que estará dominado por USA, China y quizás India. El miedo es que Europa no avance en su integración, porque país a país será incapaz de sobrevivir. Para saber qué hacer, la Comisión encargó dos informes, a los exministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi. El informe de Letta (“Mucho más que un mercado”) propone cambios estructurales en 3 grandes áreas: telecomunicaciones, energía y finanzas. Tres sectores donde Europa tiene muchas empresas pequeñas y necesita conseguir grandes multinacionales (con fusiones europeas), para competir con USA y China. Y pone como ejemplo la industria aeronáutica: Airbus es líder mundial porque es una empresa europea (Francia, Alemania y España). Si fuera sólo la empresa de un país, la líder sería la norteamericana Boeing…

Este ejemplo de Airbus hay que replicarlo en las telecomunicaciones, la energía, la banca, las empresas tecnológicas, las farmacéuticas, las de armamento, las automovilísticas, los chips, la inteligencia artificial, etc., etc., movilizando esfuerzos e inversiones europeas. Y para ello, Europa debe avanzar en el mercado único, en una mayor integración presupuestaria (el Presupuesto de la UE-27 es ridículo comparado con el de los paises, el de USA o China), fiscal (más impuestos a nivel europeo y menos nacionales) y financiera (fusiones para lograr gigantes financieros europeos y crear una gran Bolsa europea).

Para competir en un mundo globalizado y muy competitivo, hay que avanzar en más Europa, en construir de verdad los Estados Unidos de Europa, no potenciar los nacionalismos como defiende la ultraderecha y gran parte de los conservadores europeos. Sólo así Europa podrá ser más competitiva, crecer más y crear empleos estables, mientras busca reducir las desigualdades entre la Europa del norte y la del sur, que se han agravado: la renta media disponible por habitante de Alemania (23.107 euros) es 1,34 veces la de España (17.254 euros) y más del doble que la renta por habitante de Bulgaria (9.671 euros en 2022).

Como vemos, muchos son los retos que tiene por delante Europa y que nos afectan a todos. Por eso son claves estas elecciones, porque no son lo mismo las recetas que proponen los conservadores moderados, socialdemócratas o liberales que la derecha menos evolucionada y la ultraderecha. Está en juego el modelo de Europa, no solo sus libertades sino también sus posibilidades de competir mejor en el mundo, de crear riqueza, empleo e igualdad, en un continente más sostenible y que integre a nacionales y extranjeros. Al final, se trata de apostar por más Europa, para conseguir una España mejor. Avanzar y no retroceder. Vota.